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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2017-00359-01

Pérdida de investidura de concejal por violación del régimen de incompatilidades: artículo 127 de la Constitución Política.…

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2017-00359-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal Administrativo del Huila, según las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar DENIÉGASE la pérdida de investidura del señor Germán Casagua Bonilla, concejal del Municipio de Neiva- Huila, para el período constitucional 2012-2015. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 41001-23-33-000-2017-00359-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

19 de abril de 2018

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – Inaplicabilidad del término de caducidad de la Ley 1881 de 2018 porque para cuando fue expedida ya se había proferido fallo de primera instancia

[D]ebe señalarse que aunque la Ley 1881 de 2018, en el artículo 22 ibídem, establece que las disposiciones allí contenidas son aplicables en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, dentro de las cuales correspondería el estudio de la caducidad, no es dable en el caso concreto descender a este aspecto, toda vez que la citada ley entró a regir el 15 de enero de 2018, fecha para la cual incluso el fallo de primera instancia ya había sido proferido.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCOMPATILIDADES – Artículo 127 de la Constitución Política. Celebración de contrato con una entidad pública

(i) El artículo 127 de la Carta Política establece de manera general que los servidores públicos no pueden celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno con entidades públicas, salvo las excepciones legales. (ii) El artículo 123 Superior dispone de manera clara quienes son servidores públicos incluyendo a los miembros de las corporaciones públicas. (iii) El Estatuto General de Contratación para la administración pública contenido en la Ley 80 de 1993, norma vigente y especial en esta materia, previó en el artículo 8° las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, incorporando en el literal f) a los servidores públicos. […] La Sala estima en ese orden de análisis, que la prohibición contenida en las disposiciones legales debe interpretarse de manera sistemática con el artículo 127 de la Carta Política de 1991, por ende de demostrarse que un concejal celebró un contrato estatal, indistintamente de si se trata o no del municipio donde fue elegido, constituye causal de pérdida de investidura en los términos de lo previsto por el artículo 48-1 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades; pues no en vano el artículo 209 de la Constitución establece “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. (…)”. […] Así las cosas, las normas legales deben integrarse con la norma constitucional para deducir lo que quiso decir el legislador cuando implantó la prohibición de que los concejales contraten con el Estado, pues de su lectura sistemática se colige, como bien lo señaló el señor Agente del Ministerio Público, que con ella se pretende proteger el interés general, la probidad de los servidores públicos y evitar la indebida injerencia en la gestión de los asuntos públicos de quienes hacen parte de las Corporaciones de elección popular, entre ellos los concejales municipales, por lo que frente a este primer aspecto no se repondrá la decisión recurrida.

PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA – Alcance / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCOMPATILIDADES – Artículo 127 de la Constitución Política. Celebración de contrato con una entidad pública / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Valoración factor subjetivo. No se acredita el requisito de culpabilidad / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Improcedente porque cuando fue elegido la posición de la jurisprudencia no era uniforme en cuanto a que a los concejales les estaba prohibido celebrar contratos estatales con municipios diferentes a donde resultaron elegidos

[L]a Sala observa que para la fecha de la ejecución de la conducta por el demandado, esto es, el año 2015, no puede predicarse la existencia de una línea clara ni consistente de esta Sección que permitiera afirmar sin lugar a equívocos, que acorde con el contenido constitucional y normativo, pudiera deducirse que a los concejales les estaba prohibido celebrar contratos estatales con municipios diferentes a donde resultó elegido, o que la jurisprudencia más cercana a los hechos se inclinaba por la negativa a este cuestionamiento. Ahora bien, es claro que, tal como lo afirmó el demandante, en la sentencia proferida el 21 de enero del año 2016 esta Sección precisó que se trataba de una prohibición que era causal de pérdida de investidura, […] Sin embargo, no es posible concluir que para el año 2015 el concejal demandado conocía o debía conocer que la celebración de contratos con entidades territoriales diferentes a donde fue elegido era constitutiva de incompatibilidad y se erigía en causal de pérdida de investidura, por ende, si tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional “(…) el proceso de pérdida de investidura impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia a aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que las garantías del debido proceso sancionador también deben ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una norma aplicable, de inevitable observancia;” en ese sentido, en el caso concreto no puede tenerse por acreditado el requisito de culpabilidad. […] Partiendo entonces del supuesto de que para el demandado no era claro que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, según lo manifestó, es posible colegir que pese a que incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 48 numeral 1 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política, comoquiera que para la fecha en que se produjo la conducta la jurisprudencia no era uniforme en el sentido de que dicha causal se erigiera en pérdida de investidura, y por el contrario, esta Sección se inclinaba por una interpretación diferente, no había lugar a sacar avante las pretensiones de la demanda por no estar reunido el elemento subjetivo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 127 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 1 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 8 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 10 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 46

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 41001-23-33-000-2017-00359-01(PI)

Actor: FELIX CRUZ SÁNCHEZ

Demandado: GERMÁN CASAGUA BONILLA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA- APELACIÓN.

Referencia: No incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatilidades, el concejal que, en el año 2015, en su calidad de representante de consorcios celebra contratos con entidades estatales de circunscripciones territoriales diferentes de donde fue elegido concejal, para ser allí ejecutados.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto de manera oportuna por la parte demandada, en contra de la sentencia del 4 de octubre de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila decretó la pérdida de investidura del señor Germán Casagua Bonilla, concejal del Municipio de Neiva- Huila, para el período constitucional 2012-2015.

I.- SINTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

El ciudadano Felix Cruz Sánchez, obrando en nombre propio, solicitó que se decretara la pérdida de la investidura del señor Germán Casagua Bonilla, concejal del Municipio de Neiva, por considerar que incurrió en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades, en concordancia con el artículo 127 de la Constitución Política, al haber celebrado dos contratos estatales de obra mientras se desempeñaba como concejal, por lo que también desconoció el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que impide a los servidores públicos celebrar contratos con entidades estatales.

También aseveró que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y en el artículo 55 numeral 2 de la Ley 136 de 1994, ya que por haber celebrado los mencionados contratos estaba inhabilitado para ser elegido concejal para el periodo constitucional 2016-2019.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada

El demandante afirmó que el señor Germán Casagua Bonilla fue elegido concejal de Neiva para el periodo constitucional 2012-2015 por el partido Cambio Radical e inició su periodo el 02 de enero de 2012, el cual se extendía hasta el 31 de diciembre de 2015.

