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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2021-00181-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2021-00181-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del concejal municipal Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67 Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01 Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN de Barbosa (Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2021-00181-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 680012333000202100181011
Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de junio de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN

TESIS: LAS INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 127 SUPERIOR, Y 8º, NUMERAL 1, LITERAL F), DE LA LEY
80, SON AUTÓNOMAS Y APLICABLES A LOS CONCEJALES EN CALIDAD
DE SERVIDORES PÚBLICOS. SE DECRETA LA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA DE CONCEJAL DE BARBOSA (SANTANDER) QUE, EN
EJERCICIO DE SU CARGO, SUSCRIBIÓ DOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL MUNICIPIO DE
JESÚS MARÍA (SANTANDER)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante

contra la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por la Sala

Plena del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la

cual denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de

Barbosa (Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, por

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN

hechos relacionados con el ejercicio del período constitucional

2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN, actuando

en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del

señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, concejal del municipio de

Barbosa (Santander), por hechos ocurridos dentro del período

constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en el régimen

de incompatibilidades establecido en el artículo 127 de la

Constitución Política, en consonancia con los artículos 8º, numeral

1, literal f), de la Ley 80 de 28 de octubre de 19932; 45, numeral 4,

de la Ley 136 de 2 de junio de 19943; y 48, numeral 1, de la Ley

617 de 6 de octubre de 20004, por la celebración de contratos con

entidades públicas.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

2 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el

funcionamiento de los municipios […]”.
4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional […]”.

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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN

Sostuvo que, en los comicios de 27 de octubre de 2019, el señor

YORGÍN HARVEY CELY OVALLE resultó elegido concejal del

municipio de Barbosa (Santander), cargo de cual tomó posesión el

2 de enero de 2020, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el

artículo 123 de la Constitución Política, le confiere la calidad de

servidor público.

Mencionó que el aquél, ostentando la investidura de concejal,

celebró con el municipio de Jesús María (Santander) los contratos

de prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020

de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, cuyos objetos

eran la asesoría en contratación pública.

Señaló que el artículo 127 Constitucional establece que los

servidores públicos son incompatibles para celebrar contratos con

entidades públicas y que con fundamento en el artículo 8°, literal f),

de la Ley 80, también lo son para celebrar cualquier tipo de

contrato estatal. Que el concejal también incurrió en una

incompatibilidad, pues el artículo 45, numeral 4, de la Ley 617,

prohíbe expresamente a los concejales celebrar contratos con

quienes administren o manejen fondos procedentes del municipio.

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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN

Resaltó que de los contratos celebrados por el concejal con el

municipio de Jesús María (Santander), uno es de prestación de

servicios profesionales, que está expresamente reglamentado por el

artículo 32, numeral 3, de la Ley 80; que este municipio está regido

por lo dispuesto en la Ley 80, sus contratos son estatales y los

servidores públicos tienen expresamente prohibido celebrarlos, al

tenor del artículo 8°, numeral 1, literal f), del Estatuto de

Contratación Pública.

Insistió en que los dos contratos celebrados por el concejal nacieron

a la vida jurídica, por lo que generan efectos vinculantes, negocios

jurídicos estos que configuran las razones por las que el señor

YORGÍN HARVEY CELY OVALLE deberá perder su investidura.

Adujo que el concejal incurrió en culpa grave, debido a su profesión

de abogado, con especializaciones en derecho administrativo y

contratación estatal, así como con maestría en derecho

administrativo, lo que denota que debía conocer el contenido de la

Ley 80 en su totalidad, máxime porque el objeto de los contratos

celebrados con el municipio de Jesús María (Santander) era el de

asesoría en contratación pública.

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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN

Indicó que el concejal no puede alegar en su defensa el

desconocimiento de la ilicitud, la convicción errada o la confianza

legítima, pues todas estas circunstancias de atenuación jurídica no

resultan procedentes, pues el objeto de la profesión de abogado es

justamente el estudio y conocimiento de la norma jurídica; y que

revisado su formato de hoja de vida del Departamento

Administrativo de la Función Pública, no se aprecia que el concejal

haya consignado su calidad de tal, lo que no puede calificarse como

un error meramente formal porque omitir esta situación genera

efectos jurídicos relevantes para el caso concreto.

Refirió que el concejal, por su condición de abogado, debía conocer

el contenido de las normas relativas tanto a la violación del régimen

de incompatibilidades como a la contratación estatal; que el objeto

de los contratos es la asesoría contractual, por lo que sabía que al

suscribirlos estaba infringiendo lo previsto en el artículo 8°,

numeral 1, literal f), de la Ley 80, todo lo cual evidencia la culpa

grave del concejal.

Anotó que, respecto de la culpa grave, el artículo 6º de la Ley 678

de 3 de agosto de 20015, establece que la conducta del agente del

5 “[…] Por medio de la cual reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de

los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición […]”.

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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN

Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de

una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una

inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las

funciones. Que, por la naturaleza de su profesión, al fungir como

asesor del municipio de Jesús María (Santander), en procesos de

contratación estatal su deber inexcusable es el de conocer la norma

jurídica, su ámbito de aplicación, sus interpretaciones permitidas y

los regímenes especiales que posee en su calidad de servidor

público.

I.3.- El concejal, actuando en nombre propio, presentó escrito de

contestación en el que solicitó no acceder a la pretensión de la

solicitud, por cuanto considera que se encuentra amparado en las

excepciones legales que le permiten ejercer su profesión de

abogado, normativa que limita la contratación respecto del mismo

municipio donde se ejerce la investidura.

Al respecto, indicó que si bien los servidores públicos tienen un

régimen de inhabilidades e incompatibilidades también existen

excepciones constitucionales y legales que, para el caso de los

concejales, consiste en que no contraten ni negocien en el

respectivo municipio en el que ejercen el cargo de elección popular.

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Señaló que el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de

20096, establece que los concejales podrán ejercer su profesión u

oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las funciones que

ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio

en que éstas se ejerzan o sus entidades descentralizadas sean

parte.

Agregó que el ejercicio de su profesión de abogado solo la ha

desarrollado en el sector público en el que percibe su mínimo vital y

ejerce su derecho fundamental al trabajo; y que el contrato por el

que se imputa la configuración de la causal de pérdida de

investidura fue celebrado con el municipio de Jesús María

(Santander) y no con el municipio de Barbosa (Santander), en el

que ostenta la calidad de concejal, ni corresponde a un contrato con

personas naturales o jurídicas de derecho privado que manejen

recurso de dicho ente territorial.

Insistió en que la prohibición legal alegada no se encuentra

configurada, toda vez que el municipio con el que celebró el

contrato no es el mismo en el que ejerce su investidura, situación

que se enmarca en la excepción establecida en el artículo 127 de la

6 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se

dictan otras disposiciones […]”.

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Constitución Política, máxime si se tiene en cuenta que ni el

desarrollo ni la ejecución del contrato de servicios profesionales en

el Municipio de Jesús María (Santander), tienen nada que ver con

los asuntos del Municipio de Barbosa (Santander) ni con sus

entidades descentralizadas.

Sostuvo que los contratos enunciados fueron suscritos con la

absoluta convicción de no incurrir en faltas legales teniendo en

cuenta que su profesión la ejerce desde el año 2000; y aclaró que

no es cierto que hubiese resultado electo concejal, sino que aceptó

la curul en ejercicio de la Ley 1909 de 9 de julio de 2018 7, sin que

haya expuesto circunstancia alguna sobre ese aspecto.

Destacó que los contratos cuestionados no los celebró en condición

de concejal, sino en razón de su profesión de abogado y de su

experiencia académica y laboral, procesos en los que dice se

respetaron los principios de transparencia, publicidad, moralidad,

eficacia y en los cuales se establecieron, entre otras actividades, la

defensa jurídica del municipio de Jesús María (Santander) en

posibles acciones contractuales, conforme con lo previsto en los

artículos 45 y 46, literal d), de la Ley 136.

7 “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independiente […]”.

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Refirió que si bien los artículos 55 de la Ley 136 y 48 de la Ley 617,

no establecen ninguna excepción al régimen de incompatibilidades,

los artículos 46 de la referida Ley 136 y 1º de la Ley 1368, sí las

prevén, pero únicamente en lo que concierne al respectivo

municipio.

