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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00503-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00503-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modifíquese el fallo impugnado y, en su lugar, declárase la carencia actual de objeto por situación sobreviniente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2023-00503-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de febrero de 2024

Demandante: Luis Ángel Hernández Patiño
Demandados: Consejo Nacional Electoral y otro
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00503-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00503-01
Demandante: LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ PATIÑO
Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO

Temas: Tutela contra acto administrativo- carencia actual de objeto
por situación sobreviniente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra el fallo de 25 de octubre de 2023, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Santander denegó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Luis Ángel Hernández Patiño instauró acción de tutela contra el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al
debido proceso, a la defensa, a la igualdad y los derechos políticos, los cuales
consideró vulnerados con la expedición de la Resolución 10698 de 25 de
septiembre de 2023, por medio de la cual se revocó la inscripción del señor
Ricardo Bernal Torrez, avalado por el Movimiento Alianza Democrática Amplia-
ADA-, a la Alcaldía Municipal de Landázuri, Santander, para participar en las
elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.

Pidió que se suspenda la aplicación de dicho acto administrativo en mención y
se permita al mencionado señor continuar en la participación de las próximas
elecciones territoriales.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

El señor Ricardo Bernal Torrez, candidato frente al cual el actor manifiesta su
intención de voto, fue sancionado administrativamente con destitución e
inhabilidad de doce años, mediante Resolución 014 de 20 de junio de 2019
proferida por la Procuraduría Provincial de Vélez, por haber incurrido en falta
disciplinaria gravísima al suscribir, en su condición de alcalde de Landázuri, el
convenio de asociación y apoyo 131 de 2015 con la fundación Opción

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Colombia, FUNDACOL.

En segunda instancia, la Procuraduría Regional de Santander confirmó el acto
anterior, mediante la Resolución PRS-SI-00-055 de 29 de noviembre de 2019,
decisiones contra las cuales se instauraron las respectivas acciones judiciales.

En el mes de junio de 2023 se inscribió la candidatura del señor Ricardo
Bernal de alcalde Municipal de Lan dázuri, Santander, para las elecciones
territoriales de 29 de octubre de 2023.

Mediante auto 117-MMA-2023 de 16 de agosto de 2023, el Consejo Nacional
Electoral avocó conocimiento de la solicitud de revocatoria de la inscripción del
candidato Ricardo Bernal Torrez, avalado por el Movimiento Alianza
Democrática Amplia, ADA, y tras continuarse con las etapas del proceso
administrativo, dentro de este se indicó que en cuanto a la inhabilidad especial
de doce (12) años inscrita en razón de los antecedentes disciplinarios
reportados por la Procuraduría General de la Nación, esta proviene de una
autoridad administrativa, mas no jurisdiccional, por lo que se solicitó a la
entidad accionada negar la petición de revocatoria en cuestión.

A través de la Resolución 10698 de 25 de septiembre de 2023, la Sala Plena
del Consejo Nacional Electoral decidió revocar el acto de inscripción de la
candidatura de Ricardo Bernal Torrez, a la Alcaldía Municipal de Landázuri,
Santander, por el Movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA, acto que fue
confirmado con la Resolución 12570 de 5 de octubre de 2023. Tales
resoluciones fueron notificadas mediante audiencia pública celebrada el mismo
día de su expedición.

1.3. Sustento de la petición

La parte actora manifestó que la resolución cuestionada vulneró el debido
proceso, porque desconoció que se allegaron las pruebas que demuestran que
la sanción impuesta al señor Bernal Torrez no está en firme, dado que está
siendo controvertida en dos procesos judiciales vigentes, además que proviene
de una autoridad administrativa mas no judicial.

Precisó que también se desconocieron los precedentes nacionales e
internacionales que determinan que la Procuraduría General de la Nación no
tiene competencia para sancionar con suspensión o destitución a servidores
públicos de elección popular, así como se obvió lo contenido en el artículo 23.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual solo un
juez penal, a través de sentencia en firme, tiene la potestad de separar del
cargo de elección popular al funcionario público.

