Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01907-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01907-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01907-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01907-01
Accionante: Jhon Jairo Peynado Correa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad electoral
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia porque no se
encontraron demostrados los defectos endilgados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 8 de mayo de
2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la cual negó el amparo.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Reyes Emilio Guanaro Vargas en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral demandó el acto administrativo que declaró la elección del señor Jhon Jairo
Peynado Correa como concejal del municipio de Yopal, para el período 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 CON del 4 de noviembre de 2023, expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal.
3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Casanare que mediante
sentencia del 2 de mayo de 2024 resolvió acceder a las pretensiones de la demanda,
al encontrar configurada la inhabilidad prevista en el numeral 3.° del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues, en efecto
encontró que señor Peynado Correa celebró con el departamento de Casanare el
contrato de prestación de servicios profesionales SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-
2023 (n.° interno 0473) del 13 de febrero al 12 de junio de 2023, cuya ejecución se
llevó a cabo en el municipio de Yopal dentro del año anterior a la elección.
4. En sede de apelación, la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de
sentencia del 20 de marzo de 2025 confirmó la anterior decisión.
2.2. Fundamento jurídico
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Acción De Tutela
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Accionante: Jhon Jairo Peynado Correa
5. La parte actora señaló que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al
«incumplirse los procedimientos establecidos en la ley y su indebida aplicación». Así
como también, un defecto fáctico porque «no hizo una correcta y suficiente
apreciación de la prueba, como tampoco procuró establecer la eventual
responsabilidad subjetiva de la conducta (…) su alcance y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, sino que claramente basó su tesis en sus propios puntos de
vista y apreciaciones subjetivas que lo llevaron a concluir que se configuró la causal
de inhabilidad endilgada.»
De otra parte, alegó desconocimiento de precedente contenido en la sentencia del
31 de octubre de 20241 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
que se indicó que la coincidencia geográfica no necesariamente implicaba probar el
elemento territorial, pues, las activades que desarrolló en el marco del contrato
SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (n.° interno 0473), «tampoco tenían incidencia
en el municipio de Yopal, sino que el estudio previo señaló que la ejecución sería
dicho municipio por cuanto que el domicilio de la gobernación es el mismo de la
capital del departamento»
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita a continuación:
«(…)
1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política de 1991, y en consecuencia declarar la existencia de una
vulneración a los derechos: a la igualdad (art. 13 constitucional), el debido proceso
(art. 29 constitucional), el derecho a un juez imparcial, la buena fe y confianza legítima
(art. 83 de la Constitución Política), así como la seguridad jurídica, los cuales se
encuentran gravemente amenazados por la Sentencia proferida por la sección 5 del
Honorable Consejo de estado, de fecha 20 de marzo, de 2025, Notificada el Mismo
20 de marzo de 2025, dentro del proceso de Nulidad Electoral radicado
85001233300020230013102.
2. DECLÁRAR la vía de hecho por defecto procesal y factico ante la decisión de la
providencia por la sección 5 del Honorable Consejo de estado, de fecha 20 de marzo,
de 2025, Notificada el Mismo 20 de marzo de 2025, dentro del proceso de Nulidad
Electoral radicado 85001233300020230013102.
3. REVÓCAR y/o dejar sin efecto la decisión proferida por providencia por la sección
5 del Honorable Consejo de estado, de fecha 20 de marzo, de 2025, Notificada el
Mismo 20 de marzo de 2025, dentro del proceso de Nulidad Electoral radicado
85001233300020230013102, y en su lugar ordenar que se expida el fallo
Constitucional y legalmente Corresponda.
4. Las demás que el juez Constitucional, que extra y ultra petitaa su despacho
considere pertinentes, para la reivindicación de los derechos fundamentales
denunciados como vulnerados considere aplicables, por dentro del mismo proceso,
se dan:
(...)» (Sic)
2.4. Intervenciones
1
Proceso bajo radicado 68001-23-33-000-2023- 0079102
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Acción De Tutela
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7. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado mediante auto del 3 de abril de 2025 a través del
cual se ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado como accionado
y Reyes Emilio Guanaro Vargas, al Consejo Nacional Electoral – CNE, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Tribunal Administrativo de Casanare, al
Partido Liberal Colombiano, a Oromairo Avela Ballesteros, Irenaldo Tarache
Sogamoso y al Concejo Municipal de Yopal como terceros interesados en el
resultado del proceso.
8. La Sección Quinta del Consejo de Estado después de hacer un recuento de las
actuaciones surtidas solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, o, en
su defecto se niegue el amparo.