Agregó que no es cierto que haya incurrido en culpa grave

comoquiera que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1881 de 15

de enero de 20188, debe probarse la conducta dolosa o gravemente

culposa, empero en el caso sub examine la solicitante no probó la

supuesta falta de cuidado necesario para incurrir en la presunta

incompatibilidad sino que se limitó a manifestar que el concejal

suscribió dos contratos de prestación de servicios con el municipio

de Jesús María (Santander) y que en su condición de abogado debía

conocer el contenido de las leyes 80 y 136.

Señaló que los artículos 1º, de la Ley 1368, 66, parágrafo 1º, de la

Ley 136 y 2º y 8º de la Ley 1871 de 12 de octubre de 20179,

prevén que los honorarios de los diputados son incompatibles con

cualquier asignación proveniente del tesoro público del respectivo
8 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
9 “[…] Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad

social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones
[…]”.

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municipio, excepto con aquellas originadas en pensiones o

sustituciones pensionales y las demás excepciones establecidas en

la Ley 4ª de 18 de mayo de 199210, esto es, la posibilidad de

percibir honorarios de otra entidad pública diferente a la que se

ejerce la investidura más no salarios.

Agregó que como la solicitante tampoco probó el factor territorial,

esto es que hubiese suscrito contrato alguno con el municipio de

Barbosa (Santander), no se configuran todos los elementos exigidos

por la ley y la jurisprudencia para acceder al decreto de la pérdida

de investidura.

Finalmente, transcribió apartes de las sentencias C-720 de 3 de

agosto de 200411, C-144 de 6 de abril de 201512 y de 10 de mayo

de 201813, proferidas por la Corte Constitucional y esta

Corporación, respectivamente, las cuales, en su criterio, refuerzan

los argumentos expuestos.

10 “[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el

Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política […]”
11 Corte Constitucional, sentencia C-720 de 3 de agosto de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
12 Corte Constitucional, sentencia C-144 de 6 de abril de 2015, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 10 de mayo de 2018, número único de radicación 17001-23-33-000-2017-00473-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 28 de junio de 2021, denegó

la pérdida de investidura del señor YORGÍN HARVEY CELY

OVALLE, en calidad de concejal del municipio de Barbosa

(Santander), por hechos relacionados con su ejercicio del período

constitucional 2020-2023, para lo cual, luego de referirse a la

naturaleza jurídica de la pérdida de investidura, señaló que las

incompatibilidades en las que presuntamente incurrió aquél,

conforme lo expresado en la solicitud, son las señaladas en el

artículo 127 de la Constitución Política, y el artículo 8°, numeral 1,

literal f), de la Ley 80 y, en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136.

Resaltó que, si bien el artículo 127 Constitucional y la Ley 80

establecen unas prohibiciones en general para los servidores

públicos, en tratándose de celebración de contratos con entidades

estatales, las cuales resultarían, en principio, aplicables a los

concejales dada su calidad de servidores públicos a voces del

artículo 123 ibidem, lo cierto es que la Constitución Política

reconoció excepciones a esta regla y en esa medida el artículo 312

autoriza al legislador a reglamentar las causales del régimen de

incompatibilidades de estos servidores.

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Adujo que los concejales tienen un régimen especial de

incompatibilidades, -artículo 312 Constitucional-, el cual se

encuentra previsto en el artículo 45 de la Ley 136 y, por ende,

dicha norma es la que define cuáles son las conductas consideradas

reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo público

de elección popular y que conllevan la declaratoria de pérdida de

investidura, de conformidad con el artículo 48, numeral 1, de la Ley

617.

Determinó que el análisis del caso bajo examen debía hacerse

únicamente respecto de la causal invocada y prevista en la Ley 136,

que no a la luz de los artículos 127 Constitucional y 8°, numeral 1,

literal f), de la Ley 80, por tratarse de preceptos jurídicos que

reglamentan en general o indistintamente las prohibiciones de los

servidores públicos que admite excepciones de ley.

Anotó que, en efecto, en el escrito de la contestación de la

demanda, el cabildante reconoce que aceptó la curul, en ejercicio

del derecho concedido por la ley 1909 - ‘Estatuto de la oposición’; y

que celebró los contratos núms. AMJM-CD 001-2020 de 8 de enero

y 042-2020 de 8 de julio de 2020 con el municipio de Jesús María

(Santander), en ejercicio de su profesión como abogado,

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experiencia profesional y formación académica, situación fáctica

que se ratificó con las pruebas aportadas con la solicitud de pérdida

de investidura.

Afirmó que la suscripción de contratos con una entidad estatal de

una localidad distinta a la cual se ejerce la investidura como

concejal no configura la causal de pérdida de investidura

establecida en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, por cuanto

la prohibición legal allí contenida se predica respecto de aquellos

contratos celebrados con personas naturales o jurídicas de derecho

privado, supuesto que no encuadra en el caso concreto, toda vez

que el concejal participó en la celebración y ejecución de contratos

de prestación de servicios para la gestión administrativa con una

entidad el Estado, esto es, el municipio de Jesús María (Santander).

Indicó que en los juicios sancionatorios no es posible acudir a

criterios interpretativos para ampliar el alcance de las causales

legalmente fijadas, pues ello afecta los derechos fundamentales al

debido proceso y de acceso a cargos públicos, así como el principio

de igualdad; y que el municipio de Jesús María (Santander), entidad

pública que intervino en la celebración de los contratos

cuestionadas, no tiene injerencia alguna en el manejo,

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administración o inversión de los recursos públicos de la localidad

donde el concejal funge como tal, dada la autonomía de que gozan

las entidades territoriales, prevista en los artículos 287 y 311 de la

Constitución Política.

Sostuvo que era evidente el no cumplimiento del elemento

territorial de la incompatibilidad que restringe la celebración de los

contratos a la respectiva circunscripción territorial a la que

pertenece el concejal; y que, en esa medida, éste no desconoció las

limitación o prohibiciones definidas por el legislador en materia

contractual.

Consideró que conforme con la normativa aplicable al caso concreto

y la jurisprudencia14 de lo contencioso administrativo sobre la

materia, y que la conducta del concejal no se enmarca en la causal

de pérdida de investidura invocada, por cuanto el contrato de

prestación de servicios y los emolumentos recibidos con ocasión de

éstos provenientes del municipio de Jesús María (Santander), no

había lugar a realizar el estudio del elemento subjetivo de

culpabilidad y, por tanto, denegó las pretensiones de la solicitante.

14Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de julio de 2008,
C.P. William Zambrano Cetina, número único de radicación 11001-03-06-000-2008-00029
(1894); Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de julio de 2015,
C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-015-000-2012-
00059-00.

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II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La solicitante, actuando en nombre propio, interpone recurso de

apelación contra la referida sentencia, en el que indica que, si bien

el Tribunal tiene razón al señalar que las normas que regulan el

juicio sancionatorio de pérdida de investidura son de interpretación

restrictiva, lo cierto es que “[…] dado que el constituyente no

realizó distinción alguna, se entiende que la violación a cualquier

incompatibilidad será causal de pérdida de investidura […]”.

Señala que los servidores públicos no pueden celebrar contratos

con entidades estatales y, por ende, es una incompatibilidad en los

términos del artículo 127 Constitucional, que prevé que “[…] Los

servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta

persona, o en representación de otro, contrato alguno con

entidades públicas o con personas privadas que manejen o

administren recursos públicos, salvo las excepciones legales […]” y

del artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.

Aduce que el concejal incurrió en un yerro al invocar en su defensa

las disposiciones establecidas en los artículos 6º y 7º de la Ley

1871, toda vez que el artículo 46, de la Ley 136, establece que “[…]

los concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado,

actuar en los siguientes asuntos: […] d) ser apoderados o

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defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama

Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales

durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni

peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto

gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio

[…] en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta

por ciento (50% del capital. […] Quiere decir que NO puede ejercer

la profesión para gestionar intereses económicos o fiscales del

municipio. Es diferente celebrar contratos […]”.

Reitera que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º, del

artículo 66, de la Ley 136, los concejales no pueden recibir

honorarios de dos entidades públicas, por cuanto “[…] son

incompatibles: 1) salario y honorarios, 2) honorarios y otros

honorarios […]”.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1. El concejal, actuando en nombre propio, indica que la

solicitante insiste en interpretar la norma invocada de manera

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parcial cuando señala que los honorarios de los concejales son

incompatibles con cualquier asignación provenientes del tesoro

público, dejando de lado el elemento territorial exigido en el

parágrafo 1º del artículo 66 de la Ley 136, esto es, “[…] del

respectivo municipio […]”, el cual no se demostró en el caso sub

examine.

