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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01294-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01294-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de nulidad de la elección de Miguel Ángel Iguarán Osario como concejal de Medellín, período 2024-2027. SEGUNDO: RECONOCER a la abogada Elizabeth González Mancilla como apoderada del Consejo Nacional Electoral, en los términos del poder que obra en la anotación 10 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2023-01294-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de noviembre de 2024

Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)
05001-23-33-000-2024-00015-00 (Acumulado)
Demandantes: LUIS FELIPE CÁRDENAS MORALES Y OTRO
Demandado: MIGUEL ÁNGEL IGUARÁN OSORIO – CONCEJAL DE
MEDELÍN 2024-2027.

Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo e inhabilidad por
ejercicio de autoridad administrativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes y la
coadyuvante, contra la sentencia del 2 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó la nulidad de la elección de Miguel
Ángel Iguarán Osorio como concejal de Medellín, período 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

Los señores Luis Felipe Cárdenas Morales y Miguel Ángel López García, obrando
en nombre propio, instauraron demandas en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, con las siguientes pretensiones:

1.1.1 Expediente 05001-23-33-000-2023-01294-00:

1. Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo de Elección contenida en el
acta del Escrutinio Municipal Concejo de Medellín (E-26 CON), con fecha del 04
de noviembre de 2023, proferida por la COMISIÓN ESCRUTADORA
MUNICIPAL1 DE MEDELLÍN, a nombre de la Organización Electoral de
Colombia, en lo referente a la declaratoria de elección del señor MIGUEL ANGEL
(sic) IGUARAN (sic) OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía
1037571577, como Concejal Electo del Distrito de Medellín – Antioquia, para el
período 2024 a 2027, en representación del PARTIDO CAMBIO RADICAL por la
Colación (sic) JUNTOS en las Elecciones Distritales realizadas el 29 de octubre
de 2023.

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Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

2. Por consiguiente, se ordene la cancelación de la CREDENCIAL (E-27) que
acredita como concejal electo al señor MIGUEL ANGEL (sic) IGUARAN (sic)
OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 1.037.571.577.

3. COMUNICAR, la Sentencia a las diferentes autoridades Administrativas y
Electorales, para los fines Constitucionales y legales a que hubiere lugar.

1.1.2 Expediente 05001-23-33-000-2024-00015-00:

1. Que se declare la nulidad de la elección contenida en el acta del Escrutinio
Municipal Concejo de Medellín E-26 CON, proferida por la Comisión Escrutadora
Municipal de Medellín del 04 de noviembre de 2023, por medio de la cual se
declaró la elección del ciudadano MIGUEL ANGEL IGUARAN OSORIO,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.037.571.577 como Concejal de
Medellín - Antioquia para el período Constitucional 2024 - 2027.

2. Como consecuencia de la anterior, cancelar la credencial contenida en el E-27.

3. COMUNICAR, la Sentencia a las diferentes autoridades Administrativas y
Electorales, para los fines Constitucionales y legales a que hubiere lugar.

1.2. Hechos

1.2.1 Expediente 05001-23-33-000-2023-01294-00:

Señaló que el señor Miguel Ángel Iguarán Osorio se inscribió como candidato al
Concejo Distrital de Medellín avalado por el partido Cambio Radical el 29 de julio
de 2023; como consecuencia de ello, fue elegido como concejal de ese distrito en
las elecciones del 29 de octubre de ese mismo año.

Indicó que el 4 de septiembre de 2023, el demandado junto con otros aspirantes
a cargos de elección popular, manifestaron el respaldo y apoyo a la candidatura
de Luis Pérez Gutiérrez a la Gobernación de Antioquia.

Manifestó que ese mismo día, el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas
Lleras, informó en la red social X que esa colectividad no había otorgado coaval
ni se había adherido a la aspiración del señor Pérez Gutiérrez a la referida
gobernación. Además, que el 5 de septiembre siguiente, el partido como tal,
confirmó dicha información en el perfil propio de esa red.

Puso de presente que el demandado reaccionó a dicha publicación con un «me
gusta»; sin embargo, firmó un comunicado junto con otros aspirantes a cargos de
elección popular de esa colectividad en el que manifestaron su apoyo a Luis Pérez
Gutiérrez a la Gobernación de Antioquia, desconociendo la directriz de su partido
y líder natural.

Adujo que el cierre de campaña del demandado tuvo lugar el 21 de octubre de

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2023, en compañía del candidato Luis Pérez Gutiérrez.

Agregó que el 24 de octubre de 2023 el señor Iguarán Osorio al ser preguntado
sobre sus candidatos a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en
el medio de comunicación «Antioquia amanece: El Legado», reiteró su apoyo al
señor Luis Pérez Gutiérrez de la coalición «Piensa en Grande» de la cual no hacía
parte el partido Cambio Radical.

Comentó que la conducta del demandado desconoce los estatutos del partido
Cambio Radical.

1.2.2 Expediente 05001-23-33-000-2024-00015-00:

Señaló que el demandado se desempeñó como servidor público en el cargo de
líder del Programa de Seguridad, Convivencia y Paz del área metropolitana del
Valle de Aburrá, código 206, nivel profesional, entre el 16 de marzo de 2022 y el
8 de junio de 2023.

Explicó que el área metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad
administrativa de derecho público, con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonio propio, autoridades y régimen administrativo y fiscal
especial, autorizada por el Decreto 3104 de 1979 y puesta en funcionamiento
mediante las Ordenanzas 34 de 1980 y 61 de 1983, el Decreto 11 de 1994 y
enmarcada en el artículo 319 de la Constitución Política y la Ley Orgánica 1625
de 2013.

Expuso que la referida área metropolitana está conformada por los municipios de
Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La
Estrella y Sabaneta; los que se encuentran vinculados entre sí por dinámicas e
interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas,
culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su
desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional
prestación de servicios públicos, requieren de una administración coordinada.

Indicó que el domicilio y sede principal del área metropolitana es Medellín por ser
el municipio núcleo de aquella.

Adujo que, según el manual de funciones de la referida entidad, adoptado a través
de Resolución 3969 de 2019, el cargo que ostentó el demandado implicaba el
ejercicio de autoridad administrativa, por cuanto, entre otras, tenía la atribución
de supervisar contratos estatales.

