Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00304-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00304-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2025-00304-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 47001-23-33-000-2025-00304-01
Accionantes: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Tema: Tutela para lograr suspensión de inscripción de candidatos para la elección
atípica del gobernador del Magdalena y por falta de una decisión respecto
a la revocatoria de inscripción. REVOCA SENTENCIA - DECLARA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE. EXHORTA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 24 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, a través de la cual negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
El señor Miguel Ignacio Martínez Olano pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al «debido proceso y la legalidad electoral», «participación política
limpia y leal», igualdad, y «moralidad y transparencia administrativa y electoral», los
cuales considera vulnerados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la
Registraduría Nacional del Estado Civil y los señores Rafael Emilio Noya García y
María Margarita Guerra, por no suspender la inscripción de las candidaturas de las
personas mencionadas para la elección atípica del gobernador del Magdalena y la
falta de resolución de las solicitudes de revocatoria de inscripción antes del 8 de
noviembre de 2025.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La parte accionante narró que dentro del proceso con radicado CNE-E-DG-2025-
024569, mediante Auto 611 del 23 de octubre de 2025, el Consejo Nacional
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Electoral avocó conocimiento y decretó práctica de pruebas dentro de la
investigación por doble militancia e inhabilidad sobreviniente de la ciudadana María
Margarita Guerra, candidata a la Gobernación del Magdalena, quien renunció
extemporáneamente a su curul como diputada de Fuerza Ciudadana.
Que a su vez, en el proceso con radicado CNE-E-DG-2025-025391, por medio del
Auto del 24 de octubre 2025, dicho organismo avocó conocimiento de la
investigación del ciudadano Rafael Emilio Noya García, aspirante a la Gobernación
referida, por doble militancia, dado que su elección como diputado fue declarada
nula por el Consejo de Estado el 21 de agosto de 2025, sin que se hubiere definido
su pertenencia entre los partidos MAÍZ o Fuerza Ciudadana, ni se haya formalizado
su renuncia a las colectividades.
Que ambos ciudadanos ejercieron autoridad administrativa y política como
diputados activos de la Asamblea Departamental del Magdalena, lo que configura
una inhabilidad objetiva, según el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000,
pues participaron en decisiones de control político y ordenanzas dentro de los 12
meses previos a su inscripción como candidatos, a pesar de lo cual sus
inscripciones se mantienen vigentes ante la Registraduría Nacional.
Afirmó que era candidato para las elecciones a la Gobernación del Magdalena del
23 de noviembre de 2025 y el 8 de ese mes y año fue fijado como la fecha límite
para la revocatoria de las inscripciones, acorde con el calendario electoral para las
elecciones atípicas de esa fecha, por lo cual solicitó dicha revocatoria.
Que la inactividad y tardanza de las autoridades electorales amenazaba con permitir
la participación irregular de los señores María Margarita Guerra y Rafael Emilio
Noya García, a pesar de que estaban inhabilitadas, lo que desnaturalizaría el
principio democrático y afectaría la transparencia del proceso.
PRETENSIONES
Solicitó que se ordene i) al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil adoptar de inmediato las medidas necesarias para suspender las
inscripciones de los ciudadanos María Margarita Guerra y Rafael Emilio Noya
García, por encontrarse incursos en causales de inhabilidad y doble militancia y ii)
que la decisión de fondo sobre la revocatoria se profiriera antes del 8 de noviembre
de 2025, garantizando la eficacia de la tutela y el cumplimiento del calendario
electoral.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 10 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se negó la medida provisional
pedida; y se corrió el traslado respectivo.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que no ha amenazado ni
transgredido los derechos fundamentales de la parte actora, pues cumplió
cabalmente sus funciones respecto a la inscripción de candidatos para la nueva
elección de gobernador de Magdalena programada para el 23 de noviembre de
2025.
Además, adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la
pretensión tendiente a revocar la inscripción de las candidaturas de los ciudadanos
María Margarita Guerra y Rafael Emilio Noya García es competencia del Consejo
Nacional Electoral, de conformidad con el numeral 12 del artículo 265 de la
Constitución y el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011. En consecuencia, solicitó negar
la acción.
El Consejo Nacional Electoral se limitó a solicitar una ampliación del término
concedido para rendir informe, debido a la carga laboral y la necesidad de recopilar
y verificar la información, sin que allegara posteriormente algún informe adicional.