Citó varios pronunciamiento del Consejo de Estado y de tribunales
administrativos del país sobre la facultad para restringir derechos políticos de
funcionarios elegidos popularmente, la cual no fue asignada a entes
administrativos como la Procuraduría General de la Nación.

Indicó que la entidad en mención impuso una sanción administrativa al
candidato Ricardo Bernal Torrez, pero contra él no se adelantó ningún tipo de

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investigación penal ni de responsabilidad fiscal, n i hubo daño patrimonial a la
Nación, ni ha tenido o tiene condena penal, por lo que no es posible deducir
una investigación que pueda ser calificada como un hecho de corrupción.

Aseveró que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021, es
claro que mientras esté en curso un recurso de revisión, la ejecución de la
sanción debe quedar suspendida, como acontece en el presente caso en el
cual no se encuentra en firme, al estar vigente un recurso contra ella.

Invocó la lesión de su derecho a elegir, así como el derecho a elegir de sus
vecinos del municipio de Landázuri, lo que implica que cada ciudadano puede
elegir libre, directamente y en condiciones de igualdad a quien lo representa en
sus elecciones políticas.

Señaló que ejerce la presente acción de tutela como mecanismo residual y
subsidiario, teniendo en cuenta que las elecciones son el 29 de octubre de
2023.

1.4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 9 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de
accionadas. De igual forma, dispuso la viculación de la Procuraduría Provincial
de Velez, Santander, y de la Procuraduría Regional de Santander como
terceros con interés.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.4.1. La Procuraduría General de la Nación, a través del jefe de la Oficina
Jurídica de la entidad, manifestó que no ha lesionado los derechos
fundamentales de la parte actora. Adujo que la entidad sí tiene competencia
para sancionar a funcionarios elegidos popularmente, la cual se deriva del
artículo 277, numeral 6º de la Constitución Política y de la abundante
jurisprudencia de la Corte Constitucional, corporación que finiquitó la discusión
sobre el particular a través de la sentencia C-030 de 2023, razón por la cual sí
podía ejercer su potestad disciplinaria frente al ciudadano Ricardo Torrez.

Agregó que la acción de tutela es improcedente para cuestionar actos
sancionatorios, más cuando se encuentra en curso un medio de control
instaurado por el sancionado.

1.4.2. El Consejo Nacional Electoral, por conducto del profesional
universitario adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial de la
entidad, señaló que la acción de tutela es improcedente ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, pues contra los actos administrativos
acusados procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil se opuso a las

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pretensiones de la demanda con sustento en que el Consejo Nacional
Electoral es el llamado a efectuar la revocatoria de las candidaturas, por lo que
la entidad no vulneró derechos fundamentales del tutelante.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante fallo de 25 de octubre de
2023, denegó las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente:

Precisó que el actor sí está legitimado en la causa por pasiva, comoquiera que
los actos administrativos de carácter electoral pueden ser controvertidos por
cualquier persona, según ha sido precisado por el Consejo de Estado, aunado
a que el derecho a elegir y ser elegido previsto en el artículo 40 de la
Constitución Política, al ser de carácter superior, es de titularidad del
accionante quien se ve afectado por la revocatoria de inscripción de su
candidato.

Superó el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, con sustento en que si
bien existe otro mecanismo de defensa judicial, este perdería su eficacia pues
las elecciones se llevarían a cabo el 29 de octubre de 2023, por lo cual no se
podría garantizar el derecho pretendido que es a elegir su candidato preferido
ante la revocatoria de la inscripción de la candidatura.

Al analizar de fondo, consideró que las resoluciones cuestionadas tuvieron
fundamento en el deber de inspección y control de la actividad electoral que
está en cabeza del Consejo Nacional Electoral en virtud de lo dispuesto en los
artículos 108 y 265 de la Constitución Política, cuando se advierta la
configuración de causales de inhabilidad previstas en la Carta Superior y en la
ley.

