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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-00585-03

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-00585-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de enero de 2026, por medio del cual la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió que la elección acusada era nula y, en su lugar, declaró a Héctor Rangel Palacios Rodríguez como alcalde de Apartadó, para el periodo restante 2024- 2027. En su lugar, negar las pretensiones de las demandas acumuladas. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2025-00585-03

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (principal)
05001-23-33-000-2025-00646-00
05001-23-33-000-2025-00669-00
05001-23-33-000-2025-00682-00
Demandantes: Paul Ernesto Villero Alvis y otros
Demandado: Adolfo David Romero Benítez – alcalde municipal de
Apartadó (Antioquia), para lo que resta del periodo 2024-
2027

Temas: Plazo para la modificación de candidaturas en elecciones
atípicas. Firmeza del acto de revocatoria. Competencia de
la comisión escrutadora departamental.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección es competente para resolver las apelaciones del demandado y la
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) contra la sentencia del 30 de
enero de 20261 proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1502
y 152.7 literal a)3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), en concordancia con el artículo 134 del Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Los ciudadanos Paul Ernesto Villero Alvis, Camilo Andrés Pretelt Barrios,
Birleyda Ballesteros Bermúdez, Luis Emilio Palacios Cabrera y Fanny Elena

1 Índice 157 Samai del tribunal.
2 «ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y

CAMBIO DE RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. […]».
3 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA

INSTANCIA. […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del
acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales […]».
4 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la Sala

Plena del Consejo de Estado.

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1

Demandantes: Paul Ernesto Villero Alvis y otros
Demandado: Adolfo David Romero Benítez –
alcalde de Apartadó (2024-2027)
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

Cabrera Valencia5 demandaron el acto de elección de Adolfo David Romero
Benítez como alcalde municipal de Apartadó (Antioquia), para lo que resta del
periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 10 de abril de 2025.

2. Como argumentos de sus demandas, sostuvieron que, en el marco de las
elecciones atípicas a la alcaldía de Apartadó, fue inscrito el señor Eliécer Arteaga
Vargas por la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida»6; no obstante, dicha
candidatura fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante
Resolución 1229 del 20 de marzo de 20257.

3. En consecuencia, señalaron que, tras la revocatoria de aquella, la coalición
«Apartadó, Unidos por la Vida» intentó postular, el 22 de marzo de 20258, a Héctor
Rangel Palacios Rodríguez; sin embargo, la Registraduría Especial de Apartadó
se abstuvo de efectuar dicha inscripción al no estar en firme la decisión del CNE.

4. En ese contexto, los demandantes ejercieron el medio de control de nulidad
contra la Resolución 1409 de 20259, proceso en el cual se decretó como medida
cautelar de urgencia la inscripción de Palacios Rodríguez como candidato a la
Alcaldía de Apartadó, para las elecciones del 6 de abril de 202510. Lo anterior,
según el dicho de los actores, fue cumplido por la registraduría de ese municipio
el 28 de marzo de 2025.

5. Posterior a ello, el 4 de abril de 2025, según afirmaron, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el marco de una acción de tutela11 promovida por
el demandado, decretó, como medida provisional, la suspensión inmediata y
provisional de la orden de inscripción referida.

6. Luego, indicaron que en los comicios que tuvieron lugar el 6 de abril de
2025, el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez alcanzó 20.100 sufragios
mientras que el accionado 17.130. A pesar de tal diferencia, la Comisión

5 Radicadas el 14, 26, 28 y 30, todas de mayo de 2025, respectivamente.
6 Conformada por los partidos de la Unión por la Gente (de la U) -agrupación a la que pertenece-

, Liberal, Alianza Social Independiente (ASI) y el Movimiento Alternativo, Indígena y Social (MAIS).
7 Por la configuración de la inhabilidad prevista en el ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley 136 de

1994, esto es, por cuanto su hermana (Sindy Paola Arteaga Mercado) ejerció autoridad
administrativa y civil (Registradora Especial de Apartadó), dentro de los 12 meses anteriores a la
elección, en el municipio de Apartadó. En concreto, se dispuso en su parte resolutiva, entre otros,
lo siguiente: «ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano
ELIERCER [sic] ARTEAGA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.524.717
aspirante a la ALCALDÍA MUNICIPAL de APARTADÓ, ANTIOQUIA avalado por la coalición
APARTADÓ, UNIDOS POR LA VIDA, para las elecciones atípicas a celebrarse el próximo 06 de
abril de 2025 […] [énfasis son del original]». Contra dicha decisión, se interpuso recurso de
reposición.
8 Fecha en la cual vencía la posibilidad para modificar las candidaturas por revocatoria de

inscripción, según la Resolución 1409 del 7 de febrero de 2025 (por medio de la cual se fijó el
calendario electoral).
9 Proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y fijó el «[…] nuevo calendario

electoral para la nueva elección de alcalde de Apartadó – Antioquia, que se realizará el 6 de abril
de 2025».
10 Ordenada por el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo - Antioquia.
11 En la cual la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia amparó, mediante fallo del 8

de abril de 2025, el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes. Asimismo, dejó
sin efectos el auto que ordenó la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez.

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Demandantes: Paul Ernesto Villero Alvis y otros
Demandado: Adolfo David Romero Benítez –
alcalde de Apartadó (2024-2027)
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

Escrutadora General de Antioquia, mediante Resolución 001 del 9 de abril de
2025, dispuso calificar como votos no marcados los obtenidos por el primero y,
en consecuencia, declaró al demandado como alcalde del municipio de
Apartadó12.

7. Al respecto sostuvieron que dicha comisión escrutadora no tenía
competencia para adoptar tal decisión, pues, a juicio de los accionantes, la
inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez no fue revocada por el CNE,
según la atribución asignada en el ordinal 12 del artículo 265 de la Constitución
Política13. Por consiguiente, estimaron que se violó el debido proceso y, además,
se configuró la causal prevista en el artículo 137 del CPACA14.

8. En ese mismo sentido, manifestaron que a la Comisión Escrutadora
Departamental de Antioquia no le era permitido revocar la inscripción de un
candidato con posterioridad a la elección ni, mucho menos, que un juez de tutela
anulara tal determinación. De ahí que, a juicio de los demandantes, el acto de
elección demandado se expidiera con falsa motivación.

9. Por otra parte, alegaron que, de acuerdo con lo expuesto, el acto
demandado contiene información contraria a la verdad (ordinal 3.º del artículo 275
del CPACA), debido a que la Comisión Departamental de Antioquia dispuso tener
como «votos no marcados» aquellos obtenidos por Héctor Rangel Palacios
Rodríguez.

10. Asimismo, solicitaron, en el presente proceso, la nulidad de las
Resoluciones 01 del 9 de abril de 2025 y 01 del 10 del mismo mes y año 15, en
tanto calificaron los sufragios depositados por el señor Palacios Rodríguez como
«no marcados».

11. Por otra parte, argumentaron que se desconoció el debido proceso al no
tramitar o conceder los recursos y recusaciones formulados contra estos últimos
actos administrativos. En consecuencia, trajeron a colación lo previsto en el

12 Dentro de las consideraciones del acto administrativo se advierte: «[s]in embargo y en estricto

cumplimiento del fallo emitido por el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, que retrotrae
la situación y coloca en inexistencia las aspiraciones políticas del ciudadano HÉCTOR RANGEL
PALACIOS RODRÍGUEZ, deja de existir la candidatura, situación que hace que los votos
consignados por el mismo deben trasladarse a la figura jurídica de votos no marcados, mismos
que carecen de poder vinculante, al no ser opción política alguna conforme a la Circular No. 002
del 24 de octubre del 2023, emitida por el Consejo Nacional Electoral».
13 «ARTICULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará

toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento
de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y
administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: […] 12. Decidir la revocatoria de la
inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista
plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución
y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos».
14 «ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,

que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando
hayan sido expedidos […] sin competencia […]».
15 «Por medio de la cual se resuelven los recursos de apelación concedidos en el escrutinio de la

instancia anterior sobre algunas de las reclamaciones en las mesas […]».

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Demandantes: Paul Ernesto Villero Alvis y otros
Demandado: Adolfo David Romero Benítez –
alcalde de Apartadó (2024-2027)
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

artículo 137 del CPACA, esto es, que aquellos fueron expedidos «[…] con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa [y] con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió».

12. Finalmente, indicaron, con sustento en esta última norma alegada, que el
acto que declaró la elección del accionado infringió el artículo 175 del Código
Electoral16 y fue expedido irregularmente, porque la Comisión Departamental de
Antioquia no fue conformada con base en una lista de ciudadanos. Con todo,
sostuvieron que dos de los escrutadores departamentales no eran de una filiación
política distinta (ambos representaban al partido Conservador Colombiano) y, a
su vez, eran empleados del CNE.

B. Posición de la parte demandada e intervinientes

13. El demandado17, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de las demandas y, en consecuencia, solicitó que fueran denegadas
por los siguientes argumentos:

a) Precisó que Héctor Rangel Palacios Rodríguez no fue candidato a la
Alcaldía de Apartadó, en tanto que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante «[…] sentencia de tutela No. 105 del 8 de abril de 2025 […]»,
dejó sin efectos su inscripción. En ese orden de ideas, argumentó que los
votos depositados a aquel se deben tener como no marcados, conforme lo
dispone la Circular 002 del 24 de octubre de 202318.

b) Asimismo, alegó que la Comisión Escrutadora de Antioquia tenía
competencia para decidir las reclamaciones cuando «[…] las listas de
candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal», tal
como lo dispone el ordinal 9.° del artículo 192 del Código Electoral, pues,
a su juicio, lo ocurrido con el señor Palacios Rodríguez se circunscribió a
tal causal (no fue legalmente inscrito).

c) Al respecto, trajo a colación que la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, a través de la sentencia T-371 de 2024 (MP. Jorge Enrique

16 «El Consejo Nacional Electoral formará, hasta treinta (30) días antes de cada elección, una lista

de ciudadanos en número equivalente al doble de los departamentos, a fin de practicar los
escrutinios de los votos para Senadores, Representantes, Diputados, consejeros intendenciales y
Comisariales, según el caso, y computar los votos para Presidente de la República y Alcaldes
Municipales. Dicha lista estará formada por ciudadanos pertenecientes a los partidos que tengan
mayor representación en el Congreso y que hayan sido Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejero de Estado, miembro del Consejo Nacional Electoral, Magistrado del Tribunal
Superior o Contencioso Administrativo o sean o hayan sido profesores de Derecho. Dentro de los
quince (15) días anteriores a cada elección, el Consejo procederá a escoger por sorteo y para
cada departamento, de la lista a que se refiere el inciso anterior, dos (2) ciudadanos de distinta
filiación política, encargados de verificar, por delegación y a nombre del Consejo, dichos
escrutinios y cómputos de votos».
17 Índices 12 Samai del expediente 2025-00585-00; 25 del expediente 2025-00646-00; 20 del

expediente 2025-00669-00; 22 del expediente 2025-00682-00.
18 Textualmente relacionó lo siguiente: «[l]a revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos

y/o de candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta
electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe
considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase del escrutinio».