Sostuvo que, en el desarrollo legal y ejecución de la función de interventoría y
supervisión contractual, es innegable que el demandado tenía competencias de

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decisión para imponer sanciones, multas e, incluso, para declarar el
incumplimiento de contratos celebrados por el área metropolitana, lo cual se
puede corroborar con la Resolución 000259 del 11 de marzo de 2014 de esa
entidad.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

1.3.1 Expediente 05001-23-33-000-2023-01294-00:

La parte actora sostuvo que el demandado desconoció los artículos 107 y 108 de
la Constitución Política; 2 y 4 de la Ley 1475 de 2011 y 52 de los Estatutos del
partido Cambio Radical.

Reiteró que Miguel Ángel Iguarán Osorio, en su condición de candidato avalado
por el partido Cambio Radical y la coalición «Juntos» integrada además, por el
Partido de la U y MIRA, apoyó y respaldó la aspiración a la Gobernación de
Antioquia de Luis Emilio Pérez Gutiérrez, candidato inscrito por la coalición
«Piensa en Grande».

Informó que Cambio Radical no inscribió candidato propio ni en coalición a la
Gobernación de Antioquia y tampoco adhirió ni coavaló aspirante alguno para
dicho cargo y pese a ello, el demandado decidió ir en contra de la voluntad de su
agrupación política y respaldar la aspiración del señor Pérez Gutiérrez avalado
por la coalición «Piensa en Grande».

Adujo que se reúnen todos los elementos que jurisprudencialmente se han
establecido para la configuración de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo.

1.3.2 Expediente 05001-23-33-000-2024-00015-00:

El demandante afirmó que se vulneró el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, según el cual, no puede ser inscrito como candidato, ni elegido concejal,
quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar en el respectivo municipio o distrito.

Aseguró que Miguel Ángel Iguarán Osorio, como líder del Programa de Seguridad,
Convivencia y Paz del área metropolitana del Valle de Aburrá entre el 16 de marzo
de 2022 y el 8 de junio de 2023, ejerció autoridad administrativa en la ciudad de
Medellín.

Reiteró que el demandado ejerció funciones de supervisión y/o interventoría
respecto de algunos contratos celebrados por la referida área metropolitana y,

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según el manual de supervisión de la entidad, contenido en la Resolución 000144
de 2014, ello implicaba que, en caso de evidenciar cualquier incumplimiento del
contrato, debía aplicar la Resolución 259 del 11 de marzo de ese mismo año, a
través de la cual se adopta el procedimiento para la imposición de sanciones por
dicha causa.

Explicó que el señor Iguarán Osorio ejerció autoridad administrativa porque
impartía órdenes, instrucciones de carácter particular y era quien supervisaba de
manera directa a los contratistas, lo que conllevaba a ser, incluso, ordenador del
gasto en algunas ocasiones, pues autorizaba actividades que generaban gastos
distintos a los contemplados en los contratos.

Agregó que era el demandado quien justificaba y evaluaba los incumplimientos
de los contratistas y era quien los requería para que el ordenador del gasto
impusiera multas o declarara el incumplimiento total o parcial de los respectivos
acuerdos de voluntades.

Concluyó que se reúnen los requisitos de la inhabilidad invocada por lo que hay
lugar a declarar la nulidad de la elección.

1.4. Contestaciones de las demandas

1.4.1 Demandado

1.4.1.1 Expediente 05001-23-33-000-2023-01294-00:

Por conducto de apoderado judicial, el demandado contestó la demanda en los
siguientes términos:

Señaló que el apoyo brindado a la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez a la
Gobernación de Antioquia fue conocido por el partido Cambio Radical, agrupación
que decidió no inscribir aspirante para dicho cargo ni adherirse a la campaña de
alguno, por lo que dejó en libertad a sus militantes de respaldar al candidato de
su preferencia.

Precisó que Cambio Radical no prohibió a sus avalados apoyar a candidatos de
otras agrupaciones políticas para la Gobernación de Antioquia.

Explicó que tanto la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo
como el artículo 52 de los Estatutos de Cambio Radical restringen la posibilidad
de que se respalde a aspirantes distintos a los del partido, siempre y cuando este
haya inscrito o avalado candidatos propios, supuesto que no se configura en el
caso concreto.

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Reiteró que la modalidad de doble militancia invocada en la demanda tiene como
presupuesto necesario para su configuración que el partido político al que
pertenece el candidato demandado, tenga aspirante propio o apoye alguna
candidatura en particular ya sea por vía de aval, coalición, adhesión, alianza o
apoyo público, pero no opera cuando los militantes quedan en libertad para
respaldar al candidato de su predilección.

Adujo que, en consecuencia, si el partido no ha inscrito candidato propio para el
cargo de que se trate o no ha adherido a ninguna aspiración no tiene sentido
hablar de doble militancia en la modalidad de apoyo.

Solicitó aplicar los principios pro homine y pro libertate a la hora de estudiar el
caso concreto.

Formuló como excepciones: la indebida interpretación de la prohibición de doble
militancia por parte del demandante, la inexistencia de un apoyo reprochable en
doble militancia, inconsistencia convencional y constitucional de la tesis propuesta
por el actor.

Además, acusó al actor de presentar una demanda temeraria al resultar su tesis
contraria a la normativa y jurisprudencia pacífica en materia de doble militancia
en la modalidad de apoyo.

1.4.1.2 Expediente 05001-23-33-000-2024-00015-00:

Precisó que la supervisión de contratos cuestionada por la parte actora no se
ejerció en desarrollo de las funciones propias de su cargo sino en atención a la
asignación efectuada por la subdirectora de Seguridad, Convivencia y Paz.

Adujo que los contratistas respecto de los cuales se ejerció dicha supervisión no
se encuentran domiciliados en Medellín.

Negó que tuviera competencias de índole contractual y mucho menos de
ordenación del gasto en el cargo de profesional universitario, código 206 que
desempeñó en el área metropolitana del Valle de Aburrá cuestionado en la
demanda.

Explicó que es el director del área metropolitana quien tiene las facultades
contractuales y sancionatorias de la entidad.

Afirmó que el cargo en cuestión no tiene asignada ninguna atribución que implique
decisión ni ejercicio de autoridad administrativa, lo cual se puede comprobar
fácilmente del análisis del respectivo manual de funciones.

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Recordó que según la Constitución Política todo empleo público debe tener sus
funciones claramente establecidas en la carta, ley o reglamento y en este caso,
el cargo por él desempeñado en manera alguna implicó ejercicio de ningún tipo
de autoridad.

