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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00228-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00228-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00228-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 250002315000202400228-01
Solicitante: Julián Esteban Torres Corchuelo
Concejal: Óscar Eduardo Peña Gómez

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Julián
Esteban Torres Corchuelo –en adelante el Solicitante–, contra la sentencia de 27
de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Julián Esteban Torres Corchuelo -en adelante el Solicitante- pidió, en ejercicio
del respectivo medio de control, se decrete la pérdida de investidura del señor
Óscar Eduardo Peña Gómez, Concejal del Municipio de San Antonio del
Tequendama- Cundinamarca, para el período 2024 – 20271.

1
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; expediente 25000231500020240022800, de primera
instancia. Índice 00001 Demanda(.pdf)

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

Pretensiones

2. El Solicitante, en su escrito, solicitó que se decrete la pérdida de investidura del
Concejal, por violación del régimen de incompatibilidades, de la siguiente manera:

“[…] Asunto: Perdida de investidura contra el Concejal Óscar Eduardo Peña
Gómez de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca por incompatibilidad por
celebración de contrato con el municipio.

[…]

Cargo:

Por violación del régimen de incompatibilidades (numeral 1 del art. 48 de la ley
617 del 2000).
Específicamente por celebrar contratos o realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas o reciban
donaciones de éste (numeral 4 del art. 45 de la ley 136 de 1994) […]”.

Presupuestos fácticos

3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar la solicitud de pérdida de la investidura:

3.1. Señaló que Óscar Eduardo Peña Gómez fue elegido Concejal del Municipio
de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca) para el periodo 2020-2023,
según consta en el Formulario E-26 de 27 de octubre de 2019 expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal, mediante el cual se lo declaró elegido en dicho
cargo; asimismo, que el 29 de octubre de 2023 fue elegido Concejal del mismo
municipio, para el 2024-2027.

3.2. Indicó que el Concejal fungió como Presidente del Concejo Municipal de
San Antonio del Tequendama durante el año 2023, y que el 18 de diciembre de
2023, actuando en nombre y representación de la Asociación de Juntas de Acción
Comunal (ASOJUNTAS) -en adelante ASOJUNTAS-, celebró el Contrato de
Comodato núm. 02-2023 con el Municipio de San Antonio del Tequendama, con
el fin de que esa asociación use, en calidad de préstamo, un inmueble de
propiedad del municipio ubicado en la plaza de mercado.

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

Causal de pérdida de investidura alegada

4. El Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1.°
del artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre de 20002, según la cual, los concejales
perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de incompatibilidades
o del conflicto de intereses […]”, en concordancia con lo previsto en el numeral 4.°
del artículo 45 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943, cuyo texto es el siguiente:

“[…] INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán: […] 4. Celebrar contratos
o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste […]”.

Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura

5. Sobre el elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura, aseveró
que se configura, porque al Concejal le estaba prohibido celebrar contratos o
realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio, sean contratistas o reciban donaciones de éste.

6. Afirmó que el Concejal incurrió en la incompatibilidad, pues mientras fungía
en dicho cargo y ejercía la dignidad de Presidente del Cabildo Municipal, el 18 de
diciembre de 2023, firmó el Contrato de Comodato núm. 02-2023 con el Municipio
de San Antonio del Tequendama, en nombre y representación de ASOJUNTAS,
siendo esto algo que le estaba prohibido, pudiéndole generar beneficios políticos
y de campaña.

7. Señaló que, la celebración del contrato realizada por el Concejal no se ajusta
a ninguna de las excepciones previstas en el artículo 46 de la Ley 136 para las
incompatibilidades.

2
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y
se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
3
“[…] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.

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8. En cuanto al elemento subjetivo de la causal de pérdida de la investidura, indicó
que la conducta de Concejal fue dolosa, en la medida en que ha sido electo en
dicho cargo en tres oportunidades; fungía como Concejal y como Presidente de la
corporación pública municipal; y también era el representante legal de
ASOJUNTAS.

9. Asimismo, manifestó que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y que,
atendiendo las calidades personales señaladas y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el Concejal no podría excusar su comportamiento bajo los argumentos de
que fue asesorado, o que desconocía el sentido o interpretación de la prohibición
en la que incurrió.

Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

10. El Concejal, a través de apoderado4, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura en el sentido de
pedir que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos:

10.1. Indicó que no se configura el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura puesto que el Concejal no está incurso en la incompatibilidad prevista
en el numeral 4.º del artículo 45 de la Ley 136, porque el Contrato de Comodato
núm. 02-2023, lo suscribió el Concejal con una persona de derecho público, esto
es, el Municipio de San Antonio del Tequendama; y no con entidad privada, como
lo establece la norma invocada.

10.2. Afirmó que las causales de pérdida de investidura son taxativas y no
admiten interpretaciones extensivas o analógicas; de manera que, según la causal
de incompatibilidad alegada por el Solicitante, no existe tipicidad de la conducta
al haber celebrado el mencionado contrato de comodato.

10.3. Aseveró que celebró dicho contrato como representante de ASOJUNTAS,
con un objetivo común, social, de desarrollo comunal, pero no lo hizo en su propio

4
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; expediente 25000231500020240022800, de primera
instancia. Índice 00011 MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 11

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beneficio ni en el de sus parientes cercanos; asimismo, dijo que el comodato es
un contrato celebrado a título gratuito que no conlleva transacción de dineros
públicos; que fue un acuerdo de voluntades con el Municipio de San Antonio del
Tequendama que no incluyó recursos de fondos públicos; además, no lo suscribió
en su calidad de Concejal, ni de Presidente del Concejo Municipal.

10.4. Señaló que, en todo caso, la celebración de dicho contrato encaja en la
excepción prevista en el artículo 46 de la Ley 136, relativa a usar los bienes y
servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo
condiciones comunes a todos los que lo soliciten.

10.5. En punto de lo anterior, trajo a colación el caso la Asociación de Víctimas
del Conflicto ASOVISAN, para indicar que, en igualdad de condiciones que
ASOJUNTAS y en el mismo centro de negocios de la Alcaldía Municipal, se les
asignó un salón a título gratuito, donde pueden trabajar sus productos cárnicos; y
en comodato, una maquinaria trifásica para el tratamiento de dicha materia prima
en ese lugar.

