Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02195-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02195-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02195-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02195-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
16 de junio de 2022
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Demandante: YORGÍN HARVEY CELY OVALLE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos: sustantivo,
procedimental absoluto y violación directa de la
Constitución. Régimen de incompatibilidades de los
concejales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 19911.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
Mediante escrito radicado el 18 de abril de 2022, en el correo electrónico de
la Secretaría General de esta Corporación, el señor Yorgín Harvey Cely
Ovalle, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela en contra de la
Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política, al
trabajo y al mínimo vital, así como los principios pro homine y de
favorabilidad.
1
Así como, en consonancia con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión de la
sentencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, por la cual se revocó el fallo del 28 de junio de 2021,
dictado por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, que había
negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, decretó la pérdida de
su investidura como concejal del municipio de Barbosa (Santander), periodo
constitucional 2020-2023, en el proceso con radicación 68001-23-33-000-
2021-00181-01.
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
«Mediante sentencia de mérito que haga trámite a cosa juzgada, se solicita
que se profieran las siguientes o semejantes declaraciones y órdenes:
PRIMERA. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a
la participación política, al trabajo, al mínimo vital, y los principios
constitucionales pro persona y de favorabilidad, de YORGÍN HARVEY CELY
OVALLE.
SEGUNDA. Que en consecuencia se deje sin efecto la Sentencia del 10 de
febrero de 2022 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en el marco del trámite en segunda
instancia del proceso contencioso administrativo de pérdida de investidura
identificado con Rad. No. 68001233300020210018101.
TERCERA. Que en virtud de lo anterior, se ordene a la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que durante los
diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión que así lo
disponga, dicte el respectivo fallo sustitutivo mediante el cual se corrijan los
defectos advertidos en la sentencia tutelada, resolviendo confirmar el fallo de
primera instancia proferido en el mismo proceso referido.»
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que, mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de
Santander, la ciudadana Ana María Rodríguez Beltrán, actuando en nombre
propio, interpuso demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de pérdida de investidura en su contra, en su calidad de concejal
del Municipio de Barbosa (Santander) durante el período constitucional 2020-
2023.
Indicó que según lo consideró la ciudadana, el funcionario electo habría
incurrido en la causal de incompatibilidad consagrada en el artículo 127 de la
Constitución Política, en consonancia con los artículos 8°, numeral 1°, literal
f) de la Ley 80 de 1993; 45, numeral 4° de la Ley 617 de 2000; y de esta
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
manera se configuró la causal de pérdida de investidura de que tratan los
artículos 55, numeral 2 de la Ley 136 de 1994 y 48, numeral 1° de la Ley 617
de 2000.
Mencionó que, el fundamento central de la demanda en su contra, consistió
en que, en calidad de concejal, celebró dos contratos de prestación de
servicios con el municipio de Jesús María (Santander) con el objeto de
prestar asesoría jurídica al ente territorial en materia de contratación pública
y representación judicial y que, en razón de ello, a juicio de la demandante,
violó el régimen legal de incompatibilidades propio de los concejales y de
esta manera incurrió en una causal de pérdida de investidura y que, su
actuación debía ser calificada con culpa grave, en atención a su profesión
como abogado con postgrados en derecho administrativo y contratación
estatal.
Añadió que contestó la demanda, en nombre propio, escrito con el cual se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar
que el régimen jurídico especial aplicable a los concejales limita la prohibición
de contratación con entidades públicas al municipio en el cual se ejerce la
investidura y admite explícitamente que estos funcionarios ejerzan sus
respectivas profesiones.
Adujo que entre los argumentos de defensa, sostuvo que si bien el artículo
127 superior instauró la incompatibilidad de los servidores públicos para
celebrar contratos con entidades públicas o personas privadas que manejen
o administren recursos públicos, la misma disposición constitucional
consagró la posibilidad de que el legislador estableciera excepciones a este
régimen general y que, una de estas excepciones es el régimen especial de
incompatibilidades de los concejales consagrado en los artículos 45 y 46 de
la Ley 136 de 1994, según el cual estos funcionarios sí se encuentran
cobijados por la prohibición de contratar con entidades públicas, pero
solamente respecto del municipio en el que ejercen su investidura.
Manifestó que en su contestación también señaló que como no violó el
régimen de incompatibilidad, no estaba incurso en la causal de pérdida de
investidura y que, no era válido afirmar que actuó con culpa grave, toda vez
que suscribió los contratos con la absoluta convicción jurídica de no estar
incurso en faltas legales o constitucionales, máxime teniendo en cuenta que
ejerce su profesión y especialidad desde el año 2000.
Precisó que el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del
28 de junio de 2021 negó lo pretendido por la demandante, al concluir que
los «… concejales tienen un régimen especial de incompatibilidades (Art. 312
superior), el cual se encuentra contemplado en el artículo 45 de la Ley 136
de 1994 y, por ende, dicha norma es la que define cuáles son las conductas
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo
público de elección popular y que conllevan a la declaratoria de pérdida de
investidura de conformidad con la Ley 617 de 2000.»
Refirió que oportunamente la parte demandante del proceso de pérdida de
investidura, la señora Ana María Rodríguez Beltrán presentó recurso de
apelación en contra de la decisión anterior, el cual correspondió a la Sección
Primera del Consejo de Estado que, a través de providencia del 10 de
febrero de 2022, revocó lo decidido y en su lugar, decretó su pérdida de
investidura como concejal municipal de Barbosa (Santander), por hechos
ocurridos dentro del periodo constitucional 2020-2023.
Reseñó que la autoridad judicial demandada replicó pronunciamientos
previos según los cuales «en caso de encontrarse probado que un concejal
celebró un contrato estatal, indistintamente si se trata o no del municipio
donde fue elegido, constituye causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de incompatibilidades establecido por el inciso primero del
artículo127 ibídem [Constitución Política].»
Adujo que en la decisión demandada se indicó también que «la prohibición
que constituye incompatibilidad establecida por el inciso primero del artículo
127 de la Constitución Política es una causal autónoma que prohíbe a los
servidores públicos, entre ellos a los concejales municipales o distritales, en
forma general, celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación
de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.»
Señaló que, bajo los anteriores planteamientos en la sentencia acusada se
efectuó el análisis objetivo de su conducta y concluyó que éste, ostentando la
calidad de concejal municipal del Municipio de Barbosa (Santander) durante
el periodo 2020-2023, celebró dos contratos de prestación de servicios con
otra entidad pública, con lo cual incurrió en la incompatibilidad consagrada en
el artículo 127 superior y demás normas concordantes.
Por último, en el análisis subjetivo consideró que no había lugar a tener como
eximente de culpa «el solo hecho relacionado con que el concejal estudió las
normas y jurisprudencia del caso bajo examen, habida cuenta que, como ya
se anunció, ese análisis resultó errado y alejado de los antecedentes
aplicables a la contratación pública celebrada por miembros de
corporaciones públicas territoriales, vertidos en la doctrina de la Sección
Primera aplicable al presente proceso.»
Hizo referencia al salvamento de voto presentado por el magistrado Oswaldo
Giraldo López, al considerar que se probó que el concejal acusado celebró
los respectivos contratos de prestación de servicios profesionales con el
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
municipio de Jesús María (Santander), no con el municipio donde fue elegido
concejal, esto es, Barbosa, de manera que la causal de pérdida de
investidura no estaba configurada.
Destacó que, una vez ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado, la
sanción de pérdida de investidura a él impuesta fue incorporada a su
Registro de Antecedentes Disciplinarios.
3. Sustento de la vulneración
La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en los
defectos: material o sustantivo, procedimental absoluto y por violación directa
de la Constitución.
3.1. Defecto material o sustantivo
Indicó que en la sentencia acusada las normas aplicables han sido
interpretadas de forma tal que han dado lugar a dos posibles posiciones
jurídicas:
1) Considerar que el artículo 127 Superior constituye una incompatibilidad
autónoma que recae sobre los concejales, siendo entonces el régimen
especial de incompatibilidades de los concejales consagrado en el artículo 45
de la Ley 136 de 1994 simplemente armónico y complementario al artículo
127 superior; o
2) Considerar que el régimen de incompatibilidades de los concejales es
taxativo y especial, y se encuentra consagrado específicamente en el artículo
45 de la Ley 136 de 1994, siendo aplicable de forma totalmente autónoma y
específica al enmarcarse en las excepciones legales admitidas por la misma
Carta.
Mencionó que este escenario plantea una evidente tensión entre normas y
derechos fundamentales y principios constitucionales, la cual está llamada a
ser resuelta de manera favorable a los preceptos constitucionales implicados.
