Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de enero de 2023
Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00030-00 (acumulado1)
Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero
Miguel Hernán Cifuentes Daza
Demandado: Alexander Guarín Silva - representante a la Cámara por el
departamento del Guainía, período 2022 - 2026
Tema: Inhabilidad del ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución
Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad electoral contra el acto de elección de Alexander Guarín Silva como
representante a la Cámara por el departamento del Guainía, para el período 2022
• 2026.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas y fundamentos fácticos
1.1. Expediente 2022-00030-00
1. El 25 de marzo de 20222, Oscar Andrés Lemus Forero, actuando en
nombre propio, solicitó la nulidad del acto de elección del demandado como
representante a la Cámara por el departamento del Guainía. Fundamentó sus
pretensiones en los siguientes hechos:
a) El 15 de enero de 2021, el demandado se posesionó como gobernador del
cabildo del resguardo indígena el Paujil-Limonar.
b) El 28 de enero de 2021, el accionado en nombre propio suscribió contrato
de prestación de servicios nro. 116 con el departamento del Guainía, cuyo
objeto era la «prestación de servicios de apoyo a la gestión para el
fortalecimiento en el diseño y formulación de proyectos, enfocados a la
1
Con el expediente 11001-03-28-000-2022-0060-00.
2
Índice 10 Samai. La que fue subsanada el 7 de abril de 2022. Aportó el E-26 CAM requerido.
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1
Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
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población indígena del departamento del Guainía y de los recursos de las
asignaciones especiales del sistema general de participaciones para
resguardos indígenas AESGPRI3, en la secretaría de asuntos indígenas
departamental». El plazo de ejecución contractual fue de 7 meses, por un valor
de $15.142.918. El 20 de agosto de ese mismo año, se adicionó en la suma de
$7.571.459 y se prorrogó por 3 meses más.
c) El 9 de septiembre de 2021, el demandado, en representación4 del cabildo
del resguardo indígena el Paujil-Limonar, celebró el contrato de administración
nro. 396 con el municipio de Inírida para la «administración de los recursos de
la asignación especial del sistema general de participaciones para los
resguardos indígenas», cuyo plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre
de ese año y por un valor de $228.254.260.
1.2. Expediente 2022-00060-00
2. El 2 de mayo de 20215, Miguel Hernán Cifuentes Daza, mediante
apoderado judicial, solicitó la nulidad del acto de elección del demandado como
representante a la Cámara por el departamento del Guainía. Como fundamento
de sus pretensiones señaló que:
a) Alexander Guarín Silva se inscribió a pesar de estar inhabilitado. En su
opinión, previo a las elecciones, fue gobernador del resguardo indígena el
Paujil-Limonar, es decir, representante legal de una entidad que manejaba
dineros provenientes de los tributos del Estado. Dicha actividad la desarrolló
dentro de los 6 meses anteriores a la celebración de los comicios democráticos.
b) El 28 de enero de 2021, el accionado suscribió el contrato de prestación de
servicios nro. 116, con el departamento del Guainía, cuyo objeto era «la
prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento en el
diseño y formulación de proyectos enfocados en la población indígena del
departamento del Guainía y de los recursos de las asignaciones especiales del
sistema general de participaciones para resguardos indígenas AESGPRI»6.
c) Dicho contrato inicialmente se celebró por un valor de $15.142.918. Sin
embargo, el 20 de agosto de 2021 se prorrogó por 3 meses y 15 días -desde
el 1 de septiembre de 2021 hasta el 15 de diciembre del mismo año- y se
adicionó en $7.571.429.
d) El demandado como representante legal7 del resguardo suscribió el contrato
nro. 396 de 9 de septiembre de 2021, a través del cual se le entregó la
3
Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas.
4
En su condición de gobernador indígena.
5
Índice 16 Samai. Subsanada el 12 de mayo de 2022.
6
Ver pie de página 3.
7
En su condición de gobernador indígena del resguardo Paujil-Limonar.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
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administración de los recursos de la asignación especial del sistema general
de participaciones, para la realización de unos proyectos allí definidos.
2. Normas y su concepto de la violación
2.1. Expediente 2022-00030-00
3. Para el accionante el acto acusado desconoció la inhabilidad establecida
en el ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política8, en concordancia con
la causal 5a9 de anulación electoral del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10. A su juicio, las disposiciones
citadas fueron vulneradas por cuanto:
a) El 9 de septiembre del 2021, el demandado firmó contrato nro. 396 con el
municipio de Inírida (Guainía) para la administración de los recursos de la
asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos
indígenas, el cual se ejecutó en el resguardo indígena el Paujil-Limonar donde
se destinaron los recursos al mejoramiento de las viviendas.
b) Adicionalmente, afirmó que el accionado realizó las inversiones contratadas
tres meses antes de las elecciones, lo que le permitió, pese a ser su primera
elección, obtener un número importante de votos y una curul en la cámara de
Representantes. Por tanto, en su opinión, los electores fueron engañados pues
se ejecutaron obras con dineros públicos para determinar a los votantes en su
favor y lograr ser electo.
2.2. Expediente 2022-00060-00
4. Como normas violadas indicó el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con los artículos 40, 179.3 y 258 de la Constitución Política, 1, 8 y
28 de la Ley 1475 de 2011, 279 y 280.3 de la Ley 5 de 1992. Lo anterior, por
cuanto:
a) El contrato de prestación de servicios que el accionado celebró con la
gobernación del Guainía el 28 de enero de 2021, inicialmente por 7 meses, el
20 de agosto de ese año, se adicionó en su valor y se prorrogó por 3 meses y
15 días, es decir -del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2021-, por
lo que afirmó que «(…) labor enunciada la realizó en un amplio tiempo después
8
«No podrán ser congresistas: (…) Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante
entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros,
o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección».
9
«Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad».
10
En adelante CPACA.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
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de su inscripción como candidato y en todo caso dentro de los seis meses
anteriores a la jornada electoral del 13 de diciembre (sic) de 2022»11.
b) Como representante del resguardo indígena el Paujil-Limonar, el
demandado suscribió el contrato nro. 396 de 9 de septiembre de 2021, en el
que se le otorgó la administración de los recursos de la asignación especial del
sistema general de participaciones hasta el 30 de noviembre de 2021, es decir,
dentro de los 6 meses anteriores a su elección.
c) En ese mismo sentido, sostiene que si bien el contrato fue suscrito 6 meses
y 4 días antes de la fecha de elección (13 de marzo de 2022), es relevante que,
a los efectos de la inhabilidad, se tenga en cuenta que el accionado intervino
en la celebración del contrato en interés de terceros, interés que se extiende
más allá a la firma de este, a su ejecución.
d) Al subsanar la demanda12 afirmó que el demandado ostentó la calidad de
representante legal de entidades que administran tributos o contribuciones
parafiscales, ello dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección,
pues como gobernador del resguardo indígena el Paujil-Limonar.
3. Trámite
5. El trámite de las demandas fue el siguiente:
6. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00:
a) El 1 de abril de 202213, la demanda se inadmitió para que se aportara el
acto definitivo que se cuestiona, esto es, el E-26 CAM que declaró la elección
de Alexander Guarín Silva, como representante a la Cámara por el
departamento del Guainía.
b) Luego de la corrección14, el 29 de abril de 202215, se admitió la demanda
porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó notificar y
comunicar la decisión al demandado, al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público, al actor y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
c) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor y allegadas la
contestación del demandado e intervenciones de la Registraduría Nacional del
11
Índice 16 Samai. Conforme a la subsanación de la demanda.
12
Índice 16 Samai.
13
Índice 5 Samai.
14
Índice 10 Samai. El demandante informó que solicitó el documento al CNE y a la RNEC, sin que
le fuera entregado. Índice 12 Samai. Con auto del 21 de abril de 2022, se requirió dicho
documento.
15
Índice 19 Samai.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
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Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, el 8 de julio de 202216 se remitió
el proceso a la secretaría para el estudio de una eventual acumulación.
d) El 8 de agosto de 202217, se decretó la acumulación de los expedientes
11001-03-28-000-2022-00030-00 y 11001-03-28-000-2022-00060-00, de
acuerdo con el artículo 282 del CPACA. A su vez, se citó a la diligencia de
sorteo con el fin de definir el magistrado ponente.
e) El 19 de agosto de 202218, se realizó el sorteo y, según el resultado, el
conocimiento del proceso acumulado correspondió al hoy ponente.
7. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00060-0019:
a) El 3 de mayo de 202220, la demanda se inadmitió para que i) se
individualizara el acto demandado en las pretensiones y demás apartados del
caso; ii) se expusiera de forma clara el concepto de violación y la causal
respecto a todas las normas violadas y iii) explicara el concepto de la violación
frente al contrato nro. 116 de 2021 y reseñar cómo dicho acuerdo de voluntades
incide en el acto de elección.
b) Luego de la subsanación21, el 24 de mayo de 202222, se admitió la
demanda porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó
notificar y comunicar la decisión al demandado, al Consejo Nacional Electoral,
al Ministerio Público, al actor y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
c) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor, y allegadas la
contestación del demandado e intervención del Consejo Nacional Electoral, el
18 de julio de 202223 se remitió el proceso a la secretaría para el estudio de
una eventual acumulación.
d) El 29 de julio de 202224, la Secretaría de la Sección registró el cambio de
ponente, como consecuencia de la acumulación que se ordenó en el radicado
11001-03-28-000-2022-00030-00.
4. Intervenciones
8. Según los informes secretariales de cada expediente, las contestaciones
se surtieron así:
16
Índice 41 Samai.
17
Índice 47 Samai.
18
Índice 55 Samai.
19
Magistrada ponente Rocío Araújo Oñate.
20
Índice 9 Samai.
21
Índice 16 Samai.
22
Índice 20 Samai.
23
Índice 36 Samai.
24
Índice 40 Samai.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
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9. El demandado25, mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones
de la demanda al no configurase la inhabilidad alegada, esto es, la del ordinal 3º
del artículo 179 de la Constitución Política, por la celebración de contratos dentro
de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Así, cita jurisprudencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado en la que se ha indicado26:
“La causal de inhabilidad en comento prevé varias hipótesis que pueden dar lugar
a su configuración, así:
i) La intervención en la gestión de negocios ante cualquier entidad pública.
ii) La celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel.
iii) Haber sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales.
Adicionalmente para que se estructure la causal, la norma constitucional consagra
dos elementos adicionales, a saber: a) que la intervención en la gestión de negocios
o en la celebración de contratos por parte del candidato que resulta elegido sea en
interés propio o de terceros y, b) añade un elemento temporal, que aquella haya
tenido ocurrencia dentro de los seis meses anteriores a la elección.” (Comillas,
cursiva y negrilla del original).
10. De acuerdo con lo anterior, sostuvo:
a) Respecto a los contratos alegados en las demandas para fundamentar la
inhabilidad alegada, presenta el siguiente cuadro evidenciar que no se cumple
con el elemento temporal, así27:
Contrato nro. 116
Celebración del contrato 28 de enero de 2021
6 meses 28 de julio de 2021
Fecha de las elecciones 13 de marzo de 2022
Contrato nro. 396
Celebración del contrato 9 de septiembre de 2021
6 meses 9 de marzo de 2022
Fecha de las elecciones 13 de marzo de 2022
b) Por tanto, quedó demostrado que el demandado no incurrió en causal de
inhabilidad, ya que la celebración del contrato fue en un lapso mayor a los 6
meses señalados por la norma que invoca los accionantes.
25
Índice 29 Samai (exp. 2022-00030). Índice 28 Samai (exp. 2022-00060).
26
«Consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, en sentencia con Radicación número: 11001-03-
28000-2006-00011-00 (3944-3957) del 13 de agosto de 2009».
27
Tomados de las contestaciones de las demandas.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
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c) De igual manera, señaló que de acuerdo con el precedente del Consejo de
Estado28 y la jurisprudencia de la Sección Quinta, los actos de ejecución,
adición y liquidación de los contratos estatales no configuran la inhabilidad
endilgada en la demanda.
d) Así las cosas, insistió que el demandado no celebró contratos ni intervino en
la gestión de negocios durante el período inhabilitante, toda vez que la
ejecución se realizó hasta el 31 diciembre de 2021, actividad que difiere, a la
luz de lo dicho jurisprudencialmente, pues el término de la inhabilidad referida
en este caso se debe computar desde la fecha de la suscripción del contrato
sin que el tiempo de su ejecución sea relevante, toda vez que las causales de
inhabilidad son taxativas y de interpretación restrictiva, razón por la cual no es
viable interpretarlas de manera extensiva o analógica, como lo pretenden los
accionantes.
e) Luego, puso de presente la naturaleza especial de los cabildos indígenas,
ya que no pueden ser considerados sus gobernadores y cabildantes como
servidores públicos, así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-508
de 1997, al sostener que:
[…] en estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de
un régimen excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
entidad, pues la naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de
servidores públicos prevista en el artículo 123 constitucional, dado que no son
miembros de una corporación pública, ni empleados o trabajadores del Estado y,
por lo demás el legislador no ha establecido ninguna otra clasificación respecto de
ellos, en uso de las facultades del artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho
de calificarse el Cabildo como entidad pública no tiene por virtud transformar las
atribuciones de los gobernadores de Cabildo y cabildantes en públicas y darles a
estos la calidad de servidores públicos.
f) Finalmente, propuso como excepción previa la ineptitud sustantiva de la
demanda. La que fue negada mediante auto del 22 de junio de 202229 dentro
del expediente 11001-03-28-000-2022-00030-00 y con providencia del 19 de
septiembre de 202230 en radicado 11001-03-28-000-2022-00060-00.
11. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil31 afirmó que es una
entidad de carácter técnico e imparcial frente al proceso electoral, por lo tanto, no
puede hacer pronunciamiento sustancial respecto de las pretensiones de la
demanda. En ese sentido, propuso como excepción previa la falta de legitimación
en la causa por pasiva, la cual se declaró con auto del 22 de junio de 202232.
28
«CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
QUINTA, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, No radicado, 50001-
23-33-000-202000013-01, de fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021)».
29
Índice 36 Samai.
30
Índice 57 Samai del proceso acumulado.
31
Índice 30 Samai (exp. 2022-00030).
32
Índice 36 Samai (exp. 2022-00030).
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12. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral33 solicitó negar las pretensiones
de la demanda, toda vez que estudiada la inhabilidad alegada (ordinal 3º del
artículo 179 de la CP) y conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado34, esta no se configura. Lo anterior, por cuanto no está
presente el elemento temporal de esta.
5. Trámite de sentencia anticipada
13. El 25 de octubre de 202235, con fundamento en el artículo 182A de la Ley
1437 de 2011, se ordenó el trámite de sentencia anticipada, se dispuso tener
como pruebas documentales las aportadas por las partes, fijó el litigio36 (en los
términos indicados en las consideraciones de esta sentencia) y dispuso correr
traslado para alegar y al Ministerio Público para conceptuar.
6. Alegatos de conclusión
14. Dentro del término otorgado se presentaron los siguientes escritos de
alegatos finales:
15. El demandado37, a través de apoderado judicial, reiteró los argumentos
dados a lo largo del proceso para negar las pretensiones de la acción. Insistió en
que los contratos se celebraron antes del período inhabilitante (13 de septiembre
de 2021 al 13 de marzo de 2022), por cuanto los negocios jurídicos nro.116 se
dio el 28 de enero de 2021 y el nro. 396 el 9 de septiembre de 2021,
respectivamente. Ahora, lo anterior, independientemente de su ejecución y
liquidación, como lo ha fijado la jurisprudencia del Consejo de Estado38.
Finalmente, explicó la naturaleza especial de los cabildos indígenas, para
sostener que su gobernador no tiene la calidad de servidor público39.
33
Índice 31 Samai (exp. 2022-00030). Índice 30 Samai (exp. 2022-00060).
34
«Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015. C.P. Alberto Yepes
Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500».
35
Índice 63 Samai.
