Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2021-00181-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2021-00181-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2021-00181-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 680012333000202100181011
Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de junio de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
TESIS: LAS INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 127 SUPERIOR, Y 8º, NUMERAL 1, LITERAL F), DE LA LEY
80, SON AUTÓNOMAS Y APLICABLES A LOS CONCEJALES EN CALIDAD
DE SERVIDORES PÚBLICOS. SE DECRETA LA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA DE CONCEJAL DE BARBOSA (SANTANDER) QUE, EN
EJERCICIO DE SU CARGO, SUSCRIBIÓ DOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL MUNICIPIO DE
JESÚS MARÍA (SANTANDER)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la
cual denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de
Barbosa (Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, por
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
hechos relacionados con el ejercicio del período constitucional
2020-2023.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, concejal del municipio de
Barbosa (Santander), por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en el régimen
de incompatibilidades establecido en el artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con los artículos 8º, numeral
1, literal f), de la Ley 80 de 28 de octubre de 19932; 45, numeral 4,
de la Ley 136 de 2 de junio de 19943; y 48, numeral 1, de la Ley
617 de 6 de octubre de 20004, por la celebración de contratos con
entidades públicas.
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
2 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional […]”.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Sostuvo que, en los comicios de 27 de octubre de 2019, el señor
YORGÍN HARVEY CELY OVALLE resultó elegido concejal del
municipio de Barbosa (Santander), cargo de cual tomó posesión el
2 de enero de 2020, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 123 de la Constitución Política, le confiere la calidad de
servidor público.
Mencionó que el aquél, ostentando la investidura de concejal,
celebró con el municipio de Jesús María (Santander) los contratos
de prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020
de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, cuyos objetos
eran la asesoría en contratación pública.
Señaló que el artículo 127 Constitucional establece que los
servidores públicos son incompatibles para celebrar contratos con
entidades públicas y que con fundamento en el artículo 8°, literal f),
de la Ley 80, también lo son para celebrar cualquier tipo de
contrato estatal. Que el concejal también incurrió en una
incompatibilidad, pues el artículo 45, numeral 4, de la Ley 617,
prohíbe expresamente a los concejales celebrar contratos con
quienes administren o manejen fondos procedentes del municipio.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Resaltó que de los contratos celebrados por el concejal con el
municipio de Jesús María (Santander), uno es de prestación de
servicios profesionales, que está expresamente reglamentado por el
artículo 32, numeral 3, de la Ley 80; que este municipio está regido
por lo dispuesto en la Ley 80, sus contratos son estatales y los
servidores públicos tienen expresamente prohibido celebrarlos, al
tenor del artículo 8°, numeral 1, literal f), del Estatuto de
Contratación Pública.
Insistió en que los dos contratos celebrados por el concejal nacieron
a la vida jurídica, por lo que generan efectos vinculantes, negocios
jurídicos estos que configuran las razones por las que el señor
YORGÍN HARVEY CELY OVALLE deberá perder su investidura.
Adujo que el concejal incurrió en culpa grave, debido a su profesión
de abogado, con especializaciones en derecho administrativo y
contratación estatal, así como con maestría en derecho
administrativo, lo que denota que debía conocer el contenido de la
Ley 80 en su totalidad, máxime porque el objeto de los contratos
celebrados con el municipio de Jesús María (Santander) era el de
asesoría en contratación pública.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Indicó que el concejal no puede alegar en su defensa el
desconocimiento de la ilicitud, la convicción errada o la confianza
legítima, pues todas estas circunstancias de atenuación jurídica no
resultan procedentes, pues el objeto de la profesión de abogado es
justamente el estudio y conocimiento de la norma jurídica; y que
revisado su formato de hoja de vida del Departamento
Administrativo de la Función Pública, no se aprecia que el concejal
haya consignado su calidad de tal, lo que no puede calificarse como
un error meramente formal porque omitir esta situación genera
efectos jurídicos relevantes para el caso concreto.
Refirió que el concejal, por su condición de abogado, debía conocer
el contenido de las normas relativas tanto a la violación del régimen
de incompatibilidades como a la contratación estatal; que el objeto
de los contratos es la asesoría contractual, por lo que sabía que al
suscribirlos estaba infringiendo lo previsto en el artículo 8°,
numeral 1, literal f), de la Ley 80, todo lo cual evidencia la culpa
grave del concejal.
Anotó que, respecto de la culpa grave, el artículo 6º de la Ley 678
de 3 de agosto de 20015, establece que la conducta del agente del
5 “[…] Por medio de la cual reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición […]”.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de
una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones. Que, por la naturaleza de su profesión, al fungir como
asesor del municipio de Jesús María (Santander), en procesos de
contratación estatal su deber inexcusable es el de conocer la norma
jurídica, su ámbito de aplicación, sus interpretaciones permitidas y
los regímenes especiales que posee en su calidad de servidor
público.
I.3.- El concejal, actuando en nombre propio, presentó escrito de
contestación en el que solicitó no acceder a la pretensión de la
solicitud, por cuanto considera que se encuentra amparado en las
excepciones legales que le permiten ejercer su profesión de
abogado, normativa que limita la contratación respecto del mismo
municipio donde se ejerce la investidura.
Al respecto, indicó que si bien los servidores públicos tienen un
régimen de inhabilidades e incompatibilidades también existen
excepciones constitucionales y legales que, para el caso de los
concejales, consiste en que no contraten ni negocien en el
respectivo municipio en el que ejercen el cargo de elección popular.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Señaló que el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de
20096, establece que los concejales podrán ejercer su profesión u
oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las funciones que
ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio
en que éstas se ejerzan o sus entidades descentralizadas sean
parte.
Agregó que el ejercicio de su profesión de abogado solo la ha
desarrollado en el sector público en el que percibe su mínimo vital y
ejerce su derecho fundamental al trabajo; y que el contrato por el
que se imputa la configuración de la causal de pérdida de
investidura fue celebrado con el municipio de Jesús María
(Santander) y no con el municipio de Barbosa (Santander), en el
que ostenta la calidad de concejal, ni corresponde a un contrato con
personas naturales o jurídicas de derecho privado que manejen
recurso de dicho ente territorial.
Insistió en que la prohibición legal alegada no se encuentra
configurada, toda vez que el municipio con el que celebró el
contrato no es el mismo en el que ejerce su investidura, situación
que se enmarca en la excepción establecida en el artículo 127 de la
6 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se
dictan otras disposiciones […]”.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Constitución Política, máxime si se tiene en cuenta que ni el
desarrollo ni la ejecución del contrato de servicios profesionales en
el Municipio de Jesús María (Santander), tienen nada que ver con
los asuntos del Municipio de Barbosa (Santander) ni con sus
entidades descentralizadas.
Sostuvo que los contratos enunciados fueron suscritos con la
absoluta convicción de no incurrir en faltas legales teniendo en
cuenta que su profesión la ejerce desde el año 2000; y aclaró que
no es cierto que hubiese resultado electo concejal, sino que aceptó
la curul en ejercicio de la Ley 1909 de 9 de julio de 2018 7, sin que
haya expuesto circunstancia alguna sobre ese aspecto.
Destacó que los contratos cuestionados no los celebró en condición
de concejal, sino en razón de su profesión de abogado y de su
experiencia académica y laboral, procesos en los que dice se
respetaron los principios de transparencia, publicidad, moralidad,
eficacia y en los cuales se establecieron, entre otras actividades, la
defensa jurídica del municipio de Jesús María (Santander) en
posibles acciones contractuales, conforme con lo previsto en los
artículos 45 y 46, literal d), de la Ley 136.
7 “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independiente […]”.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Refirió que si bien los artículos 55 de la Ley 136 y 48 de la Ley 617,
no establecen ninguna excepción al régimen de incompatibilidades,
los artículos 46 de la referida Ley 136 y 1º de la Ley 1368, sí las
prevén, pero únicamente en lo que concierne al respectivo
municipio.
Agregó que no es cierto que haya incurrido en culpa grave
comoquiera que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1881 de 15
de enero de 20188, debe probarse la conducta dolosa o gravemente
culposa, empero en el caso sub examine la solicitante no probó la
supuesta falta de cuidado necesario para incurrir en la presunta
incompatibilidad sino que se limitó a manifestar que el concejal
suscribió dos contratos de prestación de servicios con el municipio
de Jesús María (Santander) y que en su condición de abogado debía
conocer el contenido de las leyes 80 y 136.