Adujo que siendo así, la interpretación verdaderamente ajustada a la Carta
es aquella en virtud de la cual el artículo 127 de la Constitución Política no
constituye una incompatibilidad autónoma aplicable a los concejales, sino
que estos funcionarios se rigen por un sistema especial de
incompatibilidades consagrado en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, el
cual debe ser concebido como una de las excepciones legales previstas en el
mismo artículo 127 superior.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Agregó que, en consecuencia, la prohibición de contratar con entidades
públicas durante el período en que se ostente la investidura de concejal
solamente se circunscribe al respectivo municipio en que se fue elegido.
Señaló que la providencia demandada adoptó una interpretación del
ordenamiento jurídico equívoca y contraria a la Carta.
Adujo que, sumado a lo expuesto, dadas las plausibles interpretaciones en
clave de incompatibilidad de los concejales que pueda predicarse del artículo
127 de la Constitución Política, en virtud del principio de favorabilidad que se
debe atender en los procesos sancionatorios de pérdida de investidura, se ha
debido preferir aquella que resguarda los derechos del encartado.
Mencionó que tal aspecto no se tuvo en cuenta por la mayoría de la Sección
Primera del Consejo de Estado al proferir la sentencia violatoria de sus
derechos fundamentales.
Refirió que la existencia de posiciones disímiles respecto del alcance del
artículo 127 de la Constitución no podía más que derivar en la ausencia del
elemento subjetivo necesario para imponer la sanción de pérdida de
investidura. Esto es, al existir interpretaciones según las cuales él no incurrió
en ninguna incompatibilidad, tal y como lo concluyó tanto el Ministerio Público
como el Tribunal Administrativo de Santander al negar la pérdida de
investidura en primera instancia y el salvamento de voto del magistrado de la
Sección Primera del Consejo de Estado en el mismo caso, la sentencia no
podía colegir la existencia de culpa grave.
Manifestó que al efectuar el análisis del elemento objetivo de la sanción de
pérdida de investidura que le fue impuesta, la sentencia demandada adoptó
el razonamiento jurídico según el cual la prohibición consagrada en el inciso
primero del artículo 127 de la Constitución Política, en concordancia con el
artículo 8°, numeral 1°, letra f) de la Ley 80 de 1993, constituye una auténtica
y autónoma incompatibilidad que cobija a los concejales en su calidad de
servidores públicos y, en consecuencia, en caso de encontrarse probado que
un concejal celebró un contrato estatal, indistintamente si se trata o no del
municipio donde fue elegido, constituye causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de incompatibilidades.
Resaltó que no se puede perder de vista que el asunto sometido a estudio no
ha sido pacífico en la jurisdicción y, a la fecha, no existe unificación sobre la
materia en la Sección Primera del Consejo de Estado.
Explicó el aludido defecto a partir de lo siguiente:
i) Análisis del elemento objetivo:
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
a) El régimen especial de incompatibilidades que gobierna a los concejales
se encuentra consagrado en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, siendo
esta norma de aplicación autónoma y taxativa2,
b) el asunto sometido a estudio no ha sido pacífico en la jurisdicción,
c) el derecho de los concejales a ejercer sus respectivas profesiones en
paralelo al desempeño de sus funciones en tal cargo3,
d) la intención del legislador fue limitar la restricción de los concejales para
contratar con entidades públicas, solamente respecto del Municipio en el que
ostentan su investidura,
e) los artículos 45 de la Ley 136 de 1994 y 8 de la Ley 1368 de 2009 priman
sobre el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 por tratarse normas especiales y
posteriores,
f) Aplicación de los principios constitucionales de favorabilidad y pro persona
en la interpretación de las normas aplicadas en el caso concreto.
Expuso como conclusiones en relación con el elemento objetivo de la
conducta en el proceso de pérdida de investidura que llevan a concluir la
existencia de un defecto sustantivo en la sentencia acusada.
a) El fundamento de la decisión judicial fue una norma que no resultaba
aplicable al caso concreto porque se le reconoce efectos distintos a los
otorgados por el legislador:
Mencionó que el fundamento de la sentencia tutelada fueron los artículos 127
de la Constitución Política y 8°, numeral 1°, letra f) de la Ley 80 de 1993,
pues se consideró que la prohibición en cuestión constituía una
incompatibilidad autónoma que daba lugar a la pérdida de investidura del
concejal.
2
Citó las sentencias de 2 de junio de 2006, 4 de febrero de 2010, 8 de mayo y 5 de junio de
2014, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, según las cuales, la
suscripción de contratos con otras entidades territoriales distintas a la que el funcionario es
concejal, no es una incompatibilidad que conlleve la pérdida de la investidura. Al igual, citó la
sentencia SU 424 de 2016 en la que se fijó la siguiente regla: «(vii) La gravedad de la
sanción que se impone en el proceso de pérdida de investidura, exige que éste se lleve a
cabo con observancia del debido proceso, particularmente, de los principios pro homine, in
dubio pro reo, de legalidad –las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por
analogía-, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad, y culpabilidad.»
3 Para lo cual mencionó que la cifra devengada mensualmente por concepto de asistencia a
las sesiones del Concejo no superaba ni siquiera un salario mínimo, lo cual lo obligó a hacer
uso de su legítimo derecho a ejercer su profesión; en su caso, como abogado formado en
derecho administrativo y contratación pública, su trabajo ha estado históricamente ligado a la
asesoría jurídica de entidades públicas de diferentes niveles y sectores.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Consideró que, esta norma no es la aplicable al caso concreto porque
corresponde a un régimen general exceptuado por el régimen especial de
incompatibilidades de los concejales consagrado en el artículo 45 de la Ley
136 de 1994.
Resaltó que entonces el régimen especial de concejales es el único aplicable
al caso concreto y en virtud del que no se configura la incompatibilidad a él
imputada.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma y la decisión se
funda en una interpretación no sistemática de la misma, es decir, se trata de
un grave error de interpretación:
Indicó que la conclusión a la que se arribó en la sentencia acusada fue el
resultado de una interpretación normativa que no tuvo en cuenta todos los
factores y elementos expuestos, y por ello no resulta razonable, armónica, ni
sistemática con el ordenamiento jurídico.
Precisó que la providencia acusada desconoció tanto los principios
constitucionales de interpretación normativa de favorabilidad y pro persona,
como los criterios legales de interpretación normativa teleológica, cronológica
y de especialidad. En consecuencia, la postura adoptada en este caso es
resultado de un grave error de interpretación normativa.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución:
Señaló que el hecho de extender la prohibición de contratar con entidades
públicas a todas las entidades del Estado, y no solamente a aquellas propias
del municipio en que el concejal ejerce su investidura: 1) es regresiva porque
desconoce la intención inicial del legislador manifestada en el antiguo
numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y su modificación efectuada
mediante la Ley 177 de 1994 y; 2) es contraria a la Constitución porque
vulnera los derechos fundamentales a la participación política, al trabajo, al
mínimo vital, al debido proceso y los principios constitucionales de
favorabilidad y pro persona del individuo sancionado.
ii) Análisis del elemento subjetivo:
Mencionó que para concluir que el otrora funcionario incurrió en dolo o culpa
grave debía demostrarse que su conducta fue abiertamente intencional o
completamente negligente; no obstante, la culpabilidad de su conducta se
basó exclusivamente en su calidad profesional como abogado y en que la
conclusión jurídica resultante del estudio de las normas que efectuó antes de
suscribir los contratos fue «errada» según el parecer de la Sala.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Sostuvo que la autoridad judicial cuestionada no efectuó un verdadero y
efectivo análisis de la culpabilidad con que el demandado desplegó su
conducta, sino que se limitó a reiterar el rechazo a la posición jurídica
planteada por aquel y en virtud de la cual finalmente actuó.
Indicó que no se puede concluir que la autoridad judicial haya hecho un
verdadero estudio que le permitiera determinar si el concejal conocía o debía
conocer que, al suscribir un contrato estatal con una entidad diferente de la
que proviene su investidura, incurra en una incompatibilidad que daría lugar a
la sanción de pérdida de investidura.
Recordó que la ausencia del elemento subjetivo era notoria, ya que la
postura jurídica asumida por él según la cual no incurría en ninguna
«inhabilidad» al suscribir los contratos fue prohijada dentro del proceso por el
Ministerio Público, la totalidad de los magistrados del Tribunal Administrativo
de Santander y un consejero de Estado que salvó su voto en el trámite de la
segunda instancia.
3.2. Defecto procedimental absoluto
Sostuvo que la providencia demandada fue precedida por un trámite procesal
irregular que llevó a una desviación del cauce del asunto que debía ser
resuelto.
Manifestó que el trámite que se le dio al recurso de apelación presentado en
contra de dicha decisión: a) desconoció la naturaleza, el objeto y los
requerimientos mínimos del recurso ordinario de apelación y; b) desbordó las
facultades de la autoridad judicial en esta etapa del proceso.
Precisó que de la lectura del escrito de recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia del 28 de
junio de 2021 se concluye que la interesada no cumplió con la carga
argumentativa propia de este tipo de actuaciones judiciales porque no
argumentó su inconformidad ni tampoco demostró la relación de esta con la
decisión del a quo. Al respecto, agregó:
«En primer lugar, no manifestó con claridad ni concreción las razones por las
cuales se encuentra inconforme con el fallo de primera instancia.