La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881

11. La audiencia pública tuvo lugar el 29 de abril de 20245 con la asistencia del
Solicitante; el Concejal y su apoderado; y el Agente del Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
27 de mayo de 20246, dispuso “[…] Negar la solicitud de pérdida de investidura
del concejal del Municipio de San Antonio del Tequendama, Óscar Eduardo Peña
Gómez, por la causal de incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del

5
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; Índice 00028 de Samai, expediente
25000231500020240022800 de primera instancia: 039ActaAudiencia.pdf. NroActua 28
La grabación de la audiencia podrá ser consultada en el siguiente link:
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/e98c2c79-b2f3-4e11-aaa3- 409e0d6037fe?vcpubtoken=0ca13b1d-9c51-48fa-
843b-602fd4b7808d
6
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; Índice 00039 de Samai, expediente de primera instancia
25000231500020240022800; 46SENTENCIA.pdf. NroActua 39

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artículo 45 de la Ley 136 de 1994, conforme a las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. […]”.

Consideraciones del Tribunal

13. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:

13.1. El problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] si Óscar Eduardo Peña Gómez concejal del Municipio de San Antonio del
Tequendama –Cundinamarca para el período constitucional 2020-2023, incurrió o
no en violación del régimen de incompatibilidades previsto en el numeral 4 del
artículo 45 de la ley 136 de 1994, y si por ello le es aplicable la pérdida de
investidura como lo señala el numeral 1º del artículo 48 de la ley 617 de 2000 […]”.

13.2. Previo a descender en la solución del problema jurídico planteado, se refirió
al marco normativo, así como al desarrollo jurisprudencial de la pérdida de
investidura y del régimen de incompatibilidades de los Concejales; de igual
manera, con fundamento en antecedentes jurisprudenciales de esta Corporación
y de la Corte Constitucional, consideró que las incompatibilidades tienen que ver
con hechos o circunstancias que ocurren en forma posterior a la elección, erigidas
en prohibiciones durante el ejercicio del cargo; las cuales, de incurrir el Concejal
en ellas, acarrean la pérdida de su investidura.

13.3. Consideró que las incompatibilidades de los Concejales están previstas de
forma taxativa en el artículo 45 de la Ley 136; sustentado en jurisprudencia de la
Sección Primera7, señaló que para la configuración de la incompatibilidad prevista
en el numeral 4.° ibidem, debe constatarse que el Concejal, estando en ejercicio
de sus funciones: i) haya celebrado contratos o realizado gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado; ii) que esas personas administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del mismo municipio para el cual
resultó elegido, o sean contratistas de dicho ente territorial, o reciban donaciones
de este.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 4 de agosto de 2011; MP.
María Elizabeth García González, expediente 25000-23-31-000-2010-02331-01(PI). Sentencia de 1.º de diciembre de
2022; MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 52001-23-33-000-2021-00188-01(PI).

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7

Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

13.4. Teniendo en cuenta el artículo 143 de la Ley 136, la Ley 2166 de 18 de
diciembre de 20218, especialmente, los artículos 1.°, 5.°, 6.°, 7.°, 16 y 63, y la
jurisprudencia del Consejo de Estado9, concluyó que “[…] la naturaleza jurídica de
los organismos de acción comunal corresponde a la de personas de derecho
privado de carácter solidario, cuya personalidad jurídica nace del reconocimiento
estatal. Tienen capacidad para contratar con las entidades públicas de cualquier
orden y recibir recursos oficiales, para participar en el ejercicio de funciones
municipales y para prestar servicios o ejecutar obras que se encuentren a cargo
de la Administración […]”.

13.5. De igual manera, consideró que en el supuesto referido a la celebración de
contratos con personas naturales o jurídicas de derecho privado que sean
contratistas del ente territorial, la Sección Primera ha sostenido que, “[…]
[P]recisamente, lo que prohíbe la causal invocada es contratar con empresas,
cualquiera sea su objeto social, que a su vez sean contratistas del Municipio donde
el Concejal funge como tal […]”10.

13.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró, para resolver el caso
concreto, que no obstante encontrarse probado que el señor Óscar Eduardo Peña
Gómez, siendo Concejal y Presidente del Cabildo Municipal de San Antonio del
Tequendama, celebró el Contrato de Comodato núm. 02-2023 de 18 de diciembre
de 2023 con el Municipio de San Antonio del Tequendama, en nombre y
representación de ASOJUNTAS, la celebración del mencionado contrato no
configura la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 45
de la Ley 136.

13.7. Lo anterior, “[…] en consideración a que la causal dispone de manera textual,
que los concejales no podrán “celebrar contratos o realizar gestiones con
personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o
inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas

8
“[…]Por la cual se deroga la ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la constitución política de Colombia en lo
referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la
política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones […]”.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de marzo de 2006; MP.
Camilo Arciniegas Andrade, expediente 3275.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 4 de agosto de 2011; MP.
María Elizabeth García González, expediente 25000-23-31-000-2010-02331-01(PI).

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8

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del mismo o reciban donaciones de éste”; mientras que el Contrato de Comodato
no. 02-2023 de fecha 18 de diciembre de 2023, se celebró, entre la Asociación de
Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), representada legalmente por Óscar
Eduardo Peña Gómez y el municipio de San Antonio de Tequendama, que es una
entidad territorial de derecho público y no privado, como lo exige de manera
taxativa la causal invocada.

13.8. De igual manera, consideró que aunque el señor Óscar Eduardo Peña
Gómez tuviera la calidad de Concejal y Presidente del Concejo para el momento
en que celebró el contrato, esa circunstancia tampoco configura la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 4.º del artículo 45 de la Ley 136, porque la
conducta reprochada por la norma consiste en: “[…] contratar o gestionar con
personas naturales o jurídicas de derecho privado; circunstancia que no se
presentó en el caso sub iudice, pues el contrato fue celebrado por ASOJUNTAS,
representada por él, con una entidad de derecho público, como lo es la entidad
territorial Municipio de San Antonio del Tequendama […]”.

13.9. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
concluyó que, la suscripción del contrato de comodato entre ASOJUNTAS y el
Municipio de San Antonio del Tequendama no se adecúa a ninguno de los
supuestos fácticos previstos en el numeral 4.° del artículo 45 de la Ley 136; en
consecuencia, la conducta que se le endilga al Concejal no configura la causal de
pérdida de investidura, por violación del régimen de incompatibilidades.

13.10. Por último, consideró que tratándose la pérdida de la investidura de un
proceso sancionatorio y atendiendo a que la conducta del Concejal, acreditada en
el plenario, no configura el elemento objetivo de la causal de incompatibilidad,
concluyó que no hay lugar a realizar análisis de culpabilidad alguno, toda vez que
no se demostró que hubiera incurrido en la conducta prohibida que le endilga el
Solicitante.