Informó que estando ejerciendo como concejal, suscribió el 25 de junio de 2015 como representante legal del Consorcio Osman, el Contrato estatal de obra número 95 de 2015 con el Municipio de Colombia, por un valor de $261.504.274, cuya vigencia fue de cuatro meses, obra que finalizó el 22 de diciembre del mismo año, según acta de recibo final y liquidación.

Explicó que el señor Casagua también celebró el Contrato de obra pública nro. 169 de 2015 para la ejecución de la pavimentación en concreto rígido de la calle 2 sur entre carreras 4 y 5, calle 2 A sur entre carreras 4 y 5, calle 3 sur entre carreras 4 y 5 y carrera 4 entre calles 2 sur y 3 sur del casco urbano del Municipio de Nátaga, como representante legal del Consorcio Cachita 2015, por un valor de $332.556.125, con una duración de 90 días calendario, con acta de recibo final del 16 de abril de 2016.

De tal manera que siendo concejal celebró dos contratos de obra y recibió pagos provenientes del tesoro público, así como también percibió honorarios como concejal de la ciudad de Neiva, violando de esta manera el régimen de incompatibilidades como causal de pérdida de investidura, pues en su condición de servidor público no podía contratar con los Municipios de Colombia y Nátaga.

Citó como sustento de la causal invocada, la sentencia proferida el 21 de enero de 2016 por la Sección Primera del Consejo de Estado; expediente 2014-00333-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, para destacar en cuanto a la celebración de contratos que la regla constitucional aplicable es la del artículo 127 Superior que cobija a los concejales en su calidad de servidores públicos.
Por último sostuvo que el señor Germán Casagua Bonilla fue reelegido concejal del Municipio de Neiva para el periodo constitucional 2016-2019 cuando no podía ser reelegido por haber contratado con dos entidades estatales y percibió de éstas ingresos diferentes a los asignados como concejal.

2.- Falta de contestación de la demanda por parte del concejal Germán Casagua Bonilla:

Según consta en el informe secretarial visible a folio 216 del cuaderno principal, al demandado se le notificó de manera personal la demanda el día 23 de agosto de 2017, sin embargo guardó silencio.

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 4 de octubre de 2017, decretó la pérdida de la investidura del señor Germán Casagua Bonilla como concejal del Municipio de Neiva- Huila, para el período constitucional 2012-2015.

El problema jurídico a resolver en este proceso, quedó planteado así:

“[…] Corresponde establecer a la Sala si el señor GERMÁN CASAGUA BONILLA incurrió en la causal de pérdida de investidura consistente en la violación del régimen de incompatibilidades previsto para los concejales, consagrada en el artículo 48 (numeral 1º) de la Ley 617 de 2000, toda vez que, en concepto del demandante, incurrió en las conductas previstas en los artículos 127 (numeral 1º) y 183 (numeral 1º) de la Constitución Política, en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 8 (numeral 1º literal f) de la Ley 80 de 1993, al celebrar, como representante de los Consorcios OSMAS y CACHITA 2015, contratos de obra con los Municipios de Colombia y Nátaga- Huila, respectivamente, fungiendo para la misma época como Concejal del Municipio de Neiva. […]”

El a quo estimó que el demandante confundió el régimen de inhabilidades con el de incompatibilidades porque de un lado había señalado la prohibición contenida en el artículo 127 Superior, referente a la suscripción de contratos y al mismo tiempo reclamaba que el demandado no podía ser reelegido para el periodo 2016-2019 por estar inhabilitado.

Manifestó que al interpretar la demanda se desprendía que se predicaba la vulneración al régimen de incompatibilidades, razonando: “Análisis objetivo de la causal: La parte demandada centra sus argumentos de defensa, en la aplicación del numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, pues según afirma, del solo “artículo 127 de la constitución no es posible deducir la incompatibilidad de los concejales” y que tal disposición legal es la ESPECIAL Y CRONOLÓGICAMENTE” la última que regula la materia.”

Argumentó: “En este punto es importante aclarar que el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró la incompatibilidad de los concejales solo cuando actuaban como contratistas para con el mismo ente territorial o los institutos descentralizados locales donde sesionaban, fue modificado por el artículo 3 de la Ley 177 de 1994 y posteriormente, derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000.”

Luego de hacer alusión a lo que disponen los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 153 de 1887 sobre la derogatoria de la ley así como también frente a lo que ha considerado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto a la derogatoria, concluyó que toda vez que los concejales eran servidores públicos según lo prevé el artículo 123 de la Constitución Política, están cobijados por la incompatiblidad establecida en el artículo 127 ejusdem y que ésta no fue exceptuada en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 derogado, ni en sus demás numerales, por lo que conforme a lo señalado de manera uniforme por la Sección Primera del Consejo de Estado desde el año 2005, existía una relación armónica y complementaria entre dichos artículos que no admitía excepción frente a la prohibición de celebrar contratos con las entidades estatales.

Aseveró que como en este caso se demostró que el concejal demandado celebró en calidad de representante legal del Consorcio Osman y Cachita 2015, los contratos de obra nro. 095 de 2015 con el Municipio de Colombia- Huila y nro. 169 de 2015 con el Municipio de Nátaga- Huila, se tipificaba el aspecto objetivo de la causal.

En cuanto al aspecto subjetivo, luego de citar apartes de la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, indicó que también se cumplía, dado que el demandado debió atender las mínimas exigencias de cuidado y precaución, por lo que no era de recibo lo alegado en el sentido de que obró al amparo de la confianza legítima, puesto que desde el año 2000 se encontraba derogado el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.

4.- El recurso de apelación presentado por el señor Germán Casagua Bonilla:

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el demandado por conducto de su apoderado presentó recurso de apelación para que fuera revocada, impugnación que dividió en los siguientes puntos:

Respecto de la predicada derogatoria del artículo 45-1 de la Ley 136 de 1994 a su vez derogado por el artículo 3 de la Ley 177 de 1994 y por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000 consideró:

Que se trataba de un argumento novedoso introducido en la sentencia de primera instancia ya que ninguna de las sentencias de pérdida de investidura que allí fueron citadas advertían tal derogatoria, pues todas partían de analizar los alcances del artículo 45-1 de la Ley 136 de 1994, para señalar que no establece excepción alguna frente a la prohibición del artículo 127 inciso 2 de la Constitución Política, por lo que era contradictorio afirmar que estaba derogada la norma y a su vez apoyar el argumento en que ésta no establece excepción.

Anotó “con todo respeto, quisiera creer que se trata de una pifia del legislador que debe ser inaplicada (artículo 4 del C.P. excepción de inconstitucionalidad) por cuanto conduciría a suprimir la prohibición que tienen o tenían los concejales para contratar con las entidades estatales del municipio para el cual ejercen.”

