Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00012-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00012-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2024-00012-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 85 001 23 33 000 2024 00012 01
Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Violación del régimen de inhabilidades
Numeral 3 artículo 40 Ley 617 de 2000
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que decretó la pérdida
de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el concejal acusado en contra de
la sentencia proferida el 23 de abril de 2024 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
de Casanare, mediante la cual decretó su desinvestidura como concejal del municipio de
Yopal, Casanare, elegido para el período constitucional 2024-2027.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La solicitud de pérdida de investidura
El señor Reyes Emilio Guanaro Vargas presentó demanda de pérdida de investidura en
contra del señor Jhon Jairo Peynado Correa, elegido concejal del municipio de Yopal,
Casanare, para el período constitucional 2024-2027, por considerar que incurrió en la
causal prevista por el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 19941 y para ello solicitó lo siguiente:
[…] Decretar la pérdida de investidura del concejal del Municipio de Yopal JHON JAIRO
PEYNADO CORREA identificado con cédula […].
(mayúsculas y negrillas originales)
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
1
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 85001 23 33
000 2024 00012 01.
2 Ibidem.
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Radicado: 85001 23 33 000 2024 00012 01
Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
La parte accionante informó que el señor Peynado Correa fue elegido concejal del
municipio de Yopal, Casanare, el 29 de octubre de 2023, y que tomó posesión del cargo 2
de enero de 2024.
Aseveró que el mencionado señor celebró el 7 de febrero de 2023 un contrato de prestación
de servicios profesionales con la gobernación de Casanare, que inició el 13 de febrero de
2023 con la suscripción de la respectiva acta y finalizó el 12 de junio del mismo año.
Indicó que, según los estudios previos del 26 de enero de 2023, el Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales nro. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 nro. interno 0473
del 7 de febrero de 2023, debía ejecutarse en el municipio de Yopal, tal y como aparece
consignado en el nro. “8.2 LUGAR DE EJECUCION Zona urbana del municipio de Yopal,
con desplazamientos esporádicos a los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de
Ariporo y Maní”.
Señaló que, en los formatos de autorización de pago de los contratos de prestación de
servicios profesionales y apoyo a la gestión del 14 de marzo de 2023, 19 de abril de 2023,
17 de mayo de 2023, y 15 de junio de 2023, se extracta en su numeral “5. INFORMACIÓN
DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)”, al contratista Jhon Jairo Peynado
Correa le hicieron la retención a favor del municipio de Yopal, por ejecutar las actividades
del contrato en el respectivo municipio.
Agregó que, en el acta resumen fechada el 23 de febrero de 2023, se evidencia que el
acusado sostuvo una mesa de trabajo con la Policía Nacional con sede en el municipio de
Yopal, Casanare, cuya finalidad era dar cumplimiento a las actividades contractuales, y,
adicionalmente, proyectó varios oficios donde solicitó medidas de prevención y protección
para unos ciudadanos con domicilio en la ciudad de Yopal.
Por último, indicó que el concejal tenía conocimiento de su inhabilidad, pues varios medios
de comunicación locales difundieron el informe presentado por la Secretaría de
Transparencia de Presidencia de la República en la que constaba el listado de los
concejales que estaban inhabilitados para contratar con el Estado.
2.- Contestación del concejal demandado
El señor Jhon Jairo Peynado Correa, actuando por conducto de apoderado, contestó la
solicitud y se opuso a las pretensiones, manifestando como argumentos de defensa 3:
Adujo que el solicitante interpuso también en su contra una demanda electoral y allí allegó
una certificación del 11 de diciembre de 2023 suscrita por el director técnico de desarrollo
comunitario en la que se indica que el lugar de ejecución del respectivo contrato fueron los
municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní.
Alegó que desconoce “(…) porqué, con la nueva administración, se presenta una
certificación distinta a la que ya habían realizado en el mes de diciembre de 2023, pero al
parecer dicha información es parcializada, porque, como se puede observar en los estudios
previos, en la parte de “3. DEFINICIÓN TÉCNICA”, se tienen que en el marco del plan
operativo 2023 debería contemplarse la actualización de la ruta de protección y la
realización de jornadas de socialización en los municipios correspondientes, y la realización
de unas jornadas en los municipios de Monterrey, Tauramena, Aguazul, Támara, Paz de
3 Ibidem.
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Ariporo y Maní, además de seguimiento a cada uno de los casos que conoce la Comisión
de Protección de Líderes Sociales y defensores de Derechos Humanos”.
Respecto de la información obrante en la plataforma del SECOP, precisó que, al momento
de la suscripción del contrato, el 7 de febrero de 2023, no se tenía lugar de ejecución, pero
acorde con las actividades contractuales debía cumplirse en los municipios de Monterrey,
Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní.
Acotó que no se configura la causal de inhabilidad y que la parte solicitante hizo una
indebida interpretación del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, por cuanto el contrato
se suscribió con la gobernación de Casanare y su ejecución se hizo fuera del municipio de
Yopal.
Propuso las excepciones de “cosa juzgada, demanda por los mismos hechos (nulidad
electoral – pérdida de investidura”; “inexisencia (sic) de ilegalidad o irregularidad alguna en
el proceso de elección como concejal del municipio de Yopal” y la de “inexistencia de dolo
o culpa”.
3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 23 de abril de
2024, dispuso4:
[…] PRIMERO: NEGAR la excepción de cosa juzgada.
DECRETAR la pérdida de investidura del Sr. JHON JAIRO PEYNADO CORREA, electo
concejal del Municipio de Yopal Departamento del Casanare por el partido Liberal para
el período 2024-2027 su (sic) la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR notificar este fallo por el medio más expedito a las partes y al
agente del Ministerio Público.
TERCERO: En firme esta providencia, ORDENAR comunicar esta decisión a la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Yopal Casanare, al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su cargo.
CUARTO: Ejecutoriado el fallo, DISPONER el archivo del expediente, dejando las
constancias de rigor […].
(mayúsculas y negrillas originales).
Comenzó por pronunciarse frente a la excepción de cosa juzgada invocada por el concejal
y la procedencia de acumular el proceso con el medio de control de nulidad electoral.
Explicó que la institución de la cosa juzgada se estructura a partir de dos premisas, una
objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva, relativa a
los sujetos que intervienen en el proceso.
Indicó que, en el caso concreto, el proceso electoral que se tramitaba en el mismo Tribunal
Administrativo de Casanare para ese momento no tenía sentencia de instancia, por lo tanto,
no había sentencia ejecutoriada proferida en alguno de los dos procesos, lo que era
suficiente para negar la excepción planteada.
4 Ibidem.
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Recordó que la Ley 1881 de 2018 estableció la doble instancia en los procesos de pérdida
de investidura y que “(…) el legislador le asigna al medio de control de pérdida de
investidura de manera principal y exclusiva el estudio de la culpabilidad del elegido por
sobre la nulidad electoral. Por tanto, aún con un fallo de nulidad electoral este carece de
alcance de res iudicata respecto del trasunto de culpabilidad”.
En cuanto a la acumulación, consideró que, ante la existencia de dos procesos, el primero
de nulidad electoral y el otro de pérdida de investidura y atendiendo lo dispuesto por el
artículo 306 del CPACA y por el artículo 148 de Código General del Proceso no procedía
la acumulación, toda vez que tales procesos no se tramitaban por un mismo procedimiento,
por lo que también despachó negativamente esta solicitud.
Al descender al estudio de fondo examinó que estaban reunidos los requisitos para decretar
la desinvestidura del acusado, teniendo en cuenta que se acreditó que el concejal suscribió
con la gobernación de Casanare un contrato de prestación de servicios profesionales, de
donde se desprendía que celebró un contrato con una entidad pública del nivel territorial.
Expuso que también se comprobó que el contrato se celebró durante el año anterior a su
elección como concejal en el municipio de Yopal, ya que las elecciones para los concejos
municipales se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023 y el contrato de prestación de
servicios profesionales se suscribió el 7 de febrero de 2023, por lo que el elemento temporal
de celebrar un contrato dentro del año anterior también estaba acreditado.