36
Contra el cual el demandante Miguel Hernán Cifuentes Daza interpuso recurso de reposición
(índice 67 Samai), pues consideró que deben incluirse dos problemas jurídicos adicionales, a
saber, a) la decisión que debe adoptarse frente a los votos del demandado en caso de anularse
la elección y b) en caso de exclusión de los sufragios, si proceden nuevos escrutinios. El 22 de
noviembre de 2022 se negó el recurso por cuando en la fijación del litigio no era necesario incluir
los dos problemas jurídicos adicionales como lo propone el recurrente, toda vez que, las
consecuencias de la anulación del acto de elección están reguladas en el artículo 288 del CPACA,
sin que sea necesario integrarlas a las cuestiones jurídicas a resolver (índice 74 Samai).
37
Índice 83 Samai.
38
Citó apartes de la sentencia del 30 de mayo de 2019 del «Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-33-000-2018-00417-01. M.P.
Dr. Alberto Yepes Barreiro».
39
Conforme a la sentencia C-508 de 1997, de la que citó: «Según la definición reglamentaria
transcrita, el cabildo indígena es una entidad atípica, que cumple las funciones previstas en la
Constitución y en las leyes. Respecto de las entidades de carácter especial ha dicho la Corte
Constitucional: "Si bien por razones técnicas y sistemáticas toda organización administrativa
debería concebirse sobre la base de tipos definidos de entidades, la dinámica y las cada vez más
crecientes y diversas necesidades del Estado no hacen posible la aplicación de esquemas de
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
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16. El demandante, Miguel Hernán Cifuentes Daza40, mediante apoderado
judicial, reafirmó los argumentos dados en la demanda para solicitar la nulidad del
acto de elección demandado, al indicar:
a) El candidato inhabilitado Alexander Guarín Silva, en su condición de
gobernador de cabildo del resguardo Paujil – Limonar, suscribió el contrato nro.
396 del 9 de septiembre de 2021 con la alcaldía de Inírida, siendo el objeto
contractual la administración de los recursos de la asignación especial del
sistema general de participaciones para los resguardos indígenas, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, en esa relación contractual el
demandado actúo e intervino en dicho contrato como representante legal del
resguardo indígena que administraba y manejaba dineros de la Nación
procedentes de la tributación. La condición de gobernador indígena la ostentó
hasta el día 12 de diciembre de 2021. Como se desprende de los informes y
actas de dicho contrato que se firmaban, el candidato seguía actuando como
su representante legal y en ese tiempo entregó combustibles, cemento, tejas,
maquinas, tanques para población indígena de la ciudad de Inírida y del
departamento del Guainía.
b) Con fundamento en lo anterior, afirmó que con «la suscripción de este
contrato y con el desarrollo del mismo, se configura plenamente la primera
causal de inhabilidad invocada de haber sido representante legal de una
Entidad que manejaba dineros provenientes de los tributos del Estado
Colombiano dentro de los seis meses anteriores a la jornada electoral», por lo
tanto, se debe declarar la nulidad de la elección.
c) También insistió que se cumplen con los presupuestos de la inhabilidad
alegada se configura, toda vez que el contrato nro. 116 celebrado con el
departamento del Guainía el 28 de enero de 2021 se adicionó en su valor
inicial, el 20 de agosto de ese mismo año y se prorrogó hasta el 15 de diciembre
de 2021, a partir de lo cual sostuvo que «la labor enunciada la realizó en un
amplio tiempo después de su inscripción como candidato y en todo caso dentro
de los seis meses anteriores a la jornada electoral del 13 de diciembre (sic) de
2022».
organización estrictamente rígidos; en ciertas circunstancias surge la necesidad de crear
entidades con características especiales que no corresponden a ningún tipo tradicional¿” (sic). En
estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de un régimen
excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta entidad, pues la
naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de servidores públicos
prevista en el artículo 123 constitucional, dado que no son miembros de una corporación
pública, ni empleados o trabajadores del Estado y, por lo demás el legislador no ha
establecido ninguna otra clasificación respecto de ellos, en uso de las facultades del
artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho de calificarse el Cabildo como entidad pública no
tiene por virtud transformar las atribuciones de los gobernadores de Cabildo y cabildantes en
públicas y darles a estos la calidad de servidores públicos”». Cursiva y énfasis del original.
40
Índices 82, 92 y 93 Samai.
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9
Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
7. Concepto del Ministerio Público
17. Para la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado41 se
deben negar las pretensiones de los accionantes, por los siguientes motivos:
a) Respecto a la causal invocada de celebración de contratos, explicó que el
demandado celebró el contrato nro. 116 con el departamento del Guainía el 28
de enero de 202142, como el acuerdo de voluntades nro. 396, el 9 de
septiembre de 2021, obrando como gobernador del cabildo resguardo el Paujil-
Limonar con la Alcaldía de Inírida; esto es, ambos por fuera del período que lo
inhabilitaba para presentarse como candidato al Congreso. Por lo que no
estaba inmerso en la restricción fijada por el constituyente para acceder al
ejercicio parlamentario en los términos del artículo 179-3 de la Constitución.
b) Finalmente, uno de los demandantes sostuvo que el demandado como
gobernador de un resguardo indígena administró tributos y contribuciones
parafiscales, frente a lo cual, la agente del Ministerio Público afirmó que dichas
entidades tienen un carácter especial43 y no tienen a su cargo la administración
de aquellos, pues en el plenario no se encuentra probada dicha circunstancia
ni tampoco se advierte disposición legal que así lo determine.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
18. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar en
única instancia las demandas de nulidad electoral contra el acto que declaró la
elección de Alexander Guarín Silva, como representante a la Cámara por el
departamento del Guainía, para el período 2022 – 2026, de conformidad con el
ordinal 3º44 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo
nro. 80 del 12 de marzo de 201945.
2. Acto acusado
19. Se discute la legalidad del formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 202246,
por medio del cual, la comisión escrutadora del departamento del Guainía declaró
elegido a Alexander Guarín Silva como representante a la Cámara por dicha
41
Índices 90 y 91 Samai.
42
El cual fue prorrogado el 20 de agosto de 2021.
43
Artículo 21 del Decreto 2164 de 1995.
44
«De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
presidente y el vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la
Cámara […]». Énfasis de la Sala.
45
Reglamento interno del Consejo de Estado.
46
Exp. 2022-00030-00, aportado con la subsanación de la demanda (índice 23 Samai). Exp. 2022-
0060-00, allegado con los anexos de la demanda (índice 3 Samai).
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
circunscripción territorial, para el período 2022 a 2026, en las elecciones del 13
de marzo de 2022.
3. Problemas jurídicos
20. A través de providencia del 25 de octubre de 202247, se fijó el litigio, en los
siguientes términos:
De conformidad con el inciso 2º de la letra d) del ordinal 1º del artículo 182A de la
Ley 1437 de 2011, se procederá a fijar el litigio en los siguientes términos:
a) ¿El demandado se encontraba inhabilitado, en los términos del ordinal 3°
del artículo 179 de la Constitución Política, por haber celebrado contratos, en
nombre propio o de terceros, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las
elecciones (13 de marzo de 2022)?
b) De probarse la celebración de contratos a la que se refiere el apartado
anterior ¿La ejecución de las obligaciones contractuales, llevada a cabo por [el]
demandado, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones (13
de marzo de 2022), permite estructurar la inhabilidad establecida en el ordinal
3º del artículo 179 de la Constitución Política?
c) ¿El demandado, en su condición de gobernador del resguardo Indígena el
Paujil, administró tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de las elecciones (13 de marzo de 2022) y, de haberlo
hecho, dicha actividad configura la inhabilidad establecida en el ordinal 3º del
artículo 179 de la Constitución Política?48
Todo a partir de los conceptos de la violación reseñados en la presente providencia,
junto con las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las
partes.
4. Pruebas decretadas
21. En el auto del 25 de octubre de 202249, donde se ordenó el trámite de
sentencia anticipada, se decretaron las siguientes pruebas documentales con el
valor que les asigna la ley, aportadas por:
4.1. Demandante Oscar Andrés Lemus Forero (exp. 2022-00030):
1. Contrato de prestación de servicios no. 116 contratante departamento del Guainía
fecha: 28 de enero del 2021, por valor de quince millones ciento cuarenta y dos mil
novecientos dieciocho pesos m/cte.
47
Índice 63 Samai.