Sostuvo que el artículo 312 de la Constitución Política establece que la ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales, y si desapareció la ley que preveía la incompatibilidad de contratar con el respectivo municipio, la situación era menos gravosa para su poderdante, por lo que se le afectó el principio de la legalidad de la falta, el cual integra el debido proceso.

Cuestionó el argumento de que la jurisprudencia sea pacífica y uniforme desde el año 2005 en el entendimiento de que los concejales, por ser servidores públicos, tengan prohibido contratar con el Estado y se trate de una incompatibilidad constitutiva de causal de pérdida de investidura, indicando lo siguiente:

Que son ciertas las citas jurisprudenciales que se hicieron en el fallo, pero consideró que merecen un análisis de temporalidad frente a la conducta de su representado quien celebró los respectivos contratos entre julio y agosto de 2015 con los Municipios de Colombia y Nátaga; aseverando que; sin embargo, solo existían dos sentencias previas del Consejo de Estado que establecieran la incompatibilidad de los concejales para suscribir contratos con entidades estatales; la primera, proferida el 10 de marzo de 2005, expediente radicación 44001-23-31-000-2004- 00056 (PI) que prohibía la conducta desplegada en este caso por el concejal demandado, mientras que la del año 2010, radicada bajo el número 70001-23-31-0002008-000-40-01(PI) que lo permitía, y que las sentencias citadas correspondientes a los años 2016 y 2017, por ser posteriores a la realización de la conducta de su representado, no podían tenerse como fundamento para soportar la ilicitud, ya que su poderdante no pudo haber desconocido una línea jurisprudencial que no existía para la época de los hechos.

Concluyó que por consiguiente el demandado actuó conforme a la jurisprudencia y a la ley vigente y por el contrario la sentencia C-194 de 1995 mencionada por el Tribunal respaldaba su defensa, ya que el a quo asimiló incompatibilidad a prohibición cuando, según la Corte, se pueden infringir prohibiciones que deben ser sancionadas conforme al ordenamiento jurídico, pero ello en sí mismo no constituye una incompatibilidad.

Por último cuestionó que en la providencia impugnada se haya dicho que el concejal demandado faltó a la diligencia que debe asumir una persona normal, por considerar que con ella se desconoce el principio de legalidad, toda vez que se determinó la existencia de una incompatibilidad pese a que la norma que la consagraba fue derogada, lo que resulta violatorio de los principios de irretroactividad en materia penal y de favorabilidad, por lo que, aunque se citó la sentencia SU-424 de la Corte Constitucional, en realidad se aplicó una responsabilidad objetiva, desconociendo el principio de la buena fe y la confianza legítima de su poderdante.

5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia

Mediante auto del 18 de diciembre de 2017, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandado y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos, así como al señor agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.

Dentro del término concedido descorrió el traslado el apoderado del demandado, quien en concreto reprodujo los argumentos que sirvieron de sustento en el recurso de apelación presentado para solicitar que fuera revocada la decisión del Tribunal de instancia, mientras que la parte actora guardó silencio.

6.- Concepto del señor agente del Ministerio Público

El señor agente del Ministerio Público intervino mediante escrito radicado el 21 de febrero de 2018, en donde, luego de hacer referencia a la sentencia impugnada, al recurso y a la causal de pérdida de investidura invocada, conceptuó que ésta debía confirmarse.

Respecto del elemento objetivo indicó, que las incompatibilidades tienen como función primordial preservar la probidad del servidor público en el desempeño de su cargo al impedirle ejercer simultáneamente actividades o empleos que eventualmente puedan llegar a entorpecer la buena marcha de la gestión pública y cumplen la misión de evitar que se utilice un cargo de elección popular para favorecer intereses de terceros o propios en desmedro del interés general y los principios de la función administrativa.

Sostuvo que en este caso quedó demostrado que el concejal celebró el contrato estatal de obra nro. 095 de 2015 y el contrato de obra pública nro. 169 de 2015, por lo que se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 127 de la Constitución Política.

Aseveró que al ostentar los concejales la calidad de servidores públicos están revestidos por la incompatibilidad señalada en el artículo 127 de la Constitución Política, “(…) debido a que no remite excepción de algún tipo en lo pertinente al artículo 45 de la Ley 136 de 1994, teniendo en cuenta que su análisis interpretativo es armónico y complementario con la norma superior, esto es, que guarda concordancia con la incompatibilidad general del artículo 127 de la Carta (…).”

En lo atinente al elemento subjetivo de la conducta, estimó que también estaba cumplido conforme a lo exigido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016, en la medida que el demandado sabía o debía saber que estaba incurso en la causal de violación al régimen de incompatibilidades como concejal, sin que en el acervo probatorio se hallara documento alguno que permitiera inferir que tuviera interés en averiguar en forma diligente la situación jurídica en la que se encontraba de cara a la incompatibilidad.

Frente a las consideraciones que hizo el apelante relacionadas con la derogatoria del numeral 1) del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 3 de la Ley 177 de 1994, norma a su vez derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, sostuvo que este último artículo lo que hizo fue derogar la adición incorporada por el artículo 3 de la Ley 177, es decir, la parte correspondiente a que “tampoco podrán celebrar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas” dejando a salvo el numeral 1) del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, por lo que no le asistía razón.

Así como tampoco tenía razón sobre la regla jurídica incorporada en la sentencia del 4 de febrero de 2010, pues no resultaba aplicable al caso, toda vez que en dicha oportunidad la Sección Primera hizo un análisis aislado del artículo 127 de la Constitución Política sin acudir a una interpretación conjunta y armónica con la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, lo que sí hizo en otras oportunidades, como en la sentencia del 10 de marzo de 2005, del 21 de agosto de 2016 y del 2 de agosto de 2017.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, y con base en la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, que estableció que las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Germán Casagua Bonilla fue elegido Concejal de Neiva en el periodo constitucional 2012-2015, solo fue aportada por el actor la copia auténtica del Acta número 001 del 2 de enero de 2012, mediante la cual consta que tomaron posesión del cargo de Concejal del Municipio de Neiva para dicho periodo constitucional, entre otros, el señor Casagua, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.719.096, en representación del partido Cambio Radical.

Pese a que con la demanda no se aportó la respectiva acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional, el Tribunal de instancia libró oficio a la Registraduría Especial del Estado Civil de Neiva y dicha autoridad remitió la copia del formulario E-26 CO que contiene el resultado del escrutinio para elección del Concejo Municipal del Municipio de Neiva- Huila por el periodo 2012-2015, dentro de los cuales está señor Germán Casagua Bonilla, por lo tanto, es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.

