Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00049-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00049-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2026-00049-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 50001-23-33-000-2026-00049-01 (ACUMULADO)1
Accionante: JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN Y OTROS
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE – Durante
el trámite de la impugnación se llevaron a cabo las elecciones al Congreso de la República
el 8 de marzo de 2026, por lo que cualquier orden encaminada a la participación del
accionante en esos comicios no surtiría ningún efecto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve las impugnaciones presentadas por los señores José Manuel
Sandoval Garzón y Germán Andrés Pineda Baquero, contra la sentencia del 20 de
febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta2.
1 Los procesos acumulados son los siguientes: 50001233300020260004900 (Camilo Alberto Muñoz
Jaramillo), 50001233300020260005700 (William Rodríguez Mahecha), 50001233300020260006800
(Jan Carlos Sandoval Barrera), 50001233300020260007000 (Nathaly Plazas Álvarez),
50001233300020260006200 (Yadira Alejandra Duque Pedraza), 50001233300020260005600
(Andrés Felipe Mojica Sogamoso), 50001233300020260005400 (Julián Eduardo Alonso Gómez),
50001233300020260006500 (Janio Ernesto Álvarez Sogamoso), 50001233300020260005200
(Jaime Darío Carrillo Suárez), 50001233300020260007600 (Brayan Alberto Moreno Sánchez),
50001233300020260006900 (María Alejandra Torres Ardila), 50001233300020260006300 (Angie
Catherine Rodríguez Saavedra), 50001233300020260006000 (Gipsy Alexandra Rojas Cruz),
50001233300020260005500 (Karol Yuliana Gómez Reyes), 50001233300020260007200 (Jairo
González García), 50001233300020260006600 (Rusbel Didier Perdomo Daza),
50001233300020260006100 (Natalia Carolina Cruz Fernández), 50001233300020260005800
(Jaime Hernando Arias Lesmes), 50001233300020260005300 (Jonathan Mauricio Ramírez Pérez),
50001233300020260006700 (Daniel Andrey Navarro González), 50001220400020260008800
(Carlina Reyes Duque), 50001223000020260000400 (Joey Elizabeth Rojas Quintero),
50001223000020260001400 (Jorge Arturo Morales Rodríguez), 50001223000020260002100
(Andrea Marcela Katherin Rivera), 50001223000020260001100 (María Cristina Zanabria Cruz),
50001223000020260001700 (María Eucaris García Moncada), 50001220400020260008900
(Jhancarlos Martínez Pérez), 50001223000020260000800 (Lizeth Paola Sánchez Mejía),
50001223000020260001900 (Claudia Patricia Cuellar Torres), 50001223000020260002000 (Juan
Pablo Escobar Martínez), 50001223000020260001600 (Yurey Daniela Gordillo Parra),
50001223000020260001000 (Lina Marcela Mancera Cruz), 50001223000020260000600 (Laurencio
Cubides Moncada), 50001223000020260000500 (Alberto Castillo Betancour),
50001223000020260000700 (Dunia Janneth Celeita Hernández), 50001223000020260001800
(Hollman Harlinsson Borbón Torres), 50001233300020260007400 (Paula Ximena Rico Campo),
50001223000020260001300 (Janier Stiven Salazar Cordero), 50001223000020260001200 (Laura
Vanessa Alonso Gómez), 50001223000020260001500 (María Estella Mina Carabali),
50001233300020260007100 (Sildana Acosta López), 11001221500020260007300 (Diego Fernando
Obregón Guzmán), 50001223000020260002500 (José Manuel Sandoval Garzón),
50001223000020260000900 (María Alejandra Rodríguez), 50001220500020261001200 (Natalia
Carolina Castaño Arias), 11001334205620260005700 (Luis Evelis Andrade Casama – MAIS),
50001233300020260007900 (José Manuel Sandoval Garzón), 11001221500020260004400 (Jhon
Fredy González Ossa) y 11001221500020260005300 (German Andrés Pineda Baquero).
2 Que ingresó al despacho para fallo el 6 de marzo de 2026 a las 12:30:05.
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor José Manuel Sandoval Garzón, junto con otros accionantes, promovieron
diversas acciones de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, al derecho de defensa y
contradicción, a la participación política y ser elegido, de acceso a la administración
de justicia, y a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales
consideran vulnerados con la Resolución 0844 del 5 de febrero de 2026, proferida
por el Consejo Nacional Electoral.
Pretensiones
2. Solicita el señor Sandoval Garzón lo siguiente (transcripción literal, con posibles
errores incluidos)3:
PRIMERA: se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, defensa, contradicción, seguridad jurídica, confianza legítima,
participación política, derecho a ser elegido, igualdad y acceso efectivo a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29, 40, 83 y 229 de
la Constitución Política, vulnerados con ocasión de las actuaciones y
decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, que produjeron un
daño iusfundamental irreversible en sede administrativa.
SEGUNDA: se DECLARE que la actuación administrativa surtida por el
Consejo Nacional Electoral desconoció de manera grave el debido proceso
constitucional, en particular por:
• La ruptura de la identidad entre el acto administrativo leído y notificado
en estrados y aquel que sirvió de fundamento para resolver los recursos.
• El rechazo improcedente de las solicitudes de nulidad procesal.
• Y la indebida asunción de un control de legalidad que es competencia
exclusiva del juez contencioso administrativo.
TERCERA: se DECLARE que la vulneración de mis derechos fundamentales
se consolidó de manera definitiva al vencerse el término para modificar la lista,
sin que mediara una decisión administrativa válida, eficaz y jurídicamente
oponible que garantizara el ejercicio real del derecho de defensa.
CUARTA: que, como MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO INTEGRAL, se
ORDENE a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, proceda a inscribirme
como candidato del partido MAIS, en aplicación al parágrafo que fue excluido
y como única forma de restituir de manera efectiva el derecho fundamental a
ser elegido.