Recurso de apelación presentado por el Solicitante

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9

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14. El Solicitante interpuso recurso de apelación en el que pidió revocar la
sentencia proferida el 27 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; los planteamientos del recurso se sintetizan a continuación11, así:

14.1 Se configura la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4.°
del artículo 45 de la Ley 136, porque en el proceso se demostró que el señor
Óscar Eduardo Peña Gómez: i) fue Concejal del Municipio de San Antonio del
Tequendama, periodo 2020-2023; ii) durante el año 2023 ostentó la calidad de
Presidente de ese Concejo Municipal; iii) el 18 de diciembre de 2023, en su calidad
de Presidente de ASOJUNTAS, en nombre y representación de esta, celebró con
la Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama el Contrato de Comodato
núm. 02-2023; iv) el valor de dicho contrato se estimó en $20.000.000,
correspondientes al valor del bien inmueble que el municipio le entregó a
ASOJUNTAS; v) el 18 de diciembre de 2023, en su calidad de Presidente de
ASOJUNTAS, estuvo presente para recibir el inmueble entregado en comodato, y
suscribió el acta de entrega correspondiente.

14.2 Aseveró que con esos hechos probados se corrobora, “[…] sin dubitación
alguna […]”, que como representante legal de ASOJUNTAS, persona jurídica de
derecho privado, siendo Concejal y Presidente del Concejo Municipal de San
Antonio del Tequendama, realizó gestiones “[…] con, por, y para […]” esa persona
jurídica de derecho privado, para acceder al Contrato de Comodato con el
Municipio de San Antonio del Tequendama, y obtener el inmueble por el término
de 5 años previsto en el contrato.

14.3 Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, ASOJUNTAS“[…] pasó a
administrar, manejar y usar los recursos fiscales municipales (local en la plaza de
mercado) por valor de $20.000.000 m.cte, procedentes del respectivo Municipio
[…]”, y, por ende, tiene la calidad de contratista.

11
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; Índice 00050 de Samai, expediente de primera instancia
25000231500020240022800; 53_MemorialWeb_RecursoApelación.pdf. NroActua 53
En el escrito del recurso de apelación, el Solicitante hizo propios los argumentos de disenso de algunos de los Magistrados
de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; para ese efecto, transcribió apartes de estos.

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10

Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

14.4 Para respaldar la deducción referida a que el Concejal realizó gestiones con
ASOJUNTAS, transcribió los siguientes apartes de la intervención del Concejal en
la audiencia pública del proceso y de su contestación a la solicitud, así:

De la audiencia pública:

“[…] Inicia la transcripción en el 34:50 de la grabación: “Esta oficina desde el año
2012 ha venido funcionando, porque los alcaldes de ese entonces han tenido bien
darle este espacio a la parte comunitaria, a sabiendas de que siempre han
necesitado un espacio y la alcaldía donde están las diferentes oficinas son muy
estrechas e inclusive en el mismo concejo, concejo que muchos presidentes a
veces piden el espacio prestado, no se los puede facilitar pues porque el concejo
está en sus sesiones, en todo lo que tiene que ver con la parte legislativa dentro de
los periodos ordinarios a sesionar, entonces ese espacio se había entregado, ya
que la administración de aquel entonces había solicitado el espacio para renovarlo,
para hacerle sus arreglos pertinentes y desde luego la administración del año 2020-
2023, tuvo a bien nuevamente devolvernos el espacio a los comunales para que
nos sintiéramos atendidos y darle cumplimiento a uno de los puntos que tuvo a bien
incluir dentro de su plan de gobierno en aquel entonces en campaña electoral punto
que fue incluido dentro de un plan de desarrollo del periodo constitucional 2020-
2023.” Finalizado en 37:01 […]”.

Del escrito de contestación:

“[…] conoce que el salón asignado a ASOJUNTAS nos ha servido muchísimo en
las labores diarias para el trabajo de nuestros comunales (pág. 4 subrayas fuera)

[…] primero que allí actúe fue como representante de la Asociación de Juntas de
Acción de Comunal de San Antonio del Tequendama ASOJUNTAS, cargo que
desempeño ad honorem hace más de 10 años en mi Municipio (pág. 3 de la
contestación de la demanda) […]”.

14.5 El Solicitante concluye, a partir de las anteriores transcripciones, que el
Concejal aceptó que como Presidente de la asociación, desplegó diversas
gestiones con ASOJUNTAS, especialmente: i) solicitar el certificado del IDACO
para allegarlo al contrato, donde consta su representación legal; ii) estar presente
en la entrega de esa oficina y firmar el acta de entrega por ASOJUNTAS; iii)
informar a las demás personas de la Junta Directiva de ASOJUNTAS sobre la
oficina que les pidieron, la remodelación que haría la Alcaldía, así como de la
nueva entrega y la realización del contrato; igualmente, infiere el reconocimiento
que hace el Concejal, acerca de que fue su gestión por la que ASOJUNTAS logró
la contratación, insistiendo en que, además, afirmó llevar más de 10 años siendo
el Presidente de dicha asociación.

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14.6 Por último, con fundamento en las sentencias del Consejo de Estado,
proferidas el 6 de junio de 200612 y el 12 de marzo de 201313, aseveró que el
comportamiento del Concejal encaja de manera perfecta en el concepto de
gestión desarrollado por la jurisprudencia, en el sentido de que “[…] comporta una
actividad o conducta positiva del congresista frente un sujeto cualificado, que se
adelante con el propósito de satisfacer intereses extraños al ejercicio de la función
pública a su cargo y con violación del principio de igualdad que orienta las
relaciones ordinarias del parlamentario […]”.

14.7 Aclaró que, dicho concepto de gestión es aplicable para el caso de la
incompatibilidad de los Concejales, prevista en el numeral 4.° del artículo 45 de la
Ley 136, porque así lo señaló la segunda de esas decisiones; la cual se ocupó de
resolver sobre idéntica prohibición que tienen los congresistas: “[…] Celebrar
contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas
del Estado o reciban donaciones de este […]”, prevista en el numeral 4.° del
artículo 180 de la Constitución.

