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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00288-00

Fecha
19 de julio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00288-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad del acto de elección de José Alfredo Marín Lozano como senador de la República (período 2022 a 2026), conforme con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño como apoderado judicial del demandado, en los términos del poder aportado. TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario, conforme con el artículo 243A102 del CPACA. CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00288-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de julio de 2023

Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00288-00
11001-03-28-000-2022-00274-00 (acumulado)
Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y Wilton Molina Siado
Demandado: José Alfredo Marín Lozano, senador de la República, período
2022 - 2026.

Temas: Ejercicio de autoridad civil y administrativa. Intervención en la
gestión y celebración de contratos. Doble militancia -
modalidad de apoyo

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de las demandas
presentadas contra el acto de elección de José Alfredo Marín Lozano como senador
de la República.

I. ANTECEDENTES

1. Expediente 11001-03-28-000-2022-00288-001

1.1. La demanda2

1. El 1 de septiembre de 2022, Floralba Alejandrina Padrón Pardo3 solicitó la
nulidad del acto de elección de José Alfredo Marín Lozano como senador de la
República, contenido en la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 y el formulario
E-26 SEN de la misma fecha, ambos expedidos por el Consejo Nacional Electoral4.

1.2. Fundamentos fácticos

2. En síntesis, la demandante señaló lo siguiente:

a) El 1 de enero de 2020, el demandado fue vinculado en calidad de asesor al
despacho del gobernador del departamento de Santander.

1 Principal.
2 Índice 3 Samai.
3 En nombre propio.
4 En adelante CNE.

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1

Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00

b) El 24 de febrero de 2020, mediante la Resolución 1530 se designó al
accionado como delegado del gobernador ante la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga5, quien preside el
consejo directivo de dicho ente autónomo, conforme con el artículo 25 de los
estatutos6.

c) La mencionada delegación estuvo vigente hasta el «28 de septiembre de
2022»7.

d) El 13 de diciembre de 2021, el demandado fue inscrito como candidato del
partido Conservador al Senado de la República.

e) El 13 de marzo de 2022, se realizaron los comicios para elegir al Congreso de
la República. El CNE declaró la elección de los senadores para el período 2022
a 2026, mediante la Resolución E-3332 del 19 de julio de ese año, entre ellos, la
del demandado.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

3. La demandante indicó que se configuró la causal de anulación del ordinal 5
del artículo 2758 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), por cuanto la elección habría desconocido el artículo
179.29 de la Constitución Política10, conforme con los siguientes argumentos:

a) El demandado no podía ser elegido senador de la República por encontrarse
inhabilitado para el cargo, toda vez que ejerció autoridad administrativa y civil
dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, lo que se prohíbe en
el artículo 179.2 constitucional. No hay duda de que aquel tenía la calidad de
empleado público, como se desprende de la Resolución 1530 del 24 de febrero
de 2020, en tanto ostentaba un cargo de libre nombramiento y remoción como
asesor del despacho del gobernador de Santander.

b) El ejercicio de la autoridad administrativa se desprende de la delegación que
le hizo el gobernador, conforme con el parágrafo11 del artículo 13 de la

5 En adelante CDMB.
6 Índice 3 Samai. Aportados con la demanda.
7 Conforme con las pruebas aportadas mediante el Decreto 113 del 2 de marzo de 2021 se aceptó

la renuncia de José Alfredo Marín Lozano al empleo de libre nombramiento y remoción de asesor
del despacho del gobernador.
8 «Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de

este Código y, además, cuando: […] 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan
las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en
causales de inhabilidad».
9 «No podrán ser congresistas: […] 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos,

jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a
la fecha de la elección».
10 En lo sucesivo CP.
11 «Los representantes legales de las entidades territoriales que conforman la Asamblea Corporativa

podrán delegar su participación en las reuniones, en empleados públicos del nivel directo o asesor
de la respectiva entidad territorial».

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
Resolución 1890 del 25 de septiembre de 2006, que define la integración del
órgano principal de la CDMB y de la asamblea corporativa de esta.

c) La jurisprudencia del Consejo de Estado12 ha indicado que la autoridad
administrativa es «aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la
administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales
y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los
subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces,
las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las
demás que no alcanzan a tener esa importancia».

d) El demandado también ejerció autoridad civil en la asamblea corporativa y en
el consejo directivo de la CDMB, pues elegía a los representantes del sector
privado, a los de entidades sin ánimo de lucro y al de las comunidades indígenas
o étnicas que tendrían asiento en el consejo directivo, conforme la definición que
trae el artículo 18813 de la Ley 136 de 1994.

e) Así las cosas, concluyó que el accionado ejerció autoridad civil y administrativa
como delegado del gobernador ante la CDMB, por las funciones que
desempeñaba14.

f) El elemento temporal está probado porque al senador Marín Lozano se le
delegaron dichas funciones durante todo el año 2021, incluso hasta el 28 de
septiembre de 2022, como consta en el documento firmado por el secretario
general de la CDMB que se aportó como prueba con la demanda.

g) Finalmente, el factor territorial está acreditado pues la circunscripción nacional
en donde fue elegido José Alfredo Marín Lozano como senador, coincide con el
departamento de Santander, en el que era empleado público.

12 «Al respecto puede consultarse: Sentencia del 8 de abril de 2021. Sección Quinta. CP. Rocío

Araújo Oñate. Sentencia del 12 de agosto de 2021. Sección Quinta. CP. Rocío Araújo Oñate».
13 «se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial

para cualquiera de las siguientes atribuciones: 1. Ejercer el poder público en función de mando
para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso
de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.2.
Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.3.
Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones». (Énfasis del texto de la
demanda).
14 Entre ellas: - Actuaba como presidente del órgano principal de dirección de la CDMB, la asamblea

Corporativa. Este órgano designa al revisor fiscal, aprueba la gestión de la administración; aprueba
las cuentas de resultado de cada período anual; adopta los estatutos y fija los honorarios de los
miembros del consejo directivo que no tienen la calidad de servidores públicos por la asistencia a las
sesiones (artículo 14 del Acuerdo de la asamblea corporativa 7 del 27 de febrero de 2006). - Convoca
a las sesiones extraordinarias de la Asamblea corporativa (artículo 17 del Acuerdo de la asamblea
corporativa 7 de 2006). - Nombraba comisiones transitorias para el estudio de asuntos que
correspondían a la Asamblea corporativa. - Era el presidente del Consejo directivo de la CDMB. En
la dirección del Consejo directivo puede verse cómo participó en la evaluación de la ejecución de las
obras de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), y solicita un recaudo de la sobretasa
ambiental de la AMB, como puede verse en el acta 386. - Elegía a los Integrantes del Consejo
Directivo de la CDMB. - Elegía al director general de la CDMB. - Aprobaba el plan de acción de la
CDMB, como puede verse en el acta 383 (anexos a la demanda). - Aprobaba el presupuesto de la
CDMB.

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3

Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
1.4. Trámite

4. El 3 de octubre de 202215, el despacho admitió el medio de control y ordenó
las notificaciones, comunicaciones y avisos establecidos en el artículo 277 del
CPACA16.

1.5. Contestación de la demanda

5. Dentro del término de traslado únicamente el CNE presentó escrito de
contestación17, en el que solicitó se negaran las pretensiones de la demanda.

