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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2025-00236-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2025-00236-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de mayo de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2025-00236-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González
Accionado: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Tema: Violación del régimen de incompatibilidades como causal de
pérdida de investidura. Principio de congruencia en los procesos de
pérdida de investidura.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 26 de mayo de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. El señor Héctor Ortiz González, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2,
solicitó:

“[…] Con fundamento en lo anteriormente expuesto, reitero mi solicitud para que se
decrete la PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor JORGE ELIECER CASTILLO
NIEVES, identificado con cédula de ciudadanía número […] en su calidad de Concejal
del municipio de Florida, Valle del Cauca, por violación del régimen de
incompatibilidades, con las demás consecuencias legales que de ello se deriven.
[…]”.

I.1.1. Los hechos

2.Afirmó que el accionado fue candidato al Concejo Municipal de Florida,
departamento del Valle del Cauca, para el período constitucional 2024 – 2027, y
que adquirió la condición de concejal el 2 de agosto de 2024 con ocasión de la falta
absoluta de uno de los miembros del concejo, perteneciente a su mismo partido
político, y del llamamiento a posesionarse que realizó el presidente del concejo
municipal.

1
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. La demanda fue subsanada, índice 14 del expediente digital de
primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

3. Manifestó que con anterioridad a su “[…] elección y posesión […]” y al momento
de su posesión como concejal, el accionado “[…] mantenía un contrato de
prestación de servicios con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC). […]”, cuyo objeto era la “[…] Prestación de servicios profesionales en el
Grupo de Educación Ambiental y Participación de la Dirección de Gestión Ambiental
para apoyar a las Direcciones Ambientales Regionales SUR OCCIDENTE Y
PACÍFICO ESTE, en el desarrollo y planificación de las actividades, asociadas a la
promoción y fortalecimiento de acciones de participación ciudadana e
implementación de estrategias de educación ambiental, así como, en el apoyo de
actividades de capacitación en costos de producción y planificación orientada a
mercados agroecológicos […]”.

4. Explicó que, en principio, la duración del precitado contrato era de 5 meses,
iniciando el 28 de junio de 2024 y finalizando el 31 de diciembre de 2024. Sin
embargo, que revisado el “[…] ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO
ACUERDO DEL CONTRATO CVC No. 0545 DE 2024 […]”, se indica que este se
dio por terminado el 2 de septiembre de 2024 y dicho documento firmado el 11 de
septiembre de 2024.

5. Argumentó que en atención a que la posesión como concejal tuvo lugar el 2 de
agosto de 2024, se puede concluir que el concejal accionado ejerció en forma
simultánea la condición de miembro de corporación pública de elección popular y
de contratista de una entidad pública, lo que configuró la violación del régimen de
incompatibilidades y con ello la pérdida de investidura.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

6. El solicitante señaló como fundamento de derecho: i) el artículo 127 de la
Constitución Política, que establece la prohibición para todo servidor público de
celebrar contrato alguno con entidades públicas; ii) el numeral 1. del artículo 48 de
la Ley 617 de 6 de octubre de 20003 en cuanto establece la causal de pérdida de
investidura de concejal por violación del régimen de incompatibilidades; iii) el
artículo 47 de la Ley 136 de 2 de junio de 19944 que establece que quien fuere
llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen de
incompatibilidades a partir de la posesión; y iv) el numeral 2. del artículo 45 de la
Ley 136 según el cual los concejales no podrán celebrar contrato alguno con
entidades públicas del respectivo municipio.

7.Consideró que “[…] La incompatibilidad entre el contrato de prestación de
servicios con la CVC y el ejercicio del cargo de concejal es manifiesta […]” y agregó
que se configura el elemento subjetivo, el cual se deriva de la presunción de
conocimiento de la ley y de las condiciones profesionales del accionado.

3
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.

3

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Accionante: Héctor Ortiz González

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5

8. El señor Jorge Eliécer Castillo Nieves, a través de apoderado, se pronunció
sobre la solicitud de pérdida de investidura y pidió que no se accediera a las
pretensiones de la demanda porque no se encuentra probado que hubiere incurrido
en la incompatibilidad que alega el accionante.

9. Señaló que no se configura la incompatibilidad porque el contrato núm. 545 se
celebró el 25 de junio de 2024, inició su ejecución el 28 de junio de 2024 y finalizó
con la renuncia irrevocable del señor Castillo Nieves, presentada el 24 de julio de
2024; es decir, que el contrato finalizó antes del acto de posesión del concejal, que
tuvo lugar el 2 de agosto de ese mismo año.

10. Argumentó que no existe simultaneidad entre la ejecución del contrato núm. 545
de 2024 celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el
ejercicio de la investidura de concejal municipal.

11. Aclaró que no fue elegido concejal el 3 de noviembre de 2023; que presentó
renuncia al contrato de prestación de servicios celebrado con la corporación
autónoma regional, a partir del 24 de julio de 2024.

12. Agregó que fue llamado a ocupar una curul del concejo municipal el 1 de agosto
de 2024, con ocasión de la falta absoluta de otro concejal, y que tomó posesión del
cargo el 2 de agosto de 2024.

13. Indicó que la terminación del contrato se encuentra en el acta de terminación
anticipada del Contrato, suscrita el 26 de junio de 2024 y donde consta que el
contrato se dejó de ejecutar el 22 de julio de ese mismo año.

14. Explicó que el 2 de septiembre de 2024 con el objeto de liquidar el contrato en la
plataforma SECOP II se formalizó en el sistema el acta de entrega y recibo final del
contrato para el cierre en la plataforma, en la cual se hizo constar que este “[…]
había finalizado desde el 24 de julio de 2024 y que las actividades propias del
mismo se habían dejado de ejecutar inclusive desde el 22 de julio de 2024 […]”.

15. Alegó que, sin perjuicio de lo anterior, tampoco estaba probado el elemento
subjetivo porque la voluntad de su conducta estuvo encaminada siempre a
deshacerse de cualquier contrato estatal antes de posesionarse en el cargo de
concejal y cumplir a cabalidad con su investidura como miembro de corporación
pública de elección popular, habiendo presentado la renuncia irrevocable al
contrato de prestación de servicios incluso antes de ser llamado a ocupar la curul.

5
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.

4

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

I.3. Trámite del proceso

16. Mediante auto de 31 de marzo de 20256 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura y, una vez subsanados los requisitos por el accionante7, en auto de 7
de abril de 20258 se admitió, ordenándose la notificación al accionado y al agente
del Ministerio Público y corriéndose traslado para que el acusado contestara la
solicitud, aportara y solicitara la práctica de pruebas.

17. El accionado contestó la solicitud de pérdida de investidura. El Ministerio Público
solicitó el decreto de pruebas9.

18. En auto de 28 de abril de 202510 se resolvió sobre las solicitudes probatorias
presentadas por las partes y el Ministerio Público; y mediante auto de 16 de mayo
de 202511 se fijó fecha para realizar la audiencia pública a que se refieren los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201812.

19. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 se realizó el día 9
de junio de 202513, con la asistencia e intervención del accionante, del agente del
Ministerio Público y del concejal y su apoderado.

I.4. La sentencia de primera instancia14

20. LaSala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia de 26 de mayo de 2025, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión de acuerdo con el artículo 203 de la Ley 1437
de 2011.

TERCERO: En firme la presente providencia ARCHIVAR el proceso. […]”. (Negrilla
del texto).