Formuló como excepciones las siguientes: inexistencia de ejercicio de autoridad
civil y administrativa por no tener asignados poderes de decisión o de mando en
ejercicio del cargo de líder del Programa de Seguridad, Convivencia y Paz, código
206 adscrito al nivel profesional del área metropolitana del Valle de Aburrá;
inexistencia de poderes sancionatorios, imposición de multas o declaración de
incumplimiento en la función de supervisión de contratos estatales;
incumplimiento de la carga de la prueba por parte del actor, por cuanto no
demostró los supuestos de hecho de la normativa invocada como fundamento de
la demanda y las demás propuestas en el expediente acumulado.

1.4.2 Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Adujo que las funciones desarrolladas por el demandado en su cargo de líder del
Programa de Seguridad, Convivencia y Paz, código 206 del área metropolitana
del Valle de Aburrá en manera alguna implican el ejercicio de autoridad
administrativa.

Expuso que la función de supervisión de contratos estatales no conlleva el
ejercicio de la autoridad endilgada en la demanda.

1.4.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

Su intervención en ambos procesos se limitó a solicitar que se declare el carácter
imparcial de esa entidad en temas de doble militancia e inhabilidades1.

1.4.4 Consejo Nacional Electoral

Su intervención en ambos procesos se limitó a proponer la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.5 Terceros

El señor Germán Ernesto Escobar Higuera, quien solicitó ser tenido como
impugnador en el proceso, sostuvo que en este caso no se configuran los
elementos de la inhabilidad invocada por la parte actora.

A su turno, la señora Sandra Milena Palacios Calderón, quien solicitó ser tenida

1 Sin embargo, no formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

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como coadyuvante en el proceso, adujo que el demandado sí ejerció función
administrativa al haberse desempeñado como supervisor de varios contratos
estatales celebrados por el área metropolitana del Valle de Aburrá.

1.6 Actuaciones relevantes de primera instancia

Mediante autos del 162 y 243 de enero de 2024 se admitieron las demandas y se
ordenó realizar las notificaciones de rigor.

El 19 de marzo de 2024 se acumularon los procesos con radicados 05001 23 33
000 2024 00015 00 y 05001 23 33 000 2023 01294 00.

La audiencia inicial tuvo lugar el 30 de mayo de 2024, en ella se fijó el litigio en
los siguientes términos:

…determinar si hay lugar a declarar la NULIDAD del acto de contenido electoral
de elección “Formulario E-26 CON” expedido por la Comisión Escrutadora
Municipal de Medellín el 04 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró
la elección del señor MIGUEL ÁNGEL IGUARÁN OSORIO identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.037.571.577 como Concejal del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el período Constitucional 2024
– 2027, por haberse incurrido en las causales consagradas en los numerales 5 y
8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

En caso de proceder la nulidad deprecada por los demandantes, la Sala
establecerá si procede la cancelación de la credencial del señor MIGUEL ÁNGEL
IGUARÁN OSORIO como concejal del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín para el período Constitucional 2024 – 2027.

De igual forma, se decretaron las pruebas solicitadas y aportadas por las partes
y demás sujetos procesales.

El 13 de junio siguiente, tuvo lugar la audiencia de pruebas en la cual se
practicaron aquellas decretadas en la audiencia inicial.

1.7 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de sentencia del 2 de agosto de
2024 negó las pretensiones de nulidad de la elección de Miguel Ángel Iguarán
Osorio como concejal de Medellín, período 2024-2027, con base en los siguientes
argumentos:

Señaló que está acreditado el elemento subjetivo de la prohibición de doble

2 Expediente 05001 23 33 000 2024 00015 00
3 Expediente 05001 23 33 000 2023 01294 00

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militancia en la modalidad de apoyo por cuanto el señor Miguel Ángel Iguarán
Osorio se inscribió como candidato al Concejo de Medellín para el período 2024-
2027 con el aval del partido Cambio Radical y con el coaval de la coalición
«Juntos» integrada por esa colectividad política, el Partido de la U y MIRA.

Indicó que los elementos objetivo y temporal de la prohibición también se
encuentran acreditados por cuanto el demandado apoyó la candidatura de Luis
Pérez Gutiérrez a la Gobernación de Antioquia con el aval de una agrupación
política diferente a la suya y dicho respaldo se presentó desde el momento de la
inscripción de la aspiración de aquel hasta el cierre de su campaña.

Precisó que, sin embargo, no se encuentra acreditado el elemento modal, por
cuanto según lo manifestó el mismo representante legal del partido Cambio
Radical dicha colectividad no inscribió candidato para la Gobernación de
Antioquia y dejó en libertad a sus militantes para respaldar la aspiración de
quienes consideraran la mejor opción para ese cargo.

Agregó que no se demostró que el Partido de la U ni MIRA hayan publicado
comunicados o dado instrucciones a sus candidatos para no apoyar candidatos a
la Gobernación de Antioquia de partidos políticos diferentes.

Explicó que la modalidad de apoyo de doble militancia no se configura si el partido
que avaló al demandado no tuvo candidato propio para el cargo al que aspiró el
señor Luis Pérez, esto es, el de gobernador de Antioquia.

En lo que tiene que ver con la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo
43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el numeral 2 del artículo 40 de la Ley
617 de 2000, adujo que están demostrados los elementos subjetivo, temporal y
territorial de aquella, pero no el objetivo.

Expuso que no se demostró que el señor Miguel Ángel Iguarán Osorio haya
detentado autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su
elección como concejal de Medellín.

Señaló que, si bien el demandado desempeñó el cargo de líder del Programa de
Seguridad, Convivencia y Paz, profesional universitario, grado 206 del área
metropolitana del Valle de Aburrá desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 8 de
junio de 2023, dentro de las funciones atribuidas a aquel no se encontró ninguna
que implicara el ejercicio de autoridad administrativa.

Indicó que el hecho de ser supervisor de contratos estatales no conlleva el
ejercicio de dicha autoridad, por lo que el argumento de la parte actora en ese
sentido, no tiene vocación de prosperidad.

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Manifestó que no se acreditó en el expediente que el demandado en su calidad
de supervisor de contratos haya ejercido competencias que denotaran autonomía
decisoria o que contara con poder de mando.

Mencionó que tampoco se demostró que dentro de las funciones a él asignadas
estuvieran las de celebrar contratos; ordenar el gasto; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones ni suspenderlas; trasladar
horizontal o verticalmente a los funcionarios subordinados; reconocer horas
extras; vincular personal supernumerario o fijarle sedes nuevas a personal de
planta; investigar faltas disciplinarias ni ninguna otra que conllevara el ejercicio de
autoridad administrativa.