48
Índice 20 Samai (exp. 2022-00060). Auto admisorio del 24 de mayo de 2022, MP Rocío Araújo,
por cuanto al subsanar la demanda, entre otros aspectos, indicó: «21. Sobre este particular,
precisó que, en primer lugar, considera que se configura el supuesto normativo referido a que el
demandado ostentó la calidad de representante legal de entidades que administran tributos o
contribuciones parafiscales, ello dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección».
49
Índice 63 Samai.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
2. Adición contrato no 116 del 28 enero del 2021, por valor de siete millones quinientos
setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos moneda corriente, firmado el
20 de agosto del 2021.
3. Contrato de administración [396] del 09 de septiembre del 2021 contratante alcaldía
municipal del Inírida por valor de doscientos veintiocho millones doscientos cincuenta
y cuatro mil doscientos sesenta pesos moneda corriente.
4. Documentos requeridos al contratante para la firma del contrato del 09 de
septiembre del 2021.
4.2. Demandante Miguel Hernán Cifuentes Daza (exp. 2022-00060)50:
*Actas E-14.
*Copia acta general de escrutinio E26 declaratoria de elección de representantes a
la cámara.
*Documento formulario E- 24 REGISTADURÍA NACIONAL – CONSEJO (sic)
ELECTORAL.
*Formato E-6 CT, solicitud de inscripción y aprobación de candidatos a la Cámara
de Representantes circunscripción territorial Guainía fechada el 12 de septiembre
de 2021.
*Documento formato E-8 CT inscripción de listas de candidatos.
*Documento E-28 credencial expedida por la comisión escrutadora a ALEXANDER
GUARÍN SILVA.
*Acta parcial de escrutinio E-26 CAM fechada el 16 de marzo de 2022 y suscrita
por la ORGANIZACIÓN ELECTORAL – COMISIÓN ESCRUTADORA –
Circunscripción Electoral territorial Guainía.
*Formulario E 26 declaratoria de elección candidatos elegidos a la cámara por el
Dpto. de Guainía.
*E 26 y credencial de ALEXANDER GUARÍN SILVA.
*Contrato 396 del 09 de septiembre de 2022 (sic), suscrito por la Alcaldía de Inírida
y el demandado ALEXANDER GUARÍN SILVA.
*Acta de inicio del contrato 396 de 2021 de la alcaldía de Inírida.
*Contrato 196 fechado el 01 de febrero de 2021 (sic)51 suscrito entre la Gobernación
del Guainía y ALEXANDER GUARÍN SILVA.
*Derecho de petición ALEXANDER RUIZ RENGIFO a la alcaldía Inírida solicitando
contratos de ALEXANDER GUARÍN SILVA.
*Estudio previo del contrato 196 (sic) de 2021 de la Gobernación de Guainía, donde
se planea el uso y manejo de recursos de tributos de la nación como finalidad del
contrato.
*Certificados pago honorario del contrato 196 (sic) gobernación Guainía con
descripción de labores realizadas por parte de ALEXANDER GUARÍN SILVA.
*Documento de planeación y viabilidad del contrato 396 de 2021 alcaldía de Inírida.
*Resolución no. 007-2021, fechada el 12 de octubre de 2021.
• Acta aclaración acta de inicio contrato gobernación No. 116 de 2021.
*Órdenes de pago del contrato 196 (sic) de 2021 números 2021 y 2240, donde se
refiere el objeto social del contrato.
50
A este demandante se le negaron la solicitud de varias pruebas (documentales, interrogatorio
de parte y testimoniales) en el auto del 25 de octubre de 2022 (índice 63 Samai), sin que hubiese
sido objeto de recurso alguno.
51
Revisados los anexos lo aportado corresponde el contrato nro. 116 de 28 de enero de 2021.
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Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
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*Registro presupuestal con objeto social para la adición del contrato 196 de 2021
de la Gobernación de Guanía (sic).
*Acta de prorroga y adicción del contrato 196 (sic) de 2021 de la gobernación de
Guainía y ALEXANDER GUARÍN SILVA.
*Certificación o constancia emitida por el Ministerio del Interior donde se hace
constar la calidad de gobernador de cabildo y representante legal de ALEXANDER
GUARÍN SILVA.
*Certificados y cuentas de cobro, informes de intervención y pago de honorarios
contrato 116 de 2021 con informe de actividades realizadas, de los diferentes
meses de ejecución.
*Certificado de disponibilidad presupuestal de la gobernación del Guainía para el
contrato 196 (sic) de 2021.
*Pantallazo de la información obrante en la página del SECOP respecto a la hoja
de vida del contratante y del contrato 196 (sic) en el cual es contratante
ALEXANDER GUARÍN SILVA con la gobernación de Guainía.
*Pantallazo de la información obrante en la página del SECOP respecto a (sic) el
contrato 396 en el cual es contratante ALEXANDER GUARÍN SILVA con la alcaldía
de Inírida.
*Denuncia plasmada en noticia criminal 940016000640202200070 formulada ante
la Fiscalía General de la Nación formulada por la SEÑORA ANGÉLICA
VILLARRAGA PONARE, el día 08 de marzo de 2022 en la ciudad de Inírida –
Guainía.
*Actas y escrito remitido por el señor NELSON ALBERTO DÍAZ PARADA,
GOBERNADOR DEL RESGUARDO EL PAUJIL para el mes de enero de 2022.
*Concepto de inhabilidad emitido por la SRA. GINA MORA y dirigido al Dr. JORGE
JARABA, secretario general del partido de la “U”.
*Documento de citación a elección del gobernador indígena COMUNIDAD EL
PAUJIL que se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2022, mediante el cual el
Gobernador del Cabildo define el calendario electoral del resguardo PUINAVE Y
PIAPOCO del PAUJIL.
4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil
• E-652 partido de la U.
• Fotocopia de la cedula (sic) de los candidatos.
• Cartas de aceptación.
• Copia del aval.
• E8 con los documentos soporte de la inscripción.
• Acta Parcial de Escrutinio General Formulario E-26 CAM Departamento de Guainía.
5. Inhabilidad por intervención en la gestión de negocios o celebración de
contratos con entidades públicas. Administración de tributos o
contribuciones parafiscales
22. El ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política establece varias
situaciones que pueden inhabilitar a un ciudadano para ser congresista de la
52
Que corresponde al formulario de inscripción de la candidatura del partido de la U a la Cámara
de Representantes por la circunscripción departamental del Guainía.
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Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
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República, si ocurren dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección,
a saber:
a) Gestionar negocios ante entidades públicas, en interés propio o de terceros.
b) Celebrar contratos con estas, en interés propio o de terceros.
c) Haber sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales.
23. Dicha norma constitucional contiene los siguientes presupuestos que
configuran la inhabilidad en comento53:
Elementos Ingrediente normativo
Que la conducta se realice dentro de los 6 meses anteriores a la
Temporal
fecha de la elección que se demanda.
Participar en trámites negociales, celebrar contratos con entidades
públicas, en interés propio o de terceros o ejercer la representación
Material
legal de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales.
Que la conducta reprochada se hubiese realizado en la
Territorial
circunscripción donde se realiza la elección.
Que la gestión o celebración del contrato comporte un beneficio
propio o para terceros.
Modal o de
propósito Es importante poner de presente que la Sección ha concluido que los
beneficios extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad54.
24. Sobre la concurrencia de dichos requisitos, esta Sección reiteró en
providencia del 2 de junio de 202255 que los supuestos enunciados son
concurrentes, de modo que si falta alguno de ellos no se configuran las
inhabilidades reseñadas. Regla jurisprudencial que también se pronunció en
sentencia del 12 de marzo de 201556.
53
Sobre el tema también se puede consultar, entre otras, las sentencias de esta Sección del 24
de noviembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00 (acumulado los 11001-03-28-
000-2022-00059-00, 11001-03-28-000-2022-00062-00 y 11001-03-28-000-2022-00074-00),
demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe - Representante a la Cámara por el departamento
de Casanare, período 2022 – 2026, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Del 20 de octubre de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00051-00, demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán,
representante a la Cámara por el departamento del Meta –período 2022-2026. MP Rocío Araújo
Oñate. Del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00054-00, demandada: Ingrid
Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, período
2022 – 2026. MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
54
Radicado 11001-03-28-000-2022-00051-00; MP Rocío Araújo Oñate. Entre otras se puede
consultar la providencia del 26 de mayo de 2022, de esta Sección, de la misma magistrada
ponente, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00.