9. De otra parte, manifestó que en el presente asunto no se demostró el
desconocimiento de precedente por cuanto en la providencia presuntamente
desconocida el contrato no debía ejecutarse en Bucaramanga, ciudad donde el
demandado resultó elegido, sino en otros municipios del departamento de
Santander. Sin embargo, de cara al caso objeto de estudio, como quedó visto, el
señor Jhon Jairo Peynado Correa cumplió sus obligaciones contractuales en Yopal,
incluso más, cuando desde el estudio previo este aspecto quedó fijado, por lo que el
citado se encontraba inhabilitado para ser concejal de ese municipio.
10. El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que la decisión objeto de
cuestionamiento se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y la
normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, lo que permitió concluir que demostró
que el señor Peynado Correa celebró el contrato de prestación de servicios
profesionales con el departamento de Casanare, 8 meses y 21 días antes de la
contienda electoral, el cual se ejecutó en el municipio de Yopal, y recibió por
concepto de honorarios la suma de $17.592.960; configurándose así los
presupuestos de la causal de nulidad invocada en la demanda.
11. Así las cosas, considera que no se han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el accionante, razón por la que se debe negar el amparo.
12. La Comisión Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del
Estado Civil solicitaron ser desvinculadas del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
13. El Concejo de Yopal solicitó que amparen los derechos fundamentales
invocados en protección, toda vez que la autoridad judicial incurrió en el «defecto
procesal y fáctico» en la decisión cuestionada «por los yerros procedimentales
incurridos al no agotar en debida forma las etapas establecidas» en el CPACA.
14. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
15. La Subsección B, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado mediante
sentencia del 8 de mayo de 2025 negó el amparo por no encontrar acreditados los
defectos deprecados.
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16. Al respecto, manifestó que el hecho de que no haya valorado las pruebas en el
sentido que pretendía el demandante, no involucra la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial denominada defecto
fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la
potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de
convicción obrantes en el expediente; así como la de otorgarles diferentes grados de
certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
17. Ahora, en cuanto al desconocimiento de precedente y defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial manifestó que la sentencia del 31 de octubre
de 2024 que se adujo como desconocida manifestó que carecía de fuerza vinculante
porque no se trataba de una sentencia de unificación; además que no guardaba
similitud con el asunto bajo estudio, toda vez que el factor territorial quedó en el
presente asunto debidamente probado.
2.6. Impugnación
18. Después de insistir en los argumentos de la demanda de tutela pidió que se
revoque la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se ampare los derechos
fundamentales invocados en protección.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la Solicitud de desvinculación
20. Sobre el particular, se tiene que, si bien la Comisión Nacional Electoral (CNE) y
la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron la desvinculación del presente
proceso, lo cierto es que esta Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a
dicha pretensión, toda vez que su vinculación como accionado obedeció a que fue
parte demandada dentro del proceso ordinario.
21. Ahora, teniendo en cuenta que el a quo no se pronunció al respecto, procederá la
Sala a negar dicha solicitud.
3.2.2. De los defectos fáctico y sustantivo
22. Es de advertir que, si bien la parte actora alega un defecto sustantivo al
«incumplirse los procedimientos establecidos en la ley y su indebida aplicación». Así
como también, un defecto fáctico porque «no hizo una correcta y suficiente
apreciación de la prueba, como tampoco procuró establecer la eventual
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responsabilidad subjetiva de la conducta (…) su alcance y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, sino que claramente basó su tesis en sus propios puntos de
vista y apreciaciones subjetivas que lo llevaron a concluir que se configuró la causal
de inhabilidad endilgada», lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué
manera la autoridad judicial accionada incurrió en las referidas causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues solo se limitó
a señalar de manera genérica una indebida aplicación de la normas y que no se
valoró el material probatorio allegado al proceso, es decir, que no expuso de manera
concreta las razones por las cuales considera que la decisión cuestionada adolece
de tales defectos.
23. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo
atinente a dichos reparos, en caso de superar los presupuestos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
3.2. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 20 de marzo
de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al incurrir
en un desconocimiento de precedente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
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la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.
28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 20
de marzo de 2025 y la interposición de la acción de tutela el 31 de marzo de la
presente anualidad.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso e igualdad como consecuencia del presunto desconocimiento de
precedente, el cual se encuentra fundamentado razonablemente.
29. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
30. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18962, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
2 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
31. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
32. Respecto del precedente vertical3, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
33. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso4.
34. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación5.
35. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente
36. La parte accionante señala que la sentencia cuestionada adolece de un
desconocimiento de precedente contenido en la sentencia del 31 de octubre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que se indicó que la
coincidencia geográfica no necesariamente implicaba probar el elemento territorial.
37. Sobre el particular, se tiene que la autoridad judicial accionada mediante
sentencia del 30 de marzo de 2025 resolvió:
«(…)
138. Revisados los documentos previamente relacionados, la Sala constató su
contenido y, en efecto, ponen en evidencia que el contrato en referencia fue cumplido
en Yopal, que corresponde al mismo municipio donde fue elegido el señor Jhon Jairo
Peynado Correa como concejal.
3 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
4 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
5 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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139. En primer lugar, se resalta de los estudios previos que el lugar de ejecución (8.2)
fue delimitado de forma clara en la «Zona urbana del municipio de Yopal, con
desplazamientos esporádicos a los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara y Paz
de Ariporo y Maní (CASANARE YOPAL).
140. En cuanto a las actividades, el mismo documento describió seis ítems, de los
cuales únicamente el número 5 se refiere a «Realizar cinco (5) talleres de
capacitación a líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos de los
municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, con una duración
de dos (2) horas y un aforo mínimo [de] diez líderes por municipio, en los que se
socialice la ruta de prevención y protección actualizada».
141. Lo anterior es consecuente con el objeto a contratar, que según el mismo insumo
estuvo dirigido a «realizar asistencia y acompañamiento en la elaboración y ejecución
del plan operativo 2023 de la Comisión Departamental de líderes sociales y
defensores de Derechos Humanos».
142. En tal sentido, allí se advirtió que expresamente, «[e]l desarrollo de este
objeto, implica que el profesional que se contrate debe trabajar de manera articulada
con las entidades que conforman la mencionada Comisión, como es: Policía
Nacional, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación seccional
Casanare, Procuraduría Regional de Casanare, Defensoría del Pueblo Regional
Casanare, Ministerio del Interior y Unidad para las Víctimas».
143. Por su parte, en el contrato celebrado entre el demandado y la Gobernación
de Casanare, tanto en su minuta como en la descripción de la ficha de SECOP II, se
reprodujeron el objeto y las actividades expresadas en los estudios previos. En
consecuencia, de su contenido se desprenden las mismas conclusiones en lo que
concierne a los lugares en que debían cumplirse las obligaciones, que incluyeron al
municipio de Yopal.
(…)
155. Se concluye de lo discurrido que en el caso concreto se constataron de forma
concurrente los elementos que configuran la causal de inhabilidad para ser concejal
por la celebración de un contrato con una entidad pública, especialmente el factor
territorial o espacial, toda vez que las pruebas demostraron que las obligaciones
fueron ejecutadas en el municipio de Yopal, donde fue elegido el demandado.»
38. Al respecto, es menester indicar la decisión presuntamente desconocida, difiere
del asunto bajo estudio, en la medida que en aquella oportunidad se determinó que,
si bien el concejal de Bucaramanga celebró un contrato con la gobernación de
Santander en el año anterior a su elección en ese municipio, lo cierto era que no se
podía inferir que existiera alguna disposición específica que determinara el lugar de
su ejecución, en la medida que allí se dispuso que las actividades que debía realizar
estaban ligadas con la revisión y apoyo en cuanto a la gestión presupuestal y
contractual de 269 Fondos de Servicios Educativos del departamento de Santander,
pertenecientes a municipios no certificados. Por lo tanto, no se logró determinar el
factor territorial, lo que no ocurrió en el asunto bajo estudio, pues, se acreditó que en
efecto el contrato de servicios que suscribió el hoy accionante con la gobernación de
Casanare se ejecutó el municipio de Yopal dentro del año anterior a la elección.
39. De modo que, es apenas obvio que la providencia presuntamente desconocida
difiere de los fundamentos facticos y jurídicos del presente asunto. Máxime cuando
no constituyen un precedente de obligatorio cumplimiento, pues, no se tratan de
sentencias de unificación a través de la cuales se fijan unos parámetros.
40. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que se
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observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales.
41. En ese sentido, se concluye que la decisión objeto de cuestionamiento contiene
una carga argumentativa suficiente y razonable, por lo que no es dable considerarla
como constitutiva de desconocimiento del precedente, pues, por el contrario,
corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se
deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.
42. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia
que negó el amparo la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la
presente providencia, al no configurarse ninguna vulneración ius fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional
Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con las
consideraciones anteriormente expuestas.
Segundo: Confirmar la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por la Subsección
B, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, de acuerdo con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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