En cuanto al requisito consistente en que el contrato se hubiera celebrado en interés propio
o en favor de terceros, analizó que el contrato de prestación de servicios profesionales es
un contrato estatal típico, en tanto es un acto jurídico generador de obligaciones en el que
interviene una entidad estatal, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Señaló que la gobernación del Casanare, mediante el contrato suscrito con el señor
Peynado el 7 de febrero de 2023, pactó que éste se obligaba a “realizar la asistencia y
acompañamiento en la elaboración y ejecución del Plan operativo 2023 de la Comisión
departamental de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, para
que éste a su vez fuera remunerado con el pago de $17.592.960.oo incluidos los impuestos
y costos a que hubiere lugar, en cuatro pagos mes vencido, según el ítem o cláusula cuarta
del contrato.
De manera que, la contraprestación remuneratoria a favor del contratista, consistente en el
pago de una suma de dinero amparado por la celebración del contrato estatal, además de
ser legítima, a la luz de las normas de contratación estatal, representaba el interés o
provecho para sí como ingrediente normativo necesario para tipificar la causal de pérdida.
Respecto al lugar de ejecución, señaló que se trataba de uno de los temas de álgido debate
entre los sujetos procesales y que la aparente contradicción entre las certificaciones sobre
el lugar de ejecución del contrato y el hecho de la proyección de documentos en la ciudad
de Yopal serían resueltas e interpretadas “conforme al diseño obligacional del contrato de
prestación de servicios”. Para ello manifestó que la Sala no compartía la tesis del acusado,
porque las obligaciones contractuales tenían al menos dos ámbitos específicos, uno el
marco propio de la extensión del departamento del Casanare, y otro específico, restringido
a los respectivos municipios.
Expuso, además:
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[…] las obligaciones omnicomprensivas territorialmente del Departamento del Casanare
corresponden a la elaboración del Plan de Trabajo 2023 de la Comisión Departamental de
Protección de Líderes Sociales y Defensores de Derechos humanos. Llama la atención que
el contratista debía brindar asistencia y acompañamiento a 4 sesiones de la Comisión
Departamental de Protección a líderes sociales y Defensores de derechos Humanos a fin
de socializar el plan operativo 2023, la aprobación y actualización de la ruta de protección a
líderes sociales y defensores de derechos humanos, el seguimiento a los casos conocidos
por la comisión sobre amenazas a estos, consolidando una matriz de seguimiento que
además contendría entre otros el nombre e identidad y municipio de residencia del
amenazado, y actualizar la ruta de protección a estos líderes y defensores de derechos
humanos a partir de la ruta aprobada en el año 2022 para su refrendación en el año 2023.
Concluyó que estas obligaciones no estaban limitadas a unos municipios porque la
actividad de la Comisión Departamental de Protección de Líderes Sociales y Defensores
de Derechos Humanos del departamento del Casanare correspondía íntegramente al
departamento y no a unas municipalidades, y que desde los estudios previos se mencionó
la existencia de 174 líderes amenazados en Casanare.
Aseguró que las obligaciones del ámbito departamental eran distintas de las específicas
referidas a los municipios que como entidades territoriales son diferentes, sin que pudiera
pensarse que el contratista durante el plazo de ejecución se ocupara en exclusiva de
realizar cinco talleres en 10 horas o que para su preparación y ejecución ocupó cuatro
meses, por lo que el precio del contrato abarcaba las diferentes obligaciones a desarrollar
en dos ámbitos, uno macro con los asuntos de asistencia y acompañamiento a la comisión
departamental, y otro focalizado a capacitación en sitio en los municipios.
Por otra parte, frente a la declaración rendida el 1 de abril de 2024 por la supervisora del
contrato y, a la vez, directora de desarrollo comunitario adscrita a la secretaría de gobierno
del departamento de Casanare, consideró que la misma carecía de suficiente fuerza
probatoria y de convencimiento para concluir que el lugar de ejecución del contrato con el
señor Peynado eran exclusivamente los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz
de Ariporo y Maní, pues la señora Angela Liliana Pérez Gómez había sido supervisora de
179 contratos, situación que le impedía recordar de forma precisa la ocurrencia de los
hechos respecto del lugar de ejecución de este contrato; para ello puso de presente, entre
otras imprecisiones, lo sucedido con la primera sesión ordinaria de la Comisión de Líderes
y defensores de derechos humanos del 27 de febrero de 2023.
Entre los diferentes cuestionamientos que hizo a la declaración de la testigo, destacó:
[…] no puede pasarse por alto que el objeto central del contrato de prestación de servicios
era el acompañamiento a una Comisión del Orden y ámbito de funcionamiento en todo el
Departamento, que las sesiones de la comisión se realizaban en Yopal donde efectivamente
se acompañaba a dicho estamento en el desarrollo de un plan operativo, que en palabras
de la misma demandada se conformaba con varios entidades aun del orden nacional la
mayoría con sede en Yopal, y que en esa misma sesión asistieron a la capital del
Departamento para actuar mancomunadamente en la formación del plan operativo del año
2023 en que activamente intervino el Sr. Peynado en la capital del Departamento.
Consideró que el contrato del señor Peynado también había sido ejecutado en el municipio
de Yopal, lo que se desprendía de las manifestaciones escritas del contratista realizadas el
15 de junio de 2023, en el oficio dirigido a la gobernación del Casanare, dirección técnica
de contabilidad titulada “Ref. Declaración juramentada para la deducción de la retención en
la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria “rentas de trabajo”
originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios”.
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Para ello, descendió en el examen de la naturaleza del impuesto de industria y comercio,
el ámbito espacial de la realización del hecho generador, e indicó que “el contrato suscrito
por el sr. Peynado para efectos del ICA corresponde a una actividad de servicios, pues, la
prestación en el contenida, es una de aquellas destinadas a satisfacer necesidades de la
comunidad, representada en el hecho de asistir en la elaboración y ejecución del plan
operativo 2023 de la Comisión Departamental de Protección de Líderes Sociales y
Defensores de Derechos Humanos”.
Agregó que el Acuerdo nro. 020 del 9 de diciembre de 2022 del concejo municipal de Yopal
establece que “están obligados a presentar una declaración del impuesto de industria y
comercio por cada período bimestral y/o anual, los sujetos que realicen dentro del territorio
de la jurisdicción del municipio de Yopal, las actividades que de conformidad con las normas
sustanciales están gravadas o exentas del impuesto”.
Destacó que el apoderado del acusado manifestó que su cliente se vio forzado a firmar un
formato preestablecido por el agente retenedor que no se podía cambiar y que el pago del
ICA del año 2024 estaba por realizarse sin que pudiera corregirse esa situación; al efecto,
el a quo señaló que no compartía esa apreciación, pues el contratista es un co- contratante
colaborador de la administración y el contrato estatal no es de adhesión. Así mismo, que
el formato de retención permitía informar cualquier cambio de la situación del contribuyente,
sin olvidar que, si el contrato de prestación de servicios no era ejecutado en el municipio de
Yopal, no realizaba la actividad de servicios gravada con el ICA y tampoco podía la
gobernación del Casanare practicar la retención con destino al municipio de Yopal.
Indicó que “(…) fue la conducta libre y eficiente del contratista en indicar que en el municipio
de Yopal se ejecutó el 100% del contrato de prestación de servicios, que obligaba a la
Gobernación del Casanare a practicar la retención en la fuente del ICA con destino al
Municipio del Casanare por ser el lugar de la realización de la actividad gravada con el ICA
del contrato del Sr. Peynado”.
En cuanto al elemento subjetivo, afirmó que no compartía las apreciaciones de la parte
demandada, ya que del acervo probatorio, junto con las circunstancias funcionales, las
personales del demandado y las de modo, tiempo y lugar, y teniendo en cuenta lo previsto
por la Ley 153 de 1887 y el artículo 63 del Código Civil, así como su formación académica,
ya que se trata de un profesional en administración de empresas, aunque no tenía la
profesión de abogado, su formación profesional como administrador lo ponía en una
situación de tener la capacidad de gerenciar compañías, articular, coordinar y dirigir
proyectos tanto privados, como sociales o comunitarios, así como comprender los
elementos que configuraban la inhabilidad.
Analizó que tampoco probó que hubiera consultado a la organización electoral o a un
profesional del derecho para despejar cualquier aspecto que pudiera afectar, o bien la
inscripción como concejal de Yopal o el ejercicio de la edilatura, y despejar si, por las
circunstancias de ejecución del contrato de prestación de servicios, ello tenía alguna
implicación para su ejercicio político.
Anotó que “tanto la parte demandante como el Ministerio Público manifestaron que por
medios de comunicación locales de Yopal, fue difundida ampliamente la situación de 8
candidatos al Concejo de Yopal que estarían inhabilitados para ocupar el cargo, que si bien
las mismas no fueron confirmadas por el periodista que elaboró el artículo, también resulta
cierto que tal información corrió en el municipio de Yopal extraída de la data de la secretaria
de trasparencia de la Presidencia de la República del 17 de octubre de 2023”.