21. Señaló que los problemas jurídicos que se debían resolver consistían en
determinar: i) “[…] ¿El demandado incurrió en las causales de pérdida de
investidura previstas en el artículo 127 de la Constitución Política, los numerales 2°
y 4° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 1° del artículo 48 de la Ley
617 de 2000? […]”; ii) “[…] ¿Ejerció de manera simultánea su investidura como
concejal y su condición de contratista con el Estado? […]”; y iii) “[…] ¿Podía

6
Cfr. Índice 5 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. Índice 14 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 17 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índices 24 y 26 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 56 del expediente digital de primera instancia.
12
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
13
Cfr. Índice 62 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 65 del expediente digital de primera instancia.

5

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Accionante: Héctor Ortiz González

posesionarse como concejal pese a tener un contrato de prestación de servicios
vigente con la CVC? […]”.

22. Indicó que la respuesta al problema jurídico es que el demandado no ejerció de
manera simultánea su investidura como concejal y su calidad de contratista porque
para la fecha en que fue llamado a ocupar la curul y tomó posesión del cargo no
estaba ejecutando el contrato de prestación de servicios que había suscrito con la
entidad.

23. Explicó el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del artículo 127 de
la Constitución Política, de los numerales 2. y 4. del artículo 45 de la Ley 136 y del
numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617.

24. Señaló que estaba probado que el accionado fue llamado a ocupar la curul de
concejal del municipio de Florida, con ocasión de la sentencia de 14 de mayo de
2024 proferida por ese tribunal, confirmada por el Consejo de Estado el 18 de julio
de 2024, que declaró la nulidad de la elección de otro concejal de ese municipio.
La posesión tuvo lugar el 2 de agosto de 2024.

25. Sostuvo que estaba probado que entre el accionado y la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca se suscribió el contrato de prestación de servicios
núm. 0545 de 25 de junio de 2024 y que el accionado presentó renuncia ante dicha
entidad el 24 de julio de 2024, con efectos a partir de esa misma fecha.

26. Indicó que se aportó informe de supervisión y acta de entrega y recibo final del
precitado contrato, suscrito el 2 de septiembre de 2024, donde consta que: i) la
fecha de inicio del contrato fue el 28 de junio de 2024; ii) que las actividades fueron
ejecutadas a satisfacción hasta el 22 de julio de 2024; y iii) que en virtud de lo
anterior se realizó un único pago al accionado, por la ejecución que finalizó el 24
de julio.

27. Lo anterior fue ratificado mediante certificación expedida por la Corporación
Autónoma Regional donde indicó que el contrato núm. 545 de 25 de junio de 2024
inició el 28 de junio y terminó el 24 de julio de 2024.

28. Argumentó que no se configura la causal de pérdida de investidura porque: i) el
concejal no fue elegido sino llamado a ocupar la curul; y ii) el contrato de prestación
de servicios lo celebró y ejecutó antes de dicho llamado y de tomar posesión como
concejal. Las pruebas relacionadas dan cuenta de que la fecha de posesión fue el
2 de agosto de 2024, mientras que, el contrato con la entidad pública inició el 28 de
junio y terminó el 24 de julio de 2024. Es decir, el concejal no incurrió en la
prohibición de ejercer dos actividades o roles de manera simultánea.

29. En relación con el argumento de la parte accionante, relativo a que el contrato
finalizó el 2 de septiembre de 2024, el tribunal explicó que el hecho de que las actas
de terminación anticipada y de liquidación por mutuo acuerdo se hubiere

6

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Accionante: Héctor Ortiz González

formalizado el 2 de septiembre de 2024 no es imputable al accionado sino a la
entidad pública, siendo claro que la renuncia se presentó y materializó con
anterioridad, y el pago de honorarios que recibió solo correspondió al periodo entre
el 28 de junio y el 24 de julio de 2024.

30. Por último, explicó que la situación podría enmarcarse en la figura de la
inhabilidad sobreviniente para los contratistas, prevista en el artículo 915 de la Ley
80 de 28 de octubre de 199316, que los faculta a renunciar a la ejecución del contrato
si no es posible cederlo; que no estaba probado el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura y que no era procedente el estudio de argumentos nuevos
planteados en la audiencia inicial por el accionante, relacionados con la violación
del régimen de inhabilidades o la existencia de otros contratos que generaban
incompatibilidad.

I.5. El recurso de apelación17

31. El accionante interpuso recurso de apelación para que se revoque en su
integridad la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura del accionado.

I.5.1. Incorrecto análisis probatorio porque el accionado incurrió en la
incompatibilidad prevista en los artículos 127 de la Constitución Política y en
los numerales 2. y 4. del artículo 45 de la Ley 136

32. Alegó que el accionado si incurrió en la incompatibilidad prevista en los artículos
127 de la Constitución Política y en los numerales 2. y 4. del artículo 45 de la Ley
136 porque estaba probado que el contrato CVC núm. 0545 de 25 de junio del 2024
inició el 28 de junio de 2024 y finalizó con el acta de terminación anticipada de
mutuo acuerdo el 2 de septiembre de 2024, lo que implica que desempeñó en forma
simultánea la condición de concejal y contratista durante un mes.

33. Explicó que, al ser un contrato estatal, el acto jurídico no termina con la simple
presentación de la renuncia del contratista, sino que requiere de la expedición de
un acto administrativo que produzca los efectos jurídicos necesarios para terminar
de forma definitiva la relación contractual entre la entidad pública y el particular.

34. Subrayó que la terminación del contrato tuvo lugar el 2 de septiembre de 2024
porque el contratista solo entregó el informe de actividades parciales hasta ese
mismo día. Por ende, la demora no es imputable a la administración sino al
contratista, como lo indicó el tribunal, lo cual, según señala, se puede verificar en
el expediente contractual.

15
Modificado por el artículo 6. ° de la Ley 2014 de 30 de diciembre de 2019, “[…] Por medio de la cual se regulan las sanciones
para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del
contrato por actos de corrupción y se dictan otras […]”.
16
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. […]”.
17
Cfr. Índice 68 del expediente digital de primera instancia.

7

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Accionante: Héctor Ortiz González

35. Explicó que el tribunal confunde los conceptos de inhabilidad y de
incompatibilidad al momento de estudiar la incompatibilidad prevista en los
numerales 2. y 4. del artículo 45 de la Ley 136, conceptos que han sido
diferenciados por el Consejo de Estado. Agrega que la incompatibilidad comprende
las etapas de ejecución y finalización y que aceptar una tesis diferente llevaría a
validar que los concejales pueden tener contratos vigentes con entidades públicas,
siempre y cuando los hayan suscrito antes de adquirir dicha calidad.

36.Manifestó que se configura el factor territorial porque la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca es una entidad del orden departamental, lo que implica
que tiene jurisdicción en todos los municipios del Valle del Cauca, incluyendo el
municipio de Florida. Que, en todo caso, la incompatibilidad prevista en el artículo
127 de la Constitución Política no exige que el contrato sea ejecutado en el
municipio donde se posesione el concejal.

I.5.2. Conducta dolosa derivada de haber suscrito diversos contratos, entre
ellos contratos con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el
Distrito de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca

37. Alegó que estaba probado el elemento subjetivo y por ende la conducta dolosa
o gravemente culposa porque el accionado “[…] sí conocía y sabía que existía la
posibilidad de que él ocupara la curul como concejal del Municipio de Florida […]”
con ocasión de la demanda de nulidad electoral que interpuso y el trámite surtido.

