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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00535-00

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00535-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara Duvalier Sánchez Arango por el departamento del Valle del Cauca, periodo 2022-2026, promovida por el ciudadano Yoad Ernesto Pérez Becerra, por las razones expuestas. SEGUNDO: INFORMAR a las partes que contra la presente decisión procede recurso de apelación, en los términos del artículo 14 de Ley 1881 de 2018. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, COMUNICAR a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00535-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de abril de 2024

Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00535-00
Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango – representante a la Cámara,
periodo 2022-2026
Tema: Límite de financiación de campañas políticas – donaciones y
contribuciones individuales

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no encontrar circunstancia que lo impida, la Sala de decisión procede a
resolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por Yoad Ernesto
Pérez Becerra contra Duvalier Sánchez Arango, representante a la Cámara por
el departamento del Valle del Cauca, elegido para el periodo 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. El 6 de febrero de 2024, el señor Yoad Ernesto Pérez Becerra solicitó la
desinvestidura de Duvalier Sánchez Arango como representante a la Cámara
avalado por el partido político Alianza Verde, con sustento en la causal prevista
en el inciso séptimo del artículo 109 superior y regulada en los artículos 23, 24 y
26 de la Ley 1475 de 2011.

1.1. Concepto de la violación y configuración de la causal

2. En síntesis, el demandante afirmó que el accionado debe ser despojado
de su investidura porque su campaña superó el tope máximo de financiación
electoral establecido en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011.

3. Al respecto, indicó que el límite máximo del monto de gastos de las
campañas que determinó el Consejo Nacional Electoral, para cada una de las
listas de candidatos, inscritas por la circunscripción territorial de Valle del Cauca
para el periodo constitucional 2022-2026, fue de catorce mil novecientos ochenta
y cuatro millones trescientos veintidós mil ochocientos dieciséis pesos
($14.984.322.816).

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1

Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

4. Resaltó que, en el caso de listas con voto preferente, el monto máximo de
gastos por cada uno de los integrantes resultaba de dividir el monto máximo de
gastos de la lista por el número de candidatos inscritos.

5. Conforme lo anterior, adujo que el partido Alianza Verde inscribió trece
candidatos, razón por la que el monto máximo de gastos por cada uno de los
integrantes de aquella fue de mil ciento cincuenta y dos millones seiscientos
cuarenta mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y dos centavos
($1.152.640.216,62).

6. Manifestó que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011,
el porcentaje máximo (10%) de contribuciones y donaciones, provenientes de
privados, permitido para cada candidato por la circunscripción territorial del Valle
del Cauca ascendía a un monto de ciento quince millones doscientos sesenta y
cuatro mil veintiún pesos con sesenta y seis centavos ($115.264.021.66).

7. A partir del monto en comento, el actor se refirió al consolidado de
ingresos y gastos aportados por la organización política Alianza Verde 1 y
manifestó que era posible advertir que los aportes privados que ingresaron a la
campaña del accionado sobrepasaron el porcentaje máximo (10%) permitido
para el efecto.

8. En concreto, esgrimió que del informe individual de ingresos y gastos del
señor Sánchez Arango, presentado con carácter definitivo el día 3 de noviembre
del 2022 por el partido Alianza Verde al Fondo Nacional de Financiación de
Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral2, se evidencia
que aquel relacionó aportes de privados por un valor de cuatrocientos diecinueve
millones doscientos noventa y tres mil trescientos seis pesos ($419.293.306),
circunstancia que, según su dicho, supera el porcentaje máximo (10%) de
contribuciones y donaciones definido en la parte final del inciso primero del
artículo 23 de la Ley 1475 del 2011.

9. En lo atinente al elemento subjetivo, aseguró que el comportamiento del
demandado fue gravemente culposo, si se tiene en cuenta su formación
académica que comprende estudios profesionales en estudios políticos y
resolución de conflictos de la Universidad del Valle; de especialización en
innovación, nuevas tecnologías y gestión de ciudades inteligentes en la
Universidad Externado de Colombia. Además, fue candidato a la Gobernación
del Valle del Cauca.

10. Conforme la descripción de su trayectoria, sostuvo que su conducta fue
contraria a la ética, pues, con ella, se generó una ventaja injustificada frente a
los otros candidatos.

1 En relación con las elecciones al Congreso de la República celebradas el 13 de marzo de 2022.
2 En adelante CNE.

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

1.2. Pretensiones

11. La parte actora solicitó lo siguiente:

Primera. Declarar que el demandado DUVALIER SANCHEZ ARANGO incurrió
en la causal de pérdida de investidura establecida en el inciso séptimo del articulo
109 de la Carta Política reglamentado en los artículos 23 y 26 de la Ley 1475 de
2011.

Segunda. Que, como consecuencia del pronunciamiento anterior, se declare la
Pérdida de Investidura como Representante a la Cámara por la Circunscripción
Territorial del Valle del Cauca y la cancelación de la credencial que la
Organización Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil le expidió al
ciudadano DUVALIER SANCHEZ ARANGO C.C. No. 1.144.035.425, electo por
la lista inscrita el 13 de diciembre de 2021, y declarado elegido el 01 de abril de
2022, mediante acta emanada de la Comisión Escrutadora Departamental por el
PARTIDO ALIANZA VERDE, para el Periodo Constitucional 2022-2026 y
posesionado el 20 de julio del año 2022, y se declare la condigna inhabilidad y/o
inelegibilidad permanente para ocupar cargos por elección popular.

Tercera. Que se ordene la expedición de las comunicaciones respectivas al
Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la
Presidencia de la República y a la Cámara de Representantes, para lo de su
competencia.

Cuarta. Que se oficie a la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de
Representantes para lo de sus fines y competencia, de conformidad con lo
reglamentado por la Ley 5ª de 1992. [énfasis del original].

1.3. Admisión

12. Mediante auto del 8 de febrero de 2024 se admitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenaron las notificaciones personales al congresista
Duvalier Sánchez Arango y al agente del Ministerio Público, en los términos del
artículo 9.° de la Ley 1881 de 2018.

2. Contestación a la solicitud

13. El 20 de febrero de 2024, a través de apoderado judicial, el accionado
contestó la demanda3 y se opuso a las pretensiones, de la siguiente manera:

a) Consideró que no incumplió los topes del artículo 23 de la Ley 1475 de
2011, por cuanto la interpretación que debe darse al término «individuales»
se refiere a que no se podrán recibir contribuciones o donaciones
superiores al 10% de «una sola persona», lo cual quiere significar que, para
efectos de resolver el caso concreto, lo prohibido era recibir, a título
individual, sumas que sobrepasaran los ciento quince millones doscientos
sesenta y cuatro mil veintiún pesos con sesenta y seis centavos
($115.264.021,66).

