Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2025-00327-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2025-00327-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2025-00327-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Incompatibilidad del artículo 127 de la Constitución Política
Decisión: Confirma la sentencia que decretó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se declaró la pérdida de investidura del
señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, concejal del municipio de Magangué
(Bolívar) para el período constitucional 2024 – 2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 9 de septiembre de 20251, el señor José Joaquín Rubiano Herrera presentó demanda
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:
[…] Por lo anteriormente expuesto solicito la pérdida de investidura del concejal del
municipio de Magangué, ANASTASIO BEDOYA CARDENAS […] por violación al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades consagrados en la normativa vigente […].
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada
La parte solicitante señaló que el señor Anastasio Bedoya Cárdenas es periodista desde
hace varios años y conformó una empresa denominada AB Televisión, de la cual es el
propietario.
1
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001
2333 000 2025 00327 00.
2 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001
2333 000 2025 00327 00.
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
Indicó que el accionado para el año 2023 aspiró a la alcaldía del municipio de Magangué
(Bolívar), contienda en la que obtuvo la segunda mayor votación. Agregó que, por lo anterior
y en aplicación del Estatuto de la Oposición Política obtuvo una curul en el concejo, en la
cual tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2024.
Expuso que «[…] el concejal Anastasio Bedoya por interpuesta persona de nombre Arnulfo
Antonio Cortés Correa, contrató con la alcaldía de Magangué servicios publicitarios para su
medio AB Televisión, violando de esta manera el artículo 127 de la Constitución Política».
Seguidamente, refirió al contrato núm. 790-2024, cuyo objeto fue la «[…] prestación de
servicios de publicidad institucional en medios virtuales a través de AB (Anastasio Bedoya)
Televisión Magangué para la alcaldía municipal de Magangué». Precisó que el contrato fue
suscrito por un valor de $12.000.000 y su ejecución tenía vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2024.
Aseguró que, de acuerdo con el artículo constitucional, el concejal, como servidor público,
no podía suscribir contratos por interpuesta persona con ninguna entidad pública, como
ocurrió en este caso.
Precisó que «[…] en la actualidad hay una investigación en curso por parte del CTI de la
Fiscalía, pues la persona que contrató a nombre de AB Televisión, manifestó que fue
asaltado en su buena fe por el concejal Bedoya».
2. Posición de la parte demandada
El señor Anastasio Bedoya Cárdenas no contestó la solicitud de pérdida de investidura3.
3. La sentencia de primera instancia4
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 13
de noviembre de 2025, resolvió:
3 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001
2333 000 2025 00327 00. Al respecto, puede verse el informe secretarial de paso al despacho de 7 de
octubre de 2025 en el que la secretaria general del Tribunal Administrativo de Bolívar indicó: «[…] Al
Despacho la presente demanda en cumplimiento de auto interlocutorio No. 238/2025 que admitió el proceso
y ordeno notificar personalmente a las partes y correrle traslado por 5 días a fin de que ejerzan su derecho
de contradicción y defensa.
Luego de verificar el escrito de demanda se constató que la parte accionante no indicó la dirección para
notificar a la parte demandada, motivo por el cual se consultó la página web del Concejo de Magangué, en
la que se encontró como correo electrónico del accionado el siguiente:
anastacio.bedoya@concejomagangue.com (13ConsultaCorreNotificacionWeb)
La notificación personal del auto admisorio se realizó el 25 de septiembre de 2025, al correo arriba
mencionado, sin embargo, este mensaje revotó como se puede constatar en el acuse de recibido, motivo
por el cual se contactó al Concejo de Magangué, quienes suministraron la siguiente dirección electrónica:
anastasiobedoya1@hotmail.com.
El mismo 25 de septiembre de 2025 se envió nuevamente el correo de notificación, obteniendo un acuse
positivo de entrega, adicionalmente el mensaje se envió a los correos electrónicos oficiales de notificación
del Concejo de Magangué- Bolívar, atendiendo a que el accionado es miembro de este cuerpo colegiado.
(14NotificacionAutoAdmisorio)
No se recibió respuesta de la parte accionada.
Por lo que pasa al Despacho para decretar las pruebas que se consideren pertinentes» [Negrillas fuera de
texto].
4 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333
000 2025 00327 00.
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
[…] PRIMERO: DECLARAR la pérdida de investidura del señor ANASTASIO ENRIQUE
BEDOYA CÁRDENAS como concejal del municipio de Magangué, Bolívar, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]
Expuso que, para que se configure la incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la
Constitución Política, se debían acreditar los siguientes elementos: (i) que el demandado
haya sido elegido concejal; (ii) que haya celebrado un contrato, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, mientras era concejal; y (iii) que el contrato se haya
suscrito con una entidad pública.
Indicó que en el expediente estaba probado que el señor Anastasio Enrique Bedoya
Cárdenas tiene la calidad de concejal del municipio de Magangué (Bolívar) para el
período constitucional 2024 – 2027, conforme con el formulario E-26 CON.
En relación con la conducta que se le endilgó al demandado, esto es, la celebración de
contrato por interpuesta persona con una entidad pública, mientras era concejal, el a quo
estableció lo siguiente:
En el expediente se acreditó que, entre el municipio de Magangué (Bolívar) y el señor
Arnulfo Antonio Cortés Correa, se celebró el contrato PS- 790-2024, cuyo objeto fue la
prestación de servicios de publicidad institucional en medios virtuales a través de AB
Televisión para la alcaldía municipal de Magangué.
Agregó que, el 12 de diciembre de 2024, la secretaria de hacienda del municipio de
Magangué y supervisora del citado contrato, certificó que el contratista ejecutó
satisfactoriamente las obligaciones pactadas, por lo que dio el visto bueno para efectuar
el pago correspondiente.
Expuso que «[…] por lo anterior, la oficina de tesorería emitió orden de giro por valor de
$9.960.000 al beneficiario Arnulfo Antonio Cortes Correa. Sin embargo, ante la
presentación de una cesión de crédito de este último a la señora Omaris Cadrasco
Hernández, el alcalde municipal de Magangué reconoció dicha cesión mediante
Resolución núm. 6369 de 16 de diciembre de 2024, y ordenó el pago del contrato a la
señora Cadrasco Hernández».
Destacó que «[…] en atención a ello, el pago de la suma de $9.960.000 se giraron de la
cuenta núm. 70083604952 del Banco Agrario, perteneciente al municipio de Magangué,
el 23 de diciembre de 2024, a la cuenta de ahorros de Bancolombia núm. 48442572171
a nombre de la señora Omaris Cadrasco Hernández, pago reflejado el 24 de diciembre
de 2024».
Relató que la Fiscalía 4 Seccional Delegada ante los Jueces Penales y Promiscuos de
Magangué informó que existe una investigación que se adelanta en contra del señor
Anastasio Bedoya Cárdenas dentro de la cual se formuló imputación el 8 de septiembre
de 2025 con fundamento en que «el 6 de noviembre de 2024, se suscribió entre la
alcaldía municipal de Magangué y el señor Arnulfo Antonio Cortes Correa, contrato PS
790-2024, en el que presuntamente intervino en su tramitación y celebración el señor
Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, quien para ese momento ostentaba la calidad de
concejal municipal de Magangué». Al respecto añadió:
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
[…] Observa la Sala que, dentro de la investigación reseñada, se recolectó un material
probatorio trasladado al sub examine, del cual se resaltan las entrevistas realizadas por
la policía judicial, y las declaraciones recepcionadas, así como pruebas documentales
relacionadas con la ejecución del contrato PS-790-2024, de las cuales se extraen los
siguientes hechos relevantes acreditados hasta esa instancia investigativa:
En interrogatorio realizado al señor Arnulfo Antonio Cortés Correa como indiciado ante la
Unidad Básica de Investigación Criminal del municipio de Magangué, respecto a la
celebración del contrato 790-2024, manifestó que fue abordado por el concejal Bedoya
Cárdenas, quien le pidió el favor de suscribir el contrato de publicidad con el municipio, en
atención a que por la naturaleza de su cargo público no podía hacerlo directamente,
accediendo el declarante a suscribirlo de buena fe.
[…]
Igualmente, fue entrevistada la señora OMARIS CADRASCO HERNÁNDEZ por la policía
judicial, quien informó que el señor Anastasio Bedoya Cárdenas le propuso a su esposo
ALDEMAR IRIARTE TAMARA un negocio, consistente en prestarle un dinero -actividad a
la que se dedicaba la pareja-, y que como garantía le hacía la cesión de un contrato que
tenía en la alcaldía municipal. Que como no era la primera vez que hacían negocios con
el señor Bedoya, prestó su cuenta bancaria para ello, firmó el contrato de cesión de crédito
y su esposo Aldemar le entregó personalmente y en efectivo al señor Bedoya la suma de
$9.500.000 mil pesos, quien una vez recibió el dinero salió de su casa […]
Aunado a lo anterior, la unidad de policía judicial entrevistó al señor ALDEMAR IRIARTE
TAMARA, quien expresó haber recibido una llamada el 25 de noviembre del año 2024 de
parte del señor ANASTASIO BEDOYA CÁRDENAS, solicitándole el préstamo de un
dinero y como garantía le ofreció cederle el pago de un contrato que tenía con la alcaldía
de Magangué. Que, en horas de la tarde del mismo día, llegó el señor BEDOYA y le explicó
que tenía un contrato con la alcaldía de Magangué por la suma de $12.000.000 millones
de pesos, por lo cual, le pedía que le diera la suma de $10.000.000 de pesos, pero el
señor Iriarte convino prestarle menos ya que para reclamar el pago del contrato desde la
alcaldía descontaban impuestos y había otra serie de cobros, llegando al consenso de
que la suma a prestar sería $9.500.000.
Que, por lo anterior, el señor Bedoya le llevó a su residencia un contrato de cesión de
crédito, documento que firmó su esposa OMARIS CABRASCO HERNÁNDEZ quien
recibiría el dinero en su cuenta bancaria. Señaló que, confiando en la buena fe del
concejal, tampoco le preguntó quién era ARNULFO, la persona cedente del contrato, por
lo cual, ese mismo día le entregó al señor BEDOYA la suma en efectivo de $9.000.000 y
esperó hasta el mes de diciembre, que fue el tiempo en que la alcaldía de Magangué
consignó el pago del contrato a la cuenta de ahorros de su esposa con No. 4844527171
de Bancolombia, por la suma de $9.960.000 […]
Sostuvo que, de las pruebas que obraban en el expediente era posible concluir que el
demandado, señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, celebró en interés propio y por
interpuesta persona -señor Arnulfo Antonio Cortés Correa-, un contrato de publicidad con
el municipio de Magangué (Bolívar) mientras tenía la calidad de concejal en dicho ente
territorial.
Manifestó que «[…] a la anterior conclusión se arriba, en razón a que de la prueba
trasladada por la Fiscalía 4 Seccional, y corroborada en parte en esta instancia, se
conoció que el gestor del contrato 790-2024 fue el concejal Bedoya Cárdenas, quien no
solo se encargó de su trámite en nombre de un tercero, sino que se benefició
económicamente del mismo, al utilizar el pago del mismo para saldar una deuda
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
previamente adquirida con el señor Aldemar Iriarte Tamara, siendo desembolsado el giro
del municipio a la cuenta de ahorros de su esposa Omaris Cadrasco Hernández».