Sostiene que no es cierto que haya querido fundamentar los

argumentos de defensa en la Ley 1871, por cuanto se hizo una

comparación para demostrar lo concerniente al elemento territorial,

toda vez que la prohibición para los concejales es en el respectivo

municipio y para los diputados en todo el país.

Manifiesta que, ante la falta de prueba y determinación de los

requisitos esenciales del medio de control, no hubo lugar a analizar

el elemento subjetivo, respecto del cual consideró que obró con el

cuidado necesario antes de firmar los contratos controvertidos para

no incurrir en la causal invocada, esto es, analizó las normas y la

jurisprudencia aplicable sobre la materia, cuidado que descarta el

actuar culposo o doloso.

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IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el concejal, señor YORGÍN

HARVEY CELY OVALLE, incurrió en la causal de pérdida de

investidura consistente en la configuración de la incompatibilidad

para contratar con el Estado, prevista en el artículo 127 de la

Constitución Política, en consonancia con los artículos 8º, numeral

1, literal f), de la Ley 80, 45, numeral 4, de la Ley 136, y 48 de la

Ley 617, al celebrar con el municipio de Jesús María (Santander),

los contratos de prestación de servicios profesionales núms. AMJM-

CD 001-2020 de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020.

V.2.- De las causales de incompatibilidad previstas en los

artículos 127 de la Constitución Política; 8, numeral 1, literal

f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de la Ley 136

El artículo 123 de la Constitución Política, establece:

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“[…] Articulo 123. Son servidores públicos los miembros
de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de
la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este sentido, artículo 127 Constitucional prevé:

“[…] Artículo 127. Los servidores públicos no podrán
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Y el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, preceptúa:

“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Al fijar el alcance del concepto de incompatibilidad, la

jurisprudencia ha precisado lo siguiente:

“[…] En cuanto a las incompatibilidades, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que “[…] comportan una
prohibición dirigida al titular de una función pública a
quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas

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actividades o ejercer, simultáneamente, las
competencias propias de la función que desempeña y
las correspondientes a otros cargos o empleos, en
guarda del interés superior que puede verse afectado por una
indebida acumulación de funciones o por la confluencia de
intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar
la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del
Estado […]15 […]”16.

En el mismo sentido se ha expuesto que:

“[…] Las incompatibilidades han sido definidas por esta
Sección como “[…] la prohibición de ejercer dos
actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley,
de modo que para el caso de los servidores públicos se
traduce en la prohibición de desempeñar o ejercer
otros cargos o realizar otras actividades distintas a las
que corresponde a las funciones del cargo de que son
titulares […]”17.

Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado18 ha
considerado que “[…] [l]as incompatibilidades son todas
aquellas actuaciones que le está prohibido realizar al
funcionario durante el desempeño del cargo o con
posterioridad, so pena de quedar sometido al régimen
disciplinario correspondiente […]”19 […]”20 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

15 Corte Constitucional, sentencia SU 625 de 2015.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 29 de julio de 2021, número único de radicación 44001234000020200023201,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501,
consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

3 de septiembre de 1998, expediente núm. 1952, consejera ponente Miren De La
Lombana De Magyaroff.
19 También, en Sección Quinta, sentencia de 14 de septiembre de 2001, expediente núm.

2616, consejero ponente Mario Alario Méndez, se consideró: “incompatibilidad,
impedimento, prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada cuando se ocupa
un cargo o por razón de haberlo ocupado.”
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001233300020190009101 (PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Por su parte, el artículo 8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80,

prevé lo siguiente:

“[…] Artículo 8o. De las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar.

1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para
celebrar contratos con las entidades estatales:
(…)
f) Los servidores públicos […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que la prohibición de

los servidores públicos de contratar con el Estado, a partir de lo

determinado en el artículo 127 Superior, constituye una violación al

régimen de incompatibilidades aplicable a los concejales, en

consonancia con el veto establecido en el artículo 8°, numeral 1°,

literal f), de la Ley 80, que en realidad corresponde a una

incompatibilidad para los servidores públicos, en ejercicio de sus

funciones, -que no a una inhabilidad-, de participar en licitaciones y

celebrar contratos con las entidades estatales, así:

“[…] Conclusiones sobre la prohibición para los
concejales de celebrar contratos con entidades públicas

126. En suma de todo lo anterior se pueden distinguir, en el
orden constitucional y legal, cuatro periodos sobre la
prohibición que constituye incompatibilidad para los
concejales y en relación con la celebración de contratos con
entidades públicas.

126.1. En el primer período -4 de julio de 1991 a 1 de junio
de 1994-, se aplicó la prohibición general establecida en

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el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política21para los servidores públicos de celebrar, por sí
o por interpuesta persona, contrato alguno con
entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos. La ley no
establecía excepciones especiales a la incompatibilidad
general de los servidores públicos en relación con los
concejales22.

127. En el segundo período -2 de junio de 1994 a 27 de
diciembre de 1994-, conforme con los artículos 127 de la
Constitución Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral
1°, 46 y 47 de la Ley 136: se establece la prohibición que
configura incompatibilidad para los concejales de poder
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos. Lo anterior sin perjuicio
de las excepciones generales establecidas en el artículo
10 de la Ley 80 y las especiales contenidas en el
artículo 46 de la norma ejusdem.

128. En el tercer período -28 de diciembre de 1994 a 5 de
octubre de 2000- conforme con los artículos 127 de la
Constitución Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral
1.° [modificado por el artículo 3 de la Ley 177], 46 y 47 de la
Ley 136: se establece la prohibición que configura
incompatibilidad para los concejales de contratar con
“el respectivo municipio o distrito y sus entidades
descentralizadas”. Lo anterior sin perjuicio de las
excepciones establecidas en el artículo 46 de la norma
ejusdem.

128. En el cuarto período -6 de octubre de 2000 a la fecha-
conforme con los artículos: i) 127 de la Constitución
Política; ii) 8 y 10 de la Ley 80; iii) 45, 46 y 47 de la Ley
136; y iv) 96 de la Ley 600: se establece la prohibición

21 Prohibición que posteriormente obtuvo un desarrollo general para los servidores
públicos en el artículo 8 de la Ley 80.
22 Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 28 de octubre de 1993, fecha en

que se expidió la Ley 80 y, en especial, su artículo 10, sobre las excepciones a las
inhabilidades e incompatibilidades, estableció que “[n]o quedan cobijadas por las
inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que
contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades
a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes
los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales
hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal
o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el
artículo 60 de la Constitución Política”.

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general que configura incompatibilidad para los
servidores públicos, entre ellos los concejales, de
celebrar, por sí o por interpuesta persona, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas
que manejen o administren recursos públicos. La ley no
establecía excepciones a la incompatibilidad general de
los servidores públicos en relación con los concejales.

130. La Sala considera, conforme con la normativa
indicada supra, que la prohibición que constituye
incompatibilidad contenida en el inciso primero del
artículo 127 de la Constitución Política sobre
contratación es aplicable en forma directa a los
concejales; sin perjuicio de las excepciones
establecidas por el legislador en las leyes 80 y 136,
relativas a: i) “[…] las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o
servicios que las entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a
quienes los soliciten […]”; ii) “[…] ni las personas
jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes
legales hagan parte de las juntas o consejos directivos
en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario
[…]”; iii) “[…] quienes celebren contratos en desarrollo
de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución
Política […]”; iv) “[…] Usar los bienes y servicios que
las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de
seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones
comunes a todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…]
Ser apoderados o defensores en los procesos que se
ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público.
Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en
los procesos de toda clase que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del
respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden
municipal y las sociedades de economía mixta en las
cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta
por ciento (50%) del capital […]”.

131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse
probado que un concejal celebró un contrato estatal,
indistintamente de si se trata o no del municipio donde
fue elegido, constituye causal de pérdida de

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investidura23 por violación del régimen de
incompatibilidades establecido por el inciso primero del
artículo 127 ibidem.

132. Esta Sección ha considerado, en relación con la
causal de desinvestidura por incurrir en la prohibición
que constituye incompatibilidad establecida en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política, lo
siguiente24:

“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las
incompatibilidades de los concejales, fue modificada por
la Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada
por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la
que no puede edificarse, con sustento en ella, la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades. Sin embargo, a juicio de la Sala,
y contrario a lo manifestado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de la
Carta Política consagra una incompatibilidad para
los concejales, en la medida en que son
servidores públicos, consistente en la prohibición
de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas, mientras ostenten tal
condición, salvo las excepciones legales. Así lo ha
confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la
Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala,
en sentencia del 10 de marzo de 2005 […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la
prohibición que constituye incompatibilidad establecida
por el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política es una causal autónoma que prohíbe a los
servidores públicos, entre ellos a los concejales
municipales o distritales, en forma general, “[…]
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones
legales […]”.