Señaló que los artículos 1º, de la Ley 1368, 66, parágrafo 1º, de la
Ley 136 y 2º y 8º de la Ley 1871 de 12 de octubre de 20179,
prevén que los honorarios de los diputados son incompatibles con
cualquier asignación proveniente del tesoro público del respectivo
8 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
9 “[…] Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad
social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
municipio, excepto con aquellas originadas en pensiones o
sustituciones pensionales y las demás excepciones establecidas en
la Ley 4ª de 18 de mayo de 199210, esto es, la posibilidad de
percibir honorarios de otra entidad pública diferente a la que se
ejerce la investidura más no salarios.
Agregó que como la solicitante tampoco probó el factor territorial,
esto es que hubiese suscrito contrato alguno con el municipio de
Barbosa (Santander), no se configuran todos los elementos exigidos
por la ley y la jurisprudencia para acceder al decreto de la pérdida
de investidura.
Finalmente, transcribió apartes de las sentencias C-720 de 3 de
agosto de 200411, C-144 de 6 de abril de 201512 y de 10 de mayo
de 201813, proferidas por la Corte Constitucional y esta
Corporación, respectivamente, las cuales, en su criterio, refuerzan
los argumentos expuestos.
10 “[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política […]”
11 Corte Constitucional, sentencia C-720 de 3 de agosto de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
12 Corte Constitucional, sentencia C-144 de 6 de abril de 2015, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 10 de mayo de 2018, número único de radicación 17001-23-33-000-2017-00473-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 28 de junio de 2021, denegó
la pérdida de investidura del señor YORGÍN HARVEY CELY
OVALLE, en calidad de concejal del municipio de Barbosa
(Santander), por hechos relacionados con su ejercicio del período
constitucional 2020-2023, para lo cual, luego de referirse a la
naturaleza jurídica de la pérdida de investidura, señaló que las
incompatibilidades en las que presuntamente incurrió aquél,
conforme lo expresado en la solicitud, son las señaladas en el
artículo 127 de la Constitución Política, y el artículo 8°, numeral 1,
literal f), de la Ley 80 y, en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136.
Resaltó que, si bien el artículo 127 Constitucional y la Ley 80
establecen unas prohibiciones en general para los servidores
públicos, en tratándose de celebración de contratos con entidades
estatales, las cuales resultarían, en principio, aplicables a los
concejales dada su calidad de servidores públicos a voces del
artículo 123 ibidem, lo cierto es que la Constitución Política
reconoció excepciones a esta regla y en esa medida el artículo 312
autoriza al legislador a reglamentar las causales del régimen de
incompatibilidades de estos servidores.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
Adujo que los concejales tienen un régimen especial de
incompatibilidades, -artículo 312 Constitucional-, el cual se
encuentra previsto en el artículo 45 de la Ley 136 y, por ende,
dicha norma es la que define cuáles son las conductas consideradas
reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo público
de elección popular y que conllevan la declaratoria de pérdida de
investidura, de conformidad con el artículo 48, numeral 1, de la Ley
617.
Determinó que el análisis del caso bajo examen debía hacerse
únicamente respecto de la causal invocada y prevista en la Ley 136,
que no a la luz de los artículos 127 Constitucional y 8°, numeral 1,
literal f), de la Ley 80, por tratarse de preceptos jurídicos que
reglamentan en general o indistintamente las prohibiciones de los
servidores públicos que admite excepciones de ley.
Anotó que, en efecto, en el escrito de la contestación de la
demanda, el cabildante reconoce que aceptó la curul, en ejercicio
del derecho concedido por la ley 1909 - ‘Estatuto de la oposición’; y
que celebró los contratos núms. AMJM-CD 001-2020 de 8 de enero
y 042-2020 de 8 de julio de 2020 con el municipio de Jesús María
(Santander), en ejercicio de su profesión como abogado,
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
experiencia profesional y formación académica, situación fáctica
que se ratificó con las pruebas aportadas con la solicitud de pérdida
de investidura.
Afirmó que la suscripción de contratos con una entidad estatal de
una localidad distinta a la cual se ejerce la investidura como
concejal no configura la causal de pérdida de investidura
establecida en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, por cuanto
la prohibición legal allí contenida se predica respecto de aquellos
contratos celebrados con personas naturales o jurídicas de derecho
privado, supuesto que no encuadra en el caso concreto, toda vez
que el concejal participó en la celebración y ejecución de contratos
de prestación de servicios para la gestión administrativa con una
entidad el Estado, esto es, el municipio de Jesús María (Santander).
Indicó que en los juicios sancionatorios no es posible acudir a
criterios interpretativos para ampliar el alcance de las causales
legalmente fijadas, pues ello afecta los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a cargos públicos, así como el principio
de igualdad; y que el municipio de Jesús María (Santander), entidad
pública que intervino en la celebración de los contratos
cuestionadas, no tiene injerencia alguna en el manejo,
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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
administración o inversión de los recursos públicos de la localidad
donde el concejal funge como tal, dada la autonomía de que gozan
las entidades territoriales, prevista en los artículos 287 y 311 de la
Constitución Política.
Sostuvo que era evidente el no cumplimiento del elemento
territorial de la incompatibilidad que restringe la celebración de los
contratos a la respectiva circunscripción territorial a la que
pertenece el concejal; y que, en esa medida, éste no desconoció las
limitación o prohibiciones definidas por el legislador en materia
contractual.
Consideró que conforme con la normativa aplicable al caso concreto
y la jurisprudencia14 de lo contencioso administrativo sobre la
materia, y que la conducta del concejal no se enmarca en la causal
de pérdida de investidura invocada, por cuanto el contrato de
prestación de servicios y los emolumentos recibidos con ocasión de
éstos provenientes del municipio de Jesús María (Santander), no
había lugar a realizar el estudio del elemento subjetivo de
culpabilidad y, por tanto, denegó las pretensiones de la solicitante.
14Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de julio de 2008,
C.P. William Zambrano Cetina, número único de radicación 11001-03-06-000-2008-00029
(1894); Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de julio de 2015,
C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-015-000-2012-
00059-00.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2021 00181 01
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II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La solicitante, actuando en nombre propio, interpone recurso de
apelación contra la referida sentencia, en el que indica que, si bien
el Tribunal tiene razón al señalar que las normas que regulan el
juicio sancionatorio de pérdida de investidura son de interpretación
restrictiva, lo cierto es que “[…] dado que el constituyente no
realizó distinción alguna, se entiende que la violación a cualquier
incompatibilidad será causal de pérdida de investidura […]”.
Señala que los servidores públicos no pueden celebrar contratos
con entidades estatales y, por ende, es una incompatibilidad en los
términos del artículo 127 Constitucional, que prevé que “[…] Los
servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones legales […]” y
del artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.
Aduce que el concejal incurrió en un yerro al invocar en su defensa
las disposiciones establecidas en los artículos 6º y 7º de la Ley
1871, toda vez que el artículo 46, de la Ley 136, establece que “[…]
los concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado,
actuar en los siguientes asuntos: […] d) ser apoderados o
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defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales
durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni
peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio
[…] en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta
por ciento (50% del capital. […] Quiere decir que NO puede ejercer
la profesión para gestionar intereses económicos o fiscales del
municipio. Es diferente celebrar contratos […]”.
Reitera que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º, del
artículo 66, de la Ley 136, los concejales no pueden recibir
honorarios de dos entidades públicas, por cuanto “[…] son
incompatibles: 1) salario y honorarios, 2) honorarios y otros
honorarios […]”.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:
IV.1. El concejal, actuando en nombre propio, indica que la
solicitante insiste en interpretar la norma invocada de manera
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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
parcial cuando señala que los honorarios de los concejales son
incompatibles con cualquier asignación provenientes del tesoro
público, dejando de lado el elemento territorial exigido en el
parágrafo 1º del artículo 66 de la Ley 136, esto es, “[…] del
respectivo municipio […]”, el cual no se demostró en el caso sub
examine.
Sostiene que no es cierto que haya querido fundamentar los
argumentos de defensa en la Ley 1871, por cuanto se hizo una
comparación para demostrar lo concerniente al elemento territorial,
toda vez que la prohibición para los concejales es en el respectivo
municipio y para los diputados en todo el país.