38. Expresó que, pese a lo anterior, el accionado optó por suscribir contratos con
entidades públicas y, una vez posesionado como concejal, continuó ejecutándolos
de manera paralela al ejercicio de su función pública como concejal del Municipio
de Florida.

39. Afirmó que el accionado solamente actuó en forma diligente en el marco del
contrato núm. 1.210.17.13.8391 celebrado el 12 de junio de 2024 con la
Gobernación del Valle del Cauca, el cual pudo finalizar por mutuo acuerdo el 31 de
julio de 2024. Indicó que ello no ocurrió con los contratos suscritos con la
corporación autónoma regional y el Distrito Especial de Santiago de Cali, en tanto
estos solo fueron terminados en fechas posteriores al 2 de agosto de 2024, lo que
implicó ejercicio simultaneo.

40. Luego de reiterar los argumentos en relación con el contrato núm. 545 de 2024
e indicar que llama la atención que este registra como fecha de terminación el 31
de diciembre de 2024, pese a que, en su criterio, la corporación autónoma regional
había certificado la terminación el 2 de septiembre de 2024, explicó que el
accionado suscribió contrato de prestación de servicios núm. 4182.010.26.1.531-
2024 con el Distrito de Santiago de Cali y que en la plataforma SECOP se reporta
como fecha de terminación del contrato el 31 de octubre de 2024 “[…] y la fecha de
suscripción del acta de terminación por mutuo acuerdo, que es el 20 de agosto de

8

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

2024 […]”. Explicó que tanto una como la otra fecha son posteriores a la posesión
y por ende prueban el ejercicio simultáneo.

41. Expresó que el accionado suscribió el Contrato núm. 1.210.17.13-8391 con la
Gobernación del Valle del Cauca y que este presenta la misma incongruencia que
los anteriores porque “[…] si bien la fecha de terminación que consta en el SECOP
es del 30 de septiembre de 2024, el acta de terminación fue reconocida y aceptada
por las partes dentro de esta misma plataforma, el 31 de junio de 2024, siendo, por
ende, el único contrato terminado dentro del término permitido. […]”.

42. Por lo anterior, señaló que llama la atención que uno de los contratos si lo
hubiese podido finalizar antes de la posesión como concejal, según la plataforma
SECOP II, y que en los otros dos no, lo que implica que el accionado estaba en
plena capacidad de adelantar oportunamente la terminación de sus vínculos
contractuales, lo que implica que se configuraron los elementos objetivo y subjetivo
de la incompatibilidad.

I.5.3. El accionado incurrió en pérdida de investidura por violación del
régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley
136

43. Adujo que la conducta del accionado no solo configura incompatibilidad, sino
que estructura la inhabilidad establecida en el numeral 3. del artículo 4318 de la Ley
136 porque estaba probado que celebró un contrato de prestación de servicios con
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Contrato núm. 0321 de
2023, que inició el día 20 de marzo de 2023 y finalizó el 19 de diciembre 2023.

44. Señaló que en esos términos, para la fecha de las elecciones, a saber, el 29 de
octubre de 2023, el accionado tenía vigente un contrato estatal cuya ejecución tuvo
lugar en diversos municipios del departamento del Valle del Cauca, entre ellos, el
de Florida; y que en los documentos contractuales se observan 9 informes de
ejecución en el municipio donde fue elegido.

45. Afirmó que la norma prohíbe a título de inhabilidad que el concejal celebre
dentro del año anterior a la elección contratos con entidades públicas de cualquier
nivel, que deban ejecutarse en el respectivo municipio. Agregó que incluso en este
caso la celebración fue dentro del año anterior tanto de la elección como de la fecha
en que fue llamado a posesionarse.

46. Por ende, solicitó que se decrete la pérdida de investidura del accionado por
violación del régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3. del artículo 43 de
la Ley 136.

18
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617.

9

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

I.6. Trámite del recurso de apelación

47. Mediante auto de 16 de junio de 202519, el magistrado sustanciador del tribunal
en primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por el accionante
en contra de la sentencia de 26 de mayo de 2025.

48. En auto de 3 de octubre de 202520, se resolvió admitir el recurso de apelación,
negar el decreto de pruebas aportadas y solicitadas en segunda instancia y correr
traslado del auto admisorio del recurso a las partes y al agente del Ministerio Público
por el término de tres (3) días.

49. El accionado manifestó21 por intermedio de apoderado que comparten la
sentencia apelada en cuanto consideró que no se configuraba la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de incompatibilidades.

50. Expresó que el accionante utiliza el recurso de apelación para introducir hechos
nuevos y causales de pérdida de investidura que desbordan los límites fijados en
la demanda, las cuales violan el principio de congruencia.

51. Señaló que en este caso la controversia gira exclusivamente en torno a “[…] la
alegada incompatibilidad por celebración del contrato 0545 del 2024 con la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca […]” y que no es procedente
ni el estudio de otros contratos en relación con la precitada incompatibilidad ni
mucho menos el estudio de la violación del régimen de inhabilidades previsto en el
numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, siendo estos hechos y causas nuevas.

52. El Ministerio Público y el accionante guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

53. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal
del accionado; iii) los problemas jurídicos; iv) la causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de incompatibilidades; v) el estudio de los problemas
jurídicos; y vii) las conclusiones.

II.1. La competencia

54. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley

19
Cfr. Índice 71 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 8 del expediente digital de segunda instancia.
21
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia.

10

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15023 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

55. La condición del accionado, señor Jorge Eliécer Castillo Nieves, como concejal
del municipio de Florida, se encuentra probada con la copia del acta de sesión
ordinaria de 2 de agosto de 202424 del Concejo Municipal de Florida, en la cual se
plasmó la toma de posesión como concejal de ese municipio.

56. Asimismo, dicha condición se encuentra probada con la certificación expedida
por el Presidente del Concejo Municipal de Florida, el 1 de abril de 2025, en la cual
se hace constar que el accionado “[…] Es CONCEJAL EN EJERCICIO. (sic) Para
el periodo 2024-2027 el cual tomo (sic) posesión a su cargo, como concejal del
Municipio. (sic) Según constata en el acta de la sesión ordinaria del (02) dos de
agosto de la vigencia fiscal 2024. (sic) Del Concejo Municipal de Florida Valle del
Cauca […]”25.

57. En todo caso, se precisa que la condición del accionado como concejal del
municipio de Florida y la fecha en que fue llamado a posesionarse no fue objeto de
cuestionamiento en el recurso de apelación.

II.3. Los problemas jurídicos

58. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201226, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, observa lo siguiente:

59. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de
26 de mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de incompatibilidades con ocasión del contrato núm. CVC 0545 de 25
de junio del 2024; y que no era procedente el estudio de hechos y causales de

22
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
23
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
24
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia. “[…] Séptimo Posesión Honorable concejal JORGE CASTILLO
NIEVES. Presidente LUIS ALBERTO HERRERA SALAZAR: Honorable concejal Jorge Eliécer Castillo nieves (sic) por favor
doctor Jorge Eliécer del Castillo (sic) puede ingresar al recinto del Concejo municipal, […] es el doctor Jorge Eliécer Castillo
Nieves quien va a tomar posesión como concejal del municipio de Florida debido a la vacancia electoral por la nulidad que
hubo, entonces honorable concejal le doy la bienvenida quiero como tal hacerle el juramento doctor jura usted ante Dios ante
la patria y ante el pueblo floridano defender los intereses de la comunidad Concejal JORGE ELIECER CASTILLO NIEVES:
Si juro Presidente LUIS ALBERTO HERRERA SALAZAR: Si es así que Dios la patria y el pueblo floridano os lo premie O
sino que él y ellos os lo demande […]”.
25
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia.
26
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

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Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

pérdida de investidura novedosas expuestas por fuera de la oportunidad procesal
correspondiente, como garantía del principio de congruencia.