Destacó que la suscripción del referido contrato no se encuentra dentro de las
excepciones establecidas en los artículos 46 de la Ley 136 de 1994, ni 10 de la Ley 80
de 1993.
En consecuencia, afirmó que estaba configurado el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de incompatibilidades contenida en el
artículo 127 de la Constitución Política que prohíbe, en forma general, a los servidores
públicos la celebración de contratos con entidades públicas por sí o por interpuesta
persona.
En lo concerniente al elemento subjetivo, señaló que «[…] de los testimonios de los
señores Arnulfo Antonio Cortés Correa, Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte
Tamara, se extrae que el concejal demandado conocía las consecuencias de su actuar,
y la razón por la cual no podía fungir directamente como contratista en la celebración del
contrato 790-2024. Ello se desprende de manifestaciones realizadas al tercero con el
que gestionó la celebración del negocio jurídico, a quien le recalcó la imposibilidad de
firmarlo por ser servidor público, es decir, conocía las consecuencias de su participación
en el contrato».
Acotó que «[…] también se desprende su conocimiento de la afectación del interés
jurídico, de la diligencia puesta en la búsqueda de la persona beneficiada con la cesión
del crédito derivado del contrato, con lo que automáticamente se beneficiaría al saldar
una deuda pendiente con el señor Iriarte Tamara, esposo de la señora Cadrasco
Hernández, a quien se demostró le fue girado el pago del contrato 790-2024».
Aseguró que, a partir de los hechos probados, se evidencia que «[…] el demandado
gestionó la celebración del contrato 790-2024 por interpuesta persona, y se benefició
económicamente del mismo, actuando de forma dolosa, en la medida que tenía
conocimiento de la prohibición legal que recaía sobre su condición de concejal del
municipio de Magangué. En ese orden, se encuentra acreditada la configuración del
elemento subjetivo del dolo, toda vez que, la conducta contraria a derecho se realizó con
conocimiento y voluntad».
4. El recurso de apelación5
4.1. La parte demandada pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se negara la desinvestidura, con sustento en lo siguiente:
Afirmó que «[…] resulta imposible sostener una decisión sancionatoria tan restrictiva
como la pérdida de investidura con fundamento principal en declaraciones
inconsistentes, contradictorias y carentes de solidez, como la del señor Arnulfo Antonio
Cortés, quien no solo reconoce haber firmado una declaración de extra juicio falsa, sino
que admite que nunca fue administrador de la página AB Televisión, que no ejecutó el
contrato, que nunca manejó el contenido publicado, que no recibió el dinero del municipio
y que simplemente actuó “de buena fe” al suscribir documentos cuya naturaleza ni
siquiera entendía».
5 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333
000 2025 00327 00.
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Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
Citó jurisprudencia de esta Corporación6 para indicar que la pérdida de investidura no
puede sustentarse en simples inferencias o en testimonios equívocos, sino
exclusivamente en prueba plena y directa. Añadió que, la pérdida de investidura exige al
juez la valoración integral, explícita y razonada de todas las pruebas allegadas al
proceso, especialmente, aquellas aportadas por la defensa, así como la obligación de
exponer de manera comprensible y verificable las razones por las cuales se acoge o se
descarta cada elemento probatorio y reprochó que la sentencia apelada omitió valorar
las pruebas aportadas por la defensa, «[…] así como los testimonios rendidos en
audiencia por personas citadas de oficio o a solicitud de esta parte».
Sostuvo que en la audiencia de pruebas celebrada el 4 de noviembre de 2025 se
practicaron los testimonios de la señora Kelly Johana Rincón Rodríguez, administradora
de la página AB Televisión; de la señora Ingrid Pombo Domínguez, secretaria de
hacienda y supervisora del contrato 790-2024; y del señor Pedro Manuel Alí, alcalde
municipal de Magangué; sin embargo, ninguno de estos testimonios fue valorado por el
tribunal, a pesar que todos resultaban esenciales para demostrar que el demandado no
tuvo ninguna participación en la gestión del referido contrato.
Acotó que, en la misma audiencia «[…] se incorporó el informe oficial de la Cámara de
Comercio de Magangué mediante el cual se certifica que el medio AB Televisión no
posee registro mercantil, dato que contradice el supuesto fáctico de la demanda según
el cual dicho medio sería una empresa comercial sujeta a la prohibición del artículo 55
de la Ley 136 de 1994».
Indicó que el tribunal no valoró dicha prueba documental, ni tampoco los requerimientos
que ordenó a la Fiscalía Quinta Municipal y a la Alcaldía de Magangué para que se
allegara copia auténtica del contrato 790-2024 e información sobre eventuales
investigaciones penales relacionadas con el contratista.
Añadió que la defensa allegó «[…] múltiples documentos demostrativos de la ausencia
de participación del concejal en los hechos materia de debate, incluyendo certificaciones
administrativas, comunicaciones oficiales y material demostrativo de que no existía
relación del disciplinado con el contratista o con la ejecución del contrato» y ninguno fue
siquiera mencionado en la sentencia.
Manifestó que el juez debe analizar expresamente todas las pruebas recaudadas, aun
cuando las considere secundarias, pues la ausencia de valoración implica un vicio de
motivación que invalida la decisión. Aseguró que «[…] la sentencia carece de validez
sustantiva y debe ser revocada, por cuanto la decisión adoptada se fundamentó en
apreciaciones incompletas e insuficientes, desconociendo pruebas que demostraban la
inexistencia de la causal de pérdida de investidura».
Precisó que el tribunal de instancia no valoró adecuadamente la declaración de la señora
«[…] Kelly Johana Rincón, administradora legítima y exclusiva de la página AB Televisión
desde 2019, quien afirmó de manera categórica que fue ella —y no el concejal— quien
publicó los contenidos relacionados con alivios tributarios, que nunca firmó contrato
alguno con el municipio ni con Cortés, que desconocía completamente la existencia del
contrato PS-790-2024 y que el señor Cortés le pagó directamente por cada publicación
realizada, sin intervención de mi representado ni beneficio alguno para él».
6 Refirió a «sentencia de Sala Plena del 3 de abril de 2018 (rad. 2017 – 00328-00)».
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
Añadió que «[…] también se soslaya el testimonio de la secretaria de Hacienda
Municipal, supervisora del contrato, quien expresó con claridad que el señor Bedoya no
intervino en la selección del contratista, ni realizó recomendación alguna, ni hizo presión
o solicitud relacionada con el contrato, ni tuvo incidencia en su ejecución, afirmando que
todo se tramitó conforme a los documentos presentados por el señor Cortés».
Expuso que:
[…] El Tribunal construye su decisión presuponiendo que existiría un beneficio económico
para el concejal derivado de la supuesta cesión del crédito, basándose en declaraciones
del señor Aldemar Iriarte y de la señora Omaris Cadrasco, quienes indican haber
entregado dinero al concejal por un negocio personal. Sin embargo, estas declaraciones
tampoco acreditan relación directa entre mi representado y el contrato PS-790-2024. Ellos
mismos afirman no conocer al señor Cortés, no tener vínculo con él, y solo haber tratado
con el concejal en acuerdos económicos previos ajenos al contrato. El vínculo entre su
negocio privado y el contrato es una construcción inferencial sin prueba directa. Ninguna
transacción del municipio fue hecha al concejal, ningún documento del proceso
contractual contiene su firma y ninguna actuación oficial evidencia su intervención […].
Argumentó que «[…] el Tribunal infiere el dolo simplemente porque el concejal “debía
conocer la prohibición” de contratar por interpuesta persona y porque mantenía vínculos
sociales con el señor Cortés. Conocimiento abstracto de la ley no constituye dolo, ni
mucho menos demuestra voluntad dirigida a infringirla».
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 18 de diciembre de 20257.
5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Primera de la Corporación por acta de
reparto de 16 de abril de 20268.
5.2. Por auto de 17 de abril de 2026, el despacho de conocimiento admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada9.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 29 de abril de 202610.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
7 Visto en el índice 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333
000 2025 00327 00.
8 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333
000 2025 00327 01.
9 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333
000 2025 00327 01.
10 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado13001 2333
000 2025 00327 01.
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200011 y con
base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo 201912 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones13.
2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
En el presente asunto se acreditó con el formulario E – 26 CON, que el señor Anastasio
Enrique Bedoya Cárdenas fue elegido concejal del municipio de Magangué (Bolívar) para
el período constitucional 2024 - 202714 y está acreditado que tomó posesión del cargo el
2 de enero de 202415.
3. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, la parte demandada pretende que se declare la pérdida de
investidura del concejal Bedoya Cárdenas, por haber incurrido en la incompatibilidad
prevista en el artículo 127 de la Constitución Política al celebrar por interpuesta persona
un contrato con la alcaldía de Magangué.
Para resolver, la Sala examinara (i) el alcance del inciso primero del artículo 127 de la
Constitución Política en el marco de la pérdida de investidura; (ii) el elemento objetivo de
la incompatibilidad invocada, y, de estar acreditado, abordara el estudio del (iii) elemento
subjetivo.
3.1. El alcance del inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política en el
marco de la pérdida de investidura
Las incompatibilidades han sido definidas por la Sección Primera de la Corporación como
«[…] la prohibición de ejercer dos actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso de los
servidores públicos se traduce en la prohibición de desempeñar o ejercer otros cargos o
realizar otras actividades distintas a las que corresponde a las funciones del cargo de que
son titulares»16.
11 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
14 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333
000 2025 00327 00.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de julio de
2008. Expediente radicación núm. 44001 2331 000 2008 00005 01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
La jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha considerado que el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política consagra una incompatibilidad general
para los servidores públicos17, cuando dicha disposición señala que «[…] los servidores
públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de
otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones legales».
En atención a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política,
la jurisprudencia de la Sección Primera ha sostenido que «[…] se trata de una
incompatibilidad de orden constitucional en la medida en que la norma prohíbe a quien tenga
la calidad de servidor público que, en forma simultánea, celebre, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidad pública o con personas
privadas que administren recursos públicos»18.
A su turno, el inciso primero del artículo 123 de la Constitución Política prevé que son
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios. En efecto, la Corte Constitucional ha indicado que19 «[…] respecto de los
concejales municipales, la Constitución consagra en forma enfática que "los concejales
no tendrán la calidad de empleados públicos". No obstante, en el artículo 123 Ibidem sí
se establece con claridad que los miembros de las corporaciones públicas son servidores
públicos. […] Los empleados públicos son servidores públicos. Los concejales también,
pero sin tener el carácter específico de empleados públicos, dado el origen de su
vinculación, por elección popular, que difiere del de aquéllos».