Concluyó que no se probó la configuración de la prohibición de doble militancia
en la modalidad de apoyo ni de la inhabilidad endilgada, razón por la cual denegó
las pretensiones de la demanda.

1.8 Los recursos de apelación

Inconformes con esta decisión, los demandantes y su coadyuvante interpusieron
recursos de apelación en su contra, con fundamento en los siguientes
argumentos:

1.8.1 Demandante Miguel Ángel López García

Adujo que el a quo valoró de manera indebida e insuficiente el Manual de
Supervisión e Interventoría del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Sostuvo que el demandado fue ordenador del gasto en su rol de supervisor de
contratos al interior de la referida área metropolitana, de lo que se derivó que
interviniera en la ejecución de recursos de inversión y en la celebración de
contratos.

Invocó el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que regula la figura de la supervisión
contractual.

Señaló que los supervisores de contratos tienen injerencia en las órdenes de pago
y gasto de los contratistas y son quienes, en últimas verifican el desarrollo de las
actividades que constituyen el objeto contractual, por lo que, en caso de
evidenciar cualquier incumplimiento deben aplicar a lo dispuesto en la normativa
correspondiente para la imposición de las sanciones a que haya lugar.

Indicó que el demandado obtuvo ventaja sobre los demás candidatos al Concejo
de Medellín por cuanto le correspondía controlar a los contratistas de la entidad
y, además, aprobaba y autorizaba el pago de los honorarios a aquellos.

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En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.

1.8.2 Demandante Luis Felipe Cárdenas Morales:

Precisó que nunca cuestionó si el partido Cambio Radical había avalado algún
candidato o no a la Gobernación de Antioquia para las elecciones del 29 de
octubre de 2023, por cuanto, es claro que la respuesta es negativa.

Explicó que lo que se censura en el caso concreto es que el demandado haya
apoyado la candidatura de Luis Emilio Pérez Gutiérrez a dicha gobernación, pese
a que aquel fue inscrito por la coalición Piensa en Grande, de la cual no hizo parte
Cambio Radical, a sabiendas de que el artículo 52 de los estatutos de dicha
agrupación política prohíbe expresamente que sus candidatos respalden
aspirantes diferentes a los inscritos o avalados por aquella.

Destacó que el fondo de la censura no fue estudiado por el tribunal de primera
instancia.

Agregó que el a quo no tuvo en cuenta que el documento suscrito por el
representante legal de Cambio Radical según el cual dicha colectividad dejó en
libertad a sus militantes para apoyar a quien consideraran para la Gobernación
de Antioquia, también desconoce el artículo 52 de los referidos estatutos.

Adujo que, en este caso, se encuentran acreditados todos los elementos de la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo lo cual se deduce del
análisis del precitado artículo 52 de los estatutos de Cambio Radical.

1.8.3 Coadyuvante Sandra Milena Palacios Calderón

Puso de presente que el lineamiento general 11.8 del Manual de Interventoría y
Supervisión del área metropolitana del Valle de Aburrá regula un procedimiento
previsto para situaciones excepcionales que impliquen actuaciones inmediatas y
requieran una decisión conjunta supervisor – ordenador del gasto para reconocer
o autorizar actividades que generen gastos distintos a los contemplados en los
contratos.

Sostuvo que, con base en dicho lineamiento, se le asignó poder de decisión
contractual al ordenador del gasto y al supervisor de los contratos, de lo que se
deduce que el demandado asumió la designación de funciones de supervisión y,
por tanto, ejerció autoridad administrativa.

Expuso que, la referida disposición, le otorgó al demandado la facultad para que,

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en situaciones excepcionales al ejercicio de la supervisión interviniera en conjunto
con el ordenador del gasto para autorizar o reconocer actividades cuyo gasto no
está contemplado en los contratos.

Adujo que, en consecuencia, como supervisor de contratos el señor Iguarán
Osorio ostentó la potestad que implica una función propia del ejercicio de
autoridad administrativa respecto de decisiones contractuales junto con el
ordenador del gasto.

Con base en lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se declare la nulidad de la elección del demandado.

1.9 Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 9 de septiembre de 20244 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por los actores y su coadyuvante en contra de la sentencia
de primera instancia.

1.10 Alegatos de conclusión

1.10.1 Demandante Miguel Ángel López García5:

Reiteró que el demandado al haber sido supervisor de contratos ejerció autoridad
administrativa en el área metropolitana del Valle de Aburrá dentro de los 12 meses
anteriores a su elección como concejal de Medellín.

Adujo que, en dicho rol, autorizó el pago de honorarios a diferentes contratistas
de esa entidad, por lo que enunció algunos de los desembolsos aprobados por
aquel.

Agregó que en el lineamiento 11.8 del Manual de Interventoría y Supervisión del
área metropolitana del Valle de Aburrá se le otorgó a los supervisores la facultad
de decidir conjuntamente con el ordenador del gasto sobre algunas situaciones
excepcionales que impliquen actuaciones inmediatas para reconocer o autorizar
actividades que generen gastos distintos a los contemplados en los respectivos
contratos.

Adicionó que el demandado suscribió el acta de suspensión del contrato 887 de
2021 el 28 de diciembre de 2022.

Destacó que el señor Iguarán Osorio tuvo injerencia sobre varios contratistas del

4 Anotación 6 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
5
Anotación 12 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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área metropolitana en su rol de supervisor contractual.

Reafirmó los demás argumentos esgrimidos en el escrito a través del cual
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

1.10.2 Demandante Luis Felipe Cárdenas Morales6:

Reiteró los argumentos esgrimidos como fundamento del recurso de apelación.

1.10.3 Demandado7:

Precisó que de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y
Supervisión del área metropolitana del Valle de Aburrá contenido en la Resolución
000144 del 5 de febrero de 2014 quien autoriza el pago a contratistas es el
ordenador del gasto, pero por delegación del director de la entidad, de lo que se
desprende que no son los supervisores quienes tienen dicha atribución.

Adujo que la interpretación de los recurrentes del referido manual es
completamente desacertada y acomodada, pues son claras las atribuciones con
la que cuenta el supervisor de un contrato en la ley y en esa misma disposición.

Reiteró que, en ejercicio de su rol como supervisor no detentó competencia
decisoria en materia sancionatoria ni ninguna otra forma de autoridad
administrativa.