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Agregó que “no era para nada complejo llegar al informe de la Secretaría de Transparencia
de la República, fácilmente por internet puede obtenerse en el link
https://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/553-candidatos-concejos-y-
alcald%C3%ADas-municipales-podr%C3%ADan-estar incursos-en- una-inhabilidad-para-
las-elecciones-regionales, para luego encontrar documento de Excel bases de datos y
verificar la información del 17 de octubre de 2023, encontrar que en la casilla 126 aparecía
reportado el Sr Peynado, con inhabilidad por el contrato de prestación de servicios”.
Por todo lo expuesto, consideró que estaba acreditada la adecuación típica de la conducta
y el aspecto subjetivo, por lo que había lugar a declarar la desinvestidura del acusado.
4.- El recurso de apelación presentado por el concejal demandado
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, el apoderado del concejal interpuso recurso de apelación, pidiendo que
fuera revocada y para ello expuso5:
Que el a quo sustentó la decisión de pérdida de investidura en los elementos de la norma;
sin embargo, consideró que éste desplegó de forma oficiosa el análisis de disposiciones
inexistentes, dio por probado el elemento subjetivo de la actuación por el hecho del concejal
tener la profesión de administrador y porque se pronunció respecto del pago del impuesto
de industria y comercio.
Consideró que al fallador de primera instancia le está vedado hacer una complementación
oficiosa de las normas invocadas por la parte solicitante o estudiar elementos no fijados en
las mismas, lo que hacía más gravosa la situación del demandado, ya que dicha
interpretación culminó con la configuración de la causal.
Alegó que el solicitante no hizo una adecuación objetiva de la conducta que presuntamente
cometió el acusado, ni mucho menos encuadró si dicha conducta era a título de dolo o de
culpa.
Aseveró también que el solicitante se equivocó al exponer de manera tácita que la
inhabilidad se consumó el 13 de febrero de 2023 al suscribir un contrato de prestación de
servicios con la gobernación del Casanare porque: (i) la certificación solo informa de
manera puntual la suscripción del contrato con la gobernación del Casanare, no que dicho
contrato se suscribió para ser ejecutado en el municipio de Yopal; (ii) la gobernación no es
de Yopal, como lo indicó el tribunal, sino de Casanare.
Manifestó que, contrario sensu, como lo ha señalado el Consejo de Estado, es la
celebración del contrato y no las etapas subsiguientes las que configuran la inhabilidad6, y
que no se encuentra en la norma, ni se avizora en la jurisprudencia, que exista causal que
incorpore las etapas siguientes a la celebración, como, por ejemplo, la ejecución; y que, por
lo tanto, el tribunal no tenía la autoridad para interpretar la norma de manera extensiva o
inventar situaciones ficticias que no estén explícitamente contempladas en el texto.
Adujo que la ejecución del contrato de prestación de servicios se llevó a cabo en municipios
distintos al de Yopal, Casanare, lo que no es difícil de demostrar, ya que la minuta establece
5 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de noviembre de 2008.
Expediente radicación 2008-00316-00.
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claramente su objeto, el lugar de ejecución y su valor, y que la evidencia presentada en la
minuta del contrato respalda esta interpretación, reforzando la posición de que la norma se
aplica al acto de suscribir el contrato y no a sus etapas posteriores.
Indicó que se hizo una inadecuada valoración del elemento objetivo, pues, tanto en los
estudios previos, como en la minuta del contrato, se dejó claro que la ciudad de Yopal no
estaba dentro de los municipios donde se debía ejecutar el contrato, y por el hecho de
mencionar a Yopal en un estudio previo, no significa que el contrato se hubiera ejecutado
allí.
Señaló que el tribunal se equivocó al afirmar que las obligaciones no estaban limitadas a
unos municipios, como quedó claro en el interrogatorio practicado a la supervisora del
contrato, quien afirmó que no se estableció el municipio de Yopal, Casanare, porque ya
estaba cubierto y no había necesidad de integrarlo como lugar de ejecución del
demandado.
Aludió que las manifestaciones sobre el plazo de ejecución y el número de talleres de 10
horas son características de la ejecución del contrato, no de la suscripción. También
consideró relevante señalar que “las horas dedicadas, los talleres realizados y la
celebración de actividades en la biblioteca de la Gobernación del Casanare son eventos
que ocurren después de la celebración del contrato, una situación que la norma no
contempla. Al ser taxativa, la norma solo castiga la celebración del contrato y no su
ejecución ni las actividades que puedan surgir posteriormente”.
Sostuvo que el a quo llegó la conclusión de que se configuró la inhabilidad debido a varios
factores: los descuentos de industria y comercio, lo que consideró un grave error de
interpretación y una extensión inapropiada de las causales sancionatorias y/o de
inhabilidad, lo que se sustentó en la naturaleza del impuesto de industria y comercio que
es posterior al contrato, incluso después de su ejecución.
En lo que respecta al elemento subjetivo, afirmó que la sentencia de primera instancia
adolece de un análisis insuficiente, además de no aplicar la normatividad de manera integral
y precisa.
Consideró evidente que, al emitir su dictamen, el fallador de primera instancia amplió de
manera incorrecta las causales de pérdida de investidura estipuladas en la Ley 617, en
concordancia con la Ley 136.
Añadió que se tomaron como base para la decisión la firma errónea de algunas
certificaciones de deducciones de industria y comercio en un lugar distinto al de ejecución
del contrato, cuando tanto la ley como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, sin citar cual, ha dejado claro que las causales sancionatorias son
taxativas y no pueden ser ampliadas o interpretadas de manera distinta.
Destacó la diferencia entre la acción de nulidad electoral y la pérdida de investidura, para
lo cual citó jurisprudencia de esta Corporación7 e indicó que no se puede perder de vista
que la nulidad del acto electoral o de designación no es una sanción contra el que resultó
elegido, como sí lo es la pérdida de investidura, hecho que implica que el juez de una y otra
acción estén obligados a efectuar exámenes diversos.
7 “Sentencia 11001-03-15-000-2014-03886-00”.
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Cuestionó lo señalado por el tribunal frente a la configuración del elemento subjetivo, al
exigirle un nivel de prudencia y de aptitud estratégica para indagar sobre su situación
contractual profesional previa a la inscripción como candidato al concejo municipal de
Yopal, y que ello generaba un prejuzgamiento o desventaja.
Manifestó que el tribunal se equivocó al afirmar que la relación contractual se ejerció en el
municipio de Yopal, no solo por establecer que el acusado, al ser administrador, debería
prever las situaciones que podrían afectar su empresa, ya que, al tenor literal de la norma
y la taxatividad de la misma, tenía conocimiento de que la pérdida de investidura se
materializa con la celebración del contrato mas no con actos posteriores a dicha
celebración, mucho menos frente situaciones de terceros o circunstancia fuera de la
voluntad de a quien se le realice el juicio de reproche.
Anotó que, no es en el objeto de un contrato estatal donde se establece el lugar de
ejecución, sino en la cláusula que así lo prevea, como en este caso, donde tanto en los
estudios previos como en la minuta del contrato se dejó claro cuáles eran los lugares de
ejecución, cuál era el alcance del objeto a contratar y la población beneficiaria, y que en el
proceso se tuvieron en cuenta los estudios previos, únicos documentos que para el
momento de suscribir el contrato podía conocer el demandado, por lo que no se puede
hablar de un actuar culposo y mucho menos doloso de su poderdante al momento de
suscribir el contrato, pues los estudios previos señalaron que la ejecución se llevaría a cabo
en municipios del departamento de Casanare, sin tener en cuenta la ciudad de Yopal.
Adujo que el a quo fincó su decisión en la existencia de una cláusula accesoria y existente
en absolutamente todos los contratos estatales, como lo es la de obligaciones, “numeral 8
de la cláusula tercera”, “las demás actividades que disponga el supervisor y que sean
atinentes al objeto del contrato”, lo que también era erróneo para tener como ejecución del
objeto contractual el municipio de Yopal, Casanare.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 24 de mayo de 20248.
5.- Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Quinta por acta de reparto del 11 de junio de
20249.