3 Índice SAMAI 11.

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

De tal modo, adujo que se encuentra acreditado que en la campaña no se
recibieron contribuciones ni donaciones superiores al valor referenciado,
como consta en el documento que contiene dicha información.

En ese sentido, agregó que en la lista detallada de las contribuciones,
donaciones y créditos figura que el mayor aporte individual de un privado,
junto con las contribuciones y donaciones, fue por la suma de ciento quince
millones de pesos ($115.000.000), movimientos que, a su juicio, se
realizaron por el partido Alianza Verde, pero no superan el 10% del tope de
gastos totales señalado anteriormente.

b) Por otra parte, esgrimió que, si bien el partido en comento se relacionó en
los créditos, contribuciones y donaciones con otros valores, lo cierto es que
estos son créditos y están excluidos de la prohibición del artículo 23 de la
Ley 1475 de 2011.

c) A su vez, puso en tela de juicio la aplicación del principio de tipicidad para
la causal prevista en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011,
específicamente, frente al tope de financiación de campañas, lo cual
sustentó en la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional, y en el artículo 109 de la Constitución, con el fin de explicar
que dicha causal de desinvestidura se acredita con la violación de los topes
máximos de financiación de las campañas.

d) Respecto del elemento subjetivo, sostuvo que el accionante incumplió con
la carga de probar el dolo o la culpa y que, por el contrario, fundamentó la
demanda en opiniones personales que contradicen las certificaciones e
informes contables de la campaña.

En ese orden de ideas, argumentó que no se acreditó la vulneración del
artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 o que el accionado obró con la intención,
el querer o la voluntad de quebrantar la ley o que existió descuido o
negligencia en su actuar, sino que, en contraposición, lo que se evidenció
del material probatorio es que su actuación se ajustó al ordenamiento
jurídico.

Como prueba de ello, adujo que el auditor del partido Alianza Verde y el
CNE dieron fe pública de la inexistencia de irregularidades e
inconsistencias en la información contable reportada.

3. Etapa probatoria

14. Mediante providencia del 22 de febrero de 2024, se decretaron como
pruebas los documentos allegados al expediente por las partes, sin perjuicio de
otros documentos oficiales cuya consulta se haga mediante la página web de la
entidad pública correspondiente, conforme el artículo 177 de la Ley 1564 de
2012. Además, se ordenó oficiar a las siguientes entidades:

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

SEGUNDO: OFICIAR al Consejo Nacional Electoral (Fondo Nacional de
Financiación Política) para que en el término de tres (3) días allegue la siguiente
información:

i) El formulario 6B y sus anexos (informe individual de ingresos y gastos de la
campaña de los candidatos a la cámara de representantes por el Partido Verde
Alianza - Valle del Cauca -, para las elecciones del año 2022);

ii) El formulario 7B y sus anexos (informe individual de ingresos y gastos de la
campaña de los candidatos a la cámara de representantes por el Partido Verde
Alianza - Valle del Cauca -, para las elecciones del año 2022);

iii) El dictamen del auditor interno del Partido Alianza Verde en relación con la
campaña de los candidatos a la cámara de representantes por el Partido Verde
Alianza (Valle del Cauca), para las elecciones del año 2022.

iv) Las resoluciones relacionadas con el reconocimiento de gastos y orden de
pago de la reposición de gastos de campaña en relación con los candidatos a la
cámara de representantes por el Partido Verde Alianza (Valle del Cauca), para las
elecciones del año 2022; y

v) La primera y segunda certificación suscrita por la asesora del Fondo Nacional
de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

[…]

TERCERO: OFICIAR al partido Alianza Verde para que en el término de tres (3)
días allegue la siguiente información:

i) Listado de los nombres de los candidatos avalados por ese partido político a los
que les otorgó crédito para financiar la campaña electoral a la Cámara de
Representantes de las elecciones realizadas en el año 2022, copia del documento
que los soporta y el valor de cada uno;

ii) Las notas de contabilidad de los estados financieros del partido político
correspondientes al año 2022;

iii) Relación detallada de los nombres de los candidatos de ese partido, con cortes
a 31 de marzo y 31 de diciembre de 2022, que aparezcan como sus deudores por
concepto de créditos; y

iv) La hoja de vida del congresista Duvalier Sánchez Arango y sus soportes

[…]

CUARTO: OFICIAR al Congreso de la República (Cámara de Representantes)
para que en el término de tres (3) días allegue la hoja de vida del congresista
Duvalier Sánchez Arango y sus soportes.

4. Pronunciamiento sobre las pruebas

15. Mediante escrito radicado el 11 de marzo de 20244, la parte accionante
se pronunció sobre las pruebas decretadas e indicó que, contrario a lo afirmado
por el accionado en su escrito de contestación, el informe individual consolidado

4 Índice SAMAI 27.

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

de ingresos y gastos de campaña permite advertir que el congresista Sánchez
Arango obtuvo contribuciones y donaciones privadas por valor de $419.293.306,
de los cuales $115.000.000 fueron de parte del partido Alianza Verde.

16. Por otro lado, señaló que el informe rendido por el secretario general del
partido Alianza Verde dio cuenta de que se otorgaron dos créditos al accionado
por cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y treinta millones de pesos
($30.000.000) y que la totalidad de los aportes provenientes de privados
realizados a la campaña ascendió a la suma de $419.293.306. Lo anterior, a su
juicio, representó un 36.37% del tope máximo permitido conforme al artículo 23
de la Ley 1475 de 2011, con lo que, según su dicho, se superó con amplitud el
límite del 10% contemplado para el efecto.

17. Finalmente, reiteró lo expuesto en la demanda en relación con la
acreditación del elemento subjetivo requerido para la imposición de la
desinvestidura solicitada.

5. Audiencia pública

18. En providencia de 20 de marzo de 20245 se fijó como fecha para la
audiencia pública, el 3 de abril siguiente.

19. En la audiencia pública6 se escucharon las intervenciones7 del solicitante,
del representante del Ministerio Público, del demandado y de su apoderado
judicial.

5.1. Intervención del solicitante

20. En primer lugar, expuso que el inciso primero del artículo 23 de la Ley
1475 de 2011 no limita la contribución o donación individual a una sola persona
(natural o jurídica), pues, de ser así, el legislador hubiese construido en singular
tal precepto y no en plural.