6. Sostuvo que no adelantó alguna investigación por las presuntas anomalías
que alegó la demandante. Además, esgrimió que no tiene a su cargo la organización
y dirección de las elecciones, pues dicha función está en cabeza de la Registraduría
Nacional del Estado Civil18 por mandato constitucional. En consecuencia, propuso
como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva19.

7. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

2. Expediente 11001-03-28-000-2022-00274-0020

2.1. La demanda21

8. El 1 de septiembre de 2022, Wilton Molina Siado22 solicitó la nulidad de la
elección de José Alfredo Marín Lozano como senador de la República, contenido
en la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 y el formulario E-26 SEN de la
misma fecha, ambos expedidos por el CNE.

2.2. Fundamentos fácticos

9. En síntesis, el demandante señaló lo siguiente:

a) El demandado fue candidato al Senado de la República con el aval del partido
Conservador Colombiano.

b) En la elección del 13 de marzo de 2022 fue elegido senador para el período
2022 a 2026.

15 Índice 17 Samai.
16 Trámites efectuados como consta en los índices 19 y 20 Samai.
17 Índice 25 Samai.
18 En adelante RNEC.
19 Mediante auto del 29 de noviembre de 2022 (índice 30 Samai), el despacho sustanciador negó la

excepción mencionada, por cuanto el acto cuya legalidad se controvierte en el proceso, fue expedido
por el CNE. Por ende, se determinó que la entidad cuenta con capacidad para comparecer al
proceso.
20 Acumulado.
21 Índice 2 Samai.
22 En nombre propio.

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
c) El 22 de abril de 2022, el partido Conservador Colombiano profirió auto de
apertura de investigación disciplinaria23 contra el demandado, por una queja por
doble militancia en la modalidad de apoyo.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. El demandante indicó que los artículos 107 y 179.3 de la CP y el artículo 2
de la Ley 1475 de 201124 fueron desconocidos por el acto de elección. En ese
sentido, formuló los siguientes cargos:

a) Doble militancia. Al respecto afirmó que el demandado incurrió en esta
prohibición toda vez que, como candidato del partido Conservador y también con
posterioridad a su elección, apoyó e hizo proselitismo político en favor de otros
candidatos que no eran de su colectividad. Al respecto sostuvo:

4) Que el señor Jose Alfredo Marin (sic) Lozano, siendo candidato al senado por el
partido conservador, desde el mismo momento de su inscripción como candidato al
senado y posterior a su elección realizo acciones de apoyo e hizo proselitismo político
a favor de otros candidatos que no eran de su colectividad.

5) Estos hechos ilegales de la doble militancia, fueron puestos en conocimiento, de la
Dirección del Partido Conservador, mediante queja presentada, sin que hasta la fecha
este órgano se haya pronunciado, ya que se sabe cómo se manejan las cosas en los
partidos políticos y a quien favorecen, dado que sus decisiones no son jurídicas sino
políticas, como consta en el auto de investigación disciplinaria del partido
Conservador, con radicado No. 0014-2022, por ello solicito como prueba , se alleguen
al proceso, la denuncia, pruebas y actuaciones que se hayan adelantado en ese
proceso, para que se tengan como prueba

Por lo tanto, se encuentra configurada la causal de anulación electoral
establecida en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA25.

b) Gestión y celebración de contratos. Para el accionante, el demandado
incurrió en la inhabilidad del numeral 326 del artículo 179 constitucional, al
sostener que para ser asesor27 del despacho del gobernador el demandando 28
tuvo que haber gestionado y celebrado los contratos respectivos dentro del

23 Con radicado 0014-2022.
24 Inciso 2º: «Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,

dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido
o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre
que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió
mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la |siguiente elección por un
partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes
del primer día de inscripciones».
25 «Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política».
26 «Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración

de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores
a la fecha de la elección».
27 En los años 2021 y 2022.
28 Índice 10 Samai. Conforme a la subsanación de la demanda.

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República, período 2022-2026
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11001-03-28-000-2022-00274-00
término inhabilitante. Sobre dichos negocios jurídicos, indicó que estos se
obtienen en la página del SECOP29. Sobre este cargo el demandante manifestó:

El candidato y electo senador, desempeño servicios como servidor público en la
gobernación de Santander, como asesor del despacho del Gobernador, hasta el mes
de Enero (sic) de 2022, prohibición que señala la constitución que seis meses ante
de la elección ninguna persona puede celebrar contratos y gestionar negocios ante
entidades públicas, como siempre lo estuvo haciendo el candidato y actual senador,
José Alfredo Marín Lozano, como persona de confianza de los Gobernadores de
Santander, por lo que solicitare como prueba, que se oficie a la Gobernación de
Santander para que certifique las vinculaciones del Señor José Alfredo Marín Lozano
y hasta que fecha, con la constancia de haber sido publicado sus contratos de
prestación de servicio en el SECOP.

Así las cosas, solicitó la nulidad de la elección con fundamento en el numeral 530
del artículo 275 del CPACA.

2.4. Trámite

11. El 8 de septiembre de 202231, se inadmitió la demanda para que i) frente el
cargo de gestión y celebración de contrato indicara qué causal de nulidad invocaba;
ii) informara el correo electrónico del demandado y, finalmente, iii) remitiera la
demanda, subsanación y anexos al canal digital del accionado. El día 1632 siguiente,
se corrigió la demanda en debida forma.

12. El 5 de octubre de 202233, el despacho la admitió34 y, en ese sentido, ordenó
las notificaciones, comunicaciones y avisos establecidos en el artículo 277 del
CPACA35.

13. En este auto se requirió al partido Conservador Colombiano para que
remitiera copia íntegra de todas las quejas que por doble militancia se hayan
presentado y las actuaciones disciplinarias iniciadas contra el senador José Alfredo
Marín Lozano, durante los años 2021 y 202236.

2.5. Contestación de la demanda

14. Dentro del término de traslado solo el CNE contestó la demanda y solicitó
que se nieguen sus pretensiones, con fundamento en afirmaciones similares a las
expuestas en el escrito presentado dentro del proceso 2022-00288-00. De igual
forma, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva37.

29 El demandante no especificó cuál sería la gestión de negocios y contratos celebrados.
30 «Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad».
31 Índice 5 Samai
32 índice 10 Samai
33 Índice 19 Samai.
34 Magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas Gil.
35 Trámites efectuados como consta en los índices 21 y 22 Samai.
36 Índice 30 Samai. Se allegó respuesta al requerimiento.
37 Escrito del 8 de noviembre de 2022. Índice 31 Samai.

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
15. Mediante auto del 28 de noviembre de 202238, el magistrado que sustanció
la actuación la negó, por cuanto el acto que declaró la elección del senador
demandado, cuya legalidad se controvierte en el presente proceso, fue expedido
por el CNE. Por ende, cuenta con la capacidad para comparecer al plenario.

16. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Acumulación de los procesos

17. El 16 de enero de 202339, se decretó la acumulación de los procesos 11001-
03-28-000-2022-00288-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00274-00
(acumulado). En vista que ambos procesos estaban siento tramitados por el mismo
magistrado ponente, no fue necesario realizar diligencia de sorteo, conforme lo
dispone el artículo 282 del CPACA.

4. Trámite de sentencia anticipada

18. El 28 de febrero de 202340, el despacho sustanciador ordenó someter el
proceso al trámite de sentencia anticipada41, decretó pruebas42, fijó el litigio43 y
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para conceptuar, con fundamento en el artículo 182A del CPACA.