Manifiesta que, ante la falta de prueba y determinación de los
requisitos esenciales del medio de control, no hubo lugar a analizar
el elemento subjetivo, respecto del cual consideró que obró con el
cuidado necesario antes de firmar los contratos controvertidos para
no incurrir en la causal invocada, esto es, analizó las normas y la
jurisprudencia aplicable sobre la materia, cuidado que descarta el
actuar culposo o doloso.
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Solicitante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BELTRÁN
IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el concejal, señor YORGÍN
HARVEY CELY OVALLE, incurrió en la causal de pérdida de
investidura consistente en la configuración de la incompatibilidad
para contratar con el Estado, prevista en el artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con los artículos 8º, numeral
1, literal f), de la Ley 80, 45, numeral 4, de la Ley 136, y 48 de la
Ley 617, al celebrar con el municipio de Jesús María (Santander),
los contratos de prestación de servicios profesionales núms. AMJM-
CD 001-2020 de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020.
V.2.- De las causales de incompatibilidad previstas en los
artículos 127 de la Constitución Política; 8, numeral 1, literal
f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de la Ley 136
El artículo 123 de la Constitución Política, establece:
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“[…] Articulo 123. Son servidores públicos los miembros
de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de
la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En este sentido, artículo 127 Constitucional prevé:
“[…] Artículo 127. Los servidores públicos no podrán
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Y el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, preceptúa:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Al fijar el alcance del concepto de incompatibilidad, la
jurisprudencia ha precisado lo siguiente:
“[…] En cuanto a las incompatibilidades, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que “[…] comportan una
prohibición dirigida al titular de una función pública a
quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas
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actividades o ejercer, simultáneamente, las
competencias propias de la función que desempeña y
las correspondientes a otros cargos o empleos, en
guarda del interés superior que puede verse afectado por una
indebida acumulación de funciones o por la confluencia de
intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar
la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del
Estado […]15 […]”16.
En el mismo sentido se ha expuesto que:
“[…] Las incompatibilidades han sido definidas por esta
Sección como “[…] la prohibición de ejercer dos
actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley,
de modo que para el caso de los servidores públicos se
traduce en la prohibición de desempeñar o ejercer
otros cargos o realizar otras actividades distintas a las
que corresponde a las funciones del cargo de que son
titulares […]”17.
Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado18 ha
considerado que “[…] [l]as incompatibilidades son todas
aquellas actuaciones que le está prohibido realizar al
funcionario durante el desempeño del cargo o con
posterioridad, so pena de quedar sometido al régimen
disciplinario correspondiente […]”19 […]”20 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
15 Corte Constitucional, sentencia SU 625 de 2015.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 29 de julio de 2021, número único de radicación 44001234000020200023201,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501,
consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
3 de septiembre de 1998, expediente núm. 1952, consejera ponente Miren De La
Lombana De Magyaroff.
19 También, en Sección Quinta, sentencia de 14 de septiembre de 2001, expediente núm.
2616, consejero ponente Mario Alario Méndez, se consideró: “incompatibilidad,
impedimento, prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada cuando se ocupa
un cargo o por razón de haberlo ocupado.”
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001233300020190009101 (PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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Por su parte, el artículo 8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80,
prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 8o. De las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar.
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para
celebrar contratos con las entidades estatales:
(…)
f) Los servidores públicos […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que la prohibición de
los servidores públicos de contratar con el Estado, a partir de lo
determinado en el artículo 127 Superior, constituye una violación al
régimen de incompatibilidades aplicable a los concejales, en
consonancia con el veto establecido en el artículo 8°, numeral 1°,
literal f), de la Ley 80, que en realidad corresponde a una
incompatibilidad para los servidores públicos, en ejercicio de sus
funciones, -que no a una inhabilidad-, de participar en licitaciones y
celebrar contratos con las entidades estatales, así:
“[…] Conclusiones sobre la prohibición para los
concejales de celebrar contratos con entidades públicas
126. En suma de todo lo anterior se pueden distinguir, en el
orden constitucional y legal, cuatro periodos sobre la
prohibición que constituye incompatibilidad para los
concejales y en relación con la celebración de contratos con
entidades públicas.
126.1. En el primer período -4 de julio de 1991 a 1 de junio
de 1994-, se aplicó la prohibición general establecida en
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el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política21para los servidores públicos de celebrar, por sí
o por interpuesta persona, contrato alguno con
entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos. La ley no
establecía excepciones especiales a la incompatibilidad
general de los servidores públicos en relación con los
concejales22.
127. En el segundo período -2 de junio de 1994 a 27 de
diciembre de 1994-, conforme con los artículos 127 de la
Constitución Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral
1°, 46 y 47 de la Ley 136: se establece la prohibición que
configura incompatibilidad para los concejales de poder
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos. Lo anterior sin perjuicio
de las excepciones generales establecidas en el artículo
10 de la Ley 80 y las especiales contenidas en el
artículo 46 de la norma ejusdem.
128. En el tercer período -28 de diciembre de 1994 a 5 de
octubre de 2000- conforme con los artículos 127 de la
Constitución Política; 8 y 10 de la Ley 80; y 45, numeral
1.° [modificado por el artículo 3 de la Ley 177], 46 y 47 de la
Ley 136: se establece la prohibición que configura
incompatibilidad para los concejales de contratar con
“el respectivo municipio o distrito y sus entidades
descentralizadas”. Lo anterior sin perjuicio de las
excepciones establecidas en el artículo 46 de la norma
ejusdem.
128. En el cuarto período -6 de octubre de 2000 a la fecha-
conforme con los artículos: i) 127 de la Constitución
Política; ii) 8 y 10 de la Ley 80; iii) 45, 46 y 47 de la Ley
136; y iv) 96 de la Ley 600: se establece la prohibición
21 Prohibición que posteriormente obtuvo un desarrollo general para los servidores
públicos en el artículo 8 de la Ley 80.
22 Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 28 de octubre de 1993, fecha en
que se expidió la Ley 80 y, en especial, su artículo 10, sobre las excepciones a las
inhabilidades e incompatibilidades, estableció que “[n]o quedan cobijadas por las
inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que
contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades
a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes
los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales
hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal
o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el
artículo 60 de la Constitución Política”.
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general que configura incompatibilidad para los
servidores públicos, entre ellos los concejales, de
celebrar, por sí o por interpuesta persona, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas
que manejen o administren recursos públicos. La ley no
establecía excepciones a la incompatibilidad general de
los servidores públicos en relación con los concejales.
130. La Sala considera, conforme con la normativa
indicada supra, que la prohibición que constituye
incompatibilidad contenida en el inciso primero del
artículo 127 de la Constitución Política sobre
contratación es aplicable en forma directa a los
concejales; sin perjuicio de las excepciones
establecidas por el legislador en las leyes 80 y 136,
relativas a: i) “[…] las personas que contraten por
obligación legal o lo hagan para usar los bienes o
servicios que las entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a
quienes los soliciten […]”; ii) “[…] ni las personas
jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes
legales hagan parte de las juntas o consejos directivos
en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario
[…]”; iii) “[…] quienes celebren contratos en desarrollo
de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución
Política […]”; iv) “[…] Usar los bienes y servicios que
las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de
seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones
comunes a todos los que lo soliciten […]”; y v) “[…]
Ser apoderados o defensores en los procesos que se
ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público.
Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en
los procesos de toda clase que tengan por objeto
gestionar intereses fiscales o económicos del
respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden
municipal y las sociedades de economía mixta en las
cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta
por ciento (50%) del capital […]”.
131. En ese orden de ideas, en caso de encontrarse
probado que un concejal celebró un contrato estatal,
indistintamente de si se trata o no del municipio donde
fue elegido, constituye causal de pérdida de
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investidura23 por violación del régimen de
incompatibilidades establecido por el inciso primero del
artículo 127 ibidem.
132. Esta Sección ha considerado, en relación con la
causal de desinvestidura por incurrir en la prohibición
que constituye incompatibilidad establecida en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política, lo
siguiente24:
“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las
incompatibilidades de los concejales, fue modificada por
la Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada
por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la
que no puede edificarse, con sustento en ella, la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades. Sin embargo, a juicio de la Sala,
y contrario a lo manifestado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de la
Carta Política consagra una incompatibilidad para
los concejales, en la medida en que son
servidores públicos, consistente en la prohibición
de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con
entidades públicas, mientras ostenten tal
condición, salvo las excepciones legales. Así lo ha
confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la
Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala,
en sentencia del 10 de marzo de 2005 […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la
prohibición que constituye incompatibilidad establecida
por el inciso primero del artículo 127 de la Constitución
Política es una causal autónoma que prohíbe a los
servidores públicos, entre ellos a los concejales
municipales o distritales, en forma general, “[…]
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades
públicas o con personas privadas que manejen o
administren recursos públicos, salvo las excepciones
legales […]”.