21. Desde tal afirmación, destacó que la anterior interpretación conduciría a
la eliminación del propósito y efecto útil de la norma, toda vez que diez personas
naturales o jurídicas podrían contribuir, cada una, hasta el 9% del límite máximo
permitido por el CNE, escenario que, en últimas, sería una financiación del 90%
del total de la campaña.

5 Índice SAMAI 29.
6 A la diligencia realizada el 3 de abril de 2024, asistieron el magistrado sustanciador y demás

miembros de la Sala Especial de Decisión n.° 4, el solicitante Yoad Ernesto Pérez Becerra, el
procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, Jaime Alejandro Díaz Vargas, el
demandado Duvalier Sánchez Arango y su apoderado Carlos Humberto Vásquez Zamorano.
7 El 3 de abril de 2024, el solicitante allegó escrito con los argumentos presentados en la

diligencia. Por su parte, el Ministerio Público remitió el resumen de su intervención en la misma
fecha señalada. Finalmente, se pone de presente que el accionado no presentó la memoria
escrita de su intervención.

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
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22. Así, adujo que se comprobó que el congresista demandado recibió
contribuciones de privados por valor de $419.293.306, valor que, según su juicio,
superó el 10% del monto total de gastos ($115.264.021,66).

23. En segundo lugar, concluyó que el accionado conoce de la función pública
en general y de asuntos políticos y, desde tal circunstancia, indicó que no es
factible ignorar el elemento subjetivo, el cual sería a título de culpa grave.

24. Terminó su intervención solicitando se declare la pérdida de investidura
del congresista Duvalier Sánchez Arango, por contravenir lo dispuesto en los
artículos 109 de la Constitución Política y 23 de la Ley 1475 de 2011.

5.2. Intervención del agente del Ministerio Público

25. En su pronunciamiento, el procurador quinto delegado ante el Consejo de
Estado, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, para
que se configure la causal alegada en la solicitud, es necesario que se acrediten
tres presupuestos a saber: i) que el candidato fue elegido por voto popular para
una corporación pública, ii) que el elegido haya infringido el tope de gastos de
campaña y iii) que dicha infracción se realizó con el querer o la voluntad de
quebrantar la ley; fue negligente o descuidado y no tomó las medidas necesarias
para evitar que ello ocurriera.

26. Consideró que, si bien se acreditó el primero de los presupuestos
referidos, lo cierto es que el accionado no obtuvo créditos ni recaudó recursos
originados en fuentes de financiación privada por más del valor total de gastos
de la campaña ($1.152.540.216,62), pues, tan solo registró contribuciones,
donaciones y créditos en dinero o especie por parte de particulares por valor de
$499.293.306,00.

27. A su vez, se probó que no se recaudaron contribuciones ni donaciones
individuales superiores a $115.264.021,66, esto es, por encima del 10% del valor
total de gastos de campaña.

28. Por lo expuesto, solicitó no declarar la pérdida de investidura del
representante a la Cámara Duvalier Sánchez Arango, en tanto no se
configuraron los elementos de la causal de pérdida de investidura alegada con
la demanda.

5.3. Intervención de la parte demandada

29. El demandado, Duvalier Sánchez Arango, indicó que cedería el uso de la
palabra a su apoderado.

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5.4. Intervención del apoderado del accionado

30. Destacó que, a partir de una interpretación gramatical, lógica, sistemática
y teleológica del inciso primero del artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, se
comprende que una persona jurídica o natural, individualmente considerada, no
puede realizar una contribución o donación que supere el 10% del tope de
gastos.

31. Indicó que la finalidad de la norma es evitar que una sola persona realice
aportes que superen el tope del 10%, pues, de lo contrario, incidiría en el proceso
democrático de elección de los candidatos.

32. En ese sentido advirtió que, dado que en el presente proceso no se
evidenció algún aporte privado que superara el 10% del tope de gastos, no
existió la violación a la norma en comento, sino que, por el contrario, la donación
de mayor valor fue de $115.000.000 y esta no sobrepasó el tope del 10%
($115.264.021).

33. Concluyó su intervención pidiendo negar las pretensiones de la demanda
de pérdida de investidura.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

34. De acuerdo con el ordinal 5.° del artículo 237 de la Constitución Política,
el Consejo de Estado conocerá de los casos de pérdida de investidura de los
congresistas.

35. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1881 de 20188 establece que
corresponde a las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del
Consejo de Estado tramitar y decidir, en primera instancia, dicha solicitud.

36. Así las cosas, esta Sala de Decisión es competente para conocer, en
primera instancia, de la solicitud de pérdida de investidura presentada por Yoad
Ernesto Pérez Becerra contra el representante a la Cámara Duvalier Sánchez
Arango.

8 «Artículo 2.° Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado

conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la
Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas
establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será competente
para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación
de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.
Parágrafo. El Consejo de Estado conformará Salas Especiales de Decisión de Pérdida de
Investidura, las cuales estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección».

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2. Oportunidad del medio de control

37. El artículo 6.° de la Ley 1881 de 2018 dispone que «[l]a demanda deberá
presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de
investidura, so pena de que opere la caducidad».

38. Por su parte, los hechos que dieron lugar a la supuesta configuración de
la causal de pérdida de investidura alegada habrían ocurrido durante el
desarrollo de la campaña adelantada por el accionado para la elección de la
Cámara de Representantes, que tuvo lugar entre el 13 de diciembre de 20219 y
el 13 de marzo de 202210. Así, como la solicitud de la referencia se presentó el
6 de febrero de 2024, se encuentra que es oportuna.

3. Problema jurídico

39. Corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el representante a la
Cámara Duvalier Sánchez Arango incurrió en la causal de pérdida de investidura
establecida en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 1475 de 2011, como
consecuencia de una supuesta transgresión de los límites establecidos para la
recepción de donaciones individuales en el marco de la campaña para la
elección de Cámara de Representantes en la circunscripción territorial del Valle
del Cauca para el periodo 2022-2026.

40. Lo anterior, por cuanto, como lo señaló el demandante, el accionado
habría recibido aportes de privados a su campaña que ascendieron a la suma
de cuatrocientos diecinueve millones doscientos noventa y tres mil trescientos
seis pesos ($419.293.306), cifra superior a los ciento quince millones doscientos
sesenta y cuatro mil veintiún pesos con sesenta y seis centavos
($115.264.021.66) correspondientes al diez (10%) del tope establecido para la
financiación de la campaña en mención.

41. Para resolver la cuestión jurídica trazada, la Sala de Decisión abordará
los siguientes temas: i) aspectos generales de la pérdida de investidura; ii) la
transgresión de los topes de financiación de campañas políticas como causal de
desinvestidura; iii) el concepto de donaciones individuales; y iv) el caso
concreto.