55
Radicad 11001-03-28-000-2022-00074-00. Demandado: Alexander Guarín Silva –
Representante a la Cámara por el departamental de Casanare - período 2022-2026. MP Carlos
Enrique Moreno Rubio.
56
«Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de marzo de 2015, Rad. 11001-03-28-
000-2014-00065-00, MP Alberto Yepes Barreiro».
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
25. Acerca de la diferenciación entre los eventos de gestión de negocios y
celebración de contratos señalados en la disposición mencionada, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de octubre de 202257, señaló
lo siguiente:
33. Nota característica de esta causal de inhabilidad, es que las actuaciones
tendientes a obtener un provecho o beneficio propio o para un tercero, aunque
deben ser potencialmente efectivas para alcanzar el fin propuesto, no requieren
que éste se materialice, aspecto que permite distinguir esta circunstancia de
inelegibilidad de la celebración de contratos, también prevista en el artículo 179.3
Superior. Sobre el particular resultan ilustrativas las siguientes consideraciones,
contenidas en providencia del 25 de octubre de 2018 de esta Sección:
“Se aclara que, si bien las gestiones desarrolladas por los particulares ante las
entidades públicas apuntan, en principio, a la consecución de contratos
estatales, lo cierto es que la conducta consistente en la gestión de negocios
frente a las entidades públicas, no puede ser confundida con el otro de los
supuestos contenidos en la causal de inhabilidad en comento, relacionado con
la intervención en la celebración de los contratos.
En efecto, en el primero de los casos -gestión de negocios- se trata del
conjunto de actuaciones que allanan el camino para la obtención de
consecuencias jurídicas provechosas en favor de quien postula su nombre
al Congreso, sin importar que las mismas se materialicen.
En otros términos, las conductas que caracterizan la gestión de negocios se
constituyen en el preludio de la utilidad que busca obtener el congresista
demandado, la cual puede verse materializada en el perfeccionamiento de un
contrato, por lo que no se proscribe con ella la intervención en los negocios
jurídicos entablados entre particulares y administración pública, supuesto
prohibido al tenor de la segunda de las conductas de que trata el numeral 3º del
artículo 179 en estudio.
Al respecto, la Sección Quinta expuso:
“… [Se] ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura
por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar
de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un
contrato estatal. Son las diligencias previas al contrato, es decir, los
acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las
propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la
prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se
concrete. Siendo así, mucho menos constituyen gestiones de negocios las
actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado,
como las relacionadas con su ejecución o liquidación.". (Énfasis del texto
original).
57
Radicado 11001-03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán,
representante a la Cámara por el departamento del Meta –período 2022-2026. MP Rocío Araújo
Oñate. Reiterada en sentencia del 27 de octubre de 2022, nulidad electoral 11001-03-28-000-
2022-00054-00. Demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por
el departamento de Boyacá, período 2022 – 2026. MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
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26. A su vez, la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que se entiende
por administración de tributos y contribuciones parafiscales, en sentencia del 20
de octubre de 202258, en los siguientes términos:
100. Así las cosas, entiende la Sala que no resulta suficiente con la creación de
los tributos en sus diferentes categorías, lo cual se realiza en ejercicio de las
competencias propias de cada corporación pública de representación popular.
Junto a ello, se requiere la determinación de procedimientos propios para el
recaudo -establecer de los sujetos pasivos, liquidación, correcciones, pagos-,
disposición y posterior fiscalización.
101. Bajo esta perspectiva, es claro entonces que la actividad de
administración de impuestos, tasas o contribuciones parafiscales, se enfoca en
todas aquellas competencias y funciones que propenden por la
materialización de la obligación tributaria previamente impuesta por el
ordenamiento jurídico, enfocadas en el recaudo, disposición y posterior
fiscalización de dicha actividad, buscando su cumplimiento por parte de los
destinatarios y la posterior financiación de las actividades y servicios destinados
al cumplimiento de los fines estatales.
102. Conforme con ello, la administración de tributos se enfoca en un aspecto
específico y puntual del proceso, y no incluye, de manera general, las actividades
desplegadas una vez que dichos recursos ingresan al presupuesto y son
destinados para el funcionamiento del Estado o la realización de los planes de
inversión que se determinen por la autoridad correspondiente. (Énfasis no es del
original).
6. Caso concreto
27. De acuerdo con los hechos y el concepto de la violación expuestos,
procede la Sala a determinar si el acto de elección del demandado, como
representante a la Cámara por el departamento del Guainía, es nulo porque se
configuró la causal de anulación del ordinal 275.5 del CPACA, por recaer en el
elegido la inhabilidad del artículo 179.3 constitucional.
28. Para tales efectos, conforme las pruebas allegadas al expediente, procede
la Sala a responder a los problemas jurídicos establecidos en la fijación del litigio,
para lo cual se analizará los siguientes aspectos: a) del elemento temporal de las
causales de inhabilidad alegadas; b) de la ejecución y liquidación de los contratos
dentro del término de inhabilidad y c) la representación legal de entidades que
administra tributos o contribuciones parafiscales, ello de cara al caso concreto.
6.1. Del elemento temporal de las causales de inhabilidad alegadas
29. El primer problema jurídico corresponde a determinar si el demandado
celebró contratos con entidades públicas, en interés propio o de terceros, dentro
de los 6 meses anteriores al día de la elección.
58
Nulidad electoral 11001-03-28-000-2022-00047-00, demandado: Juan Carlos Vargas Soler
como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 13 – Período 2022-
2026, MP Rocío Araújo Oñate.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
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30. Ahora, la jornada electoral que culminó con la elección del demandado
como representante a la Cámara tuvo lugar el 13 de marzo de 2022. Por tal razón,
la configuración de los cargos por la celebración de contratos con entidades
públicas y la administración de tributos o contribuciones parafiscales, que se
atribuyen al demandado, debieron verificarse entre el período que va desde el 13
de septiembre de 2021 y el 13 de marzo de 2022.
31. La anterior precisión obedece a que el artículo 179.3 de la Constitución
Política fija el elemento temporal de la causal de inelegibilidad dentro de los 6
meses anteriores a la fecha de las elecciones. Ahora bien, respecto a las
inhabilidades la Corte Constitucional59 ha establecido que son de interpretación
restringida, ya que el operador jurídico debe interpretar de forma estricta y
restrictiva los supuestos de hecho que se consagran en la causal respectiva.
32. Ahora, para comprobar si por la celebración de contratos se estructura la
inhabilidad, se observa lo siguiente:
Contrato Objeto Suscripción
«prestación de servicios de apoyo a la gestión
para el fortalecimiento en el diseño y
formulación de proyectos, enfocados a la
28 de enero de 2021
población indígena del departamento del
11660 Guainía y de los recursos de las asignaciones
20 de agosto de 2021,
especiales del sistema general de
se adicionó y prorrogó61
participaciones para resguardos indígenas
AESGPRI, en la secretaría de asuntos
indígenas departamental».
«administración de los recursos de la
39662 asignación especial del sistema general de 9 de septiembre de 2021
participaciones para los resguardos indígenas»
33. Como se evidencia de lo anterior, los contratos y la adición no se
suscribieron dentro del período inhabilitante. En consecuencia, no le asiste razón
a los accionantes frente a este aspecto de la controversia.
6.2. De la ejecución y liquidación de los contratos dentro del término de
inhabilidad
34. En lo concerniente al segundo problema jurídico, la Sala reitera que la
ejecución de las obligaciones contractuales o la liquidación del negocio jurídico
celebrado antes del término de inhabilidad indicado, pero que ocurren en dicho
59
En sentencia C-200 del 21 de febrero de 2022, expediente D-3139, MP Eduardo Montealegre
Lynett, dicha corporación judicial, indicó que «el Legislador tiene un margen de discrecionalidad
amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública,
dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente es la situación del operador jurídico,
quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto
son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos».
60
De prestación de servicios.
61
En un valor de $7.571.918 y en 3 meses.
62
De administración. El demandado como gobernador del resguardo indígena el Paujil-Limonar.
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17
Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
lapso, no permiten la configuración de la causal del 179.3 de la Constitución63, por
cuanto lo que prohíbe la norma constitucional es su celebración.