QUINTA: se ORDENE a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
adoptar de manera inmediata las actuaciones administrativas necesarias para
garantizar la participación del partido MAIS y mía en el proceso electoral, sin
3 Las pretensiones transcritas corresponden a las formuladas en la demanda presentada por el señor
José Manuel Sandoval Garzón, las cuales persiguen el mismo propósito de las formuladas en las
acciones de tutela presentadas por los demás accionantes.
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
que la actuación irregular del Consejo Nacional Electoral pueda ser oponible
como obstáculo jurídico.
SEXTA: que se PREVENGA a la Registraduría Nacional del Estado Civil para
que, en lo sucesivo, no haga producir efectos jurídicos a actos administrativos
que adolezcan de vicios sustanciales de notificación, autenticidad o
congruencia, cuando de ellos se derive la restricción de derechos políticos
fundamentales.
SÉPTIMA: que se RECONOZCA que la presente acción de tutela no persigue
la sustitución de los medios de control contenciosos, sino la protección
inmediata y excepcional de derechos fundamentales, frente a un perjuicio
iusfundamental cierto, actual y consumado, que no podía ser evitado por otro
medio judicial eficaz.
OCTAVA: que se DECRETEN las demás medidas que el juez constitucional
considere necesarias para el restablecimiento pleno y efectivo de los derechos
fundamentales vulnerados, en atención al carácter preferente y prevalente de
los derechos políticos.
NOVENA: No acumular la presente tutela con tutelas interpuestas por personas
diferentes al suscrito por las consideraciones indicadas en el título IV.
3. El Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS pidió lo
siguiente:
1. Sírvase señor juez, amparar el derecho fundamental a elegir y ser
elegido, así como, los demás que se determinen vulnerados.
2. En consecuencia, sírvase señor juez constitucional declarar la
violación ostensible del derecho a elegir y ser elegido, del señor José Manuel
Sandoval, al ser el único candidato del MOVIMIENTO ALTERNATIVO
INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” para la Cámara de Representantes por el
departamento del Meta, al limitarse la modificatoria de la inscripción a través
del parágrafo segundo de la resolución No. 0844 del 5 de febrero de 2026.
3. En ese sentido, se solicita a su señoría, se ordene al Consejo Nacional
Electoral, revocar parcialmente el parágrafo segundo del artículo primero de la
resolución No. 0844 del 5 de febrero de 2026, en lo que refiere a la expresión
“deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada
el día 26 de octubre de 2025” en punto de no limitar los derechos políticos del
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”.
4. En ese sentido, se solicita a su señoría, se ordene a la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, permitir que mi partido
inscriba a su o sus candidatos y que en consecuencia pueda yo hacer uso
efectivo del derecho de elegir a mi colectividad sustentado en el acápite de
fundamentos de derecho de la presente tutela independientemente de la
limitante de plazo establecida en el artículo 31 de la 1475 de 2011 en lo
relacionado con la fecha 08 de febrero de 2026, día en que vence el plazo para
modificación de candidatos por revocatoria de la inscripción por causas
constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia con
posterioridad a la inscripción.
5. Como consecuencia del numeral anterior, se proceda a emitir por
parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, un nuevo acto administrativo
que modifique parcialmente el parágrafo segundo del artículo primero de la
resolución No. 0844 del 5 de febrero de 2026, y eliminar la expresión limitante
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
“deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada
el día 26 de octubre de 2025.
Fundamentos de la demanda de tutela
4. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
5. El señor José Manuel Sandoval Garzón expuso que se inscribió como candidato
a la cámara de representantes por el Departamento del Meta por la coalición Pacto
Histórico – Frente Amplio con aval del partido político MAIS.
6. Una vez inscrito como candidato, algunos ciudadanos presentaron solicitud ante
el Consejo Nacional Electoral con el fin de que se revocara su inscripción al
considerar que la coalición desconoció los resultados de la consulta del 26 de octubre
de 2025.
7. En audiencia pública del 5 de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral
notificó por estrados la Resolución 0844 del 2026, en el expediente CNE-E-DG-2025-
029934 y CNE-E-DG-2025-029935, en el cual se revocó la inscripción del señor
Sandoval Garzón y, además, se leyó un parágrafo del siguiente tenor:
PARÁGRAFO: advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la
modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá
garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las
colectividades políticas que integraban la coalición, de manera que, como
consecuencia de la revocatoria de las listas inscritas en dicha modalidad, estas
puedan proceder a la inscripción individual de sus listas, en los términos y
dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria
consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.
8. El anterior acto administrativo se lo entregaron físicamente y por correo electrónico
el 6 de febrero; no obstante, según expuso, su contenido no correspondía al que fue
leído en audiencia pública, pues la parte resolutiva tenía el siguiente contenido:
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del
ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por
la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición
denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal
prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7 de la Ley 1475
de 2011, consistente en el desconocimiento de la consulta realizada el 26 de
octubre de 2025.
PARÁGRAFO PRIMERO: La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de
candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley
1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el
presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso en que la referida agrupación política
relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer
la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley
1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la
consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025.
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
9. En la audiencia pública del 6 de febrero de 2026, el apoderado del partido MAIS y
el Ministerio Público advirtieron esa irregularidad.
10. La magistrada ponente de la referida Resolución indicó que la ponencia aprobada
no incluía ese parágrafo, pero «pero si lo que menciona usted para subsanar es
volver a leerla, se leerá nuevamente para que ustedes vean que coincide plenamente
con lo que ha tenido contenido, y así de acuerdo con esa lectura nuevamente el
término y ya en esas condiciones».
11. En esa misma fecha se notificó la Resolución 0893 por medio de la cual se
corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844, en la cual se reiteró
la revocatoria de la inscripción del señor Sandoval Garzón y en su artículo segundo
se ordenó efectuar nuevamente la notificación de la Resolución 0844.
12. Expuso que la Resolución 0844 objeto de nueva notificación conservó el mismo
número de radicado, pero presentó un contenido distinto, «en la medida en que se
excluyó el parágrafo que había sido anunciado en estrados, relativo a la posibilidad
de modificar y recomponer la lista conforme a los resultados de la consulta celebrada
el 26 de octubre de 2025».