5. Alegatos de conclusión

19. El demandante44 Wilton Molina Siado reiteró los argumentos presentados
en la demanda como soporte de la pretensión de nulidad del acto demandado.
También, solicitó proferir auto de mejor proveer para requerir copia de la
investigación disciplinaria adelantada por el partido Conservador con radicado
0014-202245, que inició con auto de apertura del 13 de mayo de 2022, pues en la

38 Índice 35 Samai.
39 Índice 39 Samai.
40 Índice 44 Samai.
41 Índice 53 Samai. La demandante Padrón Pardo interpuso recurso de reposición contra el auto que

ordenó el trámite de la sentencia anticipada. Con auto del 12 de abril de 2023 se negó, pues sí
estaban presentes los elementos del artículo 182A del CPACA para ordenar el trámite de sentencia
anticipada bajo el entendido que las únicas pruebas requeridas fueron de carácter documental.
Finalmente, se reconoció a Esteban Bendeck como coadyuvante de la parte actora (índice 75
Samai).
42 Las documentales aportadas por las partes. De las solicitadas se ordenó oficiar a la Gobernación

de Santander copia de los contratos suscritos por el demandado con la gobernación, fecha de
vinculación y terminación, manual de funciones; así como de los actos proferidos por este como
delegado del gobernador como de los informes presentados. A la CDMB copia del acto de delegación
del demandado para actuar en nombre del gobernador, de las actas de reuniones del su consejo
directivo y de la asamblea corporativa (junto con los acuerdos adoptados), durante el periodo
inhabilitante. A la Agencia Nacional de Contratación Pública para certificar los contratos suscritos
por el demandado con la Gobernación de Santander entre el 13 de septiembre de 2021 al 13 de
marzo de 2022. De oficio se solicitó los estatutos de la CDMD.
43 En los términos indicados en la parte considerativa de la presente sentencia.
44 Índice 81 Samai.
45 Índice 91 Samai. Con auto del 15 de mayo de 2023 se decretó requerir a la Veedora Nacional del

partido Conservador para que informara los fundamentos y aportara copia de la investigación
disciplinaria con radicado 0014-2022. Lo que fue allegado según la constancia de la Secretaría de la
Sección (índice 97 Samai).

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
respuesta dada por dicha colectividad certificó que el demandado durante los años
2021 y 2022 no tuvo proceso alguno por ese motivo.

20. La accionante Floralba Padrón Pardo46 insistió en todos los argumentos
expuestos en su demanda, con el fin de que se declare la nulidad de la elección
demandada, por el ejercicio de autoridad civil y administrativa (art. 179.2 de la CP).

21. Por lo anterior, afirmó que José Alfredo Marín Lozano celebró un contrato con
la secretaría departamental de Agricultura de Santander, durante el término de
vigencia de la prohibición establecida. Este hecho, lo ubicó en posición de ventaja
o privilegio al accionado, aún más cuando se analiza el objeto del contrato: «brindar
apoyo profesional requerido en los procesos de las cadenas productivas que
adelanta la Secretaría de Agricultura del Departamento».

22. El demandado no presentó alegatos de conclusión, sino que en dicha etapa
radicó incidente de nulidad por indebida notificación47, frente al cual, con
posterioridad, solicitó se aceptara el desistimiento de este48, por cuanto sí accedió
al correo electrónico por medio del cual se le notificó el auto admisorio de la
demanda. En vista de lo anterior, el magistrado conductor del proceso lo aceptó,
mediante auto del 5 de junio de 202349.

6. Concepto del Ministerio Público

23. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado50 solicitó negar
las pretensiones de los accionantes toda vez que: i) no concurren los factores
necesarios para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 2° del
artículo 179 Superior, por cuanto al demandado se le aceptó la renuncia al cargo de
asesor de despacho del gobernador de Santander el 2 de marzo de 2021, ii) no se
probó la celebración o gestión de contratos llevada a cabo por el demandado y iii)
no existe ninguna prueba que soporte o fundamente la configuración de la doble
militancia en la modalidad de apoyo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

24. Esta Sección es competente para fallar en única instancia las demandas de
nulidad electoral contra el acto que declaró la elección del demandado como
senador de la República, de conformidad con el artículo 149.3 del CPACA51, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019.

2. Cuestión previa

46 Índice 88 Samai.
47 Índice 99 Samai. El 24 de mayo de 2023, por medio de apoderado judicial.
48 Índice 102 Samai. El 30 de mayo de 2023.
49 Índice 105 Samai.
50 Índice 87 Samai.
51 «[…] 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del

Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores […]». Énfasis de la Sala.

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8

Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00

25. Se observa que la accionante Floralba Padrón Pardo52, en la etapa de
alegatos53, también consideró que el demandado incurrió en la inhabilidad de
celebración de contratos (art. 179.3 de la CP)54, pues aquel suscribió uno de
prestación de servicios el «2 de febrero de 2021» con la gobernación de Santander,
por un plazo de 6 meses, el cual se prorrogó en septiembre del mismo año por 3
meses más y finalizó su ejecución el 1 de noviembre del mismo año.

26. No obstante, la Sala encuentra que la accionante formuló un nuevo cargo, en
la etapa de alegatos, lo cual resulta extemporáneo y, por ende, no se procederá a
su estudio, porque debió presentarlo dentro del plazo de 3 días a la notificación del
auto admisorio de la demanda, como lo ordena el artículo 278 del CPACA. En todo
caso, se aclara que el cargo presentado por el demandante Wilton Molina Siado en
relación con la misma inhabilidad sí fue oportuno y, por lo tanto, se estudiara de
fondo conforme a los supuestos fácticos que alegó y a la fijación del litigio.

3. Acto acusado

27. Acto de elección de José Alfredo Marín Lozano como senador de la
República contenida en la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 y el formulario
E-26 SEN de la misma fecha, ambos expedidos por el Consejo Nacional Electoral.

4. Problemas jurídicos

28. En el auto que ordenó someter el proceso al trámite de sentencia anticipada55
se fijó el litigio en los siguientes términos:

54. Se deberá resolver si las presuntas irregularidades planteadas con las demandas
tienen la virtualidad de desvirtuar la presunción de legalidad del acto de elección de
José Alfredo Marín Lozano como senador de la República -E26 SEN del 19 de julio
de 2022 y la Resolución E-3332 del CNE de la misma fecha-. Específicamente,
deberá determinarse si:

i) El demandado como delegado del gobernador del departamento de Santander
ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga ejerció autoridad civil y administrativa y, por lo tanto, si se estructura
la inhabilidad del artículo 179.2 constitucional.

ii) El demandado celebró y gestionó contratos dentro del término de inhabilidad
establecido en el artículo 179.3 de la Constitución Política.

iii) Finalmente, si el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo, de acuerdo con los artículos 107 constitucional y 2 de la Ley
1475 de 2011.

55. El problema jurídico establecido se examinará a partir del concepto de la violación
reseñado en la presente providencia, junto con las razones de hecho y de derecho

52 Índice 88 Samai.
53
54 Se aclara que este cargo no lo propuso en su demanda, sino que fue planteado en el exp. 2022-

00274-00 por el demandante Wilton Molina Siado.
55 Índice 44 Samai.