23 Conforme con el numeral 1, del artículo 48, de la Ley 617.
24Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 21 de enero de 2016, número único de radicación 13001-23-33-000-2014-00333-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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134. Por último, la Sala considera que la tesis anterior
encuentra respaldo en la sentencia C-194 de 4 de mayo de
1995, proferida por la Corte Constitucional; oportunidad en la
cual se realizó el estudio de constitucionalidad de, entre otros,
los artículos 45 y 47 de la Ley 136 […]”25 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Acerca del carácter de servidor público que ostentan los concejales,
la Corte Constitucional ha expresado:
“[…] Respecto de los concejales municipales, la Constitución
consagra en forma enfática (art. 312 C.P.) que "los concejales
no tendrán la calidad de empleados públicos". No obstante,
en el artículo 123 ibídem sí se establece con claridad
que los miembros de las corporaciones públicas son
servidores públicos. Y es que no es lo mismo
pertenecer a este género (servidor público) -que
abarca a todos los que mantienen un vínculo laboral
con el Estado, bien desde el punto de vista legal y
reglamentario o puramente contractual- que ser
catalogado como empleado público, una especie de aquél, que
se caracteriza por una relación legal y reglamentaria, de
modo que el nexo con el Estado tiene lugar por nombramiento
y posesión y no por contrato. Los empleados públicos son
servidores públicos. Los concejales también, pero sin tener el
carácter específico de empleados públicos, dado el origen de
su vinculación, por elección popular, que difiere del de
aquéllos.
Esto significa que los concejales municipales, aun no
siendo empleados públicos, sí son servidores del Estado
y, en realidad, puesto que desempeñan funciones al
servicio del mismo, son "funcionarios". Con este término
se define en general a quien cumple una función y, en la
materia de la que aquí se trata -la disciplinaria- comprende a
quienes, por su vínculo laboral con el Estado y en razón de las
responsabilidades que contraen (art. 123 C.P.), están sujetos
a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación.
La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión
genérica ya mencionada -servidores públicos- para
25Cit. sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-
2019-00091-01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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resaltar que quienes pertenecen a esta categoría están
al servicio del Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.)
y que no desempeñan los cargos o empleos -por
importantes que ellos sean- en su propio beneficio e
interés, sino en el colectivo, siendo por tanto
depositarios de la confianza pública, que no pueden
defraudar, respondiendo en consecuencia por sus
acciones u omisiones (art. 6 C.P.) […]”26 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
De lo expuesto, también se deduce que en el supuesto previsto en
el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley 80, se puede
estructurar válidamente la violación del régimen de
incompatibilidades previsto para los concejales, en la medida en
que aquella disposición hace parte de un conjunto de preceptos de
orden constitucional y legal que prohíben a los concejales celebrar
contratos con entidades públicas, a lo que se agrega que, de
acuerdo con el artículo 123 de la Carta Política son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados
y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios27.
Por su parte, el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, ordena:
“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)
26 Corte Constitucional, sentencia C-222 de 14 de abril de 1999, magistrado ponente José
Gregorio Hernández Galindo.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 24 de junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.
PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de
incompatibilidades el ejercicio de la cátedra.
PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que
nombre a un concejal para un empleo o cargo público o
celebre con él un contrato o acepte que actúe como
gestor en nombre propio o de terceros, en
contravención a lo dispuesto en el presente artículo,
incurrirá en causal de mala conducta […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
En lo que respecta a esta incompatibilidad, la Sección ha sostenido
lo siguiente:
“[…] Acerca de la celebración de contratos con las
entidades públicas del respectivo municipio por sí o por
interpuesta persona, la Sección ha destacado28: “(…) En lo
que tiene que ver con la causal de incompatibilidad
invocada, su configuración presupone que la
celebración del contrato tenga lugar cuando el Concejal
ya ha sido legalmente investido de dicha calidad, esto
es, cuando ese acto de naturaleza negocial tiene
ocurrencia con posterioridad a su posesión”.
3.1.2. Respecto de la segunda causal, esto es, la parte
invocada, consistente en “Celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio (…)”, la Sala ha
explicado29:
“[…]
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 8 de agosto de 2013, número único de radicación 68001-23-33-000-2013-00181-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala
29 Op. Cit. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 47001-23-33-
000-2013-00222-00(PI).
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Conforme lo ha señalado la Sala, para que se configure
la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4°
del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, deben concurrir
los siguientes supuestos: “(…) (i) celebrar contratos o
realizar gestiones con personas naturales o
personas jurídicas de derecho privado, (ii) que
dichas personas administren, manejen o inviertan
fondos públicos procedentes del respectivo Municipio o
sean contratistas del mismo Municipio o reciban
donaciones de éste. (…)”30 (destacado en la
providencia) […]»31.
«[…] Realizar gestiones con personas de derecho
privado que sean contratistas del municipio.
El actor imputa al Concejal demandado haber gestionado a
favor de COINTRANSCOL LTDA. la suscripción de varios
contratos de prestación de servicio de transporte con el
municipio de El Colegio.
La incompatibilidad endilgada al demandado exige unos
supuestos a saber: (i) celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o con personas
jurídicas de derecho privado, (ii) que dichas personas
administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, gestionar
significa:
«1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o
de un deseo cualquiera.»
Por lo tanto, el término “gestión” o gestionar involucra o
abarca el conjunto de trámites que se llevan a cabo para
resolver un asunto o concretar un proyecto.
(…)
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 6 de septiembre de 2012, número único de radicación 76001-23-31-000-2011-01760-
01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 15 de agosto de 2019, número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00422-
01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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Asimismo, la Sala mediante sentencia de 19 de julio de
200732 puso de presente que «gestionar» significa
«hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio», pero para que se configure esta causal es
necesario que esas gestiones se hagan para beneficio
del propio concejal o de terceros, que en este caso será la
entidad de la cual es presidente del Consejo de
Administración:
“[…] Ahora bien el diccionario de la lengua española de
la Real Academia Española define la palabra “Gestionar”
así “Hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio o de un deseo cualquiera”. La Sala debe
distinguir entre gestiones a favor de la comunidad
y gestiones para beneficio propio o de terceros,
pues las primeras son propias del ejercicio del
cargo de concejal y por lo tanto esas conductas
no son reprochables […].
La prohibición se consagró para evitar que los
concejales pudieran beneficiarse en alguna forma de
los recursos que administren o manejen los
particulares y provengan del ente territorial y no para
que éstos pudieran desentenderse de los asuntos que
afectan a la comunidad que los eligió. Ahora bien, para la
Sala es claro que toda decisión debe estar amparada en
hechos acreditados, lo cual se destaca con mayor énfasis
tratándose de decisiones de naturaleza sancionatoria, como lo
es la que decreta la pérdida de investidura […]”33.
Con fundamento en lo anterior, la Sala resalta34 que para que se
configuren las causales de incompatibilidad invocadas en la solicitud
en comento, deben permanecer reunidos los siguientes elementos
en cualquiera de las hipótesis a saber: en cuanto a la prohibición
constitucional autónoma del artículo 127 Superior, en
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de
julio de 2007, Expediente núm. 2006-2791, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
34 Ver al respecto, reiteración en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, número único de
radicación 05001233300020190215801, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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consonancia con el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley
80, que el concejal, estando en ejercicio de sus funciones, haya
celebrado, por sí o por interpuesta persona, o en representación de
otro, contrato: (i) con una entidad pública cualquiera sea su nivel
territorial, e indistintamente de si se trata o no del mismo municipio
para el cual resultó elegido, o (ii) con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones
enlistadas en el artículo 10º, de la Ley 80:
“[…] Artículo 10. De las excepciones a las inhabilidades
e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las
inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos
anteriores, las personas que contraten por obligación legal o
lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a
que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en
condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas
jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales
hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de
su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes
celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo
60 de la Constitución Política […]”.