Puso de presente que el director de la entidad, mediante Resolución 472 de 2021,
luego modificada por las Resoluciones 1917 de 2022, 409 de 2023 y 1648 de
2023, delegó las competencias relacionadas con la actividad precontractual,
contractual y postcontractual, además de la ordenación del gasto, en cabeza de
la secretaria general y los subdirectores del área metropolitana del Valle de Aburrá
por lo que, entre otras, la dirección de los procesos de selección, la escogencia
de contratistas, la celebración de contratos, la suscripción de adiciones o
contratos adicionales, la suscripción de prorrogas contractuales y la liquidación
de contratos estatales quedó en cabeza de aquellos sin que ellos, a su vez,
pudieran delegar la función a ellos delegada.

Señaló que en el sector administrativo de Seguridad, Convivencia y Paz quien
recibió la delegación de ordenación del gasto y de las funciones contractuales
incluidas las sancionatorias, fue el subdirector del área, por lo que es imposible
que él como profesional universitario haya ostentado dichas facultades.

6
Anotaciones 13 y 15 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
7 Anotación 14 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Advirtió que los motivos de apelación esbozados por la coadyuvante no
concuerdan con los de la parte actora, específicamente en lo relacionado con la
interpretación de los lineamientos 11.7 y 11.8 del Manual de Interventoría y
Supervisión del área metropolitana, razón por la cual no hay lugar a pronunciarse
al respecto.

Indicó que, de todas formas, es evidente que los supervisores de contratos no
tienen facultad para suscribir adiciones en valor o en plazo de los acuerdos de
voluntades de que se trate, por lo que la interpretación de la recurrente de dichas
disposiciones es absolutamente desacertada.

Manifestó que de la expresión «conjuntamente» contenida en las normas bajo
análisis no se puede derivar que los supervisores de contratos ejerzan las mismas
facultades de los ordenadores del gasto.

Sostuvo que la frase enunciada «decidir conjuntamente al respecto» debe ser
entendida como la coordinación entre las competencias asignadas al supervisor,
como lo era informar y dar traslado (función asistencial y de apoyo) y, aquellas en
cabeza del subdirector, como son las de reconocer actividades que generen
gastos no contemplados en los contratos (función contractual y decisoria) como
ordenador del gasto.

Enfatizó que ni el manual de funciones, ni el ejercicio propio del cargo, ni el manual
de supervisión e interventoría, le permitieron al señor Miguel Ángel Iguarán
Osorio, ejercer autoridad administrativa, toda vez que estas funciones siempre
estuvieron delegadas de forma exclusiva en su superior jerárquico, el subdirector
de Seguridad, Convivencia y Paz.

Explicó que la prohibición de doble militancia se encuentra regulada en la
Constitución Política y en la ley, por lo que los estatutos de un partido político no
tienen la virtualidad de configurar o variar las modalidades en que aquella debe
aplicarse, por lo que el análisis del artículo 52 de los estatutos del partido Cambio
Radical resulta irrelevante en este asunto.

Adujo que, en todo caso dicha norma, reproduce el contenido de la prohibición
constitucional y legal de apoyar a candidatos distintos a los avalados por ese
partido.

Mencionó que la discusión no es, entonces si el candidato apoya, conducta que
es lo normal en la política electoral, sino si lo hace pese a que el partido al que
pertenece, inscribió un candidato propio o públicamente apoyó a otro, supuesto
que no se configura en este evento, toda vez que, tal como lo reconoció el
recurrente, Cambio Radical no inscribió ni apoyó a ningún candidato para la
Gobernación de Antioquia.

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Reiteró que el partido Cambio Radical no inscribió ningún candidato para la
Gobernación de Antioquia, tampoco, brindó adhesión a alguno, razón misma por
la que decidió dejar en libertad a sus militantes, lo cual se refrendó además
mediante certificación del 24 de enero de 2024, suscrita por Germán Córdoba
Ordoñez en calidad de representante legal y secretario general del partido, prueba
irrefutable que el apelante pretende que la Sección Quinta desconozca al resolver
el recurso.

En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

1.11 Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada8. Como fundamento de su solicitud, expresó, en resumen,
lo siguiente:

Señaló que no es posible aplicar el artículo 52 de los estatutos del partido Cambio
Radical a la figura de la doble militancia por el carácter restrictivo de las
inhabilidades, por lo que, al no tener candidato propio el partido de origen del
demandado (Cambio Radical) ni la coalición por la que fue inscrito, y al haber
dado libertad a sus militantes para apoyar al candidato de su preferencia para la
Gobernación de Antioquia en las elecciones del 29 de octubre de 2023, el
demandado podía respaldar al aspirante que quisiera.

Indicó que no se demostró que el señor Iguarán Osorio haya ejercido autoridad
administrativa ni haya fungido como ordenador del gasto, pues la función del
supervisor de aprobar el pago dista mucho de la que tiene el ordenador del gasto,
pues, el primero, simplemente emite una constancia de la ejecución del contrato
y de los valores ejecutados, mientras que el segundo ejecuta el presupuesto
disponible.

Destacó que obra en el expediente el oficio AMVA 08601 del 2 de mayo de 2024,
en el que el área metropolitana del Valle de Aburrá, ante un requerimiento elevado
por el procurador 143 judicial II, responde que el demandado, ejerció como
supervisor de varios contratos que en dicho documento se enlistan, pero se
enfatiza igualmente que no fue ordenador del gasto en procesos contractuales
correspondientes.

Mencionó que el director de esa entidad delegó en la secretaria general y en los
subdirectores de las áreas respectivas todas las funciones que los recurrentes

8 Anotación 17 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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afirman que desempeñó el demandado, razón por la cual es imposible que estos
a su vez, las hayan delegado en aquel.

Concluyó que no está acreditado que el señor Miguel Ángel Iguarán Osorio haya
incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo ni que hubiera ejercido
autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección como
concejal de Medellín, período 2024-2027.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos por los demandantes y su coadyuvante contra
la sentencia de 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo establecido en los artículos 1509 y 152 numeral
7.a del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo10.

2.2. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
negó las pretensiones de las demandas presentadas con el fin de obtener la
nulidad de la elección del señor Miguel Ángel Iguarán Osorio como concejal de
Medellín, período 2024-2027.

Para el efecto, se debe establecer si el hecho de que el demandado, pese a ser
avalado por el partido Cambio Radical en coalición con el Partido de la U y MIRA,

9 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
10 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de
los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios
y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración;…»

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colectividad que no inscribió candidato para la Gobernación de Antioquia para el
período 2024-2027, incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad
de apoyo por haber respaldado la candidatura de Luis Emilio Pérez Gutiérrez a
dicho cargo quien se inscribió por la coalición «Piensa en Grande» de la cual no
hizo parte la agrupación política del demandado.