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Demandantes: Paul Ernesto Villero Alvis y otros
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alcalde de Apartadó (2024-2027)
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

Ibáñez Najar), resolvió un caso con contornos similares y se consideró que:
(i) los delegados del CNE tienen la facultad de resolver la reclamación
referida a la no inscripción o modificación por fuera de la oportunidad legal
de las listas de candidatos, según lo dispuesto en el ordinal 9.° del artículo
192 del Código Electoral; y (ii) cuando un candidato se inscribe de forma
extemporánea, sus votos deben ser excluidos del cómputo.

d) Por otra parte, en lo que respecta a la conformación de la Comisión
Escrutadora General, argumentó que los 2 delegados del CNE eran de
«despachos diferentes», quienes actuaron en virtud de la delegación
realizada por los magistrados Altus Alejandro Baquero Rueda y Alfonso
Campo Martínez, de ahí que, según su dicho, no resultara aplicable el
requisito previsto en el Código Electoral (artículo 175).

e) Finalmente, en los procesos acumulados 2025-00646-00 y 2025-00682-
00, propuso la excepción de caducidad en tanto que, a su criterio, el medio
de control fue ejercido por fuera de la oportunidad fijada en el artículo 164
del CPACA.

14. La RNEC19, a través de apoderado judicial, solicitó que se le declare «[…]
su carácter de imparcial […]» y, además, se opuso a las pretensiones de las
demandas en tanto que los delegados departamentales del registrador Nacional
(integran la Comisión Escrutadora General) observaron, durante la etapa de
escrutinios, los mandatos constitucionales y legales.

15. En efecto, sostuvo que su vinculación en el presente proceso derivó de lo
ordenado en el ordinal 2.° del artículo 277 del CPACA20, pero que, en últimas, no
tiene injerencia en las resultas de este, pues, su rol es meramente técnico y
secretarial en la organización de las elecciones.

16. Por otra parte, enfatizó que el acto demandado no contiene datos
contrarios a la verdad ni fue alterado con el fin de modificar los resultados; en
contraposición a ello, explicó que fue corregido conforme a la Circular 002 de 2023
y el fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Antioquia, aspectos que se
tuvieron en cuenta para que la Comisión Escrutadora de Antioquia profiriera la
Resolución 001 del 9 de abril de 2025 (resolvió reclamaciones en el marco de las
elecciones atípicas).

17. Frente a esta última decisión, sostuvo que la Comisión Escrutadora de
Antioquia sí tenía competencia para proferirla y que no actúo con desviación de
poder, bajo el entendido que cuando se presentan reclamaciones y apelaciones
en el escrutinio municipal estas deben ser resueltas por aquella.

19 Índices 10 Samai del expediente 2025-00585-00; 26 del expediente 2025-00646-00; 31 del

expediente 2025-00682-00.
20 «CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACTICAR SU

NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que
se dispondrá: […] 2. Que se notifique personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que
intervino en su adopción, según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para
notificaciones judiciales, en los términos previstos en este Código».

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18. El CNE21, mediante apoderado judicial, pidió negar las pretensiones de la
demanda en tanto que sus actuaciones se ajustaron al orden constitucional y
electoral.

19. En efecto, manifestó que la candidatura de Héctor Rangel Palacios fue
revocada mediante «[…] la Resolución No. 2279 del 28 de marzo de 2025»22. A
su vez, trajo a colación que la declaratoria de elección del alcalde de Apartadó
(Antioquia) no contempló al referido ciudadano porque, al momento del escrutinio,
no tenía la calidad de candidato y, por ende, los votos obtenidos debían
considerarse como «no marcados», ello en virtud de que la sentencia de tutela
del 8 de abril de 2025, que dejó sin efectos la providencia a través de la cual se
había ordenado su inscripción (auto del 28 de marzo de 2025). Por consiguiente,
afirmó que las decisiones tomadas por el CNE y las comisiones escrutadoras se
limitaron a cumplir las órdenes judiciales, previo a la declaratoria de la elección.

20. Al margen de lo expuesto, puso de presente que la firmeza del acto
administrativo de revocatoria no conlleva un exceso ritual manifiesto, pues
garantiza la seguridad jurídica en el proceso electoral. Además, indicó que la
actuación de los delegados del CNE ante la Comisión Escrutadora de Antioquia
tuvo sustento en la «[…] sentencia T-300 de 2024 de la Corte Constitucional»23.

21. Por último, en lo que respecta a la falta de competencia de la Comisión
Escrutadora de Antioquia, sostuvo que el CNE delegó a los funcionarios Laura
Victoria Londoño Acosta y Humberto de Jesús Mercado Meza para efectos de
realizar los escrutinios.

C. Sentencia recurrida

22. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia del 30 de enero de 202624, resolvió que la elección acusada
era nula y, en su lugar, declaró a Héctor Rangel Palacios Rodríguez como alcalde
de Apartadó, para el periodo restante 2024-2027. Como sustento de su decisión,
analizó los siguientes aspectos:

21 Índices 13 Samai del expediente 2025-00585-00; 32 del expediente 2025-00682-00. Resulta

oportuno poner de presente que la entidad referida, en los alegatos de conclusión de primera
instancia (índice 154 Samai del tribunal), propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
22 Al respecto, se precisa que, en la contestación de la demanda por parte del CNE, en el

expediente 2025-00682-00, se indicó que la revocatoria de la candidatura del señor Héctor Rangel
Palacios Rodríguez no pudo ser resuelta previo a las elecciones del 6 de abril de 2025.
23 MP. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
24 Índice 157 Samai del tribunal. La fijación del litigio se consignó en los siguientes términos:

«¿Está configurada la caducidad del medio de control dentro de los procesos acumulados de
radicado 2025 00646 y 2025 00682? 3.2.2. ¿Procede declarar la nulidad del Formulario E-26 ALC
del 10 de abril de 2025 y de las Resoluciones 01 del 9 de abril de 2025 y 01 del 10 de abril de
2025 de la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, a través de los cuales se declaró
la elección del señor ADOLFO DAVID ROMERO BENÍTEZ como alcalde del Municipio de
Apartadó para el periodo restante de 2024-2027?».

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23. En primer lugar, descartó la excepción propuesta por el CNE de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto se presentó extemporáneamente,
pues debía proponerse al contestar la demanda y no en los alegatos, en respeto
al principio de preclusión. Luego, analizó la caducidad y concluyó que las
demandas de los radicados 2025-00646-00 y 2025-00682-00 se presentaron
dentro del plazo de 30 días hábiles tras la declaratoria de elección del 10 de abril
de 2025, por lo que no prosperó.

24. En segundo lugar, para estudiar el fondo del asunto, el tribunal planteó la
necesidad de determinar si deben anularse los actos electorales demandados. En
tal sentido, anunció que la tesis giraba en torno a que dichos actos están viciados
porque, tanto en la etapa preelectoral como en la postelectoral, se presentaron
irregularidades que afectaron el debido proceso, la competencia de las
autoridades electorales y derechos constitucionales como el de elegir y ser
elegido.

25. En ese orden, durante la etapa preelectoral, el tribunal encontró que el
CNE y la Registraduría Especial de Apartadó obstruyeron, injustificadamente, la
sustitución del candidato de la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida», conforme
los siguientes razonamientos:

a) Determinó que el 22 de marzo de 2025 era la fecha límite para modificar
candidaturas. Así, aunque la inscripción de Eliécer Arteaga fue revocada
el 20 de marzo, un recurso de reposición infundado, presentado por quien
no tenía interés jurídico, impidió la firmeza del acto.

En consecuencia, concluyó que dicho recurso, carente de motivación y,
luego, desistido25, constituyó un abuso del derecho que frustró el
reemplazo oportuno del candidato.

b) Luego, afirmó que, el 22 de marzo de 2025, la coalición presentó ante la
RNEC toda la documentación para inscribir a Héctor Rangel Palacios
Rodríguez; sin embargo, halló que la autoridad electoral rechazó la
modificación alegando falta de firmeza de la revocatoria del anterior
candidato (Eliécer Arteaga), pese a que el artículo 87.3 del CPACA26 le
otorgaba firmeza respecto a este último y su colectividad.

Así, a juicio de la primera instancia, a partir de dicha negativa, la cual
carecía de sustento, se configuró la falsa motivación y vulneración del
debido proceso y del derecho a elegir y ser elegido. Además, advirtió que
la pasividad del CNE reforzó un exceso ritual contrario al orden
constitucional.

25 Según se desprende de la Resolución 1369 del 27 de marzo de 2025, proferida por el CNE.
26 «FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:

[…] 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos».

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c) Al respecto, precisó que, aunque la coalición «Apartadó, Unidos por la
Vida» no logró inscribir a tiempo a su candidato, el Juzgado Segundo
Administrativo de Turbo ordenó lo referido, el 28 de marzo de 2025.

En ese sentido, esgrimió que la RNEC acató la orden al expedir el
formulario E-8 y si bien otra medida provisional de tutela del 4 de abril del
Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la providencia del referido
juzgado, lo cierto es que carecía de efectos inmediatos.

Asimismo, puso de presente que, dado que la notificación de esta última
decisión fue el mismo día, era evidente que las medidas provisionales no
generaban obligatoriedad inmediata. En consecuencia, la primera instancia
concluyó que Rangel Palacios participó y obtuvo votos válidos, y que el
desconocimiento posterior de su candidatura vulneró derechos políticos y
produjo irregularidades en el escrutinio.

26. En punto de la etapa postelectoral, el tribunal indicó que se presentaron
múltiples reclamaciones y apelaciones sobre los votos del señor Rangel Palacios;
no obstante, anotó que el escrutinio municipal quedó sin decisión por desacuerdo,
por lo cual los asuntos pasaron a la comisión departamental.

27. Frente a esto último, consideró que, a pesar de que la ley exige tramitar el
recurso de apelación, la comisión no le dio curso a la alzada, pues estimó que
Palacios Rodríguez no era candidato. Por ende, a juicio del tribunal, el
desconocimiento de dicha condición anuló su derecho a ser oído y redujo la
garantía a un formalismo, dado que él y sus apoderados sí tenían legitimación
para recurrir. Además, la autoridad aplicó indebidamente la Circular 002 de 2023,
la cual solo opera cuando el CNE ha revocado una candidatura, situación que no
había ocurrido.

28. Por lo expuesto, la primera instancia refirió que la autoridad electoral
calificó como «no marcados» los votos obtenidos por Palacios Rodríguez sin
fundamento legal, modificó la votación y declaró alcalde de Apartadó a Adolfo
David Romero Benítez.