Ahora bien, con relación a la restricción legal del artículo 45,
numeral 4, de la Ley 136, debe constatarse que el concejal,
estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado contratos o
realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado: (i) que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio, o (ii) que sean contratistas
del mismo municipio o (iii) reciban donaciones de éste. En los
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eventos comprendidos en este numeral 4, como en las restantes
incompatibilidades descritas en el artículo 45, de la Ley 136, debe
tenerse en cuenta que se exceptúa de su configuración el ejercicio
de la cátedra, -parágrafo 1º-, así como aquellas situaciones
determinadas en el artículo 46, ídem, en las que los concejales
podrían, ya directamente, o por medio de apoderado, actuar en los
siguientes asuntos:
“[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos,
su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b)
Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,
tasas y de multas que graven a las mismas personas; c)
<Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617. El nuevo
texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los procesos que
se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin
embargo, los concejales durante su período Constitucional no
podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda
clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del orden
municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales
las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento
(50%) del capital […]”.
No sobra advertir, en lo relacionado puntualmente con este literal
d), que al constituirse en una excepción taxativa a la
incompatibilidad de celebrar contratos o realizar gestiones con
ciertas personas naturales o jurídicas de derecho privado, persiste
la prohibición para los concejales de ejercer la abogacía en los
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términos allí señalados, -ser apoderados o defensores en los
procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder
Público, cuando medie la celebración, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, de contrato alguno con
entidades públicas-, habida cuenta que se incurriría en la restricción
prevista en la primera parte del artículo 127, de la Carta Política, en
consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.
V.3. Caso concreto
V.3.1. Del análisis objetivo de las causales de
incompatibilidad que se le atribuyen al concejal, previstas en
los artículos 127 de la Constitución Política; 8, numeral 1,
literal f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de la Ley 136
De conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso, la
Sala pudo constatar que el señor YORGÍN HARVEY CELY
OVALLE, fue elegido concejal del municipio de Barbosa
(Santander), para ejercer el período constitucional 2020-2023, por
la Coalición Despierta Barbosa, según consta en el Formulario E-26
CON de 7 de noviembre de 201935, en el que se dejó constancia de
lo siguiente: “[…] Teniendo en cuenta que al momento de realizar la
35 Disponible [en línea]: [https://elecciones2019.registraduria.gov.co/].
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declaratoria de ALCALDE, el segundo Candidato con mayor votación
YORGIN HARVEY CELY OVALLE, manifestó por escrito la decisión de
aceptar la curul al CONCEJO, se asigna dando aplicación al artículo
25 de la ley 1909 de 2018. Por lo tanto, se restará una curul del
número de curules a proveer […]”.
Reposa la credencial de 7 de noviembre de 2019, expedida a favor
del accionado por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
otorgándole la respectiva curul y, a su vez, acta núm. 001 de 2 de
enero de 2020, contentiva de la sesión plenaria inaugural del
Concejo Municipal de Barbosa (Santander), en la que consta que el
accionado tomó posesión de ese cargo de elección popular, para el
período constitucional 2020-2023.
Días después de su posesión como concejal, aparece el contrato de
prestación de servicios profesionales núm. AMJM-CD 001-2020 de 8
de enero de 2020, suscrito entre el accionado y el municipio de
Jesús María (Santander), respaldado con CDP y RP núms. 20-00001
de 7 de enero de 2020, por valor de $33.000.000, con acta de
inicio de 8 de enero de 2020 por el término de ejecución de seis (6)
meses, acta de terminación de 7 de julio de 2020 y acta de
liquidación de 9 de julio de 2020.
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El objeto contractual pactado fue la de “[…] Prestar servicios de
apoyo profesional a la gestión administrativa, a través de servicios
de asesoría y asistencia técnica como abogado, en las diferentes
modalidades y etapas contractuales, en el municipio de Jesús María
Santander […]”, bajo los siguientes parámetros, condiciones
técnicas y actividades profesionales:
“[…] 1. Apoyo, acompañamiento y orientación en la revisión
de los documentos precontractuales para el inicio del proceso.
2. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los contratos
celebrados mediante modalidad de contratación directa,
Selección abreviada, licitación pública y demás.
3. Apoyo y acompañamiento en la proyección de las
invitaciones públicas, dentro de los procesos de mínima
cuantía.
4. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los proyectos
de Pliegos de condiciones y pliegos de condiciones definitivos
de los procesos de contratación a iniciar por parte del
Municipio de Jesús María Santander.
5. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los actos
administrativos de apertura y adjudicación dentro de los
procesos de contratación iniciados y tramitados por el
Municipio.
6. Apoyo y acompañamiento en la proyección de las minutas
de los contratos que demanden los procesos de contratación
iniciados.
7. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los avisos de
convocatoria, invitación a veedores dentro de los procesos de
contratación que demande el Municipio de Jesús María.
8. Apoyo y acompañamiento en la proyección de las
respuestas a observaciones, objeciones, reclamaciones y
peticiones de carácter jurídico formuladas durante la
ejecución de los contratos en consonancia con los términos y
condiciones legales.
9. Apoyo a los secretarios de despacho en la proyección de
resoluciones de aprobación de pólizas, en los procesos
requeridos por estos.
10. Las demás requeridas por la entidad contratante y que
sean de naturaleza del presente contrato […]”.
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Tan pronto como finalizó este contrato de prestación de servicios
profesionales, el concejal procedió a suscribir otro, esta vez
identificado con el núm. 042-2020 de 8 de julio de 2020, con el
mismo municipio de Jesús María (Santander), respaldado con CDP
núm. 20-00329 y RP núm. 20-00482, por valor de $33.000.000,
con acta de inicio de 10 de julio de 2020, por el término de
ejecución hasta el 28 de diciembre de 2020, y actas de terminación
y liquidación de 28 de diciembre de 2020. El objeto y actividades
profesionales contratadas fueron idénticas a las del primero de los
contratos, salvo la adición de la siguiente labor: “[…] 10.
Representar al municipio en los procesos judiciales que se
adelanten en su contra por causa de la actividad contractual […]”.
En efecto, el concejal, al pronunciarse acerca de los fundamentos
de hecho y de derecho de la solicitud de pérdida de investidura,
admitió en reiteradas ocasiones la celebración de los contratos de
prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de
8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, con el municipio de
Jesús María (Santander).
Con fundamento en lo anterior, para la Sala resulta palmaria la
configuración objetiva de la causal de incompatibilidad prevista en
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el artículo 127 constitucional, en consonancia en el artículo 8º,
numeral 1, literal f), de la Ley 80, en cabeza del concejal YORGÍN
HARVEY CELY OVALLE, los cuales le prohíben, de forma rotunda,
y mientras ostente dicha dignidad, celebrar contrato alguno con
entidades públicas de cualquier orden, indistintamente de si se
trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido, como en el
asunto bajo examen lo es el municipio de Jesús María (Santander),
-entidad territorial diferente al municipio de Barbosa (Santander),
en el que funge de cabildante-, con quien suscribió los citados
contratos de prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD
001-2020 de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, dentro
del lapso de su período constitucional 2020-2023.
Lo alegado de forma equívoca por el accionado y prohijado por el
Tribunal, consistió en que el régimen de incompatibilidades de los
concejales se encuentra previsto, de forma exclusiva, en el artículo
45, de la Ley 136; y que solo es esta norma la que define cuáles
son las conductas consideradas reprochables por ser incompatibles
con la dignidad del cargo público de elección popular, mientras que
los artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley
80, solo atienden a preceptos jurídicos que reglamentan en general
o indistintamente las prohibiciones de los servidores públicos, por lo
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cual admiten excepciones de ley y no resultan procedentes en el
asunto bajo examen.
Esta postura, resulta abiertamente contraria a los referidos
preceptos constitucionales y legales, así como al entendimiento de
que de los mismos ha efectuado la Sala, de forma pacífica, en la
jurisprudencia atrás relacionada36, la que deja claro que las
incompatibilidades establecidas en los artículos 127 de la
Constitución Política y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, son
autónomas y aplicables a los concejales en calidad de servidores
públicos, sin que le sea posible al Tribunal desactivarlas con el
pretexto injustificable de percibirlas como normas abstractas
carentes de aplicación material y de asumir como únicas las
prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136.