La señora María Margarita Guerra Zúñiga pidió declarar improcedente la tutela,
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que el mecanismo de
revocatoria de inscripción de su candidatura está en trámite ante el Consejo
Nacional Electoral, autoridad competente para adoptar una decisión sobre el
particular.
Señaló que el acto administrativo de inscripción de candidaturas en elecciones
populares no es demandable autónomamente ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ni ante el juez constitucional, por tratarse de un mero acto de trámite
dentro del proceso electoral, acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por último, pidió vincular a los partidos Ecologista y Comunes, así como al
movimiento Fuerza Ciudadana a la presente acción, porque participaron en la
inscripción de su candidatura.
El señor Rafael Emilio Noya García solicitó declarar improcedente la acción ante
la falta de satisfacción de la exigencia de la subsidiariedad, puesto que la discusión
sobre la existencia de la doble militancia y la inhabilidad sobreviniente derivada del
ejercicio de autoridad debe ser resuelta en las vías ordinarias por el Consejo
Nacional Electoral y/o por el juez de nulidad electoral.
Sostuvo que no ha realizado alguna acción u omisión que constituya una amenaza
o vulneración directa a los derechos del accionante, pues su participación en el
proceso electoral se limita a ejercer su derecho a ser elegido.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 24 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la
solicitud de vinculación presentada por la señora María Margarita Guerra, por
carecer de sustento, y la protección de los derechos fundamentales del actor.
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Sobre este último aspecto, determinó que las solicitudes de revocatoria de las
candidaturas están siendo tramitadas bajo el procedimiento administrativo general
previsto en la Ley 1437 de 2011, al no existir una norma especial para dicho trámite,
por lo cual la presunta omisión atribuida al Consejo Nacional Electoral no tiene
soporte, en la medida que el plazo general para que emita un pronunciamiento es
de 15 días, según el artículo 14 del CPACA, lo que evidenciaba que se encontraba
en término para decidir, pues este finalizaba el 28 de noviembre de 2025.
Precisó que, si bien es cierto las elecciones atípicas para la elección de gobernador
del departamento del Magdalena se llevaron a cabo el 23 de noviembre de ese año,
no lo es menos que dicha entidad conservaba la obligación de resolver la solicitud
presentada, sin que para esa fecha existiera mora o desconocimiento del debido
proceso administrativo.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que no es cierto que el Consejo
Nacional Electoral contara con un término de 15 días para decidir, pues la solicitud
presentada no constituye una mera petición general, sino un pedimento de
revocatoria de inscripción de candidaturas, por lo que estaba sometida a plazos
perentorios del proceso electoral, siendo el 8 de noviembre de 2025 la fecha límite
para resolver las revocatorias de inscripción conforme al calendario electoral, por lo
cual se vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo y electoral.
Señaló que el Tribunal desconoció que la omisión del Consejo Nacional Electoral
produjo un perjuicio consumado, pues la elección se realizó el 23 de noviembre de
2025, con lo cual se le obligó a trasladar la controversia a una nulidad electoral
mucho más gravosa para el «sistema» y para él.
Que está demostrado que la ciudadana María Margarita Guerra incurrió en una
inhabilidad sobreviniente objetiva y en doble militancia, lo cual no podía ser
desconocido por el juez de tutela de primera instancia.
Expuso que la autoridad judicial constitucional además confundió el requisito de
subsidiariedad y no tuvo en cuenta que el único mecanismo eficaz antes de las
elecciones es la acción de tutela e inclusive con posterioridad, cuando la omisión
administrativa vulneró la transparencia.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de tutela y ordenar al Consejo Nacional
Electoral resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de los ciudadanos y
adoptar las medidas provisionales para evitar el mantenimiento de situaciones
contrarias a la transparencia electoral, así como las necesarias para el
restablecimiento del derecho.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) carencia actual de objeto y iii)
caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Carencia actual de objeto
La Corte Constitucional ha considerado que existen circunstancias en las que la
acción de tutela pierde su razón de ser, debido a que la orden que eventualmente
se dicte sería inocua o ineficaz, por las particularidades del asunto y, en esa medida,
se presenta una carencia actual de objeto1.
El máximo tribunal constitucional ha sostenido que aquella puede ocurrir en los
siguientes escenarios: cuando en el trámite de la acción i) se supera la situación
que ponía en riesgo o transgredía los derechos fundamentales, caso en el cual se
estructura un hecho superado; ii) no haya forma de evitar el daño que buscaba
impedirse, suceso en el que se configura un daño consumado o iii) la protección no
sea necesaria, por nuevos hechos o una variación de estos, evento en el cual se
está ante una situación sobreviniente.