29. En ese orden de ideas, el tribunal adujo que aquella era nula porque la
comisión excluyó sin fundamento los votos del señor Héctor Rangel Palacios
Rodríguez, desconociendo el principio de la voluntad popular y alterando el Acta
E-26. Por tal razón, concluyó que se configuraron los vicios de falsa motivación,
expedición irregular, violación del debido proceso y falta de competencia, sin que
se acreditaran las causales 3.º y 4.º del artículo 275 del CPACA.

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Demandantes: Paul Ernesto Villero Alvis y otros
Demandado: Adolfo David Romero Benítez –
alcalde de Apartadó (2024-2027)
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

30. Contra esta providencia, la parte demandada solicitó su aclaración y
adición27, la cual fue resuelta mediante auto del 17 de febrero de 202628.

D. Recursos de apelación

31. Inconforme con lo expuesto, el demandado presentó recurso de
apelación29 en el que solicitó la revocatoria del fallo y, en su lugar, la denegatoria
de las pretensiones de la demanda, así como la prosperidad de las excepciones
propuestas, conforme el siguiente orden de temas que, atendiendo lo extenso del
escrito de alzada, la Sala se permite agrupar de la siguiente manera: i) cuestiones
procesales preliminares; ii) inexistencia de la candidatura de Héctor Rangel
Palacios Rodríguez; iii) efectos inmediatos de las decisiones de tutela y medidas
provisionales; iv) legalidad de la actuación de las comisiones escrutadoras; y v)
respeto al principio democrático y ausencia de causal de nulidad.

32. Como cuestión procesal preliminar, el recurrente manifestó
inconformidad con la sentencia por falta de «exhaustividad en los extremos
procesales del litigio», al considerar que el tribunal de primera instancia omitió
pronunciamiento expreso sobre la excepción de fondo oportunamente
propuesta30, pese a haber solicitado adición del fallo, la cual luego fue negada.
En tal sentido, solicitó que dicha omisión sea subsanada en segunda instancia,
en garantía del derecho fundamental al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia.

33. Asimismo, insistió en la configuración de la caducidad de la acción en al
menos uno de los procesos acumulados (2025-00682-00), al considerar que la
elección fue declarada en audiencia pública el 9 de abril de 2025, y no el 10 de
abril como lo sostuvo el tribunal, por lo que el cómputo del término de treinta días
hábiles arrojaría la presentación extemporánea de la demanda tramitada
conjuntamente.

34. Luego, se refirió a la inexistencia de la candidatura de Héctor Rangel
Palacios. Al respecto, esgrimió no estar de acuerdo con la premisa fáctica y
jurídica adoptada por la sentencia recurrida, según la cual aquel habría ostentado
válidamente la calidad de candidato al momento de las elecciones atípicas del 6
de abril de 2025.

35. En ese escenario, sostuvo que dicha candidatura nunca adquirió existencia
jurídica válida, por cuanto su inscripción fue ordenada de manera extemporánea
mediante una medida cautelar dictada por un juez sin competencia funcional ni

27 En aquella se argumentó que no se decidió la excepción de fondo denominada «Pérdida de

fuerza ejecutoria de la inscripción de Héctor Rangel Palacios como candidato a la Alcaldía
Municipal de Apartadó a celebrarse el seis (6) de abril de 2025». Asimismo, que se aclarara si se
da aplicación al fallo de tutela del 8 del abril de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
28 Índice 168 Samai del tribunal.
29 Índice 173 Samai del tribunal.
30 En concreto, referenció la excepción que denominó «pérdida de fuerza ejecutoria de la

inscripción de Héctor Rangel Palacios como candidato a la Alcaldía Municipal de Apartadó a
celebrarse el seis (6) de abril de 2025».

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Demandado: Adolfo David Romero Benítez –
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Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

material, dentro de un proceso de nulidad simple que no tenía como pretensión la
inscripción de candidato alguno.

36. Así las cosas, adujo que la orden cautelar fue suspendida de forma
inmediata por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 4 de abril
de 2025, decisión que fue posteriormente confirmada de fondo en la sentencia de
tutela del 8 de abril de 2025, la cual dejó, definitivamente, sin efectos la orden
judicial que sustentó la inscripción.

37. Desde tal perspectiva, afirmó que para el día de la jornada electoral no se
encontraba vigente ningún acto administrativo o judicial que amparara la
inscripción del señor Rangel Palacios, razón por la cual este carecía de
legitimación para actuar como candidato, formular reclamaciones o interponer
recursos durante los escrutinios.

38. De manera seguida manifestó no estar de acuerdo con el alcance otorgado
a los efectos inmediatos de las decisiones de tutela y medidas provisionales.
De ese modo, cuestionó la interpretación del tribunal respecto de los efectos
temporales de las medidas provisionales decretadas en sede de tutela. En
consecuencia, señaló que la sentencia apelada desconoció abiertamente el
precedente constitucional31 según el cual las providencias adoptadas en este
escenario, incluidas las medidas provisionales del artículo 7.º del Decreto 2591
de 1991, son de cumplimiento inmediato desde su notificación, sin que se requiera
su ejecutoria.

39. Por ello, aseveró que el tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente vinculante de la Corte Constitucional32, al sostener que la suspensión
de la candidatura no producía efectos para la fecha de las elecciones, pese a
haber sido debidamente notificada días antes de estas.

40. Por otra parte, se refirió a la legalidad de la actuación de las comisiones
escrutadoras. En línea con ello, defendió que las decisiones adoptadas por la
Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, en torno a su integración
como en el ejercicio de sus competencias durante el escrutinio general.

41. En particular, alegó que la comisión actuó conforme a derecho al calificar
como «votos no marcados» los obtenidos por Rangel Palacios, al tratarse de un
ciudadano que no ostentaba la calidad de candidato inscrito. A su juicio, dicha
actuación encuentra respaldo normativo en el artículo 7.º del Decreto 306 de
1992, en la Circular 002 de 2023 del CNE, y en reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado33 y de la Corte Constitucional34, según la cual los votos

31 Al respecto, trajo a colación las sentencias de tutela «T-371 de 2024» y «T-300 de 2024»

proferidas por la Corte Constitucional.
32 Ibidem.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21

de agosto de 2025, radicado: 47001-23-33-000-2023-00265-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
34 Refirió, en concreto, las sentencias de tutela «T-371 de 2024» y «T-300 de 2024» proferidas

por la Corte Constitucional.

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Radicado: 05001-23-33-000-2025-00585-03 (ppal.)

emitidos por candidatos cuya inscripción ha sido dejada sin efectos carecen de
validez jurídica y no pueden ser computados.

42. Asimismo, descartó que la comisión haya incurrido en falta de competencia
o en falsa motivación, al señalar que no se trató de una revocatoria administrativa
de inscripción, sino de la aplicación de los efectos jurídicos de una decisión judicial
constitucional vigente, lo que imponía excluir dichos votos del cómputo y
declararlos como no marcados.

43. Finalmente, hizo énfasis en el principio democrático y ausencia de
causal de nulidad. Sobre el particular, expresó que la sentencia incurre en una
inadecuada ponderación entre el principio democrático y el principio de legalidad,
al privilegiar una lectura sustancial de la voluntad popular en detrimento de las
reglas claras y preclusivas que rigen los procesos electorales.

44. Bajo esa idea, argumentó que el respeto por los procedimientos, plazos y
competencias no constituye un exceso de ritualismo, sino una condición esencial
del orden democrático, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional35, de la Corte Interamericana36 y del Consejo de Estado37. En ese
sentido, concluyó que no se configura ninguna de las causales de nulidad
electoral, ni se acredita incidencia sustancial de las supuestas irregularidades en
el resultado definitivo de la elección, por lo que debe mantenerse la declaratoria
de elección de Adolfo David Romero Benítez como alcalde de Apartadó.

45. Por otra parte, la RNEC38 interpuso recurso de apelación bajo el entendido
que no estuvo de acuerdo con que la providencia le atribuyera responsabilidad
dentro del proceso de nulidad electoral, de manera que solicitó su revocatoria
parcial y su exclusión de cualquier declaración.

46. Como punto de partida, esgrimió que la sentencia incurre en un error
conceptual al confundir la pertenencia orgánica de la registraduría a la
Organización Electoral con una supuesta identidad funcional con las autoridades
decisorias del escrutinio.

47. En ese orden adujo que, si bien el artículo 120 de la Constitución Política
integra dentro de dicha organización tanto al CNE como a la RNEC, ello no
supone igualdad competencial, sino una distribución diferenciada de funciones.
En ese marco, su intervención se limita legalmente a tareas técnicas, logísticas y
de secretaría, sin capacidad decisoria sobre la calificación de votos ni la
declaratoria de elección.

35 Refirió, en concreto, las sentencias de tutela «T-371 de 2024» y «T-300 de 2024» proferidas

por la Corte Constitucional.
36 No la identificó.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21

de agosto de 2025, radicado: 47001-23-33-000-2023-00265-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
38 Índice 166 Samai del tribunal.

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48. Sobre esa base, enfatizó en su falta de competencia para proferir el acto
electoral cuya nulidad se debate, identificado como el Formulario E-26 ALC del 10
de abril de 2025. A su juicio, dicho acto fue expedido por la Comisión Escrutadora
Departamental de Antioquia, integrada y presidida por delegados del CNE, de
manera que la RNEC no lo profirió, no lo suscribió como autoridad competente ni
adoptó su contenido en ejercicio de potestad administrativa. En consecuencia,
afirmó que atribuirle responsabilidad por tal acto supondría extender de manera
indebida los efectos jurídicos de una decisión ajena, configurando una forma de
«responsabilidad objetiva» incompatible con el principio de legalidad.

49. Desde tal perspectiva, cuestionó igualmente la aplicación de la causal de
nulidad prevista en el artículo 275.3 del CPACA, al considerar que, aun cuando la
sentencia afirma la existencia de documentos electorales con datos contrarios a
la verdad o presuntamente alterados, omite identificar correctamente al sujeto
funcionalmente responsable del supuesto vicio. Como lo refirió, la eventual
irregularidad, de existir, recaería exclusivamente sobre el contenido del
Formulario E-26 ALC, acto definitivo de declaratoria de elección, cuya expedición
corresponde de manera exclusiva a la Comisión Escrutadora Departamental y no
a la RNEC.

50. De igual forma, destacó que carece de competencia para definir la validez
de los votos, efectuar traslados entre formularios electorales o resolver
reclamaciones durante los escrutinios, funciones que son del resorte exclusivo de
las comisiones escrutadoras y del CNE. Por tanto, incluso bajo una hipótesis
meramente especulativa de irregularidad material en el E-26, esta no podría
imputarse jurídicamente a una entidad que no ejerce control decisorio sobre dicho
acto.