Igualmente fue anexada la copia del Oficio nro. 2368 del 19 de noviembre de 2015 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde consta que el señor Germán Casagua Bonilla fue elegido el 25 de octubre de 2015 concejal del Municipio de Neiva- Huilla en representación del partido Cambio Radical, así como el Acta número 001 del 2 de enero de 2016 que registró la posesión del cargo de concejal para el periodo constitucional 2016-2019, para demostrar que también fue elegido en dicho periodo, “pese a estar inhabilitado”, sin embargo este aspecto no será objeto de análisis, puesto que, tal como lo manifestó el Tribunal de instancia, el litigio se centró en estudiar si se configuró o no la causal de incompatibilidad invocada en la demanda y no en estudiar la causal de inhabilidad también predicada, por lo que la Sala se circunscribirá a lo que es motivo de impugnación.

Por último, debe señalarse que aunque la Ley 1881 de 2018, en el artículo 22 ibídem, establece que las disposiciones allí contenidas son aplicables en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, dentro de las cuales correspondería el estudio de la caducidad, no es dable en el caso concreto descender a este aspecto, toda vez que la citada ley entró a regir el 15 de enero de 2018, fecha para la cual incluso el fallo de primera instancia ya había sido proferido.

3.- Análisis de la Sala:

Acorde con lo que es motivo de impugnación, se deberá resolver el siguiente problema jurídico:

¿Incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatilidades, el concejal que, en el año 2015, en su calidad de representante de consorcios celebra contratos con entidades estatales de circunscripciones territoriales diferentes de donde fue elegido concejal, para ser allí ejecutados?

Para dilucidar este problema también debe analizarse si la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatilidades de concejal implica no solo que se cumpla el elemento objetivo de la conducta sino que igualmente esté demostrado el elemento subjetivo de la misma.

La Sala comienza por señalar que se le atribuyó al demandado la causal prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 que señala:

“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. […]”.

Lo anterior en consonancia con lo previsto por el artículo 127 Superior que dispone:
“[…] ARTICULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. […]”

Los hechos que se encontraron probados en el proceso y no cuestionan las partes son los siguientes:

(i) El Señor Germán Casagua Bonilla fue elegido Concejal del Municipio de Neiva – Huila para el periodo constitucional 2012-2015.

(ii) Encontrándose en el ejercicio del cargo de concejal de Neiva, el señor Casagua Bonilla en condición de representante legal del Consorcio Osman celebró el 25 de junio de 2015 con el Municipio de Colombia- Huila el Contrato Estatal de Obra nro. 95 de 2015 por valor total de $261.504.274, con un plazo de ejecución de 120 días, cuyo objeto contractual fue el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias del mismo municipio.

(iii) Igualmente estando ejerciendo como Concejal de Neiva, en calidad de representante legal del Consorcio Cachita 2015, celebró el 5 de agosto de 2015 con el Municipio de Nátaga- Huila el Contrato de Obra Pública nro. 169 de 2015, con un plazo de ejecución de 90 días calendario, por valor total de $332.556.125, cuyo objeto contractual fue la pavimentación en concreto rígido de la calle 2 sur entre carreras 4 y 5, calle 2ª sur ente carreras 4 y 5 y carrera 4 entre calles 2 sur y 3 sur del casco urbano del mismo municipio.

Ahora bien, en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado discute lo decidido por el a quo específicamente en los aspectos que a continuación se indican, por lo que la Sala centrará su análisis en los mismos, así:

3.1. El primero, si el artículo 45 numeral 1° de la Ley 136 de 1994 fue derogado por los artículos 3° de la Ley 177 de 1994 y 96 de la Ley 617 de 2000, pues según el recurrente de ser así, ello conduciría a suprimir la prohibición que tienen los concejales incluso para contratar con el municipio para el cual fueron elegidos, lo que haría menos gravosa la situación para su poderdante, quien contrató fue con otros municipios.

Frente a este aspecto de inconformidad, la Sala deberá referirse a lo siguiente:

El artículo 45-1 de la Ley 136 del 2 de junio de 1994 dispuso:

“[…] Artículo 45º.- Incompatibilidades. Los concejales no podrán:

1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador oficial o contratista, so pena de perder la investidura.

[…]”

El citado numeral fue modificado por el artículo 3° de la Ley 177 del 28 de diciembre de 1994, que estableció:

“[…] ARTICULO 3o. El numeral 1o. del artículo 45o. de la Ley 136 de 1994, quedará así: 1o. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública ni vincularse como trabajador oficial, so pena de perder la investidura.

Tampoco podrán contratar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas.

[…]”

Y por último, el artículo 3° de la Ley 177, fue derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 96. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; parágrafo 3° del artículo 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993; la Ley 166 de 1994; artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 8° y 11 de la Ley 177 de 1994; el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de 1995; los artículos 7°, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Se deroga lo establecido en el numeral 4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la expresión “quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados públicos trabajadores oficiales, ni” del numeral 5° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.

[…]”

(se destaca)

No obstante la derogación expresa del artículo 3° de la Ley 177 de 1994, la Sala observa que:

(i) El artículo 127 de la Carta Política establece de manera general que los servidores públicos no pueden celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno con entidades públicas, salvo las excepciones legales.

(ii) El artículo 123 Superior dispone de manera clara quienes son servidores públicos incluyendo a los miembros de las corporaciones públicas.

(iii) El Estatuto General de Contratación para la administración pública contenido en la Ley 80 de 1993, norma vigente y especial en esta materia, previó en el artículo 8° las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, incorporando en el literal f) a los servidores públicos.

Al efecto el artículo 10 de la Ley 80 determina: “ART. 10. DE LAS EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política”.

Por su parte, el artículo 46 de la Ley 136 de 1994 preceptúa:

“[…] ARTÍCULO 46. EXCEPCIONES. Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que los concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos.

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a las mismas personas;

c) <Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten.

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales durante su período Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.

[…]”

La Sala estima en ese orden de análisis, que la prohibición contenida en las disposiciones legales debe interpretarse de manera sistemática con el artículo 127 de la Carta Política de 1991, por ende de demostrarse que un concejal celebró un contrato estatal, indistintamente de si se trata o no del municipio donde fue elegido, constituye causal de pérdida de investidura en los términos de lo previsto por el artículo 48-1 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades; pues no en vano el artículo 209 de la Constitución establece “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. (…)”.