9 Fecha en que el partido Alianza Verde formalizó la inscripción de su lista de candidatos a la

Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Valle del Cauca, conforme se
evidencia en el formulario E-6 CT (índice SAMAI 2).
10 Fecha en que tuvo lugar la jornada electoral que puso término a la campaña electoral en

mención.

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i) Aspectos generales de la pérdida de investidura – reiteración
jurisprudencial

42. En términos generales, la Sala Plena de esta Corporación ha definido la
acción de pérdida de investidura como un juicio o proceso jurisdiccional
sancionatorio de propósito ético, en tanto las causales ideadas por el
Constituyente son un código positivizado que tiene por objeto reprochar y
sancionar conductas contrarias a la dignidad del cargo que ejercen los
representantes del pueblo, la cual surge por el hecho del voto ciudadano y que
enaltece el principio de representación democrática11.

43. En sintonía con lo anterior, la Ley 1881 de 201812 regula el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura y lo define como un juicio de
responsabilidad subjetiva que procede en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, incurran en alguna de las causales
previstas en el artículo 183 de la Constitución Política, a saber:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen
de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias
en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha
de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a
posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

44. Además de aquellas hipótesis, resulta oportuno traer a colación el Acto
Legislativo 01 de 2009 (modificatorio del artículo 109 de la Constitución Política),
que incluyó la violación de los topes máximos de financiación de las campañas
como un nuevo evento que apareja la sanción de la pérdida de investidura,
aspecto que resulta aplicable a las elecciones celebradas con posterioridad a su
vigencia:

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas,
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del
cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

45. Frente a las causales, la jurisprudencia constitucional13 ha manifestado
que se tratan de un código de conducta fijado en la Constitución Política y que
debe observarse en razón del valor social y político de la investidura que
ostentan los congresistas. Desde tal punto de vista, se encuentra que el proceso

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de
septiembre de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI). MP. Alberto Yepes Barreiro.
12 «Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones», la cual derogó
la Ley 144 de 1994 que establecía el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas.
13 Corte Constitucional. SU-073 de 20 de febrero de 2020. MP. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

es de carácter ético, pues los supuestos de desinvestidura previstos por el
constituyente tienen como fin reprochar y sancionar comportamientos contrarios
a la dignidad del cargo que ejercen los representantes del pueblo.

46. En punto de la titularidad para su ejercicio, cualquier ciudadano o la mesa
directiva de la Cámara respectiva podrá solicitar la pérdida de investidura, la cual
será decretada por esta Corporación14.

47. En ese orden de ideas, como se desprende del tenor del artículo 1.° de la
Ley 1881 de 2018 y de las normas de rango constitucional que establecen las
causales que determinan su procedencia, el juicio de pérdida de investidura,
dada su naturaleza sancionatoria, cuenta con las garantías de los principios de
legalidad, dignidad humana, debido proceso, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad, prohomine, in dubio pro reo y non bis in idem15, entre otras, que
hacen parte de su esencia16.

48. En lo que respecta al principio de legalidad, se encuentra que el
procedimiento de pérdida de investidura es reglado y que las causales, en lo que
respecta a los congresistas, están previstas expresa y taxativamente en la
Constitución.

49. Aunado a lo anterior, la interpretación de los eventos configurativos de la
desinvestidura es restrictiva, toda vez que su aplicación tiene como
consecuencia la restricción de derechos fundamentales. Por tanto, la exégesis
de las causales no puede ir más allá de lo previsto en la Constitución.

50. Desde los escenarios expuestos, cabría agregar que el trámite en
comento cuenta con un proceso jurisdiccional especial, expedito, con etapas
delimitadas, y causales, sanciones y consecuencias taxativas sujetas a un
estudio de responsabilidad subjetiva.

51. En efecto, para decretar la desinvestidura de un congresista, no solo basta
la constatación de la ocurrencia del hecho, sino que, además, debe verificarse si
los supuestos fácticos invocados en la solicitud, y que se le atribuyen al
congresista, se adecúan a la causal endilgada. A su vez, se comprobará si la
persona obró con la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley (dolo)
o con culpa grave, esto es, que fue negligente o descuidado y no tomó las
medidas necesarias para evitar que ello ocurriera17.

14 Artículo 184 de la Constitución.
15 Parágrafo del artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018.
16 Dada la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de investidura resultan de su núcleo que

se cobijen principios del derecho punitivo «en la medida que comporta una restricción seria de
derechos fundamentales, comportando de paso consecuencias aflictivas reductoras de los
márgenes de acción que el encartado tiene como ciudadano colombiano». Sentencia SU-474 del
6 de noviembre de 2020. MP. José Fernando Reyes Cuartas.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de octubre

de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-02196-00(PI). MP. Carmelo Perdomo Cuéter.

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52. Este último juicio implica determinar si el sujeto pasivo de la acción actuó
con la intención o voluntad de atentar contra el ordenamiento jurídico. Al
respecto, la Corte Constitucional18 sostuvo que en todos los casos el juez
estudiará dicho aspecto subjetivo de la conducta y, en consecuencia, deberá
corroborar si el comportamiento reprochado lesionó la dignidad del cargo de
congresista, así como la existencia del elemento de culpabilidad.

53. Por otra parte, la Sala Plena del Consejo de Estado19 ha señalado que la
pérdida de investidura acarrea una sanción de carácter jurisdiccional, que limita
derechos políticos como el de ser elegido en un cargo de elección popular20. En
efecto, aquella impacta los derechos políticos de quien resulta sancionado, dado
que, si se remueve la investidura del congresista, se produce la inhabilidad
prevista en el ordinal 4.°21 del artículo 179 constitucional22.

54. Así mismo, la sanción de desinvestidura es permanente y, por esa razón,
no puede redimirse ni conmutarse. Frente a esto, la Sala Plena de lo Contencioso
ha manifestado que:

[…] [p]ese a que uno de los principios axiales de la Constitución Política de 1991
es la inexistencia de penas imprescriptibles, según el artículo 28 superior, en este
caso la sanción genera a la persona declarada indigna la prohibición de aspirar
nuevamente a cargos de elección popular, [...] antinomia o contradicción que se
justifica porque la pérdida de investidura busca amparar y hacer prevalecer el
principio democrático que identifica y define al Estado colombiano, de modo que
el derecho a ser elegido tiene que ceder, frente al respeto de la democracia,
impidiendo que quien ha defraudo [sic] ese principio vuelva a ser depositario de la
confianza del elector23.