51. Adicionalmente, advirtió una confusión entre la ejecución material de
órdenes judiciales y la adopción de decisiones administrativas, al reprocharse a
la RNEC actuaciones que se limitaron al acatamiento inmediato de medidas
cautelares y fallos de tutela relacionados con la inscripción del ciudadano Héctor
Rangel Palacios Rodríguez.

52. Al respecto, alegó que el cumplimiento de órdenes judiciales no genera
discrecionalidad administrativa ni convierte al ejecutor en autor de los efectos
jurídicos derivados de decisiones adoptadas por otras autoridades.

53. Finalmente, resaltó que dentro de la misma Sala que profirió la sentencia
apelada existe un salvamento de voto que coincide sustancialmente con su
postura, en cuanto reconoce el carácter obligatorio e inmediato de las medidas
provisionales dictadas en sede de tutela y su falta de competencia para incidir en
la calificación de los votos. A su juicio, dicho disenso interno refuerza que la
controversia jurídica no puede catalogarse como una actuación irregular atribuible
a la RNEC.

54. Con fundamento en estas consideraciones, solicitó que se revoque la
sentencia en lo que le concierne, se declare que no incurrió en causal alguna de

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nulidad electoral y se la excluya de cualquier pronunciamiento de responsabilidad
dentro del proceso.

E. Trámite de segunda instancia

55. Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 13 de marzo
de 202639, en el que se ordenó adelantar el trámite previsto en los artículos 292 y
293 del CPACA, término dentro del cual algunos de los demandantes y
demandado presentaron sus alegatos, mientras que el Ministerio Público guardó
silencio.

56. Birleyda Ballesteros Bermúdez40, mediante apoderado judicial, se opuso
a la tesis propuesta por el demandado y sostuvo que Héctor Rangel Palacios
Rodríguez si estuvo legalmente inscrito como candidato a la Alcaldía de Apartadó,
tal como lo consideró el tribunal de primera instancia. En ese sentido, afirmó que
se acreditó la legitimidad de aquella candidatura y, además, que las autoridades
electorales actuaron irregularmente, pues, vulneraron derechos fundamentales y
afectaron el proceso electoral.

57. Así las cosas, insistió en que la negativa de la RNEC de modificar la
inscripción constituyó un exceso ritual manifiesto y careció de sustento legal, en
tanto se fundamentó en la falta de firmeza de la revocatoria de la candidatura
anterior, a pesar de que la norma permitía la modificación de la postulación dentro
del plazo establecido.

58. Por otra parte, manifestó que las decisiones adoptadas en el trámite de la
tutela carecían de objeto, porque fueron con posterioridad a las elecciones, es
decir, cuando la inscripción y los comicios se habían materializado.

59. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y, a
su vez, que se compulsen copias a las autoridades competentes con el fin de que
se analicen las posibles irregularidades en las que se habrían incurrido durante el
trámite electoral.

60. Luis Emilio Palacios Cabrera41, mediante apoderado judicial, indicó que
el señor Héctor Rangel Palacios fue debidamente inscrito y habilitado para
participar en la contienda electoral, sin que existiera revocatoria de la misma por
autoridad competente ni decisión judicial que afectara su condición de candidato,
de ahí que, a su juicio, no era procedente desconocer los votos válidamente
obtenidos a su favor.

61. En efecto, manifestó que la Comisión Escrutadora Departamental de
Antioquia no era competente para tener como «votos no marcados» los
alcanzados por aquel, pues la inscripción no fue revocada por el CNE y, con todo,

39 Índice 4 Samai.
40 Índice 11 Samai.
41 Índices 9 y 13 Samai.

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la sentencia de tutela no tenía efectos para modificar la situación del candidato.
Por consiguiente, solicitó confirmar la sentencia apelada.

62. Camilo Andrés Pretelt Barrios y Paul Ernesto Villero Alvis42 alegaron
en el sentido de que en las elecciones atípicas a la Alcaldía de Apartadó se
presentaron graves irregularidades que invalidaron el proceso electoral, a saber:
(i) indebida limitación a la inscripción del ciudadano Rangel Palacios; (ii)
decisiones judiciales y administrativas posteriores que incidieron en su
participación y (iii) la supresión de la eficacia de los votos depositados a su favor.

63. Del mismo modo, argumentaron que estas actuaciones vulneraron los
principios de soberanía popular, debido proceso, legalidad y participación política,
al haberse desconocido los artículos 40 de la Constitución Política, 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las reglas sobre
competencia electoral, al punto de configurarse defectos de falta de competencia,
falsa motivación y exceso ritual manifiesto. En consecuencia, solicitaron que se
mantenga la decisión de primera instancia.

64. Por su parte, el demandado43, solicitó que se revoque la sentencia
apelada, al estimar que la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez fue
ilegal, por cuanto, según su dicho, esta se fundamentó en una medida cautelar
que fue dejada sin efectos en sede de tutela, de modo que, para la fecha de las
elecciones, no ostentaba la calidad de candidato a la alcaldía del municipio de
Apartadó.

65. En ese orden de ideas, indicó que los votos depositados a favor de Palacios
Rodríguez en dichos comicios debían tenerse como no marcados y, por ende,
carentes de validez, conforme a lo establecido por la ley44 y la jurisprudencia45
aplicable al caso concreto, razón por la cual consideró ajustada a derecho la
decisión de la comisión departamental. Igualmente, advirtió que la providencia
cuestionada desconoce precedentes de la Corte Constitucional en materia de
tutela46.

66. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

67. Finalmente, el CNE47, alegó de conclusión el 13 de abril de 2026, esto es,
por fuera del término concedido para el efecto48, por ende, aquel memorial no se
tendrá en cuenta.

42 Índices 15 y 16 Samai.
43 Índice 12 Samai.
44 Puntualmente, trajo a colación las siguientes normas: Ley 1475 de 2011 (artículo 10, ordinal 5.°

y artículo 31); Resolución 1409 de 2025 y el Código Electoral (artículo 192, ordinal 9.°).
45 Refirió, en concreto, las siguientes decisiones: sentencias C-284 de 2014; T-371 de 2024, Auto

259 de 2021 y T-300 de 2024, todas proferidas por la Corte Constitucional. A su vez, la sentencia
del 27 de agosto de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
46 Sentencias C-284 de 2014; T-371 de 2024, Auto 259 de 2021.
47 Índice 18 Samai.
48 Índice 14 Samai. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril de 2026.

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II. CONSIDERACIONES

68. La Sección Quinta revocará la sentencia de primera instancia que resolvió
que la elección acusada era nula y, en su lugar, declaró a Héctor Rangel Palacios
Rodríguez como alcalde de Apartadó (Antioquia), para el periodo restante 2024-
2027.

69. A efectos de construir la tesis que sustentará la revocatoria de la sentencia
enunciada, la Sala encuentra relevante resolver, principalmente, ¿si resulta
ajustado al ordenamiento jurídico reconocer la existencia y efectos electorales de
una candidatura cuya inscripción se produjo con base en una medida cautelar que
fue suspendida y dejada sin efectos mediante decisiones judiciales de tutela
debidamente notificadas previo a la declaratoria de la elección?

70. En consecuencia, será procedente establecer ¿si se vulneró el principio de
legalidad y el precedente constitucional por una interpretación que desconoce el
carácter inmediato de las decisiones de tutela para validar los votos emitidos a
favor de quien no ostentó la calidad de candidato al momento de la elección?

71. De igual forma, atendiendo la alzada de la RNEC será necesario delimitar
la responsabilidad jurídica de dicha autoridad dentro de la Organización Electoral,
frente a la separación constitucional de competencias decisorias en el
procedimiento de escrutinio y el cumplimiento material de órdenes judiciales.

72. Para absolver las cuestiones trazadas se advierte que coexisten un
conjunto de reparos que, por su naturaleza, exigen un análisis desde la
perspectiva procesal como sustancial.

73. Así las cosas, en primer término, se abordará la inconformidad relativa a la
presunta falta de exhaustividad de la sentencia de primera instancia,
particularmente en lo atinente a la omisión de pronunciamiento sobre una
excepción de fondo oportunamente propuesta49, con miras a establecer si dicha
circunstancia comporta una vulneración al debido proceso y si es susceptible de
ser subsanada en esta sede.

74. Seguidamente, la Sala examinará el cargo referido a la configuración de la
caducidad de la acción en uno de los procesos acumulados, a partir de la
determinación precisa del tribunal para el cómputo del término legal.

75. A continuación, se estudiará el cuestionamiento relativo a la existencia
jurídica de la candidatura del señor Héctor Rangel Palacios, lo que implica
analizar la validez y efectos de las decisiones judiciales que ordenaron y
posteriormente suspendieron su inscripción. En ese contexto, se precisará el

49 En concreto, referenció la excepción que denominó «pérdida de fuerza ejecutoria de la
inscripción de Héctor Rangel Palacios como candidato a la Alcaldía Municipal de Apartadó a
celebrarse el seis (6) de abril de 2025».

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alcance de los efectos inmediatos de las medidas provisionales y de los fallos en
sede de tutela, a la luz del precedente constitucional aplicable.

76. Posteriormente, se evaluará la legalidad de la actuación de las comisiones
escrutadoras, en particular en lo concerniente a la calificación de los votos
emitidos en favor del mencionado ciudadano y al ejercicio de sus competencias.

77. Finalmente, la Sala se pronunciará sobre el alcance de los principios
democrático en armonía con el de legalidad electoral, tal como lo pone de
presente el apoderado del demandado.

2.1. Examen de las cuestiones procesales preliminares: caducidad del
medio de control y pronunciamiento respecto de la excepción de fondo

78. Para el demandado, en el proceso acumulado 05001-23-33-000-2025-
00682-00 operó el fenómeno jurídico de la caducidad, en tanto que la elección
acusada fue declarada en audiencia pública el 9 de abril de 2025, de ahí que, el
ejercicio oportuno del medio de control se extendía hasta el 29 de mayo siguiente;
sin embargo, a juicio de aquel, la demanda se presentó el 30 de mayo de 2025.

79. Por su parte, el tribunal de primera instancia consideró en la providencia
apelada que la elección de Adolfo David Romero Benítez como alcalde de
Apartadó fue declarada en audiencia pública del 10 de abril de 2025, según consta
en el formulario E-26 ALC de la misma fecha, por ende, el ejercicio del medio de
control fue oportuno, en tanto la demanda se radicó el 30 de mayo de 2025.

80. Así las cosas, encuentra la Sala que si bien la Resolución 01 del 9 de abril
de 2025, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia,
dispuso, entre otros, «TERCERO: En consecuencia DECLARAR como alcalde
electo del municipio de Apartadó, Antioquia al señor ADOLFO DAVID ROMERO
BENÍTEZ […] [énfasis es del original]», lo cierto es que también obra en el
expediente el formulario E-26 ALC del cual se desprende que fue expedido el 10
de abril de 2025, así:

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81. Al margen de lo anterior, resulta oportuno precisar que, en la elección que
nos ocupa, además de las Resoluciones 01 del 9 de abril de 2025; 01 del 10 de
abril de 2025 y 02 del 10 de abril de 2025, el acto contentivo de aquella se plasmó
en el formulario E-2650, el cual «[…] corresponde ser expedido, exclusivamente,
a la autoridad escrutadora que tiene a cargo esa competencia por ley y el cual
contiene, por regla general, la manifestación expresa de quien fue elegido o
elegida»51.

