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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06694-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06694-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, para declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06694-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06694-01
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral / REVOCA NEGATIVA PARA
DECLARAR IMPROCEDENCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 2 de diciembre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 24 de octubre de 2025, el señor José Gregorio Arroyo Arrieta, en nombre propio,
promovió acción de tutela1 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el
fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 9 de octubre de 20252, emitida en el
proceso de nulidad electoral acumulado3 que instauró, junto con otros4, contra el
señor Luis Alfonso Álvarez Padilla, con el objeto de obtener la anulación del acto de
elección de los diputados del departamento de Sucre para el período 2024-2027, en
relación con la votación obtenida por la coalición de los partidos Centro Democrático
• Colombia Justa Libres, en la que resultó elegido el señor Álvarez Padilla, en razón
a que en los comicios territoriales anteriores (2019) la votación obtenida en conjunto
por dichas agrupaciones en esa circunscripción superó el tope del 15% de los votos
establecidos en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, para que se

1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
2 Objeto de aclaración por parte de la consejera Gloría María Gómez Montoya, al considerar que el método

adecuado para distribuir los votos cuando se presenta una coalición es de manera ponderada a cada partido que
la integra y no lo fijado en el respectivo acuerdo de coalición, por cuanto ello no cumpliría el parámetro de votos
válidos que consagra la norma constitucional ni atendería la realidad política del acompañamiento ciudadano. En
todo caso, con base en dicha tesis también se hallaría superado el límite constitucional del 15%.
3 Expediente 70001-23-33-000-2023-00157-02 (acumulado, mediante auto de 22 de octubre de 2024, con los

expedientes 70001-23-33-000-2024-00009-00, 70001-23-33-000-2024-00011-00 y 70001-23-33-000-2024-
00014-00).
4 Luis Hernando Ortiz Rosero, Yesid Alfredo Chamorro Barboza y Jaime Ernesto Morales Álvarez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06694-01
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

habilitara la presentación de lista de candidatos en coalición para corporaciones
públicas.

2.
En la providencia acusada, al resolver la apelación presentada por Luis Hernando
Ortiz Rosero5, se confirmó la decisión judicial de 11 de junio de 2025, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda. Se
indicó que la norma constitucional no previó el evento en que en la elección anterior
alguno de los partidos se haya presentado en coalición, por lo que no contempló la
manera cómo debía calcularse la proporción de votación que le correspondería a
cada partido de la coalición para establecer si se supera o no el límite allí previsto.
En esa medida, sostuvo que la opción que considera razonable consiste en acoger,
por analogía, lo consagrado para efectos de la distribución de financiación estatal de
la campaña en el respectivo acuerdo de coalición.

3.
En el caso concreto, se evidenció que en la jornada electoral de autoridades
territoriales realizada el 27 de octubre de 2019 el partido Colombia Justa Libres
obtuvo 22.480 y la coalición Partido Centro Democrático – Partido MIRA 41.728, de
los cuales, luego de aplicada la anterior tesis, 39.570 le corresponden al Centro
Democrático, es decir, aquellos partidos lograron en ese certamen 62.050 (15.07%),
los cuales superan el límite del 15% de los votos válidos de la Asamblea de Sucre
en el año 2019 (61.743), con el fin de que pudieran coaligarse en las elecciones a la
Asamblea de Sucre para el período 2024-2027.

4.
No obstante, a pesar de que se excedió el aludido 15%, lo que impondría revocar
la decisión de primera instancia, para declarar la anulación pretendida, aplicó la
figura de la jurisprudencia anunciada, al no existir un precedente judicial sobre la
materia. Por ende, la interpretación planteada en la providencia se debía tener en
cuenta para las próximas elecciones al Congreso de la República (año 2026) y para
las venideras de las demás corporaciones públicas.

5.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo. A su juicio, se
evidencia una contradicción en la providencia acusada entre sus consideraciones y
la decisión que se adoptó. Se desvirtuaron los argumentos del a quo, al advertir que
no contaban con sustento normativo, y se cita regulación para soportar la tesis que
se debió haber acogido, sin embargo, se confirma aquella decisión judicial.