55. En resumen, conforme la jurisprudencia de la Sala Plena de lo
Contencioso de esta Corporación y la de la Corte Constitucional, la acción de
pérdida de investidura de congresistas tiene las siguientes características: i) su
naturaleza es sancionatoria y pública, por lo tanto su legitimación por activa
recae en cualquier ciudadano o en la mesa directiva de la Cámara respectiva; ii)
su objeto es de carácter ético, toda vez que las causales taxativas y de
interpretación restrictivas definidas por el constituyente, reflejan un código de
conducta que tienen como fin reprochar y sancionar el comportamiento de los
congresistas; iii) es de naturaleza jurisdiccional y su sanción impacta los
derechos políticos por la inhabilidad que genera para ocupar cargos de elección
popular; y iv) el alcance de la sanción es permanente e indefinida.

18 Corte Constitucional. SU-073 de 20 de febrero de 2020. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de agosto

de 2017. Radicado núm.: 110010315000201601700-00 (PI). MP. Milton Chaves García.
Reiterada por la Sección Primera de esta corporación en sentencia de 31 de marzo de 2023,
radicado núm.: 68001233300020220052101 MP. Hernando Sánchez Sánchez.
20 Artículo 40 de la Constitución.
21 «No podrán ser congresistas: […] Quienes hayan perdido la investidura de congresista».
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de febrero

de 2020. Radicado núm.: 11001-03-15-000-2019-00911-01 (PI). MP. María Adriana Marín.
23 Idem.

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ii) La transgresión de los topes de financiación de campañas políticas
como causal de desinvestidura

56. Tal como se indicó en párrafos precedentes, con ocasión de la reforma
constitucional incorporada mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, se modificó
el artículo 109 superior y, en consecuencia, en su inciso séptimo se estableció
una causal de pérdida de investidura inicialmente no prevista en la redacción
original del texto constitucional de 1991. Al respecto, se dispuso lo que sigue:

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las
campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de
investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación
de este precepto. [énfasis de la Sala].

57. En hilo con lo anterior, la disposición en comento tuvo desarrollo en la Ley
1475 de 2011, en cuyo artículo 26 se indicó:

La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se
sancionará con la pérdida del cargo, así:

1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el
procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
[…] [énfasis de la Sala].

58. Respecto de la pérdida de investidura por violación de topes de
financiación de campañas electorales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha indicado que la medida sancionatoria prevista en las normas
en mención, tiene como propósito la garantía de los principios de igualdad,
transparencia y pluralismo en el plano político y electoral, así como «evitar el
ingreso indiscriminado de recursos económicos que puedan afectar el proceso
electoral, a los electores y comprometer, en primera medida, al candidato, a
quién lo avala y, posteriormente, a la persona que sea investida por el pueblo»24.

59. De igual manera, en lo atinente a los topes de financiación de origen
privado, la Corte Constitucional25 ha referido que la trascendencia de dicha regla
estatutaria se ubica en los principios de pluralismo político y de igualdad, los
cuales deben garantizarse en todas las campañas políticas y electorales, así
como en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana.

60. A su vez, en el mismo pronunciamiento, el máximo Tribunal Constitucional
consideró que las limitaciones a los montos de financiación privada están en
armonía con la tendencia internacional encaminada a regular y limitar de manera
detallada el tema de la financiación privada de las campañas políticas, con el
objetivo de «evitar todo abuso del poder económico en la actividad política, de

24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de octubre

de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-01294-01. MP. Hernando Sánchez Sánchez.
25 Sentencia C-490 de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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prevenir el fenómeno de la corrupción y evitar la injerencia de intereses
particulares que vicien los procesos democráticos»26.

61. Otro aspecto que no escapa de las disposiciones trascritas (artículos 109
de la Constitución y 26 de la Ley 1475 de 2011) es que se refieren
indistintamente a «topes máximos de financiación» y «límites al monto de
gastos», como supuestos fácticos para declarar la pérdida de investidura de un
congresista, cuando se comprueben tales escenarios de desconocimiento
normativo.

62. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado se refirió a la
diferencia terminológica existente entre los artículos 109 superior, que se refiere
a la violación de los topes máximos de financiación, y el artículo 26 de la Ley
1475 de 2011, que regula el desconocimiento de los límites al monto de gastos,
para indicar que la prohibición derivada del texto constitucional y desarrollada en
la disposición legal mencionada debe entenderse en dos sentidos, a saber:

a) El artículo 109 de la Constitución Política, no solamente prohíbe la violación
de los topes máximos de financiación entendida como aportes a la
campaña electoral, sino también como gasto.

b) Por regla general, la acepción «financiación» es utilizada en la norma
constitucional como sinónimo de aporte y, a su vez, como equivalente de
gasto27.

63. Finalmente, no se debe perder de vista que el artículo 24 de la Ley 1475
de 2011 prevé la manera en que habrán de establecerse los límites fijados para
la financiación de campañas políticas28 y de su contenido pueden extraerse las
siguientes reglas:

a) El Consejo Nacional Electoral debe fijar los límites de gasto de las
campañas electorales tendientes a la elección de los distintos cargos y
corporaciones de elección popular en enero de cada anualidad, con base
en los costos reales de las campañas, el censo electoral correspondiente y
la apropiación presupuestal para la financiación de aquellas.

26 Idem.
27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de octubre

de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-01294-01. MP. Hernando Sánchez Sánchez.
28 Idem. Entendidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con base en lo dispuesto

en el artículo 34 de la Ley 1475 de 2011, como «el conjunto de actividades realizadas con el
propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de
hacerlo; agrega que la propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la
campaña y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a
consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que
se trate y, finalmente, establece quienes pueden realizar el recaudo de contribuciones, los gastos
de campaña y los términos para ello».

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b) Los topes en mención se establecerán por cada candidato a un cargo
uninominal y por cada lista presentada para la elección de una corporación
pública.

c) Para los candidatos integrantes de listas con voto preferente, el monto
máximo de gastos será el resultado de la división del tope fijado para cada
lista por el número de aspirantes que la componen.

d) El mismo organismo debe establecer, igualmente, el límite máximo de
financiación que cada organización política con personería jurídica puede
aportar a la campaña de los candidatos o listas avalados por ella.

iii) Límites a la financiación privada -concepto de donaciones individuales-

64. El artículo 20 de la Ley 1475 de 2011 prescribe que los candidatos de los
partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a
cargos o corporaciones de elección popular pueden financiar sus campañas, en
lo que sirve a la solución de este caso29, con las contribuciones, donaciones y
créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares.