23 Conforme con el numeral 1, del artículo 48, de la Ley 617.
24Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 21 de enero de 2016, número único de radicación 13001-23-33-000-2014-00333-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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134. Por último, la Sala considera que la tesis anterior
encuentra respaldo en la sentencia C-194 de 4 de mayo de
1995, proferida por la Corte Constitucional; oportunidad en la
cual se realizó el estudio de constitucionalidad de, entre otros,
los artículos 45 y 47 de la Ley 136 […]”25 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Acerca del carácter de servidor público que ostentan los concejales,

la Corte Constitucional ha expresado:

“[…] Respecto de los concejales municipales, la Constitución
consagra en forma enfática (art. 312 C.P.) que "los concejales
no tendrán la calidad de empleados públicos". No obstante,
en el artículo 123 ibídem sí se establece con claridad
que los miembros de las corporaciones públicas son
servidores públicos. Y es que no es lo mismo
pertenecer a este género (servidor público) -que
abarca a todos los que mantienen un vínculo laboral
con el Estado, bien desde el punto de vista legal y
reglamentario o puramente contractual- que ser
catalogado como empleado público, una especie de aquél, que
se caracteriza por una relación legal y reglamentaria, de
modo que el nexo con el Estado tiene lugar por nombramiento
y posesión y no por contrato. Los empleados públicos son
servidores públicos. Los concejales también, pero sin tener el
carácter específico de empleados públicos, dado el origen de
su vinculación, por elección popular, que difiere del de
aquéllos.

Esto significa que los concejales municipales, aun no
siendo empleados públicos, sí son servidores del Estado
y, en realidad, puesto que desempeñan funciones al
servicio del mismo, son "funcionarios". Con este término
se define en general a quien cumple una función y, en la
materia de la que aquí se trata -la disciplinaria- comprende a
quienes, por su vínculo laboral con el Estado y en razón de las
responsabilidades que contraen (art. 123 C.P.), están sujetos
a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación.

La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión
genérica ya mencionada -servidores públicos- para

25Cit. sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-
2019-00091-01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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resaltar que quienes pertenecen a esta categoría están
al servicio del Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.)
y que no desempeñan los cargos o empleos -por
importantes que ellos sean- en su propio beneficio e
interés, sino en el colectivo, siendo por tanto
depositarios de la confianza pública, que no pueden
defraudar, respondiendo en consecuencia por sus
acciones u omisiones (art. 6 C.P.) […]”26 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De lo expuesto, también se deduce que en el supuesto previsto en

el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley 80, se puede

estructurar válidamente la violación del régimen de

incompatibilidades previsto para los concejales, en la medida en

que aquella disposición hace parte de un conjunto de preceptos de

orden constitucional y legal que prohíben a los concejales celebrar

contratos con entidades públicas, a lo que se agrega que, de

acuerdo con el artículo 123 de la Carta Política son servidores

públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados

y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas

territorialmente y por servicios27.

Por su parte, el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, ordena:

“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)

26 Corte Constitucional, sentencia C-222 de 14 de abril de 1999, magistrado ponente José

Gregorio Hernández Galindo.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 24 de junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de
incompatibilidades el ejercicio de la cátedra.

PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que
nombre a un concejal para un empleo o cargo público o
celebre con él un contrato o acepte que actúe como
gestor en nombre propio o de terceros, en
contravención a lo dispuesto en el presente artículo,
incurrirá en causal de mala conducta […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

En lo que respecta a esta incompatibilidad, la Sección ha sostenido

lo siguiente:

“[…] Acerca de la celebración de contratos con las
entidades públicas del respectivo municipio por sí o por
interpuesta persona, la Sección ha destacado28: “(…) En lo
que tiene que ver con la causal de incompatibilidad
invocada, su configuración presupone que la
celebración del contrato tenga lugar cuando el Concejal
ya ha sido legalmente investido de dicha calidad, esto
es, cuando ese acto de naturaleza negocial tiene
ocurrencia con posterioridad a su posesión”.

3.1.2. Respecto de la segunda causal, esto es, la parte
invocada, consistente en “Celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio (…)”, la Sala ha
explicado29:

“[…]

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 8 de agosto de 2013, número único de radicación 68001-23-33-000-2013-00181-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala
29 Op. Cit. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 47001-23-33-

000-2013-00222-00(PI).

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Conforme lo ha señalado la Sala, para que se configure
la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4°
del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, deben concurrir
los siguientes supuestos: “(…) (i) celebrar contratos o
realizar gestiones con personas naturales o
personas jurídicas de derecho privado, (ii) que
dichas personas administren, manejen o inviertan
fondos públicos procedentes del respectivo Municipio o
sean contratistas del mismo Municipio o reciban
donaciones de éste. (…)”30 (destacado en la
providencia) […]»31.

«[…] Realizar gestiones con personas de derecho
privado que sean contratistas del municipio.

El actor imputa al Concejal demandado haber gestionado a
favor de COINTRANSCOL LTDA. la suscripción de varios
contratos de prestación de servicio de transporte con el
municipio de El Colegio.

La incompatibilidad endilgada al demandado exige unos
supuestos a saber: (i) celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o con personas
jurídicas de derecho privado, (ii) que dichas personas
administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, gestionar
significa:

«1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o
de un deseo cualquiera.»

Por lo tanto, el término “gestión” o gestionar involucra o
abarca el conjunto de trámites que se llevan a cabo para
resolver un asunto o concretar un proyecto.
(…)

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 6 de septiembre de 2012, número único de radicación 76001-23-31-000-2011-01760-
01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 15 de agosto de 2019, número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00422-
01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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Asimismo, la Sala mediante sentencia de 19 de julio de
200732 puso de presente que «gestionar» significa
«hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio», pero para que se configure esta causal es
necesario que esas gestiones se hagan para beneficio
del propio concejal o de terceros, que en este caso será la
entidad de la cual es presidente del Consejo de
Administración:

“[…] Ahora bien el diccionario de la lengua española de
la Real Academia Española define la palabra “Gestionar”
así “Hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio o de un deseo cualquiera”. La Sala debe
distinguir entre gestiones a favor de la comunidad
y gestiones para beneficio propio o de terceros,
pues las primeras son propias del ejercicio del
cargo de concejal y por lo tanto esas conductas
no son reprochables […].

La prohibición se consagró para evitar que los
concejales pudieran beneficiarse en alguna forma de
los recursos que administren o manejen los
particulares y provengan del ente territorial y no para
que éstos pudieran desentenderse de los asuntos que
afectan a la comunidad que los eligió. Ahora bien, para la
Sala es claro que toda decisión debe estar amparada en
hechos acreditados, lo cual se destaca con mayor énfasis
tratándose de decisiones de naturaleza sancionatoria, como lo
es la que decreta la pérdida de investidura […]”33.

Con fundamento en lo anterior, la Sala resalta34 que para que se

configuren las causales de incompatibilidad invocadas en la solicitud

en comento, deben permanecer reunidos los siguientes elementos

en cualquiera de las hipótesis a saber: en cuanto a la prohibición

constitucional autónoma del artículo 127 Superior, en

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de
julio de 2007, Expediente núm. 2006-2791, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
34 Ver al respecto, reiteración en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, número único de
radicación 05001233300020190215801, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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consonancia con el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley

80, que el concejal, estando en ejercicio de sus funciones, haya

celebrado, por sí o por interpuesta persona, o en representación de

otro, contrato: (i) con una entidad pública cualquiera sea su nivel

territorial, e indistintamente de si se trata o no del mismo municipio

para el cual resultó elegido, o (ii) con personas privadas que

manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones

enlistadas en el artículo 10º, de la Ley 80:

“[…] Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades
e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las
inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos
anteriores, las personas que contraten por obligación legal o
lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a
que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en
condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas
jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales
hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de
su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes
celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo
60 de la Constitución Política […]”.