En ese contexto, quienes integran las corporaciones públicas, tales como, las asambleas
departamentales o los concejos municipales tienen la condición de servidores públicos y,
por lo tanto, son sujetos de la incompatibilidad contenida en el inciso primero del artículo
127 de la Constitución Política y su infracción da lugar a la pérdida de investidura. Así lo
ha explicado la jurisprudencia de la Sección Primera20:
[…] A su turno, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que la prohibición de
los servidores públicos de contratar con el Estado, a partir de lo determinado en el
artículo 127 superior, constituye una violación al régimen de incompatibilidades
aplicable a los concejales, así:
[…]
130. La Sala considera, conforme con la normativa indicada supra, que la
prohibición que constituye incompatibilidad contenida en el inciso primero del
artículo 127 de la Constitución Política sobre contratación es aplicable en forma
directa a los concejales; sin perjuicio de las excepciones establecidas por el
legislador en las leyes 80 y 136, relativas a: i) “[…] las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que
se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de
2020. Expediente radicación núm. 54001 2333 000 2019 00091 01 (PI). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de
2020. Expediente radicación núm. 54001 2333 000 2019 00091 01 (PI). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
19 Sentencia C 222 de 14 de abril de 1999.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 2021. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2019 02158 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.
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quienes los soliciten […]”; ii) “[…] ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos
representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de
su cargo o por mandato legal o estatutario […]”; iii) “[…] quienes celebren contratos
en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política […]”; iv) “[…]
Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al
público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…] Ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase
que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo
municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital […]”.
131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse probado que un concejal
celebró un contrato estatal, indistintamente de si se trata o no del municipio donde
fue elegido, constituye causal de pérdida de investidura21 por violación del régimen
de incompatibilidades establecido por el inciso primero del artículo 127 ibidem.
132. Esta Sección ha considerado, en relación con la causal de desinvestidura por
incurrir en la prohibición que constituye incompatibilidad establecida en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política, lo siguiente22:
“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del artículo 45 de la Ley
136 de 1994, que consagró las incompatibilidades de los concejales, fue
modificada por la Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada por el
artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la que no puede edificarse, con
sustento en ella, la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de incompatibilidades. Sin embargo, a juicio de la Sala, y contrario
a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de
la Carta Política consagra una incompatibilidad para los concejales, en la
medida en que son servidores públicos, consistente en la prohibición de
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro,
contrato alguno con entidades públicas, mientras ostenten tal condición,
salvo las excepciones legales. Así lo ha confirmado, inicialmente la Corte
Constitucional, en la Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala,
en sentencia del 10 de marzo de 2005 […]”
133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la prohibición que constituye
incompatibilidad establecida por el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política es una causal autónoma que prohíbe a los servidores públicos, entre ellos
a los concejales municipales o distritales, en forma general, “[…] celebrar, por sí o
por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos,
salvo las excepciones legales […]” […].
[21] Conforme con el numeral 1, del artículo 48, de la Ley
[22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero
de 2016, número único de radicación 13001-23-33-000-2014-00333-01, consejero ponente Roberto
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En otra oportunidad y en similar sentido, la Sección Primera de la Corporación explicó
que la prohibición contenida en el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política constituye una incompatibilidad que cobija a los concejales23:
[…] El inciso 1. ° del artículo 127 de la Constitución Política introduce una
incompatibilidad general para los servidores públicos consistente en la prohibición
de celebrar, por sí̀ o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales.
Esta Sección ha señalado que la prohibición contenida en el inciso 1. ° del artículo
127 de la Constitución Política, en consonancia con el literal f) del numeral 1. ° del
artículo 8. ° de la Ley 80, constituye una incompatibilidad que cobija a los
concejales, por ser servidores públicos de conformidad con el artículo 123 de la
Constitución Política y por ende es una causal de pérdida de investidura.
En sentencia de 10 de marzo de 200524, la Sección Primera conoció de una
demanda de pérdida de investidura en contra de un concejal, la cual se sustentó en
el artículo 127 de la Constitución Política. En este fallo se indicó que los cabildantes,
en su condición de servidores públicos, se encuentran cobijados por la
incompatibilidad o prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución
Política y es causal autónoma de pérdida de investidura […]
Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Primera ha explicado que, para la
configuración de la incompatibilidad prevista en el inciso primero del artículo 127 de la
Constitución Política, deben estar reunidos los siguientes elementos que (i) el concejal,
estando en ejercicio de sus funciones, (ii) haya celebrado, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato (iii) con una entidad pública cualquiera sea
su nivel territorial, o con personas privadas que manejen o administren recursos
públicos25.
En este caso, se le endilga al concejal demandado haber celebrado contrato por
interpuesta persona, elemento respecto del cual la jurisprudencia ha indicado que «[…]
la celebración de contratos bajo esta modalidad constituye un medio para obtener
beneficios que de otra manera no podrían obtenerse o para eludir las inhabilidades o
incompatibilidades en las que pueda estar incursa una persona determinada. La
celebración de contratos por interpuesta persona implica que quien aparece como
contratista, aunque formalmente, aparentemente, figure como tal, en realidad, no es la
persona que lo celebra y ejecuta»26.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de febrero
de 2026. Expediente radicación núm. 76001 2333 000 2025 00236 01. C.P.: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
[24]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta, sentencia de 10 de marzo de 2005, radicado: 44001 2331 000 2004 00056 01 (PI).
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 2021. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2019 02158 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón. Ver igualmente: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 26 de febrero de 2026. Expediente radicación núm. 76001 2333 000 2025 00236 01. C.P.:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de
2015. Expediente radicación núm. 17001 2333 000 2013 00083 01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
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Adicionalmente, ha aclarado que la evidencia probatoria para acreditar que un servidor
público ha celebrado contratos con el Estado por interpuesta persona son las
circunstancias indiciarias acreditadas en el proceso, así27:
[…] Y es que la evidencia probatoria requerida para acreditar que un servidor
público ha celebrado contratos con el Estado por interpuesta persona ”[…] no
aparece epidérmicamente, sino que corresponde auscultarla, atando y
concatenando episodios y hechos, que son los que finalmente dibujan la realidad
de las cosas […]”28, por lo que resulta apropiado acudir ”[…] a procesos deductivos
a partir de circunstancias indiciarias como las aquí comentadas, pues en la mayoría
de esos casos es el medio de prueba de que en últimas debe valerse el juez, habida
cuenta de que los involucrados en los hechos generalmente se cuidan de no dejar
evidencias directas de las reales intenciones de sus actos […]”29[…].
3.2. Del análisis objetivo de la configuración de la incompatibilidad prevista en el
inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política
En el asunto bajo examen, la parte actora pretende que se decrete la pérdida de
investidura del demandado con fundamento en que celebró un contrato con la alcaldía
municipal de Magangué (Bolívar) por interpuesta persona, mientras que, el concejal
sostiene que, de las pruebas obrantes en el proceso, se desprende que no está
acreditado el supuesto de hecho señalado en la demanda.
Para resolver, la Sala estima pertinente, en primer lugar, referirse a las pruebas que
fueron recaudadas en el proceso relacionadas con: (i) la suscripción del contrato PS –
790 -2024; (ii) la cesión de crédito y pago del contrato PS -790-2024; (iii) la
documentación aportada por la Fiscalía 4 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
y Promiscuo de Magangué (Bolívar), y, por último, (iv) los testimonios recibidos en este
proceso de pérdida de investidura
Posteriormente, a partir de un análisis crítico de las pruebas allegadas al expediente, la
Sala abordará cada uno de los reproches expuestos en el recurso de apelación
relacionados con que: (i) el tribunal fundamentó la decisión de pérdida de investidura
exclusivamente en el testimonio rendido por el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa,
respecto del cual el apelante aseguró que es contradictorio e inconsistente; (ii) el tribunal
omitió valorar los testimonios rendidos en las audiencias de pruebas que fueron «citados
a solicitud de parte» y, agregó que, las declaraciones de los señores Omaris Cadrasco
Hernández y Aldemar Iriarte Tamara no acreditan la relación directa del concejal con el
contrato PS-790-2024; (iii) el tribunal omitió valorar los testimonios de las señoras Kelly
Johana Rincón Rodríguez e Ingrid Pombo Domínguez y del señor Pedro Manuel Alí; y
(iv) el tribunal no valoró el informe presentado por la Cámara de Comercio de Magangué
sobre la inexistencia del registro mercantil de la página AB Televisión.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 2021. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2019 02158 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.
[28] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 13 de febrero de 2014, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-00217-00(0861-12),
consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
[29] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
septiembre de 2003, número único de radicación 73001-23-31-000-2002-00993-01(9079) (PI), consejero
ponente Manuel Santiago Urueta Ayola.
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3.2.1. Pruebas relacionadas con la suscripción del contrato PS -790-2024
3.2.1.1. Obra el contrato PS -790 -2024 suscrito entre la alcaldía municipal de Magangué
y el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa, cuyo objeto contractual fue la «[…] prestación
de servicios de publicidad institucional en medios virtuales a través de AB Televisión
Magangué para la alcaldía municipal de Magangué» [Negrillas de la Sala]. Además, se
advierte que el valor del contrato fue establecido por la suma de $12.000.000 y por un
término de duración «[…] hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del
perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio»30.
3.2.1.2. Igualmente, reposa el acta de inicio del contrato suscrita el 18 de noviembre de
2024 entre la supervisora del contrato, la señora Ingrid Pombo Rodríguez en calidad de
secretaria de hacienda municipal y el contratista, el señor Arnulfo Antonio Cortés
Correa31.
3.2.1.3. Al expediente fue allegada la declaración extra juicio rendida por el señor Arnulfo
Antonio Cortés Correa en la que manifestó, bajo gravedad de juramento, que ha
administrado la página digital de noticias AB Televisión durante los últimos tres años,
así32:
30 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
31 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
32 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
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3.2.1.4. Adicionalmente, por auto de 20 de octubre de 2025, el tribunal de instancia
requirió de oficio a la Cámara de Comercio de Magangué para que informara «[…] si la
página digital del medio de comunicación denominado AB Televisión, con cuenta en la
plataforma digital Facebook e identificador de la página núm. 1117686695002303, se
encuentra registrado como establecimiento de comercio»33.
En atención a lo anterior, la Cámara de Comercio de Magangué informó que «[…] verificada
la información de la persona jurídica indicada en su solicitud, una vez revisados los libros
de registro mercantil y las inscripciones que se llevan en esta cámara de comercio se
pudo constatar que, no reposa registro mercantil, establecimientos, agencias y/o
sucursales de las personas relacionadas en su solicitud»34.
3.2.2. Pruebas sobre la cesión de crédito y pago del contrato PS -790-2024
3.2.2.1. Obra en el expediente la cesión del crédito derivado del contrato PS -790 -2024
suscrita el 25 de noviembre de 2024 entre el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa y la
señora Omaris Cadrasco Hernández, en los siguientes términos35:
[…] YO ARNULFO ANTONIO CORTES CORREA mayor de edad, vecino y residenciado
en la ciudad de Magangué, identificado con cédula de ciudadanía 19.871.172 expedida
en Magangué, Bolívar, el cual desde ahora será llamado cedente, y OMARIS CADRASCO
HERNANDEZ con cédula de ciudadanía 33.065.807 expedida en Magangué, el cual
desde ahora será llamado cesionario, acuerdan que: PRIMERO: Que cedo irrevocable e
incondicionalmente, a favor del cesionario todos los derechos y privilegios derivados
del contrato núm. PS 790-2024 de la Alcaldía de Magangué del mes de noviembre
de 2024. SEGUNDO: LA SUMA SERÁ DE DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE
($12.000.000). TERCERO: El cedente por ningún motivo podrá dar reversa a dicho
contrato, excepto si es por mutuo acuerdo. CUARTO: El cesionario tendrá en todo
momento poder sobre los honorarios anteriormente nombrado.