5.2. Por auto del 12 de junio de 2024 el Consejero de conocimiento de la Sección Quinta
dispuso su remisión a la Sección Primera del Consejo de Estado10 y el expediente fue
asignado por reparto a esta Sección el 21 de junio de 202411.
5.3. Por auto del 2 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación, se rechazaron las
pruebas solicitadas en segunda instancia y se rechazó de plano la solicitud de nulidad
presentada por la parte recurrente12.
8 Ibidem.
9 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
10 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
12 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
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9
Radicado: 85001 23 33 000 2024 00012 01
Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 15 de julio de 202413.
5.5. El proyecto de fallo fue registrado el 26 de febrero de 202514.
5.6. Por memorial radicado el 27 de febrero de 2025 el concejal acusado solicitó a los
integrantes de la Sala se declararan impedidos o en su defecto “se entiendan RECUSADOS
de seguir conociendo la solicitud de PÉRDIDA DE INVESTIDURA que se adelante en mi
contra, comoquiera que ya se (sic) fueron recusados por el ciudadano OROMAIRO
AVELLA BALLESTEROS mediante escrito radicado el 31 de enero de 2025, por pleito
pendiente entre las mismas partes y por el mismo asunto”15.
Por memorial radicado el 27 de febrero de 2025 el concejal acusado designó apoderado,
quien reiteró la recusación que ya había formulado el accionado contra los Consejeros que
integran la Sección Primera de esta Corporación16.
5.7. Por escrito del 5 de marzo de 2025 los Consejeros integrantes de la Sección Primera
de la Corporación se pronunciaron frente a los escritos de recusación manifestando que no
aceptaban las referidas recusaciones e indicaron que “a raíz de las precitadas
recusaciones, la Sala retiró para discusión el proyecto de fallo en el presente asunto que
se había registrado en la Sala de Sección convocada para el 6 de marzo de 2025, con el
fin de dar el trámite correspondiente a dichas recusaciones en los términos del artículo 132
del CPACA”17.
5.8. El expediente fue remitido por reparto a la Sección Segunda para resolver las
recusaciones18 y asignado por reparto del 11 de marzo de 2025 al despacho del Consejero
Juan Camilo Morales Trujillo19.
5.9. Por auto del 7 de abril de 2025 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró infundada la recusación formulada por la parte demandada contra los
Consejeros que conforman la Sección Primera de la Corporación20.
5.10. Se registró devolución del expediente según anotación del 15 de mayo de 202521y el
proceso fue reactivado el 26 de mayo de 2025 para remitirlo de nuevo a la Sección Primera
de esta Corporación22.
13 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
14 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
15 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
16 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201. Así mismo ver índices 36, 37 y 38 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 85001233300020240001201.
17
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
18 Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
19 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
20
Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
21 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
22 Visto en los índices 55 y 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
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Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
5.11. Remitido a la Sección Primera23, el expediente ingresó a despacho para sentencia el
26 de mayo de 202524.
5.12. Dado que por memorial del 5 de marzo de 2025 el apoderado del señor Jhon Jairo
Peynado Correa había solicitado el decreto de unas pruebas en esta instancia, por auto del
6 de junio de 2025 se resolvió sobre la petición probatoria en el sentido de: (i) estarse a lo
resuelto en el auto del 2 de julio de 2024 “en cuanto a las documentales relacionadas con
las declaraciones del impuesto de industria y comercio en los municipios de Agua Azul,
Maní, Paz de Ariporo y Támara, del departamento de Casanare, que en dicha providencia
fueron rechazadas como pruebas en esta instancia” y (ii) rechazar como prueba en esta
instancia la documental aportada por el apoderado del señor Jhon Jairo Peynado Correa,
relacionada con el reporte de declaración y pago del impuesto de industria y comercio en
el municipio de Monterrey, Casanare”25.
5.13. En contra de la decisión contenida en el auto del 6 de junio de 2025 el apoderado del
acusado interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación26 y una vez surtido el
correspondiente traslado27 y descorrido el mismo28, por auto del 15 de julio de 2025 el
despacho ponente dispuso: (i) confirmar el auto recurrido; (ii) rechazar las solicitudes de
compulsa de copias y de sanción según lo previsto por el artículo 295 del CPACA
formuladas por la parte actora y (iii) darle a la apelación subsidiariamente interpuesta por el
apoderado del acusado el trámite de recurso de súplica29.
5.14. En la fecha del 29 de julio de 2025 el expediente pasó al despacho del Consejero
Germán Eduardo Osorio Cifuentes para resolver el recurso de súplica30.
5.15. Por auto del 27 de noviembre de 2025 la Sala de la Sección decidió el recurso de
súplica en el sentido de confirmar el auto del 6 de junio de 202531.
5.16. El expediente ingresó de nuevo para fallo el 16 de diciembre de 202532.
23 Visto en el índice 57 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
24 Visto en el índice 58 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
25 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
26 Visto en el índice 63 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
27 Visto en el índice 66 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
28 Visto en los índices 68 y 69 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
29 Visto en el índice 72 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
30 Visto en el índice 77 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
31 Visto en el índice 84 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
32 Visto en el índice 89 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
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Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 33 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201934
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 de 2024, que regula la distribución de los asuntos entre las secciones35.
2.-Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se acreditó que el señor Jhon Jairo Peynado Correa fue elegido concejal del municipio
de Yopal, Casanare, para el período constitucional 2024-2027, por el Partido Liberal
Colombiano, con copia del formulario E-27 CON36, de la organización electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, credencial expedida el 4 de noviembre de 2023
por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal y no se discute que no haya
tomado posesión del cargo. Por lo tanto, el concejal demandado es sujeto pasivo de la
presente acción de pérdida de investidura.
3.- Cuestión previa
La Sala, previo a resolver, considera pertinente recordar que el parágrafo del artículo 1
de la Ley 1881 de 2018 establece que, cuando una misma conducta haya dado lugar a
una acción electoral y a una de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer
fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados,
excepto en relación con la culpabilidad, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida
de investidura. Allí igualmente se indica que, en todo caso, la declaratoria de pérdida de
investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en
cuanto a la configuración objetiva de la causal.
En este caso, se observa que, en el proceso con radicado 85 001 23 33 000 2023 00131
02, se promovió demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del demandado
en el presente asunto, como concejal del municipio de Yopal, el cual fue conocido en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Casanare que, en Sentencia del 2 de
mayo de 2024, declaró la nulidad de su elección, por incurrir, entre otros, en la inhabilidad
señalada en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, ello con fundamento en
que suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales con la gobernación del
Casanare, el cual fue ejecutado en el municipio de Yopal.
33 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
34 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
35 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
36 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.Anexosdemanda.
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Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
Contra la anterior decisión el demandado y los dos terceros impugnadores reconocidos
en el proceso, interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron conocidos y
decididos por la Sección Quinta de esta Corporación, mediante la Sentencia del 20 de
marzo de 2025, que dispuso37:
[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad del acto de elección del señor
Jhon Jairo Peynado Correa como concejal del municipio de Yopal, para el período 2024-
2027, contenido en el formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023, expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal.
SEGUNDO: Remitir copia digital del expediente a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, para que, de encontrarlo procedente, examine la conducta de los abogados
Edelberto Arenas, identificado con cédula de ciudadanía (…) y tarjeta profesional (…) y
Edwin Fernando Gómez González, identificado con cédula de ciudadanía (…) y tarjeta
profesional (…), de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: Advertir al señor Jhon Jairo Peynado Correa sobre la consecuencia prevista
en el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, por la presentación de solicitudes
improcedentes y dilatorias.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen
[…].
(mayúsculas y negrillas originales).
Para decidir en dicho sentido, la Sección Quinta analizó lo siguiente, que por su
importancia e impacto en la presente decisión, se transcribe in extenso:
[…] 122. Con tales precisiones, se advierte que, en este caso, el elemento material de
la inhabilidad se determinó por la celebración del contrato de prestación de servicios
CAS-OAJ-CDPSP-0317-202336 entre el señor Jhon Jairo Peynado Correa con una
entidad pública, para el caso, la Gobernación de Casanare. Así mismo, se verificó el
elemento temporal porque el contrato fue suscrito el 7 de febrero de 202337, es decir,
dentro del año anterior a su elección como concejal, ocurrida el 29 de octubre de 2023.
123. Ahora bien, cuando la jurisprudencia afirma que esta causal se define por el hecho
de celebrar o suscribir el contrato, lo hace con el fin de aclarar que esto debe haber
ocurrido en el año que precede a la elección correspondiente. Por lo tanto, quedan
excluidos del estudio los actos posteriores a ese momento, como la ejecución o
liquidación, aunque hayan ocurrido dentro del lapso indicado.