Análisis del caso concreto
A esta Sala correspondería verificar si el Consejo Nacional Electoral vulneró los
derechos fundamentales del actor reclamados en protección por omitir suspender
la inscripción de los candidatos María Margarita Guerra y Rafael Emilio Noya García
para las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025 y no resolver sus
solicitudes de revocatoria de dichas inscripciones antes del 8 de ese mes y
anualidad.
Sin embargo, se observa que, con posterioridad a la instauración de esta acción
variaron las circunstancias expuestas en el escrito inicial, pues en la fecha prevista
para ese efecto fue elegida como gobernadora del departamento del Magdalena la
ciudadana María Margarita Guerra Zúñiga.
En ese orden de ideas, esta Subsección observa que actualmente no resulta
fácticamente viable acceder a las pretensiones primigenias de la parte actora, en
1 Al respecto, ver, entre otras, sentencias: T002/21, SU522/19 y T038/19.
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tanto no es procedente ordenar a las autoridades electorales la suspensión de la
inscripción de los ciudadanos mencionados ni mucho menos que las peticiones de
revocatoria se resuelvan «antes del 8 de noviembre de 2025, garantizando la
eficacia de la tutela y el cumplimiento del calendario electoral», ante la existencia
de un acto administrativo definitivo que declaró electa a la candidata señalada y el
hecho de que ya transcurrió la fecha indicada.
En efecto, si bien es cierto que mediante la Resolución 12289 del 25 de septiembre
de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario electoral
con las etapas preclusivas que debían desarrollarse para la elección del gobernador
del departamento de Magdalena, en el cual se dispuso que el 8 de noviembre de
2025 vencía el plazo para la modificación por revocatoria de inscripción de
candidatos por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o
evidenciada con posteridad a la inscripción, lo cierto es que dicha fecha ya pasó, lo
que impide eventualmente acceder a lo pretendido.
Obsérvese que en el recurso de impugnación el accionante alega la configuración
de un daño consumado y el perjuicio causado por tener que acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, debido a que el Consejo Nacional Electoral no
adoptó una decisión de fondo respecto a la revocatoria de inscripción de los
candidatos a la Gobernación del Magdalena antes de la fecha de las elecciones.
Sin embargo, lo cierto es que actualmente la situación que pretendía evitarse ya
ocurrió, pues ya se llevó a cabo la elección y ya se declaró a uno de los candidatos
como gobernador del departamento, lo que permite concluir que en el presente
asunto se configura la carencia actual de objeto por una situación sobreviniente
consistente en la variación de los hechos que dieron lugar a la instauración de la
acción y que impide que las pretensiones se materialicen.
En todo caso, se advierte que, a pesar de que para el momento en que se interpuso
la impugnación ya se habían celebrado las elecciones, el recurrente pidió que se
ordenara al Consejo Nacional Electoral adoptar una decisión de fondo sobre las
solicitudes de revocatoria de inscripción de los candidatos María Margarita Guerra
y Rafael Emilio Noya, que radicó.
Al respecto, se observa que dentro del expediente no obra prueba alguna de que a
la fecha el Consejo Nacional Electoral se haya pronunciado sobre dichas solicitudes
presentadas por el actor el 6 de noviembre de 2025, pese haber transcurrido más
de dos meses desde su radicación e inclusive, como se vio, haberse declarado
electa a uno de los candidatos inscritos.
En ese orden de ideas, si bien no resulta procedente dictar una orden sobre el
particular, en la medida que las pretensiones iniciales únicamente dirigieron a que
se ordenara la suspensión de la inscripción de los candidatos indicados y a que se
adoptara una decisión de fondo antes del 8 de noviembre de 2025, sí resulta
procedente exhortar al Consejo Nacional Electoral para que, en caso de que no lo
haya hecho, adopte una decisión célere respecto a las peticiones elevadas por el
solicitante del amparo, dentro del marco de sus competencias.
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En consecuencia, se revocará la sentencia del 24 de noviembre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en cuanto negó el amparo solicitado
y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente
y se exhortará a la autoridad electoral mencionada en los términos expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 24 de noviembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en cuanto negó el amparo solicitado y, en
su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. EXHORTAR al Consejo Nacional Electoral para que, en caso de que no
lo haya hecho, adopte una decisión célere respecto a las peticiones elevadas por el
solicitante del amparo el 6 de noviembre de 2025, dentro del marco de sus
competencias.
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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