Para constancia de lo anterior se firma a los 25 días del mes de noviembre de 2024 […]
[Negrillas de la Sala]
3.2.2.2. El alcalde municipal de Magangué, el señor Pedro Manuel Alí Alí, expidió la
Resolución núm. 6369 de 16 de diciembre de 2024 en la que resolvió 36:
[…] ARTICULO PRIMERO: Reconózcase el Contrato de Cesión de Crédito y ordénese
cancelar a la señora OMARIS CADRASCO HERNANDEZ identificada con la cédula de
ciudadanía núm. 33.065.807 la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000)
como CESIONARIA del señor ARNULFO ANTONIO CORTES CORREA, identificado con
la cédula de ciudadanía núm. 19.871.172, por concepto de pago total del contrato de
prestación de servicios núm. 790/2024, correspondiente al período ejecutado entre el 18
de noviembre al 31 de diciembre de 2024 en virtud de los considerandos anteriores […]
3.2.2.3. En el expediente obra la orden de giro del 19 de diciembre de 2024 de la oficina
de tesorería de la alcaldía municipal de Magangué a nombre de la señora Omaris
33 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
34 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
35 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
36 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
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14
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Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
Cadrasco Hernández y a la cuenta de ahorros de Bancolombia núm. 48442572171 por
un valor bruto de $12.000.000 y un valor neto [que incluye deducciones] de $ 9.960.00037.
3.2.2.4. Igualmente, fue allegado el certificado bancario de Bancolombia expedido el 25
de noviembre de 2024 en el que consta que la señora Omaris Cadrasco Hernández es
titular de una cuenta de ahorros núm. 4844257217138.
3.2.3. Pruebas aportadas por la Fiscalía 4 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito y Promiscuo de Magangué (Bolívar)
Por auto de 20 de octubre de 2025, el tribunal de instancia requirió de oficio a la Fiscalía
Quinta Municipal de Magangué (Bolívar) para que aportara al proceso «[…] informe de
existencia de la investigación penal promovida contra el señor Arnulfo Antonio Cortes
Correa indicando tipo penal investigado y hechos en que se soporta la misma»39.
3.2.3.1. En cumplimiento de lo anterior, la Fiscal 4 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito y Promiscuo de Magangué (Bolívar) allegó el siguiente informe40:
[…] Existe una investigación en contra del señor ANASTASIO BEDOYA CARDENAS, que
se inició el día 04 de julio de 2025, se formula imputación el día 08 de septiembre de 2025,
con base a los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
En Magangué el 6 de noviembre de 2024, se suscribe entre la alcaldía municipal de
Magangué y Arnulfo Antonio Cortes Correa, quien actúa en calidad de representante legal
del contratista, contrato PS 790-2024, por el valor de doce millones de pesos
($12.000.000) […] contrato en el que intervino en su tramitación y celebración el señor
ANASTASIO ENRIQUE BEDOYA CARDENAS, quien para ese momento ostentaba la
calidad de concejal municipal de Magangué, cargo del que tomó posesión en enero de
2024 y para el que fue elegido de manera popular en las elecciones del 29 de octubre de
2023.
Contrato para él que el señor Arnulfo Antonio Cortes Correa, por instrucciones que acato
de buena fe y por amistad del señor ANASTASIO ENRIQUE BEDOYA CARDENAS,
suscribió documento en el que manifiesto ser el representante legal de la página de
Facebook AB Televisión medio de comunicación/noticias, medio del cual el señor
BEDOYA CARDENAS, siempre tuvo la administración y dominio, y a través del cual,
en efecto se realizaron las publicaciones, tal como consta en el certificación de ejecución
del contrato suscrita en fecha 12 de diciembre de 2024 y firmada por la supervisora del
contrato, Ingrid Pombo Domínguez y Arnulfo Antonio Cortes Correa en su supuesta
calidad de representante legal del contratista.
Dejando en claro el señor Arnulfo Antonio Cortes Correa que siempre actuó por
indicaciones del señor ANASTASIO ENRIQUE BEDOYA CARDENAS, utilizándolo
como interpuesta persona, ya que el procesado fue quien en realidad tramitó todos
los actos tendientes y relacionados con la materialización del contrato PS 790-2024.
37 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
38 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
39 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
40 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
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Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
Siendo que mediante la Resolución 6369 de fecha 16 de diciembre de 2024, se reconoce
el contrato de cesión de crédito y el municipio ordena cancelar a la señora Omaris
Cadrasco Hernández, la suma de doce millones de pesos ($12.000.000) como cesionaria
del señor Arnulfo Antonio Cortes Correa, por concepto de pago total del contrato de
prestación de servicios 790-2024, todo esto bajo la coordinación de BEDOYA
CARDENAS, quien es el verdadero contratante. Cesión del contrato SP 790-2024,
utilizada como garantía de préstamo otorgado a ANASTASIO ENRIQUE BEDOYA
CARDENAS, por el valor de nueve millones quinientos mil pesos ($9.500.000), por parte
de los señores Aldemar Iriarte Tamara y Omaris Cadrasco Hernández y que le fue
entregado por el señor Aldemar Iriarte Tamara entre los días 27 y 28 de noviembre de
2024. Realizada la cesión del crédito, el municipio de Magangué en virtud a orden de pago
24004654 de fecha 17 de diciembre de 2024, consigna en fecha 23 de diciembre de 2024
a la cuenta de ahorros Bancolombia 48442572171 perteneciente a la señora Cadrasco
Hernández, la suma de nueve millones novecientos sesenta mil pesos ($9.960.000), esto
como pago de la mencionada obligación existente entre los señores Aldemar Iriarte
Tamara y Omaris Cadrasco Hernández, suma que se refleja el 24 de diciembre de
2024[…]
Se presentó escrito de acusación ante el juzgado 01 penal del circuito de Magangué el
día 08 de septiembre de 2025, se programó audiencia de formulación de acusación para
el día 24 de octubre de 2025, la cual fue aplazada por la defensa del señor BEDOYA
CARDENA.
Es de anotar que el señor Arnulfo Antonio Cortes Correa, funge en esta investigación en
calidad de testigo de la fiscalía como se denota en escrito de acusación
Adjunto carpeta de investigación 13430600118202580063 con 11 archivo pdf digital […]
[Negrillas fuera de texto].
3.2.3.2. Entre las documentales aportadas por la Fiscal 4 Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito y Promiscuo de Magangué (Bolívar) al presentar el informe requerido
por el tribunal de instancia se advierte que allegó el «[…] Informe Investigador de Campo
-FPJ-11»41 rendido por el investigador criminal de la Policía Judicial a la Fiscal 04 Seccional
– Magangué (Bolívar). En dicho informe de la Policía Judicial consta que se entrevistó a la
señora Omaris Cadrasco Hernández y al señor Aldemar Iriarte Tamara.
Frente a la señora Omaris Cadrasco Hernández se destaca lo siguiente42:
[…] Continuando con la investigación, se recepciona diligencia de entrevista a la señora
OMARIS CADRASCO HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía número
33.065.807 de Magangué Bolívar, persona a la cual le cedieron el pago del contrato N°
PS-790-2024 de la alcaldía municipal de Magangué a favor de la página digital de la red
social Facebook denominada AB Televisión, quien informa lo siguiente.
PREGUNTA: manifieste ante esta unidad de policía judicial las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos materia de la presente investigación.
CONTESTO: para el mes de noviembre del año 2024 mi esposo ALDEMAR IRIARTE
TAMARA me manifestó que el señor ANASTASIO BEDOYA le había propuesto un
negocio, que le prestara un dinero y que como garantía le hacia la cesión de un contrato
que tenía en la alcaldía municipal, pero como mi esposo pasa ocupado me dijo que para
reclamar el dinero del contrato le pasáramos mi cuenta, por esa razón están mis datos
41 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
42 Ibidem.
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Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
personas (sic) en dicha cesión, además que esta actividad la ejercemos ya que tenemos
el negocio de prestar dinero y tampoco era la primera vez que hacíamos un negocio con
el señor ANASTASIO BEDOYA, anteriormente ya le habíamos prestado dinero y él nos
cecidia el pago de los honorarios del concejo, o el pago de contratos. Después que le
pasamos mis datos personales y el número de mi cuenta bancaria al señor ANASTASIO
BEDOYA como a los tres días, llegó hasta mi vivienda con el contrato de cesión de crédito,
donde lo firmé y mi esposo ALDEMAR le entregó personalmente y en efectivo al señor
ANASTASIO BEDOYA la suma de $ 9.500.000 mil pesos, quien una vez recibió el dinero
salió de mi casa y se fue, solo hasta el mes de diciembre, no recuerdo la fecha, me llegó
a mi cuenta bancaria el pago de la cesión de contrato por la suma de $9.960.000 mil
pesos. PREGUNTA: manifieste ante esta unidad de policía judicial si usted sabia o leyó el
contenido del contrato de cesión de crédito que le firmó al señor ANASTASIO BEDOYA
CONTESTO: si señor, yo leí el contrato en su totalidad. PREGUNTA: manifieste ante esta
unidad de policía judicial si usted antes de firmar el contrato de cesión de crédito habló
con el cedente señor ARNULFO ANTONIO CORTES CORREA. CONTESTO: no, es más
yo no conozco a ese señor, además que al que se le entregó la plata de la cesión del
crédito fue al señor ANASTASIO BEDOYA, nosotros nunca hablamos con ese señor
ARNULFO. PREGUNTA: manifieste ante esta unidad de policía judicial cuál es su número
de cuenta bancaria en la cual la alcaldía de Magangué Bolívar le consigno el dinero por el
pago del contrato N° PS 790-2024. CONTESTO: mi número de cuenta es el 48442572171
cuanta de ahorros del banco Bancolombia. PREGUNTA: manifieste ante esta unidad de
policía judicial que personas son testigos de los hechos. CONTESTO: esta mi esposo
ALDEMAR IRIARTE TAMARA quien fue el que hizo el negocio con el señor ANASTASIO
BEDOYA […]
En cuanto al señor Aldemar Iriarte Tamara, se indicó lo siguiente43:
[…] Por otra parte, para una mayor claridad de los hechos investigados, se recepciona
diligencia de entrevista al señor ALDEMAR IRIARTE TAMARA identificado con cédula de
ciudadanía número 73.239.776 de Magangué Bolívar, esposo de la señora OMARIS
CADRASCO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 33.065.807 de
Magangué Bolívar, quien manifiesta lo siguiente:
PREGUNTA: manifieste ante esta unidad de policía judicial las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos materia de la presente investigación.