En este sentido, el artículo 127 Constitucional tampoco discrimina o
condiciona la operatividad de esa incompatibilidad a la circunstancia
territorial que propone el accionado, según la cual se pueden
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02158-
01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 29 de julio de 2021, número único de
radicación 44001-23-40-000-2020-00232-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-2019-00091-
01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; 24 de junio de 2021, número
único de radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01, consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés; 8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-
000-2009-01495-01(PI), consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
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superar los efectos jurídicos de la prohibición de contratar con
entidades públicas si el negocio se celebra con un municipio
distinto al que representa popularmente. Lejos de ello, y mientras
estén desempeñando sus funciones corporativas, la realidad jurídica
les impide a los concejales contratar con entidades públicas,
cualquiera sea su orden territorial y similitud con el municipio
dentro del cual fueron elegidos.
Con relación a lo previsto en el artículo 45, numeral 1, de la Ley
136, siendo una norma distinta y autónoma del artículo 127
Superior, impide la celebración de contratos o la realización de
gestiones con personas naturales o jurídicas, pero de derecho
privado, -que no con entidades públicas-, que administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas de este o reciban donaciones de él, y,
por lo tanto, es esta última una ‘condición de lugar’ que solo afecta
a la incompatibilidad legal y no a la constitucional. Por la misma
razón, y tal como lo concluyó el Tribunal, en el caso concreto no se
configura la prohibición del artículo 45, numeral 1, de la Ley 136,
en tanto el municipio de Jesús María (Santander) no es una persona
jurídica de derecho privado.
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Por su parte, como quiera que el concejal contrató sus servicios
profesionales de abogado para asesorar al municipio de Jesús María
(Santander), en asuntos de contratación estatal, no se observa la
presencia de ninguno de los eventos exceptivos de la
incompatibilidad verificada: no contrató por obligación legal o para
usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere la Ley
80 ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los
soliciten, ni en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 37 de la
Constitución Política; no se trató de su participación en diligencias o
actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales,
conforme a la ley, él mismo, su cónyuge, sus padres o sus hijos,
tengan interés; o para formular reclamos por el cobro de
impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a las
mismas personas; o para usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios
públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo
condiciones comunes a todos los que lo soliciten; o para ser
apoderado o defensor en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público.
37 “[…] Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a
las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a
dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia […]”.
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Finalmente, el artículo 1º de la Ley 136, establece lo siguiente:
“[…] Artículo 1o. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994
quedará así:
Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la
categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el valor de
los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales
será el señalado en la siguiente tabla:
Categoría Honorarios por sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862
A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los
honorarios señalados en la tabla anterior se incrementarán en
un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el
año inmediatamente anterior.
En los municipios de categoría especial, primera y segunda,
se pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año. En los
municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte
(20) sesiones extraordinarias al año.
PARÁGRAFO 1o. Los honorarios son incompatibles con
cualquier asignación proveniente del tesoro público del
respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las demás
excepciones previstas en la Ley 4ª de 1992.
PARÁGRAFO 2o. Se exceptúan del presente artículo los
concejales de la ciudad de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley
1421 de 1993, regula la materia […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
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Esta disposición no puede ser invocada a su favor por el accionado,
porque la improcedencia de asignaciones provenientes del tesoro
público del respectivo municipio es una prohibición legal que no
habilita la realización de negocios del cabildante con entidades
territoriales distintas a la que representa. Si bien en este asunto las
asignaciones que percibió el concejal provinieron de dos municipios
diferentes, Jesús María (Santander) por concepto de honorarios
profesionales causados en sendos contratos de prestación de
servicios profesionales, y Barbosa (Santander) en cuanto a los
honorarios que podía cobrar por las sesiones asistidas, lo cierto es
que las normas que regulan la incompatibilidad en que incurrió
prohíben cualquier negocio efectuado con entidades públicas sin
distingo alguno.
A partir de lo expuesto, la Sala encuentra probado el elemento
objetivo de la incompatibilidad ordenada en el artículo 127
constitucional, en consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal
f), de la Ley 80, por cuanto el señor YORGÍN HARVEY CELY
OVALLE, mientras ejercía sus funciones de concejal municipal de
Barbosa (Santander), período 2020-2023, celebró los contratos de
prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de
8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020, con el municipio de
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Jesús María (Santander), con el objeto de “[…] Prestar servicios de
apoyo profesional a la gestión administrativa, a través de servicios
de asesoría y asistencia técnica como abogado, en las diferentes
modalidades y etapas contractuales, en el municipio de Jesús María
Santander […]”.
Lo anterior, habilita entonces el análisis del elemento subjetivo de
la comisión de la causal en ciernes, en cuanto que los artículos 55,
numeral 2, y 48, numeral 1, ordenan que los concejales perderán la
investidura por la violación, como en el caso concreto, del régimen
de incompatibilidades.
V.3.2. Del análisis subjetivo de la conducta del concejal
En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal YORGÍN
HARVEY CELY OVALLE, se prohíjan los criterios elaborados por la
Sala en sentencia de 25 de mayo de 201738, que al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
38Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
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recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública39, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su
cargo de elección popular, sino también la imposibilidad
futura de volver a ocupar un cargo de la misma
naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las
causales de procedencia de la figura señaladas en la
Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura40: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades41; la indebida
destinación de dineros públicos42; el conflicto de intereses43 y
el tráfico de influencias debidamente comprobado44.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad
(las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la
39 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
40 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el
artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
41 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de
2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
42 Art. 183 de la Constitución Política.
43 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
44 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a
esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio
debe determinar si se configura la causal y si a pesar
de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto,
bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de
que la causal lo admita, se esté ante una situación de
caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado
a los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma
claramente aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
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proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida
o restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar,
pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin
valorar la ausencia de culpa en la configuración de la causal
de inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
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hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la
jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal
en debate, sino también actuaron con sujeción al
precedente vigente y vinculante de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el
castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha indicado que el proceso de
pérdida de investidura se desarrolla en el ámbito de la
responsabilidad subjetiva […]”45 (Negrillas y subrayas por
fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro
reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a
aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad,
favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.46
45 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia
de 9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
46 Ídem.
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Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los
comicios, muy a pesar de que conocía o debía conocer esa
actuación vetada para los ciudadanos que pretendieran
inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la intervención
en la celebración de contratos con entidades públicas dentro
del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el
grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar
un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido
fijados por la doctrina constitucional debido a la escasa
regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado
con estricto rigor dado su carácter estricto y restringido.
Como explicó la sentencia C-237 de 201247 “la pérdida de la
investidura tiene a la Constitución de 1991 como fuente
principalísima en su regulación, lo que hace relevante el
hecho que algunas de las disposiciones constitucionales tienen
eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el
incumplimiento de obligaciones disciplinarias sobre la
conducta del representante popular.48 En efecto, en el
47 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
48 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-
00708-00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter
punitivo dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos
de la falta. En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe
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proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o
leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, pues como ha señalado la jurisprudencia
constitucional, se trata de un sistema que establece una
sanción de manera rígida y única, la pérdida de investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”49, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos
políticos. En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de
investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece
una sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […]
(Negrillas fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo
requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero
como la intención positiva de lesionar un interés jurídico,
entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a
la diligencia debida para el desarrollo de determinada
actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado
conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo
de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una
situación de total intención en la realización de la misma y,
por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la
desencadenar un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de
presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por
ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una
sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-
03-15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
49 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
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ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la
misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias
que se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya
era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si
existió dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho
conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía
conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la
inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca
(Arauca), le era menester desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin
otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie
de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o
mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.
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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a
la función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no
de la referida inhabilidad, para con base en ello,
determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario,
se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42
las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3)
años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las
cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber
intervenido en el año anterior a las elecciones, en la
celebración de contratos con entidades públicas en interés
propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia
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que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para
ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en
fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la
igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone
idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto
es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”50 […]51” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para
quien pretende acceder a la función pública, en los que están
comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el
entendimiento de dichos requisitos podría analizarse de acuerdo
con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de
50 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
51 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
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formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así
como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco
normativo, por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello
determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una
situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche
subjetivo de su obrar52.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la
ignorancia de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al
tenor del artículo 9° del Código Civil, habida cuenta que las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende
ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y
diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,
con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.
52Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201953, que
modificó el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201854,
estableció que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es
un juicio de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución, lo que
aporta, significativamente, en aquellos factores que también deben
verificarse en el comportamiento desplegado por los miembros de
las corporaciones públicas territoriales -dolo o culpa grave-.
Descendiendo al caso concreto, el accionante mencionó que hizo el
análisis legal y jurisprudencial para determinar que la citada causal
de incompatibilidad opera para los contratos que se suscriban en el
respectivo municipio, como se determinó en la Ley 136, norma
especial y de aplicación restrictiva a los concejales, conforme se
permite por la Constitución política al expresar en el artículo 127
“[…] salvo excepciones legales […]”.
53 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras
disposiciones […]”.
54 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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Adujo que antes de suscribir los contratos de prestación de
servicios profesionales con el municipio de Jesús María (Santander),
tuvo en cuenta el artículo 46, literal d), de la Ley 136, el cual
permite la profesión de abogado en cualquier proceso de la rama
jurisdiccional, siendo una de las actividades del Contrato 042-2020
de 8 de julio de 2020, precisamente la defensa del municipio frente
a acciones judiciales contractuales.
Sostuvo que analizó la sentencia C-147 de 1998 de la Corte
Constitucional, frente a la razonabilidad y proporcionalidad para
poder ejercer su profesión y oficio en un municipio totalmente
diferente a donde ejerce como concejal, conforme al artículo 8º, de
la Ley 1368, toda vez que le resulta irrazonable y desproporcionada
la medida según la cual, por ser concejal de un municipio de
Colombia, se le prohíba ejercer su profesión en los más de 1080
municipios restantes del país, lo que sería una clara vulneración a
derechos fundamentales como el trabajo, el mínimo vital, escoger
profesión u oficio, y derecho de igualdad; no permitírsele participar,
por ejemplo, en un contrato de consultoría por invitación publica en
el municipio de Leticia, o Jesús María, donde su investidura de
concejal de Barbosa (Santander), en nada tiene que ver con los
demás municipios del país.
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Manifestó que, de igual manera, analizó la aplicación de las normas
teniendo en cuenta que la especial prima sobre la general, es decir
la Ley 1368, artículos 1º, parágrafo 1º, 8º, al igual que el artículo
46, literal d), de la Ley 136, leyes especiales para concejales que
permiten el ejercicio de su profesión como abogado y concejal, con
la única restricción de no ejercer en el respectivo municipio, esto es
en el municipio de Barbosa (Santander).
Señaló que revisó y analizó el Concepto núm. 157821 de 2015,
suscrito por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
en el cual se hace un análisis del ejercicio de la abogacía a la luz de
los artículos 46 de la Ley 136, y 8º y 9º de la Ley 136, donde se
hace referencia a la sentencia de esta Corporación, Sección
Primera, de 25 de julio de 2013, número único de radicación
25000-23-41-0002012-00468-01(PI), consejero ponente Guillermo
Vargas Ayala, la cual giró en torno al municipio donde ejerció como
abogado el accionado, es decir que se estudió el factor territorial, lo
que le permitió entender que la incompatibilidad para el ejercicio de
su profesión es limitado al respectivo municipio donde ejerce como
concejal, pero no a otro municipio, en concordancia con el artículo
1º, parágrafo 1º, de la Ley 1368, que expresa que los honorarios
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del concejal son incompatibles con asignaciones presupuestales,
pero del respectivo municipio.
Apuntó que su actuar lo realizó con la convicción que en ningún
momento estaba vulnerando normas ni principios; que, por el
contrario, lo hizo convencido que sus derechos al trabajo, al mínimo
vital, a ser elegido y a ejercer conforme al estatuto de la oposición,
están amparados en las normas citadas párrafos arriba.
Respecto de tales argumentos de defensa, la Sala advierte que no
puede tener como eximente de culpa el solo hecho relacionado con
que el concejal estudió las normas y jurisprudencia del caso bajo
examen, habida cuenta que, como ya se anunció, ese análisis
resultó errado y alejado de los antecedentes aplicables a la
contratación pública celebrada por miembros de corporaciones
públicas territoriales, vertidos en la doctrina de la Sección Primera
aplicable al presente proceso.
No es cierto que el artículo 127 Constitucional tenga como requisito
para la aplicación de su incompatibilidad, que la contratación haya
ocurrido dentro del mismo municipio para el cual fue elegido
concejal en los términos del artículo 45, numeral 4, de la Ley 136,
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pues tal como tuvo la oportunidad de explicarse, impera la
autonomía de ambas causales y la divergencia de materias: aquella
prohíbe la contratación con entidades públicas y esta lo hace con
personas naturales o jurídicas de derecho privado; disposiciones
que, por demás, no resultan desproporcionadas ni irracionales ni
transgreden los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital,
escoger profesión u oficio y derecho a la igualdad, como se propone
en la defensa del concejal, sino que, por el contrario, impiden que
el cabildante gestione y materialice negocios con la administración
pública desde lo alto de la curul que le ha sido asignada,
únicamente, para el ejercicio de sus funciones públicas en
cumplimiento de un mandato popular.
Por su parte, el artículo 46, literal d), de la Ley 136, le permite al
concejal ser apoderado o defensor en los procesos que se ventilen
ante la Rama Judicial, pero bajo las siguientes consideraciones:
“[…] Recapitulando tenemos, entonces, que el artículo
29 de la Ley 112355, prevé, como regla general, que los
55 Ley 1123 de 22 de enero de 2007 “[…] Por la cual se establece el código disciplinario del
abogado […]”.
“[…] Incompatibilidades
Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen
inscritos:
1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en
función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en
ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la
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servidores públicos no pueden ejercer la abogacía,
estableciendo las excepciones en las cuales aquello es
viable.
No obstante, en virtud del parágrafo de dicho artículo,
el ejercicio de la abogacía para el caso de los servidores
públicos que tengan la categoría de miembros de
corporaciones de elección popular está sujeto a las
disposiciones especiales previstas en la Constitución
Política y la ley.
La ley, entonces, y más precisamente, la Ley 136, contempló
una regla diferente de la prevista en la primera parte del
artículo 29 de la Ley 1123, en la medida en que permite
que los concejales, en particular, ejerzan su profesión u
oficio, entre ellos, la abogacía.
Sin embargo, la regla general debe compaginarse con
las excepciones que se encuentran contempladas en los
artículos 45 y 46 de la Ley 136 como en la misma Ley
136.
Así, el artículo 45 de la Ley 136 señala que los concejales
que fungen como abogados no pueden ser apoderados ante
las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo,
norma que sea de paso indicar, no solo es aplicable a los
Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa
a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios,
excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban
adelantar en ejercicio de sus funciones.
Parágrafo. Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de
universidades oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía, siempre que su ejercicio
no interfiera las funciones del docente. Así mismo, los miembros de las Corporaciones de
elección popular, en los casos señalados en la Constitución y la ley.
2. Los militares en servicio activo, con las excepciones consagradas en el Código Penal
Militar.
3. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de una
medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en causa propia,
sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios.
4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.
5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en desempeño de un
cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales.
Tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado, dentro del año
siguiente a la dejación de su cargo o función y durante todo el tiempo que dure un
proceso en el que hayan intervenido […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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abogados, como lo estableció esta Sala en el fallo citado
anteriormente (sentencia del 13 de julio de 2006, consejera
ponente: Martha Sofía Sanz Tobón).
De otra parte, el artículo 46 de la Ley 136 al establecer
las excepciones a las incompatibilidades previstas en el
artículo 45, indica, en el literal d), que los concejales
pueden ser apoderados en procesos judiciales, lo cual
se acompasa con la regla general prevista en el artículo
8 de la Ley 13656.
Sin embargo, este mismo literal prohíbe que los
concejales que ejercen la abogacía puedan ser
apoderados o peritos (precepto que no solo resulta
aplicable a los abogados) en procesos judiciales que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio o de los
establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de
economía mixta en las cuales las mismas entidades
tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.
Adicionalmente, la Ley 136 contempló dos situaciones
adicionales en las que se prohíbe a los concejales el
ejercicio de la profesión u oficio, entre ellos la
abogacía, prohibiciones consistentes, en primer lugar,
en que el ejercicio de la profesión interfiera con el
desarrollo de las funciones que desarrolla como
concejal y, en segundo lugar, respecto de todo asunto
en donde el municipio pueda fungir como parte.