60. El accionante en el recurso de apelación argumentó que se probó la
configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades en relación con el
Contrato núm. CVC 545 de 2024, suscrito entre el accionado y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca.

61. Argumentó adicionalmente que en este caso se configura la pérdida de
investidura del concejal por violación del régimen de incompatibilidades, con
ocasión de la celebración y ejecución del contrato núm. 4182.010.26.1.531-2024
suscrito con el Distrito de Santiago de Cali; y que el accionado incurrió en pérdida
de investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3.
del artículo 43 de la Ley 136, porque celebró un contrato de prestación de servicios
con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, dentro del año anterior
a la elección.

62. En ese orden, la Sala considera que los problemas jurídicos a resolver consisten
en definir:

63. Si es o no procedente el estudio de hechos, causales de pérdida de investidura
y argumentos que fueron planteados en forma novedosa por el accionante en el
recurso de apelación.

64. Si el concejal accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de incompatibilidades establecida en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617 por haber incurrido en las conductas previstas en el inciso 1.° del
artículo 127 de la Constitución Política y en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley
136, con ocasión de la celebración y ejecución del contrato de prestación de
servicios núm. 545 de 25 de junio de 2024.

II.4. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades

65. Las incompatibilidades han sido definidas como aquellas prohibiciones dirigidas
al titular de una función pública, en este caso, el servidor público de elección
popular, quien no puede ejercer, de forma simultánea, las competencias que
emanan de su investidura, con las correspondientes a otros cargos o empleos,
buscando evitar la indebida acumulación de funciones o la confluencia de intereses
que riñan contra la moralidad, la transparencia, la idoneidad y la imparcialidad
exigible a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular quienes
asumen una responsabilidad especial frente a sus electores y con la sociedad27.

27
La Corte Constitucional se ha referido a las incompatibilidades en los precisos términos, así: “[…] consisten en una
prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o
ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o

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Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

66. El numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 señala:

“[…] Articulo 48. Perdida de investidura de diputados, concejales municipales
y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.

67. Las incompatibilidades de los concejales pueden ser de rango constitucional,
como la prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política; o legal,
conforme con el artículo 4528 de la Ley 136.

II.4.1. La incompatibilidad general prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de
la Constitución Política

68. El inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política señala:

“[…] Artículo 127. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 2 de 2004. Los servidores
públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de
otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen
o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. […]”.

69. En consonancia con lo anterior el literal f) del numeral 1.° del artículo 8.° de la
Ley 80 de 28 de octubre de 199329, señala:

“[…] Artículo 8o. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las
entidades estatales:

[…]

f) Los servidores públicos

[…]”.

70. El inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política introduce una
incompatibilidad general para los servidores públicos consistente en la prohibición
de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales.

empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben
guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”. (Corte Constitucional, sentencia C- 903 de 2008,
MP: Jaime Araujo Rentería).
28
Adicionado por el artículo 41 de la Ley 617.
29
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.

13

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

71. Esta Sección ha señalado que la prohibición contenida en el inciso 1.° del
artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con el literal f) del numeral
1.° del artículo 8.° de la Ley 80, constituye una incompatibilidad que cobija a los
concejales, por ser servidores públicos de conformidad con el artículo 123 de la
Constitución Política y por ende es una causal de pérdida de investidura.

72. En sentencia de 10 de marzo de 200530, la Sección Primera conoció de una
demanda de pérdida de investidura en contra de un concejal, la cual se sustentó en
el artículo 127 de la Constitución Política. En este fallo se indicó que los cabildantes,
en su condición de servidores públicos, se encuentran cobijados por la
incompatibilidad o prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución
Política y es causal autónoma de pérdida de investidura, al señalar:

“[…] Significa lo anterior que se está ante una regulación especial, pero de ella no se
deduce el señalamiento de excepción alguna frente a la regla general, y menos en el
sentido de que sustrae de ésta a los concejales, pues ello no se dice de forma
expresa, como debe ser, ni tampoco puede considerarse implícito, toda vez que no
existe razón para que pese a su condición de servidores públicos se les exceptúe de
dicha incompatibilidad general. De suerte que la norma transcrita no hace más que
reiterarla respecto de los concejales en relación con el municipio en el que se
desempeñan como tales, sin que se deba interpretar que excluye los demás ámbitos
u órdenes territoriales de la Administración Pública. Por ello resulta armónica y
complementaria con el artículo 127 de la Constitución Política.

[…]

Por lo tanto es claro que la situación examinada se encuadra en la incompatibilidad
descrita en el artículo 127 de la Constitución Política y literal f) del numeral 1 del
artículo 8º de la Ley 80 de 1993, de donde se configura la causal de pérdida de la
investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 1994, en cuanto
hace a la violación del régimen de incompatibilidades, que en virtud de los referidos
contratos se le endilga en la demanda a la actora. […]”.

73. Esta regla jurídica ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 21 de enero
de 201631, de 2 de agosto de 201732, de 16 de abril de 202033, de 30 de septiembre
de 202134, de 10 de febrero de 202235, de 1.° de diciembre de 202236 y de 14 de
diciembre de 202237.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta,
sentencia de 10 de marzo de 2005, radicado: 44001-23-31-000-2004-00056-01 (PI);
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 21 de enero de 2016, radicado núm.: 13001-23-33-000-2014-00333-01.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González,
sentencia de 2 de agosto de 2017, radicado: 73001-23-33-0005-2016-00620-01.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 30
de septiembre de 2021, radicado núm.: 05001-23-33-000-2019-02158-01.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 10 de
febrero de 2022, radicado núm.: 68001 2333 000 2021 00181 01.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 1 de
diciembre de 2022, radicado núm.: 52001 2333 000 2021 00188 01.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña, sentencia de 14
de diciembre de 2022, radicado núm.: 5001 2333 000 2021 01619 01.

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Accionante: Héctor Ortiz González

74. Así, esta Sección, en sentencia de 16 de abril de 202038, señaló lo siguiente:

“[…] Conclusiones sobre la prohibición para los concejales de celebrar
contratos con entidades públicas

126. En suma de todo lo anterior se pueden distinguir, en el orden constitucional y
legal, cuatro periodos sobre la prohibición que constituye incompatibilidad para los
concejales y en relación con la celebración de contratos con entidades públicas.

126.1. En el primer periodo -4 de julio de 1991 a 1 de junio de 1994-, se aplicó la
prohibición general establecida en el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política para los servidores públicos de celebrar, por sí o por interpuesta persona,
contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos. La ley no establecía excepciones especiales a la
incompatibilidad general de los servidores públicos en relación con los concejales.