CONTESTO: para el día 25 de noviembre del año 2024 recibió una llamada a mi teléfono
celular de parte del señor ANASTASIO BEDOYA, quien me informa que necesitaba un
dinero y que para responderme me cedía el pago de un contrato que tenía en la alcaldía
de Magangué, por lo cual yo le dije que llegara en la tarde a mi casa para hablar
personalmente. En horas de la tarde del mismo día llegó el señor ANASTASIO BEDOYA
y me explicó que tenía un contrato con la alcaldía de Magangué por la suma de
$12.000.000 millones de pesos, por lo cual, me pedía que le diera la suma de $10.000.000
de pesos, pero yo le dije que le prestaba menos ya que para reclamar el pago del contrato
desde la alcaldía descontaban impuestos y había otra serie de cobros, llegando el
consenso de que le iba a prestar la suma de $9.500.000 mil pesos. Después de dos o tres
días de hablado el tema, el señor ANASTASIO BEDOYA llegó hasta mi lugar de residencia
con un contrato de cesión de crédito, ese documento lo firmó mi esposa OMARIS
CADRASCO HERNANDEZ quien iba a recibir el dinero en su cuenta bancaria por el pago
del contrato que nos iba a ceder el señor ANASTASIO BEDOYA, confiando en la buena
fe del señor ANASTASIO tampoco le preguntamos quien era ARNULFO, la persona quien
cesionaba el contrato, por lo cual, ese mismo día yo le entregué al señor ANASTASIO
BEDOYA la suma en efectivo de $9.500.000 mil pesos y esperamos hasta el mes de
diciembre que fue el tiempo que de la alcaldía de Magangué consignó el pago del contrato
43 Ibidem.
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Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
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a la cuenta de ahorros de mi esposa número 48442572171 del banco Bancolombia por la
suma de $9.960.000 mil pesos, de lo cual, llamé al señor ANASTASIO BEDOYA para
decirle que no había llegado la totalidad el dinero del cual habíamos acordado el préstamo,
de lo cual me dijo que lo esperara, que después me solucionaba con el pago del resto de
dinero, y así, he quedado hasta la fecha esperando a que me cancele el restante de plata
que me quedó debiendo por el préstamo. PREGUNTA: manifieste ante esta unidad de
policía judicial si usted conoce al señor ARNULFO ANTONIO CORTES CORREA.
CONTESTO: lo distingo, pero nunca he tratado con él. PREGUNTA: manifieste ante esta
unidad de policía judicial si usted ha hecho algún tipo de negocio o contrato con el señor
ARNULFO ANTONIO CORTES CORREA. CONTESTO: no, nunca he hecho contratos o
negocios con ese señor, como digo, simplemente lo distingo, nunca he tratado con ese
señor, nunca he hablado con él, con quien hice el negocio de la cesión del dinero del
contrato núm. PS 790-2024 fue con el señor ANASTASIO BEDOYA, él me llevó los
documentos que firmó mi esposa y fue a quien le entregué el dinero de la cesión […]
3.2.4. Testimonios recibidos en el proceso de pérdida de investidura
3.2.4.1. En la audiencia de pruebas llevada a cabo el 16 de octubre de 2025, el
magistrado de conocimiento recibió el interrogatorio de parte del concejal Anastasio
Enrique Bedoya Cárdenas y el testimonio del señor Arnulfo Antonio Cortés Correa44, los
cuales, se precisa, fueron decretados como pruebas de oficio por el magistrado de
conocimiento en primera instancia en auto proferido el 7 de octubre de 202545.
De manera previa a referirse a los testimonios recibidos en este proceso, la Sala advierte
que no es procedente tener en cuenta en la valoración probatoria el interrogatorio de
parte rendido por el concejal Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, debido a que, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado de manera reiterada, que dicho medio
de prueba tiene como finalidad provocar la confesión de la parte, lo que conllevaría a la
afectación del principio de no autoincriminación previsto en el artículo 33 de la
Constitución Política en un proceso que es de naturaleza sancionatoria. Al respecto, la
Sección Primera ha dicho lo siguiente46:
[…] En efecto, la declaración de parte está regulada en los artículos 198 a 205 del Código
General del Proceso y es un medio de prueba que se origina en la declaración de una de
las partes sobre hechos que interesan al proceso “es decir, tiene origen en la repuesta a
una serie de preguntas formuladas por la parte interesada en llevar a cabo el medio
probatorio, “erigiéndose éste en una forma de provocar la confesión” (…)”47
Siendo así, atendiendo la finalidad del interrogatorio de parte, esto es, provocar la
confesión, es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que no es
procedente su decreto en esta clase de procesos, debido a que, la acción de pérdida de
investidura se deriva del ius puniendi del Estado por lo que se debe adelantar bajo el
44 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
45
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 3 de septiembre
de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2025 00103 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Ver
otros pronunciamientos: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 9 de octubre de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2024 00212 01. C.P.:
Pablo Andrés Córdoba Acosta y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2025 00266 01.
C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
[47] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Veintitrés. Auto
del 8 de febrero de 2024. Expediente radicación nro. 11001 0315 000 2023 04791 00.
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irrestricto respeto de las reglas del derecho de defensa y de las garantías constitucionales,
específicamente, la prohibición de no auto incriminación […].
Testimonio del señor Arnulfo Antonio Cortés Correa
[…] Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre su profesión u oficio, contestó
que en la actualidad era gestor social de una empresa de energía solar y era comunicador
social del Colegio Nacional de Periodista de la ciudad de Magangué. Preguntado por el
magistrado sobre lo que conocía respecto de los hechos de la acción de pérdida de
investidura, contestó que el señor Anastasio me pidió el favor para que yo sirviera de
garante para un contrato que se iba a celebrar en la administración municipal por
12.000.000 de pesos, pero que él en su calidad de funcionario público como concejal del
municipio de Magangué no podía contratar […] Yo no le vi problema porque al principio
pues todo iba bien, éste explicó el tema de por qué no podía y yo lo entendí […] se hicieron
todos los trámites pertinentes. Anastasio me comentó que necesitaba el RUT, la fotocopia
de la cédula para iniciar el proceso de este contrato. […] En el camino la administración
fue pidiendo alguna clase de documentos, pero había algo que se tenía que hacer, que
era la representatividad de la página AB Televisión, pues de pronto por desconocimiento,
de pronto, por también no saber las cosas se dio una declaración extra – juicio, donde me
pedía que yo fuera representante de la empresa AB Televisión porque tenía que haber
una relatividad entre los documentos que yo había presentado primero y lo que tenía que
ser con la página AB Televisión, de lo cual pues hay que admitir que fue un error que de
verdad llegó el tema de la falsedad de documentos porque yo nunca he sido
administrador de la página AB Televisión, jamás lo he sido, y realmente, pues para mí
fue algo que me ha causado pues traumatismo en todo esto […].
Preguntado por el magistrado de conocimiento si celebró con el municipio de Magangué
el contrato 7902024, contestó que sí. Preguntado por el magistrado cuál era el objeto de
dicho contrato, contestó que fue publicar a través de la página AB Televisión unos player
dirigidos a la comunidad para unos alivios tributarios en lo que tiene que ver con el reclamo
del impuesto predial. Preguntado por el magistrado sobre qué relación tiene el señor
Anastasio Bedoya con el contrato 7902024 celebrado entre usted y el municipio de
Magangué, contestó que la relación directa del contrato pues es con el señor Anastasio
Bedoya como persona, pues beneficiada de ese contrato en su momento, pues Anastasio
era el titular de dicho contrato. Preguntado por el magistrado de conocimiento si ese
contrato realmente no era de usted o para usted, sino del señor Anastasio, contestó,
señor, sí señor, así es.
Preguntado por el magistrado de conocimiento si el señor Anastasio le comentó en su
momento las razones por las cuales él no celebraba directamente el contrato, contestó
que me comentó que no lo podía hacer porque él era funcionario público, estaba
fungiendo como concejal del municipio de Magangué y celebrar un contrato
directamente con la alcaldía municipal lo podía inhabilitar y le podía acarrear un proceso
jurídico más adelante.
Preguntado por el magistrado sobre que informara si ese contrato fue pagado total o
parcialmente y a quién se le realizaron los pagos, contestó que en este momento yo le
puedo decir con toda seguridad que no sé si el contrato fue pagado en su totalidad o
parcial, porque realmente Arnulfo Cortés no estuvo presente cuando se hicieron las
transacciones. Tengo entendido que el contrato fue vendido a una tercera persona, pero
de lo cual Arnulfo Cortés no tuvo claridad cómo lo pagó la administración municipal […]
porque a mi cuenta nunca llegaron los recursos […].
Preguntado por el magistrado de conocimiento si el contrato fue ejecutado en su totalidad
o parcialmente y si usted directamente lo ejecutó o lo hizo otra persona, contestó que no,
Arnulfo Cortés no ejecutó ese contrato, se ejecutó a través de la página AB Televisión de
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lo cual no tengo conocimiento, si se hizo algún informe […] en la Fiscalía Quinta de
Magangué cursa un proceso igual al que estamos llevando acá por el mismo caso.
Preguntado por el magistrado sobre contra quién se dirige la investigación, contestó que
contra mi persona y no recuerdo el nombre de la señora que compró la cuenta […]
[Negrillas fuera de texto].
3.2.4.2. En la audiencia de pruebas celebrada el 4 de noviembre de 2025, el despacho
de conocimiento del tribunal recibió los testimonios de las señoras Kelly Johana Rincón
Rodríguez e Ingrid Pombo Domínguez y del señor Pedro Manuel Alí Alí48, los cuales
fueron decretados de oficio por el tribunal de conocimiento en primera instancia por auto
de 20 de octubre de 202549.
Testimonio de la señora Kelly Johana Rincón Rodríguez
[…] Preguntado por el magistrado sobre el conocimiento que tuviese sobre los hechos de
la acción de pérdida de investidura, contestó que era la administradora de la página de
AB Televisión hace aproximadamente 5 años, como en el 2019-2020, bajo el perfil de
hanakey, que es mi perfil personal, cuando el perfil de mi esposo, Anastasio Bedoya,
fue eliminado, pasé yo a ser la administradora, entonces, todas las publicaciones que se
hacen ahí soy responsable personalmente. El señor Arnulfo Cortés, que es el Presidente
del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Magangué, donde yo también hago parte,
vino a mi casa y me dijo que necesitaba hacer unas publicaciones en AB Televisión […]
la página es una página de alta credibilidad y nosotros hacemos casi publicaciones a
diario, entonces él vino a mi casa, me dijo que necesitaba hacer unas publicaciones, le
pregunté que de qué se trataban las publicaciones, me dijo que sobre unos alivios
tributarios. Le dije que sí, que claro que sí, con todo el gusto. Hago la salvedad de que no
firmé ningún contrato. Simplemente tuve una palabra con él, él me pagó las publicaciones
porque casi a diario publicamos y es una página donde se publica casi todos los días.