13. Contra la referida decisión se interpusieron sendos recursos de reposición y
solicitudes de nulidad. Mediante la Resolución 0918 del 7 de febrero de 2026, el
Consejo Nacional Electoral no repuso la decisión y rechazó por improcedentes las
solicitudes de nulidad.
14. El accionante manifestó que la notificación del acto administrativo no constituye
un acto accesorio o secundario del procedimiento, sino un elemento estructural del
mismo, pues a partir de la validez, integridad y coherencia de esta el acto produce
efectos jurídicos, se activa el derecho de defensa y se concreta la publicidad.
15. Indicó que lo dispuesto en el parágrafo leído no era accesorio, interpretativo ni
marginal. Lo allí dicho incidía de manera directa en el alcance material y los efectos
jurídicos de la decisión, al delimitar las consecuencias prácticas de la revocatoria.
16. Al suprimirse dicho parágrafo en el acto remitido por medios físicos y electrónicos
y sustituirlo por disposiciones distintas, generó, en su criterio, «divergencia objetiva,
grave y estructural entre el contenido del acto notificado en audiencia pública y el
contenido del acto comunicado por escrito». Lo anterior implicaba que esa
contradicción no pueda calificarse como un simple error formal o mecanográfico, sino
de un vicio material que alteró el contenido de la decisión, lo que afectó la situación
jurídica del candidato y de las organizaciones políticas involucradas.
17. Manifestó que la notificación válida del acto administrativo, independiente del
medio utilizado, requiere la entrega de una copia íntegra, auténtica y coincidente de
la decisión. No se trata de una exigencia legal, sino constitucional, pues sin el acceso
al documento definitivo se vacía de contenido el derecho de defensa y contradicción.
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
18. Señaló que el Consejo Nacional Electoral fracturó el principio de integridad del
acto demandado, al notificar por estrados una decisión con un contenido y entregar
posteriormente un acto escrito con un contenido sustancialmente distintito. Lo cual
generó incertidumbre jurídica, induce en error a los intervinientes y afectó la
posibilidad de ejercer su contradicción.
19. Reprochó que existió un uso indebido de la figura de corrección de
irregularidades prevista en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que esa
disposición no permite modificar el contenido material del acto administrativo una vez
este ha sido expedido, notificado y ha producido efectos jurídicos. Como el acto ya
había sido leído y notificado en audiencia, se interpusieron recursos y lo modificado
no recayó sobre un error formal o mecanográfico, sino sobre un elemento sustancial
de la decisión con efectos jurídicos relevantes. Explicó que la modificación realizada
solo resultaba posible a través de la revocatoria directa.
20. Indicó que también se afectó su derecho a la igualdad al evidenciarse un trato
diferenciado injustificado frente a situaciones fácticas sustancialmente similares,
como ocurrió con la lista del departamento del Guaviare, que también se leyó en
audiencia, en el cual «sí se permitió la modificación y recomposición de listas bajo
parámetros análogos, sin que la autoridad electoral ofreciera una justificación
objetiva y razonable para el trato desigual».
21. Por último, agregó que las irregularidades descritas tuvieron un impacto grave,
directo y concreto sobre sus derechos políticos, pues le suprimieron una garantía
expresamente reconocida en audiencia pública, restringiendo injustificadamente las
posibilidades de participación política y desconociendo el derecho a competir en
condiciones de igualdad.
Trámite impartido
22. Mediante auto de 9 de febrero de 2026 se dispuso la acumulación de las acciones
de tutela promovidas por los señores Camilo Alberto Muñoz Jaramillo, William
Rodríguez Mahecha, Jan Carlos Sandoval Barrera y Nathaly Plazas Álvarez al
radicado 50001-23-33-000-2026-00049-00, se admitieron las demandas y se negó
la medida provisional. Asimismo, se ordenó vincular a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al señor José Manuel Sandoval Garzón, al Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS y al Movimiento Político Pacto Histórico, y a los señores
Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Saúl Villar Jiménez, Jorge Bula González y
Nicolás Farfán Namén -quienes promovieron y participación en la actuación
administrativa que dio lugar a la Resolución 0844 del 5 de febrero de 2026-.
23. En providencia del 12 de febrero se decretó la acumulación y se admitieron las
tutelas promovidas por las siguientes personas: Yadira Alejandra Duque Pedraza,
Andrés Felipe Mojica Sogamoso, Julián Eduardo Alonso Gómez, Janio Ernesto
Álvarez Sogamoso, Jaime Darío Carrillo Suárez, Brayan Alberto Moreno Sánchez,
María Alejandra Torres Ardila, Angie Catherine Rodríguez Saavedra, Gipsy
Alexandra Rojas Cruz, Karol Yuliana Gómez Reyes, Jairo González García, Rusbel
Didier Perdomo Daza, Natalia Carolina Cruz Fernández, Jaime Hernando Arias
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Lesmes, Jonathan Mauricio Ramírez Pérez, Daniel Andrey Navarro González,
Carlina Reyes Duque, Joey Elizabeth Rojas Quintero, Jorge Arturo Morales
Rodríguez, Andrea Marcela Katherin Rivera Bernal, María Cristina Sanabria Cruz,
María Eucaris García Moncada, Jhancarlos Martínez Pérez, Lizeth Paola Sánchez
Mejía, Claudia Patricia Cuellar Torres, Juan Pablo Escobar Martínez, Yurey Daniela
Gordillo Parra, Lina Marcela Mancera Cruz, Laurencio Cubides Moncada, Alberto
Castillo Betancour, Dunia Janneth Celeita Hernández y Hollman Harlinsson Borbón
Torres.
24. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Procuradora Sexta Judicial II –
Conciliación para asuntos administrativos.
25. Mediante auto del 13 de febrero de 2026, el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá
decretó la medida provisional solicitada en ese proceso, así:
Decretar medida provisional para proteger el derecho fundamental a la
participación política del accionante Movimiento Alternativo Indígena y Social
MAIS, consistente en:
-SUSPENDER hasta que se resuelva de manera definitiva la presente acción
de tutea, el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución 844 del 5
de febrero de 2026 proferida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.