Por ende, al haberse acreditado la sanción disciplinaria impuesta al candidato
para el cargo de elección popular por parte de la Procuraduría Provincial de
Vélez, Santander, que consistió en destitución e inhabilidad general para el
ejercicio de cargos públicos por el término de doce (12) años, era claro que la
entidad pretendía proteger las garantías constitucionales de candidatos y
electores, y se fundamentó en una sanción disciplinaria vigente.

Agregó que si bien cursa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la sanción que fue sustento de la revocatoria de la inscripción decretada
por el Consejo Nacional Eletoral, esta no ha sido declarada nula y goza de
validez, al mismo tiempo que está revestida de la presunción de legalidad del
acto administrativo.

1.7. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, bajo los siguientes
términos:

Indicó que el a quo se limitó a validar lo manifestado por el Consejo Nacional
Electoral en los actos acusados, y no realizó una valoración objetiva ni tuvo en
cuenta el bloque de constitucionalidad, dejando de lado los derechos del

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funcionario de elección constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Le corresponde a esta Sala conocer de la impugnación presentada por la parte
actora, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 1, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe establecer si la
solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de
superarse lo anterior, si se transgredieron sus derechos fundamentales a elegir
y ser elegido, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y los derechos
políticos, con la expedición de la Resolución 10698 de 25 de septiembre de
2023, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción
del señor Ricardo Bernal Torrez, avalado por el Movimiento Alianza
Democrática Amplia- ADA-, a la Alcaldía Municipal de Landázuri, Santander,
para participar en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.

2.3. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

Adicionalmente, se precisa que el numeral primero de la citada norma
estableció lo siguiente:

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante.”

1 Modif icado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

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De modo que, la única excepción a la regla de la improcedencia de la acción
de tutela cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, es la existencia de un perjuicio
irremediable el cual se configura según la Corte Constitucional “…cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que
afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto
de medidas impostergables que lo neutralicen…”3.

Al momento de analizar si en un caso particular se está ante un perjuicio
irremediable que justifique el amparo transitorio, deben evaluarse en conjunto
los siguientes elementos, los cuales han sido definidos de forma reiterativa bajo
los siguientes términos4:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.

ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.

iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la condición
de amenaza del derecho fundamental.

iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

2.3. De la carencia actual de objeto por situación sobreviniente

En relación con la carencia actual de objeto, es bien sabido que al interior de la
acción de tutela pueden generarse circunstancias que impliquen una
desaparición del objetivo de la misma dentro de su trámite, que hacen que
cualquier decisión de fondo sea inocua, ya sea por hecho superado (cuando se
obtiene la protección del derecho invocado), daño consumado (porque se
consumó aquella situación que generaba la lesión) y situación sobreviniente.

En relación con esta última, que es objeto del presente análisis, la Corte
Constitucional, en sentencia SU- 316 de 2021, precisó lo siguiente:

“(…) Finalmente, la situación sobreviniente se configura en aquellos casos en
los que, entre la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo,
ocurre una variación en los hechos de tal forma que (i) el accionante asumió
una carga que no debía asumir; (ii) a raíz de dicha situación, perdió interés en
el resultado del proceso; o (iii) las pretensiones son imposibles de llevar a
cabo. En este escenario, a diferencia del hecho superado, la presunta
vulneración de los derechos no cesa por una actuación inicialmente atribuible
a la entidad accionada, sino por circunstancias sobrevinientes en el curso del
proceso.

118. La Corte ha aplicado esta figura, por ejemplo, en aquellos casos en los

3 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés
Vargas Hernández.
4 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de

2014.