Ahora bien, con relación a la restricción legal del artículo 45,

numeral 4, de la Ley 136, debe constatarse que el concejal,

estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado contratos o

realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho

privado: (i) que administren, manejen o inviertan fondos públicos

procedentes del respectivo municipio, o (ii) que sean contratistas

del mismo municipio o (iii) reciban donaciones de éste. En los

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eventos comprendidos en este numeral 4, como en las restantes

incompatibilidades descritas en el artículo 45, de la Ley 136, debe

tenerse en cuenta que se exceptúa de su configuración el ejercicio

de la cátedra, -parágrafo 1º-, así como aquellas situaciones

determinadas en el artículo 46, ídem, en las que los concejales

podrían, ya directamente, o por medio de apoderado, actuar en los

siguientes asuntos:

“[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos,
su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b)
Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,
tasas y de multas que graven a las mismas personas; c)
<Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617. El nuevo
texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los procesos que
se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin
embargo, los concejales durante su período Constitucional no
podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda
clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del orden
municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales
las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento
(50%) del capital […]”.

No sobra advertir, en lo relacionado puntualmente con este literal

d), que al constituirse en una excepción taxativa a la

incompatibilidad de celebrar contratos o realizar gestiones con

ciertas personas naturales o jurídicas de derecho privado, persiste

la prohibición para los concejales de ejercer la abogacía en los

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términos allí señalados, -ser apoderados o defensores en los

procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder

Público, cuando medie la celebración, por sí o por interpuesta

persona, o en representación de otro, de contrato alguno con

entidades públicas-, habida cuenta que se incurriría en la restricción

prevista en la primera parte del artículo 127, de la Carta Política, en

consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.

V.3. Caso concreto

V.3.1. Del análisis objetivo de las causales de

incompatibilidad que se le atribuyen al concejal, previstas en

los artículos 127 de la Constitución Política; 8, numeral 1,

literal f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de la Ley 136

De conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso, la

Sala pudo constatar que el señor YORGÍN HARVEY CELY

OVALLE, fue elegido concejal del municipio de Barbosa

(Santander), para ejercer el período constitucional 2020-2023, por

la Coalición Despierta Barbosa, según consta en el Formulario E-26

CON de 7 de noviembre de 201935, en el que se dejó constancia de

lo siguiente: “[…] Teniendo en cuenta que al momento de realizar la

35 Disponible [en línea]: [https://elecciones2019.registraduria.gov.co/].

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declaratoria de ALCALDE, el segundo Candidato con mayor votación

YORGIN HARVEY CELY OVALLE, manifestó por escrito la decisión de

aceptar la curul al CONCEJO, se asigna dando aplicación al artículo

25 de la ley 1909 de 2018. Por lo tanto, se restará una curul del

número de curules a proveer […]”.

Reposa la credencial de 7 de noviembre de 2019, expedida a favor

del accionado por la Registraduría Nacional del Estado Civil,

otorgándole la respectiva curul y, a su vez, acta núm. 001 de 2 de

enero de 2020, contentiva de la sesión plenaria inaugural del

Concejo Municipal de Barbosa (Santander), en la que consta que el

accionado tomó posesión de ese cargo de elección popular, para el

período constitucional 2020-2023.

Días después de su posesión como concejal, aparece el contrato de

prestación de servicios profesionales núm. AMJM-CD 001-2020 de 8

de enero de 2020, suscrito entre el accionado y el municipio de

Jesús María (Santander), respaldado con CDP y RP núms. 20-00001

de 7 de enero de 2020, por valor de $33.000.000, con acta de

inicio de 8 de enero de 2020 por el término de ejecución de seis (6)

meses, acta de terminación de 7 de julio de 2020 y acta de

liquidación de 9 de julio de 2020.

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El objeto contractual pactado fue la de “[…] Prestar servicios de

apoyo profesional a la gestión administrativa, a través de servicios

de asesoría y asistencia técnica como abogado, en las diferentes

modalidades y etapas contractuales, en el municipio de Jesús María

Santander […]”, bajo los siguientes parámetros, condiciones

técnicas y actividades profesionales:

“[…] 1. Apoyo, acompañamiento y orientación en la revisión
de los documentos precontractuales para el inicio del proceso.
2. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los contratos
celebrados mediante modalidad de contratación directa,
Selección abreviada, licitación pública y demás.
3. Apoyo y acompañamiento en la proyección de las
invitaciones públicas, dentro de los procesos de mínima
cuantía.
4. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los proyectos
de Pliegos de condiciones y pliegos de condiciones definitivos
de los procesos de contratación a iniciar por parte del
Municipio de Jesús María Santander.
5. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los actos
administrativos de apertura y adjudicación dentro de los
procesos de contratación iniciados y tramitados por el
Municipio.
6. Apoyo y acompañamiento en la proyección de las minutas
de los contratos que demanden los procesos de contratación
iniciados.
7. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los avisos de
convocatoria, invitación a veedores dentro de los procesos de
contratación que demande el Municipio de Jesús María.
8. Apoyo y acompañamiento en la proyección de las
respuestas a observaciones, objeciones, reclamaciones y
peticiones de carácter jurídico formuladas durante la
ejecución de los contratos en consonancia con los términos y
condiciones legales.
9. Apoyo a los secretarios de despacho en la proyección de
resoluciones de aprobación de pólizas, en los procesos
requeridos por estos.
10. Las demás requeridas por la entidad contratante y que
sean de naturaleza del presente contrato […]”.

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Tan pronto como finalizó este contrato de prestación de servicios

profesionales, el concejal procedió a suscribir otro, esta vez

identificado con el núm. 042-2020 de 8 de julio de 2020, con el

mismo municipio de Jesús María (Santander), respaldado con CDP

núm. 20-00329 y RP núm. 20-00482, por valor de $33.000.000,

con acta de inicio de 10 de julio de 2020, por el término de

ejecución hasta el 28 de diciembre de 2020, y actas de terminación

y liquidación de 28 de diciembre de 2020. El objeto y actividades

profesionales contratadas fueron idénticas a las del primero de los

contratos, salvo la adición de la siguiente labor: “[…] 10.

Representar al municipio en los procesos judiciales que se

adelanten en su contra por causa de la actividad contractual […]”.

En efecto, el concejal, al pronunciarse acerca de los fundamentos

de hecho y de derecho de la solicitud de pérdida de investidura,

admitió en reiteradas ocasiones la celebración de los contratos de

prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de

8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, con el municipio de

Jesús María (Santander).

Con fundamento en lo anterior, para la Sala resulta palmaria la

configuración objetiva de la causal de incompatibilidad prevista en

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el artículo 127 constitucional, en consonancia en el artículo 8º,

numeral 1, literal f), de la Ley 80, en cabeza del concejal YORGÍN

HARVEY CELY OVALLE, los cuales le prohíben, de forma rotunda,

y mientras ostente dicha dignidad, celebrar contrato alguno con

entidades públicas de cualquier orden, indistintamente de si se

trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido, como en el

asunto bajo examen lo es el municipio de Jesús María (Santander),

-entidad territorial diferente al municipio de Barbosa (Santander),

en el que funge de cabildante-, con quien suscribió los citados

contratos de prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD

001-2020 de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, dentro

del lapso de su período constitucional 2020-2023.

Lo alegado de forma equívoca por el accionado y prohijado por el

Tribunal, consistió en que el régimen de incompatibilidades de los

concejales se encuentra previsto, de forma exclusiva, en el artículo

45, de la Ley 136; y que solo es esta norma la que define cuáles

son las conductas consideradas reprochables por ser incompatibles

con la dignidad del cargo público de elección popular, mientras que

los artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley

80, solo atienden a preceptos jurídicos que reglamentan en general

o indistintamente las prohibiciones de los servidores públicos, por lo

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cual admiten excepciones de ley y no resultan procedentes en el

asunto bajo examen.

Esta postura, resulta abiertamente contraria a los referidos

preceptos constitucionales y legales, así como al entendimiento de

que de los mismos ha efectuado la Sala, de forma pacífica, en la

jurisprudencia atrás relacionada36, la que deja claro que las

incompatibilidades establecidas en los artículos 127 de la

Constitución Política y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, son

autónomas y aplicables a los concejales en calidad de servidores

públicos, sin que le sea posible al Tribunal desactivarlas con el

pretexto injustificable de percibirlas como normas abstractas

carentes de aplicación material y de asumir como únicas las

prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136.