-ORDENAR la Delegación Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
que, teniendo en cuenta la suspensión que aquí se ordena del parágrafo
segundo del artículo primero de la Resolución 844 del 5 de febrero de 2026
proferida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, así como la
constancia de comparecencia y negativa de inscripción radicada ante dicha
Delegación el 8 de febrero de 2026 por el movimiento político accionante,
proceda a resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
1475 de 2011, sobre la solicitud de inscripción que se presentó el 8 de febrero
de 2026 ante esa Delegación Departamental, por el apoderado del Movimiento
Alternativo Indígena y Social MAIS, con la finalidad de adelantar la inscripción
de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento
del Meta, integrada por los ciudadanos José Manuel Sandoval Garzón,
identificado con cédula de ciudadanía 7.819.447, Juan David Martínez Bolaño,
identificado con cédula de ciudadanía 1.007.900.066 y Elizabeth Neira
Benavides identificado con cédula de ciudadanía 65.743.184.
Lo anterior, deberá cumplirse en el término de doce (12) horas siguientes a la
comunicación de esta orden, para el efecto, la destinataria de la orden deberá
citar al movimiento accionante para que comparezca a la Delegación en el
término de cuatro horas siguientes a que se comunique esta decisión, sin
perjuicio de que este lo haga antes.
En caso de ser rechazada la solicitud, se deberá hacer mediante acto motivado,
conforme a lo ordenado por el artículo 32 de la misma Ley, que se expedirá en
el mismo término concedido.
-ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional
Electoral que, en el caso de ser aceptada la solicitud de inscripción por la
autoridad electoral, procedan de inmediato a incluir a los candidatos inscritos
en la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección
popular cuyas inscripciones fueron aceptadas, y a realizar las demás
actuaciones correspondientes según lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1475
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de 2011.
26. En providencia del 17 de febrero siguiente, se decretó la acumulación de los
siguientes procesos de tutela presentada por: Janier Stiven Salazar Cordero, Laura
Vanessa Alonso Gómez, María Estella Mina Carabalí, Sildana Acosta López, Diego
Fernando Obregón Guzmán, José Manuel Sandoval Garzón, María Alejandra
Rodríguez Saavedra, Paula Ximena Rico Campo, Natalia Carolina Castaño Arias,
Luis Evelis Andrade Casama, José Manuel Sandoval Garzón, Jhon Fredy González
Ossa y Germán Andrés Pineda Baquero.
27. Mediante auto del 19 de febrero de 2025, se declaró infundado el impedimento
manifestado por la magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez.
Intervenciones
28. El señor Hugo Velásquez Jaramillo expresó que el accionante cuenta con otro
mecanismo idóneo, esto es, el medio de control de nulidad para reclamar la
protección de sus derechos fundamentales, pues el acto cuestionado goza de
presunción de legalidad. En todo caso, señaló que no se vulneró ningún derecho
fundamental, sino que el señor Sandoval Garzón y el Partido MAIS no acataron las
normas legales y constitucionales.
29. El Consejo Nacional Electoral manifestó que mediante audiencia pública del 5
de febrero de 2026, la Secretaria Técnica de Sala notificó la Resolución 0844 del 05
de febrero de 2026 «donde se observa que realizada la lectura de la parte decisoria,
la Secretaria de Sala Plena Dra. Charari Olmos toma el texto original del proyecto,
realiza la lectura del artículo, posteriormente toma otro documento que no es parte
del contenido de la resolución objeto de controversia y lee un parágrafo que no se
encuentra integrado en el texto ni de la ponencia radicada, ni del texto aprobado por
la Sala Plena, mediante la Resolución 0844 del 05 de febrero de 2026».
30. Expuso que lo anterior consta en la certificación expedida por la Secretaría
Técnica de Sala No. CNE-STS-036-2026 del 10 de febrero de 2026 la cual se aportó
como prueba dentro del presente proceso, en la cual se señala que: «que por error
involuntario fue leído un parágrafo que no correspondía con el acto administrativo
adoptado en audiencia».
31. Indicó que la Secretaría Técnica de Sala no tiene la potestad de modificar o
cambiar el contenido aprobado por la Sala Plena de Magistrados del Consejo
Nacional Electoral. Explicó que lo presentado en la audiencia fue en lapsus calami al
momento de la lectura del articulado y ello no implica «que el contenido de la
resolución objeto de controversia haya sido modificado».
32. Sostuvo que profirió la Resolución 0893 del 6 de febrero de 2026, mediante la
cual se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 044 de 2026, en la
cual se aclaró que «en la imagen referenciada puede evidenciarse que el proyecto
de resolución radicado no contiene el parágrafo que fue leído en audiencia pública
por error involuntario de la secretaría técnica». Por lo anterior, manifestó que está
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
acreditado que la ponencia que fue radicada, debatida en Sala Plena y aprobada por
los miembros del Consejo Nacional Electoral fue la referenciada en las imágenes.
33. El 7 de febrero de 2026 se profirió la Resolución 0918 mediante la cual se
resolvieron los recursos interpuestos frente a las Resoluciones 0844 del 5 de febrero
de 2026 y 0893 del 6 de febrero de 2026. En esta se explicó que la actuación
adelanta no se fundamentó en el artículo 45 del CPACA sino en el 41 que habilita a
la administración para subsanar irregularidades en la actuación antes de la firmeza
del acto.
34. Manifestó que resulta de vital importancia que los ciudadanos a quienes se les
acumularon las acciones de tutela se les verifique si se encuentran inscritos en el
departamento del Meta.
35. Explicó que los implicados tuvieron conocimiento inmediato de la situación y
recurrieron en oportunidad en sede administrativa, resuelta a través de la Resolución
0918. En todo caso, lo resuelto por las decisiones cuestionadas no supuso una
definición discrecional sobre la suerte de la coalición ni sobre la situación individual
del candidato, sino que se limitó a ejercer sus competencias constitucionales y
legales, en el marco del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.