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
presentadas por las partes. Lo anterior, sin perjuicio de otros asuntos procesales o
sustanciales que resulten del debate principal.

29. Previo a resolver los problemas jurídicos, se procederá a efectuar algunas
consideraciones en relación con los siguientes aspectos: a) inhabilidad por ejercicio
de autoridad administrativa y civil (art. 179.2 de la CP); b) inhabilidad por
intervención en la gestión de negocios o celebración de contratos con entidades
públicas (art. 179.3 de la CP) y c) prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo (art. 2 de la Ley 1475 de 2011).

5. Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa y civil

30. Sobre el ejercicio de los diferentes tipos de autoridad por parte de los
empleados públicos como causal de inhabilidad, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en providencia del 2 de junio de 202256, explicó:

Esta Sala de Decisión ha determinado con toda precisión y de manera pacífica, los
elementos que deben concurrir para que se configure la mencionada inhabilidad, los
cuales pueden desagregarse así:

-Temporal: 12 meses anteriores a la elección. La norma aplicable dispone que la
condición de empleado público, acompañado por el ejercicio de la jurisdicción,
autoridad civil, política, administrativa o militar, debe ejercerse durante los doce
meses anteriores a la fecha de la elección. […]

-Subjetivo: Empleado Público. El artículo 123 de la Carta Política de 1991 estableció
la categoría genérica que denominó servidores públicos, los cuales se pueden
discriminar en tres clases: i) empleados públicos, ii) miembros de corporaciones
públicas y iii) trabajadores oficiales57.

[…]

-Objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar).
Este elemento corresponde al complemento directo como acción o actividad del sujeto
calificado.

[…]

-Territorial: En lo concerniente a este aspecto, el artículo 17958 de la Constitución
Política, contentivo de la causal de inhabilidad bajo estudio, nos enuncia que su
configuración se circunscribe al territorio donde se lleve a cabo la respectiva elección,
disposición que a la letra dice: “(…) Las inhabilidades previstas en los numerales 2,
3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual
deba efectuarse la respectiva elección […]. (Énfasis del original).

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de

junio de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00105-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
57 Además, sobre este punto precisó: «Para el caso del empleado público, los artículos 122 y 123

constitucionales, enuncian ciertos requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación: i) las
funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii) tengan remuneración, iii) hagan parte
de la respectiva planta de personal de la entidad, iv) sus emolumentos se encuentren previstos en
el presupuesto correspondiente y, v) su vinculación se efectúe por un acto de nombramiento».
58 El inciso final de esta disposición constitucional consagra: «Para los fines de este artículo se

considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la
inhabilidad consignada en el numeral 5».

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
31. En la decisión citada, se incorporaron las siguientes consideraciones59 sobre
las diferentes formas de ejercicio de autoridad, en los siguientes términos:

Tipo de autoridad Concepto
La labor del servidor público de administrar justicia, sea como
juez, magistrado, fiscal, labor en la justicia penal militar, las
labores de la comisión de acusación, del Senado de la
De jurisdicción. República, así como, lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia que tiene que ver
con “El ejercicio de la función jurisdiccional por otras
autoridades y por particulares”.
El artículo 188 {de} la Ley 136 de 1996 establece sobre el
particular: “(…) se entiende por autoridad civil la capacidad
legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para
cualquiera de las siguientes atribuciones: 1. Ejercer el poder
público en función de mando para una finalidad prevista en
Civil. esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en
caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de
la coacción por medio de la fuerza pública. 2. Nombrar y
remover libremente los empleados de su dependencia, por si
o por delegación. 3. Sancionar a los empleados con
suspensiones, multas o destituciones”.
Se trata de aquellos poderes decisorios de mando o
imposición de sanciones que ostentan quienes se
encuentran en cargos de administración nacional,
departamental, municipal o de los órganos electorales y de
control con capacidad para “hacer que la administración
Administrativa. funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los
órganos del aparato administrativo, nombrando y
removiendo sus agentes, celebrando contratos,
supervigilando la prestación de servicios, castigando
infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más, es la
autoridad administrativa.”60
Frente a la autoridad política, esta corporación ha dicho que
debe entenderse “como la capacidad para “presentar
proyectos de Ley [en sentido amplio] y sancionarlos, manejar
Política.
las relaciones con los otros poderes y con otros Estados,
gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación
[entendido también para departamentos y municipios]61”.62

6. Inhabilidad por intervención en la gestión de negocios o celebración de
contratos con entidades públicas

32. Esta Sección, en sentencia del 26 de enero de 202363, reiteró que el ordinal
3º del artículo 179 de la CP establece varias situaciones que pueden inhabilitar a un

59 Se realiza un cuadro con lo indicado en la decisión en cita. Los énfasis son del original.
60 «Las decisiones de la Sección Quinta mencionada en la cita anterior tienen como fundamento el

siguiente fallo: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de junio
9 de 1.998. Exp. AC–5779».
61 «Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de junio 9 de 1.998. Exp. AC–5779. M.P Germán

Rodríguez Villamizar».
62 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

4400103234000020190019501. Providencia del 19 de marzo de 2020. M.P. Rocío Araújo Oñate».
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 26 de

enero de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00030-00 (acumulado con el 11001-03-28-000-
2022-0060-00), MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
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11001-03-28-000-2022-00274-00
ciudadano para ser congresista de la República, si ocurren dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de la elección, a saber:

a) Gestionar negocios ante entidades públicas, en interés propio o de terceros.
b) Celebrar contratos con estas, en interés propio o de terceros.
c) Haber sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales.

33. Dicha norma constitucional contiene los siguientes presupuestos que
configuran la inhabilidad en comento64:

Elementos Ingrediente normativo
Que la conducta se realice dentro de los 6 meses anteriores a la
Temporal
fecha de la elección que se demanda.
Participar en trámites negociales, celebrar contratos con entidades
públicas, en interés propio o de terceros o ejercer la representación
Material
legal de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales.
Que la conducta reprochada se hubiese realizado en la
Territorial
circunscripción donde se realiza la elección.
Que la gestión o celebración del contrato comporte un beneficio
Modal o de propio o para terceros. Es importante poner de presente que la
propósito Sección ha concluido que los beneficios extrapatrimoniales también
pueden dar lugar a la materialización de la inhabilidad65.

34. Sobre la concurrencia de dichos requisitos, esta Sección reiteró en
providencia del 2 de junio de 202266 que los supuestos enunciados son
concurrentes, de modo que si falta alguno de ellos no se configuran las
inhabilidades reseñadas67.