En este sentido, el artículo 127 Constitucional tampoco discrimina o

condiciona la operatividad de esa incompatibilidad a la circunstancia

territorial que propone el accionado, según la cual se pueden

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02158-
01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 29 de julio de 2021, número único de
radicación 44001-23-40-000-2020-00232-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-2019-00091-
01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; 24 de junio de 2021, número
único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01, consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés; 8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-
000-2009-01495-01(PI), consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.

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superar los efectos jurídicos de la prohibición de contratar con

entidades públicas si el negocio se celebra con un municipio

distinto al que representa popularmente. Lejos de ello, y mientras

estén desempeñando sus funciones corporativas, la realidad jurídica

les impide a los concejales contratar con entidades públicas,

cualquiera sea su orden territorial y similitud con el municipio

dentro del cual fueron elegidos.

Con relación a lo previsto en el artículo 45, numeral 1, de la Ley

136, siendo una norma distinta y autónoma del artículo 127

Superior, impide la celebración de contratos o la realización de

gestiones con personas naturales o jurídicas, pero de derecho

privado, -que no con entidades públicas-, que administren,

manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo

municipio o sean contratistas de este o reciban donaciones de él, y,

por lo tanto, es esta última una ‘condición de lugar’ que solo afecta

a la incompatibilidad legal y no a la constitucional. Por la misma

razón, y tal como lo concluyó el Tribunal, en el caso concreto no se

configura la prohibición del artículo 45, numeral 1, de la Ley 136,

en tanto el municipio de Jesús María (Santander) no es una persona

jurídica de derecho privado.

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Por su parte, como quiera que el concejal contrató sus servicios

profesionales de abogado para asesorar al municipio de Jesús María

(Santander), en asuntos de contratación estatal, no se observa la

presencia de ninguno de los eventos exceptivos de la

incompatibilidad verificada: no contrató por obligación legal o para

usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere la Ley

80 ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los

soliciten, ni en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 37 de la

Constitución Política; no se trató de su participación en diligencias o

actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales,

conforme a la ley, él mismo, su cónyuge, sus padres o sus hijos,

tengan interés; o para formular reclamos por el cobro de

impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a las

mismas personas; o para usar los bienes y servicios que las

entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios

públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo

condiciones comunes a todos los que lo soliciten; o para ser

apoderado o defensor en los procesos que se ventilen ante la Rama

Jurisdiccional del Poder Público.

37 “[…] Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a
las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a
dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia […]”.

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Finalmente, el artículo 1º de la Ley 136, establece lo siguiente:

“[…] Artículo 1o. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994
quedará así:

Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la
categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el valor de
los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales
será el señalado en la siguiente tabla:

Categoría Honorarios por sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862

A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los
honorarios señalados en la tabla anterior se incrementarán en
un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el
año inmediatamente anterior.

En los municipios de categoría especial, primera y segunda,
se pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año. En los
municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte
(20) sesiones extraordinarias al año.

PARÁGRAFO 1o. Los honorarios son incompatibles con
cualquier asignación proveniente del tesoro público del
respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las demás
excepciones previstas en la Ley 4ª de 1992.

PARÁGRAFO 2o. Se exceptúan del presente artículo los
concejales de la ciudad de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley
1421 de 1993, regula la materia […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

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Esta disposición no puede ser invocada a su favor por el accionado,

porque la improcedencia de asignaciones provenientes del tesoro

público del respectivo municipio es una prohibición legal que no

habilita la realización de negocios del cabildante con entidades

territoriales distintas a la que representa. Si bien en este asunto las

asignaciones que percibió el concejal provinieron de dos municipios

diferentes, Jesús María (Santander) por concepto de honorarios

profesionales causados en sendos contratos de prestación de

servicios profesionales, y Barbosa (Santander) en cuanto a los

honorarios que podía cobrar por las sesiones asistidas, lo cierto es

que las normas que regulan la incompatibilidad en que incurrió

prohíben cualquier negocio efectuado con entidades públicas sin

distingo alguno.

A partir de lo expuesto, la Sala encuentra probado el elemento

objetivo de la incompatibilidad ordenada en el artículo 127

constitucional, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal

f), de la Ley 80, por cuanto el señor YORGÍN HARVEY CELY

OVALLE, mientras ejercía sus funciones de concejal municipal de

Barbosa (Santander), período 2020-2023, celebró los contratos de

prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de

8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, con el municipio de

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Jesús María (Santander), con el objeto de “[…] Prestar servicios de

apoyo profesional a la gestión administrativa, a través de servicios

de asesoría y asistencia técnica como abogado, en las diferentes

modalidades y etapas contractuales, en el municipio de Jesús María

Santander […]”.

Lo anterior, habilita entonces el análisis del elemento subjetivo de

la comisión de la causal en ciernes, en cuanto que los artículos 55,

numeral 2, y 48, numeral 1, ordenan que los concejales perderán la

investidura por la violación, como en el caso concreto, del régimen

de incompatibilidades.

V.3.2. Del análisis subjetivo de la conducta del concejal

En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal YORGÍN

HARVEY CELY OVALLE, se prohíjan los criterios elaborados por la

Sala en sentencia de 25 de mayo de 201738, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se

38Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).

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recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública39, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su
cargo de elección popular, sino también la imposibilidad
futura de volver a ocupar un cargo de la misma
naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las
causales de procedencia de la figura señaladas en la
Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura40: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades41; la indebida
destinación de dineros públicos42; el conflicto de intereses43 y
el tráfico de influencias debidamente comprobado44.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad
(las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la

39 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
40 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el
artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
41 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de

2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
42 Art. 183 de la Constitución Política.
43 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
44 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo

Escobar Gil.

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ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a
esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio
debe determinar si se configura la causal y si a pesar
de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto,
bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de
que la causal lo admita, se esté ante una situación de
caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado
a los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma
claramente aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores

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proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida
o restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar,
pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin
valorar la ausencia de culpa en la configuración de la causal
de inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el

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hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la
jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal
en debate, sino también actuaron con sujeción al
precedente vigente y vinculante de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el
castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha indicado que el proceso de
pérdida de investidura se desarrolla en el ámbito de la
responsabilidad subjetiva […]”45 (Negrillas y subrayas por
fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro
reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a
aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.46

45 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia
de 9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
46 Ídem.

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Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los
comicios, muy a pesar de que conocía o debía conocer esa
actuación vetada para los ciudadanos que pretendieran
inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la intervención
en la celebración de contratos con entidades públicas dentro
del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el
grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar
un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido
fijados por la doctrina constitucional debido a la escasa
regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado
con estricto rigor dado su carácter estricto y restringido.
Como explicó la sentencia C-237 de 201247 “la pérdida de la
investidura tiene a la Constitución de 1991 como fuente
principalísima en su regulación, lo que hace relevante el
hecho que algunas de las disposiciones constitucionales tienen
eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el
incumplimiento de obligaciones disciplinarias sobre la
conducta del representante popular.48 En efecto, en el

47 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
48 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-
00708-00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter
punitivo dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos
de la falta. En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe

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proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o
leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, pues como ha señalado la jurisprudencia
constitucional, se trata de un sistema que establece una
sanción de manera rígida y única, la pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”49, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos
políticos. En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de
investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece
una sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […]
(Negrillas fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo
requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero
como la intención positiva de lesionar un interés jurídico,
entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a
la diligencia debida para el desarrollo de determinada
actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado
conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo
de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una
situación de total intención en la realización de la misma y,
por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la

desencadenar un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de
presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por
ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una
sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-
03-15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
49 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto).

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ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la
misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias
que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya
era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si
existió dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho
conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía
conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la
inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca
(Arauca), le era menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin
otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie
de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o
mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.

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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a
la función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no
de la referida inhabilidad, para con base en ello,
determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario,
se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42
las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3)
años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las
cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber
intervenido en el año anterior a las elecciones, en la
celebración de contratos con entidades públicas en interés
propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia

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que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para
ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en
fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la
igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone
idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto
es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”50 […]51” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que

rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para

quien pretende acceder a la función pública, en los que están

comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el

entendimiento de dichos requisitos podría analizarse de acuerdo

con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de

50 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
51 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así

como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco

normativo, por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la

configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello

determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su

conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una

situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche

subjetivo de su obrar52.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la

ignorancia de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al

tenor del artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las

disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende

ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y

diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,

con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el

individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la

Constitución Política y la ley.

52Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201953, que

modificó el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201854,

estableció que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es

un juicio de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en

contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o

gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de

pérdida de investidura establecidas en la Constitución, lo que

aporta, significativamente, en aquellos factores que también deben

verificarse en el comportamiento desplegado por los miembros de

las corporaciones públicas territoriales -dolo o culpa grave-.

Descendiendo al caso concreto, el accionante mencionó que hizo el

análisis legal y jurisprudencial para determinar que la citada causal

de incompatibilidad opera para los contratos que se suscriban en el

respectivo municipio, como se determinó en la Ley 136, norma

especial y de aplicación restrictiva a los concejales, conforme se

permite por la Constitución política al expresar en el artículo 127

“[…] salvo excepciones legales […]”.

53 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras
disposiciones […]”.
54 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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Adujo que antes de suscribir los contratos de prestación de

servicios profesionales con el municipio de Jesús María (Santander),

tuvo en cuenta el artículo 46, literal d), de la Ley 136, el cual

permite la profesión de abogado en cualquier proceso de la rama

jurisdiccional, siendo una de las actividades del Contrato 042-2020

de 8 de julio de 2020, precisamente la defensa del municipio frente

a acciones judiciales contractuales.

Sostuvo que analizó la sentencia C-147 de 1998 de la Corte

Constitucional, frente a la razonabilidad y proporcionalidad para

poder ejercer su profesión y oficio en un municipio totalmente

diferente a donde ejerce como concejal, conforme al artículo 8º, de

la Ley 1368, toda vez que le resulta irrazonable y desproporcionada

la medida según la cual, por ser concejal de un municipio de

Colombia, se le prohíba ejercer su profesión en los más de 1080

municipios restantes del país, lo que sería una clara vulneración a

derechos fundamentales como el trabajo, el mínimo vital, escoger

profesión u oficio, y derecho de igualdad; no permitírsele participar,

por ejemplo, en un contrato de consultoría por invitación publica en

el municipio de Leticia, o Jesús María, donde su investidura de

concejal de Barbosa (Santander), en nada tiene que ver con los

demás municipios del país.

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Manifestó que, de igual manera, analizó la aplicación de las normas

teniendo en cuenta que la especial prima sobre la general, es decir

la Ley 1368, artículos 1º, parágrafo 1º, 8º, al igual que el artículo

46, literal d), de la Ley 136, leyes especiales para concejales que

permiten el ejercicio de su profesión como abogado y concejal, con

la única restricción de no ejercer en el respectivo municipio, esto es

en el municipio de Barbosa (Santander).

Señaló que revisó y analizó el Concepto núm. 157821 de 2015,

suscrito por el Departamento Administrativo de la Función Pública,

en el cual se hace un análisis del ejercicio de la abogacía a la luz de

los artículos 46 de la Ley 136, y 8º y 9º de la Ley 136, donde se

hace referencia a la sentencia de esta Corporación, Sección

Primera, de 25 de julio de 2013, número único de radicación

25000-23-41-0002012-00468-01(PI), consejero ponente Guillermo

Vargas Ayala, la cual giró en torno al municipio donde ejerció como

abogado el accionado, es decir que se estudió el factor territorial, lo

que le permitió entender que la incompatibilidad para el ejercicio de

su profesión es limitado al respectivo municipio donde ejerce como

concejal, pero no a otro municipio, en concordancia con el artículo

1º, parágrafo 1º, de la Ley 1368, que expresa que los honorarios

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del concejal son incompatibles con asignaciones presupuestales,

pero del respectivo municipio.

Apuntó que su actuar lo realizó con la convicción que en ningún

momento estaba vulnerando normas ni principios; que, por el

contrario, lo hizo convencido que sus derechos al trabajo, al mínimo

vital, a ser elegido y a ejercer conforme al estatuto de la oposición,

están amparados en las normas citadas párrafos arriba.

Respecto de tales argumentos de defensa, la Sala advierte que no

puede tener como eximente de culpa el solo hecho relacionado con

que el concejal estudió las normas y jurisprudencia del caso bajo

examen, habida cuenta que, como ya se anunció, ese análisis

resultó errado y alejado de los antecedentes aplicables a la

contratación pública celebrada por miembros de corporaciones

públicas territoriales, vertidos en la doctrina de la Sección Primera

aplicable al presente proceso.

No es cierto que el artículo 127 Constitucional tenga como requisito

para la aplicación de su incompatibilidad, que la contratación haya

ocurrido dentro del mismo municipio para el cual fue elegido

concejal en los términos del artículo 45, numeral 4, de la Ley 136,

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pues tal como tuvo la oportunidad de explicarse, impera la

autonomía de ambas causales y la divergencia de materias: aquella

prohíbe la contratación con entidades públicas y esta lo hace con

personas naturales o jurídicas de derecho privado; disposiciones

que, por demás, no resultan desproporcionadas ni irracionales ni

transgreden los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital,

escoger profesión u oficio y derecho a la igualdad, como se propone

en la defensa del concejal, sino que, por el contrario, impiden que

el cabildante gestione y materialice negocios con la administración

pública desde lo alto de la curul que le ha sido asignada,

únicamente, para el ejercicio de sus funciones públicas en

cumplimiento de un mandato popular.

Por su parte, el artículo 46, literal d), de la Ley 136, le permite al

concejal ser apoderado o defensor en los procesos que se ventilen

ante la Rama Judicial, pero bajo las siguientes consideraciones:

“[…] Recapitulando tenemos, entonces, que el artículo
29 de la Ley 112355, prevé, como regla general, que los

55 Ley 1123 de 22 de enero de 2007 “[…] Por la cual se establece el código disciplinario del

abogado […]”.

“[…] Incompatibilidades

Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen
inscritos:

1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en
función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en
ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la

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servidores públicos no pueden ejercer la abogacía,
estableciendo las excepciones en las cuales aquello es
viable.

No obstante, en virtud del parágrafo de dicho artículo,
el ejercicio de la abogacía para el caso de los servidores
públicos que tengan la categoría de miembros de
corporaciones de elección popular está sujeto a las
disposiciones especiales previstas en la Constitución
Política y la ley.

La ley, entonces, y más precisamente, la Ley 136, contempló
una regla diferente de la prevista en la primera parte del
artículo 29 de la Ley 1123, en la medida en que permite
que los concejales, en particular, ejerzan su profesión u
oficio, entre ellos, la abogacía.

Sin embargo, la regla general debe compaginarse con
las excepciones que se encuentran contempladas en los
artículos 45 y 46 de la Ley 136 como en la misma Ley
136.

Así, el artículo 45 de la Ley 136 señala que los concejales
que fungen como abogados no pueden ser apoderados ante
las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo,
norma que sea de paso indicar, no solo es aplicable a los

Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa
a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios,
excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban
adelantar en ejercicio de sus funciones.

Parágrafo. Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de
universidades oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía, siempre que su ejercicio
no interfiera las funciones del docente. Así mismo, los miembros de las Corporaciones de
elección popular, en los casos señalados en la Constitución y la ley.

2. Los militares en servicio activo, con las excepciones consagradas en el Código Penal
Militar.

3. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de una
medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en causa propia,
sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios.

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.

5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en desempeño de un
cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales.
Tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado, dentro del año
siguiente a la dejación de su cargo o función y durante todo el tiempo que dure un
proceso en el que hayan intervenido […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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abogados, como lo estableció esta Sala en el fallo citado
anteriormente (sentencia del 13 de julio de 2006, consejera
ponente: Martha Sofía Sanz Tobón).

De otra parte, el artículo 46 de la Ley 136 al establecer
las excepciones a las incompatibilidades previstas en el
artículo 45, indica, en el literal d), que los concejales
pueden ser apoderados en procesos judiciales, lo cual
se acompasa con la regla general prevista en el artículo
8 de la Ley 13656.

Sin embargo, este mismo literal prohíbe que los
concejales que ejercen la abogacía puedan ser
apoderados o peritos (precepto que no solo resulta
aplicable a los abogados) en procesos judiciales que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio o de los
establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de
economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.

Adicionalmente, la Ley 136 contempló dos situaciones
adicionales en las que se prohíbe a los concejales el
ejercicio de la profesión u oficio, entre ellos la
abogacía, prohibiciones consistentes, en primer lugar,
en que el ejercicio de la profesión interfiera con el
desarrollo de las funciones que desarrolla como
concejal y, en segundo lugar, respecto de todo asunto
en donde el municipio pueda fungir como parte.