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que ya no es posible acceder a lo solicitado porque (i) la vulneración cesó en
cumplimiento de una orden judicial; (ii) la situación del accionante cambió, de
tal forma que ya no requiere lo que había solicitado inicialmente, por ejemplo,
por haber asumido una carga que no debía; y (iii) se reconoció un derecho a
favor del demandante, que hizo que perdiera su interés la tutela. En estos
casos, se concluyó que las situaciones de los accionantes no encajaban en el
supuesto de hecho superado ni daño consumado, toda vez que aquellos ya
habían perdido cualquier interés en la prosperidad de sus pretensiones, pero
ello no se debía a la satisfacción íntegra de las mismas por parte de la
entidad demandada ni a la consumación del perjuicio que pretendía evitarse.

119. En todo caso, se ha precisado que “El hecho sobreviniente remite a
cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez
de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto y por lo tanto caiga en el vacío”[118], por lo que esta no es una
categoría homogénea y completamente delimitada. Así, Sala Plena ha
destacado la importancia de este concepto para definir aquellas situaciones
frente a las que no había claridad en anteriores pronunciamientos, por no ser
asimilables a las definiciones del hecho superado ni el daño consumado[119].

120. En este orden de ideas, para que se configure la situación sobreviniente
según lo que ha expuesto la jurisprudencia hasta el momento, y sin pretender
delimitar esta categoría por completo, es necesario que (i) ocurra una
variación en los hechos que originaron la tutela; (ii) que dicha variación
implique la pérdida de interés del accionante en que se acceda a sus
pretensiones, o que estas no se puedan llevar a cabo; y (iii) que la alteración
en los hechos no sea atribuible a una conducta voluntariamente asumida por
la parte accionada (…)”.

2.4. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales han sido vulneradas
por el Consejo Nacional Electoral con la expedición de la Resolución 10698 de
25 de septiembre de 2023, por medio de la cual dicha entidad revocó la
inscripción del señor Ricardo Bernal Torrez, avalado por el Movimiento Alianza
Democrática Amplia- ADA-, a la Alcaldía Municipal de Landázuri, Santander,
para participar en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.

Invocó la lesión de su derecho a elegir libre, directamente y en condiciones de
igualdad a quien lo representa en sus elecciones políticas.

En primera instancia, el a quo denegó la acción de tutela con fundamento en
que las resoluciones cuestionadas se sustentaron en el deber de inspección y
control de la actividad electoral que está en cabeza del Consejo Nacional
Electoral en virtud de lo dispuesto en los artículos 108 y 265 de la Constitución
Política, cuando se advierta la configuración de causales de inhabilidad
previstas en la Carta Superior y en la ley.

Con la impugnación, el tutelante sostuvo que el fallo de primera instancia se
limitó a validar lo manifestado por el Consejo Nacional Electoral en los actos
acusados, y no realizó una valoración objetiva ni tuvo en cuenta el bloque de
constitucionalidad, dejando de lado los derechos del funcionario de elección
constitucional.

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Al revisar las pretensiones de la parte actora, se observa que existe carencia
actual de objeto por situación sobreviniente dado que las elecciones
territoriales se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023 y, por ende, al margen
del análisis sobre los reparos de fondo frente a la Resolución 10698 de 25 de
septiembre de 2023, objeto de cuestionamiento, se observa que el hecho de
que ya se efectuó el proceso electoral en cuestión conlleva a que cualquier
decisión que se adopte en relación con el mencionado acto administrativo
resultaría inocua.

Por consiguiente, los hechos que sustentaron este mecanismo de amparo
cambiaron ostensiblemente porque se pretendía la suspensión del acto
administrativo que revocó la inscripción del candidato predilecto del tutelante
para las elecciones de octubre de 2023, pero en el transcurso de la acción de
tutela estas se llevaron a cabo, por lo que que sobrevinieron situaciones que
implicaron la pérdida del interés del accionante en que se acceda a sus
pretensiones.

Así las cosas, se modificará el fallo impugnado para, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modifíquese el fallo impugnado y, en su lugar, declárase la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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