35. Respecto de los elementos de la inhabilidad de gestión de negocios, la Sala
en sentencia 4 de mayo de 202368 precisó sus elementos relevantes, así:

64 Sobre el tema también se puede consultar, entre otras, las sentencias de esta Sección del 24 de

noviembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00 (acumulado los 11001-03-28-000-
2022-00059-00, 11001-03-28-000-2022-00062-00 y 11001-03-28-000-2022-00074-00), demandado:
Edinson Vladimir Olaya Mancipe - Representante a la Cámara por el departamento de Casanare,
período 2022 – 2026, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Del 20 de octubre de 2022, radicado 11001-03-
28-000-2022-00051-00, demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán, representante a la Cámara por
el departamento del Meta –período 2022-2026. MP Rocío Araújo Oñate. Del 27 de octubre de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00054-00, demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso -
Representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, período 2022 – 2026. MP Pedro Pablo
Vanegas Gil.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de

octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00051-00, MP Rocío Araújo Oñate. También se
puede consultar la sentencia del 1 de diciembre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00058-
00. (acumulado con 11001-03-28-000-2022-00044-00 y 11001-03-28-000-2022-00104-00), MP
Rocío Araújo Oñate.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de

junio de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00074-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
67 Regla jurisprudencial planteada también en: «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del

12 de marzo de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00065-00, MP Alberto Yepes Barreiro».
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de

mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00229-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. También
indicó que al respecto véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 1 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-

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11001-03-28-000-2022-00274-00

Elementos Ingrediente normativo
Material Participar en trámites negociales ante autoridades públicas.
Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis
Temporal
meses anteriores a la elección.
Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
Espacial
debe efectuarse la elección.

Que la gestión comporte un beneficio propio o para terceros. En
Modal o de este aspecto, es importante poner de presente que la Sección
propósito ha concluido que los beneficios extrapatrimoniales también
pueden dar lugar a la materialización de la inhabilidad.

36. Ahora, acerca de la diferenciación entre los eventos de gestión de negocios
y celebración de contratos señalados en la disposición mencionada, la Sección
Quinta del Consejo de Estado señaló que la gestión de negocios es el conjunto de
actuaciones que preparan el camino para lograr la celebración del contrato
propiamente dicho69.

7. Prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo

37. La Ley 1475 de 2011 fijó unos presupuestos taxativos para poder estructurar
esta causal de anulación70, los cuales están previstos en el inciso segundo del
artículo 2, así:

00058-00. MP Rocío Araújo Oñate; y Auto del 22 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-
202200177-00.MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia 20 de

octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00051-00, MP Rocío Araújo Oñate. Reiterada
en sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00054-00. MP Pedro
Pablo Vanegas Gil. Decisión en la que se explicó: «33. Nota característica de esta causal de
inhabilidad, es que las actuaciones tendientes a obtener un provecho o beneficio propio o para un
tercero, aunque deben ser potencialmente efectivas para alcanzar el fin propuesto, no requieren que
éste se materialice, aspecto que permite distinguir esta circunstancia de inelegibilidad de la
celebración de contratos, también prevista en el artículo 179.3 Superior. Sobre el particular resultan
ilustrativas las siguientes consideraciones, contenidas en providencia del 25 de octubre de 2018 de
esta Sección: // “Se aclara que, si bien las gestiones desarrolladas por los particulares ante las
entidades públicas apuntan, en principio, a la consecución de contratos estatales, lo cierto es que la
conducta consistente en la gestión de negocios frente a las entidades públicas, no puede ser
confundida con el otro de los supuestos contenidos en la causal de inhabilidad en comento,
relacionado con la intervención en la celebración de los contratos. // En efecto, en el primero de
los casos -gestión de negocios- se trata del conjunto de actuaciones que allanan el camino
para la obtención de consecuencias jurídicas provechosas en favor de quien postula su
nombre al Congreso, sin importar que las mismas se materialicen. // En otros términos, las
conductas que caracterizan la gestión de negocios se constituyen en el preludio de la utilidad que
busca obtener el congresista demandado, la cual puede verse materializada en el perfeccionamiento
de un contrato, por lo que no se proscribe con ella la intervención en los negocios jurídicos entablados
entre particulares y administración pública, supuesto prohibido al tenor de la segunda de las
conductas de que trata el numeral 3º del artículo 179 en estudio. // Al respecto, la Sección Quinta
expuso: // “… [Se] ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por
intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría
de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal. Son las diligencias previas
al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las
propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio,
aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete. Siendo así, mucho menos constituyen
gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el
Estado, como las relacionadas con su ejecución o liquidación». (Énfasis del texto original).
70 Art. 275.8 del CPACA.

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Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones. (Subrayado de la Sala).

38. Así, en sentencia del 25 de mayo de 2023 71, la Sección reiteró que la
prohibición de doble militancia fue establecida en el ordenamiento jurídico con el fin
de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las agrupaciones políticas, para
evitar que sus militantes desplegaran conductas contrarias a los principios y
lineamientos propios de cada uno de ellos72.

39. Adicionalmente, la Sección especializada en lo electoral reiteró en sentencia
del 10 de marzo de 202273 que existen 5 modalidades en las que se puede
configurar la prohibición de la doble militancia, una de ellas, la de apoyo, que
sustenta la pretensión de nulidad estudiada en este proceso.

40. Dicha forma de doble militancia se configura cuando se apoya a un candidato
de una organización política diferente a aquella a la cual se pertenece.

41. Esta Sección, a su vez, ha establecido los elementos para que se configure
la prohibición de apoyo, así74:

En este contexto, se han identificado los siguientes elementos para su configuración:

a) Un sujeto activo: los directivos de los partidos y los candidatos a cargos o curules
en corporaciones de elección popular.

b) Una conducta prohibida: la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento, a través
de uno o varios actos positivos y concretos, a favor de un candidato inscrito por una
colectividad distinta a aquel al que se pertenece, salvo los casos en que el partido no
tenga aspirante para el mismo cargo o curul o cuando apoyo [sic] al candidato de otra
organización política obedezca a una instrucción del propio partido. Así mismo, se ha
precisado que la conducta prohibida se estructura sobre el apoyo ofrecido, pero no
se extiende al que recibe el candidato cuestionado.

c) Un elemento temporal: durante la campaña política, que parte del momento de la
inscripción hasta el día de la elección.

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de

mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00256-00 (acumulado con el 11001-03-28-000-
2022-00226-00), MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
72 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2022, radicado 70001-23-33-

0002020-00004-03, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
73 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de

marzo de 2022, expediente 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 26 de

enero del 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00196-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.

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42. Procede la Sala a estudiar los cargos planteados bajo los parámetros
jurisprudenciales expuestos.

8. Caso concreto

43. Para la Sala en el presente caso los cargos no están llamados a prosperar,
por lo que anticipa, que las pretensiones serán negadas, como pasa explicarse:

8.1. Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa y civil

44. Para la parte actora el ejercicio de la autoridad administrativa y civil se
desprende de la delegación que le hizo el gobernador de Santander al
demandado ante la CDMB cuando era asesor de dicho despacho, toda vez que
como delegado elegía a los diferentes representantes ante dicha corporación,
aprobaba cuentas, designaba al revisor fiscal, así como a su director y evaluaba los
planes de ejecución de obras, lo cual a su juicio ocurrió dentro del término de la
inhabilidad.

45. El artículo 179 de la CP fijó los supuestos de hecho en que un ciudadano no
podrá ser congresista, entre ellos, según las voces del numeral segundo, «quienes
hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la
elección».

46. En relación con el aspecto temporal de dicha inhabilidad, para el caso
concreto, la conducta reprochada debió desplegarse entre el 13 de marzo de 2021
y 13 de marzo de 2022, fecha de las elecciones al Congreso de la República en que
resultó electo el accionado.

47. Con las pruebas allegadas al proceso se demostró que el gobernador de
Santander75:

• Mediante Decreto 19 del 1 de enero de 2020 nombró a José Alfredo Marín
Lozano en el empleo asesor «Código 105, Grado 01, libre nombramiento y
remoción, planta de empleos del despacho del Gobernador».