…
Según lo planteado, la inconformidad de la recurrente radicó en la supuesta
omisión en que incurrió el a quo al no estudiar en su sentencia lo que tituló
como la ‘incompatibilidad de honorarios’ que supuestamente había sido
planteada por ella misma tanto en el escrito de la demanda como en los
alegatos de conclusión. No obstante, a reglón seguido y a efectos de
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
justificarse, la interesada expuso breves cuestiones completamente carentes
de coherencia, orden, argumentación o sustento jurídico, de los cuales no era
posible determinar con certeza cuál era el asunto concreto que el Tribunal
omitió y por el cual erró en su decisión de negar la pérdida de investidura del
señor CELY OVALLE.
…
En segundo lugar, aun de llegar a considerarse que la parte interesada sí
manifestó con claridad y concreción sus razones de inconformidad, salta a la
vista que los reparos efectuados por aquella no tienen relación alguna con la
providencia recurrida ni con el proceso judicial en sí mismo.
A efectos de demostrar esta circunstancia, se impone hacer la siguiente
precisión: no es cierto que en el escrito de la demanda se planteara el cargo
titulado ‘incompatibilidad de honorarios’ o se hiciera referencia alguna a la
incompatibilidad de los honorarios de los Concejales consagrada en el
parágrafo 1 del artículo 66 de la Ley 136 de 1994. Es cierto que se hizo breve
mención sobre el particular en los alegatos de conclusión de la demandante,
sin embargo, ni siquiera allí fue planteado con claridad ni detenimiento; y, de
haberlo hecho, el a quo se encontraba imposibilitado para desarrollar este
asunto porque no hacía parte del litigio que había sido fijado desde el inicio
del proceso a partir de la demanda y la contestación de la demanda. Siendo
así, resulta apenas natural que en el fallo objeto de apelación no se hubiera
hecho mención a dicha cuestión.
Así las cosas, si el fallador de primera instancia no se encontraba obligado a
pronunciarse en relación con la prohibición consagrada en el parágrafo 1 del
artículo 66 de la Ley 136 de 1994…» (negrillas dentro del texto original)
Agregó que el Consejo de Estado desbordó sus facultades como fallador de
segunda instancia, pues la recurrente señaló explícitamente estar de
acuerdo con la tesis del Tribunal de primera instancia según la cual las
normas que regulan las incompatibilidades de los servidores públicos son
restrictivas y no admiten analogías.
Adujo que, por tanto, su inconformidad se centró en la supuesta omisión en
que había incurrido el a quo al resolver el asunto sometido a controversia sin
tener en cuenta lo relativo a la incompatibilidad de los honorarios de los
concejales consagrada en el parágrafo 1° del artículo 66 de la Ley 136 de
1994.
Sostuvo que, por lo anterior, el análisis jurídico que estaba llamado a ser
efectuado por la autoridad judicial acusada debía versar única y
exclusivamente sobre lo planteado por la recurrente en relación con la
incompatibilidad de los honorarios de los concejales establecida en la ley.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Precisó que, contrario al deber ser, de la redacción del problema jurídico de
la sentencia demandada, que es casi idéntico al formulado en primera
instancia, se puede advertir que la autoridad judicial acusada no se limitó a
desarrollar la inconformidad que había sido planteada por la apelante en
relación con la incompatibilidad de los honorarios de los concejales
consagrada en el parágrafo 1° del artículo 66 de la Ley 136 de 1994, sino
que se extendió a todos los cargos planteados desde la demanda misma.
Mencionó que, en otras palabras, el recurso de apelación interpuesto por la
demandante en el proceso fue resuelto por la autoridad de segunda instancia
como si se tratara de la demanda inicialmente interpuesta.
Destacó que con esta actuación la Sala demandada no solamente
desconoció y desdibujó completamente la voluntad de la parte recurrente,
sino que además desbordó con creces sus facultades como juez de segunda
instancia. Lo anterior, porque no atendió el asunto particular que había sido
propuesto en el recurso de apelación y porque extendió su decisión a los
asuntos que ya habían sido resueltos por el Tribunal Administrativo de
Santander de manera satisfactoria para ambas partes en el proceso.
3.3. Violación directa de la Constitución
Consideró que con la providencia cuestionada se incurrió en un defecto de tal
naturaleza por los siguientes motivos:
Adujo que en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional. El fallo
desconoció las exigencias en materia de valoración del elemento subjetivo de
la conducta del demandado establecidas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU 424 de 2016, en los términos señalados y desarrollados en el
apartado inmediatamente anterior.
Explicó que se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata, pues la providencia acusada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la participación política, al trabajo, al
mínimo vital, los principios constitucionales pro persona y de favorabilidad.
Reiteró que la tesis que debió haber sido adoptada por la autoridad judicial
demandada es la de «considerar que régimen de incompatibilidades de los
Concejales es taxativo y especial, consagrado en el artículo 45 de la Ley 136
de 1994, siendo aplicable de forma totalmente autónoma y específica al
enmarcarse en las excepciones legales admitidas por la Constitución.»
Expuso que ello es así, entre otras razones, porque constituía la
interpretación normativa más favorable para él y la que más se ajustaba a la
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
totalidad de sus derechos fundamentales que se encontraban en vilo con la
decisión de pérdida de investidura; en especial, los derechos fundamentales
a la participación política, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso.
Indicó que la anterior era la postura jurídica que garantizaba la prevalencia
de los principios constitucionales de favorabilidad y pro personal, no
obstante, la autoridad judicial demandada además de que no mencionó la
favorabilidad, se inclinó por la postura que resultó menos favorable para él en
términos de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
4. Trámite de la solicitud de tutela
Con auto del 21 de abril de 2022, se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado.
Como terceros con interés se dispuso la vinculación de los magistrados que
conforman el Tribunal Administrativo de Santander, de la señora Ana María
Rodríguez Beltrán (demandante en el proceso de pérdida de investidura), así
como del «concejal que fue llamado a ocupar la curul que dejó vacante el
señor Yorgín Harvey Cely Ovalle con la declaración de pérdida de investidura
y al presidente del Concejo Municipal de Barbosa (sic)»4.
Para tal efecto, se dispuso lo siguiente:
«La notificación a la señora Ana María Rodríguez Beltrán puede efectuarse a
la dirección electrónica arodriguez340@unab.edu.co, según la información
suministrada por el demandante.
De igual forma, con el fin de informar a eventuales interesados en el presente
trámite, publíquese un aviso en sitio web del Consejo de Estado sobre la
existencia de esta acción.»
A su vez, se requirió el expediente ordinario en préstamo y se reconoció
personería al abogado de la parte demandante.
4
El apoderado de la parte actora aportó información de contacto con escrito enviado
electrónicamente el 25 de abril de 2022, así: «… me dirijo a este Despacho sustanciador
para aportar los datos de identificación y notificación a los que fue posible acceder del
Concejal que fue llamado a ocupar la curul que dejó vacante el señor Yorgín Harvey Cely
Ovalle con la declaración de pérdida de investidura: [ ] Nombre: Henry Alberto Jiménez
Santos correo: fernandajimenez945@gmail.com...» y, del «actual Presidente del Concejo de
Barbosa es el H.C. Juan Pablo Hernández Beltrán si bien no fue posible conocer el correo
electrónico de notificación del funcionario, según el portal web oficial, el correo electrónico de
notificación de la Corporación es german_barajas@hotmail.com.»
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
5. Contestaciones
5.1. Consejo de Estado, Sección Primera
La magistrada ponente de la sentencia demandada, se opuso a la
prosperidad de la solicitud de tutela, por no cumplir con el presupuesto de la
relevancia constitucional, bajo los siguientes motivos:
Manifestó que no hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados
como violados en la acción de tutela, por cuanto con dicho escrito lo que se
pretende, en realidad, es reabrir la discusión de fondo propuesta desde la
defensa del concejal accionante en el proceso ya debatido.
Señaló que el actor pretende cimentar los supuestos defectos a partir de su
evidente disconformidad con las conclusiones que ya vertió la Sala, luego del
análisis integral del acervo probatorio que descansa en el expediente, por
cuanto, en su sentir, la sentencia ha debido acoger las mismas apreciaciones
propuestas desde la contestación de la demanda y adoptar idéntica
perspectiva exculpatoria en el marco de la causal de pérdida de investidura
de violación del régimen de incompatibilidades, lo que, sin lugar a duda, está
lejos de configurar los desaciertos invocados en la tutela.
Hizo referencia a las generalidades del aludido requisito general de
procedencia, para denotar que en el caso concreto lo que se pretende es
utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional,
habida cuenta de que las críticas contenidas en dicho escrito buscan reabrir
el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca
la interpretación del actor sobre la acogida por la Sección Primera del
Consejo de Estado.