65. En el presente proceso, el fundamento de la solicitud de pérdida de
investidura en estudio refiere a la supuesta transgresión del límite fijado para el
recaudo de donaciones y contribuciones individuales previsto en el artículo 23
de la Ley 1475 de 2011. Dicha norma señala:

Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o
campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de
financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en
la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones
individuales superiores al 10% de dicho valor total.

66. Al respecto, debe indicarse que el artículo 23 ibidem establece dos clases
de límites a la financiación privada de campañas políticas:

a) Un límite global, determinado por el valor total de gastos que se pueden
realizar en la respectiva campaña;

b) otro de naturaleza individual, referido al porcentaje del 10% de aporte
máximo que puede efectuar cada persona a la campaña del candidato que
resultó elegido congresista de la República, salvo que se trate de recursos
propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes en el grado que
autoriza la ley.

29 De la norma también se desprenden otras fuentes de financiación, a saber: (i) recursos
provenientes de los partidos y movimientos políticos; (ii) créditos o aportes provenientes de los
propios candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad; (iii) contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o
en especie, que realicen los particulares; (iv) créditos provenientes de entidades financieras; (v)
ingresos originados en actividades lucrativas del partido o movimiento y (vi) financiación estatal.

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67. A su vez, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 señala un límite
institucional relacionado con el monto máximo que cada partido o movimiento
con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a
favor de sus candidatos o listas, conforme lo defina el Consejo Nacional
Electoral.

68. A diferencia de lo que considera el accionante, en cuanto a que los aportes
privados en su totalidad no pueden superar el 10% del valor total de los gastos
autorizado, aspecto que también reiteró en sus alegatos y al cual se limita el
estudio del cargo, la Corte Constitucional y esta Corporación han dado luces
respecto del alcance de la acepción «topes individuales», encontrándose que la
interpretación se ha decantado por el monto pecuniario o en especie que cada
persona natural o jurídica puede aportar en favor de determinada campaña,
partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o candidato.

69. Así, la Corte Constitucional, en relación con las normas relativas a la
financiación de los promotores de los mecanismos de participación ciudadana
regulados en la Ley Estatutaria 134 de 199430, ha indicado que estos están
sometidos a:

[…] [D]os clases de topes: los individuales y los globales. Así, mientras que los
primeros se refieren al monto de dinero o ayudas en especie que cada
persona, natural o jurídica, puede aportar a favor de la campaña, los
segundos apuntan a la sumatoria o total de aportes, en dinero o especie, que
recibió el Comité de Promotores. Lejos de excluirse, se complementan. En efecto,
de nada serviría limitar el monto individual de los aportes, si se permitiera que, en
definitiva, en una campaña a favor de una determinada iniciativa legislativa
popular se pudieran gastar, en total, cifras desproporcionadas o astronómicas,
completamente ajenas al propósito democrático que inspiran los diversos
mecanismos de participación ciudadana31. [énfasis de la Sala].

70. Ahora bien, aun cuando las disposiciones del texto estatutario
mencionado no resultan aplicables a la financiación de campañas políticas
relativas a la elección popular de cargos y corporaciones públicas, lo cierto es
que tales acepciones resultan extensibles al propósito y a las categorías
contempladas en la Ley 1475 de 2011. Ello pues, en ambos casos, se ha limitado
el monto máximo total que puede recaudarse para el desarrollo de las acciones
y estrategias tendientes a obtener el apoyo ciudadano en las urnas en un
determinado sentido, con el objeto de proteger la igualdad, la transparencia y el
pluralismo que guían todo proceso democrático.

71. De igual manera lo ha entendido el Consejo de Estado en sede de pérdida
de investidura. En efecto, en sentencia del 15 de diciembre de 202132, se resolvió

30 Sobre la materia véanse los artículos 97 y 98.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-141 de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. Las
consideraciones citadas de esta providencia fueron recogidas posteriormente en la Sentencia C-
490 de 2011, en la que se estudió la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley 1475 de
2011, entre ellas el artículo 23.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15

de diciembre de 2021, rad. 05001-23-33-000-2018-02345-01, MP. Hernando Sánchez Sánchez.

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una solicitud de esa naturaleza formulada contra un concejal de Medellín que se
fundamentó, entre otras cosas, en una supuesta incursión en la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 109 superior, la cual se habría
configurado como consecuencia de la recepción de un aporte efectuado por una
misma persona jurídica, que habría superado el 10% del monto máximo
establecido para la financiación de la campaña adelantada para su elección.

72. En dicho pronunciamiento, se analizó el caso concreto en los siguientes
términos:

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1475,
sobre límites a la financiación privada, según el cual, ningún partido, movimiento,
grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá recaudar
contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% del valor total de
gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña, esta Sala considera que
ese 10% en el caso de la campaña del señor Guerra Hoyos al Concejo
Municipal de Medellín para el periodo 2016-2019 es de $36.891.139,093
pesos M/cte.

[…]

[L]a Sala considera que no se encuentra probado que la campaña electoral del
señor Guerra Hoyos al Concejo Municipal de Medellín para el periodo 2016-2019
haya incurrido en violación de los topes de financiación con fundamento en que
la Corporación Centro de Estudios por Medellín – CORCEM realizó donaciones
individuales superiores al 10% del valor total de gastos que se pueden realizar en
la respectiva campaña porque se probó en el proceso que la cuenta bancaria de
dicha Corporación fue la que se registró en el Informe de Ingresos y Gastos de
Campaña como “Cuenta Única” de la misma y, conforme con los recibos de caja,
los cuales se reitera, no fueron tachados en el proceso, se prueba que, salvo una
consignación por valor de 10.000.000,oo de pesos M/cte., las demás sumas de
dinero constituían donación de terceros en favor de la campaña electoral del
Concejal.

En ese orden de ideas, al no haberse probado que la Corporación Centro de
Estudios por Medellín realizó contribuciones o donaciones individuales
superiores a $36.891.139,093 pesos M/cte, suma que corresponde al 10% del
valor total de gastos que se podían realizar en la respectiva campaña electoral
del señor Guerra Hoyos, esta Sala considera como consecuencia que no es
necesario abordar el estudio de los demás argumentos planteados en el recurso
de apelación y, en ese sentido, revocará el ordinal primero de la parte resolutiva
de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia, en cuanto decretó
la pérdida de investidura del Concejal por haber incurrido en violación de los topes
máximos de financiación de la campaña al Concejo Municipal para el periodo
2016-2019 y, en su lugar, negará las pretensiones de la solicitud de pérdida
de investidura en relación con esta causal. [énfasis de la Sala].