36. Sostuvo que una notificación irregular, esto es, aquella que por error material
transmite un contenido distinto al realmente adoptado, como ocurre cuando se
produce una lectura por estrados incongruente con el texto del acto o se incorporan
elementos inexistentes en el proyecto sometido a deliberación, compromete el
debido proceso. Lo anterior, porque genera incertidumbre objetiva sobre el alcance
de la decisión y puede afectar la comprensión adecuada de sus efectos, la
determinación para el cómputo de términos y el ejercicio oportuno e informado de los
mecanismos de defensa.
37. El señor Saúl Villar Jiménez indicó que la parte actora cuenta con otro
mecanismo para obtener la protección de sus derechos fundamentales. En todo
caso, precisó que las directivas del Partido Pacto Histórico desconocieron las
garantías de la señora Martha Cecilia Garzón Cortés al haber incluido al señor José
Manuel Sandoval Garzón en la lista.
38. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva porque lo pretendido por la parte actora no guarda
relación con las facultades y funciones que tiene asignadas, pues no le corresponde
adoptar decisiones sobre la revocatoria de inscripción de candidaturas.
39. Expuso que el accionante pretende por vía de tutela crear un nuevo periodo de
inscripciones, a pesar de que este ya feneció. En todo caso, el proceso electoral está
reglado por etapas preclusivas que no pueden reabrirse. Lo que dispuso el Consejo
Nacional Electoral fue la recomposición de la lista postulada por el Pacto Histórico.
40. Sostuvo que existe una imposibilidad material de realizar modificaciones de las
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
tarjetas y del material electoral para las elecciones del Congreso de la República del
8 de marzo de 2026. Lo anterior, pues ya efectuó el diseño de las tarjetas, realizó el
sorteo de la posición de los candidatos y «precisándose, que dada las dificultades
de acceso geográfico, orden público el departamento del Meta es una de las primeras
circunscripciones electorales en las que se realiza la distribución del material
electoral, por lo tanto, se debe contar con este con la debida antelación».
41. Indicó que cualquier decisión que implicara la modificación de las tarjetas
electorales sería técnicamente imposible, pues el proceso de producción ya inició, y
cualquier retraso en el cronograma pondría en riesgo el certamen electoral.
42. La Procuraduría General de la Nación manifestó que no se cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa, ni por pasiva. En primer término,
porque no se acreditó que los accionantes tengan poder especial del titular de las
prerrogativas trasgredidas, ni mucho menos demostraron que este estuviera en
incapacidad de promover la tutela directamente. De otra parte, expuso que no se
predica ninguna acción u omisión de esa entidad, pues no está llamada a atender
las pretensiones de la tutela.
Fallo impugnado4
43. En sentencia del 20 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta
declaró la falta de legitimación en la causa por activa respecto de los accionantes
distintos al señor José Manuel Sandoval Garzón y del señor Luis Evelis Andrade
Casama, en calidad de representante legal del Movimiento Alternativo Indígena y
Social – MAIS. Lo anterior, porque no aportaron poder especial, ni manifestaron
actuar como agentes oficiosos del candidato, ni tampoco ostentan un derecho
subjetivo afectado directamente por el acto cuestionado. Asimismo, declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
44. En relación con el cumplimiento de los demás requisitos generales, sostuvo que,
si bien contra el acto administrativo cuestionado procede el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, ese mecanismo, en el contexto específico, no resulta idóneo ni eficaz
para garantizar la protección oportuna de los derechos invocados.
45. Lo anterior, toda vez que la controversia se enmarca en un proceso electoral
sometido a etapas preclusivas y términos perentorios. Como la revocatoria de la
inscripción se produjo en una fase crítica del calendario electoral, cuando estaba por
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La magistrada Teresa de Jesús Herrera Andrade salvó su voto al considerar que «el Consejo
Nacional Electoral generó una variación intempestiva en la decisión notificada en estrados,
vulnerando la confianza legítima. En su criterio, la modificación del alcance previamente
exteriorizado, en un contexto electoral sometido a términos preclusivos, afectó la previsibilidad y
coherencia que deben regir la actuación estatal. La administración alteró el entendimiento generado
por su propio acto de publicidad oficial, sin acudir a los mecanismos formales previstos para modificar
una decisión administrativa ya notificada».
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
vencer el término para modificar candidaturas y a pocas semanas de la jornada
electoral del 8 de marzo de 2025, el proceso ordinario no permitiría una decisión
antes de la culminación del certamen.
46. En relación con el estudio de fondo del asunto, el Tribunal sostuvo que no existió
vulneración al debido proceso por cuanto no quedó acreditada una afectación real
de las garantías mínimas de claridad, publicidad y posibilidad de defensa. Si bien en
la audiencia pública del 5 de febrero de 2026 se leyó un texto que luego no coincidió
con el documento remitido por escrito, «el punto decisivo no es “qué se alcanzó a
leer”, sino cuál fue el contenido efectivamente aprobado por la Sala Plena».
47. Consideró que en la práctica la lectura en estrados es un acto de comunicación;
mientras que, la decisión es la que resulta adoptada por el órgano colegiado
mediante deliberación y votación. De manera que «un error de lectura de la
Secretaría Técnica, por sí mismo, no puede transformar lo decidido por la mayoría ni
generar una “nueva decisión” distinta a la aprobada».
48. Precisó que la reacción institucional fue inmediata y permitió a los interesados
saber en un lapso muy corto cuál era texto auténtico del acto. Así, tan pronto se
advirtió la inconsistencia, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 0893
del 6 de febrero de 2026 para «alinear la notificación con el texto aprobado». Expuso
que el debate no quedó clausurado allí, porque se tramitaron y resolvieron los
recursos mediante la Resolución 0918 del 7 de febrero de 2026. En su criterio, no
hubo un escenario de indefensión ni una decisión que no se pudo controvertir, sino
que, por el contrario, se corrigió el yerro antes de que el acto quedara en firme y se
garantizó su impugnación, discusión y posibilidad de obtener respuesta, pues «desde
una perspectiva sencilla, el proceso surtido no omitió etapas, el acto se aclaró y luego
se mantuvo o confirmó tras resolver los recursos».