6.
De igual modo, se presentó una decisión sin motivación. Para aplicar la figura
de la jurisprudencia anunciada, la Sección Quinta debía explicar las razones por las
cuales acogía el criterio antiguo y por qué se adoptaría el nuevo, lo cual no se realizó,
en razón a que se abordó un tema novedoso que no tenía desarrollo jurisprudencial.
Sin embargo, el litigio se podía zanjar solo con remitirse al inciso 5 del artículo 262

5 Demandante en el proceso 70001-23-33-000-2023-00157-00. El ahora accionante, José Gregorio Arroyyo
Arrieta, fungió como demandante en el proceso 70001-23-33-000-2024-00011-00. Estos trámites fueron
acumulados a los otros 2 referenciados en el pie de página 5.
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Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

de la Constitución, por ende, la jurisprudencia no crea un nuevo derecho, sino que
interpreta el ya existente.

7.
Lo anterior, por cuanto se tuvieron en cuenta las reglas establecidas en el artículo
109 de la Constitución Política, los artículos 13 de la Ley 130 de 1994 y 21 de la Ley
1475 de 2011 y el numeral 1 de la cláusula séptima del acuerdo de coalición suscrito
entre los Partidos Centro Democrático y Mira, modificado por la cláusula quinta del
Otrosí de 2 de agosto de 2019. Es decir, a pesar de estar frente a un tema novedoso,
sí se cuenta con una regulación legal.

8.
Asimismo, acaeció defecto fáctico, pues se realizó una indebida valoración
probatoria, lo cual indiciariamente pudo haber permitido acreditar la existencia de
dolo o intencionalidad de inscribir la coalición con transgresión del artículo 262
Superior. Ello por cuanto no se valoraron los formularios E6 ASA; E7 ASA, que daban
cuenta de que el responsable de inscribir la coalición consignó datos contrarios a la
verdad que le permitieron burlar el aludido inciso 5.

9.
Con base en lo expuesto, se tiene que al sustituir un mandato constitucional por
la discrecionalidad judicial de la autoridad accionada, con base en la ausencia de
precedente, se desconoció la seguridad jurídica y la obligatoriedad de los jueces de
la República de administrar justicia de manera eficaz y oportuna, así como el principio
de igualdad, pues las demandas futuras sí se resolverían con la regla constitucional
que desarrolla la justicia.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado, al
considerar que no se configuraron las causales específicas de defecto fáctico y
decisión sin motivación en la providencia acusada. Se determinó que se examinaron
los elementos relevantes para resolver el litigio electoral, entre ellos, la votación
obtenida por cada partido en 2019, el acuerdo de coalición Centro Democrático –
MIRA, aplicó el criterio de distribución allí previsto para determinar los votos
atribuibles a cada colectividad y, de esa manera, estableció si superaban el tope del
15% fijado por el artículo 262 constitucional. Análisis que se desarrolló conforme a
los principios de autonomía judicial, independencia y sana crítica. Que la decisión no
haya sido favorable a los intereses del tutelante no constituye, por sí solo, una
vulneración de sus derechos fundamentales.

11.
Se precisó que el hecho de que no se hayan valorado, de manera puntual, los
formularios E6 ASA y E7 ASA, no constituye el defecto fáctico alegado, por cuanto
estos documentos no eran determinantes para resolver el problema jurídico. Ello en
razón a que este no giró en torno a posibles irregularidades en el diligenciamiento de
los formularios electorales, sino en la verificación del límite del 15% previsto en la
citada norma constitucional, a partir de la votación válida obtenida por los partidos

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Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

coaligados en la elección anterior. Por ende, la autoridad accionada centró su estudio
en el criterio constitucional aplicable y en las pruebas idóneas para su determinación.

12.
Del mismo modo, se tiene que no se presentó la causal de decisión sin motivación,
porque en la sentencia se explicó de manera suficiente la razón por la cual, pese a
acreditarse el exceso del umbral del 15%, no se imponía la nulidad del acto electoral,
en tanto era procedente aplicar la figura de la jurisprudencia anunciada, dado que
era el primer caso en el que se definía la metodología de calcular el porcentaje de
votación cuando uno de los partidos había intervenido previamente en una coalición.

C. La impugnación

13.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, bajo el
fundamento de que sí se incurrió en defecto sustantivo y falta de motivación, en tanto
no resultaba aplicable la figura de la jurisprudencia anunciada. No se cambiaba
precedente alguno, sino que se desarrolló la aplicación de una norma superior (inciso
5 del artículo 262 de la Constitución), para lo cual se acudió por analogía al régimen
de financiación estatal de campañas en coalición previsto en las Leyes 130 de 1994
y 1475 de 2011.