73. Por lo expuesto, esta Sala encuentra que la transgresión del límite
establecido para la recepción de donaciones o contribuciones individuales se
configura cuando una misma persona, sea esta natural o jurídica, efectúa
aportes a una campaña política en una cuantía superior al diez (10%) del monto

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total establecido por el CNE como máximo para la financiación de aquella, en los
términos señalados en el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 1475 de 201133.

74. En conclusión, de acuerdo con los antecedentes constitucionales,
normativos y jurisprudenciales expuestos, con el fin de propender hacia el
estudio del caso concreto, la Sala analizará si se encuentra probada la causal
de desinvestidura alegada por el accionante, de acuerdo con los parámetros que
de manera seguida se enunciarán al abordar el caso concreto.

4. Caso concreto

75. Conforme lo señalado en los acápites anteriores, la Sala determinará si el
accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura indicada por la parte
demandante, por lo que deberá determinarse:

a) Si el demandado fue elegido por voto popular para una corporación pública;

b) Cuál fue el monto máximo establecido por el CNE para la financiación de
las campañas correspondientes a las listas de candidatos postulados para
la elección de Cámara de Representantes por la circunscripción territorial
del Valle del Cauca;

c) Si la lista presentada por el partido Alianza Verde para dicho certamen
electoral era con o sin voto preferente y, el número de aspirantes que la
integraron;

d) A partir de lo anterior, el tope global de financiación aplicable a la campaña
que condujo a la elección del accionado Duvalier Sánchez Arango;

e) El valor equivalente al 10% del límite global antes señalado; y

f) Finalmente, si dentro de las donaciones o contribuciones individuales
efectuados a la campaña del demandado, alguna excedió el monto máximo
correspondiente a este tipo de aportes.

g) Si la conducta del congresista Sánchez Arango fue dolosa o gravemente
culposa.

76. De encontrarse acreditada la incursión del demandado en el aspecto
objetivo de la causal de desinvestidura contemplada en el artículo 109 superior,

33 «El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de

candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto
máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto
máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral
señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería
jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas».

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en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, se procederá a
examinar el elemento subjetivo exigido para la operatividad de dicha sanción.

77. Según el formulario E-26 CAM del 1.° de abril de 202234, proferido por la
Comisión Escrutadora del Valle del Cauca, se tiene probado que Duvalier
Sánchez Arango fue declarado como representante a la Cámara de tal
departamento para el periodo 2022-2026, en representación del partido Alianza
Verde.

78. En relación con la acreditación del elemento objetivo de la causal alegada,
en primer lugar, se encuentra que la Resolución 0227 del 29 de enero de 202135
estableció lo siguiente:

ARTÍCULO QUINTO. Fijar el límite máximo del monto de gastos de las campañas
de cada una de las listas de candidatos inscrita a la Cámara de Representantes
dentro de la «Circunscripción territoriales para las elecciones de 2018» [sic], de la
siguiente manera:

[…]

c) En los departamentos con censo electoral entre tres millones uno (3.000.001)
ciudadanos y cuatro millones (4.000.000)36 de ciudadanos, la suma de CATORCE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($14.984.322.816).
[énfasis del original].

79. El partido Alianza Verde presentó una lista con voto preferente integrada
por trece candidatos y candidatas para la elección en comento, conforme puede
apreciarse en el formulario E-6 correspondiente37.

80. De tal modo, de acuerdo con lo señalado en el inciso tercero del artículo
24 de la Ley 1475 de 201138, el monto máximo indicado en el artículo quinto,
letra c), de la Resolución 0227 del 29 de enero de 2021 debía dividirse entre los
trece aspirantes integrantes de la lista, por lo que cada uno podría recaudar o
gastar hasta mil ciento cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta mil
doscientos dieciséis pesos ($1.152.640.216) para el financiamiento de su
campaña electoral.

34 Índice SAMAI 2.
35 Fuente: https://www.cne.gov.co/resoluciones-cne?download=7631:resolucion-n-0227-29-ene-

2021&start=30. El presente acto administrativo se consultó en virtud del artículo 177 del Código
General del Proceso, aplicable por la remisión subsidiaria que permite el artículo 21 de la Ley
1881 de 2018.
36 Para el año 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que el potencial electoral

del departamento del Valle del Cauca era de 3’675.242 votantes. Fuente:
https://registraduria.gov.co/La-Registraduria-Nacional-entrega-detalles-del-censo-electoral-en-
Colombia-y-en.html. El presente acto administrativo se consultó en virtud del artículo 177 del
Código General del Proceso, aplicable por la remisión subsidiaria que permite el artículo 21 de
la Ley 1881 de 2018.
37 Ver índice SAMAI 2 y 24 (folios 226 a 234 del archivo en PDF).
38 «[…] En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los

integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el
número de candidatos inscritos […]».

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

81. Así, según el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, el monto máximo que
podría recibirse por concepto de donaciones o contribuciones individuales
ascendió a la suma de ciento quince millones doscientos sesenta y cuatro
mil veintiún pesos ($115.264.021), equivalentes al diez por ciento (10%) del
monto máximo de financiación antes indicado.

82. De conformidad con el formulario 6B39, correspondiente al informe
individual de ingresos y gastos de la campaña del accionado, se reportaron las
siguientes sumas por concepto de «contribuciones, donaciones, y créditos, en
dinero o especie, que realicen los particulares»:

NOMBRE PERSONA NATURAL O CONCEPTO MONTO TOTAL
JURÍDICA CONCEPTO

Lina María Rodríguez Cardozo Donación en especie $49.950.000

Angélica María Chaux Sánchez Donación en especie $3.000.000

Stella Johanna Hurtado Galvis Donación en especie $15.000.000

María Camila Ordóñez Garzón Donación en especie $9.000.000

Esteban Oliveros Montoya Donación en especie $22.800.000

Katherine del Mar Quintero Palacios Donación en especie $9.000.000

Natalia Guevara Muñoz Donación en especie $6.000.000

Eva Nataly Bulla Vásquez Donación en especie $6.000.000

Andrés Felipe Prado Caicedo Donación en especie $9.000.000

Juan David Carvajal Rengifo Donación en especie $13.760.000

Paola Sofía Zuluaga Aguilar Donación en especie $800.000

María del Pilas Caicedo Paneso Donación en especie $7.800.000

Katherine Ocampo Brand Donación en especie $ 3.000.000

Constructora Cosenza SAS Donación en especie $42.774.550

Publik Comunicaciones SAS Donación en especie $45.420.000

Jaramillo Mora Constructora S.A Donación en especie $8.568.000

Liliana Orrego Murillo Donación $10.000.000

Diego Posso Andrade Donación $10.000.000

Felipe Andrés Pérez Agudelo Donación $10.000.000

39 La información transferida del documento original contenía las direcciones físicas, teléfonos y

números de identificación de las personas allí relacionadas, datos que se omiten por su
sensibilidad y por no reportar ninguna utilidad para el análisis que se efectúa en la presente
providencia (índice SAMAI 24).