82. En efecto, al ser declarada aquella en audiencia pública (10 de abril de
2025) se tiene que la oportunidad legal para ejercer el medio de control de nulidad
electoral contra la elección de Adolfo David Romero Benítez transcurrió entre el
11 de abril de 2025 hasta el 30 de mayo siguiente52, conforme lo establece el
literal a), ordinal 2.º del artículo 164 del CPACA.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 4 de

junio de 2009 radicado: 07001-23-31-000-2007-00082-03, MP. Filemón Jiménez Ochoa.
Textualmente, puntualizó: «[e]n este orden de ideas, el acto cuya legalidad se juzga mediante la
acción de nulidad electoral, no puede ser otro que el Acta Parcial de Escrutinios, formulario E-26,
pues es el contentivo del acto de elección».
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 1.º de abril

de 2022, radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
52 Lo expuesto, si se tiene en cuenta la vacancia judicial por Semana Santa y que el 1.º de mayo

de 2025 fue inhábil.

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83. En ese orden de ideas, se concluye que la demanda presentada, el 30 de
mayo de 2025 a las 4:46 p. m.53, dentro del radicado 05001-23-33-000-2025-
00682-00, se efectuó cuando aún no había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad. De ahí que, este reparo de la apelación no esté llamado a prosperar.

84. Por otra parte, el extremo accionado planteó que la excepción de fondo
denominada «pérdida de fuerza ejecutoria de la inscripción de Héctor Rangel
Palacios como candidato a la Alcaldía Municipal de Apartadó a celebrarse el seis
(6) de abril de 2025» no fue abordada en la sentencia de primera instancia por el
tribunal.

85. Frente a ello, observa la Sala que, dentro de las consideraciones de la
decisión referida, en las páginas 31 en adelante se plasman las razones por las
cuales, a juicio de la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez se consideraba como
candidato a alcalde del municipio de Apartadó y, por ende, participante de la
contienda atípica del 6 de abril de 2025.

86. Asimismo, puso de presente, en las páginas 54 en adelante, que si bien el
tribunal referido, mediante fallo del 8 de abril de 2025, dejó sin efectos la
providencia que ordenó la inscripción de Palacios Rodríguez, lo cierto es que ello
no alteró «[…] la realidad fáctica y jurídica presente el día de los comicios».

87. Así las cosas, coincide esta Sala con lo considerado por el tribunal de
primera instancia en el auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición,
en el sentido de que no se omitió proferir un pronunciamiento sobre la excepción
de fondo propuesta por la parte demandada. Por consiguiente, dicho aspecto de
inconformidad tampoco está llamado a prosperar.

2.2. Sobre la modificación de la candidatura ante la revocatoria de la
inscripción por parte del CNE (Etapa preelectoral)

88. El primer cargo de la apelación se dirige a cuestionar la inscripción de
Héctor Rangel Palacios Rodríguez, pues, para el demandado, aquella fue
extemporánea y producto de una orden judicial que luego fue dejada sin efectos
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Al respecto, alegó que esta última
(providencia mediante la cual se adoptó una medida cautelar) fue proferida en el
marco de una acción de tutela, por ende, era de cumplimiento inmediato desde
su notificación.

89. En ese sentido, reprochó que, para el momento de la jornada electoral de
6 de abril de 2025, el señor Palacios Rodríguez no ostentaba la condición de
candidato. Asimismo, puntualizó que los procedimientos y plazos no derivan en
un exceso ritual, sino en un respeto esencial del procedimiento democrático.

53 Índice 4 Samai del tribunal.

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90. Por su parte, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia concluyó que el CNE y la registraduría de Apartadó impidieron,
injustificadamente, la modificación del candidato de la coalición «Apartadó,
Unidos por la Vida», en tanto el recurso elevado contra la resolución que revocó
la inscripción fue infundado e impidió su firmeza. Esto último, pese a que el ordinal
3.° del artículo 87 del CPACA le otorgaba dicho atributo frente al postulado y su
agrupación.

91. Con todo, indicó que su inscripción se produjo en virtud de la orden emitida,
el 28 de marzo de 2025, por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, la cual
fue suspendida por una medida provisional de tutela del 4 de abril siguiente por el
Tribunal Administrativo de Antioquia; no obstante, según sus consideraciones,
carecía de efecto inmediato.

92. Conforme dicho contexto, resulta imprescindible un examen probatorio de
cada una de las actuaciones desplegadas durante la etapa preelectoral, a fin de
esclarecer las circunstancias en que se produjo la inscripción cuestionada y los
efectos derivados de las distintas decisiones administrativas y judiciales que
incidieron en ella. En ese orden, en el expediente se acreditaron las siguientes
premisas fácticas y jurídicas:

• Según los antecedentes de la Resolución 1229 del 20 de marzo de 2025,
el 3 de marzo de 2025, Cristian Andrés Pérez Granada solicitó la
revocatoria de la inscripción del candidato Eliécer Arteaga Vargas a la
Alcaldía de Apartadó, por la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida». Al
respecto, en el trámite administrativo alegó que aquel estaba incurso en la
causal prevista en el ordinal 4.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

• Luego, mediante la resolución referida54, el CNE dispuso revocar la
inscripción en comento, pues, comprobó que la hermana del candidato
Arteaga Vargas ejerció autoridad administrativa y civil en el municipio de
Apartadó, durante los doce (12) meses anteriores a la elección.

En este punto, resulta conveniente destacar que la Constitución Política,
en particular, los artículos 10855 y el ordinal 12 del 26556, dispusieron en
cabeza del Consejo Nacional Electoral la función de revocar la inscripción
de candidatos incursos en causal de inhabilidad.

54 «[p]or medio de la cual se decide REVOCAR LA INSCRIPCIÓN de la candidatura del señor

ELIÉCER ARTEAGA VARGAS, […] aspirante a la ALCALDÍA MUNICIPAL de APARTADÓ,
ANTIOQUIA avalado por la coalición APARTADÓ, UNIDOS POR LA VIDA, por incurrir en causal
de inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por
la Ley 617 de 2000, con ocasión de las elecciones de autoridades locales atípicas a celebrarse el
06 de abril de 2025 […] [énfasis es del original]».
55 «Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo

Nacional Electoral con respeto al debido proceso».
56 «El Consejo Nacional Electoral […] [t]endrá las siguientes atribuciones especiales: […] 12.

Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de
elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de
inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos
candidatos».

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• También, se advierte que el mismo 20 de marzo de 2025 (fecha en que se
profirió y notificó en estrados la revocatoria de la inscripción) el apoderado
del candidato Arteaga Vargas manifestó renunciar al recurso de reposición
contra aquella, mientras que el solicitante, Pérez Granada, si lo interpuso.
No obstante, el 25 de marzo a las 4:37 p. m., allegó escrito desistiendo del
medio exceptivo, en razón a que el señor Arteaga Vargas, el 22 de marzo,
renunció a su postulación a la Alcaldía de Apartadó (antes de estar en firme
su revocatoria).

En efecto, sostuvo el peticionante Pérez Granada que ante la renuncia de
la candidatura, sin que estuviera en firme la resolución que dispuso su
revocatoria, se configuraba «[…] un hecho superado por carencia de objeto
por sustracción de materia […]».

Por consiguiente, el CNE, a través de la Resolución 1369 del 27 de marzo
siguiente57, aceptó el desistimiento expreso del recurso de reposición
interpuesto por el ciudadano referido contra la revocatoria de la inscripción
del señor Arteaga Vargas. Asimismo, declaró la carencia de objeto
respecto de esta última, pues, dicho candidato ya no ostentaba tal
condición.

• A la par de la actuación en comento, en específico, el 22 de marzo de 2025
a las 10:41 a. m. se presentó a las instalaciones de la Registraduría
Especial de Apartadó el equipo de la coalición «Apartadó, Unidos por la
Vida», con el fin de modificar la candidatura revocada y, en su lugar,
postular a Héctor Rangel Palacios Rodríguez; no obstante, según se
desprende del Acta 07 del 22 de marzo de 2025 expedida por la
Registraduría Especial de Apartadó58, dicha inscripción no fue posible ante
la falta de firmeza de la Resolución 1229 del 20 de marzo de 202559.

• Asimismo, se tiene que, en la misma fecha señalada a las 11:16 a. m.,
aquellos acudieron a la Personería Municipal de Apartadó con la finalidad
de que surtiera la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez por la
coalición «Apartadó, Unidos por la Vida», la cual, conforme quedó
consignado en el acta de comparecencia, fue «[…] rechazada por la
registraduría».

57 «[p]or medio de la cual se ACEPTA EL DESISTIMIENTO EXPRESO del recurso de reposición

interpuesto por el señor CRISTIAN ANDRÉS PÉREZ GRANADA, contra la Resolución No. 01229
del 20 de marzo de 2025 […] [énfasis es del original]».
58 En concreto, se estableció que: «[s]iendo las 3:20 se presentan de nuevo el grupo de abogados

para realizar la modificación del candidato, donde se les explicó que no procede la modificación
por la revocatoria de la inscripción, en tanto que no tiene en firmeza del acto de revocatoria de
inscripción […]»
59 Mediante certificado del 31 de marzo de 2025, expedido por el CNE, se indicó que la firmeza de

la Resolución 1229 del 20 de marzo de 2025, tuvo ocurrencia el 28 de marzo de 2025 (día hábil
siguiente al de la notificación de la Resolución 1369).

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• Pese a todas las actuaciones expuestas, se observa que la Registraduría
Especial de Apartadó dispuso, en el Acta 07 del 22 de marzo de 2025, que
a las 6:00 p. m. se dio por terminada la modificación de candidaturas sin
que se advierta la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez por la
coalición «Apartadó, Unidos por la Vida».

93. Para resolver a partir de lo valorado en precedencia, la Sala encuentra que
el procedimiento para la inscripción de candidatos y, en especial, su modificación
debe observar el cumplimiento de unos requisitos mínimos y estar acorde a unos
plazos previamente determinados en el ordenamiento jurídico. Así, se tiene que,
en primer lugar, la Constitución Política60 y las leyes 130 de 199461 y 1475 de
201162 reconocen a las agrupaciones políticas el derecho de postular candidatos
a elecciones populares.

94. La última ley referida, en su artículo 30, establece el periodo de inscripción
en los casos de nuevas elecciones, como la del caso en concreto, la cual dura
quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria
a nuevas elecciones. De ahí que, según la Resolución 1409 del 7 de febrero de
202563, dicho lapso surtiera desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 24 de febrero
siguiente.

95. Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 fija la facultad de que
aquellas inscripciones sean modificadas, únicamente, en los siguientes eventos:
(i) renuncia; (ii) muerte y (iii) revocatoria decidida por el CNE, por causas
constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con
posterioridad a la inscripción.

96. En este último evento se dispuso en la resolución referida que el
vencimiento del plazo para modificar las inscripciones con sustento en la
revocatoria vencía el 22 de marzo de 2025, es decir, quince (15) días calendario
previo a la elección (6 de abril de 2025).

60 «Artículo 108. […] Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida

podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos
efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos
[…] ».
61 «ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y

movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier
cargo de elección popular sin requisito adicional alguno. La inscripción deberá ser avalada para
los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él
delegue».
62 «ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos con

personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular
previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de
que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos
deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos.
Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se
sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno
de los géneros. Los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica podrán inscribir
candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para
la elección de Congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas».
63 «Por medio de la cual se fija el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de

Apartadó – Antioquia, que se realizará el 6 de abril de 2025».

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97. Ahora bien, en la fecha señalada (22 de marzo de 2025) el señor Héctor
Rangel Palacios Rodríguez se presentó en la RNEC con la intención de postularse
por la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida», ante la revocatoria del candidato
Eliécer Arteaga Vargas y no por la renuncia de este último a su candidatura; sin
embargo, la autoridad electoral no efectuó lo solicitado por aquel ante la falta de
ejecutoria de la Resolución 1229 del 20 de marzo de 2025, decisión que se
encuentra ajustada a derecho, tal como pasa a explicarse.

98. Sobre ese particular, se reitera que el solicitante de la revocatoria de la
inscripción interpuso, en la oportunidad correspondiente, el recurso de reposición
contra aquella, tal como se lo permite el artículo 74 del CPACA, así:

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque. […]

99. Por consiguiente, contrario a lo considerado por los demandantes y el
tribunal de primera instancia, la interposición de dicho recurso no implica que el
solicitante «[…] carecía de interés jurídico para impugnarlo porque las
pretensiones de su solicitud de revocatoria fueron concedidas […]» ni que fuera
improcedente.

100. De esta manera, conviene anotar que dicho recurso no se agota en la
pretensión de revocar el acto administrativo, sino que, conforme al tenor literal del
artículo 74 ibidem, también habilita al interesado para solicitar su aclaración,
modificación o adición, lo cual explica que subsista la legitimación para recurrir
aun cuando la decisión inicial hubiere accedido, total o parcialmente, a las
peticiones formuladas.

101. En dicho escenario, el interés jurídico no desaparece por el solo hecho de
un resultado favorable a las peticiones, pues se mantiene en la medida en que el
acto pueda producir efectos jurídicos actuales o futuros que ameriten precisión o
corrección.

102. De igual forma, la posterior renuncia del referido candidato inicial, que
condujo al desistimiento y, en consecuencia, impidió la sustentación del recurso,
constituye un hecho sobreviniente que no desvirtúa la existencia del interés
jurídico al momento de su interposición, pues este se predica de la relación
objetiva entre el recurrente y el acto administrativo impugnado, y no de la suerte
final del trámite del recurso ni de circunstancias externas que sobrevengan con
posterioridad.

103. En consecuencia, ejercer la prerrogativa antes analizada, en el marco del
trámite administrativo de la revocatoria de la inscripción, no implicó un abuso del
derecho, por cuanto, se enfatiza, que el recurso de reposición podía llegar a tener
fines distintos a que se revocara lo decidido por el CNE en la Resolución 1229 del

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20 de marzo de 2025, además, el hecho del desistimiento del recurso no desvirtúa
el interés jurídico del recurrente.

104. Frente a este punto se reitera que, una vez interpuesto el recurso por el
solicitante Pérez Granada, se le concedió el término para su sustentación, el cual
se venció el 25 de marzo de 2025; sin embargo, ello no fue posible ante la
renuncia presentada el 22 de marzo anterior por el candidato Eliécer Vargas
Arteaga, la cual, dicho sea de paso, se produjo con posterioridad a la revocatoria
de su inscripción, de ahí que sea esta última, y no la renuncia, el motivo para
modificar aquella.

105. Por otra parte, la Sala encuentra ajustada dicha decisión conforme lo
establecido en el artículo 87 del CPACA, en concreto, su ordinal 4.° que señala:
«Los actos administrativos quedarán en firme: […] Desde el día siguiente al de la
notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos». Así, se concluye
que esta última decisión solo podía ejecutarse una vez adquiriera firmeza, tal
como lo determina el artículo 89 del CPACA:

ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR
LAS AUTORIDADES. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán
suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de
inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra
autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la
colaboración de la Policía Nacional.

106. En el orden de ideas, en el caso concreto, al haberse interpuesto el recurso
de reposición contra la Resolución 1229 del 20 de marzo de 2025 y luego
desistirse del mismo, ante la renuncia a la candidatura de Eliécer Arteaga Vargas,
se impone considerar que tal decisión quedó en firme «[…] [d]esde el día siguiente
al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos» 64, lo cual
tuvo ocurrencia el 28 de marzo de 2025 (día hábil siguiente al de la notificación
de la Resolución 1369), tal como se estableció en la constancia del 31 de marzo
de 2025 proferida por el CNE, momento en el cual había vencido el plazo para
modificar la candidatura por revocatoria (22 de marzo de 2025).

107. Aunado a lo expuesto hasta acá, conviene agregar que permitir la
modificación de una candidatura aun cuando la decisión de revocatoria no estaba
en firme, conduciría al extremo de que la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida»
contara con dos aspirantes al mismo cargo de elección popular, con las vicisitudes
que ello implicaría para el debido desarrollo de los comicios y el derecho a la
igualdad de todos los participantes en aquella, como ya lo anotó esta Sala65 en
un caso con contornos similares, así:

259. En ese escenario, de haberse permitido la modificación el 29 de septiembre
de 2023, Fuerza Ciudadana habría tenido simultáneamente dos candidatos
inscritos para un mismo cargo, con consecuencias problemáticas para la

64 Ordinal 4.° del artículo 87 del CPACA.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21

de agosto de 2025, radicado: 47001-23-33-000-2023-00265-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.

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organización de las elecciones y el derecho a la igualdad de las organizaciones
políticas. […]

263. Por consiguiente, en el caso que se analiza no existía una razón para que el
cumplimiento de las reglas adjetivas (debido proceso) cediera necesariamente ante
un derecho fundamental (participación política), cuyo ejercicio se permitió en
igualdad de condiciones a la colectividad y bajo los precisos parámetros legales.
[…]

265. En efecto, aunque la ley permite la modificación de candidatos cuya inscripción
haya sido revocada, no puede perderse de vista que esta facultad debe ejercerse
por los legitimados con apego a las formas y los requisitos previstos en las normas
aplicables, que están diseñados para asegurar que la competencia democrática se
realice en condiciones de transparencia e igualdad. […]

108. Conforme lo considerado, encuentra la Sala que, contrario a lo decidido por
el tribunal de primera instancia, la actuación de las autoridades electorales no
implicó un obstáculo, abusando del derecho, de que la RNEC se negara a
modificar la candidatura de la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida» ni, mucho
menos, la trasgresión al derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político que conllevó la afectación del debido proceso de la
coalición referida y del señor Palacios Rodríguez.

109. Lo expuesto, en tanto que para el 22 de marzo de 2025 (fecha en la que
venció el plazo para modificar la candidatura por revocatoria) el acto que dispuso
en ese sentido frente a Eliécer Arteaga Vargas no era definitivo y, por ende, no
se podía reemplazar con Héctor Rangel Palacios Rodríguez.

2.3 De la competencia de la comisión escrutadora departamental y la
legalidad del voto frente a órdenes de tutela (etapa poselectoral)

110. El segundo cargo de la apelación se dirige a avalar la legalidad de la
actuación de las comisiones escrutadoras, en especial, de la departamental, pues,
calificar los votos obtenidos por Héctor Rangel Palacios Rodríguez como no
marcados encuentra sustento en el artículo 7.º del Decreto 306 de 1992, en la
Circular 002 de 2023 del CNE y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional.

111. Al respecto, argumentó que, en efecto, los votos emitidos por candidatos
cuya inscripción ha sido dejada sin efectos carecen de validez jurídica y no
pueden ser computados. Asimismo, a juicio del demandado, aquella comisión no
incurrió en falta de competencia o en falsa motivación por cuanto lo propio era
aplicar los efectos jurídicos de la decisión judicial y, en consecuencia, excluir
dichos votos del cómputo y declararlos como no marcados.

112. Contrario a ello, el tribunal de primera instancia adujo que, en la etapa
poselectoral, se configuraron vicios de falsa motivación, expedición irregular,
violación del debido proceso y falta de competencia, en tanto que la Comisión
Escrutadora Departamental calificó como «no marcados» los votos del señor
Rangel Palacios sin fundamento legal, modificó la votación y declaró ganador a
Adolfo David Romero Benítez. Lo expuesto, bajo el entendido que la Circular 002

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de 2023 solo opera cuando el CNE ha revocado una candidatura, situación que
no había ocurrido.

113. En este escenario se impone un análisis probatorio de las actuaciones
administrativas y judiciales que coincidieron con la etapa de escrutinio, orientado
a verificar (i) la existencia, alcance y oponibilidad temporal de las órdenes
impartidas en sede de tutela, (ii) su carácter de cumplimiento inmediato, conforme
al precedente constitucional, y (iii) la situación jurídica del aspirante frente a la
exigencia de ostentar válidamente la calidad de candidato al momento de la
elección. En ese orden, en el expediente se acreditaron las siguientes premisas
fácticas y jurídicas:

• El mismo día de los comicios (6 de abril de 2025) se iniciaron los escrutinios
por parte de las comisiones auxiliares66, quienes consolidaron la votación
de los jurados de votación; sin embargo, se remitió a la comisión municipal
ante la interposición de múltiples reclamaciones y apelaciones sobre los
votos obtenidos por Héctor Rangel Palacios Rodríguez, con sustento en la
causal del ordinal 9.° del artículo 192 del Código Electoral (inscripción
extemporánea del candidato).

• Frente a ello, la municipal, mediante la Resolución 1.° del 9 de abril de
202567 resolvió remitir a la Comisión Escrutadora General lo acontecido
frente a las comisiones auxiliares 4, 6, 7, 8 y 9 porque, según el ordinal
segundo, «[…] hubo DESACUERDO DE LA COMISIÓN [énfasis es del
original]», en concreto, en lo relacionado en «[…] si el señor Rangel
Palacios podía o no participar en los comicios del pasado 6 de abril. Y ese
desacuerdo impide efectuar la declaratoria de elección y expedir las
credenciales […]»68.