14.8 Sobre la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida
de la investidura, el Solicitante reiteró los argumentos de la solicitud; en adición,
estimó que la conducta del Concejal es dolosa, porque responde a intereses
extraños al ejercicio de la función pública, toda vez que desconoció el
ordenamiento jurídico que le era aplicable como Concejal, concretamente: por un
lado, el artículo 9.° del Decreto 777 de 16 de mayo de 199214, que prohíbe,
expresamente, firmar comodatos con los miembros de las corporaciones públicas
del mismo municipio donde se celebra el contrato; por el otro, el literal b) del
artículo 15 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de San Antonio del

12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 6.06.2006. MP. Ramiro Saavedra
Becerra; expediente 11001-03-15-000-2005-01331-00(PI). El Solicitante citó el siguiente aparte: “[…] Conforme a lo anterior
la Sala infiere que la gestión a que alude el numeral 2, artículo 180 de la Carta, comporta una actividad o conducta positiva
del congresista frente un sujeto cualificado, que se adelante con el propósito de satisfacer intereses extraños al ejercicio
de la función pública a su cargo y con violación del principio de igualdad que orienta las relaciones ordinarias del
parlamentario […]”.
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12.03.2013. MP. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren; expediente 11001-03-15-000-2011-00125-00(PI). El Solicitante citó el siguiente aparte: “[…] Mutatis
mutandis, este entendimiento del verbo “gestión” se hace plenamente aplicable, en criterio de la Sala Plena, a la lectura de
la prohibición establecida en el numeral 4 del artículo 180 de la Carta, consistente en “Celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos
públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste.” (negrillas fuera del original) […]”.
14
“[…] Por el cual se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política […]”.

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Tequendama, “[…] que obligan (sic) al alcalde a solicitar autorización previa para
firmar comodatos […]”.

14.9 Aludió a nuevos hechos, los cuales, en su criterio, demuestran que la
actuación del Concejal fue subrepticia, y que ASOJUNTAS fue favorecida por el
ex Alcalde Municipal de San Antonio del Tequendama, porque el Concejal y el ex
Alcalde son amigos y compañeros de partido político, y porque, cuando el
Concejal fue Presidente del Cabildo, en el año 2023, aprobó una modificación del
Esquema de Ordenamiento Territorial saltándose la legislación nacional aplicable
en temas de participación ciudadana, para beneficiar a la ex Secretaria de
Planeación del ex Alcalde; además, indicó que otra prueba del dolo del Concejal,
lo constituye el hecho de que lo haya bloqueado en sus redes sociales, luego de
que presentara la Solicitud de desinvestidura; finalmente, manifestó que por todos
estos hechos, formuló denuncias penales y disciplinarias contra el Concejal y el
ex Alcalde.

Admisión y traslado del recurso de apelación

15. El Magistrado Ponente admitió el recurso por auto de 22 de julio de 202415, y
ordenó correr el traslado de ley; en esta oportunidad procesal, el Concejal
presentó escrito en el que se opuso al recurso y la Agente del Ministerio Público
rindió Concepto; mediante auto de 30 de agosto de 202416, el despacho
sustanciador negó las solicitudes probatorias realizadas por el Concejal17, por no
corresponder a los supuestos previstos en el artículo 212 de la Ley 1437;
asimismo, rechazó la solicitud probatoria elevada por el Solicitante18, al haber sido
presentada fuera de la oportunidad procesal correspondiente.

Oposición al recurso de apelación

15
Cfr. Índice 00004 de Samai, expediente principal.
16
Cfr. Índice 00154 de Samai, expediente principal.
17
Cfr. Índice 00008 de Samai, expediente principal; en el escrito que presentó el 25 de agosto de 2024, por correo
electrónico, contentivo de su pronunciamiento frente al recurso de apelación.
18
Cfr. Índice 00011 de Samai, expediente principal; en el escrito que presentó el 26 de agosto de 2024, por correo
electrónico, contentivo de la solicitud probatoria.

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16. El Concejal19 se opuso al recurso de apelación y solicitó que se confirme la
sentencia proferida el 27 de mayo de 2024, en primera instancia; con dicho
propósito expuso, en síntesis, los siguientes argumentos20:

16.1 En primer lugar, manifestó que lo invocado por el Solicitante no se ajusta al
régimen de incompatibilidades alegado, porque el contrato de comodato, objeto
de reproche, se celebró con una persona jurídica de derecho público: el Municipio,
y no se celebró con una persona de derecho privado como lo exige la norma;
señaló que lo anterior quedó probado en el proceso, como también se acreditó
que dicho contrato fue a título gratuito, no involucró la ejecución de recursos
públicos, y que su propósito es el beneficio comunitario.

16.2 En segundo orden, señaló que, en el caso concreto, no se dan los elementos
objetivos para que se configure la causal de incompatibilidad invocada por el
Solicitante; en consecuencia, la ausencia de violación del régimen de
incompatibilidades impide decretar la pérdida de la investidura; puso de presente
que, para decretar la pérdida de la investidura, “[…] se deben garantizar y respetar
los principios de taxatividad y legalidad esto es observar plenamente los principios
del debido proceso, pro homine, pro-reo, (sic) y de legalidad, dentro de los cuales,
reitera, la taxatividad, lo que conlleva que para el presente caso no hay lugar a
aplicar normas por analogía en virtud de los principios de proporcionalidad,
favorabilidad y razonabilidad […]”, conforme a la jurisprudencia contenida en la
Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 201621.

16.3 En tercer lugar, afirmó que el Concejal no celebró el contrato de comodato
en su calidad de Concejal o de Presidente del Cabildo Municipal, sino que lo hizo
en el ejercicio de la representación legal ordenada por la ley a los Presidentes de
los organismos comunitarios, estando probado que funge como Presidente de
ASOJUNTAS.

16.4 En cuarto orden, aseveró que el contrato de comodato suscrito entre
ASOJUNTAS y la Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama, tuvo lugar

19
Por intermedio de su apoderado.
20
Cfr. Índice 00008 de Samai, expediente principal, 6_MemorialWeb_Concepto-Memorialaplicacion(.pdf) NroActua 8
21
Corte Constitucional. Sala Plena. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado, expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335.

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en las condiciones comunes ofrecidas al público; en consecuencia, se subsume
en la excepción sobre inhabilidades e incompatibilidades, prevista en el artículo
1022 de la Ley 80 de 28 de octubre de 199323.

16.5 Dijo que, por los mismos hechos ventilados en este proceso se adelantan
investigaciones penales y disciplinarias contra el Concejal; en punto de ello, trajo
a colación lo dicho por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia
apelada, en cuanto a que la pérdida de la investidura “[…] Es un tipo de
responsabilidad por conducta dolosa o gravemente culposa, distinta a la
responsabilidad administrativa disciplinaria propiamente dicha o de la
responsabilidad penal, que, eventualmente puede adelantarse por los mismos
hechos, cada una en proceso distinto, con fines y propósitos diferentes, previstos
en el ordenamiento también en forma específica y disímil a este juicio de pérdida
de investidura […]”.