127. En el segundo periodo -2 de junio de 1994 a 27 de diciembre de 1994-,
conforme con los artículos 127 de la Constitución Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45,
numeral 1.°, 46 y 47 de la Ley 136: se establece la prohibición que configura
incompatibilidad para los concejales de poder celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos. Lo anterior sin
perjuicio de las excepciones generales establecidas en el artículo 10 de la Ley 80 y
las especiales contenidas en el artículo 46 de la norma ejusdem.

128. En el tercer periodo -28 de diciembre de 1994 a 5 de octubre de 2000-
conforme con los artículos 127 de la Constitución Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45,
numeral 1.° [modificado por el artículo 3 de la Ley 177], 46 y 47 de la Ley 136: se
establece la prohibición que configura incompatibilidad para los concejales de
contratar con “el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas”. Lo
anterior sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 46 de la norma
ejusdem.

129. En el cuarto periodo -6 de octubre de 2000 a la fecha- conforme con los
artículos: i) 127 de la Constitución Política; ii) 8 y 10 de la Ley 80; iii) 45, 46 y 47 de
la Ley 136; y iv) 96 de la Ley 600: se establece la prohibición general que configura
incompatibilidad para los servidores públicos, entre ellos los concejales, de celebrar,
por sí o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos. La ley no establecía
excepciones a la incompatibilidad general de los servidores públicos en relación con
los concejales.

130. La Sala considera, conforme con la normativa indicada supra, que la
prohibición que constituye incompatibilidad contenida en el inciso primero del artículo
127 de la Constitución Política sobre contratación es aplicable en forma directa a los
concejales; sin perjuicio de las excepciones establecidas por el legislador en las leyes
80 y 136, relativas a: i) “[…] las personas que contraten por obligación legal o lo hagan
para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto
ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten […]”; ii) “[…] ni
las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte
de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o
estatutario […]”; iii) “[…] quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el
artículo 60 de la Constitución Política […]”; iv) “[…] Usar los bienes y servicios que

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado núm.: 54001 2333 000 2019 00091 01.

15

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a
todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…] Ser apoderados o defensores en los procesos
que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en
los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta
en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del
capital […]”.

131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse probado que un concejal celebró
un contrato estatal, indistintamente de si se trata o no del municipio donde fue
elegido, constituye causal de pérdida de investidura39 por violación del régimen de
incompatibilidades establecido por el inciso primero del artículo 127 ibidem. […]”.
(Negrilla del texto).

75. Así las cosas y según lo anterior, existe una relación armónica entre los
preceptos de la Carta Política y las leyes 136 y 617, por lo que las disposiciones
legales no pueden ser tenidas, de ninguna manera, como excepciones al artículo
127 Constitucional y, por ende, esta norma establece una incompatibilidad general
que cobija a todos los servidores públicos y, por claras razones, a los concejales.

76. Siguiendo el derrotero jurisprudencial, para la configuración de la
incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución
Política40, que constituye causal autónoma de pérdida de investidura41, es
necesario demostrar los siguientes requisitos concurrentes: i) que el accionado
haya sido elegido concejal municipal o distrital; ii) que este haya celebrado, por sí
o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, mientras
ostentaba la investidura de concejal; y iii) que el contrato se haya celebrado con
una entidad pública42.

II.4.2. La incompatibilidad prevista en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley
136

77. El numeral 2. del artículo 45 de la Ley 136 establece lo siguiente:

“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no podrán:

[…]

2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por
sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante
se establecen.

[…]”.

39
Conforme con el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617.
40
En consonancia con el literal f) del numeral 1.° del artículo 8.° de la Ley 80.
41
Conforme con el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2020, radicado
núm.: 54001-23-33-000-2019-00091-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez,

16

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

78. En relación con la incompatibilidad prevista en el numeral 2. del artículo 45 de la
Ley 136, esta Sección43 ha considerado que establece dos supuestos.

79. El primero, relativo a ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo; y el
segundo relativo a la celebración de contratos con las entidades públicas del
respectivo municipio por sí o por interpuesta persona.

80. En relación con el supuesto relativo a la celebración de contratos con entidad
pública, sobre el cual versa el caso concreto, esta Sección ha explicado que: “[…]
En lo que tiene que ver con la causal de incompatibilidad invocada, su configuración
presupone que la celebración del contrato tenga lugar cuando el Concejal ya ha sido
legalmente investido de dicha calidad, esto es, cuando ese acto de naturaleza
negocial tiene ocurrencia con posterioridad a su posesión […]”44. (Negrilla fuera de
texto).

81. En ese orden, según ha explicado esta Sección45, se debe probar los siguientes
supuestos concurrentes: i) la condición de concejal municipal o distrital; y ii) que
este haya “[…] celebrado por sí o por interpuesta persona un contrato con una
entidad pública del mismo municipio y que la celebración del acto negocial ocurriera
con posterioridad a la fecha en que tomó posesión del cargo. […]”.

II.5. El estudio de los problemas jurídicos

II.5.1 El principio de congruencia y la delimitación del estudio en el caso
concreto

82. La Sala procede a determinar si se cumple el principio de congruencia entre la
solicitud de pérdida de investidura, la sentencia proferida por el tribunal en primera
instancia y el recurso de apelación, con el objeto de delimitar el análisis en este caso
concreto.

La solicitud de pérdida de investidura, en el caso concreto

83. El accionante interpuso demanda46 en la que solicitó47 que se decrete la pérdida
de investidura del accionado por violación del régimen de incompatibilidades previsto

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de agosto de 2019.
Radicación núm. 66001-23-33-000-2018-00422-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de agosto de 2013. Radicación
núm. 68001-23-33-000-2013-00181-01. C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala. Asimismo, ver Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de agosto de 2019. Radicación núm. 66001-23-33-000-2018-
00422-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
45
Ibidem.
46
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Asimismo, ver la subsanación de la demanda, índice 14 del
expediente digital de primera instancia.
47
“[…] PRETENSIONES […] Con fundamento en lo anteriormente expuesto, reitero mi solicitud para que se decrete la
PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor JORGE ELIECER CASTILLO NIEVES, identificado con cédula de ciudadanía número
[…] en su calidad de Concejal del municipio de Florida, Valle del Cauca, por violación del régimen de incompatibilidades, con
las demás consecuencias legales que de ello se deriven. […]”.

17

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, por haber incurrido en las conductas
previstas en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política y en el numeral 2.
del artículo 45 de la Ley 136, argumentando que estas normas prohíben a todo
servidor público y a los concejales la celebración de contrato con entidad pública, por
sí o por interpuesta persona.

84. Lo anterior con fundamento en que el accionado de manera simultánea48 ejerció
la investidura de concejal del municipio de Florida y de contratista de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, en el marco del contrato CVC núm. 545 de
2024.

La sentencia proferida por la Sala Plena del tribunal, en primera instancia

85. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el
26 de mayo de 2025 en la que indicó que los problemas jurídicos a resolver eran los
siguientes: i) “[…] ¿El demandado incurrió en las causales de pérdida de investidura
previstas en el artículo 127 de la Constitución Política, los numerales 2° y 4° del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000? […]”; ii) “[…] ¿Ejerció de manera simultánea su investidura como concejal y su
condición de contratista con el Estado? […]” y “[…] ¿Podía posesionarse como
concejal pese a tener un contrato de prestación de servicios vigente con la CVC? […]”.
(Negrilla fuera de texto).