Expuso que el escrito de la acción de tutela corresponde a un extenso
alegato jurídico de instancia con el que se pretende contradecir el análisis
objetivo y subjetivo de la configuración de la causal en cuestión, a partir de la
revaluación de la manera como, tanto el Tribunal como la Sección Primera,
aplicaron las normas en el caso concreto, así como de la imposición de la
visión particular del tutelante respecto de la interpretación del acervo
probatorio a su favor.
Adujo que, con todo, ello no era óbice para reiterar las consideraciones
expuestas en la sentencia de 10 de febrero de 2022, lo cual efectuó a
continuación, así:
« II.2.1.- Como primer aspecto debe advertirse que la acción de tutela inicia
su argumentación desde un punto de partida errático y lejano de la realidad
judicial en el que se desenvuelve la incompatibilidad prevista, para los
cabildantes municipales y distritales, en el artículo 127 Superior, en
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
consonancia con el artículo 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80 de 1993,
como quiera que no resulta cierto el aparente dilema con el que tuvo que lidiar
el concejal YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, al momento en que
voluntariamente gestionó y celebró en interés propio los contratos de
prestación de servicios profesionales núms. AMJM-CD 001-2020 de 8 de
enero y 042-2020 de 8 de julio de 2020 con el municipio de Jesús María
(Santander), ante la evidente inexistencia de la invocada dualidad de criterios
en la jurisprudencia de la Sección Primera y ausencia de seguridad jurídica en
su aplicación.
Y es que, con ello, el actor de tutela pretende traer un nuevo escenario a la
discusión de la configuración de la referida incompatibilidad, que en ningún
momento fue planteado desde la defensa del concejal en el proceso de
desinvestidura, y que por lo mismo permaneció ausente del litigio fijado al
interior del proceso contencioso, -delimitación del pleito que no fue
controvertido por las partes-, sin perjuicio de reiterar que dicho argumento
carece de veracidad alguna.
Basta, inicialmente, con revisar los planteamientos en la contestación del
concejal, para establecer que no se defendió amparado en que el asunto
sometido a estudio, supuestamente, no ha sido pacífico en la jurisdicción, sino
que lo hizo:
(i) Haciendo su propio análisis jurídico de la forma cómo debían entenderse y
aplicarse las normas involucradas en la contienda, desde su particular
perspectiva… (ii) alegando estar inmerso en una de las excepciones legales
para contratar con el Estado, a pesar de ostentar la calidad de concejal
municipal en ejercicio de sus funciones; (iii) recordando que los dos contratos
de prestación de servicios profesionales no fueron celebrados con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que manejaran recursos públicos del
municipio de Barbosa (Santander), en el cual ejercía de concejal…»
Sostuvo que la sentencia cuestionada no pretermitió el abordaje de ninguno
de los argumentos de la defensa del concejal, con más razón de ese que no
fue esgrimido por el despojado de su investidura al interior del proceso y que
solo lo esgrime, ahora, en el curso de la acción de tutela, por lo que se atuvo
a los precisos límites fijados tanto por la solicitud de pérdida de investidura
como de su contestación, apelación, acervo probatorio y demás actividad
procesal para resolver la contienda.
Recordó que, en sentencia del 19 de abril de 20185, la Sala admitió que
hasta antes de dictarse la providencia del 21 de enero de 20166 no podía
predicarse la existencia de una línea clara ni consistente de esta Sección que
permitiera afirmar, sin lugar a equívocos, que acorde con el contenido
5
Expediente 41001233300020170035901, magistrado ponente Oswaldo Giraldo López.
6
Número único de radicación 13001233300020140033301, magistrado ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
constitucional y normativo, pudiera deducirse que a los concejales les estaba
prohibido celebrar contratos estatales con municipios diferentes a donde
resultó elegido, o que la jurisprudencia más cercana a los hechos se
inclinaba por permitir este cuestionamiento.
Añadió que, en dicho pronunciamiento se dejó claro que, desde el momento
de proferirse la referida sentencia de 21 de enero de 2016, la posición de la
Sala era la de determinar como prohibición para los concejales municipales y
distritales, celebrar contratos con entidades públicas, cualquiera fuese su
orden, y sin importar si se trataba o no del mismo ente territorial para el cual
fungía como cabildante.
Advirtió que permanece incólume e inalterado el criterio establecido por la
Sección Primera desde la sentencia de 21 de enero de 2016, para precisar el
alcance y el contenido de la incompatibilidad constitucional, con fines de
desinvestidura, prevista en el artículo 127 Superior, en consonancia con el
artículo 8º, numeral 1°, literal f), de la Ley 80 de 1993, respecto de la cual,
contrario a lo sostenido por el actor de tutela, es autónoma y aplicable a los
concejales en calidad de servidores públicos, sin que le sea posible al Juez
desactivarlas con el pretexto injustificable de tenerlas como normas
abstractas carentes de aplicación material y de asumir como únicas las
prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
Mencionó que, en este sentido, se ha establecido que el artículo 127
Constitucional, tampoco discrimina o condiciona la operatividad de esa
incompatibilidad a la circunstancia territorial que propuso el concejal, según
la cual se pueden superar los efectos jurídicos de la prohibición de contratar
con entidades públicas si el negocio se celebra con un municipio distinto al
que representa popularmente.
Refirió que, lejos de ello y mientras estén desempeñando sus funciones
corporativas, la realidad jurídica les impide a los concejales contratar con
entidades públicas, cualquiera sea su orden territorial y similitud con el
municipio dentro del cual fueron elegidos.
Destacó que en relación con lo previsto en el artículo 45, numeral 1°, de la
Ley 136 de 1994, siendo una norma distinta y autónoma del artículo 127
Superior, ésta impide la celebración de contratos o la realización de
gestiones con personas naturales o jurídicas, pero de derecho privado. Y
que, para el caso concreto, tal como se indicó en la decisión reprochada no
se configuró la prohibición del artículo 45, numeral 1°, de la Ley 136, en tanto
el municipio de Jesús María (Santander) no es una persona jurídica de
derecho privado, pero, se reitera, son dos escenarios distintos.
Citó el contenido de la sentencia del 21 de enero de 2016, punto de inicio de
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
la postura jurisprudencial definitiva del artículo 127 Constitucional y que
permanece en vigor desde entonces, luego de analizar las precisas
consideraciones vertidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-194 de
4 de mayo de 1995; postura que ha sido reiterada en las sentencias de 30 de
junio de 20177, 2 de agosto de 20178, 31 de agosto de 20179, 15 de marzo
de 201810, 19 de abril de 201811 y 8 de junio de 201812, así como también
son prueba de su continuidad en la línea jurisprudencial, las sentencias
posteriores de 16 de abril de 202013, 24 de junio de 202114, 29 de julio de
202115, y 30 de septiembre de 202116.
Reiteró que el argumento de la ausencia de postura pacífica respecto de la
aplicación de la incompatibilidad del artículo 127 superior no fue esgrimido a
su favor por el concejal en el proceso de su desinvestidura, sino que, una vez
atendido, carece de certeza al existir una postura unificada desde la
sentencia de 21 de enero de 2016 que censura la celebración de contratos
con entidades públicas por parte de los concejales, sin importar si es o no el
mismo ente territorial; criterio que le fue aplicado en dicho trámite,
precisamente, en respeto de garantías procesales como la de seguridad
jurídica y confianza legítima.
Señaló que, en gracia de discusión, de haberle subsistido alguna inquietud al
concejal al momento de la celebración de los referidos contratos, debió
probar la solicitud de conceptos jurídicos o asesorías especializadas que le
permitieran resolverla, de lo cual no hubo evidencia alguna en el proceso de
pérdida de investidura.
Añadió que la improcedencia de asignaciones provenientes del tesoro
público del respectivo municipio constituye una prohibición legal que no solo
no representa el factor prohibido o censurado en el presente caso, sino que
7
Número único de radicación 08001233300020160027801, consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez.
8
Número único de radicación 73001233300520160062001, consejera ponente María
Elizabeth García González.
9
Número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01, consejera ponente María
Elizabeth García González.
10
Número único de radicación 73001233300020140055301, consejera ponente María
Elizabeth García González.
11
Número único de radicación número 41001233300020170035901, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
12
Número único de radicación 25000234200020170429301, consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
13
Número único de radicación 54001-23-33-000-2019-00091-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
14
Número único de radicación 05001233300020190174701, consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
15
Número único de radicación 44001234000020200023201, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.
16
Número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02158-01, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
tampoco habilita la realización de negocios del cabildante con entidades
territoriales distintas a la que representa.
Destacó que, si bien en este asunto las asignaciones que percibió el concejal
provinieron de dos municipios diferentes, Jesús María (Santander) por
concepto de honorarios profesionales causados en sendos contratos de
prestación de servicios profesionales, y Barbosa (Santander) en cuanto a los
honorarios que podía cobrar por las sesiones asistidas, lo cierto es que las
normas que regulan la incompatibilidad en que incurrió, -artículos 127,
Superior, y 8º, numeral 1°, literal f), de la Ley 80 de 1993-, prohíben cualquier
negocio efectuado con entidades públicas sin distingo alguno.