35. En vista de lo anterior, los demandantes plantearon que, si bien ambos
contratos se suscribieron antes del período que configura la inhabilidad alegada,
su ejecución se dio durante este, motivo por el cual se debía acceder a sus
pretensiones.
36. Ahora bien, conforme con la jurisprudencia de esta corporación, la
ejecución de las obligaciones contractuales o la liquidación del negocio jurídico
durante los 6 meses anteriores a la fecha de la elección impide su configuración,
pues lo que sanciona la norma constitucional, se insiste, es la celebración.
37. En vista de lo anterior, este cargo de las demandas no tiene vocación de
prosperidad.
6.3. Representante legal de entidad que administra tributos o contribuciones
parafiscales
38. En lo que respecta al tercer problema jurídico, atinente a que el demandado
como gobernador del resguardo indígena el Paujil-Limonar administró tributos o
contribuciones parafiscales, se harán las siguientes precisiones, de cara a los
ingredientes normativos del tercer evento de la causal de inhabilidad64 en estudio,
esto es, «hayan sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales».
6.3.1. De la representación legal de entidades
39. El artículo 179.3 – tercer supuesto – señala que no podrán ser congresistas
quienes hayan sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la
elección.
40. Los elementos normativos de dicho aparte sugieren que dicha inhabilidad
se aplique a los representantes legales de las entidades del Estado las cuales
63
Sobre este tópico se consultar, entre otras, las sentencias del 24 de noviembre de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00 (acumulado los 11001-03-28-000-2022-00059-00,
11001-03-28-000-2022-00062-00 y 11001-03-28-000-2022-00074-00), demandado: Edinson
Vladimir Olaya Mancipe - Representante a la Cámara por el departamento de Casanare, período
2022 – 2026, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Del 20 de octubre de 2022, radicado 11001-03-28-
000-2022-00051-00, demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán, representante a la Cámara por
el departamento del Meta –período 2022-2026. MP Rocío Araújo Oñate. Del 27 de octubre de
2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00054-00, demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso -
Representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, período 2022 – 2026. MP Pedro
Pablo Vanegas Gil.
64
CP. Art. 179.3 «(…) hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección».
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
incluyen las del orden nacional y territorial, así se desprende de la interpretación
gramatical de la norma constitucional, conforme con el artículo 27 del Código Civil.
41. Previo a determinar si el demandado ejerció la representación legal de una
entidad del Estado, la Sala considera indispensable verificar si el resguardo el
«Paujil-Limonar» es una «entidad» dentro de la estructura de la Constitución de
1991, con la salvedad de que el análisis se sujetará a un criterio territorial, pues
el texto constitucional los enuncia en el capítulo 4 del Título XI – organización
territorial -, específicamente en los artículos 329 y 356.
42. Aunado a lo anterior, se constatará si en el mismo escenario territorial tiene
el atributo de ser representada legalmente por una persona, en los mismos
términos del supuesto previstos en el mencionado aparte del artículo 179.3
constitucional.
43. La respuesta para ambos interrogantes es negativa. En efecto, la Sala
encuentra que los resguardos indígenas no tienen el carácter de entidades
estatales. Asimismo, no gozan de la prerrogativa de ser representadas legalmente
por una persona, como si lo gozan las entidades territoriales, por ejemplo, las
alcaldías y gobernaciones -. Por ende, la Sala considera que el accionado no
podía incurrir en la inhabilidad que se debate en este aparte de la providencia.
Los siguientes argumentos que sustentan la posición:
a) El artículo 286 de la Constitución Política establece que son «entidades
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas». De esta norma constitucional se desprende que los resguardos no
son entidades en los términos del artículo 179.3 constitucional.
b) El artículo 21 del Decreto 2164 de 1995 define los resguardos indígenas
como «una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada
por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva
que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se
rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma
amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio». De la definición
expuesta no se desprende que el legislador le haya dado el carácter de una
entidad estatal.
c) Lo anterior no significa que los resguardos indígenas se conviertan en una
entidad territorial; por el contrario, el artículo 356 de la Constitución abre dicha
posibilidad cuando señala: «Para estos efectos, serán beneficiarias65 las
entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo, la ley
establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando
estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena». Lo anterior, debe
conciliarse con el artículo 329 del texto superior que prescribe que «la
65
De los recursos del sistema general de participaciones.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial»66.
d) Esto último no se encuentra acreditado en el presente caso, esto es, que
el resguardo el «Paujil-Limonar» se haya convertido en una entidad territorial
indígena capaz de administrar tributos o contribuciones parafiscales.
En contraposición, lo que si se demostró es que no se trata de una entidad
territorial indígena, sino de un resguardo del mismo orden. Así consta en la
certificación67 suscrita por la coordinadora del grupo de investigación y registro
de la dirección de asunto indígenas - ROM y minorías del Ministerio del Interior
• en la que se indicó que Alexander Guarín Silva fue gobernador del cabildo del
resguardo indígena el Paujil, en el período que fue del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021.
e) La sentencia C-077 del 15 de febrero de 201268 indicó que, en la actualidad,
los resguardos indígenas, incluso, los territorios de ese orden no son entidades
territoriales y, por lo tanto, no son personas jurídicas de derecho público.
Al respecto señaló:
5.2.3.3. El argumento de la demanda, como ya se señaló, se concentra en que
considera vulnerados los derechos consagrados constitucionalmente para las
entidades territoriales, dado que parte del supuesto equivocado de que los
resguardos a los que se refiere la norma en estudio tienen esa naturaleza jurídica.
Si bien el artículo 357 de la Carta ordenó a la ley determinar los resguardos que
para el efecto de participar en las rentas nacionales deberían ser considerados
como municipios, no por ello los convirtió en entidades territoriales; así, no es
posible confundir como una misma institución los resguardos indígenas y las
entidades territoriales indígenas: aquellos son instituciones legales y
sociopolíticas de “carácter especial, conformados por una comunidad o parcialidad
indígena, que con un título de propiedad comunitaria, poseen su territorio y se rigen
para el manejo de éste y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales”, que no conforman entidades
territoriales; y la propia jurisprudencia de ésta Corporación ha reiterado que “los
territorios indígenas hoy en día no están constituidos como entidades
territoriales indígenas y por tanto no son personas jurídicas de derecho
público”. (Negrilla de la Sala).
f) A su vez, la Sala encuentra que los departamentos y municipios son
entidades territoriales, es decir, sujetos de derecho público, al igual que las
66
La Corte Constitucional, en sentencia C-921 del 7 de noviembre de 200766, explicó que «la
Constitución prevé que la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con
sujeción a los dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará
por el gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial (art. 329 de la C.P.), ley que no ha sido
expedida por el Congreso de la República». (Énfasis del original). En tal sentido, dicha
Corporación afirma que «los territorios indígenas hoy en día no están construidos como entidades
territoriales indígenas, y por tanto no son personas jurídicas de derecho público, situación que sin
embargo no obsta para que se garantice el derecho que tienen a que la ley los reconozca como
beneficiarios de recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con la
Constitución, según así lo determina la Ley 715 de 2001».
67
Índice 3 Samai del expediente 11001-03-28-000-2022-00060-00.
68
Referencia: expediente D- 8599. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12,
13, 14, 20, 22, 23,24,49, 175 y 274 de la ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014”. Actor: Andrés de Zubiría Samper. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
entidades indígenas cuando se conformen acorde con lo previsto en el artículo
329 constitucional.
Por tal razón, en virtud de los artículos 30369 y 31470 de la Constitución Política,
en la actualidad, las alcaldías y gobernaciones son los entes que tienen el
atributo de estar representadas legalmente por una persona de elección
popular; no los resguardos indígenas frente a los cuales, se reitera, no tienen
la categoría de sujetos de derecho público, así lo reafirma la jurisprudencia
constitucional.
Por el contrario, una lectura del artículo 2271 del Decreto 2164 de 1995 permite
colegir que el demandado ostentó la posición de gobernador del «Paujil-
Limonar» como autoridad tradicional, investidura que le permitió ejercer una
representación política de su comunidad.