49. Respecto del derecho a ser elegido, señaló que no se vulneró porque el núcleo
de la controversia no es el impedimento para participar por voluntad de una autoridad
competente, sino que se cuestionó la aplicación de un marco normativo previamente
definido, esto es, «cuando una colectividad decide seleccionar candidaturas
mediante consulta, los resultados de ese ejercicio democrático son vinculantes, de
acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011».
50. Consideró que si la consulta definió quiénes ocupaban determinados renglones,
reemplazar esos resultados por acuerdos posteriores con personas que no
participaron desnaturaliza el mecanismo y afecta la igualdad frente a quienes sí se
sometieron a él. Como se acreditó que el señor Sandoval Garzón no participó en la
consulta del 26 de octubre de 2025, y fue incluido en un renglón de la lista, la
revocatoria no operó como una sanción arbitraria, sino como la consecuencia jurídica
de desconocer el carácter obligatorio de la consulta.
51. Sostuvo que lo pretendido por los demandantes no encajaba realmente en una
modificación ordinaria de la inscripción; por el contrario, el calendario electoral
estableció que el 8 de febrero de 2026 vencía el plazo para la modificación de
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
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Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
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Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
candidatos por revocatoria de la inscripción por causales constitucionales o legales.
52. En esos términos, una vez superada esa fecha, no se trataba de ajustar una lista
«dentro de una ventana abierta, sino de intentar reintroducir a un candidato cuya
inscripción había sido revocada por decisión en firme, lo que en términos prácticos
equivalía a una nueva inscripción en una fase ya cerrada del proceso, lo cual ocurrió
el 8 de diciembre de 2025, conforme con el calendario electoral».
53. Señaló que para el momento de los hechos litigiosos el cronograma electoral
avanzaba hacia hitos logísticos ineludibles, que dependían de la estabilidad definitiva
de las candidaturas, por lo que «reabrir la etapa habría desconocido el carácter
preclusivo del calendario y afectado la igualdad y seguridad del certamen en cuanto
a logística corresponde».
54. Finalmente, levantó la medida de suspensión provisional del parágrafo segundo
del artículo primero de la Resolución 844 del 5 de febrero de 2026 proferida por la
Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, dispuesta por el Juzgado 56
Administrativo de Bogotá «como efecto de la decisión de fondo tomada por esta
Corporación».
Impugnaciones
55. El señor José Manuel Sandoval Garzón impugnó la decisión y argumentó que
el Tribunal omitió realizar un test de ponderación entre la obligatoriedad de la
consulta del 26 de marzo de 2025 y el derecho constitucional de asociación, coalición
y representación política establecido en los artículos 107 y 262 de la Constitución
Política.
56. Manifestó que la consulta solo era vinculante para el Pacto Histórico y al
armonizar su obligatoriedad con el acuerdo de coalición, el orden que debía
respetarse era el de los renglones pertenecientes a ese partido, sin invadir la órbita
decisional del otro partido, en este caso el MAIS.
57. Explicó que la coalición Pacto Histórico – Frente Amplio fue posterior a la
consulta, de manera que no le era oponible a la coalición ni al MAIS, de ahí que, en
su criterio, la decisión del Consejo Nacional Electoral, si bien no anuló la coalición
«la dejó sin efectos pues solo permitiría que la lista estuviera conformada por las
personas que participaron en la consulta interna».
58. Indicó que no se encuentra expresamente prohibido que las colectividades que
celebren una consulta puedan con posterioridad a esta realizar una coalición.
59. Precisó que se está limitando su derecho a elegir, pues el MAIS es una minoría
político que no alcanzó el 15 % de los votos en las elecciones del 2022, bajo las
reglas fijadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia con
radicado 70001-23-33-000-2023-00157-02, al ordenar que la coalición solo inscriba
candidatos del Pacto Histórico.
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Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
60. Expuso que el acto cuestionado adolece de falta de competencia por parte del
Consejo Nacional Electoral, en atención a que según lo previsto por el artículo 265
de la Constitución Política a dicha autoridad le corresponde decidir sobre la
revocatoria de la inscripción de aquellos candidatos que están incursos en causal de
inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, y la autoridad demandada no
abordó esa situación, pues las referidas causales son de contenido restrictivo y
taxativo.
61. Señaló que se vulneró el derecho a la igualdad, y se desconoció el precedente
administrativo. A su juicio, en el caso Guaviare (Resolución 0796 de 2025) el Consejo
Nacional Electoral dirimió una tensión análoga entre la consulta interna y la
conformación posterior de una coalición bajo el mismo marco normativo. Adujo que,
en ese asunto, la autoridad electoral no anuló estructuralmente la lista ni mucho
menos subordinó integralmente su configuración a los resultados estrictos de la
consulta, ni tampoco introdujo un parágrafo con efectos generales que neutralizara
la autonomía del partido coaligado.
62. Sostuvo que, en aplicación del test de igualdad, desarrollado por la Corte
Constitucional, debió decidirse lo mismo en la decisión de revocatoria de su caso,
porque coinciden los siguientes elementos:
• Existencia de una consulta interna previamente celebrada por una
colectividad política.
• Posterior conformación de una coalición electoral.
• Aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 en armonía con los artículos
107 y 262 de la Constitución Política.
• Intervención del Consejo Nacional Electoral frente a la configuración final de
la lista de candidatos.
63. Señaló que existió un trato diferenciado, pues no se trató de una variación menor
o circunstancial, sino de una diferencia estructural en el alcance de la intervención
administrativa.
64. Indicó que no se encuentra justificada constitucionalmente el trato diferenciado,
pues el asunto no versa sobre materias económicas o tributarias, ni sobre desarrollos
de competencias legislativas. Precisó que como se afectó el derecho a la
participación política al neutralizar la participación efectiva del MAIS dentro de la
coalición y alteró su capacidad de representación. Por tanto, en su criterio debe
realizarse el análisis bajo un juicio estricto de igualdad.