Asimismo, si al haber sido supervisor de algunos contratos estatales en el área
metropolitana del Valle de Aburrá ejerció autoridad administrativa dentro de los
12 meses anteriores a la elección demandada.

Por lo tanto, solo está en discusión en esta instancia si se configuró el elemento
modal de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo y el objetivo
de la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es el ejercicio de
autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección.

2.3 Precisión previa

Según se tiene, en el presente asunto, la sentencia de primera instancia fue
apelada por los dos demandantes y su coadyuvante.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los terceros únicamente podrán
«efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayudan, en cuanto no
estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho del
litigio.» Es decir, los terceros solo pueden proceder en el marco de las actuaciones
de la parte a la que apoyan dentro del proceso, por lo que «su participación se
circunscribe a enriquecer argumentativamente la posición asumida por estos.» 11

En tales condiciones, el recurso de la coadyuvante será estudiado en el marco de
los cargos esbozados por los demandantes que son quienes tienen la facultad de
disponer del derecho del litigio.

2.4 Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto

Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades
y bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo
demuestran los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los
cuales se introdujo y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.

11Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020200008800. Providencia del 29 de abril de 2021. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política,
ningún ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político.
En consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones
públicas que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección
están compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha
en que inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.

Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).

A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas12:

a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o
grupos significativo de ciudadanos.

b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en
el mismo proceso electoral.

c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como
candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto
de aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes
de los 12 meses que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la
colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas diferentes a
una sanción.

d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó
aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté participando con
aspirantes para la correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo
expreso a determinada campaña de otro partido o movimiento.

e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que
medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.

12 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad.

11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10
de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo
Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-
02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-
000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de
2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.

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En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación13, relacionada en
el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los
términos que se transcriben enseguida:

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar
candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al
cual se encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de texto)

Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección14 ha reconocido
que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta
de la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:

i. Elemento subjetivo

El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en
su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.

Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.

ii. Elemento objetivo

La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel
al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado
por esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento

13 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-
02946-01(Acum), MP. Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-
33-000-2019-00808-02.
14 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un

partido distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21
de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia de 6 de octubre de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de
2016.

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de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva organización política.»15

Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en
el tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad
de doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos
que pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado
de convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del
apoyo ilegal.

En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la
asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y
concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra
organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:

Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la
Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor
del candidato perteneciente a otro partido político.16

De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.

Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la
parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones
políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el
partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble
militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que
permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:

Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de
actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al
cual pertenece el concejal demandado.

(…)

Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
16 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.

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llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del candidato del partido,
en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.17 (Negrilla fuera de texto)

En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de
la noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió
probar su socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña
política de un candidato afiliado a otro movimiento18; las palabras de
agradecimiento entre aspirantes políticos19; así como la existencia de publicidad
perteneciente a un aspirante avalado por otra organización, cuando los medios
de convicción allegados no permiten aseverar que su presencia responde a la
voluntad del accionado, como una manifestación de apoyo.

En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate:

…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos que,
por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones respectivas y,
entre otras cosas, si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino o
consintió tales actividades proselitistas y menos que de ellas se derive el
cuestionado apoyo.” (Negrilla fuera de texto)

Pero no solo estos aspectos20 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a
la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia,
por lo que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración
de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política21.

17 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-

000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. ““Ahora
bien, aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario
de estas características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran
socializados, distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en la que
el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues la mera
impresión de los mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de
2011.” (Negrilla fuera de texto)
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A
diferencia de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha
de falsedad permite establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera
de contexto en la prueba allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de
agradecimiento dirigidas al señor Acosta Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su
candidatura por Bogotá.” (Negrilla fuera de texto)
20 La naturaleza del apoyo.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.

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Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «…el
apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble
militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni
limitó sus alcances a este tipo de factores.»22

Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido
en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más
allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a
través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la
avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.

Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:

De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto
apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta,
debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador
judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable
para que éste pueda colegir que en el caso en concreto se presentó la causal de
nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir que el candidato
traicionó la voluntad de su electorado.

Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al
electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima,
cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la
Asamblea departamental, en el marco de programas radiales23.

Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de
agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:

Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de
doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o
movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de
agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo
de elección popular.24

iii. Elemento temporal

22 Ibidem.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-

33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.

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Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse
los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva
aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el
contexto de la campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede
hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»25; término que se
extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración
y hasta la fecha de la elección.

iv. Elemento modal de la conducta

La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.

Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo
en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente de esta Sala
de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o
un movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no
exista registro de una aspiración particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente
la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.

Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la
Sala concluyó en relación con este aspecto

Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble
militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o
apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente
presupone que el partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato
propio para determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya
decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato de otra organización
política.26

Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-

000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-

000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.

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candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a
respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de
la colectividad.

v. Elemento territorial

El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al concejo a la
aspiración proselitista de un candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.

En palabras de esta Sala de Decisión:

Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido brindado
a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una
circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la configuración
de la doble militancia política.27

De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia
o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un
cargo de elección popular.

Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso concreto,
esta Judicatura hilvanará algunas ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite judicial.

En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para
establecer con certeza que durante el periodo señalado el demandado desplegó
actos de respaldo a un candidato inscrito por una organización política diferente
a aquella que lo avaló, pese a que esta colectividad también tenía aspirantes,
inscritos o por adhesión a la campaña, para el respectivo cargo o corporación.

Así mismo, tanto la Corte Constitucional28 como esta Sala29 han perfilado la doble
militancia, tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este ámbito,
teniendo en cuenta que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
28 Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-

2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-
2022-00271-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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candidatos, se ha considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que
deben favorecer, en primer término, a los que pertenecen a su misma colectividad
y solo a falta de estos, es posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás
organizaciones que suscriben el acuerdo, siempre que su colectividad de base
les haya dejado en libertad para hacerlo.

En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia
por apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en
la norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador,
al efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e integrando el principio
de capacidad electoral, que debe orientar al operador jurídico al resolver las
controversias de esta naturaleza.