16.6 Manifestó que, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se adelanta
otro proceso de pérdida de investidura contra el Concejal, con fundamento en los
mismos supuestos fácticos, pero por causales de desinvestidura diferentes,
correspondiente al radicado 2024-00328 acumulado 2024-00313; de ello, dedujo
la posibilidad de una “[…] persecución política […]” al Concejal, dada su trayectoria
y desempeño como cabildante, y su liderazgo social y comunitario.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de incompatibilidades; vi) el marco normativo y desarrollo

22
Cfr. “[…] De las Excepciones a las Inhabilidades e Incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para
usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones
comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de
las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en
desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política […]”..
23
“[…] por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.

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jurisprudencial de la incompatibilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 45 de
la Ley 136; vii) el análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.

Competencia de la Sala

18. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201924;
y iv) el artículo 15025 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado
en segunda instancia y cambio de radicación: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer
del presente asunto.

19. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite.

20. Vistos los artículos 328 y 320 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201226, la Sala
procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos
formulados por el apelante.

El Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar si el Concejal incurrió o no en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, y
en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, por violación del régimen de
incompatibilidades, en razón a que: siendo Concejal y Presidente del Cabildo
Municipal, en su calidad de Presidente de ASOJUNTAS y en representación legal
de ésta, celebró el Contrato de Comodato núm. 02-2023 con el Municipio de San
Antonio del Tequendama.

24
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
26
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

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22. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 27 de
mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primera instancia.

La calificación habilitante

23. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 188127, la Sala encuentra probado
que el señor Óscar Eduardo Peña Gómez tuvo la calidad de Concejal del
Municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, según consta en el
formulario E-26 de 27 de octubre de 2019 expedido por la Comisión Escrutadora
Municipal28, por medio del cual se declaró su elección como Concejal de dicho
municipio, para el período 2020 – 2023.

24. En ese orden de ideas, la investidura del Concejal se tiene por cierta en la
medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba de dicha
calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

Marco normativo

25. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14329 de la Ley 1437 y las
leyes 136, y 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.

26. Vistos el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, en armonía con los
numerales 1 y 6 del artículo 48 de la Ley 617, los Concejales perderán su
investidura, por violación del régimen de incompatibilidades.

27
“[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta
deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]”.
28
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; expediente 25000231500020240022800, de primera
instancia. Índice 00001 2REPARTOYRADIC_JULIANTORRESZIP(.zip) NroActua 1. DemandaYAnexos
29
Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de
cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de
congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local,
así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.

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Desarrollos jurisprudenciales

27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio30 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.

28. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.

29. La Sala Plena31 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de

30
Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15000- 2014-
03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017, Expediente:
110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.

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pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.

30. En esa misma orientación, la Corte Constitucional32 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

31. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201021. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

32. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.

33. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes33, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo34.

32
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado,
expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335.
33
Ibidem.
34
En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.

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34. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”35.

35. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo36.

Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de
investidura

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de
la pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro
de las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las
causales son de aplicación restrictiva37; lo anterior en atención a que las
prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de
origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus causas,
vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de
manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.

35
Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible,
a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
36
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso sancionatorio
debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar
la culpa.
37
Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación: 230012333004201500489-
01; C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.

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37. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de
21 de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de
investidura son aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante
“[…] destacar la atinente a que las causales de pérdida de investidura de los
congresistas deban ser concebidas como de derecho estricto, de orden público y
de interpretación restrictiva, pues no puede perderse de vista que la pérdida de
investidura es una sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus
derechos políticos en el futuro y a perpetuidad […]”.

38. Asimismo, señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto la Corte Constitucional
como el Consejo de Estado han puesto de presente que las normas que
establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera
que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten
mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el
desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en la
Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino
siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva […]”.38

39. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado
el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del
castigo, así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a
él le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio,
dentro de las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva
legal, taxatividad y favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…]
son de orden público, de interpretación restrictiva y “que no cabe su
aplicación por analogía ni por extensión”, ya que tienen por consecuencia
una sanción “que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos
políticos en el futuro y a perpetuidad […]” y reiteró que “[…] el legislador está
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito,
en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre
el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción […]”
(Destacado fuera de texto).

38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de julio de 2015. MP. María Claudia
Rojas Lasso; número único de radicación: 110010315000201200059-00(PI).

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40. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
3 de noviembre de 201639 consideró que “[…] la interpretación y aplicación
restrictiva de las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también
obedece al principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella
interpretación más favorable al hombre y a sus derechos […]”.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de incompatibilidades

41. Visto el numeral 2. º del artículo 55 de la Ley 136 y el numeral 1.° del artículo
48 de la Ley 617, los concejales perderán su investidura por violación del régimen
de incompatibilidades.

42. Las incompatibilidades han sido definidas por esta Sección como “[…] la
prohibición de ejercer dos actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso
de los servidores públicos se traduce en la prohibición de desempeñar o ejercer
otros cargos o realizar otras actividades distintas a las que corresponde a las
funciones del cargo de que son titulares […]”40.

43. Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que
“[…] las incompatibilidades son todas aquellas actuaciones que le está prohibido
realizar al funcionario durante el desempeño del cargo o con posterioridad, so
pena de quedar sometido al régimen disciplinario correspondiente […]”41; […] las
incompatibilidades implican la imposibilidad de una simultaneidad entre la función
pública que se desempeña con otras actividades expresamente señaladas por la
Constitución o la ley […]”42.

39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de noviembre de 2016. MP.
Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación: 23001- 23-33-004-2015-00489-01(PI).
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 17 de julio de 2008,
identificada con núm. único de radicación 44001-23-31-000-2008-00005-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; sentencia de 3 de septiembre de 1998. MP.
Miren De La Lombana de Magyaroff, expediente núm. 1952. También, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta; sentencia de 14 de septiembre de 2001. MP. Mario Alario Méndez, expediente núm. 2616,
Sección Quinta, se dice: “incompatibilidad, impedimento, prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada cuando
se ocupa un cargo o por razón de haberlo ocupado.”
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta; sentencia de 1° de diciembre de 2022. MP.
Pedro pablo Vanegas Gil, expediente 11001-03-28-000-2022-00123-00(NE).

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

44. De igual manera, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
considerado, “[…] las incompatibilidades se refieren a la prohibición establecida
por la ley para determinadas personas que posean una investidura oficial o
desempeñen funciones públicas, o hayan sido exfuncionarios públicos, de
desempeñar cargos o empleo público o privado, gestionar asuntos, celebrar
contratos o ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades
descentralizadas […]”43.