Preguntado por el magistrado bajo qué acuerdo del contrato suscrito entre el señor
Antonio Cortés y el municipio de Magangué se permitió la publicación y cuál fue el acuerdo
entre la declarante y el señor Antonio, contestó que fue verbal. Él vino a mi casa, me dijo
que publicara, no hubo firma, no hubo contrato, no hubo compromisos en documentos, en
firmas, nada de eso, entonces por eso publiqué.
Preguntado por el magistrado de conocimiento si hubo algún pago por parte del señor
Antonio Cortés a usted o al señor Bedoya Cárdenas por concepto de la publicación
institucional que era objeto del contrato en su página AB Televisión, contestó que él me
pagó las publicaciones. En ese momento no sabía si era contrato o no, toda vez que él
personalmente me pagó las publicaciones.
Preguntado por el magistrado de conocimiento a través de qué medio se hizo el pago,
contestó que efectivo. Yo hice 8 publicaciones, la primera publicación la hice el 29 de
octubre, que ya hace más de 1 año. Él me lo pagó fraccionado en el transcurso del mes
de noviembre porque las publicaciones la finalicé como el 29 de diciembre. Entonces él
me pagó un fraccionado, no me dio el monto como tal, fueron 8 publicaciones, le cobré
300.000 pesos cada publicación y me lo pagó de 300 de 500, de 600, etcétera.
Preguntado por el magistrado sobre por qué el número de página, el número de teléfono
y el correo que aparecen son del señor Bedoya Cárdenas, contestó que cuando la página
de AB Televisión se hizo en el 2017, Anastasio lo hizo bajo su perfil. Entonces, cuando
48 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
49
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
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pasé yo administradora, la evidencia que se le envió, ahí dice que yo lo cambié en el año
2020 de un número del 30015547854 al número 302, entonces ese número lo usamos
entre los dos, yo lo tengo en mi computadora, yo respondo los mensajes y el correo,
igualmente es algo de la empresa no es algo personal, o sea, él lo tiene como personal,
porque realmente ya no le queda para responder mensajes de otras personas, sino que
todo mundo le escribe ahí y yo también respondo, yo respondo los mensajes de la gente,
respondo los cumpleaños, todo lo que se envía, se envía a ese número y se envía el
correo. Entonces no es como algo personal de él solamente porque yo también lo uso en
mi computadora […] [Negrillas fuera de texto].
Testimonio de la señora Ingrid Pombo Rodríguez
[…] Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre su profesión u oficio, contestó
que era secretaria de hacienda municipal. Preguntada por el magistrado sobre el
conocimiento que tiene de los hechos de la pérdida de investidura, contestó que acá en
la Secretaría de Hacienda, siempre para finales de año, surge la necesidad de hacer
publicación en los diferentes medios de comunicación de acá del municipio para publicitar,
valga la redundancia, los incentivos tributarios que damos acá en el municipio, a través de
esta necesidad que surgió, hicimos el contrato con el señor Arnulfo Cortés, con el objetivo
que ya les mencioné anteriormente, que es la de servicio de publicidad institucional en
medios de comunicación. Preguntado por el magistrado sobre si hubo alguna
recomendación o sugerencia de parte del señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas para
la generación de ese contrato, contestó que no tiene conocimiento de eso. Preguntado
por el magistrado, sobre qué función cumplió en la celebración del contrato, contestó que
fue la supervisora. Preguntado sobre la cesión de los derechos que se derivaron del
contrato, contestó que sí se hizo una cesión para el cobro de la cuenta. Preguntada por el
magistrado de conocimiento si el señor Cortés celebró algún tipo de contrato con la señora
Rincón Rodríguez para efectos de utilizar la página que ésta administra para la publicidad
contratada, contestó que él aportó que era administrador de la página con una certificación
extra-juicio. Preguntado por el magistrado de conocimiento si se presentó como el
administrador de la página, contestó, sí señor.
Preguntado por el accionante sobre si, al momento de suscribir el contrato, sabía que AB
Televisión es un medio de comunicación virtual que es propiedad del señor Anastasio
Bedoya, contestó que sabía que se iba a publicitar en la página AB Bedoya, pero el señor
Arnulfo demostró que era el administrador con el certificado extra-juicio […].
Testimonio del señor Pedro Manuel Alí Alí
[…] Preguntado por el magistrado por su profesión u oficio, contestó que actualmente era
alcalde Magangué. Preguntado por el magistrado sobre lo que conoce de los hechos de
pérdida de investidura, contestó que, a principios de este año, a través de una emisora
que se llama Cheveris Stereo, escuché que estaban acusando al señor Anastasio Bedoya,
concejal de Magangué, de tener un contrato de publicidad con el municipio de Magangué.
Esto a mí, pues me pareció escandaloso y enseguida llamé a la oficina jurídica del
municipio para averiguar y efectivamente existía un contrato, pero no con el señor Bedoya,
sino con el señor Arnulfo Cortés. Quien a su vez hizo la publicidad en la página AB noticias
quién todo el mundo sabe en el municipio que es manejada por el señor Anastasio
Bedoya, pues él es el que diariamente la maneja desde hace mucho, mucho tiempo y ahí
se hizo la publicidad. Yo informalmente conversé con Arnulfo, él me dijo que
efectivamente le había hecho el favor a Anastasio Bedoya y que habían cobrado el
contrato a través de una tercera persona. Esa tercera persona como lo ha declarado
en otras partes, con esa persona si no he hablado, pero me he enterado que ha declarado
en otras partes, sobre todo en la Fiscalía, que hizo la negociación, no con Arnulfo, que
Arnulfo no le entregó la cesión del contrato, sino que fue el mismo Bedoya quien le entregó
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la cesión del contrato a la tercera persona que cobró la plata, porque la plata la cobró la
tercera persona que Arnulfo le cedió, pero Arnulfo nunca tuvo relación con esa persona,
sino que fue directamente Bedoya.
Preguntado por el magistrado, si conocía que entre el señor Arnulfo Cortés y el señor
Anastasio Bedoya existió algún tipo de acuerdo para la celebración del contrato con el
municipio de Magangué, contestó que sí, por supuesto. Yo cuando hablé con Arnulfo le
dije, tú que hiciste con esto, porque él presentó ante el SECOP toda la documentación la
presentó bien, pero presentó una declaración juramentada como administrador de la
página o algo así, él me dijo que era una ayuda que él le estaba haciendo a Anastasio
Bedoya.
Preguntado por el accionante sobre si tiene conocimiento sobre si la tercera persona que
recibió el dinero es amiga del señor Anastasio Bedoya, contestó que la señora es esposa
de una persona que se llama Aldemar, ex concejal de Magangué, que siempre los
concejales acostumbran a vender las cesiones a un tercero. Las cesiones de noviembre
las venden en agosto. Entonces, Aldemar siempre le compra las cesiones a los
concejales, incluyendo a Anastasio Bedoya, y pone a la esposa como la que
“recepciona” los recursos, o sea, los concejales constantemente le “cesionan” gran
poderes a ella para que cobre sus honorarios. Lo mismo Bedoya, con anterioridad le
vendía las cesiones a esta el comerciante, el señor Arnulfo, nunca según lo que él declaró
en la Fiscalía, tuvo relación con Omaira, creo que se llama Omaira o Aldemar, que es el
marido, el exconcejal, siempre fue a Bedoya, el que hizo la transacción, Arnulfo lo que
hizo fue el poder y entregárselo a Bedoya y tengo entendido que la plata se le entregó
esta persona a Bedoya. Arnulfo nunca tocó ese dinero, Arnulfo recibió, tengo entendido,
unos 2.000.000 por parte de Bedoya en contraprestación al favor […] [Negrillas fuera de
texto].
3.2.5. De conformidad con el anterior material probatorio, la Sala procederá a analizar
cada uno de los argumentos de la apelación relacionados con que: (i) el tribunal
fundamentó la decisión de pérdida de investidura exclusivamente en el testimonio rendido
por el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa, respecto del cual el apelante aseguró que es
contradictorio e inconsistente; (ii) el tribunal omitió valorar los testimonios rendidos en las
audiencias de pruebas que fueron«citados a solicitud de parte» y, agregó que, las
declaraciones de los señores Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte Tamara no
acreditan la relación directa del concejal con el contrato PS-790-2024; (iii) el tribunal
omitió valorar los testimonios de las señoras Kelly Johana Rincón Rodríguez e Ingrid
Pombo Domínguez y del señor Pedro Manuel Alí; y que (iv) el tribunal no valoró el informe
presentado por la Cámara de Comercio de Magangué sobre la inexistencia del registro
mercantil de la página AB Televisión, tal y como pasa a explicarse:
3.2.5.1. La credibilidad del testimonio rendido por el señor Arnulfo Antonio Cortés
Correa
La parte recurrente adujo que «[…] resulta imposible sostener una decisión sancionatoria
tan restrictiva como la pérdida de investidura con fundamento principal en declaraciones
inconsistentes, contradictorias y carentes de solidez, como la del señor Arnulfo Antonio
Cortés, quien no solo reconoce haber firmado una declaración de extra juicio falsa, sino
que admite que nunca fue administrador de la página AB Televisión, que no ejecutó el
contrato, que nunca manejó el contenido publicado, que no recibió el dinero del municipio
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y que simplemente actuó “de buena fe” al suscribir documentos cuya naturaleza ni
siquiera entendía»50.
Al respecto, la Sala encuentra que las afirmaciones del señor Arnulfo Antonio Cortés
Correa tienen respaldo probatorio en la documentación allegada por la Fiscalía 4
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y Promiscuo de Magangué (Bolívar), en
la que se observa que el señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, por interpuesta
persona, celebró el contrato núm. PS 790-2024 con la alcaldía de Magangué, siendo el
administrador de la página en la que se realizarían las publicaciones objeto del
mencionado negocio jurídico.
En efecto, en el informe rendido por la fiscalía se dejó claro que el señor «[…] BEDOYA
CARDENAS, siempre tuvo la administración y dominio, y a través del cual, en efecto se
realizaron las publicaciones, tal como consta en el certificación de ejecución del contrato
suscrita en fecha 12 de diciembre de 2024 y firmada por la supervisora del contrato, Ingrid
Pombo Domínguez y Arnulfo Antonio Cortes Correa en su supuesta calidad de
representante legal del contratista».
A pesar de que obra una declaración extra juicio del señor Cortés Correa en la que se
afirmó que era el administrador de la página AB Televisión, ello quedó desvirtuado con
su posterior retractación, pues según la fiscalía quedó establecido, en la etapa de
imputación y previamente a la formulación de acusación contra el concejal Bedoya
Cárdenas, que «[…] el señor Arnulfo Antonio Cortes Correa siempre actuó por
indicaciones del señor ANASTASIO ENRIQUE BEDOYA CARDENAS, utilizándolo como
interpuesta persona, ya que el procesado fue quien en realidad tramitó todos los actos
tendientes y relacionados con la materialización del contrato PS 790-2024».
Se suma a lo anterior la declaración rendida por el señor Arnulfo Antonio Cortes Correa
en el curso del proceso de pérdida de investidura, en el que se deja en claro que estuvo
presto a firmar el contrato para hacerle un favor al demandado, justamente porque no
podía hacerlo de forma directa, por desempeñar en la actualidad el cargo de concejal.