Recordó que las normas legales deben integrarse con las normas
constitucionales para deducir lo que quiso decir el legislador cuando implantó
la prohibición de que los concejales contraten con el Estado, pues de su
lectura sistemática se colige, primordialmente, que con ella lo que se
pretende es proteger el interés general, la probidad de los servidores
públicos y evitar la indebida injerencia en la gestión de los asuntos públicos
de quienes hacen parte de las Corporaciones de elección popular.
Adujo que tampoco le es posible exonerar de responsabilidad al concejal, a
partir de sus circunstancias económicas particulares, ni atendiendo al hecho
alegado en la tutela, según el cual, los ingresos que percibió por concepto de
honorarios por asistencia a sesiones durante el período en que estuvieron
vigentes los contratos suscritos con el municipio de Jesús María (Santander),
no eran suficientes para garantizar una digna manutención propia y de su
familia, porque ello, distante de justificarlo, permite observar que su lugar de
trabajo no estaba en el Concejo Municipal de Barbosa (Santander),
laborando al servicio de la comunidad y del bien común en representación
del electorado, sino en otro escenario en el que pudiera ver realizadas sus
aspiraciones profesionales y de índole pecuniario.
Resaltó que, respecto del elemento subjetivo, la Sala advierte que no puede
tener como eximente de culpa el solo hecho relacionado con que el concejal
estudió las normas y jurisprudencia del caso bajo examen, habida cuenta de
que, como ya se anunció, ese análisis resultó errado y alejado de los
antecedentes jurisprudenciales aplicables a la contratación pública celebrada
por miembros de corporaciones públicas territoriales.
Expuso que el acervo probatorio fue contundente en evidenciar que, en
contravía de lo sostenido en su defensa, el accionante debía tener pleno
conocimiento de la naturaleza negocial de los contratos que celebró con el
municipio de Jesús María (Santander) y de su prohibición bajo las
circunstancias de los artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1°, literal f),
de la Ley 80.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Relató la información contenida en el formato único de hoja de vida del actor,
para destacar que, a partir de su adecuada formación profesional y
experiencia laboral, era necesario que al iniciar el ejercicio de su cargo de
concejal conociera cuáles eran las incompatibilidades que lo gobernaban y
sus vicisitudes, entre ellas la de celebrar contratos con entidades públicas,
pero, aun así, decidió seguir adelante en el sentido de gestionar y suscribir
los referidos negocios.
Manifestó que el comportamiento del concejal correspondió a la falta de
cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en
sus negocios propios, en la medida en que, se reitera, los artículos 127
Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, le imponían una
prohibición que decidió obviar.
Consideró que tampoco desconoció la naturaleza, el objeto y los
requerimientos mínimos del recurso ordinario de apelación, ni desbordó las
facultades de la autoridad judicial en esta etapa del proceso, como quiera
que, pese a que el escrito de alzada no fue extenso, sí explicó con suficiencia
sus censuras contra la sentencia del Tribunal, cumpliendo con la carga
argumentativa necesaria para concederlo desde la primera instancia y
admitirlo en la segunda de éstas.
Añadió que en dicho escrito se indicó, claramente que, si bien el Tribunal
tenía razón al señalar que las normas que regulan el juicio sancionatorio de
pérdida de investidura son de interpretación restrictiva, lo cierto era que
«…dado que el constituyente no realizó distinción alguna, se entiende que la
violación a cualquier incompatibilidad será causal de pérdida de
investidura…». Además, señaló que los servidores públicos no pueden
celebrar contratos con entidades estatales y, por ende, es una
incompatibilidad en los términos del artículo 127 Constitucional y del artículo
8º, numeral 1°, literal f), de la Ley 80, entre otros argumentos.
5.2. Tribunal Administrativo de Santander
La escribiente G1 Despacho 06 IMMS de dicha Corporación, en
cumplimiento del requerimiento 44925, allegado a esta Corporación el día de
22 de abril de 2022, remitió el expediente digitalizado bajo el radicado 68001-
23-33-000-2021-00181-00 con el siguiente «LINK SAMAI:
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid
=68001-23-33-000-2021-00181-0111001032400099».
6. Trámite posterior
Mediante auto del 13 de mayo de 2022, se dispuso que se efectuara la
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
notificación al Concejo Municipal de Barbosa (Santander), puesto que, para
efectos de la notificación ordenada en el auto admisorio de la acción de
tutela, la Secretaría General de esta Corporación remitió el correo electrónico
se «concejo@barbosa.gov.co», esto es, al Concejo Municipal de Barbosa
(Antioquia).
A su vez, se ordenó librar oficio al Concejo Municipal de Barbosa (Santander)
para que informara la dirección de correo electrónico del concejal que
reemplazó al tutelante.
6.1. Intervenciones
Surtidas las notificaciones correspondientes, solo se observa la siguiente
intervención:
6.1.1. Concejo de Barbosa (Santander)
A través del secretario de dicha entidad, el aludido vinculado informó que
«…revisados los archivos de gestión del Concejo Municipal de Barbosa
Santander, m[á]s exactamente la hoja de vida del Honorable Concejal Henry
Alberto Jiménez Santos, identificado con la c[é]dula de ciudadanía No.
91.013.211, expedida en Barbosa Santander, se encuentra registrado su
EMAIL: fernandajimenez945@gmail.com»; al cual la Secretaría General de
esta Corporación efectuó la correspondiente notificación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento se cumplen con
los presupuestos generales de procedencia y, de ser así, si la Sección
Primera del Consejo de Estado incurrió en los defectos específicos alegados
por la parte actora al dictar la providencia del 10 de febrero de 2022 con la
que revocó el fallo del 28 de junio de 2021, proferido por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Santander, que había negado las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, decretó la pérdida de su investidura como
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
concejal del municipio de Barbosa (Santander), periodo constitucional 2020-
2023, en el proceso con radicación 68001-23-33-000-2021-00181-01.
Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17, mediante
el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales18, conforme
al cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de
considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo
es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto
paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»19.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción
de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela
que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».
17
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
18
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
19
Ibidem.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia20 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que
no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del
amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Examen de requisitos generales
En primer lugar, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional en
la medida en que el conflicto suscitado involucra el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
20
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de
la Corte Constitucional.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
A su vez, se observa que no se trata de una tutela contra decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia que censura la parte accionante se
profirió en el trámite de un proceso de pérdida de investidura.
Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez21,
pues la providencia mediante la cual se agotó el recurso de apelación y que
puso fin al proceso que se cuestiona data del 10 de febrero de 2022,
mientras que la acción de tutela se presentó el 18 de abril de la misma
anualidad, por lo que, sin que sea necesario indicar la fecha de notificación y
la de su posterior ejecutoria, se advierte un ejercicio oportuno de ésta.
Finalmente, la Sala encuentra cumplido el presupuesto de la subsidiariedad
en lo que corresponde al defecto sustantivo y por violación directa de la
Constitución, en tanto que la parte accionante no cuenta con medios de
impugnación ordinarios o extraordinarios para su defensa, pues no se
advierte que se acrediten los presupuestos legales para la procedencia de
estos.
En relación con el defecto procedimental absoluto que el accionante basó
principalmente en que, de conformidad con el recurso de apelación
presentado en contra de la sentencia de primera instancia, el análisis jurídico
que estaba llamado a ser efectuado por la autoridad judicial acusada debía
versar única y exclusivamente sobre lo planteado por la recurrente en
relación con la incompatibilidad de los honorarios de los concejales
establecida en la ley.
De manera que, para la parte actora en la providencia demandada se incurrió
en el aludido defecto puesto que se: a) desconoció la naturaleza, el objeto y
los requerimientos mínimos del recurso ordinario de apelación y; b) desbordó
las facultades de la autoridad judicial en esta etapa del proceso; argumentos
estos que conducen a cuestionar la competencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado para resolver el asunto en cuestión.
Como el accionante sustentó el defecto procedimental en dos asuntos, el
presupuesto de la subsidiariedad se analizará de la siguiente manera:
En cuanto al primer punto, relacionado con la falta de cumplimiento del
21
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce
el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
o, por lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el
paso prolongado del tiempo indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia
de la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación. La razón de
ser del referido principio es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice
como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que
debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron o que la misma se
convierta en factor de inseguridad jurídica.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
requisito de carga argumentativa de la apelación que instauró la ciudadana
Ana María Rodríguez Beltrán, en calidad de demandante, contra el fallo que
denegó la pérdida de investidura, el concejal Yorgín Harvey Cely Ovalle pudo
instaurar recurso de reposición en contra del i) auto que concedió la
apelación y ii) en contra del proveído con el cual la Sección Primera de esta
Corporación admitió la alzada, pues es en esas etapas procesales que se
verifica si el recurso cumple con los presupuestos para su concesión y
admisión.