45. La Corte Constitucional mediante sentencia C-181 de 10 de abril de 199744,
consideró que las incompatibilidades consisten en “[…] una prohibición dirigida al
titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de
ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de
la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos,
en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y
capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben
guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]”
(Destacado fuera de texto); y así lo ha reiterado, entre otras, en las sentencias C-
015 de 20 de enero de 200445, C-179 de 1.° de marzo de 200546 y C-903 de 17
de septiembre de 200847.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 45 de la Ley 136

46. Visto el artículo el numeral 4.° del artículo 4548 de la Ley 136, sobre las
incompatibilidades de los concejales, estos no podrán “[…] Celebrar contratos o

43
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de octubre del 2020. MP. Rafael
Francisco Suárez Vargas, Radicación 11001- 03-15-000-2020-00061-01(PI).
44
Corte Constitucional. Sala Plena. MP. Fabio Morón Díaz, expediente D-1450. Ver en sentido similar: Corte Constitucional.
Sala Plena, sentencia C-426 de 12 de septiembre de 1997. MP. Hernando Herrera Vergara, expediente D-1166; esta
decisión consideró “[…[ [l]as incompatibilidades legales tienen como función primordial preservar la probidad del servidor
público en el desempeño de su cargo, al impedirle ejercer simultáneamente actividades o empleos que eventualmente
puedan llegar a entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión pública.
45
Corte Constitucional. Sala Plena. MP. Manuel José Cepeda Espinosa, expediente D-4694.
46
Corte Constitucional. Sala Plena. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, expediente D-5334.
47
Corte Constitucional. Sala Plena. MP. Jaime Araujo Rentería, expedientes D-7222 y D-7231 (acumulados).
48
Adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 9 de octubre de 2000: Cfr. “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley
136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional […]”.
“[…] INCOMPATIBILIDADES: Los concejales no podrán:
1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública ni vincularse como trabajador oficial, so pena de perder
la investidura. Tampoco podrán contratar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas.

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste […]”.

47. La Sección Primera de esta Corporación se ha pronunciado sobre la
mencionada incompatibilidad, señalando que para su configuración es necesaria
la concurrencia de los siguientes supuestos: “[…] i) celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, (ii) que
dichas personas administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes
del respectivo Municipio o sean contratistas del mismo Municipio o reciban
donaciones de éste […]”49.

48. De igual manera, ha considerado que la causal de incompatibilidad que se
viene estudiando prevé dos supuestos; el primero, consistente en celebrar
contratos con personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, que i)
administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
Municipio ii) o sean contratistas del mismo Municipio iii) o reciban donaciones de
éste; el segundo, referido a o realizar gestiones que i) administren, manejen o
inviertan fondos públicos procedentes del respectivo Municipio ii) o sean
contratistas del mismo Municipio iii) o reciban donaciones de éste50.

49. En lo referente al segundo supuesto, siguiendo la jurisprudencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo51, la Sección Primera ha reiterado el

2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que
más adelante se establecen.
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o de
instituciones que administren tributos procedentes del mismo.
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen
o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de
éste.
5º. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o
contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.
PARAGRAFO 1º. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria.
PARAGRAFO 2º. El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un empleo o cargo público o celebre con
él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el
presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta [...]”
49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 6 de septiembre de 2012.
MP. María Elizabeth García González, expediente 76001-23-31-000-2011-01760-01(PI). Sentencia de 3 de diciembre de
2015. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 47001-23-33-000-2013-00222-00(PI); Sentencia de 15 de agosto
de 2019. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2018-00422-01(PI); Sentencia de 30 de septiembre
de 2021. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 05001-23-33-000-2019-02158-01(PI). Sentencia de 1.º de diciembre de
2022. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 52001-23-33-000-2021-00188-01.
50
Ibidem.
51
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de julio de 2007, Expediente núm.
2006-2791, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.

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alcance de la expresión gestionar, prevista en el numeral 4.° del artículo 45 de la
Ley 136:

“[…] Según el Diccionario de la Real Academia Española, gestionar significa: «1. tr.
Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.»
Por lo tanto, el término “gestión” o gestionar involucra o abarca el conjunto de
trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto; […]
«gestionar» significa «hacer diligencias conducentes al logro de un negocio», pero
para que se configure esta causal es necesario que esas gestiones se hagan para
beneficio del propio concejal o de terceros: […] La Sala debe distinguir entre
gestiones a favor de la comunidad y gestiones para beneficio propio o de terceros,
pues las primeras son propias del ejercicio del cargo de concejal y por lo tanto esas
conductas no son reprochables […]. La prohibición se consagró para evitar que los
concejales pudieran beneficiarse en alguna forma de los recursos que administren
o manejen los particulares y provengan del ente territorial y no para que éstos
pudieran desentenderse de los asuntos que afectan a la comunidad que los eligió
[…]”52.

Análisis del caso concreto

50. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar
y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por
el apelante en la oportunidad procesal correspondiente

51. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente, o no,
el estudio de los argumentos planteados por el Solicitante en el recurso de
apelación, para sustentar la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen del conflicto de intereses, según los cuales:

52. Se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura;
porque para celebrar el Contrato de Comodato núm. 02-2023, el Concejal realizó
gestiones “[…] con, por y para […]” ASOJUNTAS, persona jurídica de derecho

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010. MP. María
Claudia Rojas Lasso, expediente 25000-23-15-000-2009-01495-01(PI),

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

privado que, por virtud de la celebración de ese contrato, es contratista del
Municipio de San Antonio del Tequendama, maneja y administra recursos
públicos, representados en el inmueble que se le dio en préstamo de uso.

53. La conducta del Concejal es dolosa, porque desconoció el ordenamiento
jurídico que le era aplicable como Concejal, concretamente: el artículo 9.° del
Decreto 777 de 16 de mayo de 199253, que prohíbe, expresamente, firmar
comodatos con los miembros de las corporaciones públicas del mismo municipio
donde se celebra el contrato; así como el literal b) del artículo 15 del Reglamento
Interno del Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama, “[…] que obligan
(sic) al alcalde a solicitar autorización previa para firmar comodatos […]”.

54. Que la actuación del Concejal fue subrepticia y que ASOJUNTAS fue
favorecida por el ex Alcalde Municipal de San Antonio del Tequendama, porque:
i) los unen lazos de amistad y militancia política; ii) siendo Presidente del Concejo
Municipal, en el año 2023, el Concejal aprobó una modificación del Esquema de
Ordenamiento Territorial, para beneficiar a la ex Secretaria de Planeación del ex
Alcalde; iii) el Concejal lo ha bloqueado en sus redes sociales, luego de que
presentara la Solicitud de desinvestidura, impidiendo que acceda a la información
sobre su ejercicio como servidor público y Presidente de ASONJUNTAS.

55. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…]
[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley […]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.

56. Esta Sección en diversas oportunidades54 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para

53
“[…] Por el cual se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política […]”.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:

2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS
LASSO

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pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que
no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no
hacen parte del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de
primera instancia estudió […]” porque ello constituiría vulneración del principio
de congruencia y, en consecuencia, de los derechos del debido proceso,
contradicción y de defensa de la parte que resulte afectada (Destacado de la
Sala).

57. Lo anterior cobra relevancia en esta clase de procesos, en la medida en que,
por tratarse de un trámite sancionatorio, es imperiosa la necesidad de velar por la
protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de
pérdida de investidura55 y es que, como lo explicó esta Sección en sentencia de
13 de octubre de 201656, “[…] la institución de la pérdida de investidura tiene un
evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De una
parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las
funciones que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad permanente
consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de elección
popular […]”.

58. En el caso sub examine, se observa que el señor Julián Esteban Torres
Corchuelo presentó solicitud, en ejercicio del medio de control de pérdida de
investidura contra el Concejal, argumentando que incurrió en la causal prevista en
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en cuanto establece que los concejales
perderán su investidura por violación del régimen de incompatibilidades; en
concordancia con el numeral 4.° del artículo 45 ibidem, toda vez que el señor Óscar
Eduardo Peña Gómez, siendo Concejal y Presidente del Concejo Municipal de
San Antonio del Tequendama, en representación de ASOJUNTAS, organismo del
que es Presidente y representante legal, celebró un Contrato de Comodato con
ese Municipio; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la pérdida de
investidura del Concejal, en consideración a que dicho supuesto no se subsume
en el supuesto previsto en el numeral 4.° del artículo 45 ibidem, como
incompatibilidad.

55 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 2012.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de octubre

de 2016; MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 81001-23-39-000-2016-00014-01.

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

59. Ahora, la Sala observa que los argumentos planteados por el Solicitante, en
el recurso de apelación, indicados en los numeral 52, 53 y 54 supra, se aducen
por primera vez en el proceso; es decir, en sede del recurso de apelación. Se trata
de unos planteamiento jurídicos y fácticos que, como se dijo, debieron ser
expuestos en la Solicitud de pérdida de investidura con el objeto de garantizar el
derecho del debido proceso y de contradicción y de defensa del Concejal.

60. En consecuencia, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento en
relación con los nuevos argumentos planteados por el Solicitante de la pérdida de
investidura, indicados supra.

Sobre la ausencia de configuración del elemento objetivo de la causal de
pérdida de la investidura, por violación del régimen de incompatibilidades,
por celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos
públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del
mismo o reciban donaciones de éste

61. La Sala procede, en el caso sub examine, atendiendo a los cargos de la
apelación y a los de oposición, al estudio de los supuestos necesarios para la
configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1.º del
artículo 48 de la Ley 617, en concordancia con el numeral 4.° del artículo 45 de la
Ley 136, por violación del régimen de incompatibilidades de los Concejales.

Que ostente la calidad de Concejal

62. La Sala encuentra probado que el señor Óscar Eduardo Peña Gómez, fue
Concejal del Municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, período
2020-2023, según se explicó en el acápite “[…] La calificación habilitante […]” de
esta providencia; época en la cual ocurrieron los hechos que fundan la Solicitud
de pérdida de la investidura. En consecuencia, el primer supuesto del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura se encuentra probado.

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Que se haya celebrado contrato o realizado gestiones con personas
naturales o jurídicas de derecho privado

63. De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, la Sala
encuentra acreditados los siguientes supuestos fácticos:

63.1 Durante el año 2023, el Concejal fungió como Presidente del Concejo
Municipal de San Antonio del Tequendama57; hecho no controvertido y aceptado
por el Concejal en sus intervenciones escritas y en audiencia pública, y que consta
en las imágenes insertadas en el escrito de la solicitud, que se identifican como
capturas de pantalla de publicaciones del Concejo Municipal en sus redes
sociales, en las que el Concejal suscribe su nombre y su calidad de Presidente
del dicho Cabildo.

63.2 El 18 de diciembre de 2023, se celebró el Contrato de Comodato núm. 02-
2023 entre el Municipio de San Antonio del Tequendama -EL COMODANTE- y
ASOJUNTAS, representada legalmente por el Concejal, -EL COMODATARIO-;
este contrato fue firmado por el Alcalde Municipal y por el Concejal; por un término
de duración de 5 años contados a partir de la suscripción; con el siguiente objeto,
destinación y valor58:

“[…] EL COMODANTE, en aras de garantizar promover, facilitar, estructurar
y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y
representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos
y, a la vez, para garantizar el cabal ejercicio de derechos y deberes de las
Juntas de Acción Comunal, en su búsqueda de prever lineamientos
generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento
de la política pública de acción comunal, sus organismos y afiliados, en el
municipio de San Antonio del Tequendama, desde los objetivos del
desarrollo humano, sostenible y sustentable, entregará en préstamo de
uso una parte del bien inmueble identificado con el No. Catastral No 01 00

57 Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; expediente 25000231500020240022800, de primera

instancia. Índice 00001 Demanda(.pdf), folios 2 y 3.
58 Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; expediente 25000231500020240022800, de primera

instancia. Índice 00001 Demanda(.pdf) en Anexos de la demanda. Índice y en la contestación de la Alcaldía
Municipal de San Antonio del Tequendama allegada en el recaudo probatorio, documentos que conforman
el expediente Digital. 39 Documento anexo con la demanda obrante en el expediente digital.

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0013 0004 000 y matrícula inmobiliaria No. 166-12937, ubicado en la calle
4 No.02-38 (donde funciona la Plaza de Mercado del casco urbano del
Municipio de San Antonio del Tequendama), Local de Oficina ASOJUNTAS,
ubicado en el segundo piso del edificio Centro de Negocios PLAZA DE
MERCADO, con medidas de 4.11 mts x 2.38 mts. SEGUNDA:
DESTINACIÓN: El COMODATARIO destinará el bien inmueble objeto del
presente contrato de comodato, única y exclusivamente COMO OFICINA
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL "ASOJUNTAS” […]
VALOR: Para efectos fiscales se estima en la suma de veinte millones de
pesos moneda corriente ($20.000.000), correspondientes al valor del bien
inmueble dado en comodato […]”. (sic).