124. Sobre el punto, esta sección ha explicado que “la ejecución de los contratos no es
tenida en cuenta para la configuración de este motivo inhabilitante, comoquiera que, se
itera, su estudio recae exclusivamente en el día en que tuvo lugar el perfeccionamiento
de las voluntades que llevaron a la existencia del vínculo contractual, de conformidad
con los requisitos que para el efecto erige la Ley”38.
125. De esta forma, el juez electoral busca, precisamente, respetar el carácter taxativo
y restrictivo de estas prohibiciones, atendiendo al verbo rector que utiliza la disposición.
(…)
126. Por otra parte, la ejecución del contrato viene a ser un aspecto determinante para
configurar la inhabilidad que se estudia, no por el momento en que se cumplen las
37 Visto en el índice 88 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 85001
23 33 000 2023 00131 02.
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Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
obligaciones, sino por el lugar en que ello ocurre, es decir, por cuenta del elemento
territorial de la causal. En tal sentido, como se anotó previamente, el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994 exige expresamente que “los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”.
127. Este factor constituye el núcleo de las inconformidades de los apelantes, quienes
sostienen que el contrato no se ejecutó en Yopal, sino en los municipios de Monterrey,
Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní.
128. Para sustentar su afirmación, remiten exclusivamente a las cláusulas del contrato
y reprochan que el tribunal valorara documentos adicionales.
129. Frente a esta inconformidad, es necesario destacar que esta sección ha señalado
respecto al elemento territorial de la inhabilidad por celebración de contratos con
entidades públicas que su verificación pasa por una valoración integral de los
documentos aportados al proceso.
130. En tal sentido, se ha explicado que este factor “en algunas ocasiones exige que,
además [de] que se verifique lo pactado y lo estipulado en los estudios previos, se revise
el lugar donde se despliegan las actividades pactadas, conforme las pruebas allegadas
al expediente, cuya valoración se hace en conjunto”39.
131. Siendo así, no es aceptable la postura propuesta en las apelaciones, en cuanto a
limitar el estudio del cumplimiento del contrato a este solo documento, como “prueba
principal”.
132. Por el contrario, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, “[l]os estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato”, lo que torna estos antecedentes del
negocio en pruebas necesarias, pertinentes y útiles, a la hora de constatar los lugares
donde el contratista lo ejecutó o debía ejecutarlo.
133. Lo mismo ocurre con los informes que exige la entidad contratante, pues contienen
el detalle de las actividades desempeñadas, con el fin de constatar el debido
cumplimiento de las obligaciones pactadas y justificar el pago de los honorarios
acordados, a través del supervisor, encargado de “vigilar permanentemente la correcta
ejecución del objeto contratado”40.
134. Sin perjuicio de lo anterior, pueden existir documentos adicionales en el expediente
contractual que contribuyan a esclarecer el factor territorial al que se viene haciendo
referencia, lo que dependerá de las características de cada caso.
135. Hechas las anteriores precisiones, se tiene que el tribunal verificó en primera
instancia que el municipio de Yopal fue el territorio en el que se cumplieron las
obligaciones contratadas, a partir de lo que consta en los siguientes documentos:
a) Estudios previos No. 2023-00566 del 26 de enero de 2023. De este insumo
destacó el numeral 8.2., según el cual el lugar de ejecución correspondía a la “Zona
urbana del municipio de Yopal, con desplazamientos esporádicos a los municipios
de Monterrey, Aguazul, Támara y Paz de Ariporo y Maní (CASANARE YOPAL).
b) Contrato electrónico SECOP II, CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (No. interno 0473).
Constató que allí se señaló a Yopal como “Municipio de ejecución del contrato”.
c) Comunicaciones. Se trata de cuatro oficios firmados por el secretario de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare, dirigidas a
diferentes autoridades entre febrero y mayo de 2023, “en cuyo encabezado se
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evidencia que fueron suscritos en el municipio de Yopal” y en los que aparece el
demandado como la persona que los proyectó, en la calidad de “Profesional de
apoyo CTO No. 0473-2023”.
d) Circulares. Son dos, de febrero y marzo de 2023, en las que el mismo secretario
referido antes, convocaba a sesiones a los integrantes de la “COMISION (sic)
PROTECCION (sic) DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DDHH”, igualmente
elaboradas por el demandado, en las que Yopal (Casanare) se señala como lugar
de emisión.
e) Lista de asistencia a taller. Actividad realizada el 4 y 5 de mayo de 2023, en la
Biblioteca Pública Departamental, en el municipio de Yopal, para la “actualización
planes DDHH y contingencia”, con la participación del demandado.
136. Adicionalmente, el tribunal advirtió que, aunque lo anterior es “suficiente razón para
encontrar configurado el elemento espacial o geográfico”, tuvo en cuenta las
declaraciones juramentadas del contratista, suscritas el 14 de marzo, 19 de abril, 17 de
mayo y 15 de junio de 2023.
137. Explicó que estos documentos fueron presentados “para la deducción de la
retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria
“rentas de trabajo” originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios”.
Igualmente, observó que el señor Peynado Correa manifestó en ellos que “los servicios
del contrato (…) fueron ejecutados en el municipio de Yopal (100%)”.
138. Revisados los documentos previamente relacionados, la Sala constató su
contenido y, en efecto, ponen en evidencia que el contrato en referencia fue cumplido
en Yopal, que corresponde al mismo municipio donde fue elegido el señor Jhon Jairo
Peynado Correa como concejal.
139. En primer lugar, se resalta de los estudios previos que el lugar de ejecución (8.2)
fue delimitado de forma clara en la “Zona urbana del municipio de Yopal, con
desplazamientos esporádicos a los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara y Paz de
Ariporo y Maní (CASANARE YOPAL)”.
140. En cuanto a las actividades, el mismo documento describió seis ítems, de los cuales
únicamente el número 5 se refiere a “Realizar cinco (5) talleres de capacitación a líderes
sociales y/o defensores de Derechos Humanos de los municipios de Monterrey,
Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, con una duración de dos (2) horas y un aforo
mínimo [de] diez líderes por municipio, en los que se socialice la ruta de prevención y
protección actualizada”.
141. Lo anterior es consecuente con el objeto a contratar, que según el mismo insumo
estuvo dirigido a “realizar asistencia y acompañamiento en la elaboración y ejecución
del plan operativo 2023 de la Comisión Departamental de líderes sociales y defensores
de Derechos Humanos”.
142. En tal sentido, allí se advirtió que expresamente, “[e]l desarrollo de este objeto,
implica que el profesional que se contrate debe trabajar de manera articulada con las
entidades que conforman la mencionada Comisión, como es: Policía Nacional, Unidad
Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación seccional Casanare, Procuraduría
Regional de Casanare, Defensoría del Pueblo Regional Casanare, Ministerio del Interior
y Unidad para las Víctimas”.
143. De manera que los términos en que fue definida la necesidad que justificó el
contrato CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (No. interno 0473) señalaron su desarrollo en los
cinco municipios que subrayan los apelantes, pero también en Yopal. De hecho, como
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Radicado: 85001 23 33 000 2024 00012 01
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Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
reconocen los mismos reconocen (sic), la citada comisión estaba integrada por
entidades que, aunque no hacen parte del gobierno municipal de Yopal, sí operan en la
capital de Casanare, y desde el inicio estaba anunciado que el contratista debía
interactuar con ellas.
144. Por su parte, en el contrato celebrado entre el demandado y la Gobernación de
Casanare, tanto en su minuta como en la descripción de la ficha de SECOP II, se
reprodujeron el objeto y las actividades expresadas en los estudios previos. En
consecuencia, de su contenido se desprenden las mismas conclusiones en lo que
concierne a los lugares en que debían cumplirse las obligaciones, que incluyeron al
municipio de Yopal.