• Por medio de la Resolución 1530 del 24 de febrero de 2020 delegó a José
Alfredo Marín Lozano para que asistiera como delegado del gobernador ante la
CDMB.

• En el Decreto 113 del 2 de marzo de 2021 aceptó la renuncia de José
Alfredo Marín Lozano al empleo de asesor del despacho del gobernador.

48. Por lo expuesto, la Sala arriba a la conclusión de que no se pudo configurar
la inhabilidad alegada de ejercicio de autoridad administrativa y civil por cuanto el
demandado ostentó la calidad de empleado público entre el 1 de enero de 2020 y

75 Índice 52 Samai.

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el 2 de marzo de 2021, fecha en la que le fue aceptada la renuncia76 a su cargo de
asesor del despacho del gobernador de Santander.

49. Así, la delegación que tuvo ante la CDMB solo pudo ser ejercida por el
demandado hasta la fecha que estuvo en el empleo de asesor del gobernador, esto
es, el 2 de marzo de 2021, con lo cual dicha condición cesó antes de que iniciara el
término inhabilitante referido anteriormente, que inició el 13 de marzo de 2021.

50. Ahora, si bien la demandante Floralba Alejandrina Padrón Pardo con las
pruebas allegadas aportó respuesta a un derecho de petición dado por el Secretario
General CDMB77 donde indicó que la delegación del gobernador al demandado
«tuvo vigencia hasta el 28 de septiembre de 2022»78, se encuentra que pudo
obedecer a un error, pues desde el 2 de marzo del 2021 le fue aceptada la renuncia
al empleo de asesor del despacho del gobernador.

51. También se encuentra de la valoración de las actas de las reuniones y los
acuerdos del consejo directivo correspondientes a los años 202179 y 2022 allegados
por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga80, que en efecto, en ninguno de ellos participó el demandado, sino
que otros funcionarios de la gobernación fueron los delegados para asistir o acudió
directamente el gobernador.

52. Esta situación confirma que la respuesta al derecho de petición con base en
el cual la demandante Floralba Alejandrina Padrón Pardo fundó su cargo de
ejercicio de autoridad civil y administrativa por parte del demandado como delegado
del gobernador ante CDMB contiene la imprecisión de la fecha «28 de septiembre
de 2022» pues, lo cierto, es que del material probatorio allegado con posterioridad
le restó eficacia a dicha prueba por cuanto se demostró que el demandado renunció
a su cargo de asesor del despacho del gobernador, antes de que comenzara el
período inhabilitante.

76 Según el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 la renuncia es una de las causales retiro del servicio

de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa. Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que «[…] se puede
concluir que la renuncia es una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista
no solamente para empleados de libre nombramiento y remoción, sino que también, para empleados
de carrera administrativa» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de julio de 2012, expediente 05001-23-31-000-1998-
02319-01, MP Víctor Hernando Alvarado Ardila).
77 Índice 3 Samai. Exp. 2022-00288-00.
78 Índice 3 Samai. Con la demanda se aportó respuesta a un derecho de petición por parte del

secretario general de la CDMB a la demandante Floralba Alejandrina Padrón Pardo, en la que indicó
«La Resolución de fecha 24 de febrero de 2022 “por la cual se realiza una delegación” al Dr. JOSE
ALFREDO MARIN LOZANO (sic), tuvo vigencia hasta el 28 de septiembre de 2022».
79 Se revisaron las actas del año 2021 anteriores a la aceptación de la renuncia que presentó el

demandado al cargo que ostentaba en la Gobernación de Santander, como fueron números 393 del
29 de enero y 394 del 19 de febrero.
80 Índice 70 Samai.

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
53. Por lo expuesto, como no está acreditado el elemento temporal 81 de la
inhabilidad del artículo 179.2 de la CP, se negará el cargo propuesto

8.2. Inhabilidad por gestión y celebración de contratos

54. Para el accionante Wilton Molina Siado, el hecho de que el demandado fue
nombrado como asesor del despacho del gobernador de Santander, implicó que
aquel tuvo que haber gestionado y celebrado el respectivo contrato que lo vinculó a
dicha entidad, lo que a su juicio aconteció dentro del término de la inhabilidad. A su
juicio, como lo señaló textualmente en la demanda, los contratos de prestación de
servicios constan en la plataforma SECOP, razón por la cual solicitó al despacho
sustanciador se oficiara a la Gobernación del departamento de Santander para que
los certificara.

55. Otro de los supuestos establecidos por el artículo 179 de la CP que impide el
acceso a una curul como congresista, es el establecido en el numeral tercero que
indica: «quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas,
o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, […],
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección».

56. El término inhabilitante dentro del caso en estudio corrió desde el 13 de
septiembre de 2021 y hasta el 13 de marzo de 2022, día de las elecciones al
Congreso de la República.

57. La Sala advierte que el actor invocó la inhabilidad por gestión de negocios,
sin embargo, no argumentó individualmente en qué consistieron dichas actuaciones
del demandado conforme con los lineamientos jurisprudencial de esta Sección82,
sino que dicha supuesta conducta la relacionó con el otro elemento del artículo
179.3 constitucional, esto es, el de celebración de contratos, bajo la creencia que
su vinculación por libre nombramiento y remoción propició el demandado hubiese
gestionado negocios y celebrado contratos con la Gobernación de Santander.

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de

junio de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00074-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
Decisión en la que se reiteró que los supuestos enunciados son concurrentes, de modo que si falta
alguno de ellos no se configura la inhabilidad.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia 20 de

octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00051-00, MP Rocío Araújo Oñate. Reiterada
en sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00054-00. MP Pedro
Pablo Vanegas Gil. Decisión en la que se explicó: «“Se aclara que, si bien las gestiones desarrolladas
por los particulares ante las entidades públicas apuntan, en principio, a la consecución de contratos
estatales, lo cierto es que la conducta consistente en la gestión de negocios frente a las entidades
públicas, no puede ser confundida con el otro de los supuestos contenidos en la causal de inhabilidad
en comento, relacionado con la intervención en la celebración de los contratos. // En efecto, en
el primero de los casos -gestión de negocios- se trata del conjunto de actuaciones que allanan
el camino para la obtención de consecuencias jurídicas provechosas en favor de quien
postula su nombre al Congreso, sin importar que las mismas se materialicen. […] Son las
diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para
concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en
la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete. Siendo así,
mucho menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la
celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su ejecución o
liquidación». (Énfasis del texto original).

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Demandantes: Floralba Alejandrina Padrón Pardo y otro
Demandado: José Alfredo Marín Lozano - senador de la
República, período 2022-2026
Radicados: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (ppal.)
11001-03-28-000-2022-00274-00
58. En efecto, se encuentra que el demandante sostuvo que como José Alfredo
Marín Lozano fue nombrado en el «empleo de asesor, Código 105, Grado 01,
libre nombramiento y remoción, planta de empleos del despacho del
Gobernador»83, aquel debió gestionar y celebrar el respectivo contrato o contratos
y, por ello, solicitó «se oficie a la Gobernación de Santander para que certifique las
vinculaciones del Señor (sic) José Alfredo Marín Lozano y hasta que fecha, con la
constancia de haber sido publicado sus contratos de prestación de servicio en el
SECOP».