65. En esos términos, consideró que no se demostró que existiera un riesgo grave
para los derechos de quienes participaron en la consulta, máxime cuando obra en el
expediente la manifestación expresa de varios de ellos aceptando la ampliación de
la coalición.
66. En cuanto a la conducencia para alcanzar la finalidad propuesta, expuso que, en
principio, condicionar formalmente la lista a los resultados de la consulta podría
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
parecer abstractamente adecuado para preservar coherencia interna, lo cierto es que
los propios participantes de la consulta manifestaron su conformidad con la
ampliación, de ahí que la exclusión del candidato del MAIS no era necesaria para
proteger los derechos derivados de la consulta.
67. Asimismo, en relación con el juicio estricto de la necesidad, existían alternativas,
pues era posible armonizar la consulta con la coalición respetando la autonomía del
partido coaligado; se podía valorar el acuerdo de los participantes, adoptar una
solución puntual y no estructural, o, requerir pruebas adicionales antes de imponer
una exclusión total. A su juicio, el Consejo Nacional Electoral optó por la medida más
restrictiva posible, sin demostrar que fuera la única medida disponible.
68. Finalmente, respecto de la proporcionalidad, expuso que el sacrificio del
pluralismo y de la representación del MAIS fue desproporcionado frente al beneficio
obtenido – preservar formalmente el orden derivado de la consulta.
69. De otra parte, indicó que se vulneró su derecho al debido proceso por la
modificación material de la decisión. Lo anterior, porque el texto sometido a votación
en audiencia por los integrantes del Consejo Nacional Electoral fue leído
públicamente y no contenía el parágrafo segundo que posteriormente apareció en la
versión escrita notificada.
70. Expuso que la gravedad «se acentúa si se compara con el caso Guaviare, donde
no se incluyó un parágrafo similar. La diferencia demuestra que el parágrafo no era
accesorio, sino determinante, teniendo en cuenta que la aprobación del proyecto fue
hecha bajo la versión leída». Entonces, al haber sido así votada se trata pues de la
manifestación de la voluntad del CNE como autoridad administrativa, razón por la
cual se trató de un acto administrativo verbal, modificado «bajo el subterfugio de
corregir la notificación cambiando materialmente el sentido de la decisión aprobada
por los miembros del CNE».
71. Adujo que existió una omisión probatoria que no fue tenida en cuenta por el
Tribunal, relacionada con la facultad y deber del CNE de decretar pruebas de oficio
para verificar el estado de los avales y la voluntad de los precandidatos que
participaron en la consulta. Manifestó que esa circunstancia era determinante para
establecer si existía realmente una afectación a los derechos derivados de la
consulta.
72. Por último, cuestionó el argumento de la preclusión del calendario electoral, pues
la situación que dio lugar a la controversia fue generada por la propia resolución de
revocatoria y por la incorporación del parágrafo cuestionado. Señaló que no se
trataba de reabrir indefinidamente el proceso electoral, sino de restablecer un
derecho afectado por una actuación administrativa en sede constitucional. Precisó
que «si la idea del tribunal era centrarse en el calendario electoral pudo haber
declarado la carencia actual del objeto por daño consumado».
73. El señor Germán Andrés Pineda Baquero impugnó la anterior decisión.
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
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otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Sostuvo que existió un error estructural en el análisis del acto administrativo
cuestionado, al considerar que lo relevante no era el texto leído en audiencia sino lo
aprobado por la Sala Plena del CNE, lo cual, en su criterio, es jurídicamente
insostenible. Explicó que, tratándose de actos administrativos colegiados, la decisión
se perfecciona con su proclamación pública, y la lectura en audiencia constituye una
manifestación formal de la voluntad del órgano, de ahí que la notificación en estrados
fija el contenido del acto y este solo será susceptible de corrección por errores
formales, y no en cuanto alteraciones sustanciales.
74. Expuso que existió un desconocimiento del principio de confianza legítima
porque «durante la audiencia pública varios magistrados manifestaron que la
inscripción se realizó dentro del término legal, el aval del partido MAIS era válido, no
se encontraba acreditada inhabilidad y esa manifestación generó una expectativa
legítima».
75. Indicó que el Tribunal omitió el estudio sistemático del régimen de coaliciones,
aplicando de manera automática el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011.
76. Reprochó la aplicación que se hizo del principio de preclusión electoral, pues a
pesar de que la incertidumbre fue generada por el CNE y existía un recurso
interpuesto por el Ministerio Público, la firmeza del acto era objeto de controversia y
la modificación posterior alteró el escenario jurídico.
77. Manifestó que la decisión impugnada no contrastó el texto leído con el aprobado,
no analizó la magnitud de la modificación, no explicó por qué la alteración sustancial
podía considerarse como un error formal y no examinó el alcance del artículo 41 del
CPACA frente a actos electorales.
78. Señaló que la proximidad de la fase de impresión de tarjetones configuraba un
perjuicio irremediable por el paso del tiempo, pues una vez impresos los tarjetones
«no es posible reincorporar candidatos, no es posible restablecer la oferta electoral
y cualquier decisión posterior sería inocua».
79. Adujo que no puede sostenerse simultáneamente que la coalición subsiste, pero
no puede actuar y ninguno de sus integrantes puede ejercer derechos. Entonces, la
Resolución 0844 del Consejo Nacional Electoral revocó un candidato, mantuvo
vigente la coalición, autorizó la modificación hasta el 8 de febrero y condicionó dicha
modificación; no obstante, no estableció la disolución de la coalición ni un mecanismo
claro de recomposición.
80. Por último, concluyó que las resoluciones cuestionadas incurrieron en vicios
procedimentales, en falsa motivación, en indebida aplicación normativa y en
desconocimiento de la autonomía partidaria. Adicionalmente, produjo una situación
de imposibilidad jurídica de cumplimiento, que resulta incompatible con el principio
de eficacia administrativa.