Ahora bien, en lo atinente a la falta de competencia del juez de segunda
instancia, pues a juicio del actor la Sección Primera del Consejo de Estado
desbordó las facultades al decidir más allá de lo solicitado en el recurso de
apelación, tal argumento se interpreta como extra petita e incongruente, por
lo que, procede el recurso extraordinario de revisión.
En relación con el desconocimiento del principio de congruencia como
causal de nulidad de la sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, con ponencia del
magistrado Alberto Yepes Barreiro, con providencia del 2 de febrero de
2016, dentro del expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00, indicó:
«En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.
Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con
este principio y la violación del derecho al debido proceso ha considerado
que:
‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del
derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, ‘en la medida que impide determinadas decisiones
porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él
se pidió, debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el
principio de congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes
denominadas vías de hecho, hoy causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales’.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión
cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la
cual la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos,
cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la
incongruencia externa o interna pueda generar la invalidez de la decisión
debe ser fundamental o radical, es decir, ha de ser de tal magnitud que no
exista remedio distinto a su nulidad.
…»22
Por tanto, en relación con el cargo relacionado con la falta al principio de
congruencia que deviene de la ausencia de competencia de la autoridad
judicial demandada al abordar un análisis que no le correspondía de
conformidad con lo apelado, para la Sala resulta procedente el recurso
extraordinario de revisión en virtud de la causal nulidad originada en la
sentencia establecida en el numeral 5° de la Ley 1437 de 2011, norma que
señala: «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación.»
Por tanto, el fundamento que motivó su solicitud de amparo en cuanto al
defecto procedimental absoluto porque, a su juicio, la Sección demandada
desbordó su competencia e incurrió en una incongruencia pueden ser
cuestionados a través del aludido recurso extraordinario, ya que la acción de
tutela no puede sustituir el mecanismo de defensa con el que cuenta la parte
demandante para la defensa de su derecho fundamental al debido proceso,
dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de este medio constitucional.
De manera que, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad
de la cosa juzgada e infirmarlas cuando se logre demostrar de manera
inequívoca que tal decisión es injusta por incurrir en alguna de las causales
que taxativamente consagra la ley.
22
En dicha decisión también se indica que la congruencia externa de la sentencia implica
que el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante
como por la parte demandada. Y, la congruencia interna, que es la coherencia que ha de
existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Al respecto, la Sala Plena consideró «…la naturaleza del recurso extraordinario
de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal,
como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un
orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política»23.
También en esa oportunidad se señaló: «…el recurso extraordinario de revisión
conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias
ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite
cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada
material».
A su vez, la Corte Constitucional sostuvo que el recurso extraordinario de
revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas,
a fin de restablecer la justicia material del caso concreto24.
Por tanto, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el presupuesto de la subsidiariedad en lo que respecta al defecto
procedimental absoluto, pues la parte actora contaba y cuenta con otros
medios de defensa como lo son los antes mencionados.
5. Caso concreto
La parte actora considera que la Sección Primera del Consejo de Estado al
dictar la providencia del 10 de febrero de 2022 con la que revocó el fallo del
28 de junio de 2021, proferido por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
de Santander, que había negado las pretensiones de la demanda para, en su
lugar, decretar la pérdida de su investidura como concejal del municipio de
Barbosa (Santander), periodo constitucional 2020-2023, en el proceso con
radicación 68001-23-33-000-2021-00181-01, incurrió en los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución.
A su vez, la aludida autoridad judicial cuestionada se opuso a la prosperidad
de lo solicitado al considerar que lo pretendido por el demandante es reabrir
la discusión de fondo propuesta desde la defensa del concejal accionante en
el proceso ya debatido, pues es evidente su disconformidad con las
conclusiones de la decisión, por lo que, su finalidad es que se acojan las
mismas apreciaciones propuestas desde la contestación de la demanda y
adoptar idéntica perspectiva exculpatoria en el marco de la causal de pérdida
de investidura de violación del régimen de incompatibilidades.
23
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18
de octubre de 2005, expediente REV-00226.
24
Sentencia C - 418 de 1994.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
De manera que, se procederá con el siguiente análisis conjunto de los
defectos específicos sustantivo y violación directa de la Constitución, pues se
fundamentan en similares argumentos, así:
La Corte Constitucional25 ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al
caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»26.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
i. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente27 o porque ha sido derogada28, es
inexistente29, inexequible30 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador31.
ii. No se hace una interpretación razonable de la norma32.
iii. La disposición aplicada es regresiva33 o contraria a la Constitución34.
iv. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición35.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio.
26
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31
de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de
febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio entre otras.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa
28
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
29
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería
30
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
31
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
32
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
33
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba
Triviño
34
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
35
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma36 .
vi. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
En relación con la violación directa de la Constitución, la Corte Constitucional
ha establecido lo siguiente:
«Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la
admisión de específicos supuestos de procedebilidad (sic) en eventos en los
que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales…»37.
Para formular el defecto sustantivo, la parte accionante consideró que la
interpretación de la Sección Primera del Consejo de Estado según la cual el
artículo 127 de la Constitución Política constituye una incompatibilidad
autónoma aplicable a los concejales no se ajusta a la Carta Política, pues
estos funcionarios se rigen por un sistema especial de incompatibilidades
consagrado en los artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994, el cual debe ser
concebido como una de las excepciones legales previstas en la referida
norma constitucional.
El actor refiere que la prohibición de contratar con entidades públicas durante
el período en que se ostente la investidura de concejal solamente se
circunscribe al respectivo municipio en que se fue elegido; por lo que, a su
juicio, no incurrió en ninguna incompatibilidad al resultar elegido como
concejal de Barbosa (Santander) durante el período constitucional 2020-2023
y, con tal calidad, celebrar dos contratos de prestación de servicios con el
municipio de Jesús María (del mismo departamento) con el objeto de prestar
asesoría jurídica al ente territorial en materia de contratación pública y
representación judicial, dado que su profesión es la de abogado con
postgrados en derecho administrativo y contratación estatal y que ejerce
desde el año 2000.
A su vez, en lo atiente al defecto por violación directa de la Constitución, el
actor manifestó que la tesis que debió haber sido adoptada por la autoridad
judicial demandada es la de «considerar que régimen de incompatibilidades
de los Concejales es taxativo y especial, consagrado en el artículo 45 de la
Ley 136 de 1994, siendo aplicable de forma totalmente autónoma y
específica al enmarcarse en las excepciones legales admitidas por la
36
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
37
Sentencia C - 590 de 2005.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Constitución.»
Al respecto, se encuentra que la autoridad judicial demandada resolvió el
asunto bajo la tesis según la cual, las incompatibilidades establecidas en los
artículos 127 superior y el 8°, numeral 1°, letra f) de la Ley 80 de 1993 son
autónomas y aplicables a los concejales en calidad de servidores públicos.
Así, se advierte que en la providencia demandada planteó el siguiente
problema jurídico:
«Le corresponde a la Sala establecer si el concejal, señor YORGÍN HARVEY
CELY OVALLE, incurrió en la causal de pérdida de investidura consistente en la
configuración de la incompatibilidad para contratar con el Estado, prevista en el
artículo 127 de la Constitución Política, en consonancia con los artículos 8º,
numeral 1, literal f), de la Ley 80, 45, numeral 4, de la Ley 136, y 48 de la Ley
617, al celebrar con el municipio de Jesús María (Santander), los contratos de
prestación de servicios profesionales núms. AMJMCD 001-2020 de 8 de enero y
042-2020 de 8 de julio de 2020.»
A partir lo anterior, la autoridad judicial acusada expuso el marco normativo
relativo a las causales de incompatibilidad previstas en los artículos 127 de la
Constitución Política; 8, numeral 1, literal f), de la Ley 80; y 45, numeral 4, de
la Ley 136 de 1994.