Para esta Sala, entonces, este resulta ser el régimen que
regula el ejercicio de la profesión de abogado para los
concejales.
Aplicados los planteamientos anteriores, conforme lo encontró
el Tribunal Administrativo de Antioquia, la demandada incurrió
en la causal de pérdida de investidura por la violación del
régimen de incompatibilidades previsto para los concejales, al
incurrir en la incompatibilidad prevista en el artículo 8° de la
Ley 136, por cuanto la señora Dora Liliana Osorio Zapata,
56 Ley 1368 de 29 de diciembre de 2009 “[…] Por medio de la cual se reforman los
artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Artículo 8o. Ejercicio de la profesión u oficio. Los concejales podrán ejercer su
profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen
como tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades
descentralizadas sean parte […]”.
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ostentando la calidad de concejal del municipio de San Pedro de
los Milagros, presentó en nombre propio y su condición de
abogada y apoderada judicial del señor José Alberto
Bustamante Medina, una acción popular en contra de aquel
municipio, proceso judicial identificado con el núm.
05001333302220150119700 y que cursa en el Juzgado 22 del
Circuito Administrativo de la ciudad de Medellín, como lo
acredita la copia del acta que da cuenta de la audiencia de
pruebas realizada el 12 de abril de 2016, en la que consta la
señora Osorio Zapata suscribe el acta como «[…] Apoderado de
la parte demandante […]» (fol. 7, cuaderno principal) […]”57
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
En este contexto debe advertirse que los dos contratos celebrados
por el concejal con el municipio de Jesús María (Santander), estos
son los los contratos de prestación de servicios profesionales núms.
AMJM-CD 001-2020 de 8 de enero y 042-2020 de 8 de julio de
2020, tuvieron el mismo objeto de “[…] Prestar servicios de apoyo
profesional a la gestión administrativa, a través de servicios de
asesoría y asistencia técnica como abogado, en las
diferentes modalidades y etapas contractuales, en el
municipio de Jesús María Santander […]”, lo cual no guarda
relación con el ejercicio de la abogacía como apoderado en procesos
judiciales, -en los términos afirmados por el accionado-, sino de
asesoría y asistencia técnica en asuntos de contratación pública.
57Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 27 de julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02017-
01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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En consonancia con esto, ello tampoco se evidencia dentro de las
actividades contratadas: “Apoyo, acompañamiento y orientación en
la revisión de los documentos precontractuales para el inicio del
proceso. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los
contratos celebrados mediante modalidad de contratación directa,
Selección abreviada, licitación pública y demás. Apoyo y
acompañamiento en la proyección de las invitaciones públicas,
dentro de los procesos de mínima cuantía. Apoyo y
acompañamiento en la proyección de los proyectos de Pliegos de
condiciones y pliegos de condiciones definitivos de los procesos de
contratación a iniciar por parte del Municipio de Jesús María
Santander. Apoyo y acompañamiento en la proyección de los actos
administrativos de apertura y adjudicación dentro de los procesos
de contratación iniciados y tramitados por el Municipio. Apoyo y
acompañamiento en la proyección de las minutas de los contratos
que demanden los procesos de contratación iniciados. Apoyo y
acompañamiento en la proyección de los avisos de convocatoria,
invitación a veedores dentro de los procesos de contratación que
demande el Municipio de Jesús María. Apoyo y acompañamiento en
la proyección de las respuestas a observaciones, objeciones,
reclamaciones y peticiones de carácter jurídico formuladas durante
la ejecución de los contratos en consonancia con los términos y
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condiciones legales. Apoyo a los secretarios de despacho en la
proyección de resoluciones de aprobación de pólizas, en los
procesos requeridos por estos. Y, las demás requeridas por la
entidad contratante y que sean de naturaleza del presente
contrato”.
Solamente, en el segundo de los contratos, el 042-2020 de 8 de
julio de 2020, se agregó la siguiente labor: “[…] 10. Representar al
municipio en los procesos judiciales que se adelanten en su contra
por causa de la actividad contractual […]”. No obstante, (i) esta
actividad no altera la esencia de los dos contratos celebrados por el
concejal, cuyas actividades están dirigidas al asesoramiento en
temas y procedimientos de contratación estatal del municipio de
Jesús María (Santander), servicio profesional que no está previsto
como excepción para la contratación con entidades públicas, y aun
así, (ii) en el expediente no está probada la representación judicial
del municipio de Jesús María, por parte del accionado, ni los
procesos, ni los poderes judiciales y demás actuaciones requeridas
para constatar que estuvieran permitidos a la luz de las normas y
jurisprudencia enunciadas.
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Respecto del concepto núm. 157821 de 16 de septiembre de 2015,
suscrito por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
DAFP, y de la sentencia allí citada de 25 de julio de 2013 de esta
Sección, número único de radicación 25000-23-41-0002012-00468-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala, la Sala
encuentra que atienden a una consulta acerca de cuál es el alcance
de los artículos 8º y 9º de la Ley 136, relacionados con el ejercicio
de la profesión u oficio por parte de los concejales municipales,
centrándose en los litigios adelantados por un concejal, todo lo
cual, como ya se vio, dista del problema jurídico en el caso concreto
que gira en torno a la celebración de dos contratos de prestación de
servicios profesionales para asesorar al municipio de Jesús (María)
en aspectos de contratación estatal, pero además, lejos de
contradecirse, las conclusiones vertidas en ese concepto del DAFP
están acorde y se acompasan con lo expuesto en la presente
providencia y demás jurisprudencia de la Sección.
El acervo probatorio es contundente al evidenciar que, en contravía
de lo sostenido en su defensa, el señor YORGÍN HARVEY CELY
OVALLE debía saber y tener pleno conocimiento de la naturaleza
negocial de los contratos que celebró con el municipio de Jesús
María (Santander) y de su prohibición bajo las circunstancias de los
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artículos 127 constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80.
No es de recibo su excusa en torno a que su actuar lo llevó a cabo
con la convicción de que en ningún momento estaba vulnerando
normas ni principios, sino que lo hizo convencido que sus derechos
al trabajo, al mínimo vital, a ser elegido y a ejercer conforme al
estatuto de la oposición, están amparados en las normas arriba
citadas párrafos, siendo que en nada influye sus derechos de
oponerse a la administración local actual con la celebración de
negocios jurídicos con entidades públicas.
Es menester destacar, por demás, que según los soportes de sus
procesos de contratación con el municipio de Jesús María
(Santander), consta en el Formato Único de Hoja de Vida del DAFP
diligenciado en enero de 2020, que el concejal es abogado, con
especializaciones en derecho administrativo y contratación estatal,
así como candidato a maestría en derecho administrativo y dieciséis
años de experiencia laboral como servidor público, lo cual le
otorgaba un deber de cuidado superior ante la evidente
capacitación especializada en la materia que ocupa, precisamente,
la configuración de la incompatibilidad por contratar con entidades
públicas mientras fungía de concejal municipal de Barbosa
(Santander). Ante esta adecuada formación profesional y
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experiencia laboral, era necesario que, al iniciar el ejercicio de su
cargo de concejal, este conociera cuáles eran las incompatibilidades
que lo gobernaban y sus vicisitudes, entre ellas la de celebrar
contratos con entidades públicas, pero, aun así, decidió seguir
adelante y gestionar y suscribir los referidos negocios.
El comportamiento del concejal corresponde a la falta de cuidado
que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios, en la medida en que, se reitera,
los artículos 127 Constitucional, y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley
80, le imponían una prohibición que decidió obviar.
En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -
celebración de dos contratos con entidades públicas-, fue
desplegada por el concejal YORGÍN HARVEY CELY OVALLE,
debiendo saber que era incompatible para hacerlo y, aun así, optó
por gestionar y celebrar los contratos de prestación de servicios
profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de 8 de enero y 042-2020
de 8 de julio de 2020 con el municipio de Jesús María (Santander),
de forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a
pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de haber reconocido que
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esa actuación le era prohibida en medio de sus funciones como
concejal municipal de Barbosa (Santander).
Por las razones explicadas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de incompatibilidad
prevista en el artículo 127 Constitucional, en consonancia con el
artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, la Sala procederá a
revocar la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, decretará la
pérdida de investidura del concejal municipal de Barbosa
(Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de junio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su
lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del concejal municipal
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de Barbosa (Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE,
por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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