86. El tribunal consideró que no se configuraba el elemento objetivo porque “[…] El
demandado no ejerció de manera simultánea su investidura como concejal y su
calidad de contratista y para la fecha en que fue llamado a ocupar la curul y tomó
posesión del cargo no estaba ejecutando el contrato de prestación de servicios que
había suscrito con la CVC, por lo que, no se configura el elemento objeto (sic) de la
causal de pérdida de investidura invocada. […]”.

87. La Sala observa que, si bien, la sentencia del tribunal indicó a título de problema
jurídico que estudiaría, entre otras, la conducta constitutiva de incompatibilidad
prevista en el numeral 4.49 del artículo 45 de la Ley 136, la cual no fue planteada por
el accionante en el escrito de la demanda, su estudio no fue abordado en la sentencia.

88. Por el contrario, la sentencia clarificó que el accionante había propuesto
argumentos novedosos en la audiencia pública, relacionados con la configuración de
la inhabilidad prevista en el numeral 2. del artículo 43 de la Ley 136 y la existencia de
otro contrato de prestación de servicios, pero que no emitiría pronunciamiento sobre
ellos por cuanto no fueron planteados en la demanda ni el accionado tuvo la
oportunidad de controvertirlos.

48
Alega que el accionado fue llamado y tomó posesión como concejal el 2 de agosto de 2024 y que el contrato de prestación
de servicios CVC núm. 545 de 2024 finalizó el 2 de septiembre de 2024, fecha en que se suscribió el acta de terminación
anticipada de mutuo acuerdo.
49
Según la cual los concejales no podrán “[…] 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas
de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste. […]”.

18

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

Los hechos, causales de pérdida de investidura y argumentos novedosos del
recurso de apelación interpuesto por el accionante

89. El accionante argumentó en su recurso de apelación que la sentencia proferida
en primera instancia no realizó una correcta valoración probatoria en torno a la
configuración de las incompatibilidades previstas en el inciso 1.° del artículo 127 de
la Constitución Política y en los numerales 2. y 4. del artículo 45 de la Ley 136,
como causal de pérdida de investidura de conformidad con el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, con ocasión del ejercicio simultaneo de la condición de concejal y
de contratista en el marco del Contrato núm. 0545 de 25 de junio del 2024 celebrado
con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Agregó a lo anterior
que estaba probado el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura.

90. Seguidamente alegó como hecho novedoso que el accionado suscribió contrato
de prestación de servicios núm. 4182.010.26.1.531-2024 con el Distrito de Santiago
de Cali. Que en la plataforma SECOP se reporta como fecha de terminación del
contrato el 31 de octubre de 2024 “[…] y la fecha de suscripción del acta de
terminación por mutuo acuerdo […] es el 20 de agosto de 2024 […]”. Afirmó que
tanto la primera como la segunda fecha son posteriores a la posesión del concejal,
que tuvo lugar el 2 de agosto de 2024 y que por ende prueban el ejercicio
simultáneo.

91. Por último, el accionante indicó que el accionado incurrió en pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3. del
artículo 43 de la Ley 136 porque celebró el contrato de prestación de servicios núm.
0321 de 2023 con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, lo cual
implicó que el accionado celebró un contrato con entidad pública dentro del año
anterior a la elección.

92. Para resolver, el artículo 28150 de la Ley 1564 establece lo siguiente:

“[…] Artículo 281. congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

[…]”.

93. Esta Sección51 ha considerado que el principio de congruencia es “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las

50
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura en virtud del artículo 21 de la Ley 1881.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de noviembre de 2016.
Radicación núm. 130012331000200102023-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

19

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a
menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”. Ello
en garantía del debido proceso de las partes e intervinientes.

94. La Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 17 de septiembre de 201952
explicó que en los procesos de pérdida de investidura el principio de congruencia: i)
“[…] supone la identidad de la providencia que resuelve la solicitud de pérdida de
investidura con la acusación planteada […]”53; ii) “[…] impone resolver todos los
cargos planteados en la solicitud de desinvestidura […]”; iii) “[…] impide al Juez de la
pérdida de investidura emprender estudios de fondo respecto de cargos
indebidamente fundados […]”; es decir, el juez no puede abordar el estudio de
causales de pérdida de investidura que no hayan sido debidamente invocadas y
explicadas en el escrito de demanda; y iv) no permite al juez “[…] modificar los
hechos, cargos y pretensiones elevadas por el demandante […]”54.

95. Para la Sala, un pronunciamiento sobre una pretensión, un presupuesto fáctico
y un fundamento jurídico diverso al planteado en el escrito de la solicitud de pérdida
de investidura desconoce las implicaciones del principio de congruencia en materia
de pérdida de investidura, que exige la coherencia entre lo propuesto en la solicitud
y lo decidido por el juez; conclusión que se refuerza si se tienen en cuenta las
repercusiones que podría tener la decisión sobre el derecho de defensa y los
derechos políticos del miembro de la corporación pública de elección popular objeto
de la pérdida de investidura.

96. En ese orden de ideas, en un marco garante del precitado principio y de los
derechos del debido proceso y de contradicción y de defensa del accionado, la Sala
se abstendrá de emitir pronunciamiento en relación con las causales de pérdida de
investidura, argumentos y hechos novedosos planteados en el recurso de apelación
por el accionante.

97. Es decir, esta Sala no se pronunciará sobre los siguientes argumentos contenidos
en el recurso de apelación: i) la configuración de la incompatibilidad prevista en el
numeral 4. del artículo 45 de la Ley 136 con ocasión de la celebración del contrato de
prestación de servicios núm. 0545 de 25 de junio del 2024 con la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca; ii) los argumentos relativos a la
configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades con ocasión de la celebración y ejecución del contrato de
prestación de servicios núm. 4182.010.26.1.531-2024 suscrito con el Distrito de
52
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de septiembre de 2019. Radicación
110010315000201901598-01. C.P. doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
53
“[…] La sentencia no podrá, en principio, apartarse de las súplicas de la demanda, ni de los hechos y fundamentos jurídicos
que la sustentan, otorgando, por ejemplo, más de lo pretendido en el libelo introductorio, o accediendo a las pretensiones del
accionante sobre la base de una causa petendi distinta, a menos que así lo permita el ordenamiento jurídico.
En materia sancionatoria, y en especial en la pérdida de investidura, la congruencia supone la correspondencia entre las
imputaciones fácticas y jurídicas que se expresan en la acusación, contenida en la demanda o en el escrito que la subsana,
con las consideraciones y decisión plasmadas en la sentencia del operador judicial. Lo anterior significa que el despojo de la
investidura no podrá producirse por hechos distintos a los alegados en el escrito genitor del proceso ni por causales distintas
a las mencionadas y motivadas por el demandante. […]”.
54
“[…] el principio de la consonancia impone al fallador de la pérdida de investidura el veto de modificar los hechos, cargos y
planteamientos elevados en el libelo introductorio que determina la acusación a la que se ve enfrentado el Parlamentario o ex
Parlamentario en este marco. […]”.