Así lo acredita el reglamento interno del resguardo72, en el cual tenía como
función específica de gobernador «2. Representar políticamente al Resguardo
ante las autoridades ordinarias y demás instituciones públicas o privadas del
orden local, nacional e internacional».
44. En conclusión, la Sala encuentra que la inhabilidad prevista en el evento
tercero del artículo 179.3 de la Constitución no se configuró en el presente caso,
toda vez que i) el resguardo indígena «Paujil-Limonar» no es una entidad estatal,
por ende, no es un sujeto de derecho público para efecto de lo preceptuado en la
referida inhabilidad y, en consecuencia, se tiene que ii) el demandado no
ostentaba la representación legal de la misma y que, en el marco de tal investidura
tuviera la administración de tributos o contribuciones parafiscales, en los términos
definidos por esta Sección73:
Bajo esta perspectiva, es claro entonces que la actividad de administración de
impuestos, tasas o contribuciones parafiscales, se enfoca en todas aquellas
competencias y funciones que propenden por la materialización de la
obligación tributaria previamente impuesta por el ordenamiento jurídico,
enfocadas en el recaudo, disposición y posterior fiscalización de dicha
actividad, buscando su cumplimiento por parte de los destinatarios y la
posterior financiación de las actividades y servicios destinados al cumplimiento de
los fines estatales.
Conforme con ello, la administración de tributos se enfoca en un aspecto específico
y puntual del proceso, y no incluye, de manera general, las actividades desplegadas
una vez que dichos recursos ingresan al presupuesto y son destinados para el
69
«En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración
seccional y representante legal del departamento (…)».
70
«En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del
municipio (…)».
71
«Las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y
administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, de
acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las normas
que sobre este particular se adopten por aquellas».
72
Aportado como prueba dentro del expediente 11001-03-28-000-2022-00060-00.
73
Nulidad electoral 11001-03-28-000-2022-00047-00, demandado: Juan Carlos Vargas Soler
como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 13 – Período 2022-
2026, MP Rocío Araújo Oñate.
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11001-03-28-000-2022-00060-00
funcionamiento del Estado o la realización de los planes de inversión que se
determinen por la autoridad correspondiente. (Énfasis no es del original).
6.3.2. Del contrato de administración nro. 396 de 2021
45. Ahora bien, aun cuando la Sala considera que la inhabilidad endilgada al
demandado no se encuentra configurada por las razones expuestas
anteriormente, encuentra pertinente pronunciarse frente al argumento de lo
demandantes según el cual la causal de inhabilidad por administración de tributos
o contribuciones parafiscales se originó por la suscripción del contrato de
administración nro. 396 del 9 de septiembre de 2021.
46. Según las pruebas que obran en el expediente, dicho contrato lo celebró el
demandado en su condición de gobernador del resguardo indígena «Paujil-
Limonar» con la alcaldía del municipio de Inírida. El objeto contractual era
«administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de
participaciones para los resguardos indígenas».
47. Además, en las consideraciones de dicho contrato se señaló que los
resguardos indígenas deben invertir los recursos del sistema general de
participaciones, en las necesidades detectadas en la comunidad, a través de la
administración y ejecución de los dineros en cabeza de las alcaldías
municipales. Como sucedió en el presente caso frente al contrato de
administración nro. 396/21 suscrito entre el resguardo el Paujil-Limonar y la
alcaldía del municipio de Inírida, en el cual se pactaron las siguientes
obligaciones:
Cláusula 4 – Obligaciones del resguardo Cláusula 5 – Obligaciones del municipio
1. Formular y presentar los proyectos 1. Adelantar las actuaciones contractuales que
debidamente soportados con las respectivas se requieran.
actas de aprobación por la comunidad.
2. Que en los mismo se expongan las 2. Ejecutar los recursos de acuerdo con el
necesidades de las comunidades presupuesto de inversión elaborado por el
debidamente formuladas, e incluidos en los Resguardo y los proyectos que lo conforman.
planes de vida o de acuerdo con los usos y
costumbre de los pueblos indígenas.
3. Que los proyectos presentados sean en pro 3. Administrar los recursos de la asignación
del desarrollo de la comunidad. especial del sistema general de
participaciones para los resguardos indígenas
en una cuenta independiente a las cuentas del
municipio.
4. Apoyar activamente el proceso de 4. Llevar los correspondientes libros de
corrección técnica de los proyectos con el presupuesto, contabilidad e inventarios para
acompañamiento de las secretarías de efectos de la administración de los recursos.
asuntos indígenas.
5. Presentar los proyectos en la vigencia 5. Adoptar los controles administrativos
anterior de la que se va a ejecutar los pertinentes para garantizar el cuidado y
recursos. conservación de los bienes adquiridos en
desarrollo de los proyectos incluidos en el
contrato.
6. El valor inicial de los proyectos pueden 6. Adoptar las medidas administrativas que
variar pues es un estimado y dependerá del permitan garantizar la adecuada ejecución de
estudio del mercado.
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Cláusula 4 – Obligaciones del resguardo Cláusula 5 – Obligaciones del municipio
cada uno de los proyectos incluidos en el
contrato.
7. Realizar el empalme con nuevos capitanes
o representantes de ser necesario.
9. Es obligatorio que del recurso asignado
para cada resguardo se asigne una parte
suficiente para realizar el transporte de los
elementos del resguardo.
48. Aún cuando los recursos asignados del Sistema General de
Participaciones (SGP) provengan de ingresos corrientes74 de la nación, donde se
encuentran los de naturaleza tributaria75 conforme lo prevé la Constitución
Política, la Sala avizora que el argumento del demandante no prosperará por las
siguientes razones.
49. Además de los argumentos expuestos en el numeral anterior, la Sala
encuentra que el concepto de administración de tributos expuesto por esta Sala
– citado en apartes anteriores; difiere del previsto en los contratos de
administración celebrado entre alcaldes y las autoridades del resguardo indígena
en el marco de lo prescrito por los artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 2001.
50. En efecto, mientras que el concepto de administración de tributos se refiere
a las competencias y funciones dirigidas a materializar la obligación tributaria
impuesta previamente por la ley, que comprende la liquidación, el recaudo,
disposición y posterior fiscalización de dicha actividad, y excluye las actividades
de ejecución cuando dichos recursos ingresan al presupuesto; la administración
de los recursos asignados a los resguardos indígenas tiene las siguientes
características:
a) Los recursos sujetos a la administración provienen del SGP. Por ende, no
se trata de tributos o contribuciones parafiscales recaudados en virtud de la
competencia de «administración de impuestos» a cargo de las entidades
territoriales.
Por el contrario, se trata de recursos asignados por la Nación a los resguardos
indígenas, a través de la intermediación de las alcaldías o gobernaciones,
frente a los cuales aquellos solo son beneficiarios, no administradores, en los
términos previstos en el artículo 356 de la Constitución política76.
74
ARTICULO 357. El Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y
Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación
porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años
anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. (Énfasis de la Sala)
75
ARTICULO 358. Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndase por
ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de
los recursos de capital. (Énfasis de la Sala)
76
«Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez
constituidas. Así mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre
y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena». (Énfasis del original)
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11001-03-28-000-2022-00060-00
b) El artículo 82 de la Ley 715 de 2001, al igual que el texto constitucional,
reitera que «En tanto no sean constituidas las entidades territoriales indígenas,
serán beneficiarios del Sistema General de Participaciones los resguardos
indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al
Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, y al Departamento Nacional de
Planeación en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se
programan los recursos». (Énfasis de la Sala)
c) Los artículos 8377 de la citada ley, en concordancia con el 1 del Decreto
1745 de 200278, señalan expresamente que la responsabilidad de administrar
los recursos derivados de la asignación especial del SGP para los resguardos
indígenas recae en el alcalde municipal o en el gobernador del departamento,
respectivamente. Lo anterior debe conciliarse con lo previsto por el artículo 3479
del Decreto 1953 de 2014, el cual señala que mientras los resguardos no
puedan administrar directamente dichos recursos, lo harán mediante la
suscripción de un contrato de administración con el ente territorial donde estén
ubicados.
d) A su vez, el artículo 83 prescribe que para que el alcalde o gobernador
procedan a la ejecución de los proyectos y recursos, requieren de la
celebración de un contrato con las autoridades del resguardo indígena, pues
se trata de la formalidad legal para ordenar el gasto con el fin de materializar
aquellos propósitos. A su vez, dispone que dicho negocio jurídico tiene como
fin la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e
incluidos en los planes de vida, de acuerdo con los usos y costumbres de los
pueblos indígenas.