De manera que, se observa que la Sección Primera de esta Corporación
resolvió la aplicación normativa, bajo la siguiente interpretación:
«La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que la prohibición de los
servidores públicos de contratar con el Estado, a partir de lo determinado en el
artículo 127 Superior, constituye una violación al régimen de incompatibilidades
aplicable a los concejales, en consonancia con el veto establecido en el artículo
8°, numeral 1°, literal f), de la Ley 80, que en realidad corresponde a una
incompatibilidad para los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, -que
no a una inhabilidad-, de participar en licitaciones y celebrar contratos con las
entidades estatales, así…
…
133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la prohibición que constituye
incompatibilidad establecida por el inciso primero del artículo 127 de la
Constitución
Política es una causal autónoma que prohíbe a los servidores públicos, entre
ellos a los concejales municipales o distritales, en forma general, ‘[…] celebrar,
por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno
con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren
recursos públicos, salvo las excepciones legales […]’.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
134. Por último, la Sala considera que la tesis anterior encuentra respaldo en la
sentencia C-194 de 4 de mayo de 1995, proferida por la Corte Constitucional;
oportunidad en la cual se realizó el estudio de constitucionalidad de, entre otros,
los artículos 45 y 47 de la Ley 136 […]’38
Acerca del carácter de servidor público que ostentan los concejales, la Corte
Constitucional ha expresado:
‘[…] Respecto de los concejales municipales, la Constitución consagra en
forma enfática (art. 312 C.P.) que ‘los concejales no tendrán la calidad de
empleados públicos’. No obstante, en el artículo 123 ibídem sí se
establece con claridad que los miembros de las corporaciones públicas
son servidores públicos. Y es que no es lo mismo pertenecer a este
género (servidor público) –que abarca a todos los que mantienen un
vínculo laboral con el Estado, bien desde el punto de vista legal y
reglamentario o puramente contractual…»
Asimismo, se observa que en la sentencia demandada se indicó que también
en el supuesto previsto en el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley 80, se
puede estructurar válidamente la violación del régimen de incompatibilidades
previsto para los concejales, en la medida en que aquella disposición hace
parte de un conjunto de preceptos de orden constitucional y legal que
prohíben a los concejales celebrar contratos con entidades públicas, a lo que
se agrega que, de acuerdo con el artículo 123 de la Carta Política son
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
A su vez, en la providencia cuestionada se abordó lo relativo a la causal de
incompatibilidad estipulada en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136 de
199439, así como la línea jurisprudencial que le atañe, para destacar que su
configuración exige unos supuestos a saber: i) celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o con personas jurídicas de derecho
privado, ii) que dichas personas administren, manejen o inviertan fondos
públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo
o reciban donaciones de éste.
Al tiempo, la autoridad acusada aclaró que para que se configuren las
causales de incompatibilidad del asunto en cuestión, debían reunirse los
siguientes elementos en cualquiera de las hipótesis a saber:
38
«25 Cit. sentencia de 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-
2019-00091-01 (PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.»
39
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
«En cuanto a la prohibición constitucional autónoma del artículo 127 Superior,
en consonancia con el artículo 8°, numeral 1, literal f), de la Ley 80, que el
concejal, estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado, por sí o por
interpuesta persona, o en representación de otro, contrato: (i) con una entidad
pública cualquiera sea su nivel territorial, e indistintamente de si se trata o no del
mismo municipio para el cual resultó elegido, o (ii) con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones enlistadas en el
artículo 10º, de la Ley 80…»
De igual manera, en la sentencia cuestionada se advirtió que en relación a la
restricción legal del artículo 45, numeral 4°, de la Ley 136 debe constatarse
que el concejal, estando en ejercicio de sus funciones, haya celebrado
contratos o realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de
derecho privado, así.
«(i) que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del
respectivo municipio, o (ii) que sean contratistas del mismo municipio o (iii)
reciban donaciones de éste. En los eventos comprendidos en este numeral
4, como en las restantes incompatibilidades descritas en el artículo 45, de
la Ley 136, debe tenerse en cuenta que se exceptúa de su configuración el
ejercicio de la cátedra, -parágrafo 1º-, así como aquellas situaciones
determinadas en el artículo 46, ídem, en las que los concejales podrían, ya
directamente, o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos:
‘[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b) Formular reclamos
por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que
graven a las mismas personas; c) <Literal subrogado por el artículo 42
de la Ley 617. El nuevo texto es el siguiente:> Usar los bienes y
servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social
ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se
ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo,
los concejales durante su período Constitucional no podrán ser
apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por
objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo
municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta
en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por
ciento (50%) del capital […]’.» (subrayado fuera del texto original)
De igual manera, en el fallo demandado se aclaró que, en lo relacionado con
la letra d), al constituirse en una excepción taxativa a la incompatibilidad de
celebrar contratos o realizar gestiones con ciertas personas naturales o
jurídicas de derecho privado, persistía la prohibición para los concejales de
ejercer la abogacía en los términos allí señalados, -ser apoderados o
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del
Poder Público, cuando medie la celebración, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, de contrato alguno con entidades
públicas-, habida cuenta de que se incurriría en la restricción prevista en la
primera parte del artículo 127, de la Carta Política, en consonancia con el
artículo 8º, numeral 1°, literal f), de la Ley 80 de 1993.
Así las cosas, para la Sala el criterio interpretativo plasmado en la
providencia demandada sigue la línea según la cual mientras estén
desempeñando sus funciones corporativas, la realidad jurídica les impide a
los concejales contratar con entidades públicas, cualquiera sea su orden
territorial y similitud, con independencia del municipio dentro del cual fueron
elegidos.
En lo particular, se advierte que la parte actora manifestó que el asunto no
era pacífico y que no existía unificación al respecto, por lo que, al
fundamentar el defecto sustantivo (en cuanto al elemento objetivo) y la
violación directa de la Constitución, puntualizó que el régimen especial de
incompatibilidades que gobierna a los concejales se encuentra consagrado
en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, siendo esta norma de aplicación
autónoma y taxativa.
Para ello, el demandante hizo referencia las sentencias del 2 de junio de
2006, 4 de febrero de 2010, 8 de mayo y 5 de junio de 2014, proferidas por la
Sección Primera del Consejo de Estado, según las cuales, la suscripción de
contratos con otras entidades territoriales distintas a la que el funcionario es
concejal, no es una incompatibilidad que conlleve a la pérdida de la
investidura. Al igual, citó la sentencia SU 424 de 2016 en la que se fijó la
siguiente regla:
«(ii) Los procesos electoral y de pérdida de investidura son autónomos,
pues ostentan particularidades formales y sustanciales que demuestran
que se trata de juicios disímiles, y por lo tanto, aunque en principio
deberían generar interpretaciones similares de una misma causal de
inhabilidad, ésta puede ser distinta. Ahora bien, aunque una causal de
inhabilidad puede ser interpretada de forma diferente por el juez de cada
proceso, éste tiene la carga de justificar por qué se aparta del precedente
horizontal o vertical en el que se haya efectuado un análisis desigual sobre
la configuración de la causal.
(iii) El sentido útil de la diferencia sustancial en el reproche originado por
los procesos electoral y de pérdida de investidura, radica en la necesidad
de evaluar la culpabilidad en el proceso constitucional. De esta forma, al
juez contencioso electoral le corresponde evaluar la validez del acto de
elección y no la conducta del demandado, es decir, realiza un juicio
objetivo de legalidad; mientras que al juez constitucional de pérdida de
investidura no solo le corresponde averiguar la adecuación de la causal,
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
sino también si la conducta del demandado concurrió a la ocurrencia de la
inhabilidad, en ese sentido, efectúa un juicio subjetivo.
…
(v) Las providencias censuradas no desconocen el precedente, pues la
Sala Plena del Consejo de Estado no se encontraba vinculada por la
interpretación que del artículo 179, numeral 5º, de la Constitución había
hecho la Sección Quinta del Consejo de Estado en el curso de los
procesos electorales sometidos a su conocimiento, sino que estaba
vinculada por su propio precedente, y argumentó con suficiencia por qué lo
reiteraría y se apartaría de la tesis adoptada por la Sección Quinta.
(vi) No se configura el defecto por indebida motivación, pues aunque las
providencias controvertidas incurren en imprecisiones, éstas no tienen la
entidad para configurar una falsa o indebida motivación. En efecto, el
fundamento de la valoración de la coincidencia de circunscripciones, se
basó en la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en el año 2002, criterio que se complementaba con una de
las dos posiciones adoptadas por la jurisprudencia de la Sección Quinta,
de manera que las diferencias identificadas por los accionantes no
comportan una argumentación “decididamente defectuosa”, “abiertamente
insuficiente” o, “inexistente”.
(vii) La gravedad de la sanción que se impone en el proceso de pérdida de
investidura, exige que éste se lleve a cabo con observancia del debido
proceso, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de
legalidad –las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por
analogía-, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad, y
culpabilidad. [aparte que adujo el actor como desconocido]
…
(xi) En el caso concreto no se valoró la diligencia en la averiguación del
estado de la jurisprudencia, la buena fe y la confianza que generó la
jurisprudencia reciente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
de manera reiterada interpretó la causal de inhabilidad contenida en el
artículo 5º del artículo 179 Superior de la misma manera. Así pues, la
sanción impuesta a los demandados no correspondió a un análisis de
culpabilidad, y en esa medida resultó desproporcionada respecto de la
conducta por ellos asumida en la configuración del hecho inhabilitante
reprochado. En consecuencia, esta Corporación encuentra que se
configuró un defecto sustantivo, pues se omitió la aplicación del principio
de culpabilidad que guía el procedimiento de pérdida de investidura.»