145. Sumado a lo anterior, los informes de actividades del contratista señalan como lugar
de elaboración el municipio de Yopal y varios de los anexos indican que las mesas de
trabajo y sesiones de la comisión, con la participación del señor Jhon Jairo Peynado
Correa, se llevaron a cabo en los siguientes lugares:
• Estación de Policía Nacional Casanare (23 de febrero de 2023)
• Comando de Policía y sede de la XVI Brigada del Ejército (23 de febrero de 2023)
• Defensoría del Pueblo, Yopal (27 de febrero y 9 de marzo de 2023)
• Biblioteca Pública Departamental, Yopal (4 y 5 de mayo de 2023)
146. Igualmente, se anexaron a los informes una serie de circulares y oficios que, como
lo advirtió el tribunal, fueron proyectados por el demandado, en calidad de contratista,
con indicación de Yopal como el lugar de emisión, por ejemplo:
• Oficios 410-200-85-080 de 14 de febrero de 2023, 410-200-85-079 de 14 de febrero
de 2023, del secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de
Casanare, a la Subdirección de Evaluación del Riesgo de la UNP.
• Oficio 410-200-85-081 de 14 de febrero de 2023, del secretario de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana de Casanare, al comandante del Departamento
de Policía de Casanare.
• Circular 400-30-10 de 10 de marzo de 2023, del secretario de Gobierno, Convivencia
y Seguridad Ciudadana de Casanare (E), a las entidades integrantes de la Comisión
de Protección de Líderes y Defensores de Derechos Humanos.
147. Del mismo modo, en las declaraciones juramentadas adjuntas a cada informe de
actividades, «para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales
pertenecientes a clasificación tributaria “rentas de trabajo” originadas en la modalidad de
contrato de prestación de servicios», el propio contratista manifestó de forma idéntica
que “los servicios del contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 y No. Interno
0473 fecha 2023-02-07, fueron ejecutados en el municipio de Yopal (100) y me
comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios
obtenidos” (negrillas originales de la sentencia).
148. Respecto a estos documentos, contrario a lo que consideran los apelantes, no son
“impropios” ni ajenos al contrato, sino que hacen parte del expediente contractual, como
anexos a los informes que tienen por objeto definir un factor del pago de los honorarios
del contratista. De hecho, fueron remitidos por la entidad contratante, dentro de la
carpeta del contrato. En esa medida, sí resultan útiles y pertinentes para corroborar la
información sobre la ejecución de las obligaciones, que constan en otros soportes.
149. Ahora bien, sobre la corrección contable que aduce el apoderado del Concejo de
Yopal en el recurso de apelación, la Sala advierte que, además de que no aportó
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pruebas para demostrarlo, no fue un argumento expuesto por el demandado para
controvertir la decisión ni para ejercer su defensa en la contestación de la demanda.
150. Al respecto, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 71 del Código General del
Proceso, el coadyuvante “podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que
ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del
derecho en litigio”, lo cual determina los términos en que puede intervenir el tercero.
151. Por otra parte, frente al argumento de la apelación del demandado, según el cual
la entidad contratante es departamental y no corresponde al municipio de Yopal, se
recuerda que la causal de inhabilidad contempla la celebración de contratos con
entidades públicas “de cualquier nivel” y el aspecto determinante es que el lugar de
ejecución coincida con el de la elección, como se constató.
152. Adicionalmente, la Sala desestima la censura sobre la inexistencia de ventajas al
demandado por cuenta del contrato que celebró, teniendo en cuenta que la ley no
contempla este ingrediente al momento de consagrar la causal de inhabilidad que se
estudió. Es importante señalar que los beneficios electorales que pudieran derivarse
para un candidato por cuenta de la celebración de un contrato con una entidad pública
tienen que ver con la finalidad de la inhabilidad, pero no es un aspecto que deba
constatarse para efectos de su configuración.
(…)
155. Se concluye de lo discurrido que en el caso concreto se constataron de forma
concurrente los elementos que configuran la causal de inhabilidad para ser concejal por
la celebración de un contrato con una entidad pública, especialmente el factor territorial
o espacial, toda vez que las pruebas demostraron que las obligaciones fueron
ejecutadas en el municipio de Yopal, donde fue elegido el demandado […].
(mayúsculas y negrillas originales)
Por auto del 2 de abril de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación se pronunció
frente a un memorial radicado el 26 de marzo de 2025 por el señor Jhon Jairo Peynado
Correa, en el que solicitó la aclaración y complementación de la sentencia, proveído que
dispuso38:
[…] PRIMERO: RECHAZAR las solicitudes formuladas por el demandado en el
memorial del 26 de marzo de 2025.
SEGUNDO: Por secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen […].
(mayúsculas y negrillas originales)
Según constancia secretarial del 10 de abril de 202539 “la sentencia fue debidamente
notificada y quedó legalmente ejecutoriada el 9 de abril de 2025 a las 5:00 p.m. fecha a
partir de la que se debe cumplir la orden de nulidad”. (negrillas originales).
En el contexto descrito, se desprende que operó el fenómeno de la cosa juzgada frente
al elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada, por cuanto en el
proceso de nulidad electoral ya se profirió sentencia de segunda instancia, la cual quedó
38 Visto en el índice 97 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 85001 23
33 000 2023 00131 02.
39 Visto en el índice 102 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 85001 23
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debidamente ejecutoriada el 9 de abril de 2025. Ello, atendiendo lo señalado por el inciso
primero del artículo 303 del Código General del Proceso40, dado que, ambos procesos
versaron sobre el mismo objeto y se fundaron en la misma causa.
En efecto, como lo ha señalado esta Sección41, la existencia de la cosa juzgada supone
que la sentencia cuestionada sea idéntica con la anterior en su objeto y causa,
entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada y por la causa los hechos
en que se funda la pretensión, así como su sustento normativo.
En cuanto a la identidad de partes, esta Corporación ha explicado que [42] “tratándose de
la pérdida de la investidura, por su naturaleza pública, la identidad de partes no se puede
entender como se hace en un proceso contencioso ordinario, en cuanto cualquier
ciudadano puede interponerla, razón por la que no se puede pretender que el
demandante en un proceso y otro sea el mismo. // Por lo tanto, en esta clase de procesos
solo se exige esa identidad en cuanto al demandado – parte pasiva-, por cuanto por
disposición constitucional, el Ministerio Público siempre tendrá que participar y cualquier
ciudadano puede demandar la pérdida”.
Hechas las anteriores precisiones, en el caso bajo examen se verifica la identidad de
objeto y causa de la siguiente manera:
3.1. En cuanto al objeto
En el medio de control de nulidad electoral
El ciudadano Reyes Emilio Guanaro Vargas, a través de apoderado1, instauró demanda
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del CPACA, con el fin de
obtener la nulidad del acto que declaró la elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa
como concejal del municipio de Yopal, Casanare, para el período 2024-2027, contenido
en el formulario E-26 CON del 4 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora Municipal.
El solicitante invocó la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 5 del artículo
275 del CPACA, en concordancia con la inhabilidad establecida para los concejales en
el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000.
En el medio de control de pérdida de investidura
En el presente proceso, igualmente el señor Reyes Emilio Guanaro Vargas radicó
demanda de pérdida de investidura en contra del señor Jhon Jairo Peynado Correa,
elegido concejal del municipio de Yopal, Casanare, para el período constitucional 2024-
40 El inciso primero del artículo 303 del Código General del Proceso dispone que la sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 25 de febrero
de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación 25 000 23 15 000 2019 00217 01.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 25 de febrero
de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación 25 000 23 15 000 2019 00217 01, en la
cual se cita la sentencia del 30 de junio de 2015 proferida por el Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001 03 15 000 2013
00115 00 (PI).
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2027, por considerar que incurrió en la causal prevista por el numeral 3 del artículo 40
de la Ley 617 de 2000, que modificó el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Valga indicar que, la causal prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de
2000, que modificó el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, dispone:
[…] ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43
de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que
los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así
mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito […]”.
3.2. En cuanto a la causa
En el medio de control de nulidad electoral
De manera general se indicó que el 29 de octubre de 2023 se celebraron a nivel nacional
las elecciones de autoridades locales, entre otras, de los concejales. El señor Jhon Jairo
Peynado Correa resultó elegido concejal de Yopal en la lista del Partido Liberal
Colombiano, con 1.019 votos.
Que el 7 de febrero de 2023, el demandado celebró con la gobernación de Casanare el
contrato SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (No. Interno 0473), con el objeto de
“REALIZAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE
PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS”.
Allí se expuso que, los estudios previos de 26 de enero de 2023 indicaban que el aludido
contrato debía ejecutarse en Yopal, con desplazamientos esporádicos a otros municipios
de Casanare.
Acotó que de acuerdo con el informe rendido por el contratista el 14 de marzo de 2023,
las obligaciones fueron cumplidas «en el municipio de Yopal (100%)».
