República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2010-01518-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
5 de diciembre de 2022
fiadi caci6 n : 05001233100020100151801 (56466)
De ma ndante: Rony Isabe l Jimé nez Pad illa y Otros
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judici~I obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan lo~ derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejer~icio del derec~!) de acción, resultando
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como una sanción ipso iure que opera por la falta qe aqtividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer al~ún reclamo o requerir algún
reconocimjento o protección de la justicia37 , cuya con~ec~encia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del .término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, ómisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanerite c;lel inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la muerte de Juan Agustín Jiménez Vertel tuvo ocurrencia
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el 20 de julio de 2008 ; ii) que los demandantes presentaron solicitud de
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Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurfdica de
/os sujetos procesa/es, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
asf como el fenómeno procesa/ de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesa/
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llamado a interponer determinada acción judicial".
Corte Constitucional. Sentencia C-57 4 de 1998: "... (sJi e/ actor deja transcurrir /os plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantfa para la seguridad Jurfdica y el interés general. Y es que /a caducidad
representa el lfmite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perder/os por la ocurrencia del fenómeno indicado".
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FI. 72, C.1.
...
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Radicació n: 05 00 I 233 1000 20100 1S I8 01 (56466)
Dc mQndanle: Ron y Isabel Jim é ncz Padilla y Otros
conciliación extrajudicial el 23 de junio de 2010, la cual se declaró fallida el 2 de
agosto de 201039 ; y iii) que la demanda se presentó el 3 de agosto de 20104º, es
decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal
vigente para presentarla de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
4.1. Rony Isabel Jiménez Padilla, Rosmira Jiménez Padilla, Ruby Jiménez Padilla,
Rosa Lía Jiménez Padilla, Rubén Daría Jiménez Padilla, Raúl Miguel Jiménez
Padilla, Rafael Enrique Jiménez Padilla, Robinson José Jiménez Padilla y Raquel
María Jiménez Padilla son las personas sobre las que recae el interés jurídico que
se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, puesto que
son hijos de Juan Agustín Jiménez Vertel (víctima) y conformaban su núcleo
familiar, según dan cuenta las copias auténticas de cada uno de sus registros civiles
de nacimiento41 .
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía y
Ejército Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Fiscalía General
de la Nación, pues según el libelo introductorio son patrimonialmente responsables
por la muerte de Juan Agustín Jiménez Vertel producto de la omisión en el deber
seguridad y protección de la víctima . No está de más precisar que en este caso la
Unidad Nacional de Protección - U.N.P42 . está legitimada en la causa por pasiva
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como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia .
4.3. El municipio de Turbo está legitimado en la causa por pasiva, pues según el
libelo introductorio es patrimonialmente responsable por la muerte de Juan Agustín
39 FI. FI. 178 a 182, C.1.
40 Fl.1 a 10, C.1 .
41 FI. 73 a 81 y 264, C.1.
Mediante el Decreto 4065 de 2011, Artículo 1, "Créase la Unidad Administrativa Especial del orden
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nacional, denominada Unidad Nacional de Protección (UNP), con personar/a Jurfdica, autonomfa
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hará parte del Sector
Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad."
Mediante auto del 18 de noviembre de 2014 43 , se reconoció a la Unidad Nacional de Protección -
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U.N.P. como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad - O.AS.
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