Para esta Sala, entonces, este resulta ser el régimen que
regula el ejercicio de la profesión de abogado para los
concejales.

Aplicados los planteamientos anteriores, conforme lo encontró
el Tribunal Administrativo de Antioquia, la demandada incurrió
en la causal de pérdida de investidura por la violación del
régimen de incompatibilidades previsto para los concejales, al
incurrir en la incompatibilidad prevista en el artículo 8° de la
Ley 136, por cuanto la señora Dora Liliana Osorio Zapata,

56 Ley 1368 de 29 de diciembre de 2009 “[…] Por medio de la cual se reforman los
artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones […]”.

“[…] Artículo 8o. Ejercicio de la profesión u oficio. Los concejales podrán ejercer su
profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen
como tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades
descentralizadas sean parte […]”.

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ostentando la calidad de concejal del municipio de San Pedro de
los Milagros, presentó en nombre propio y su condición de
abogada y apoderada judicial del señor José Alberto
Bustamante Medina, una acción popular en contra de aquel
municipio, proceso judicial identificado con el núm.
05001333302220150119700 y que cursa en el Juzgado 22 del
Circuito Administrativo de la ciudad de Medellín, como lo
acredita la copia del acta que da cuenta de la audiencia de
pruebas realizada el 12 de abril de 2016, en la que consta la
señora Osorio Zapata suscribe el acta como «[…] Apoderado de
la parte demandante […]» (fol. 7, cuaderno principal) […]”57
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este contexto debe advertirse que los dos contratos celebrados

por el concejal con el municipio de Jesús María (Santander), estos

son los los contratos de prestación de servicios profesionales núms.

AMJM-CD 001-2020 de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de

2020, tuvieron el mismo objeto de “[…] Prestar servicios de apoyo

profesional a la gestión administrativa, a través de servicios de

asesoría y asistencia técnica como abogado, en las

diferentes modalidades y etapas contractuales, en el

municipio de Jesús María Santander […]”, lo cual no guarda

relación con el ejercicio de la abogacía como apoderado en procesos

judiciales, -en los términos afirmados por el accionado-, sino de

asesoría y asistencia técnica en asuntos de contratación pública.

57Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 27 de julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02017-
01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En consonancia con esto, ello tampoco se evidencia dentro de las

actividades contratadas: “Apoyo, acompañamiento y orientación en

la revisión de los documentos precontractuales para el inicio del

proceso. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los

contratos celebrados mediante modalidad de contratación directa,

Selección abreviada, licitación pública y demás. Apoyo y

acompañamiento en la proyección de las invitaciones públicas,

dentro de los procesos de mínima cuantía. Apoyo y

acompañamiento en la proyección de los proyectos de Pliegos de

condiciones y pliegos de condiciones definitivos de los procesos de

contratación a iniciar por parte del Municipio de Jesús María

Santander. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los actos

administrativos de apertura y adjudicación dentro de los procesos

de contratación iniciados y tramitados por el Municipio. Apoyo y

acompañamiento en la proyección de las minutas de los contratos

que demanden los procesos de contratación iniciados. Apoyo y

acompañamiento en la proyección de los avisos de convocatoria,

invitación a veedores dentro de los procesos de contratación que

demande el Municipio de Jesús María. Apoyo y acompañamiento en

la proyección de las respuestas a observaciones, objeciones,

reclamaciones y peticiones de carácter jurídico formuladas durante

la ejecución de los contratos en consonancia con los términos y

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condiciones legales. Apoyo a los secretarios de despacho en la

proyección de resoluciones de aprobación de pólizas, en los

procesos requeridos por estos. Y, las demás requeridas por la

entidad contratante y que sean de naturaleza del presente

contrato”.

Solamente, en el segundo de los contratos, el 042-2020 de 8 de

julio de 2020, se agregó la siguiente labor: “[…] 10. Representar al

municipio en los procesos judiciales que se adelanten en su contra

por causa de la actividad contractual […]”. No obstante, (i) esta

actividad no altera la esencia de los dos contratos celebrados por el

concejal, cuyas actividades están dirigidas al asesoramiento en

temas y procedimientos de contratación estatal del municipio de

Jesús María (Santander), servicio profesional que no está previsto

como excepción para la contratación con entidades públicas, y aun

así, (ii) en el expediente no está probada la representación judicial

del municipio de Jesús María, por parte del accionado, ni los

procesos, ni los poderes judiciales y demás actuaciones requeridas

para constatar que estuvieran permitidos a la luz de las normas y

jurisprudencia enunciadas.

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Respecto del concepto núm. 157821 de 16 de septiembre de 2015,

suscrito por el Departamento Administrativo de la Función Pública,

DAFP, y de la sentencia allí citada de 25 de julio de 2013 de esta

Sección, número único de radicación 25000-23-41-0002012-00468-

01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala, la Sala

encuentra que atienden a una consulta acerca de cuál es el alcance

de los artículos 8º y 9º de la Ley 136, relacionados con el ejercicio

de la profesión u oficio por parte de los concejales municipales,

centrándose en los litigios adelantados por un concejal, todo lo

cual, como ya se vio, dista del problema jurídico en el caso concreto

que gira en torno a la celebración de dos contratos de prestación de

servicios profesionales para asesorar al municipio de Jesús (María)

en aspectos de contratación estatal, pero además, lejos de

contradecirse, las conclusiones vertidas en ese concepto del DAFP

están acorde y se acompasan con lo expuesto en la presente

providencia y demás jurisprudencia de la Sección.

El acervo probatorio es contundente al evidenciar que, en contravía

de lo sostenido en su defensa, el señor YORGÍN HARVEY CELY

OVALLE debía saber y tener pleno conocimiento de la naturaleza

negocial de los contratos que celebró con el municipio de Jesús

María (Santander) y de su prohibición bajo las circunstancias de los

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artículos 127 constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.

No es de recibo su excusa en torno a que su actuar lo llevó a cabo

con la convicción de que en ningún momento estaba vulnerando

normas ni principios, sino que lo hizo convencido que sus derechos

al trabajo, al mínimo vital, a ser elegido y a ejercer conforme al

estatuto de la oposición, están amparados en las normas arriba

citadas párrafos, siendo que en nada influye sus derechos de

oponerse a la administración local actual con la celebración de

negocios jurídicos con entidades públicas.

Es menester destacar, por demás, que según los soportes de sus

procesos de contratación con el municipio de Jesús María

(Santander), consta en el Formato Único de Hoja de Vida del DAFP

diligenciado en enero de 2020, que el concejal es abogado, con

especializaciones en derecho administrativo y contratación estatal,

así como candidato a maestría en derecho administrativo y dieciséis

años de experiencia laboral como servidor público, lo cual le

otorgaba un deber de cuidado superior ante la evidente

capacitación especializada en la materia que ocupa, precisamente,

la configuración de la incompatibilidad por contratar con entidades

públicas mientras fungía de concejal municipal de Barbosa

(Santander). Ante esta adecuada formación profesional y

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experiencia laboral, era necesario que, al iniciar el ejercicio de su

cargo de concejal, este conociera cuáles eran las incompatibilidades

que lo gobernaban y sus vicisitudes, entre ellas la de celebrar

contratos con entidades públicas, pero, aun así, decidió seguir

adelante y gestionar y suscribir los referidos negocios.

El comportamiento del concejal corresponde a la falta de cuidado

que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado

que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen

emplear en sus negocios propios, en la medida en que, se reitera,

los artículos 127 Constitucional, y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley

80, le imponían una prohibición que decidió obviar.

En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -

celebración de dos contratos con entidades públicas-, fue

desplegada por el concejal YORGÍN HARVEY CELY OVALLE,

debiendo saber que era incompatible para hacerlo y, aun así, optó

por gestionar y celebrar los contratos de prestación de servicios

profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de 8 de enero y 042-2020

de 8 de julio de 2020 con el municipio de Jesús María (Santander),

de forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a

pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de haber reconocido que

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esa actuación le era prohibida en medio de sus funciones como

concejal municipal de Barbosa (Santander).

Por las razones explicadas, y encontrándose demostrados los

aspectos objetivo y subjetivo de la causal de incompatibilidad

prevista en el artículo 127 Constitucional, en consonancia con el

artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, la Sala procederá a

revocar la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, decretará la

pérdida de investidura del concejal municipal de Barbosa

(Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, por hechos

ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de junio de 2021,

proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su

lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del concejal municipal

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de Barbosa (Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE,

por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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