Esta Sección ha dicho acerca de la causal en estudio y su relación armónica con el artículo 127 de la Constitución lo siguiente:

“[…] Inicialmente debe señalarse que el numeral 1º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las incompatibilidades de los concejales, fue modificada por la Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, razón por la que no puede edificarse, con sustento en ella, la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades. Sin embargo, a juicio de la Sala, y contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de la Carta Política consagra una incompatibilidad para los concejales, en la medida en que son servidores públicos, consistente en la prohibición de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas, mientras ostenten tal condición, salvo las excepciones legales. Así lo ha confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la Sentencia C194 de 1995, y posteriormente, esta Sala, en sentencia del 10 de marzo de 2005.

[…]”

Así las cosas, las normas legales deben integrarse con la norma constitucional para deducir lo que quiso decir el legislador cuando implantó la prohibición de que los concejales contraten con el Estado, pues de su lectura sistemática se colige, como bien lo señaló el señor Agente del Ministerio Público, que con ella se pretende proteger el interés general, la probidad de los servidores públicos y evitar la indebida injerencia en la gestión de los asuntos públicos de quienes hacen parte de las Corporaciones de elección popular, entre ellos los concejales municipales, por lo que frente a este primer aspecto no se repondrá la decisión recurrida.

3.2. El segundo argumento en que se sustenta la inconformidad del recurrente es cuestionar la existencia de una jurisprudencia “pacífica y uniforme desde el año 2005” que permitiera concluir que a los concejales les está prohibido contratar con el Estado, pues aduce que tal uniformidad no ha existido; en consonancia con ello se integrará con el tercer aspecto de disentimiento, ya que alega que ante la falta de uniformidad a su poderdante se le desconocieron los principios de buena fe y de confianza legítima y no podía decretársele la pérdida de investidura.

Para resolver estos puntos, la Sala observa lo siguiente:

En relación con la confianza legítima, la jurisprudencia ha contribuido al desarrollo y aplicación de este principio tanto en sede administrativa como en sede judicial; al respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“[…] cabe señalar que como corolario del principio de la buena fe, la doctrina y jurisprudencia foráneas, desde mediados de la década de los sesentas, han venido elaborando una teoría sobre la confianza legítima, el cual ha conocido originales e importantes desarrollos a lo largo de diversos pronunciamientos de esta Corte.

Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario.

(…)

De igual manera, cabe señalar que la Corte ha considerado que el principio de la confianza legítima no se limita al espectro de las relaciones entre administración y administrados, sino que irradia a la actividad judicial.

(…)

La anterior  línea jurisprudencial ha sido mantenida y profundizada por la Corte al estimar que la interpretación judicial debe estar acompañada de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando, y por ende, el ciudadano puede invocar a su favor, en estos casos, el respeto por el principio de la confianza legítima.

[…]”

Por consiguiente, la Sala determinará si además de estar cumplido el elemento objetivo de la conducta constitutiva de pérdida de investidura, está o no acreditado el elemento subjetivo en punto a establecer si como lo afirma el recurrente la jurisprudencia del Consejo de Estado permitió o posibilitó que el demandado pudiera llegar a una conclusión diferente a la que arribó el a quo:

Cabe recordar que el demandado, siendo concejal del Municipio de Neiva y en condición de representante legal del Consorcio Osman así como del Consorcio Cachita 2015, celebró tanto con el Municipio de Colombia como con el Municipio de Nátaga ubicados en el Departamento del Huila contratos estatales de obra, manifestando el apoderado del recurrente que para la época de tal celebración, es decir, para el año 2015, solo había dos sentencias previas del Consejo de Estado que se referían a la incompatibilidad de los concejales para suscribir contratos con entidades estatales; la primera proferida el 10 de marzo de 2005 en el expediente radicación 44001-23-31-000-2004- 00056 (PI) que lo prohibía, mientras que la del año 2010, en el expediente radicado con el número 70001-23-31-0002008-000-40-01(PI), lo permitía; además que las sentencias de los años 2016 y 2017 no era posible tenerlas en cuenta para edificar la causal, por ser posteriores a la realización de la conducta.

Para ello es importante determinar si lo dicho constituye precedente, el cual está definido “(…) “como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares (…).”

Con el propósito de establecer si las sentencias a las que alude el recurrente son precedente se verifica lo siguiente:

Esta Sección en la sentencia proferida el 10 de marzo de 2005 en el expediente con radicación número 44001-23-31-000-2004-00056-01, dentro de un proceso de pérdida de investidura de concejal, en donde se invocaron como infringidas las mismas normas que en este caso se citan, estos son, los artículos 127 de la Constitución Política así como el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y la causal de pérdida de investidura se circunscribió al artículo 48 numeral 1 de la Ley 617 de 2000 dijo:

“[…] Por lo tanto, la situación se contrae a establecer si el hecho que la demandada hubiera celebrado contrato con el departamento de la Guajira para ejecutar unas obras en el municipio de Fonseca constituye causal de pérdida de la investidura de concejal por violación del régimen de incompatibilidades a la luz de los artículos 127 de la Constitución Política y 8º, numeral 1, literales a) y f) de la Ley 80 de 1993, que son las normas invocadas en la demanda como las contentivas de la incompatibilidad en comento.

(…)

4. El artículo 127 del Estatuto Supremo establece ciertamente una incompatibilidad genérica para los servidores públicos, en el sentido de que por regla general no pueden celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. Las excepciones a esa regla deben ser señaladas por ley, lo que quiere decir que deben ser expresas, taxativas y precisas, como toda excepción, y por lo mismo requiere ser demostrada.

Quiere decir que quien pretenda encontrarse en una situación de excepción, no sólo debe alegarla, sino también demostrarla

No hay lugar a discusión que los concejales tienen la calidad de servidores públicos, en tanto son miembros de una corporación administrativa territorial, y el artículo 123 de la Constitución Política los cataloga o define como tales al decir que “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

Así las cosas, en principio, o por regla general, los concejales, en tanto servidores públicos se encuentran cobijados por la incompatibilidad o prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución Política, salvo que exista norma especial para ellos que regule el punto y en ese orden los exceptúe de dicha regla, respecto de lo cual la demandada se remite a la Ley 136 de 1994, y de ella invoca el artículo 45, del cual deduce que la incompatibilidad se circunscribe al mismo municipio o distrito, o a sus entidades descentralizadas.

Para claridad del punto conviene traer la disposición pertinente de dicho artículo, así: (…)

Significa lo anterior que se está ante una regulación especial, pero de ella no se deduce el señalamiento de excepción alguna frente a la regla general, y menos en el sentido de que sustrae de ésta a los concejales, pues ello no se dice de forma expresa, como debe ser, ni tampoco puede considerarse implícito, toda vez que no existe razón para que pese a su condición de servidores públicos se les exceptúe de dicha incompatibilidad general. De suerte que la norma transcrita no hace más que reiterarla respecto de los concejales en relación con el municipio en el que se desempeñan como tales, sin que se deba interpretar que excluye los demás ámbitos u órdenes territoriales de la Administración Pública. Por ello resulta armónica y complementaria con el artículo 127 de la Constitución Política.