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

Judith Montoya Ospina Contribución $6.000.000

Inés Cecilia Chávez Barragán Contribución $2.000.000

La Vaquinha SAS Contribución $4.220.756

Herminsul Morales González Contribución $200.000

Inversiones TOP SAS Contribución $10.000.000

Luis Fernando Osorio Vargas Contribución $0

Partido Alianza Verde Contribución $115.000.000

Partido Alianza Verde Crédito $80.000.000

83. Como puede advertirse de la información presentada, ninguna de las
personas naturales y jurídicas que efectuaron aportes a la campaña del
accionado Duvalier Sánchez Arango superó el monto máximo de ciento quince
millones doscientos sesenta y cuatro mil veintiún pesos ($115.264.021) con
el que podían contribuir económicamente a su aspiración. En efecto, la cantidad
más alta entregada por una persona natural fue de cuarenta y nueve millones
novecientos cincuenta mil pesos ($49.950.000) y por una persona jurídica de
cuarenta y cinco millones cuatrocientos veinte mil pesos ($45.420.000). En
cuanto a la contribución que ascendió a los ciento quince millones de pesos
($115.000.000) y fue efectuada por el partido Alianza Verde, se precisa que no
está sometida al mismo límite del 10%.

84. Respecto de la suma aportada por la colectividad política, debe
recordarse que el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 indica en su inciso tercero
que «[e]l Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo
que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la
campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas». En
cumplimiento de dicha disposición, la referida institución indicó en la Resolución
0227 del 29 de enero de 2021 lo que sigue:

ARTÍCULO SEXTO. Cada partido o movimiento político con personería jurídica
podrá invertir en la campaña institucional a favor de sus listas o precandidatos a
Senadores y Representantes a la Cámara hasta un monto igual al veinte por ciento
(20%) de las sumas máximas autorizadas a gastar en cada una de sus campañas,
el cual será adicional a los valores fijados en los artículos precedentes.

85. Por tanto, la organización política en mención no estaba sometida al tope
individual del 10%, sino que, a partir del porcentaje establecido en el enunciado
artículo sexto de la Resolución 0227 de 2021, podía aportar como máximo la
suma de doscientos treinta millones quinientos veintiocho mil cuarenta y
dos pesos ($230.528.042) a la campaña de cada uno de sus candidatos a la
Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del Valle del Cauca.

86. Adicionalmente, debe indicarse que, aunque el partido Alianza Verde
otorgó créditos al accionado por la suma de ochenta millones de pesos

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

($80.000.000), estos no deben tomarse en consideración para el cálculo de los
topes máximos correspondientes a los aportes individuales, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 23, inciso segundo de la Ley 1475 de 201140.

87. Así las cosas, la Sala encuentra que, contrario a lo señalado por la parte
demandante, el accionado no incurrió en la violación de los límites máximos
previstos en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 para la recepción de
donaciones o contribuciones individuales, pues, para el efecto, el monto total no
se establece conjuntamente desde los aportes efectuados por personas
naturales y jurídicas, sino a partir de la suma que cada persona entregó a la
campaña.

88. Finalmente, las pruebas41 allegadas por el Consejo Nacional Electoral
evidencian que los documentos que tienen que ver con los informes de ingresos
y gastos de las campañas electorales42, entre otros, el formulario 6B, fueron
auditados y originaron el reconocimiento del derecho a reposición de gastos de
campaña. Del análisis de estos, se evidenció que la auditoría interna del partido
Alianza Verde y del Consejo Nacional Electoral no advirtieron alguna
irregularidad en relación con la violación del límite de los topes máximos de
financiación (aportes y gastos), que impidiera el reconocimiento de recursos
provenientes de la reposición de gastos por votos válidos obtenidos43.

89. Por el contrario, en el expediente obra la Resolución 3211 de 2 de mayo
de 202344, en la cual consta que la enunciada colectividad:

a) presentó el Informe de Ingresos y Gastos correspondiente a la campaña
electoral adelantada por la lista única (elecciones del 13 de marzo de 2022),
de conformidad con las normas que regulan la materia y, a su vez,

b) dichos documentos fueron revisados y certificados por el contador
asignado, perteneciente al grupo de trabajo adscrito al Fondo Nacional de
Financiación Política, sin que se evidenciara irregularidad alguna de lo
reportado por el congresista Sánchez Arango, en lo atinente a las
«contribuciones, donaciones, y créditos, en dinero o especie, que realicen
los particulares».

90. Por consiguiente, al no encontrarse acreditado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura alegada, la Sala se abstendrá de examinar el

40 «[…] El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometido a límites
individuales».
41 Ver índice SAMAI 24 (folios 1 a 633 del archivo en PDF).
42 Artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.
43 Artículo 21 de la Ley 1475 de 2011.
44 «Por la cual se reconoce al PARTIDO ALIANZA VERDE el derecho a la reposición de los

gastos de la campaña electoral adelantada por la lista única inscrita a la CÁMARA DE
REPRESENTANTES, Circunscripción territorial del Departamento del VALLE DEL CAUCA, en
desarrollo de las elecciones al Congreso de la República realizadas el 13 de marzo de 2022,
para el periodo constitucional 2022-2026, complemento de la Resolución No. 5194 del 16 de
noviembre 2022».

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Demandante: Yoad Ernesto Pérez Becerra
Demandado: Duvalier Sánchez Arango, representante
a la Cámara, periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00535-00

aspecto subjetivo y, en consecuencia, negará la solicitud de desinvestidura
formulada por Yoad Ernesto Pérez Becerra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura del representante a la
Cámara Duvalier Sánchez Arango por el departamento del Valle del Cauca,
periodo 2022-2026, promovida por el ciudadano Yoad Ernesto Pérez Becerra,
por las razones expuestas.

SEGUNDO: INFORMAR a las partes que contra la presente decisión procede
recurso de apelación, en los términos del artículo 14 de Ley 1881 de 2018.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, COMUNICAR a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del
Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de
la Ley 1881 de 2018.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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