14.
En ese sentido, la parte resolutiva no fue motivada y no se relaciona con lo que
se desarrolló en el fallo. Solo se indicó que se negaban las pretensiones por no haber
un precedente judicial y que su fundamento era el uso de la figura de la jurisprudencia
anunciada, sin que esto se motivara o sustentara.

15.
Dicha situación implica que la autoridad judicial valide una tesis jurídica que
desplaza la Constitución y le otorga un carácter de mayor jerarquía a la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Ello es así porque el juez reconoce una
violación flagrante a la Constitución, en particular, al inciso 5 del artículo 262
Superior, pero decide abstenerse de declarar la nulidad de la elección bajo el amparo
de una jurisprudencia anunciada que no tiene cabida ante las prohibiciones expresas
de aplicación inmediata que consagra la Carta Política.

16.
Insistió también en la configuración de defecto fáctico, en lo que atañe a los
formularios E6 ASA y E7 ASA.

D. Trámite en segunda instancia
17.
El 19 de febrero de 2026 el presente asunto fue asignado por reparto para surtir
el trámite de impugnación al despacho que tiene en encargo el consejero Fernando
Pardo Flórez, quien manifestó su impedimento para asumir su conocimiento, el cual
fue aceptado con auto de 3 de marzo de la presente anualidad, en el que se dispuso
sortear dos conjueces entre los magistrados que integran las Subsecciones B y C de
la Sección Tercera de esta Corporación. Diligencia que se realizó el 10 del mismo
mes y año, y en la que resultaron elegidos los consejeros Fredy Hernando Ibarra
Martínez y Alberto Montaña Plata.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06694-01
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

19.
La Sala difiere de la apreciación del juez de primera instancia, consistente en que
se superan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial, en especial, el de subsidiariedad.

20.
Respecto de dicho presupuesto, el a quo señaló que la parte actora “agotó las
instancias respectivas dentro del medio de control electoral en el que se profirió la
decisión objeto de tutela”, motivo por el cual aquel se superaba. Sin embargo, ello
no corresponde a la realidad, en la medida en que, una vez consultado el proceso
de nulidad electoral en la herramienta electrónica de gestión judicial Samai, se
evidenció que quien apeló la sentencia ordinaria de primera instancia fue Luis
Hernando Ortiz Rosero, demandante en el proceso 70001-23-33-000-2023-00157-
00. El ahora accionante, José Gregorio Arroyyo Arrieta, fue demandante en el
expediente 70001-23-33-000-2024-00011-00, y no apeló. Vale aclarar que dichos
procesos fueron acumulados a los asuntos 70001-23-33-000-2024-00009-00 y
70001-23-33-000-2024-00011-00, promovidos por otras personas.

21.
Es decir, el aquí tutelante no hizo uso del recurso de apelación, el cual le permitía
que los reproches que tuviera contra la decisión judicial adoptada en primera
instancia fueran debatidos y debidamente zanjados por el respectivo superior
judicial, al no hacerlo, evidencia una conformidad con lo allí determinado, por lo que
no resulta procedente que pretenda a través de esta acción revivir esa oportunidad
procesal que dejó fenecer para que el juez de tutela los analice.

22.
Por tanto, se revocará el fallo objeto de impugnación, para declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al no satisfacer el presupuesto de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación.

23.
La acción de tutela reviste de una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, que
procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro
instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable (artículo 86 de la Constitución Política). En ese sentido, resulta
indispensable que, previo a acudir al juez constitucional, el interesado haya agotado

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06694-01
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

todos los recursos que tenía a su alcance con la finalidad de remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos.

24.
Lo anterior, conforme al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que prevé las
causales de improcedencia de la tutela, en el que se estipuló que esta no procederá
“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

25.
Por lo expuesto, la omisión en que incurrió la parte actora, al no apelar la sentencia
ordinaria de primera instancia, le impide que pueda acudir a esta acción de tutela
para que se analicen sus reproches, máxime cuando el ad quem determinó confirmar
lo allí decidido, con independencia de las razones para ello.