(…)

Por lo tanto es claro que la situación examinada se encuadra en la incompatibilidad descrita en el artículo 127 de la Constitución Política y literal f) del numeral 1 del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, de donde se configura la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 1994, en cuanto hace a la violación del régimen de incompatibilidades, que en virtud de los referidos contratos se le endilga en la demanda a la actora. […]”

(se destaca)
Mientras que en la sentencia del 4 de febrero de 2010 igualmente proferida dentro de un proceso de pérdida de investidura de concejal, expediente con radicación nro. 70001-23-31-000-2008-000-40-01 (PI), las normas invocadas como infringidas fueron los artículos 2 y 127 de la Constitución Política, el numeral 4 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, el artículo 10 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 617 de 2000, la Sala indicó:

“[…] Se encuentra acreditado que el demandado ostentó la condición de concejal de Corozal, Sucre, dentro del período 2004-2007, según copia auténtica de las actas de los respectivos escrutinios (folios 66 a 69 del cuaderno principal).
(…)

La causal de pérdida de la investidura que se le endilga al concejal inculpado es la de violación del régimen de incompatibilidades de los concejales, en primer lugar, por efecto de la celebración de dos contratos con una dependencia del departamento de Sucre y, en segundo lugar, por la suscripción por interpuesta persona con una entidad de salud perteneciente al municipio de Corozal, donde el demandado era concejal por esa misma época.

(…)

Revisadas las causales de incompatibilidad señaladas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, se observa que la situación descrita no encuadra en ninguna de ellas, pues no se prevé en alguna de las mismas la celebración de contratos con entidades distintas a las del municipio donde se es Concejal. Por el contrario, la relativa a contratos con entidades públicas es la descrita en el numeral 2º de dicho artículo, y ella tiene como supuesto estructurante de la incompatibilidad, la circunstancia de que el contrato sea suscrito con entidad que pertenezca al mismo municipio donde se ostente tal investidura, o administre recursos provenientes de éste, luego deja por fuera las demás entidades.

Así se puede constatar en el citado numeral, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:
(…)
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen.”

Lo anterior explica que el actor no invoque causal alguna de las previstas en ese canon legal, y que en su lugar aduzca como violado el artículo 127 de la Constitución Política (…).

(…) La situación examinada sí se encuadra en el primer inciso de este precepto constitucional, pues el inculpado, en tanto concejal era servidor público (artículo 123 de la Constitución Política), y el departamento de Sucre es una entidad pública, y entre ambos se suscribieron los referidos contratos.

Pero observa la Sala que tal disposición constitucional nada prevé sobre los efectos de la investidura que ostente el servidor público, es decir, que no tipifica como causal de pérdida de la investidura la violación de esa prohibición, como sí ocurre con otras normas de igual rango ( v. gr. artículos 110 y 291 de la Constitución Política).

Así las cosas, la norma en comento no pasa de contener una prohibición, sin carácter de incompatibilidad, y menos tipificada como causal de pérdida de la investidura por el Constituyente, a lo cual se ha de agregar que el Constituyente reservó al legislador la facultad de establecer el régimen de incompatibilidades de los concejales (artículo 312 ibídem).

[…]”

(se destaca)

Se deduce de lo señalado, que pese a que las providencias citadas por el recurrente parten de supuestos fácticos similares, se contradicen entre sí, pues mientras la primera prescribe que la prohibición de contratar se extiende a cualquier entidad pública, la segunda se circunscribe a la entidad territorial correspondiente; siendo esta última la tesis que se encontraba vigente para el momento en que el demandado celebró los respectivos contratos.

Con posterioridad a esta sentencia, la Sala verifica que fueron expedidas otras providencias antes del año 2015, que si bien no son precedentes por la temática que trataron, pueden ilustrar la situación a manera de antecedente, en los siguientes términos:

En la sentencia proferida el 5 de junio de 2014, al estudiar que la doble asignación proveniente del tesoro público no era causal de violación al régimen de incompatibilidades ni de pérdida de investidura, esta Sección recordó que lo que generaba la causal de incompatibilidad era el vínculo que el concejal mantuviera en forma paralela con la Administración pública y que las causales de pérdida de investidura eran taxativas, así:

“[…] La Sala en sentencia de 13 de diciembre de 2012 (Expediente: 2012-00534, M.P. Dra. María Elizabeth García González) reiteró el anterior pronunciamiento y precisó que lo que genera la causal de incompatibilidad es el vínculo que el Concejal en forma paralela mantenga con la Administración Pública, y no si recibe o no efectivamente la remuneración, puesto que podría renunciar a ella, sin que se deje de incurrir en la causal de pérdida de investidura.

Asimismo, la Sala en la citada providencia recalcó que las causales de incompatibilidad que dan lugar a la pérdida de investidura son taxativas, y la doble asignación proveniente del tesoro público no está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como causal de pérdida de investidura.

En esa oportunidad, la Sala sostuvo:

(…)

En efecto, conforme se colige de la sentencia de 10 de marzo de 2005 (Expediente núm. 2004-00056 (PI), Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), se admitió que por regla general los Concejales, como servidores públicos, “se encuentran cobijados por la incompatibilidad o prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución Política, salvo que exista norma especial para ellos que regule el punto y en ese orden los exceptúe de dicha regla”; y que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 la incompatibilidad se circunscribe al mismo municipio o distrito, o a sus entidades descentralizadas.

Es decir, conforme lo indicó el Ministerio Público, lo que genera la causal de incompatibilidad es el vínculo que el Concejal en forma paralela mantiene con la Administración Pública, y no si recibe o no efectivamente la remuneración, puesto que podría renunciar a ella, sin que se deje de incurrir en la causal de pérdida de investidura.