En dicha declaración el señor Cortés Correa sostuvo que nunca había sido administrador
de la página AB Televisión, y afirmó que «[…] el señor Anastasio me pidió el favor para
que yo sirviera de garante para un contrato que se iba a celebrar en la administración
municipal por 12.000.000 de pesos, pero que él en su calidad de funcionario público como
concejal del municipio de Magangué no podía contratar».
Adicionalmente, se evidencia que el pago por el contrato PS – 790-2024 nunca fue
consignado al señor Arnulfo Antonio Cortés Correa, sino que, con ocasión de un contrato
de cesión de crédito se ordenó el pago a la cuenta de ahorros que pertenecía a la señora
Omaris Cadrasco Hernández, por un valor neto de $9.960.000.
Por último, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte demandada cuando asegura
en el recurso de apelación que el tribunal de instancia fundamentó la decisión de decretar
la desinvestidura exclusivamente en el testimonio del señor Arnulfo Antonio Cortes
Correa, puesto que, lo que se observa es que en la decisión de primera instancia el a
50
Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
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Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
quo51 valoró, además de dicho testimonio, las declaraciones de las señoras Kelly Johana
Rincón, Ingrid Pombo Domínguez y del señor Pedro Manuel Alí Alí, así como también las
pruebas aportadas por la Fiscalía 4 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y
Promiscuo de Magangué (Bolívar), en particular, las declaraciones que en aquella
investigación se recibieron de los señores Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte
Tamara, por lo que fue a partir de la valoración conjunta de las pruebas que el tribunal
concluyó que el concejal aquí demandado había celebrado el negocio jurídico en cuestión
por interpuesta persona.
3.2.5.2. Omisión en valorar todos los testimonios rendidos en la audiencia de
pruebas que fueron «citados a solicitud de parte» y el reproche frente a las
declaraciones de los señores Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte
Tamara
El recurrente reprochó que la sentencia apelada omitió valorar las pruebas aportadas por
la defensa, «[…] así como los testimonios rendidos en audiencia por personas citadas
de oficio o a solicitud de esta parte»52, sin tener en cuenta que, a pesar de que fue
notificado de la demanda y de su admisión, otorgándosele un término para contestar y
pedir pruebas, no lo hizo, tal y como consta en el expediente53.
En este punto de la apelación, la Sala aclara que en la audiencia de pruebas llevada a
cabo el 16 de octubre de 2025, el magistrado de conocimiento recibió el interrogatorio
de parte del concejal Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas y el testimonio del señor
Arnulfo Antonio Cortés Correa54, los cuales fueron decretados como pruebas de oficio
por el magistrado de conocimiento en primera instancia por auto proferido el 7 de octubre
de 2025.
Lo mismo ocurrió en relación con la audiencia de pruebas celebrada el 4 de noviembre
de 2025, en la que el despacho de conocimiento del tribunal recibió los testimonios de
las señoras Kelly Johana Rincón Rodríguez e Ingrid Pombo Domínguez y del señor
Pedro Manuel Alí Alí55, los cuales también fueron decretados de oficio por el tribunal de
conocimiento en primera instancia en auto de 20 de octubre de 2025 56.
51
Lo que se desprende desde las páginas 6 hasta 14 de la sentencia proferida en primera instancia el 13
de noviembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar. Visto en el índice 47 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001 2333 000 2025 00327 00.
52
Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
53 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001
2333 000 2025 00327 00. Al respecto, puede verse el informe secretarial de paso al despacho de 7 de
octubre de 2025 en el que la secretaria general del Tribunal Administrativo de Bolívar en el cual se indicó:
[…] El mismo 25 de septiembre de 2025 se envió nuevamente el correo de notificación, obteniendo un
acuse positivo de entrega, adicionalmente el mensaje se envió a los correos electrónicos oficiales de
notificación del Concejo de Magangué- Bolívar, atendiendo a que el accionado es miembro de este cuerpo
colegiado. (14NotificacionAutoAdmisorio)
No se recibió respuesta de la parte accionada.
Por lo que pasa al Despacho para decretar las pruebas que se consideren pertinentes» [Negrillas fuera de
texto].
54 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
2333 000 2025 00327 00.
55 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
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Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 13001
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De manera que, ninguno de los testimonios recibidos en el curso del proceso de pérdida
de investidura fue solicitado por las partes, sino que fueron decretados de oficio por el
tribunal y valorados en la sentencia de primera instancia.
De otro lado, en el recurso de apelación la parte demandada alegó que la defensa allegó
«[…] múltiples documentos demostrativos de la ausencia de participación del concejal en
los hechos materia de debate, incluyendo certificaciones administrativas, comunicaciones
oficiales y material demostrativo de que no existía relación del disciplinado con el
contratista o con la ejecución del contrato»57 y ninguno fue siquiera mencionado en la
sentencia; sin embargo, se trata de un argumento expuesto de manera general por el
apelante, puesto que, no identificó cuál o cuáles fueron los documentos que de manera
específica aportó y la oportunidad procesal en que lo hizo; además, tampoco indicó cuál era
el supuesto de hecho que con tales documentos estaría acreditado y que podrían desvirtuar
las conclusiones del tribunal.
Ahora, en las pruebas aportadas por la Fiscalía de Magangué reposan las entrevistas
realizadas a los señores Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte Tamara, en el
curso de la investigación penal adelantada en contra del señor Anastasio Enrique Bedoya
Cárdenas, quienes fueron coincidentes en señalar que el señor Anastasio Bedoya les
pidió prestado dinero «[…] y que como garantía le hacia la cesión de un contrato que
tenía en la alcaldía municipal» y agregan que, en efecto, le entregaron al señor Anastasio
Bedoya la suma de $9.500.000 y que en el mes de diciembre se pagó a la cuenta bancaria
de la señora Omaris Cadrasco Hernández la suma de $9.960.000.
Si bien estas declaraciones fueron rendidas ante la policía judicial de la Fiscalía 4
Delegada Ante los Jueces Penales del Circuito y Promiscuo de Magangué (Bolívar) y no
en el curso del presente proceso, el dicho de estas dos declaraciones se puede
corroborar con las pruebas documentales allegadas al expediente, relacionadas con el
contrato de cesión de crédito respecto del contrato PS – 790 – 2024, la Resolución núm.
6369 de 2024 en la que se ordenó el pago del contrato PS – 790 – 2024 a favor de la
señora Omaris Cadrasco Hernández y la orden de giro del 19 de diciembre de 2024 que
igualmente se hizo a su favor.
Es de destacar que, las declaraciones de los señores Omaris Cadrasco Hernández y
Aldemar Iriarte Tamara, son coincidentes en precisar que a quien se le entregó el dinero
por la cesión del crédito fue al señor Anastasio Bedoya y no al señor Arnulfo Antonio
Cortés Correa, declaración que en esta circunstancia está acorde con el testimonió
rendido por éste último cuando aseguró ante el magistrado de conocimiento que «[…]
tengo entendido que el contrato fue vendido a una tercera persona […] porque a mi
cuenta nunca llegaron los recursos».
Es de anotar que, frente a las precitadas declaraciones, la parte demandada en el
recurso de apelación sostuvo que58:
[…] El Tribunal construye su decisión presuponiendo que existiría un beneficio económico
para el concejal derivado de la supuesta cesión del crédito, basándose en declaraciones
del señor Aldemar Iriarte y de la señora Omaris Cadrasco, quienes indican haber
57
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entregado dinero al concejal por un negocio personal. Sin embargo, estas declaraciones
tampoco acreditan relación directa entre mi representado y el contrato PS-790-2024. Ellos
mismos afirman no conocer al señor Cortés, no tener vínculo con él, y solo haber tratado
con el concejal en acuerdos económicos previos ajenos al contrato. El vínculo entre su
negocio privado y el contrato es una construcción inferencial sin prueba directa. Ninguna
transacción del municipio fue hecha al concejal, ningún documento del proceso
contractual contiene su firma y ninguna actuación oficial evidencia su intervención […].
Al respecto, la Sala considera que el material probatorio remitido por la fiscalía junto con
la demostración de la cesión del crédito y pago del contrato permiten evidenciar el
beneficio económico que obtuvo el concejal respecto del contrato PS – 790 – 2024,
puesto que, está acreditado que la cesión fue respecto de ese contrato y que el pago que
se ordenó a la cuenta de la señora Omaris Cadrasco Hernández también fue por el
contrato PS – 790-2024.
Es de resaltar frente a la prueba directa que reclama el demandado que la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que «[…] la evidencia probatoria requerida para
acreditar que un servidor público ha celebrado contratos con el Estado por interpuesta
persona “no aparece epidérmicamente, sino que corresponde auscultarla, atando y
concatenando episodios y hechos, que son los que finalmente dibujan la realidad de las
cosas”59 […]»60.
Ello se explica en la medida en que la celebración de contratos por interpuesta persona
implica que quien aparece formalmente como contratista, en realidad, no es la persona
que celebra y ejecuta el contrato, puesto que se trata de un medio para conseguir
beneficios que de otra manera no podían obtenerse e igualmente para eludir las
inhabilidades o incompatibilidades en las que podría estar incurso un servidor público.
3.2.5.3. Omisión del a quo en valorar los testimonios de las señoras Kelly Johana
Rincón Rodríguez, Ingrid Pombo Domínguez y del señor Pedro Manuel Alí
En el recurso de apelación, la parte demandada también alegó que el tribunal no valoró
los testimonios de la señora Kelly Johana Rincón Rodríguez, administradora de la página
AB Televisión; de la señora Ingrid Pombo Domínguez, secretaria de hacienda y
supervisora del contrato PS- 790-2024; y del señor Pedro Manuel Alí, alcalde municipal
de Magangué, los cuales, aseguró, resultaban esenciales para demostrar que el
demandado no tuvo ninguna participación en la gestión del referido contrato.
Frente a esta inconformidad, la Sala advierte que, del testimonio del señor Pedro Manuel
Alí Alí no se desprende ninguna manifestación que permita desvirtuar la conclusión a la
que llegó el tribunal de instancia relacionado con que el concejal celebró el contrato en
cuestión por interpuesta persona. Por el contrario, a pesar de no constarle de forma
directa la celebración del contrato, dicho testimonio sí puso de presente la conversación
que sostuvo con el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa, quien le manifestó que «[…]
efectivamente le había hecho el favor a Anastasio Bedoya y que habían cobrado el
[59] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 13 de febrero de 2014, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-00217-00(0861-12),
consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 2021. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2019 02158 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.
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contrato a través de una tercera persona», afirmación que es coincidente con el
testimonio que rindió en este proceso el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa.
En relación con el testimonio de la señora Ingrid Pombo Dominguez, la Sala advierte que
el magistrado de conocimiento preguntó si «[…] hubo alguna recomendación o
sugerencia de parte del señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas para la generación
de ese contrato», a lo que contestó que «[…] no tiene conocimiento de eso», de manera
que, no es cierta la afirmación del demandado en el recurso de apelación cuando
aseguró que en la sentencia de primera instancia «[…] también se soslaya el testimonio
de la secretaria de Hacienda Municipal, supervisora del contrato, quien expresó con
claridad que el señor Bedoya no intervino en la selección del contratista, ni realizó
recomendación alguna, ni hizo presión o solicitud relacionada con el contrato, ni tuvo
incidencia en su ejecución, afirmando que todo se tramitó conforme a los documentos
presentados por el señor Cortés».