26.
En ese sentido, se tiene que lo referente a la indebida valoración de los formularios
de inscripción de la coalición política reprochada pudo haberlo expuesto en la
respectiva alzada, para que ello fuera abordado en segunda instancia, dado que el
a quo determinó que en aquellos no se presentaba irregularidad alguna. Ello por
cuanto, consideró que si bien se evidenció en aquellos una imprecisión, esta “no
tiene la virtualidad de viciar dicho acto como lo propone la parte actora o que este se
considere que contiene datos contrarios a la verdad, en razón a que, como antes se
indicó, no existe un criterio claro de como calcular dicho porcentaje y es a través de
esta sentencia que se fija una regla de como distribuirlos cuando se trata de
coaliciones por voto preferente; adicionalmente, el porcentaje registrado en el
formulario E-7AS coincide con la votación obtenida en favor del candidato Luis
Alfonso Álvarez Padilla en los comicios del año 2019, el cual se evidencia, es el único
integrante avalado por el partido Centro Democrático que participó en las elecciones
pasadas y que conforma la nueva coalición”.

27.
Por consiguiente, si el accionante insistía en que dichos documentos no fueron
valorados conforme a las reglas de la sana crítica, debió haberlo expuesto en el
recurso de apelación que procedía contra la aludida sentencia ordinaria, pero no lo
hizo. Y, aunque la decisión judicial fue objeto de apelación, no fue el tutelante el que
suscitó el debate en segunda instancia, por lo que le está vedado hacerlo en ejercicio
de este mecanismo constitucional. Esta acción no fue instituida como una instancia
adicional al proceso ordinario, cuanto más si tuvo la oportunidad dentro de su trámite
procesal de plantear la inconformidad que alega en estas diligencias
constitucionales.

28.
En esa medida, resulta evidente la improcedencia de la tutela, por cuanto la parte
actora tuvo a su disposición un mecanismo idóneo para plantear el aludido reparo.
Por ende, esta acción bajo ese panorama no puede emplearse como una instancia
adicional en la que se examine tal cuestionamiento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06694-01
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

29.
Por otro lado, se evidencia que también es objeto de debate lo relativo a la
aplicación de la figura de la jurisprudencia anunciada, lo cual no fue adoptado por el
juez ordinario de primera instancia, sino por el de segunda. Circunstancia que, en
principio, podría habilitar la presentación de esta tutela, no obstante, el hecho de que
el actor no haya ejercido su derecho a recurrir la decisión de primera instancia,
implica su aceptación. Por tanto, pese a que el ad quem introdujo una figura en esa
instancia, lo cierto es que él no suscitó que el litigio fuera analizado por el superior
funcional, lo cual se traduce en la imposibilidad de atacar la sentencia acusada.

30.
Además, la decisión judicial objeto de reproche fue emitida en un proceso de
nulidad electoral, es decir, en una acción pública, cuya finalidad es lograr la
observancia del ordenamiento jurídico y no la protección de un derecho subjetivo o
un interés particular.

31.
De ahí que, tratándose de una acción de tutela dirigida a cuestionar una
providencia proferida en el marco de un medio de control de naturaleza pública, no
es posible admitir que los argumentos que sirven de sustento a la vulneración
alegada se funden en simples discrepancias que no revelen, por sí mismas, una
afectación de derechos fundamentales. Esto, adquiere especial relevancia, si se
tiene en cuenta que, en este tipo de casos, el interés de los demandantes no está
vinculado a una pretensión individual, sino a un interés normativo y general. A
manera de ejemplo y por haber sido planteados en el caso concreto, los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia son instrumentos o medios
para la realización de principios y derechos que en su interpretación de cara al medio
de control, exigen una interpretación en cuanto a su alcance y realización distinto de
las hipótesis en que la contienda es intersubjetivo.

32.
Con base en ello, aunque el tutelante instauró la demanda ordinaria y la decisión
judicial acusada si bien negó sus pretensiones de anulación del acto de elección,
aquella no tiene la potencialidad de afectar sus derechos fundamentales, máxime
cuando los reproches planteados no evidencian ello, sino una reiteración de
argumentos para que se concedieran sus súplicas, sin exponer de qué modo la
decisión acusada transgredió sus prerrogativas superiores.

33.
En otras palabras, que la decisión confirme la negativa de las pretensiones no
supone automáticamente que se le puede señalar como una actuación que vulnera
sus garantías subjetivas; pues lo que se definió en la providencia, y la figura procesal
que se aplicó, desató una controversia de interés público, no definió una situación en
el proceso que afectara un interés particular del accionante o el ejercicio de un
derecho propio en el marco de esa acción pública.

34.
En ese orden de ideas, se revocará la sentencia impugnada, para en su lugar,
declarar la improcedencia del trámite constitucional, al no satisfacer el presupuesto
de subsidiariedad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06694-01
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

35.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, para declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

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