(subrayado fuera del texto original)
En relación con la mencionada sentencia de unificación, se precisa que la
Corte Constitucional enlistó las mencionadas conclusiones e hizo referencia
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
a que en los procesos de pérdida de investidura no era posible aplicar la
analogía pues las causales son taxativas, pero para diferenciar su naturaleza
con la del proceso electoral, pues ostentan particularidades formales y
sustanciales que demuestran que se trata de juicios disímiles. No obstante,
tal pronunciamiento de unificación no contiene una regla o subregla de
derecho que haya sido desconocida en la providencia demandada.
En lo particular, se observa que en la sentencia demandada se hizo
referencia a la sentencia de 16 de abril de 2020, dictada dentro del proceso
con número único de radicación 54001-23-33-000-2019-00091-01 (PI),
magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez y que fue suscrita por los
demás magistrados integrantes de la Sección Primera de esta Corporación,
sin salvedad o aclaración alguna, en la que se analizó la incompatibilidad
establecida en el artículo 127 de la Constitución Política como causal
autónoma de pérdida de investidura de concejal, los elementos para su
configuración y alcance.
Así, se observa que, en dicha providencia se estableció que la
incompatibilidad general establecida en el artículo 127 de la Constitución
Política, que prohíbe, entre otros, celebrar contrato con entidad pública, es
aplicable a los concejales en su condición de servidores públicos, sin que se
deba interpretar que excluye los demás ámbitos u órdenes territoriales de la
Administración Pública, en virtud del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
Al respecto, en la aludida providencia se consideró:
«132. Esta Sección ha considerado, en relación con la causal de
desinvestidura por incurrir en la prohibición que constituye incompatibilidad
establecida en el inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política,
lo siguiente:40
‘[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del artículo 45 de
la Ley 136 de 1994, que consagró las incompatibilidades de los
concejales, fue modificada por la Ley 177 de 1994 y, posteriormente,
fue derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la
que no puede edificarse, con sustento en ella, la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades. Sin
embargo, a juicio de la Sala, y contrario a lo manifestado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de la Carta Política
consagra una incompatibilidad para los concejales, en la medida en
que son servidores públicos, consistente en la prohibición de celebrar,
por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas, mientras ostenten tal condición, salvo
40
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 21 de
enero de 2016. Expediente radicación nro. 13001-23-33-000-2014-00333-01.M.P.Roberto Augusto
Serrato Valdés.
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
las excepciones legales. Así lo ha confirmado, inicialmente la Corte
Constitucional, en la Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta
Sala, en sentencia del 10 de marzo de 2005…
133. Lo anterior permite a la Sala concluir que la prohibición que constituye
incompatibilidad establecida por el inciso primero del artículo 127 de la
Constitución Política es una causal autónoma que prohíbe a los servidores
públicos, entre ellos a los concejales municipales o distritales, en forma
general, “[…] celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales […]”.
134. Por último, la Sala considera que la tesis anterior encuentra respaldo
en la sentencia C-194 de 4 de mayo de 1995, proferida por la Corte
Constitucional; oportunidad en la cual se realizó el estudio de
constitucionalidad de, entre otros, los artículos 45 y 47 de la Ley 136.
…
137. En relación con el artículo 47 de la Ley 136 –no así para el artículo
45-, se puede concluir que la sentencia C-194 de 1995 estableció la
siguiente interpretación:
137.1. El artículo 47 no debe ser entendido como “incompatibilidad” sino
como “prohibición” en la medida en que la incompatibilidad prohíbe el
ejercicio simultáneo de dos condiciones “[…] que lleva a confundir el
ámbito de los fines estatales con el del beneficio privado […]”; lo anterior
en la medida en que, en el supuesto fáctico del artículo 47 no se tiene la
doble condición que genera incompatibilidad porque la persona ya no
ostenta la condición de miembro de corporación pública de elección
popular, bien sea por renuncia o por terminación del periodo.
137.2. La prohibición contenida en el artículo 47 ejusdem prohíbe la
aceptación o desempeño de cargos, la celebración de contratos y la
realización de gestiones ante entidades públicas “[…] para quien ha dejado
de ser concejal, durante los seis meses siguientes a la culminación del
período o la efectividad de la renuncia […]”. Asimismo, se trata de una
prohibición limitada en relación con el mismo municipio o distrito en el cual
se tuvo la condición de concejal. …»
De manera que, bajo el citado pronunciamiento, la línea jurisprudencial que
actualmente se encuentra vigente en la Sección Primera del Consejo de
estado es aquella según la cual en caso de encontrarse probado que un
concejal celebró un contrato estatal, indistintamente de si se trata o no del
municipio donde fue elegido, constituye causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de incompatibilidades establecido por el inciso primero
del artículo 127 constitucional.
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Ahora bien, en cuanto al caso concreto, la autoridad judicial demandada
señaló que el criterio de interpretación planteado por el concejal demandado
y su defensa, según el cual, el régimen aplicable, de forma exclusiva se
encuentra previsto en el artículo 45, de la Ley 136 de 1994 41, resultaba
abiertamente contrario a los referidos preceptos constitucionales y legales,
así como al entendimiento que de los mismos ha efectuado dicha Sala, de
forma pacífica, en la jurisprudencia que citó en el marco normativo y
jurisprudencial42.
De manera que, en la sentencia demandada se resolvió el caso concreto a
partir de la tesis que contempla que «…las incompatibilidades establecidas
en los artículos 127 de la Constitución Política y 8º, numeral 1, literal f), de la
Ley 80, son autónomas y aplicables a los concejales en calidad de servidores
públicos, sin que le sea posible al Tribunal desactivarlas con el pretexto
injustificable de percibirlas como normas abstractas carentes de aplicación
material y de asumir como únicas las prohibiciones enlistadas en el artículo
45 de la Ley 136.». Y aclaró que el artículo 127 Constitucional tampoco
discrimina o condiciona la operatividad de esa incompatibilidad a la
circunstancia territorial que propuso el concejal demandado.
Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la
autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto sustantivo, pues la
decisión de revocar la providencia de primera instancia para, en su lugar,
declarar la pérdida de investidura del señor Yorgín Harvey Cely Ovalle,
estuvo soportada en un estudio razonable y pertinente de las disposiciones
normativas aplicables al caso concreto.
Adicionalmente, la Sala observa que en el caso debatido se presentó un
razonamiento que obedece a la autonomía judicial, que no da lugar a que se
configure una decisión ilegítima o carente de razonabilidad, puesto que en la
providencia acusada no se desconocieron las disposiciones aquí aludidas ni
tampoco se fundamentó en el marco legal impertinente al caso concreto, por
el contrario, las razones que la fundan son plausibles y acordes a la línea
jurisprudencial aplicable.
41
Porque los artículos 127 Constitucional y 8º, numeral 1, literal f), de la Ley 80, solo
atienden a preceptos jurídicos que reglamentan en general o indistintamente las
prohibiciones de los servidores públicos.
42 36
« Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 30 de septiembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02158-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 29 de julio de 2021, número único de
radicación 44001-23-40-000-2020-00232-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; 16 de abril de 2020, número único de radicación 54001-23-33-000-2019-00091-01
(PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; 24 de junio de 2021, número único de
radicación 05001-23-33-000-2019-01747-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés; 8 de julio de 2010, número único de radicación 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.»
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
Por tanto, se advierte que la providencia objeto de tutela fue producto de un
análisis juicioso, con fundamento en las normas y el criterio jurisprudencial
imperante en la Sección Primera del Consejo de Estado aplicables al caso
particular, argumentos que se resolvieron en la instancia acusada; por lo que,
para la Sala la inconformidad que ahora pretende sostener la parte actora
tiene la finalidad de revivir la discusión en torno a la solicitud de pérdida de
su investidura, lo que descarta la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse
para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un
«juicio de validez» y no como un «juicio de corrección» de la decisión
cuestionada43.
Por lo que, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la competencia del competente
natural.
Al respecto, en la actividad judicial se reconoce y resalta la importancia del
principio de autonomía e independencia judicial, atribución que emana de la
función pública de administrar justicia, la cual se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y por la jurisprudencia.
Por tanto, bajo tales atribuciones no es posible que por esta vía
constitucional, la parte demandante pretenda que se le imponga un criterio
interpretativo de las normas en cuestión y a partir de ello acceder a las
pretensiones de la demandante, es decir, que se le ordene a la autoridad
judicial acusada que confirme la sentencia de primera instancia que denegó
la pérdida de su investidura como conejal, a partir de la interpretación
normativa que considera a su juicio más ajustada a los mandatos
constitucionales.
En consecuencia, la Sala no encuentra configurados los defectos sustantivo
y por violación directa de la Constitución; por lo que, se denegará la
43
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Yorgín Harvey Cely Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-02195-00
protección constitucional invocada por la parte demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela respecto del
defecto procedimental absoluto propuesto por la parte accionante por no
cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad y, a su vez, deniégase la
protección invocada por el demandante Yorgín Harvey Cely Ovalle respecto
de los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
37
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.