Se señaló que, el referido contrato fue ejecutado dentro del año anterior a la elección,
durante cuatro meses, que corrieron desde el acta de inicio del 13 de febrero, hasta el
12 de junio de 2023.
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El accionante informó que el señor Peynado Correa fue elegido concejal del municipio
de Yopal, Casanare, el 29 de octubre de 2023, y que tomó posesión del cargo 2 de enero
de 2024.
Aseveró que el mencionado señor celebró el 7 de febrero de 2023 un contrato de
prestación de servicios profesionales con la gobernación de Casanare, que inició el 13
de febrero de 2023 con la suscripción de la respectiva acta y finalizó el 12 de junio del
mismo año.
Manifestó que, según los estudios previos del 26 de enero de 2023, el Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales nro. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 nro.
interno 0473 del 7 de febrero de 2023, debía ejecutarse en el municipio de Yopal, tal y
como aparece consignado en el nro. “8.2 LUGAR DE EJECUCION Zona urbana del
municipio de Yopal, con desplazamientos esporádicos a los municipios de Monterrey,
Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní”.
Señaló que, en los formatos de autorización de pago de los contratos de prestación de
servicios profesionales y apoyo a la gestión del 14 de marzo de 2023, 19 de abril de
2023, 17 de mayo de 2023, y 15 de junio de 2023, se extracta en su numeral “5.
INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)”, al contratista
Jhon Jairo Peynado Correa le hicieron la retención a favor del municipio de Yopal, por
ejecutar las actividades del contrato en el respectivo municipio.
Agregó que, en el acta resumen fechada el 23 de febrero de 2023, se evidencia que el
acusado sostuvo una mesa de trabajo con la Policía Nacional con sede en el municipio
de Yopal, Casanare, cuya finalidad era dar cumplimiento a las actividades contractuales,
y, adicionalmente, proyectó varios oficios donde solicitó medidas de prevención y
protección para unos ciudadanos con domicilio en la ciudad de Yopal.
Por último, indicó que el concejal tenía conocimiento de su inhabilidad, pues varios
medios de comunicación locales difundieron el informe presentado por la Secretaría de
Transparencia de Presidencia de la República en la que constaba el listado de los
concejales que estaban inhabilitados para contratar con el Estado.
Conforme con lo analizado, la Sala verifica que se configuró la cosa juzgada respecto
del proceso de nulidad electoral por existir identidad fáctica y jurídica con este asunto,
dado que, tanto el proceso de nulidad electoral como el de pérdida de investidura se
dirigió en contra del mismo concejal; se le endilgó la configuración de la misma causal
prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el numeral
3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; y el fundamento de ello fue la celebración del
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales nro. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-
2023 nro. interno 0473 del 7 de febrero de 2023.
En consecuencia, como en el proceso de nulidad electoral se decretó la nulidad de la
elección del acusado por estar reunidos los elementos de la inhabilidad invocada, dicha
decisión hizo tránsito a cosa juzgada respecto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura, según lo previsto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de
2018, y por lo tanto, se modificará el numeral primero de la sentencia proferida el 23 de
abril de 2024 que denegó la excepción de cosa juzgada y, en su lugar, se declarará su
configuración.
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4.- Análisis de la Sala en cuanto al elemento subjetivo
Se recuerda que la Sección Quinta de esta Corporación, mediante la Sentencia del 20
de marzo de 2025, confirmó la sentencia de 2 de mayo de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad del acto de elección del señor
Jhon Jairo Peynado Correa como concejal del municipio de Yopal, para el período 2024-
2027, contenido en el formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023, expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal.
Lo anterior, por determinar que se constataron de forma concurrente los elementos que
configuraron la causal de inhabilidad para ser concejal prevista en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
“por la celebración de un contrato con una entidad pública, especialmente, el factor
territorial o espacial, toda vez que las pruebas demostraron que las obligaciones fueron
ejecutadas en el municipio de Yopal, donde fue elegido el demandado” 43.
Frente al elemento subjetivo, el Tribunal consideró que, el concejal celebró el contrato
pese a que conocía que estaba incurso en la inhabilidad, no solicitó asesoría para
determinar si ello era así y tenía la capacidad de comprender la conducta prohibida.
El acusado controvirtió dicha decisión y sostuvo que la sentencia de primera instancia
hizo un análisis insuficiente de este elemento y no aplicó la normatividad de manera
integral y precisa. Consideró evidente que el fallador de primera instancia amplió
incorrectamente las causales de pérdida de investidura establecidas en la Ley 617, en
concordancia con la Ley 136.
Cuestionó lo señalado por el tribunal frente a la configuración del elemento subjetivo, al
exigirle un nivel de prudencia y de aptitud estratégica para indagar sobre su situación
contractual profesional previa a la inscripción como candidato al concejo municipal de
Yopal, y que ello genera un prejuzgamiento o desventaja.
La Sala para resolver advierte lo siguiente:
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-424 de 2016, explicó que, “(…) debido al
carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura “está sujeta, de manera
general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal, con las
modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines
constitucionales. En ese orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso son
aplicables en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan”44.
En la referida sentencia la Corte precisó que “los principios del derecho sancionatorio
incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más favorable, non bis in
ídem, y la presunción de inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último
principio, se ha derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en la comisión de
un delito”45. (destacado en la providencia)
43
Cita textual tomada del numeral 155 de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
44 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
45 Ibidem.
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El elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva de la presunción de inocencia,
que tiene su fundamento en el artículo 29 Superior; la culpabilidad implica entonces que
deba estar acreditada la responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de
la causal. Por tal razón, la culpabilidad, consiste en efectuar un juicio de reproche sobre
la conducta del implicado46.
Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la modificación
introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la conducta debe hacerse bajo los
parámetros de dolo o culpa grave. El primer concepto atañe a la intención positiva de
realizar la conducta que lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a
la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…) no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, y el dolo como “la intención positiva
de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
En este caso, la demanda se radicó el 14 de febrero de 202447 y, por ende, ya había
entrado en vigor la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de
la Ley 1881 de 201848, que dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, y que la acción se ejercerá contra
los congresistas [léase para el caso concejal] que con su conducta dolosa o gravemente
culposa hubieran incurrido en una de las causales de pérdida de investidura previstas en
la Constitución.
A su turno, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los procesos de pérdida
de investidura de concejales y diputados.
De contera, el caso debe de estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que este proceso
judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de responsabilidad subjetivo que
obliga al juzgador a hacer un análisis de la culpabilidad del investigado49.
En el asunto bajo examen, la Sala estima que el elemento subjetivo está cumplido, dado
que el acusado suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales nro.
SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 nro. interno 0473 del 7 de febrero de 2023 y su
conducta no está justificada en la buena fe calificada producto de un error invencible.
En esa medida, la Sala precisa que lo que debe tenerse en cuenta frente al hecho de si
el acusado conocía o no que al suscribir el contrato estaba inhabilitado para ocupar el
cargo de concejal, es asunto que se predica de la conducta y no de la norma que la
tipifica como inhabilitante, pues debe recordarse que la ignorancia de la ley no sirve de
excusa para su transgresión; y por lo tanto, si el acusado reconoce que incurre en la
conducta de manera intencional, pero quiere exonerarse de responsabilidad alegando
que subjetivamente no se le puede sancionar con ello, lo que le corresponde acreditar
es que incurrió en esa transgresión por un error que es común a muchos, como quiera
46 Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
47 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
85001233300020240001201.
48 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra
la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”.
49 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de octubre de 2019.
C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 02417 01 (PI).
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que el desconocimiento de la adecuación típica no es por sí solo argumento suficiente
de exoneración.
Lo anterior por cuanto, aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su infracción, hay por lo menos dos eventos en los cuales
sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida, porque implican que
el accionado actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii) cuando,
precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo
y éste le aconseja mal; ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto
que se discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si
ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto 50.
Cabe mencionar que la buena fe calificada se desprende del principio general “error
communis facit ius” que implica la existencia de un error que, además de ser invencible,
debe ser común a la colectividad.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
[…] el principio general según el cual el error común e invencible crea derecho constituye
uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite
que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar
consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie
ignora la ley no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones
se le reconoce relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho,
aunque en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como en el caso del
matrimonio putativo), el error colectivo o común genera efectos aún más significativos,
pues puede convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al
ordenamiento. Tal es el caso del error comunis, reconocido desde el derecho romano
como fuente generadora de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de este
principio exigiendo, para su aplicabilidad, que el error sea “invencible”, queriendo
significar con ello que, además de ser común a muchos, hasta el más prudente de los
hombres habría podido cometerlo51.