Precisamente, en dicho proceso se configuró la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, por cuanto la Concejal demandada celebró contrato con el Departamento de la Guajira para la ampliación de redes del Municipio de Fonseca, no obstante que se desempeñaba como Concejal del citado Municipio, lo que permite evidenciar que lo que da lugar a la causal de incompatibilidad es el vínculo con la Administración Pública y no si recibe remuneración del tesoro público. […]”

(se destaca)

En similar sentido, en la sentencia proferida por esta Sección el 8 de mayo de 2014, también había dicho que lo que generaba la causal era el vínculo que el concejal en forma paralela mantuviera con la Administración Pública y más aún con el respectivo ente territorial:

“[…] La causal en que se fundamenta la demanda es la de violación al régimen de incompatibilidades, por cuanto el demandado cuando fungió como Concejal del Municipio de Caracolí (Antioquia), esto es, del 2 de enero al 6 de agosto de 2012 (fecha de la posesión y de aceptación de la renuncia), percibió dos asignaciones del tesoro público al desempeñar simultáneamente los cargos de Concejal del citado ente territorial y la labor derivada de los Contratos de Prestación de Servicios núms. 128 y 419 de 2012 que suscribió con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

(…)

Como lo ha sostenido la Sala frente a asuntos similares, dentro de las causales de incompatibilidad previstas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, no está erigida como causal de pérdida de investidura de Concejal la de percibir doble asignación del tesoro público.

(…)

De igual manera, en sentencia de 10 de marzo de 2005 (Expediente núm. 2004-00056 (PI), Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), reiterada, entre otras, en providencia de 13 de diciembre de 2012 (Expediente núm. 2012-00534-01 (PI), Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), se dijo que por regla general los Concejales, como servidores públicos, “se encuentran cobijados por la incompatibilidad o prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución Política, salvo que exista norma especial para ellos que regule el punto y en ese orden los exceptúe de dicha regla”; y que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 la incompatibilidad se circunscribe al mismo municipio o distrito, o a sus entidades descentralizadas, pues lo que genera dicha causal es el vínculo que el Concejal en forma paralela mantiene con la Administración Pública, y no si recibe o no efectivamente la remuneración, puesto que podría renunciar a ella, sin que se deje de incurrir en la causal de pérdida de investidura. […]”

(se destaca)

También se observa que en la sentencia proferida por esta Sección el 2 de junio de 2006, en el expediente con radicación número: 08001-23-31-000-2005-01480-01(PI), la Sala dijo lo siguiente:

“[…] E. Las incompatibilidades de los concejales respecto de las causales de pérdida de la investidura.

(…)

Es importante resaltar en este aspecto la Sentencia C - 179 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, que declaró exequible el artículo 41 de la Ley 617 de 2000 que adicionó el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 arriba transcrita, en la cual señaló que las incompatibilidades, no sólo lo son por ministerio de la ley, sino básicamente porque su esencia consiste en impedir la acumulación de funciones en cabeza de una misma persona, es decir el ejercicio simultáneo de dos actividades que el legislador estima que pueden poner a quien las lleva en situación de conflicto de intereses. Se trata, efectivamente, de una prohibición dirigida exclusivamente a los concejales, a quienes por el sólo hecho de serlo se les impide emplearse en ciertos cargos, o contratar con cierta categoría de empresas.

(…)

Armonizando las normas aplicables y la jurisprudencia precitada, encuentra la Sala que la conducta del demandado no está enmarcada dentro de las causales de pérdida de la investidura.

En efecto, dado que el contrato de prestación de servicios y los honorarios que recibe el concejal provienen de otro municipio, se concluye que los recibidos por el señor Fabián Tadeo Pérez Caputo, como concejal, al tenor de las normas citadas no son incompatibles con los honorarios que percibe por prestar en el municipio de Sabanalarga, sus servicios profesionales como médico.

De otro lado, si bien es cierto que el artículo 20 de la Ley 617 de 2000, norma posterior a la ley 136 de 1994, también se refiere a los honorarios de los concejales y exceptúa de la incompatibilidad de recibir otra asignación del Tesoro Público del respectivo municipio, los honorarios que se reciben por concepto de servicios profesionales de salud, también es cierto que en ningún caso, por las razones expuestas, un concejal puede celebrar contrato de prestación de servicios con una empresa de seguridad social en el respectivo municipio. (…)”

(se destaca)

Corolario de lo señalado, la Sala observa que para la fecha de la ejecución de la conducta por el demandado, esto es, el año 2015, no puede predicarse la existencia de una línea clara ni consistente de esta Sección que permitiera afirmar sin lugar a equívocos, que acorde con el contenido constitucional y normativo, pudiera deducirse que a los concejales les estaba prohibido celebrar contratos estatales con municipios diferentes a donde resultó elegido, o que la jurisprudencia más cercana a los hechos se inclinaba por la negativa a este cuestionamiento.

Ahora bien, es claro que, tal como lo afirmó el demandante, en la sentencia proferida el 21 de enero del año 2016 esta Sección precisó que se trataba de una prohibición que era causal de pérdida de investidura, así:

“[…] a juicio de la Sala, y contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el artículo 127 de la Carta Política consagra una incompatibilidad para los concejales, en la medida en que son servidores públicos, consistente en la prohibición de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas, mientras ostenten tal condición, salvo las excepciones legales.[…]”
Así lo ha confirmado, inicialmente la Corte Constitucional, en la Sentencia C-194 de 1995, y posteriormente, esta Sala, en sentencia del 10 de marzo de 2005.

(…)

En esa medida, conforme se acreditó en el proceso, el demandante celebró, en representación de otro (la sociedad INVERSIONES BISVAR I.P.S. S.A.S.), un contrato con una entidad pública (el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), mientras ostentaba la condición de concejal del municipio de San Jacinto (Bolívar), esto es, de servidor público, por lo que incurrió en la incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la Carta Política y, en consecuencia, en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades. […]”

(destacado en la providencia)

Sin embargo, no es posible concluir que para el año 2015 el concejal demandado conocía o debía conocer que la celebración de contratos con entidades territoriales diferentes a donde fue elegido era constitutiva de incompatibilidad y se erigía en causal de pérdida de investidura, por ende, si tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional “(…) el proceso de pérdida de investidura impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia a aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que las garantías del debido proceso sancionador también deben ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una norma aplicable, de inevitable observancia;” en ese sentido, en el caso concreto no puede tenerse por acreditado el requisito de culpabilidad.

En efecto, según lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016, “[…] la pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.”

A su vez, esta Sala ha dicho:

“[…] el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis de dolo y de culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido. […]”

(destacado en la providencia)

Partiendo entonces del supuesto de que para el demandado no era claro que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, según lo manifestó, es posible colegir que pese a que incurrió en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 48 numeral 1 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política, comoquiera que para la fecha en que se produjo la conducta la jurisprudencia no era uniforme en el sentido de que dicha causal se erigiera en pérdida de investidura, y por el contrario, esta Sección se inclinaba por una interpretación diferente, no había lugar a sacar avante las pretensiones de la demanda por no estar reunido el elemento subjetivo.