77
«Los recursos para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de
la población de la entidad o resguardo indígena, en el total de población indígena reportada por el
Incora al DANE. Los recursos asignados a los resguardos indígenas, serán administrados por el
municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Cuando este quede en jurisdicción de
varios municipios, los recursos serán girados a cada uno de los municipios en proporción a la
población indígena que comprenda. Sin embargo, deberán manejarse en cuentas separadas a las
propias de las entidades territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la
entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la
que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Copia de dicho contrato se enviará
antes del 20 de enero al Ministerio del Interior. Cuando los resguardos se erijan como Entidades
Territoriales Indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán directamente la transferencia.
La participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre destinación para la
financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida
o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los proyectos de inversión
deberán estar incluidos en el contrato de administración celebrado con el respectivo municipio o
departamento, en concordancia con la clasificación de gastos definida por el Decreto-Ley 111 de
1996. (…) (énfasis de la Sala)
78
«Los recursos a que hace referencia el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 715 de 2001,
asignados a los resguardos indígenas que no estén ubicados en jurisdicción municipal, sino en
una de las divisiones administrativas departamentales contempladas en el Decreto 2274 de 1991,
serán administrados por el gobernador del respectivo departamento, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo».
79
«En caso que un resguardo indígena no administre la asignación especial del Sistema General
de Participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará
mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial
respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias».
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Así las cosas, las autoridades de los resguardos indígenas no tienen
atribuciones legales para administrar los recursos que se les asigna por el SGP,
tampoco para ordenar gastos con cargo a los mismos.
e) Conforme con lo anterior, la administración de dichos recursos es de
competencia de la entidad territorial, en este caso, era de la Alcaldía de Inírida,
pues se trataba del sujeto de derecho público en cuya cabeza estaba tal
atribución. A su vez, era el ente atado a las normas fiscales. En ese orden, el
resguardo indígena «Paujil-Limonar», se reitera, carecía de dicha atribución.
Así se confirma a partir de la jurisprudencia constitucional al estudiar la
constitucionalidad de los artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 200180:
En efecto, la descentralización administrativa territorial requiere la determinación
de la estructura del Estado en el orden territorial, dado que para atender los
servicios básicos de la población se impone un reparto de competencias
claramente definido entre la Nación y las entidades territoriales, y la asignación a
éstas de recursos de aquella para la financiación de los gastos en que incurran con
dicho fin, lo que necesariamente crea un vínculo y una interlocución en el orden
fiscal entre la Nación y sus entidades territoriales
que debidamente conformadas, son quienes ostentan la condición de personas
jurídicas de derecho público y por tanto sujetas a las normas fiscales respectivas.
(…)
La citada Ley 715 de 2001, arts. 82 y 83, dispone que, (i) en tanto no sean
constituidas las entidades territoriales indígenas, serán beneficiarios del Sistema
General de Participaciones los resguardos indígenas legalmente constituidos y
reportados por el Ministerio del Interior al Departamento Nacional de Estadística,
DANE, y al Departamento Nacional de Planeación en el año inmediatamente
anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos; (ii) los recursos
asignados a los resguardos indígenas serán administrados por el municipio en que
éste se encuentre; (iii) cuando el resguardo indígena quede en jurisdicción de varios
municipios, los recursos serán girados a cada uno de los municipios en proporción
a la población indígena que comprenda; (iv) los recursos deberán manejarse en
cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales; (v) para su ejecución
deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del
resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso
de los recursos en el año siguiente; (vi) copia de dicho contrato se enviará antes
del 20 de enero al Ministerio del Interior; (vii) cuando los resguardos se erijan como
Entidades Territoriales Indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán
directamente la transferencia.
f) Por otra parte, en el expediente 11001-03-28-000-2022-00060-00 se allegó
el reglamento interno del resguardo indígena, en el cual se evidencia que su
autoridad no tiene atribuciones para administrar tributos o contribuciones
parafiscales81.
80
C -921/07.
81
Sobre el gobernador del cabildo, regula lo siguiente: «Es quien ejerce la autoridad de administrar
el territorio de jurisdicción del Resguardo, quien hace los controles sobre los recursos del
resguardo, puertos, caños, lagunas y está pendiente para que instituciones, empresas y personas
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
51. En síntesis, la inhabilidad endilgada al demandado tampoco se configuró
por cuenta de la celebración del contrato nro. 396 del 9 de septiembre de 2021
porque i) el resguardo «Paujil-Limonar» no es un sujeto de derecho público, por
ende, carece del atributo de administrar tributos o contribuciones parafiscales ii)
los recursos asignados a dicho resguardo provenían del SGP, iii) no administró
los recursos del SGP destinados para la ejecución del mismo, solo ostentaba la
posición de beneficiario de los mismo y iv) la administración y ejecución de los
recursos atados a dicho negocio jurídica recayeron en la Alcaldía de Inírida,
conforme con las obligaciones contractuales allí asumidas.
7. Conclusión
52. La Sala encuentra que el acto de elección del demandado como
representante a la Cámara por el departamento del Guainía se ajustó a la
legalidad, por ende, no se declarará su nulidad conforme con la causal del
artículo 275.5 del CPACA. Lo anterior, por cuanto no se acreditó la inhabilidad
prevista en el artículo 179.3 constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Negar la declaratoria de nulidad del formulario E-26 CAM del 16 de
marzo de 2022, por medio del cual, la Comisión Escrutadora del departamento
externas no dañen los bienes colectivos del resguardo. // El Gobernador de Cabildo coordina las
cuatro Capitanías y los asuntos concernientes a todo el Resguardo, con el acompañamiento de
los miembros del cabildo y apoyo de las comunidades. El Gobernador de Cabildo y los Capitanes
de las comunidades no pueden tomar una decisión que afecte a los comuneros o al territorio, sin
informar y o consultar previamente a la Asamblea General. // Funciones Específicas: // 1. Presidir
las reuniones del Cabildo. 2. Representar políticamente al Resguardo ante las autoridades
ordinarias y demás instituciones públicas o privadas del orden local, nacional e internacional. 3.
Coordinar la actualización y entrega a tiempo del censo poblacional anual del Resguardo. 4.
Coordinar las cuatro capitanías para que desarrollen a cabalidad sus funciones. 5. Recibir quejas
o denuncias para tramitarlas ante el Consejo de Ancianos. 6. Convocar el consejo de Ancianos y
al Cabildo en pleno cuando así lo amerite. 7. Expedir los certificados, constancias y permisos para
efectos de requisitos en afiliación al sistema nacional de salud, estudios, aprovechamiento de
recursos del resguardo, y otros, exclusivamente a los miembros del Resguardo debidamente
inscritos en el censo, con la autorización y firma del respectivo capitán. 8. Citar ante su despacho
a cualquier Autoridad o miembro del Resguardo que haya cometido falta contra el Reglamento
Interno del Resguardo, para escuchar sus descargos. 9. Remitir los casos de faltas graves de
miembros del resguardo ante el Consejo de Ancianos y /o Cabildo. 10. Vigilar el cumplimiento del
Reglamento Interno por parte de todos los miembros del Resguardo. 11. Coordinar con las
Autoridades e instituciones públicas y privadas, acciones a desarrollarse en el Resguardo previa
autorización de las Asambleas Comunitarias. 12. Apoyar las actividades, comunitarias, sociales y
religiosas que se desarrollen en el Resguardo. 13. Está impedido de hacer acuerdos políticos con
partidos que involucren a las comunidades y afecten la autonomía política propia interna del
resguardo. 14. Está impedido de firmar documentos, convenios, proyectos y demás que
comprometan la autonomía del Resguardo, y afecten la propiedad colectiva». (Negrilla del
original).
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Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro
Demandado: Alexander Guarín Silva, representante
a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026)
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00
11001-03-28-000-2022-00060-00
del Guainía declaró elegido a Alexander Guarín Silva como representante a la
Cámara por dicha circunscripción territorial, para el período 2022 a 2026,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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