2.5 La causal de inhabilidad por ejercicio de autoridad del artículo 43,
numeral 2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que
pueden recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes
accedan o estén en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de
igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la
prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales30.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»31.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el
desarrollo de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha
sido enfatizado por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes
oportunidades que el único facultado para estructurar las circunstancias
especiales que limitan el referido derecho es el legislador.32

30 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también

sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
31 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo

Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
32 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013,

radicado Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00
110010328000201200057-00 Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo
Padilla Hernández y otros

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Precisamente, tratándose de los concejales municipales y distritales, fue con la
Ley 136 de 1994 que se enlistaron las causales inhabilitantes de estos servidores
públicos para inscribirse o ser elegidos como tales. En relación con el supuesto
de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto con el siguiente
tenor literal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien, como
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido
como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración
de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito.

En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden
extraer los siguientes elementos estructuradores, a saber33:

a. Un elemento objetivo dado por el ejercicio de un empleo público de
jurisdicción, con autoridad política, civil, administrativa o militar.

b. Un elemento temporal que está dado por los 12 meses anteriores a la elección
cuestionada.

c. Un elemento espacial o territorial que se refiere al respectivo municipio o
distrito donde es elegida la persona de quien se predica la inhabilidad, el cual
debe coincidir con aquel en el cual se ejerció anteriormente un empleo público
con autoridad.

En otras palabras, y en lo que concierne a este evento, quien haya fungido como
empleado público con jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar
dentro de los 12 meses anteriores a la elección en el respectivo municipio o
distrito, no puede ser inscrito como candidato ni elegido como concejal municipal
o distrital.

De igual forma, conviene precisar que para que se configure la inhabilidad se
deben reunir todos y cada uno de los elementos anteriormente señalados, por
cuanto, la ausencia de uno solo de ellos hace inviable la materialización de la

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 29

de abril de 2021. Expediente 23001-23-33-000-2019-00461-01. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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figura.

Para el efecto, resulta del caso recordar qué se entiende por empleado público,
ejercicio de jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar.

En primer lugar, en lo que tiene que ver con el ejercicio de un empleo público,
debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 123
de la Carta Política, los servidores públicos se clasifican en miembros de las
corporaciones públicas y empleados y trabajadores del Estado, entiéndase
empleados públicos y trabajadores oficiales.

Es decir, los empleados públicos son una especie de servidores públicos que se
encuentran vinculados con el Estado, por regla general, a través de una relación
legal y reglamentaria.34

Precisado lo anterior, frente al ejercicio de jurisdicción, se advierte que conforme
la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, la jurisdicción se ejerce por aquellas
personas envestidas de la facultad de administrar justicia, bien sea de manera
permanente o transitoria. Permanente, como el caso de los jueces y magistrados
y algunas autoridades administrativas a las cuales expresamente la ley ha
facultado para el efecto; o transitoria, como lo que ocurre con los particulares a
quienes se les otorga la atribución de manera temporal.

Ahora bien35, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección36 han acudido,
«para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con
carácter analógico sino a título de referente conceptual»37, a las definiciones
plasmadas en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor
literal disponen:

ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 11

de marzo de 2021. Expediente 05001-23-33-000-2019-03154-01. M.P. Dr. Luis Alberto Álvarez
Parra.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800.

M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago
Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-

00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

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2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.

Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo.

ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del
alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes
de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos
o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

Conforme con lo anterior, la autoridad civil se relaciona por el ejercicio de poder
de mando, así como para el nombramiento y remoción de subalternos y sus
respectivas sanciones.

Al respecto, la Sala la ha concebido como una «potestad de dirección o mando
que tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares, la cual
puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso contra la
voluntad de los mismos»38.

Por su parte, la autoridad política se ejerce por los alcaldes, los secretarios y jefes
de departamento administrativo así como por los miembros del gobierno
municipal con poder de mando y decisión.

Ahora bien, frente a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de
Estado39 ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio
funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a
un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de

febrero de 2019, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2018-00048-00.
39 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de

Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-
00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.

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autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que
se ocupa de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo,
el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera,
en poderes de mando.

Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005 40,
mediante la cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican
dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha
autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias
de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al
análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla
fuera de texto)

Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia41 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva
sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.

Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones
que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre
y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como
lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad.
La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones

40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-

31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-

000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

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administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que
no alcanzan a tener esa importancia».42 (Se resalta)

Frente a la autoridad política, esta Corporación ha dicho que debe entenderse
como la capacidad para «presentar proyectos de Ley [en sentido amplio] y
sancionarlos, manejar las relaciones con los otros poderes y con otros Estados,
gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación [entendido también para
departamentos y municipios]43»44

Finalmente, frente al ejercicio de autoridad militar, se ha establecido que es
aquella «ejercida por medio de las armas y la fuerza pública»45.

Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo
caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten
de manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se
materializó. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad
endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso particular.46

2.6 Caso concreto

Como viene de explicarse, en este asunto el acto acusado es el de elección del
señor Miguel Ángel Iguarán Osorio como concejal de Medellín, para el período
2024-2027. El fundamento de la demanda, es que dicho acto se encuentra viciado
de nulidad, por cuanto el demandado incurrió en doble militancia en la modalidad
de apoyo al respaldar la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez a la Gobernación de
Antioquia para el período 2024-2027 y, además, que está inhabilitado en los
términos del numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que ejerció autoridad administrativa
en ese municipio dentro de los 12 meses previos a su elección.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda al no encontrar configurado el elemento modal de la
prohibición ni de la inhabilidad.

Inconformes con la decisión, los demandantes y su coadyuvante la apelaron con
base en los mismos argumentos.

42 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-

0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de junio 9 de 1.998.

Exp. AC–5779. M.P Germán Rodríguez Villamizar.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

4400103234000020190019501. Providencia del 19 de marzo de 2020. M.P. Dra. Rocío Araújo
Oñate.
45 Ibídem.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).

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Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso47 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo tanto, la Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos
concretos formulados por los recurrentes.

2.6.1 Del cargo de la doble militancia en la modalidad de apoyo

Sobre el particular, la Sala encuentra que está fuera de discusión que el partido
Cambio Radical, el cual avaló al demandado para el Concejo de Medellín, período
2024-2027, ni los demás integrantes de la coalición «Juntos» conformada por
aquella colectividad, el Partido de la U y MIRA, que lo coavalaron, no inscribieron
candidato propio a la Gobernación de Antioquia para ese mismo lapso, ni
suscribieron acuerdo de coalición o adhesión a una aspiración para la referida
dignidad, según lo aceptó el mismo recurrente en el escrito de apelación.