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
CONSIDERACIONES
Competencia
81. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
82. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 20 de febrero de 2026, por el
Tribunal Administrativo del Meta, mediante el cual negó el amparo de los derechos
fundamentales del señor José Manuel Sandoval Garzón y del Movimiento Alternativo
Indígena y Social.
83. Para ello, en primer lugar, verificará si se configuró una carencia actual de objeto
por hecho sobreviniente. Sólo en caso negativo, deberá determinarse si el Consejo
Nacional Electoral vulneró sus derechos fundamentales al proferir la Resolución
0844 del 5 de febrero de 2026.
Análisis de la Sala
Configuración de carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
84. La Corte Constitucional ha establecido que, cuando una acción de tutela pierde
su sustento por la alteración o la desaparición de las circunstancias en virtud de las
cuales se alegó la vulneración de derechos fundamentales, se configura el fenómeno
proceso de carencia actual de objeto5. Además, ha explicado que ello puede
presentarse en tres eventos: (i) el hecho superado, que tiene lugar «cuando la
amenaza o vulneración cesan porque el accionado, “por un acto voluntario”, [es decir,
sin intervención del juez constitucional], satisfizo la prestación solicitada por el
accionante»6; (ii) el daño consumado, que se materializa «cuando “la amenaza o la
vulneración del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía
evitar con la acción de tutela”»7; y (iii) la situación sobreviniente, predicable frente a
escenarios que no encuadran en las dos categorías anteriores, en virtud de los
cuales, «igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no [surtiría] ningún efecto y por lo tanto [caería] en el vacío»8.
85. En el presente asunto, tanto el señor José Manuel Sandoval Garzón y el
Movimiento Alternativo Indígena y Social alegaron que existió una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, toda vez que, en
su criterio, existió una diferencia entre lo leído en la audiencia pública del 5 de febrero
5 Sentencia T-200 de 2022.
6 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
7 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
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Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de 2026, y el texto posteriormente remitido de la Resolución 0844 de 2026. Lo
anterior, pues cuando se notificó en estrados la decisión se anunció un parágrafo
que permitía modificar la lista dentro del término legal, mientras que el texto
finalmente remitido incorporó un parágrafo que condicionó dicha modificación a los
resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025.
86. Asimismo, los accionantes manifestaron que a través de la Resolución 0893 no
se corrigió un simple yerro en la notificación, sino que se materializó una alteración
al acto administrativo, lo cual desconoce el principio de seguridad jurídica y desborda
los límites establecidos en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011.
87. Finalmente, indicaron que la Resolución 0918 de 2026 mantuvo esas
irregularidades, lo cual, ante la proximidad del vencimiento del término para modificar
las candidaturas y de la jornada electoral, afecta real e inmediatamente sus derechos
políticos.
88. Ahora bien, las pretensiones del presente proceso buscan que se ordene a la
Registraduría Nacional del Estado Civil inscribir al señor Sandoval Garzón como
candidato del partido MAIS y adoptar de inmediato las actuaciones necesarias para
garantizar su participación y la de dicha colectividad en el proceso electoral; que se
prevenga a la Registraduría para que no le dé efectos jurídicos a actos
administrativos con vicios sustanciales de notificación; que se ordene al Consejo
Nacional Electoral revocar parcialmente el parágrafo segundo de la Resolución 0844
de 2026 en lo relativo a la limitación derivada de los resultados de la consulta del 26
de octubre de 2025, así como permitir al partido MAIS inscribir sus candidatos sin la
restricción del plazo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y que se expida un nuevo
acto administrativo que elimine la expresión limitante incluida en dicho parágrafo.
89. Sería del caso abordar los argumentos propuestos en los escritos de
impugnación y determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la providencia
recurrida; no obstante, la Sala observa que, el pasado 8 de marzo se celebraron las
elecciones al Congreso de la República en las cuales tanto el señor Sandoval Garzón
y el partido MAIS pretendían participar. Dado que no es posible retrotraer la situación
al estado anterior a la jornada electoral para, en caso de prosperar el amparo,
impartir las órdenes que permitieran su participación en dichos comicios, resulta
imperativo concluir que en el presente asunto se configuró una carencia actual de
objeto por hecho sobreviniente910. En efecto, al desaparecer el presupuesto fáctico
9 La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencias del 2 de noviembre de 2023 (radicado
50001-23-33-000-2023-00251-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil) y del 8 de febrero de 2024
(radicado 68001-23-33-000-2023-00503-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez) llegó a la misma
conclusión. En ambos casos, se trataba de acciones de tutela encaminadas a dejar sin efectos las
decisiones mediante las cuales se revocó la inscripción de candidatos para las elecciones territoriales
del 29 de octubre de 2023, específicamente para la Alcaldía de Landázuri (Santander) y la Asamblea
Departamental del Vichada. Dado que los comicios se celebraron durante el trámite de las solicitudes
de amparo, en ambas providencias se declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
10 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de enero de
2026, (radicado 47001-23-33-000-2025-00304-01, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez), dictada en un
caso en el cual se pretendía la suspensión de la inscripción de dos candidatos a la gobernación del
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Radicación: 50001-23-33-000-2026-00049-01
(acumulado)
Accionante: José Manuel Sandoval Garzón y
otros
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
que hacía posible una protección material y efectiva de los derechos invocados,
cualquier orden orientada a habilitar su participación carecería de aptitud real para
producir el resultado perseguido por los accionantes.
90. En conclusión, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará la carencia actual de objeto por haberse configurado una situación
sobreviniente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
MODIFICAR la sentencia del 20 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN
SOBREVINIENTE, por lo razonado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a
continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente, puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
Magdalena para las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025, sostuvo lo siguiente: «sin
embargo, lo cierto es que actualmente la situación que pretendía evitarse ya ocurrió, pues ya se llevó
a cabo la elección y ya declaró a uno de los candidatos como gobernador del departamento, lo que
permite concluir que en el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por una situación
sobreviniente consistente en la variación de los hechos que dieron lugar a la instauración de la acción
y que impide que las pretensiones se materialicen».
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