De cualquier manera, lo que se observa es que lo manifestado por la señora Ingrid Pombo
Domínguez, como supervisora del contrato, no está encaminado a desvirtuar el
testimonio del señor Arnulfo Antonio Cortés Correa y las declaraciones rendidas por los
señores Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte Tamara.
En cuanto al testimonio la señora Kelly Johana Rincón Rodríguez, lo primero que debe
tenerse en cuenta es que durante la declaración aseguró que el señor Anastasio Bedoya
es su esposo, sin que la contraparte haya tachado al testigo conforme lo establece el
artículo 211 del Código General del Proceso. En todo caso, sus declaraciones relativas a
que el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa le solicitó hacer unas publicaciones en la
página AB Televisión y le pagó por cada una de ellas, no encuentran respaldo documental
en las pruebas aportadas al proceso, ni son coincidentes o similares con ninguno de los
testimonios recibidos.
3.2.5.4 Falta de valoración del informe presentado por la Cámara de Comercio de
Magangué sobre la inexistencia del registro mercantil de la página AB Televisión
De otro lado, la parte demandada en el recurso de apelación cuestionó que al proceso
«[…] se incorporó el informe oficial de la Cámara de Comercio de Magangué mediante
el cual se certifica que el medio AB Televisión no posee registro mercantil, dato que
contradice el supuesto fáctico de la demanda según el cual dicho medio sería una
empresa comercial sujeta a la prohibición del artículo 55 de la Ley 136 de 1994» e indicó
que el tribunal no valoró dicha prueba documental.
Frente a este reproche, la Sala advierte que, para efectos de la configuración objetiva de
la incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la Constitución Política, debe estar
acreditada la suscripción del contrato, en este caso, por interpuesta persona, con una
entidad pública. En el presente asunto está probado que el contrato PS -790-2024 fue
suscrito con la alcaldía de Magangué y que la página AB Televisión simplemente
constituía el medio a través del cual se harían las publicaciones con ocasión del referido
contrato, por lo que, para determinar si está o no configurada la incompatibilidad no es
necesario acreditar que AB Televisión tenía registro mercantil, puesto que, no fue una
parte contractual, sino, se insiste, el medio a través del cual se hicieron las publicaciones.
Es de anotar, además, que, en los términos del artículo 1502 del Código Civil, «[…] para
que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
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1.° que sea legalmente capaz; 2.° que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio; 3.° que recaiga sobre un objeto lícito; 4.° que tenga
una causa lícita».
En relación con el perfeccionamiento del contrato, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993,
señala que «[…] los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito». De ahí que el contrato existe y
se encuentra perfeccionado.
Conforme con todo lo expuesto, la Sala concluye que le asiste razón al tribunal al señalar
que está configurada, objetivamente, la incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la
Constitución Política, por cuanto, el demandado, teniendo la calidad de concejal celebró
el contrato PS- 790-2024 por interpuesta persona, por lo que es procedente continuar
con el estudio del elemento subjetivo.
3.3. Del análisis subjetivo de la configuración de la incompatibilidad prevista en el
inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-424 de 2016, señaló que, «[…] debido al
carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura está sujeta, de manera
general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal, con las
modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines
constitucionales. En ese orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso son
aplicables en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan»61.
En la referida sentencia la Corte Constitucional precisó que «[…] los principios del
derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley
más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no ser declarado
culpable. De este último principio, se ha derivado el principio de culpabilidad, que en
el ámbito penal hace referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad
subjetiva en la comisión de un delito»62. (destacado en la providencia)
Luego, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura se deriva de la presunción de
inocencia, que tiene su fundamento en el artículo 29 Superior; por consiguiente, la
culpabilidad implica que deba estar acreditada la responsabilidad subjetiva del acusado
para la estructuración de la causal. Por tal razón, la culpabilidad, consiste en efectuar un
juicio de reproche sobre la conducta del implicado63.
Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la modificación
introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la conducta debe hacerse bajo los
parámetros de dolo o culpa grave. En efecto, el artículo 1 de la Ley 1881, modificado por
el artículo 4 de la Ley 2003, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura «[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución».
61 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
62 Ibidem.
63 Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
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Para el examen del elemento subjetivo, se ha determinado que, si bien la ignorancia de
la ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales
sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida, porque implican que
el accionado actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii) cuando,
precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo
y este le aconseja mal; ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto
que se discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si
esta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.
En este punto, cabe mencionar que la buena fe calificada se desprende del principio
general «error communis facit ius» que implica la existencia de un error que, además de
ser invencible, debe ser común a la colectividad. Al respecto, la Corte Constitucional ha
explicado que64:
[…] el principio general según el cual el error común e invencible crea derecho constituye
uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite
que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar
consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie
ignora la ley no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se
le reconoce relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho, aunque
en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como en el caso del matrimonio
putativo), el error colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues puede
convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es
el caso del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente generadora
de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de este principio exigiendo, para
su aplicabilidad, que el error sea “invencible”, queriendo significar con ello que, además
de ser común a muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido cometerlo
[…].
En ese escenario es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha
dicho que una conducta, que desde el punto de vista objetivo es contraria al ordenamiento
jurídico, puede estar justificada, verbigracia, en los casos en los que una persona busca
asesoría jurídica idónea y el profesional del derecho le aconseja mal; pero ha precisado,
como se indicó en líneas precedentes, que dicha circunstancia justifica la conducta
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es clara, no suple
la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello es así porque, si los elementos
para la estructuración de la causal son claros, no se trataría de un error que es común a
la colectividad, principio del cual se desprende la buena fe calificada.
Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe simple, pues quien
aspira a ser elegido a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone, cuáles son las
causales de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata
de verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la nulidad de
la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la cual la Sala exige que,
para acreditar esta falta de conocimiento, el acusado no alegue simplemente que obró
de buena fe, sino que debe acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un
error invencible, en la medida en que actuó de conformidad con la jurisprudencia que
64 Corte Constitucional. Sentencia T 090 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
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estaba vigente para la época, o que se asesoró́ adecuadamente de abogados idóneos,
no obstante, lo cual incurrió en la conducta reprochable.
En el asunto bajo examen, el tribunal de instancia concluyó que el elemento subjetivo
también esta cumplido, por cuanto «[…] de los testimonios de los señores Arnulfo Antonio
Cortés Correa, Omaris Cadrasco Hernández y Aldemar Iriarte Tamara, se extrae que el
concejal demandado conocía las consecuencias de su actuar, y la razón por la cual no
podía fungir directamente como contratista en la celebración del contrato 790-2024. Ello
se desprende de manifestaciones realizadas al tercero con el que gestionó la celebración
del negocio jurídico, a quien le recalcó la imposibilidad de firmarlo por ser servidor
público, es decir, conocía las consecuencias de su participación en el contrato»65.
El tribunal acotó que, a partir de los hechos probados, se evidencia que «[…] el
demandado gestionó la celebración del contrato 790-2024 por interpuesta persona, y se
benefició económicamente del mismo, actuando de forma dolosa, en la medida que tenía
conocimiento de la prohibición legal que recaía sobre su condición de concejal del
municipio de Magangué. En ese orden, se encuentra acreditada la configuración del
elemento subjetivo del dolo, toda vez que, la conducta contraria a derecho se realizó con
conocimiento y voluntad»66.
Frente a estas consideraciones, la parte demandada en el recurso de apelación
argumentó que «[…] el Tribunal infiere el dolo simplemente porque el concejal “debía
conocer la prohibición” de contratar por interpuesta persona y porque mantenía vínculos
sociales con el señor Cortés. Conocimiento abstracto de la ley no constituye dolo, ni
mucho menos demuestra voluntad dirigida a infringirla»67.
La Sala considera que en este aspecto también le asiste razón al tribunal de instancia,
en la medida que, lo primero que se advierte es que el concejal demandado no alegó
que hubiese actuado con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación o haya
solicitado concepto a profesionales del derecho, de modo que, no se invocó ni acreditó
la buena fe calificada producto de un error invencible.
A su turno, tal como lo sostuvo el tribunal, del testimonio rendido por el señor Arnulfo
Antonio Cortés Correa se desprende que el concejal celebró el contrato por interpuesta
persona no solo para obtener un provecho económico, sino para eludir el régimen de
incompatibilidades que le aplica como servidor público y de inhabilidades para contratar
con una entidad pública.
En efecto, el deponente aseguró que «[…] el señor Anastasio me pidió el favor para que
yo sirviera de garante para un contrato que se iba a celebrar en la administración
municipal por 12.000.000 de pesos, pero que él en su calidad de funcionario público
como concejal del municipio de Magangué no podía contratar» y más adelante cuando el
magistrado de conocimiento le preguntó si el señor Anastasio Bedoya le comentó sobre las
razones por las que él no celebraba directamente el contrató afirmó que «[…] me comentó
que no lo podía hacer porque él era funcionario público, estaba fungiendo como concejal
65
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del municipio de Magangué y celebrar un contrato directamente con la alcaldía municipal
lo podía inhabilitar y le podía acarrear un proceso jurídico más adelante».
Sumado a lo anterior, con la documentación remitida por la fiscalía, unida a la
demostración de la cesión del crédito y pago del contrato, se puede establecer el
beneficio económico que obtuvo el concejal respecto del contrato PS – 790 – 2024,
puesto que, como ya se anotó, está acreditado en la actuación que la cesión fue respecto
de ese contrato y que el pago que se ordenó a la cuenta de la señora Omaris Cadrasco
Hernández también fue por el contrato PS – 790-2024.
Además, sobre el punto, el testimonio del señor Pedro Manuel Alí Alí fue coincidente con
lo sostenido por el señor Arnulfo Antonio Cortés Correa, en el sentido de indicar lo
conversado con éste sobre el hecho de que «[…] efectivamente le había hecho el favor
a Anastasio Bedoya y que habían cobrado el contrato a través de una tercera persona».
3.4. Conclusión
A partir de la valoración de las pruebas allegadas al proceso, la Sala estima que el asiste
razón al tribunal cuando señaló que en este caso se acreditó la configuración de la
incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la Constitución Política, en la medida que,
se evidencia que el demandando, siendo concejal, suscribió por interpuesta persona el
contrato PS – 790 – 2024, esto es, a través del señor Arnulfo Antonio Cortés Correa.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar que decretó la pérdida de
investidura del señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas como concejal del municipio
de Magangué, período constitucional 2024 – 2027.
4. Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar que decretó la pérdida de investidura del
señor Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, como concejal del municipio de Magangué,
período constitucional 2024 – 2027.
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Radicación: 13001 2333 000 2025 00327 01
Solicitante: José Joaquín Rubiano Herrera
Demandado: Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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