20

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

Santiago de Cali; y iii) la configuración de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3. del artículo 43 de
la Ley 136, con fundamento en la celebración del contrato de prestación de servicios
núm. 321 de 2023 con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

II.5.2. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades por la conducta prevista en el inciso 1.° del artículo 127
de la Constitución Política

98. La Sala analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar la
incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política
que constituye causal de pérdida de investidura, a saber: i) que el accionado haya
sido elegido concejal municipal o distrital; ii) que este haya celebrado, por sí o por
interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, mientras
ostentaba la investidura de concejal; y iii) que el contrato se haya celebrado con
una entidad pública55.

a) La cualidad del concejal como sujeto activo de la conducta

99. La condición del accionado, señor Jorge Eliécer Castillo Nieves, como concejal
del municipio de Florida, se encuentra probada con la copia del acta de sesión
ordinaria de 2 de agosto de 202456 del Concejo Municipal de Florida, en la cual se
hace constar que fue llamado y tomó posesión como concejal de ese municipio.
Dicha circunstancia se encuentra ratificada con la certificación expedida por el
presidente del Concejo Municipal de Florida, el 1 de abril de 2025.

100. Porlo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la
incompatibilidad, que constituye causal de pérdida de investidura.

b) Que este haya celebrado, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno, mientras ostentaba la
investidura de concejal

101. El tribunal en la sentencia apelada consideró que no estaba probado que el
accionado incurriera en la incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127
de la Constitución Política ni en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley 136 porque
no estaba acreditado que hubiere celebrado algún contrato con entidad pública
mientras ostentaba la condición de miembro de la corporación pública de elección
popular, ni que hubiere ostentado en forma simultanea la condición de contratista y
de concejal municipal de Florida.

55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2020, radicado
núm.: 54001-23-33-000-2019-00091-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez,
56
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia. “[…] Séptimo Posesión Honorable concejal JORGE CASTILLO
NIEVES. Presidente LUIS ALBERTO HERRERA SALAZAR: Honorable concejal Jorge Eliécer Castillo nieves (sic) por favor
doctor Jorge Eliecer del Castillo (sic) puede ingresar al recinto del Concejo municipal, […] es el doctor Jorge Eliécer Castillo
Nieves quien va a tomar posesión como concejal del municipio de Florida debido a la vacancia electoral por la nulidad que
hubo, entonces honorable concejal le doy la bienvenida quiero como tal hacerle el juramento doctor jura usted ante Dios ante
la patria y ante el pueblo floridano defender los intereses de la comunidad Concejal JORGE ELIECER CASTILLO NIEVES:
Si juro Presidente LUIS ALBERTO HERRERA SALAZAR: Si es así que Dios la patria y el pueblo floridano os lo premie O
sino que él y ellos os lo demande […]”.

21

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

102. El accionante en su recurso de apelación indica que la renuncia no produce los
efectos jurídicos necesarios para terminar de forma definitiva la relación contractual
entre la entidad pública y el particular; y que en este caso la terminación del contrato
tuvo lugar el 2 de septiembre de 2024, con la suscripción del acta de terminación
anticipada por mutuo acuerdo. Por ende, considera que sí está probado el ejercicio
simultaneo de la condición de concejal y contratista.

103. Se encuentra probado con la copia del formato E-26CON – Acta del Escrutinio
Municipal57, que el accionado participó en las elecciones al concejo del municipio
de Florida para el periodo constitucional 2024-2027, realizadas el 29 de octubre de
2023, y que no resultó elegido como concejal municipal.

104. Asimismo, se encuentra probado que el accionado, señor Jorge Eliécer Castillo
Nieves, fue llamado a posesionarse como concejal del municipio de Florida, para el
periodo 2024-2027, con ocasión de una vacante definitiva, lo cual ocurrió el 2 de
agosto de 2024.

105. Se aportó al proceso copia del Contrato núm. 545 celebrado el 25 de junio de
2024 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el señor Jorge
Eliécer Castillo Nieves en la modalidad de contratación directa, cuyo objeto fue la
“[…] Prestación de Servicios Profesionales en el Grupo de Educación Ambiental y
Participación de la Dirección de Gestión Ambiental para apoyar a las Direcciones
Ambientales Regionales Suroccidente y Pacifico Este, en el desarrollo y
planificación de las actividades asociadas a la promoción y fortalecimiento de
acciones de participación ciudadana e implementación de estrategias de educación
ambiental, así como en el apoyo de actividades de capacitación en costos de
producción y planificación orientada a mercados agroecológicos. […]”58.

106. En dicho contrato se indicó: i) como término de duración del contrato, el plazo
de cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder del
31 de diciembre de 2024; ii) que el valor del contrato se fijó en veintisiete millones
setecientos setenta y dos mil novecientos veinte pesos ($27.772.920,oo); y iii) la
forma de pago se estableció en cinco (5) cuotas por valor de cinco millones
quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos M/cte. ($5.554
584,oo).

107. Se encuentra probado que el accionado presentó el 24 de julio de 2024 ante la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca un escrito con asunto
“RENUNCIA IRREVOCABLE AL CONTRATO 545-2024”59, en el que indica que se
dirige ante la entidad para formalizar su renuncia irrevocable al Contrato núm. 545
de 25 de junio de 2024, “[…] con efecto a partir de 24 de julio de 2024. […]”.
(Negrilla fuera de texto).

57
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.
58
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.
59
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.

22

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

108. Se aportó al proceso copia del acta de entrega y recibo final del Contrato núm.
545 de 2024, suscrita el 2 de septiembre de 2024, en la cual se hizo constar que el
contrato inició el 28 de junio de 2024, con la suscripción del acta de inicio, y que
“[…] El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 0545 de 2024, […] manifiesta que
recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción, lo siguiente: Se recibe
a satisfacción el Informe de Actividades ejecutadas hasta el 22 de julio de
2024, correspondiente al trámite de pago de única cuota, del Contrato de
Prestación de Servicios No. 0545 de 2024. Lo anterior, dado que el Contratista
Jorge Eliécer Castillo Nieves radicó oficio de renuncia irrevocable al Contrato
CVC No. 0545 de 2024, con número de Radicado 675012024. Por lo tanto, se
autoriza pago correspondiente a la única cuota, por valor de CINCO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS MСТЕ ($5,554,584.00). […]” (Negrilla fuera de texto).

109. El 2 de septiembre de 2024 se suscribió el “ACTA DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO CVC No. 0545 DE 2024”,
en la cual se indicó que se procedía “[…] con el propósito de terminar de forma
anticipada de mutuo acuerdo y liquidar definitivamente, el CONTRATO CVC No.
0545 de 2024 […]”. (Negrilla del texto).

110. En dicha acta se hizo constar, en el acápite terminación anticipada del contrato,
lo siguiente:

“[…] II TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:

Conforme se indicó en los antecedentes del presente documento, el plazo del
Contrato CVC No. 0545 de 2024, se estipuló en cinco (05) meses contados a partir
de la firma del acta de inicio. sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, mediante escrito recibido y radicado en la CVC con el número
675012024 del 24 de julio de 2024, el Contratista informa al Supervisor, la necesidad
de terminar el contrato anticipadamente, dado que ha decidido que es el momento
adecuado para explorar nuevas oportunidades y desafíos fuera de esta institución,
por lo que solicita, a partir de esa fecha, terminar de forma anticipada el Contrato
CVC No. 0545 de 2024.

El Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones de control técnico,
administrativo, jurídico y contable enumerado en la Resolución 0100 No. 0110-0045
del 13 de enero de 2020, emanada por la CVC, deja constancia de haber verificado,
durante el tiempo transcurrido en la ejecución contractual y para efectos de esta
liquidación, el cumplimiento por parte del Contratista del objeto contractual, sus
obligaciones específicas, y debida afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

En consideración con la situación descrita, se conceptúa viable la terminación
anticipada y de común acuerdo del Contrato CVC No. 0545 de 2024 suscrito con
JORGE ELIECER CASTILLO NIEVES, hasta el 24 de julio de 2024. […]” (Negrilla
fuera de texto).

111. Adicional a lo anterior, en los acápites “[…] III. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO […]” y “[…] BALANCE FINANCIERO

23

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

DEL CONTRATO […]” se hizo constar que, con ocasión de la terminación
anticipada por mutuo acuerdo y que la ejecución del contrato tuvo lugar entre el 28
de junio de 2024 y hasta el 22 de julio de 2024, se autorizaba el pago de una sola
cuota por parte de la entidad pública al accionado, por valor de cinco millones
quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($5.554.584).

112. Por último, se aportó al proceso certificación expedida por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca el 11 de abril de 2025 60, en la cual hizo
constar la fecha de celebración, ejecución y terminación del Contrato núm. 545 de
2024, en el siguiente sentido:

“[…] En atención a la solicitud de información radicado 437262025 la Dirección de
Gestión Ambiental certifica que:

1. La fecha de suscripción del contrato 545-2024 25 de junio de 2024, se adjunta
copia de la minuta del 2 contrato.

[…]

4. Las actividades realizadas en el marco del contrato 545-2024 se ejecutaron entre
el 28/06/2024 hasta 22/07/2024 como se indica en los documentos adjuntos:

a. Informe de actividades radicado 801572024 del 2/9/2024
b. y en el acta de entrega y recibo final del 2/9/2024

5. Las actividades del contratista finalizaron el día 22 de julio como se indica
en las respectivas actas por tal motivo no es posible referenciar actividades
posteriores a esta fecha.

6. El señor Jorge Eliécer Castillo no Celebró ningún contrato con la CVC
después del 2/8/2024. […]” (Negrilla fuera de texto).

113. Para efectos de determinar si el señor Jorge Eliécer Castillo Nieves incurrió en
la incompatibilidad prevista en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución
Política, se resalta que dicha norma establece que los concejales, como servidores
públicos “[…] no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas […]”. (Negrilla fuera
de texto).

60
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.

24

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

114. Para la Sala, la precitada incompatibilidad contiene el verbo rector “celebrar”,
que ha sido entendido por la Sala Plena del Consejo de Estado61 en el siguiente
sentido: “[…] según el Diccionario de la Lengua Española, es el de realizar un acto
formal con las solemnidades que este requiere. Por su parte, el Diccionario del
Español Jurídico, de la Real Academia de la Lengua, en asocio con el Consejo
General del Poder Judicial Español, define celebrar de la siguiente forma: (i) otorgar
o firmar un contrato y (ii) realizar actos procesales de un juicio o vista. […]”.

115. Lo anterior resulta relevante en atención a que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y esta Sección han considerado
que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura, se exige
la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de las cuales se encuentra que las
normas aplicables para que se configuren las causales son de aplicación restrictiva.
Ello en atención a que las prohibiciones, en tanto limitan los derechos de las
personas, son de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la configuración
de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es
restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva62.

116. Para la Sala, no se encuentra probado el segundo supuesto del elemento
objetivo de la incompatibilidad bajo estudio, teniendo en cuenta que el Contrato
núm. 545 se celebró el 25 de junio de 2024 y que el accionado se posesionó como
concejal de forma posterior, en sesión realizada el 2 de agosto de 2024.

117. Luego entonces, no resulta válido afirmar que el señor Jorge Eliécer Castillo
Nieves incurrió en violación del régimen de incompatibilidades al celebrar el
precitado contrato porque, para la fecha de su celebración, el accionado no tenía la
condición ni de concejal ni de servidor público, en los términos establecidos por el
artículo 127 de la Constitución Política, condición que adquirió hasta el 2 de agosto
de 2024.

118. Al respecto, se reitera que el artículo 47 de la Ley 136, modificado por el artículo
43 de la Ley 617, establece que “[…] Quien fuere llamado a ocupar el cargo
de concejal, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de
su posesión. […]”.

119. En todo caso, en armonía a lo explicado por el tribunal en la sentencia apelada,
la Sala considera que no se encuentra probado que el accionado hubiere ejercido
en forma simultánea la condición de concejal y de contratista de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, en el marco del Contrato núm. 545 de
2024.

61
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de febrero de 2020. Radicado núm.
11001-03-15-000-2019-00911-01. C.P. doctora María Adriana Marín.
62
Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación: 230012333004201500489-01;
C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.

25

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

120. Lo anterior en tanto las pruebas aportadas al proceso, en especial, el Acta de
terminación anticipada de mutuo acuerdo del Contrato núm. 545 de 2024, suscrita
el 2 de septiembre de 2024, y la certificación expedida por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca el 11 de abril de 2025, fueron claras al establecer que
la terminación anticipada del contrato no tuvo lugar por la renuncia del contratista,
como parece sugerirlo el accionante, sino en virtud del mutuo acuerdo entre las
partes, las cuales en el marco de su voluntad63, establecieron que el contrato
finalizó el 24 de julio de 2024, lo cual se encuentra ratificado por los pagos
realizados al contratista.

121. En ese orden de ideas, la Sala considera que no se encuentra probado el
segundo supuesto de la prohibición que constituye incompatibilidad, prevista en el
inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución Política.

122. Consecuencialmente, la Sala considera que tampoco se configura la
incompatibilidad prevista en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley 136 según la
cual los concejales no podrán celebrar contrato alguno con entidades públicas del
respectivo municipio, por sí o por interpuesta persona.

123. Ello en atención a que, si bien, se encuentra probado el primer supuesto de la
incompatibilidad, relativa a la condición de concejal del accionado, no se encuentra
probado el segundo supuesto del elemento objetivo, relativo a que haya “[…]
celebrado por sí o por interpuesta persona un contrato con una entidad pública
del mismo municipio y que la celebración del acto negocial ocurriera con
posterioridad a la fecha en que tomó posesión del cargo […]”, de conformidad con
los argumentos anteriormente indicados en esta providencia. (Negrilla fuera de
texto).

124. En esas condiciones, al no haberse probado el segundo supuesto de las
incompatibilidades previstas en el inciso 1.° del artículo 127 de la Constitución
Política y en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley 136 que constituyen el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1. del 48 de
la Ley 617, la Sala queda relevada de analizar el elemento subjetivo, toda vez que
este estudio procede en el evento de que se encuentre configurado el elemento
objetivo, lo cual no ocurrió en este caso.

II.6. Conclusiones

125. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que reposan en el
expediente, no se demostró que el concejal del municipio de Florida, señor Jorge
Eliécer Castillo Nieves, haya incurrido en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de incompatibilidades prevista en el numeral 1. del artículo 48
de la Ley 617, por las conductas previstas en el inciso 1.° del artículo 127 de la
Constitución Política y en el numeral 2. del artículo 45 de la Ley 136, con ocasión de

63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26 de julio
de 2012. Radicado núm. 23605 C.P. Danilo Rojas Betancourth.

26

Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00236-01
Accionante: Héctor Ortiz González

la celebración del contrato núm. CVC 545 de 2024 suscrito con la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca.

126. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 26 de mayo de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de mayo de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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