59. Conforme con lo anterior, se encuentra que el accionante confunde la
vinculación por libre nombramiento y remoción84 con la que tiene lugar cuando se
celebra un contrato de prestación de servicios. En consecuencia, la Sala considera
pertinente precisar que el alcance de la causal del artículo 179.3 superior se refiere
a la gestión negocios y celebración de contratos85 y no las vinculaciones que surgen
de una relación legal y reglamentaria.

60. Es decir, el nexo que surge de un cargo que se accedo bajo la modalidad de
libre nombramiento y remoción no encuadra en los presupuestos constitucionales y
jurisprudenciales de la inhabilidad en estudio. Por tal razón, lo primero que debe
advertirse es que dicho reparo de la demanda se estudiará en el estricto marco que
consagra el artículo 179.3 de la Constitución Política, es decir, la gestión de
negocios y la celebración de contratos.

61. En todo caso, se recuerda que la vinculación por libre nombramiento y
remoción finalizó el 2 de marzo de 2021, cuando el gobernador de Santander aceptó
su renuncia mediante el Decreto 113, como se puso de presente la estudiar el cargo
por ejercicio de autoridad.

62. Para efectos de estudiar el cargo relacionado con la gestión negocios y
celebración de contratos durante el periodo inhabilitante se decretaron las
siguientes pruebas que fueron solicitadas por parte actora86:

a) Al gobernador del departamento de Santander para que certifique las vinculaciones
como contratista de José Alfredo Marín Lozano. Deberá indicar la fecha inicio y hasta
que fecha estuvo vinculado, así como el número de contrato celebrado entre el 13 de
septiembre de 2021 al 13 de marzo de 2022. La entidad allegará copia de cada uno
de estos.

83 Negrilla no es del original.
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de

mayo de 2020, expediente 11001-03-24-000-2015-00542-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
Decisión en la que se explicó sobre esta figura que «[…] el empleo de libre nombramiento y remoción,
como lo indica la Corte Constitucional, se fundamenta “en un grado importante de confianza, la cual
es inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que
requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de
mayor trascendencia para el ente de que se trata” [Corte Constitucional. Sentencia No. C-514 de
1994. M. P. José Gregorio Hernández Galindo]. Esta característica le otorga al nominador la potestad
de nombrar y retirar discrecionalmente a su titular, por razones de necesidad, mérito o conveniencia
públicas […]». (Cursiva del texto original).
85 Los presupuestos constitucionales y jurisprudenciales se indicaron en la consideración 6 de esta

sentencia.
86 Índice 44 Samai. Auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada el 28 de febrero de 2023.

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11001-03-28-000-2022-00274-00
b) Al director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública87 (en adelante
ANCP) para que certifique los contratos suscritos por José Alfredo Marín Lozano con
la Gobernación de Santander entre el 13 de septiembre de 2021 al 13 de marzo de
2022. Deberá establecer fecha de inicio y terminación de estos. La entidad allegará
copia de cada uno de ellos.

63. La ANCP allegó88 respuesta al requerimiento en el que manifestó:

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (ANCP-
CCE) como ente rector del sistema de compras públicas y contratación estatal, así
como, administrador de las plataformas que componen el Sistema Electrónico de
Compras Públicas (SECOP) no es responsable por la información que en ellas
reportan las entidades públicas, toda vez que, de conformidad con lo estipulado en
el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la información,
las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y
veracidad de la información que publican. Razón por la cual, esta entidad no está
facultada para certificar sobre procesos contractuales que no son o no han sido de su
resorte, ni para certificar sobre aspectos puntuales acerca de información que generó
otra entidad pública en el cumplimiento de sus funciones y procesos contractuales.
(Énfasis de la Sala).

64. Por su parte la Gobernación del departamento de Santander allegó una
certificación suscrita por el secretario administrativo89, en la cual se manifestó:

65. Así mismo, el secretario administrativo del departamento de Santander
allegó copia del mencionado contrato90, en la que se evidencia que éste se
celebró el 29 de marzo de 2012, como se observa en la siguiente imagen:

87 Autoridad que desarrolla y administra el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP), con fundamento en el numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.
88 Índice 51 Samai.
89 Índice 52 Samai.
90 Índice 59 Samai.

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11001-03-28-000-2022-00274-00

[…]

66. En la certificación allegada se indicó que cualquier información adicional
sobre dicho contrato se podría consultar en el portal web de la gobernación de
Santander (https://portalguane.santander.gov.co/contratos/)92, al consultar en dicho
portal el contrato 300 de 2012, se confirma que la celebración o suscripción fue
el 29 de marzo de 2012, como se observa en la siguiente imagen:

91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de Sala del 27

de octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00271-00, MP Rocío Araújo Oñate. En esta
decisión se indicó que es procedente la valoración de los mensajes de datos cuanto las partes
indican la ruta para acceder a la prueba digital (ver consideraciones 118 a 126).
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de Sala del 27

de octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00271-00, MP Rocío Araújo Oñate. En esta
decisión se explicó la valoración de los mensajes de datos cuanto las partes indican la ruta para
acceder a la prueba digital (ver consideraciones 118 a 126).

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67. De la revisión de las pruebas relacionadas, se evidencia que en la
certificación allegada al expediente el 6 de marzo de 202393, el secretario
administrativo indicó que el contrato 300 inició el 21 de febrero de 2021, sin
especificar cuándo se celebró. Sin embargo, dicho funcionario también allegó copia
de dicho acuerdo de voluntades, en el cual efectivamente se observa que este se
firmó el 29 de marzo de 2012 en la ciudad de Bucaramanga. Además, al consultar
el enlace indicado anteriormente, constató que el contrato se celebró el 29 de marzo
de 2012.

68. De todas maneras, de la certificación allegada al expediente el 6 de marzo
de 2023, se evidencia que, en comparación con las demás pruebas que se
enunciaron anteriormente, tampoco concuerda el plazo de ejecución ni el valor del
del contrato, situación que le resta valor a lo indicado por el secretario.

69. Así las cosas, como el contrato 300 de 2012 allegado al expediente, se
evidencia que este se celebró el 29 de marzo de 2012, ingrediente normativo que
consagra la norma constitucional, es evidente que no se encuentran acreditados los
presupuestos legales y jurisprudenciales para la configuración de la inhabilidad en
estudio, dado que se probó que la suscripción del contrato fue anterior al inicio del
término inhabilitante.

70. En conclusión, las pruebas aportadas al proceso evidenciaron que:

a) El demandado tuvo una vinculación legal y reglamentaria en un cargo de libre
nombramiento y remoción entre el 1 de enero de 2020 y el 2 de marzo de 2021,
momento en el que ocupó el cargo de asesor del despacho del gobernador del
departamento de Santander, lo cual no corresponde con una relación contractual

93 Índice 52 Samai.

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por prestación de servicios como lo alegó el demandante. En todo caso, se reitera
que dicho tipo de vinculación laboral no configura la inhabilidad del artículo 179.3
constitucional.

b) De la prueba documental aportada por el secretario administrativo de
departamento de Santander se evidenció que el demandado sí celebró un
contrato de prestación de servicios cuyo objeto era «brindar apoyo profesional
requerido en los procesos de las cadenas productivas que adelanta la secretaría
de agricultura del departamento». Sin embargo, la misma probanza demostró que
dicho acuerdo de voluntades se celebró el 29 de marzo de 2012, razón por la
cual se dio por fuera del término inhabilitante que dispone el artículo 179.3
superior, inclusive la gestión de negocios.

c) Así las cosas, lo procedente será negar el cargo planteado por cuanto no se
configuró la inhabilidad prevista en el enunciado artículo constitucional, el cual
prevé una inhabilidad para quienes hayan intervenido en gestión de negocios
ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés
propio, o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
elección.