Lo dicho conduce a que deba revocarse la sentencia proferida por el a quo, como en efecto se ordenará en la parte resolutiva y, en su lugar serán denegadas las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal Administrativo del Huila, según las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar DENIÉGASE la pérdida de investidura del señor Germán Casagua Bonilla, concejal del Municipio de Neiva- Huila, para el período constitucional 2012-2015.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

MARIÍA ELIZABETH GARCIÍA GONZÁLEZ
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Folios 1 a 8 cuaderno principal.
Lo que también se hizo constar en el auto del 30 de agosto de 2017 que abrió a pruebas el proceso en primera instancia, visible a folio 217 del cuaderno principal. En forma posterior se aportó la contestación de la demanda de manera extemporánea. (folios 229 a 238 cuaderno 2).
Folios 261 a 271 cuaderno 2.
Para lo que citó la sentencia del 1 de agosto de 2016, expediente radicación 20001-23-33-000-201200177-01 (21313). M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

Citando para ello la sentencia C-229 del 21 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Hizo mención a las sentencias del Consejo de Estado proferidas en los radicados números: expediente 73001-23-33-005-2016-00620-01(PI).C.P. María Elizabeth García; 13001-23-33-000-2014-00333-01 (PI) C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y 44001-23-31-000-2004-00056-01 (PI). C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Folios 282 a 292 cuaderno 2.
Folio 4 cuaderno apelación.

Folios 10 a 13 cuaderno apelación.
Folio 23 cuaderno apelación.
Folios 16 a 22 cuaderno apelación.
Folios 10 a 23 cuaderno principal.
Sobre el particular esta Corporación ha dicho: “(…) el artículo 4, literal b) de la Ley 144 de 1994 indica, entre los requisitos que debe contener la demanda de pérdida de la investidura, el de “la acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional”. // Pese a la claridad de este texto, no se puede concluir que el único medio de prueba para certificar dicha calidad sea una específica certificación originada en la organización electoral, por cuanto existen otros documentos para demostrar dicha condición, en tanto esta no está sujeta a una tarifa legal de prueba. // Dentro de esa lógica, se ha admitido, por ejemplo, que si se aporta copia del formulario E-26, esta es suficiente para acreditar la calidad de congresista. // La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por ende, deja en claro que la demostración de la calidad de congresista en los procesos de pérdida de la investidura i) no está sometida a una tarifa legal de prueba, por tanto, en los procesos de esta naturaleza la certificación a que se refiere el artículo 4, literal b), de la Ley 144 de 1994 no es la única prueba para probar dicha posición y ii) si en la contestación de la demanda de pérdida de investidura no se cuestiona esa circunstancia y se responden los fundamentos de la misma, ha de entenderse que la calidad de congresista no requería ser probada, dado que la parte demandada la tiene por cierta. (….).” Cita textual de apartes de la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Proceso radicación número: 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI). C.P. Alberto Yepes Barreiro.

Folios 213 y 214 cuaderno principal.

Folios 81 y 82 cuaderno principal.

Folios 83 a 95 cuaderno principal.

“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.”
Fue promulgado en el Diario Oficial No. 50.477 del 15 de enero de 2018.

No sobra advertir que si en gracia de discusión atendiendo la tesis mayoritaria de la Sala se analizara este elemento, no estaría configurada la caducidad en el caso concreto, toda vez que los hechos demandados, esto es, los contratos suscritos datan del 25 de junio de 2015 (fecha en la que se firmó el contrato estatal de obra nro. 95 de 2015) y del 5 de agosto de 2015 (fecha en la que se firmó el contrato de obra pública nro. 169 de 2015) y por ende no han transcurrido los 5 años a que se refiere la Ley 1881 de 2018.

“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
Según información enviada por la Registraduría Especial del Estado Civil de Neiva, que remitió la copia del formulario E-26 CO. Folios 213 y 214 cuaderno principal.

Folios 28 a 42 cuaderno principal.

Folios 44 a 70 cuaderno principal.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”
“Por la cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
El artículo 123 establece: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.”

ARTICULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR: 1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…) f) Los servidores públicos. (…)”

“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 21 de enero de 2016. Expediente radicación nro. 13001-23-33-000-2014-00333-01.M.P.Roberto Augusto Serrato Valdés.
Corte Constitucional. Sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

Ricardo García Macho, “Contenido y límites del principio de la confianza legítima”, en Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí, Madrid, Edit. Civitas, 1989, p. 461.
Müller J.P. Vertrauesnsschutz im Völkerrecht, Berli, 1971, citado por Silvia Calmes, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français, París, Ed. Dalloz, 2002, p. 567.

Corte Constitucional, sentencia SU- 120 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis.  Salvamentos de voto de los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería.
Sentencia SU-053 de 2015.
Corte Constitucional. Sentencia Su-354 del 25 de mayo de 2017. M.P.(E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 10 de marzo de 2005. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero de 2010. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Fecha en la que el concejal demandado celebró los contratos de obra pública con entidades territoriales distintas a donde fungía como concejal.

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 5 de junio de 2014. Expediente radicación número: 25000-23-42-000-2012-01139-01(PI). C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 5 de junio de 2014. Expediente radicación número: 05001-23-31-000-2013-00909-01(PI). C.P. María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente radicación número: 08001-23-31-000-2005-01480-01(PI). C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.
Sentencia C – 179/05 del 1° de marzo de 2005, referencia D – 5334. M.P. Dr MARCO GERARDO MONROY CABRA. Referencia D – 5334, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 41 (parcial) de la Ley 617 de 2000” por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del Presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto nacional.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación había dicho que desempeñaban función pública y por lo tanto eran servidores públicos según lo previsto por el artículo 123 de la Constitución Política. Véase sentencia del 29 de septiembre de 2009. Expediente radicación número: 25000-23-15-000-2006-02002-01(IJ). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Expediente radicación nro. 13001-23-33-000-2014-00333-01.M.P.Roberto Augusto Serrato Valdés.
“(…) Los miembros de los Concejos Municipales, conforme al artículo 123 de la Carta Política, son servidores públicos al servicio del Estado y están sometidos a la Constitución, a la ley y a los reglamentos. (…)” Ver: CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, Bogotá D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009), Radicación numero: 25000-23-15-000-2006-02002-01(IJ), Actor: ISABEL GARCIA BARON, Demandado: CONCEJAL DE BOGOTA.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Bogotá D.C., Diez (10) de marzo del dos mil cinco (2005), Radicación número: 44001-23-31-000-2004-00056-01 (PI), Demandado: JULIA RAMONA DURÁN URBAEZ.

Corte Constitucional- Sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016.M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Ejusdem.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Expediente radicación número: 81001-23-39-000-2015-00081-01.

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