63.3 De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la
Asociación de Juntas de Acción Comunal -ASOJUNTAS DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA-, expedido el 8 de febrero de 2023, se constata que
ASOJUNTAS es un organismo comunitario, con personería jurídica reconocida
mediante Resolución núm. 94 de 13 de diciembre de 1975, expedida el Ministerio
de Gobierno; igualmente que el señor Óscar Eduardo Peña Gómez es el
Presidente de ASOJUNTAS59; en consecuencia, es claro que ASOJUNTAS es
una persona jurídica de naturaleza comunitaria; de otra parte, aunque el
Certificado referido no expresa que dicho señor es el Representante Legal de
ASOJUNTAS, lo cierto es que, quien tiene la calidad de Presidente de un
organismo comunitario también goza de la calidad de Representante legal de la
misma, conforme con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 2166, según el cual,
la representación legal de los organismos comunales estará a cargo de su
presidente, salvo para los efectos de las empresas comunitarias o los proyectos
rentables, en los cuales la representación la ejerce el gerente o administrador de
la respectiva empresa o proyecto rentable; en consecuencia, se encuentra
probado que el Concejal es el Representante Legal de ASOJUNTAS.

63.4 Según la Certificación expedida por el Secretario de Gobierno y Desarrollo
Comunitario del Municipio de San Antonio del Tequendama el 25 de abril de 2024,

59
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; expediente 25000231500020240022800, de primera
instancia. Índice 00001 Anexos Demanda(.pdf)

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el Contrato de Comodato núm. 02-2023 de 18 de diciembre de 2023 no contempló
la ejecución de fondos públicos60.

64. El recurso de apelación se centró en señalar que se configuró dicho supuesto
de la incompatibilidad, en virtud del Contrato de Comodato núm. 02-2023 que se
celebró entre el señor Peña Gómez, como representante legal de ASOJUNTAS y
el Municipio de San Antonio del Tequendama, siendo aquel Concejal y Presidente
del Cabildo de esa misma entidad territorial, puesto que, para dicha celebración
realizó “[…] con, por, y para […]” ASOJUNTAS, las gestiones necesarias para
acceder a dicha contratación.

65. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que, a
pesar de encontrarse probada la celebración del Contrato de Comodato en los
términos señalados por el Solicitante, el supuesto normativo que da origen a la
incompatibilidad es la celebración del contrato con una persona natural o jurídica
de derecho privado; de manera que, como el Contrato de Comodato núm. 02-2023
fue suscrito por el Concejal, con una entidad territorial, esto es, una entidad de
derecho público, no se configura el primer supuesto exigido en el numeral 4.° del
artículo 45 de la Ley 136.

66. Asimismo, respecto de la realización de gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado, consideró que dicho supuesto no se presentó en el
caso sub judice, porque el Contrato de Comodato núm. 02-2023 fue celebrado por
ASOJUNTAS, representada legalmente por el Concejal, en su calidad de
Presidente de dicho organismo comunitario.

67. La Sala considera que le asiste razón al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, atendiendo la literalidad de la incompatibilidad prevista en el
numeral 4.° del artículo 45 de la Ley 136; la norma prevé que los Concejales no
podrán “[…] Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos
procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban
donaciones de éste […]”.

60
Cfr. Samai; índice 00002: 2_ACUSE_RECIBO(.pdf) NroActua 2; Índice 00050 de Samai, expediente de primera instancia
25000231500020240022800; 32RECIBEMEMORIAL_CERTIFICACIONSOLICIT(.pdf) NroActua 24

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68. Como se lee, la primera parte del numeral 4.° ibidem le prohíbe a los
Concejales: la celebración de contratos o la realización de las gestiones está
prohibida para los Concejales, respecto de un sujeto calificado, en este caso,
personas naturales o jurídicas; corolario, si la celebración del contrato se realiza
con una entidad de derecho público, dicha situación fáctica no se subsume en el
supuesto normativo que exige la norma para la configuración de la
incompatibilidad.

69. La Sala considera que la naturaleza jurídica de los municipios corresponde al
de entidades de derecho público y se deriva de la Constitución Política, cuyo
artículo 311 prevé “[…] [A]l municipio como entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen
la Constitución y las leyes […]”; reconocida a lo largo del ordenamiento jurídico,
entre otras, en la Ley 136, Ley 80; Ley 489 de 29 de diciembre de 199861, el
Decreto 1333 de 25 de abril de 198662.

70. A lo anterior se suma el hecho probado en el proceso, relativo a que el
Concejal suscribió el Contrato de Comodato núm. 02-2023 en calidad de
Representante Legal de ASOJUNTAS, es decir, para tal efecto actuó en nombre
y representación de esa asociación, cuestión que también descarta la
configuración de la hipótesis prevista en el numeral 4 del artículo 45 de la Ley

71. Por último, la Sala considera la importancia que tiene el principio de legalidad
en los procesos de pérdida de la investidura, también conocido como principio de
taxatividad, que impone la aplicación restrictiva de las causales que censuran
comportamientos y, por ende, dichas causales tampoco admiten la interpretación
extensiva o analógica; así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación y
de la Corte Constitucional supra.

61
“[…] por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […].
62
“[…] por el cual se expide el Código de Régimen Municipal […]”.

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72. En efecto, este principio restringe la competencia del funcionario que ejerce
la potestad sancionatoria, a partir de los parámetros sustanciales previstos en el
artículo 29 de la Constitución, como el de juzgamiento conforme con las leyes
preexistentes al acto que se imputa, y de los parámetros procesales previstos en
las leyes que regulan los procesos, es decir, las formas propias del juicio.

73. Conforme con lo anterior, la Sala considera que el Solicitante no alega un caso
en el que el Concejal, hubiera celebrado, por sí o por interpuesta persona, un
contrato con una persona jurídica de derecho privado, o hubiera realizado
gestiones con una persona jurídica de esa misma naturaleza; entonces, como el
supuesto fáctico que se alega no es el que se encuentra previsto como causal de
incompatibilidad, no puede dar lugar a la pérdida de la investidura.

Sobre el estudio del elemento subjetivo

74. Atendiendo a que los hechos probados en el proceso no se subsumen en el
supuesto previsto en el numeral 4.° del artículo 45 de la Ley 136 como causal de
incompatibilidad, no hay lugar a estudiar elemento subjetivo de la pérdida de
investidura.

Conclusión

75. Al no configurarse el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura,
por violación del régimen de incompatibilidades previsto en el numeral 4.° del
artículo 45 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, se
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en primera instancia, mediante la cual se negó la pérdida de investidura del
Concejal del Municipio de San Antonio del Tequendama, Óscar Eduardo Peña
Gómez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Núm. Único de radicación: 250002315000202400228-01

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley

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