8.3. Prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo

71. A juicio del demandante Wilton Molina Siado «el señor Jose Alfredo Marin
(sic) Lozano, siendo candidato al senado por el partido conservador, desde el mismo
momento de su inscripción como candidato al senado y posterior a su elección
realizo acciones de apoyo e hizo proselitismo político a favor de otros candidatos
que no eran de su colectividad».

72. Como sustento probatorio de la presunta doble militancia indicó que los
hechos fueron puestos en conocimiento de la dirección del partido Conservador,
quienes iniciaron la investigación disciplinaria con radicado 0014-2022. Por tal
razón, solicitó que se requiriera a tal colectividad para que aportara la copia de la
denuncia, pruebas y actuaciones de dicho trámite.

73. Conforme con lo anterior, en el auto del 5 de octubre de 202294 se requirió al
partido Conservador Colombiano para que remitiera copia íntegra de todas las
quejas que por doble militancia se hayan presentado y las actuaciones disciplinarias
iniciadas contra el senador José Alfredo Marín Lozano, durante los años 2021 y
2022.

74. El 24 de octubre de 2022, la Veedora de dicho partido allegó respuesta frente
a la anterior solicitud en la cual indicó: «En base (sic) a su solicitud del día 14 de
octubre de 2022, esta Veeduría informa que con respecto al senador JOSE
ALFREDO MARIN LOZANO, durante los años 2021 y 2022, no se han presentado
quejas, ni adelantado actuaciones disciplinarias por la conducta de doble
militancia».

94 Índice 19 Samai.

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75. En la etapa de alegatos, el demandante95 Wilton Molina Siado insistió en la
necesidad que en el proceso obraran las pruebas de la doble militancia en los
términos que señaló en la demanda y, por ello, solicitó al despacho sustanciador
proferir auto de mejor proveer para requerir copia de la investigación disciplinaria
adelantada por el partido Conservador con radicado 0014-202296.

76. El 15 de mayo de 202397 se decretó como prueba de oficio lo siguiente:

15. En consecuencia, se requerirá de oficio a la Veedora Nacional del partido
Conservador Colombiano para que en el término de 3 días:

i) Informe los hechos en los que se fundamenta la investigación disciplinaria con
radicado 0014-2022, así como las actuaciones surtidas al interior de dicho trámite.

ii) Aporte copia de las piezas que integren el expediente, esto es, la queja, auto de
apertura de la investigación y su comunicación al demandado y demás decisiones
que se hayan adoptado en su trámite.

77. El 18 de mayo de 202398, la veedora nacional del partido Conservador
Colombiano allegó copia de la información requerida99, la cual se puso en
conocimiento de las partes del 23 al 25 de ese mes y año, como como consta en el
informe secretaria visible en el índice 98 Samai. Frente a dicha probanza no hubo
pronunciamiento alguno100.

78. Entre los documentos aportados por la Veeduría Nacional del partido
Conservador Colombiano obra la queja presentada por Héctor Guillermo Mantilla
Rueda, que a su juicio dio origen al proceso disciplinario «por doble militancia», en
la que manifestó:

[…] bajo mi calidad de militante y candidato a la Cámara de Representantes por
Santander, comedidamente me permito poner en su conocimiento que me ha llegado
información, referente a que el personal encargado de las bases de datos que allego
(sic) mi candidatura para la postulación y posesión de testigos electorales durante el
día 13 de marzo de 2022, de conformidad con los acuerdos entre candidatos para la
distribución, fue puesta a disposición de otra (s) campaña (s), quien (es) por
interpuesta persona están llamando el día de hoy (marzo 10 de 2022) del número
celular […] a los elegidos por mi campaña, para invitarlos a votar por los candidatos
LUIS EDUARDO MATEUS (Cámara de Representantes C-101) y JOSE ALFREDO
MARIN LOZANO (Senado C-20), y a una reunión en el Barrio Conucos de
Bucaramanga Santander, generando un desequilibrio y deslealtad del ejercicio
democrático.

95 Índice 81 Samai.
96 Índice 91 Samai. Con auto del 15 de mayo de 2023 se decretó requerir a la Veedora Nacional del

partido Conservador para que informara los fundamentos y aportara copia de la investigación
disciplinaria con radicado 0014-2022. Lo que fue allegado según la constancia de la Secretaría de la
Sección (índice 97 Samai).
97 Índice 91 Samai.
98 Índice 97 Samai.
99 Índice 97 Samai. En los documentos allegados se aportó el que archivo de la investigación, 21 de

noviembre de 2022, que se fundamentó a la falta de pruebas para la formulación de pliego de cargos
ante el Consejo Ético del partido y ante el hecho que citó al quejoso para ratificar y ampliar su
denuncia sin que asistiera ni presentara excusa por su inasistencia.
100 Índice 101 Samai.

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79. De la lectura de los fundamentos de hecho de la queja que soportó el inicio
de la investigación disciplinaria con radicado 0014-2022 que el partido Conservador
adelantó contra el demandado, se encuentra que no guardan relación con los
presupuestos legales y jurisprudenciales expuestos para la configuración de la
causal de anulación por doble militancia, en la modalidad de apoyo.

80. Por el contrario, lo que se infiere de la prueba documental es que el señor
Héctor Guillermo Mantilla Rueda planteó un manejo inadecuado de las bases de
datos para la postulación de testigos electorales del partido Conservador, pues,
supuestamente, varios de ellos fueron contactados para votar por el hoy
demandado.

81. En ese sentido, contrario a lo afirmado por el demandante, de tal probanza
no se desprende alguna denuncia en contra del señor Marín Lozano por haber dado
ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento, a través de uno o varios actos
positivos y concretos, a favor de un candidato inscrito por una colectividad distinta
a la que pertenece.

82. En todo caso, al proceso no se allegó otro medio de prueba para demostrar
que el demandado incurrió en la prohibición alegada por la parte actora. Así las
cosas, la Sala concluye que no se demostró la doble militancia en la modalidad de
apoyo imputada al demandado.

9. Conclusiones

83. En atención a lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de las demandas,
pues se demostró que i) no se configuró el elemento temporal de las inhabilidades
alegadas por ejercer autoridad civil y administrativo y por celebración de contratos
y ii) las pruebas aportadas para demostrar la doble militancia evidenciaron que no
se relacionaron con los hechos que sustentaron el cargo propuesto por el
demandante.

10. Reconocimiento de personería

84. El demandado otorgó101 poder al abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño,
identificado con la cédula de ciudadanía 19.338.748 y portador de la tarjeta
profesional 30.144 del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual se
reconocerá personería en los términos allí indicados.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

101 Índice 99 Samai.

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III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad del acto de elección de José Alfredo
Marín Lozano como senador de la República (período 2022 a 2026), conforme con
lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Héctor Alfonso Carvajal
Londoño como apoderado judicial del demandado, en los términos del poder
aportado.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario,
conforme con el artículo 243A102 del CPACA.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

102 «1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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