En ese escenario es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha
explicado que una conducta que desde el punto de vista objetivo es contraria al
ordenamiento jurídico, puede estar justificada cuando una persona busca asesoría
jurídica idónea y el profesional del derecho le aconseja mal, pero ha precisado, como se
indicó en líneas precedentes, que dicha circunstancia justifica la conducta siempre y
cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la configuración
de la causal de pérdida de investidura, dado que, si esta es clara, no suple la falta de
diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello es así porque, si los elementos para la
estructuración de la causal son claros, no se trataría de un error que es común a la
colectividad, principio del cual se desprende la buena fe calificada.
Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe simple, pues quien
aspira a ser elegido a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone, cuáles son las
50 Cabe anotar que, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-292 de 2025, consideró que «[…] el
elemento subjetivo no puede limitarse únicamente a los eventos antes descritos y de manera estricta para
estudiar la culpabilidad, sino que debe tomar en consideración las particularidades de cada caso concreto».
51 Corte Constitucional. Sentencia T- 090 de 1995.
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causales de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata
de verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la nulidad de
la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la cual la Sala exige que,
para acreditar esta falta de conocimiento, el acusado no alegue simplemente que obró
de buena fe, sino que debe acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un
error invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la jurisprudencia que
estaba vigente para la época, o que se asesoró́ adecuadamente de abogados idóneos,
no obstante, lo cual incurrió en la conducta reprochable.
En este caso, el acusado no expuso ningún argumento para demostrar que su conducta
estuvo amparada en la jurisprudencia de esta Corporación o que hubiese solicitado
conceptos y asesorías y éstas fueran idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo
amparado en la buena fe calificada proveniente de un error invencible.
Igualmente, teniendo en cuenta lo explicado, la Sala considera que no le asiste razón al
concejal acusado cuando en la apelación alegó que tenía conocimiento que la pérdida
de investidura se materializaba con la celebración del contrato, pero no con actos
posteriores a dicha celebración; ello, por cuanto, como se indicó, en el juicio de pérdida
de investidura no basta para exonerarse de responsabilidad argumentar que se actuó
con buena fe simple, sino que se debe demostrar que se incurrió con buena fe calificada
en la conducta prohibida, circunstancia que no está acreditada.
En este punto, es pertinente indicar que la inhabilidad endilgada, es decir, la prevista en
el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece de manera expresa los
elementos para su configuración, como es, que la ejecución del contrato sea en el lugar
en el que el acusado resultó elegido; por lo que lo señalado por el recurrente, consistente
en que tenía conocimiento de que la pérdida de investidura se configuraba con la
celebración, no se traduce en un error invencible que sea común a la colectividad.
De otro lado, el apelante también alegó que no se le puede endilgar un actuar doloso o
gravemente culposo porque los únicos documentos que podía conocer antes de la
suscripción del contrato eran los estudios previos, los que aseguró señalaban que la
ejecución del contrato se llevaría a cabo en municipios distintos a Yopal, argumentación
frente a la cual tampoco le asiste razón porque, como se señaló en el proceso de nulidad
electoral, en los estudios previos se identificó de manera expresa que Yopal era el lugar
de ejecución del contrato.
Al efecto, la Sala verifica que en los estudios previos aprobados el 26 de enero de 2023
y elaborados por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, se lee
frente a las condiciones del objeto contractual que el lugar de ejecución sería la zona
urbana del municipio de Yopal, con desplazamientos esporádicos a otros municipios,
así52:
52Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
85001233300020240001201.
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Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
A su turno, en el expediente está acreditado que, el 7 de febrero de 2023, se celebró el
contrato nro. 0473 entre la gobernación del Casanare, como entidad contratante, y el
señor Jhon Jairo Peynado Correa, en calidad de contratista, cuyo objeto, plazo y
obligaciones pactadas fueron las siguientes53:
[…] 1) Objeto: Realizar asistencia y acompañamiento en la elaboración y ejecución
del plan operativo 2023 de la comisión departamental de protección de líderes
sociales y defensores de derechos humanos.
2) Plazo: Cuatro (4) meses.
3) Obligaciones: Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá
realizar las siguientes actividades: 1. Elaborar el plan de trabajo 2023 de la Comisión
Departamental de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos
(DDHH), recopilando y consolidando las acciones propuestas por las diferentes
entidades que la conforman y presentarlo ante el Subcomité de Prevención y
protección para su aprobación. 2. Brindar asistencia y acompañamiento en la
realización de cuatro (4) sesiones de la Comisión Departamental de Protección a
Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos y DIH, en las que se realice:
1°) socialización plan operativo 2023, 2°) aprobación de la actualización ruta de
protección a líderes sociales y defensores de DDHH, 3° y 4°) seguimiento a casos. 3.
Realizar seguimiento a cada uno de los casos conocidos por la Comisión, sobre
amenazas a líderes sociales y defensores de DDHH, mediante la elaboración y
consolidación de una matriz de seguimiento, identificando como mínimo: Nombre,
documento de identidad y número de contacto del líder, municipio de residencia, perfil
del liderazgo, tipo de amenaza, posible autor de la amenaza, medidas de protección
asignadas responsable de la medida de protección, acciones de seguimiento por
parte de a Gobernación.4. Realizar la actualización de la ruta de protección a lideres
sociales y defensores de Derechos Humanos a partir de la ruta aprobada en la
vigencia 2022, socializarla y someterla a aprobación en la Comisión Departamental
de Líderes y el Subcomité de Prevención y Protección Departamental. 5. Realizar
cinco (5) talleres de capacitación a líderes sociales y/o defensores de Derechos
Humanos de los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní,
con una duración de dos (2) horas y un aforo mínimo de diez (10) líderes por
municipio, en los que se socialice la ruta de prevención y protección actualizada. 6.
Realizar las demás acciones que sean requeridas por la supervisión en el marco del
desarrollo y cumplimiento del objeto contractual […].
El recurrente también cuestiona que el tribunal de instancia fincó su decisión en una
cláusula existente en todos los contratos que dispone que se deben cumplir con las
demás actividades establecidas por el supervisor y que sean atinentes al objeto del
contrato, a lo que agregó que el tribunal señaló que, con conocimiento de esta cláusula,
53
Ibidem.
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Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
el acusado debía saber que la administración departamental podía exigirle a futuro que
la ejecución podría ser en Yopal, Casanare; sin embargo, dicha argumentación no puede
tener despacho favorable, en primer lugar, porque en los estudios previos se pactó como
lugar de ejecución el municipio de Yopal, y por otro lado, no se trató del fundamento al
que el tribunal aludió para tener por configurado el elemento subjetivo.
Por último, el recurrente controvirtió que el tribunal tuvo por acreditado el elemento
subjetivo porque el concejal tiene la profesión de administrador de empresas, lo que le
permitía comprender que la suscripción del contrato configuraba la inhabilidad endilgada.
En este aspecto, lo que debe precisarse es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa
para su transgresión, y en ese entendimiento es que la jurisprudencia de esta
Corporación exige que el acusado, para exonerarse de responsabilidad cuando incurre
en una conducta prohibida de manera intencional y voluntaria, demuestre que incurrió en
ella producto de un error invencible, lo que aquí no ocurre.
Corolario de lo explicado, la Sala modificará la sentencia proferida el 23 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo de Casanare en cuanto negó la existencia de cosa juzgada
frente al elemento objetivo y la confirmará en lo demás, en cuanto decretó la
desinvestidura del señor Jhon Jairo Peynado Correa, como concejal del municipio de
Yopal, Casanare, para el período constitucional 2024-2027, por estar cumplido el
elemento subjetivo.
Por último, no se condenará en costas teniendo en cuenta que el medio de control de
pérdida de investidura es una acción pública y según lo señalado por el artículo 188 del
CPACA no hay lugar a condenar en costas en los procesos que se ventile un interés
público.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 23 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, DECLARAR LA
EXISTENCIA DE COSA JUZGADA frente al elemento objetivo en relación con la
violación del régimen de inhabilidades señalado por el numeral 3 artículo 40 Ley 617 de
2000.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el 23 de abril de 2024 por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, según las razones señaladas en
la parte motiva.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 29 de
enero de 2026.
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Accionante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Accionado: Jhon Jairo Peynado Correa
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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