• Esta última comisión (departamental), integrada por delegados del CNE,
profirió las Resoluciones 1.° del 9 de abril de 2025; 1.° y 2.°, ambas del 10
de abril de 2025, en las que dispuso: (i) calificar como votos no marcados
los sufragios obtenidos por Héctor Rangel Palacios Rodríguez; (ii) corregir
el acta E-26 correspondiente al escrutinio general y (iii) declarar alcalde de
Apartadó, periodo 2024-2027, a Adolfo David Romero Benítez. Tal
decisión, según se desprende de los antecedentes y consideraciones, tuvo
como sustento los siguientes aspectos:

a) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo,
ordenó, mediante auto 199 del 28 de marzo de 2025, en el marco
del medio de control de nulidad simple y a través de una medida

66 Índice 10 Samai del expediente principal de primera instancia.
67 En efecto, resolvió, entre otros: (i) acumular las reclamaciones presentadas; (ii) declarar el

desacuerdo de la comisión; (iii) declarar que no hubo declaratoria de la elección y (iv) remitir lo
actuado a la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia.
68 A las 10: 12 a. m. el 9 de abril de 2025 se terminó el escrutinio municipal y el cómputo de los

votos de los candidatos Palacios Rodríguez y Romero Benítez arrojó el siguiente resultado: (i)
Héctor Rangel Palacios Rodríguez con 20.100 votos y (ii) Adolfo David Romero Benítez con
17.130 votos.

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cautelar de urgencia, la inscripción como candidato a la Alcaldía de
Apartadó del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez69.

b) En virtud de dicha orden, la Registraduría Especial de
Apartadó inscribió a dicho candidato, el mismo día en que se profirió
la decisión.

c) El demandado y otro ciudadano interpusieron acción de tutela
ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se resolvió, a
través de auto del 4 de abril de 2025, dejar sin efectos la providencia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Turbo70.

d) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo del 8
de abril de 2025, tuteló el derecho fundamental al debido proceso
del demandado «[…] el cual fue vulnerado por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo». Asimismo, ordenó dejar sin
efectos el auto que ordenó la inscripción de Palacios Rodríguez.

• El 28 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Turbo (Antioquia), dentro del proceso de nulidad simple con
radicado 05837-33-33-002-2025-00041-00, profirió auto en el que ordenó,
como medida cautelar de urgencia, la inscripción del ciudadano Héctor
Rangel Palacios Rodríguez, por la coalición «Apartadó, Unidos por la
Vida». Por consiguiente, la Registraduría Especial de Apartadó, en la fecha
indicada, expidió el formulario E-8 AL donde se dio cumplimiento a lo
referido.

• Luego, se probó, que el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de la
acción de tutela con radicado 05001-23-33-000-2025-00396-00, expidió el
auto del 4 de abril de 202571, esto es, antes que se declarara la elección,
en el cual dispuso, como medida provisional, la suspensión de la
providencia que ordenó la inscripción del señor Palacios Rodríguez.

• Posteriormente, es decir, el 8 de abril de 2025, la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió fallo de tutela72, dentro del

69 Para el efecto, tuvo en cuenta que: «[…] el derecho fundamental a elegir y ser elegido debe

prevalecer sobre el principio de seguridad jurídica puesto que en este caso, no se requiere de una
constancia sobre la firmeza de la Resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral, dado que
el recurso propuesto contra ese mismo acto administrativo fue desistido por el señor Cristian
Andrés Pérez, situación ésta que tornó el recurso propuesto por este ciudadano en inocuo, luego
dicho acto administrativo está en firme, o por lo menos, que el señor Héctor Rangel Palacios
Rodríguez, pueda participar de la contienda electoral, hace menos grave la situación acontecida».
70 Lo expuesto, en tanto, encontró que el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Turbo

carecía de competencia para conocer del medio de control de nulidad simple contra la resolución
que fijó el calendario electoral para elegir alcalde municipal de Apartadó. Asimismo, determinó
que las pretensiones de la demanda y la medida cautelar solicitada (inscripción de Héctor Rangel
Palacios Rodríguez) no guardaban relación directa y necesaria. Con todo, determinó que esta
última «[…] es abiertamente contraria al medio de control que se invoca […]».
71 Decisión que fue notificada el 4 de abril de 2025 a las 3:26 p. m.
72 Decisión que fue notificada el 8 de abril de 2025 a las 4:15 p. m.

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expediente en mención, en el que amparó el derecho fundamental al
debido proceso y, en su lugar, dejó sin efectos la providencia cautelar
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo,
que ordenó, como medida cautelar de urgencia, la inscripción de Palacios
Rodríguez en las elecciones atípicas a la Alcaldía de Apartadó.

114. En el orden de las premisas probatorias valoradas, resulta evidente que la
Comisión Escrutadora General tenía competencia para resolver las
reclamaciones y recursos de apelación formulados contra el escrutinio, máxime
cuando entre los integrantes de la comisión escrutadora municipal no se alcanzó
un acuerdo sobre la forma de tramitarlos y decidirlos.

115. Efectivamente, conforme al Código Electoral (arts. 164, 166 y 167) y a la
jurisprudencia73 de esta Corporación, dichas comisiones están habilitadas no solo
para conocer de las impugnaciones elevadas contra el escrutinio adelantado en
instancia municipal, sino también de las solicitudes de reclamación que se
formulen en esa fase del proceso electoral, así como de aquellas peticiones
respecto de las cuales no exista consenso interno.

116. A su vez, la Sala encuentra acreditado que lo resuelto por la Comisión
Escrutadora Departamental de Antioquia, esto es, de calificar como votos no
marcados los obtenidos por Héctor Rangel Palacios Rodríguez, corregir su
votación a cero (mesa a mesa), trasladarlos a la casilla de «no marcados» y
consolidarlos en el formulario E-26, tuvo como sustento el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en sede de tutela.

117. Esta última providencia, tal como lo adujo la Comisión Escrutadora
Departamental, «[…] retrotrae la situación y coloca en inexistencia las
aspiraciones políticas del ciudadano HÉCTOR RANGEL PALACIOS
RODRÍGUEZ, deja de existir la candidatura, situación que hace que los votos
consignados por el mismo deban trasladarse a la figura jurídica de votos no
marcados, mismos que carecen de poder vinculante, al no ser opción política
alguna conforme a la Circular No. 002 del 24 de octubre del 2023, emitida por el
Consejo Nacional Electoral».

118. Pese a lo expuesto, a criterio de la primera instancia, dicha circular74 fue
aplicada para hechos «[…] que no están expresamente contempladas en ella

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de

septiembre de 2021, radicado: 23001-23-33-000-2020-00004-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
Al respecto, precisó que las comisiones escrutadoras: «[…] tienen la competencia para resolver
las reclamaciones y solicitudes de saneamiento que se presenten contra el escrutinio adelantado
y su decisión es pasible del recurso de apelación que se surte ante la comisión escrutadora
departamental, a la que deben remitir también aquellas peticiones sobre las cuales no se alcanzó
un acuerdo entre sus integrantes sobre la forma en que debían tramitarse y resolverse; y si no se
interponen tales mecanismos de contradicción, tienen el deber de declarar las elecciones de las
autoridades del orden que corresponda, bien se trate de alcaldes, concejales y ediles (arts. 164,
166 y 167 del CE)».
74 En concreto, determina lo siguiente: «[l]a revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos

y/o de candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta
electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe
considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase de escrutinio.

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[…]», en tanto la candidatura del señor Palacios Rodríguez no fue revocada por
el CNE.

119. Contrario a lo señalado por el tribunal, resulta oportuno reiterar que la
exclusión de los votos obtenidos por aquel se derivó del fallo de tutela del 8 de
abril de 2025, el cual, además, indicó que la orden allí contenida debía «[…] ser
cumplida de inmediato».

120. Por consiguiente, dicha circular se trajo a colación no para indicar que la
candidatura de Palacios Rodríguez había sido revocada por el CNE, sino para
enrostrar el efecto material en lo que respecta a los escrutinios, esto es,
considerarse los votos obtenidos por el candidato revocado como «no marcados».

121. En este punto, debe recordarse que esta Corporación75 tuvo la oportunidad
de pronunciarse, en términos similares, en un caso en el que se alegaba la
improcedencia de la aplicación de la Circular No. 002 del 24 de octubre del 2023
para la situación de un aspirante cuya candidatura fue dejada sin efectos por una
orden judicial. En sentido textual, se consideró:

302. En cuanto a la aplicación de la Circular 002 de 2023 del Consejo Nacional
Electoral, la Sala advierte que el fundamento de la exclusión de los votos fue el fallo
de tutela de segunda instancia y el artículo 7º del Decreto 306 de 1992, según se
explicó. Dicha circular se utilizó para atribuir a la votación del señor Agudelo Apreza
la categoría precisa de votos no marcados, como un parangón con los casos de los
candidatos cuyas inscripciones fueron revocadas.

122. Además, debe advertirse, como lo señala el apelante, que el fallo de tutela
era de cumplimiento inmediato, pues, además de que así lo dispuso el mismo
fallador constitucional, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que
«[p]roferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirla sin demora». Al respecto, la Corte Constitucional76, ha indicado
de forma literal:

Lo primero a tener en cuenta, cuando se trata de desarrollar las facultades para
hacer efectivas las órdenes provenientes de las decisiones de tutela, es
comprender que ellas son fruto explícito del valor normativo y el sentido vinculante
de la Constitución (artículo 4° Superior). En efecto, entendiendo que el objeto de
la acción de tutela se concentra en brindar una protección “inmediata” de los
derechos fundamentales cuando estos han sido violados o amenazados por
“cualquier autoridad pública” o por los particulares en los casos que determine la
ley, hay que señalar que la propia Constitución (artículo 86) se encargó de definir

La revocatoria de una candidatura con subsistencia de la lista, el voto que se haga a favor del
candidato revocado se tendrá como voto válido para el partido político, movimiento y/o Grupo
Significativo de Ciudadano que otorgó el aval, haciéndose la salvedad que al momento de la
asignación de curules no podrá declararse la elección del mismo [énfasis es del original]».
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21

de agosto de 2025, radicado: 47001-23-33-000-2023-00265-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
76 Para abordar este asunto, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones de

la Corte Constitucional: auto de Sala Plena del 14 de marzo de 1996, expediente T-50096, MP.
José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia T-939 del 8 de septiembre de 2005, expediente T-
1118517, MP. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia SU-387 del 3 de noviembre de 2022,
expediente T-8.573.602, MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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las reglas básicas para asegurar su vigencia y efectividad: […] (vi) que el fallo sea
de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de que pueda ser impugnado y
posteriormente sometido al trámite de la revisión eventual ante la Corte
Constitucional. [énfasis es del original].

123. Conforme lo citado, resulta evidente para la Sala que las sentencias de
tutela son de obligatorio e inmediato cumplimiento desde el momento de su
notificación, pues constituyen decisiones judiciales encaminadas a garantizar de
manera efectiva y urgente la protección de los derechos fundamentales, en tanto
cualquier demora prolonga la vulneración del derecho amparado y vacía de
contenido la acción constitucional.

124. En consecuencia, al ser notificada la Comisión Escrutadora Departamental
de la medida provisional (implica su observancia inmediata) y ser confirmada esta
mediante el fallo constitucional del 8 de abril de 2025, es decir, previo a la
declaratoria de la elección, su actuación no se enmarcó en una falsa motivación
sino, todo lo contrario, en el cumplimiento de una orden judicial de cumplimiento
inmediato.

125. Así las cosas, encuentra la Sala que la Comisión Escrutadora
Departamental acertó al declarar como «votos no marcados» los obtenidos por
Héctor Rangel Palacios Rodríguez, pues, previo a la declaratoria de la elección,
se notificó el fallo de tutela que decidió dejar sin efectos la providencia que ordenó
la inscripción de aquel.

126. Finalmente, la Sala no pierde de vista que la decisión de calificar como no
marcados los votos obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez no
desatiende la voluntad del electorado, sino que se funda en el acatamiento de una
orden de tutela obligatoria, notificada antes de la declaratoria de la elección, que
dejó sin efectos su inscripción.

127. Con el fin de reforzar lo expuesto, se debe reiterar que, en un
pronunciamiento reciente, esta Sala77, con sustento en la sentencia C - 141 del
26 de febrero de 201078, indicó la importancia de observar los procedimientos que
conlleven la manifestación de la voluntad popular. En forma textual, puntualizó:

265. En efecto, aunque la ley permite la modificación de candidatos cuya inscripción
haya sido revocada, no puede perderse de vista que esta facultad debe ejercerse
por los legitimados con apego a las formas y los requisitos previstos en las normas
aplicables, que están diseñados para asegurar que la competencia democrática se
realice en condiciones de transparencia e igualdad. […].

128. En consecuencia, resulta evidente que las actuaciones surtidas en las
etapas preelectoral y poselectoral se ajustaron al principio democrático. En
particular, la actuación de la autoridad escrutadora se fundó en el principio de
legalidad y en el deber de cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales,

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21

de agosto de 2025, radicado: 47001-23-33-000-2023-00265-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
78 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

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condiciones indispensables para la legitimidad del proceso electoral. Estos
mismos aspectos fueron resaltados por el apelante al sostener que el tribunal de
primera instancia incurrió en una inadecuada ponderación entre el principio
democrático y el principio de legalidad.

2.4. Responsabilidad de la RNEC frente al escrutinio y el cumplimiento de
órdenes judiciales

129. La autoridad electoral solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y,
en su lugar, que se le exonere de toda responsabilidad dentro del presente
proceso electoral además de su exclusión de cualquier declaración.

130. En primer lugar, indicó que la sentencia cuestionada incurrió en un error
conceptual al equiparar la pertenencia orgánica de la RNEC con una identidad
funcional frente a las autoridades con competencia decisoria en el escrutinio. Con
ello, según su dicho, desconoció lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución
Política, en el cual no se establece una igualdad competencial, sino una
distribución diferencial de funciones.

131. Nótese, entonces, que lo planteado por el apoderado de la RNEC lleva a
demostrar que dicha entidad se limita al cumplimiento de labores de carácter
técnico, logístico y secretarial, sin que ello suponga intervención ni capacidad
decisoria en el proceso electoral, tales como la de calificar la votación o declarar
resultados.

132. De entrada, la Sala advierte que el planteamiento del apoderado de la
RNEC parte de un presupuesto inexistente en el fallo de primera instancia, pues
en ningún momento dicho pronunciamiento atribuyó a esa entidad competencias
decisorias propias del CNE ni le imputó responsabilidad alguna por la calificación
de votos o la declaratoria de resultados electorales.

133. En otras palabras, la sentencia apelada no efectuó juicio alguno sobre una
supuesta igualdad competencial entre las autoridades electorales, ni desconoció
la distribución funcional prevista en el artículo 120 de la Constitución Política.

134. En tal medida, el reproche formulado carece de objeto, toda vez que no
recae sobre una decisión efectivamente adoptada por el tribunal, sino sobre una
interpretación ajena a las razones de la decisión cuestionada.

135. Así las cosas, conforme a los principios que rigen la segunda instancia, en
especial el de congruencia y el carácter rogado del recurso de apelación, la Sala
únicamente puede pronunciarse sobre los puntos efectivamente decididos y
cuestionados en la providencia recurrida, razón por la cual no hay lugar a emitir
consideración adicional alguna sobre un asunto que no fue materia de decisión
por el juez de primera instancia.

136. De igual forma, dicho planteamiento parte de una premisa ajena a la
naturaleza y finalidad de la nulidad electoral, en cuanto pretende atribuir una

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responsabilidad jurídica a la autoridad electoral que no resulta predicable de este
tipo de control jurisdiccional y tampoco fue objeto de reproche por parte del juez
de primera instancia.

137. En efecto, el juicio que se adelanta en sede de nulidad electoral es
estrictamente objetivo y normativo, orientado a verificar la conformidad del acto
de elección demandado con el ordenamiento jurídico invocado como infringido,
sin que ello comporte la atribución de culpabilidad, salvo los reproches funcionales
que procedan respecto de la actuación de las autoridades que intervinieron en el
procedimiento electoral, como bien lo pudo hacer el tribunal de Antioquia en la
sentencia de primera instancia.

138. Así, el análisis judicial se circunscribe a la validez del formulario E-26 ALC
del 10 de abril de 2025 (de forma indirecta, a los de trámite) como acto definitivo
declarativo de la elección, y no a la eventual responsabilidad administrativa,
disciplinaria o de otra índole de la organización electoral, cuestiones que son
ajenas al ámbito propio y a los efectos jurídicos del medio de control ejercido.

139. De allí que resulte oportuno traer a colación que, si bien el tribunal de
primera instancia concluyó que en las etapas preelectorales y poselectorales se
presentaron ciertos supuestos fácticos que obstaculizaron la inscripción del señor
Palacios Rodríguez a los comicios, los cuales, en su criterio, debieron ser
impedidos por las autoridades encargadas de garantizar el goce efectivo de los
derechos políticos, tales consideraciones no conllevan una imputación de la
responsabilidad.

140. En segundo lugar, se advierte que el apoderado de la RNEC cuestionó la
aplicación del ordinal 3.º del artículo 275 del CPACA, al sostener que la
providencia apelada aludió a presuntas inconsistencias en documentos
electorales sin identificar de manera precisa a la autoridad a la cual podía
atribuirse.

141. Pese lo expuesto, la Sala encuentra que la causal en mención fue
desestimada por el tribunal de primera instancia, en tanto aquella solo se
configura cuando existe una alteración u ocultamiento de la verdad en los
registros electorales, derivada de una falsedad material o ideológica que incida
en ellos, lo cual, en el caso concreto, no tuvo ocurrencia.

142. En ese sentido, no encuentra vocación de prosperidad este reparo, pues,
como se anticipó, el tribunal de primera instancia no encontró configurada la
causal objetiva en mención.

143. En tercer lugar, advirtió que la providencia cuestionada confundió el
cumplimiento de órdenes judiciales con la adopción de decisiones administrativas,
pues, a su juicio, las actuaciones que se le reprochan se limitaron al acatamiento
de medidas dispuestas por órganos judiciales. Frente a este cargo en concreto,
la Sala se permite remitir a las consideraciones expuestas en el acápite anterior,

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bajo el entendido que no tener al señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como
candidato derivó del cumplimiento del fallo de tutela del 8 de abril de 2025.

3. Síntesis del caso y conclusiones

144. En el presente caso fue demandada la elección de Adolfo David Romero
Benítez como alcalde de Apartadó (2024-2027), alegando irregularidades en el
trámite de candidaturas durante las elecciones atípicas.

145. En ese sentido, los demandantes sostuvieron que, tras la revocatoria de la
candidatura inicial de la coalición «Apartadó, Unidos por la Vida», se ordenó
judicialmente la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez, luego
suspendida por tutela. En ese sentido esgrimieron que, pese a obtener la mayoría
de los votos, estos fueron calificados como no marcados por la Comisión
Escrutadora General, que declaró electo al demandado, decisión que estimaron
violatoria del régimen legal electoral.

146. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
consideró que el CNE y la Registraduría de Apartadó impidieron
injustificadamente la modificación del candidato de la coalición «Apartadó, Unidos
por la Vida», al tramitar un recurso infundado que impidió la firmeza de la decisión
que revocó la inscripción, pese a lo dispuesto en el artículo 87.3 del CPACA.

147. Además, señaló que la inscripción de Héctor Rangel Palacios se efectuó
por orden judicial del 28 de marzo de 2025, luego suspendida provisionalmente
por una tutela que carecía de efectos inmediatos. En contraste, afirmó que, en la
fase poselectoral, la Comisión Escrutadora Departamental incurrió en falsa
motivación, falta de competencia y violación del debido proceso al calificar como
no marcados dichos votos y declarar ganador al señor Romero Benítez, sin que
existiera revocatoria previa del CNE.

148. Esta Sala de lo Electoral sostuvo que la inscripción y modificación de
candidaturas debe ceñirse estrictamente a los requisitos y plazos legales fijados
en la Constitución y las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011. En ese orden, encontró
lo siguiente: i) la elección atípica demandada, el término para modificar
inscripciones por revocatoria venció el 22 de marzo de 2025; ii) Para esa fecha,
la resolución del CNE que revocó la candidatura inicial no estaba en firme, pues
fue recurrida en reposición, recurso que conservó interés jurídico pese a un
resultado favorable y a su posterior desistimiento; y iii) en consecuencia, la
negativa de la RNEC a modificar la candidatura fue ajustada a derecho y evitó la
coexistencia de dos aspirantes.

149. También coligió que la Comisión Escrutadora Departamental era
competente para decidir las reclamaciones ante la falta de consenso en la
municipal y que su decisión de calificar como no marcados los votos de Héctor
Rangel Palacios se fundó en un fallo de tutela de cumplimiento inmediato que dejó
sin efectos su inscripción. De igual forma, señaló que la Circular 002 de 2023 fue
aplicada no por una revocatoria del CNE, sino para determinar el efecto material

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del fallo judicial en el escrutinio, por lo que no hubo falsa motivación, sino
acatamiento de una orden judicial constitucional.

150. En conclusión, al prosperar los reparos propuestos por el demandado en
el recurso de apelación, la Sala revocará la nulidad de la elección acusada y, en
su lugar, negará las pretensiones de las demandas acumuladas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de enero de 2026, por medio
del cual la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió que la elección acusada era nula y, en su lugar, declaró a Héctor Rangel
Palacios Rodríguez como alcalde de Apartadó, para el periodo restante 2024-
2027. En su lugar, negar las pretensiones de las demandas acumuladas.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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