Además, tampoco es objeto de controversia que el señor Iguarán Osorio respaldó
la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez a la Gobernación de Antioquia para ese
mismo período por la coalición «Piensa en grande» de la cual no hizo parte
Cambio Radical.

En tales condiciones, es pacíficamente aceptado por las partes que el demandado
avalado por Cambio Radical, colectividad que no inscribió candidato propio para
la Gobernación de Antioquia, apoyó la aspiración de Luis Pérez Gutiérrez.

47 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

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Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

Ahora bien, lo que está en controversia es establecer si dicha conducta configura
la modalidad de apoyo de la prohibición de doble militancia o no.

Según se tiene, obra en el expediente la siguiente certificación:

En dicho documento, el representante legal y secretario general del partido
Cambio Radical confirma que esa colectividad no avaló ni respaldó a ningún
candidato para la referida gobernación, pero además, agrega que la militancia
de esa colectividad estaba en libertad de apoyar al candidato de su
preferencia para el precitado cargo de gobernador.

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Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

Ahora, el reparo del recurrente consiste en que, en su criterio, la referida
certificación desconoce lo dispuesto en el artículo 52 de los estatutos de Cambio
Radical y, por ende, no puede ser tenida en cuenta. Dicha norma establece:

Artículo 52°. Quien sea aceptado como miembro del Partido, no pertenecerá
simultáneamente a otro, cuya personería jurídica este vigente. La militancia se
establece a partir de la inscripción que se realice personalmente a través de
apoderado, ante el partido, lo que se constará a través del sistema de
identificación y registro interno del Partido, respetando siempre el derecho
fundamental de protección de datos. El incumplimiento de las reglas que a
continuación se describen, constituye doble militancia:

1. Quienes desempeñen cargos de Dirección, Gobierno, Administración o Control
al interior del Partido, o hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos de elección
popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos a los que avale
Cambio Radical… (Se resalta).

Al respecto, resulta del caso precisar que, tal como lo sostuvo el demandado en
el escrito de alegatos de conclusión presentado en esa instancia, el numeral 1 del
artículo 52 de los estatutos del partido Cambio Radical no riñe con la consagración
constitucional y legal de la prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo a la luz de los parámetros jurisprudenciales expuestos sobre la materia,
por cuanto, prácticamente reproduce dichas disposiciones, así que de ella no
puede derivarse la conclusión pretendida por el recurrente.

Así las cosas, resulta acertada la conclusión a la que llegó el tribunal, en el sentido
de precisar que la valoración probatoria del material allegado por la parte actora,
tendiente a demostrar el apoyo brindado al candidato Luis Pérez a la referida
gobernación, resulta irrelevante. Entonces, pese a que el señor Iguarán Osorio
apoyó a ese aspirante -lo cual no está en discusión y fue aceptado por el mismo
demandado- lo cierto es que esa conducta no constituye la prohibición de doble
militancia, por la sencilla razón de que aquel no estaba obligado a respaldar a
ninguno en particular para esa dignidad, máxime que su partido dejó en libertad
a sus militantes y candidatos de apoyar a quien consideraran.

Ahora bien, el hecho de que Germán Vargas Lleras, quien las partes reconocen
como miembro del partido Cambio Radical, haya manifestado en redes sociales
que dicha colectividad no apoyaría la candidatura de Luis Pérez a la Gobernación
de Antioquia no desvirtúa el hecho de que la agrupación haya dejado a sus
militantes en libertad de apoyar a quienes quisieran para dicho cargo.

En otras palabras, el hecho de que Cambio Radical no apoyara a Luis Pérez no
impedía que los miembros de dicho partido sí lo hicieran en virtud de la
manifestación del representante legal de la colectividad y, en atención a que
aquella no inscribió candidato propio para esa gobernación. Ello a diferencia de

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Demandantes: Luis Felipe Cárdenas Morales y otro
Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

lo que hubiera ocurrido si, por ejemplo, se hubiese emitido alguna orden de
abstención en dicho sentido.

Por lo tanto, es claro que no se configuran los elementos de la doble militancia en
la modalidad de apoyo y, por esa razón, la Sala se sustrae de efectuar un análisis
probatorio de los documentos aportados por el demandante, pues aquel resultaría
superfluo, ante la ausencia del presupuesto modal de la conducta, esto es, que
habiendo candidato inscrito por su partido, el demandado haya apoyado a otro.
Se reitera, en este caso el partido Cambio Radical ni los demás miembros de la
coalición de la que hizo parte el demandado, no tenían candidato ni acuerdo de
coalición o adhesión para la Gobernación de Antioquia y más importante todavía,
su agrupación política, lo dejó en libertad para respaldar la aspiración que
quisiera.

De modo que, esta Sala ha sido enfática en señalar que la configuración de la
doble militancia exige la ocurrencia conjunta de unos elementos, como lo es el
presupuesto modal, el cual consiste en que el partido o movimiento político que
avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos eventos puede
reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido
al medio de control de nulidad electoral.

Así las cosas, la postura de la Sección Quinta frente a la configuración del
elemento modal de la conducta de doble militancia, ha sido reiterada y pacífica.
De modo que, más allá de cualquier afirmación subjetiva y personal del
recurrente, no se advierten argumentos que enerven el estudio realizado por el
tribunal de primera instancia, conforme al precedente judicial indicado.

En tales condiciones, el argumento esbozado en el recurso de apelación sobre la
materia, no tiene vocación de prosperidad.

2.6.2 De la inhabilidad por el ejercicio de autoridad administrativa

Ahora bien, en lo que respecta a la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000, se advierte que el fundamento de los recurrentes consiste en que el
demandado ejerció el rol de supervisor de varios contratos celebrados por el área
metropolitana del Valle de Aburrá y en virtud, de aquel, ejerció autoridad
administrativa durante el período inhabilitante.

Es decir, está fuera de discusión que el señor Iguarán Osorio se desempeñó como
líder del Programa de Seguridad, Convivencia y Paz del área metropolitana del
Valle de Aburrá -de la cual hace parte el Distrito de Medellín- en el cargo de

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Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

profesional universitario grado 206 entre el 16 de marzo de 2022 y el 8 de junio
de 2023.

Respecto del rol de supervisor contractual, resulta del caso precisar que, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dicha
actividad:

…[C]onsistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Asimismo48, el artículo 84 de la norma en cita establece como facultades y
deberes de los supervisores de contratos estatales los siguientes:

La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente…

De conformidad con la normativa en cita, la figura del supervisor en un contrato
estatal está establecida con el fin de que se verifique el cumplimiento del acuerdo
de voluntades, seguimiento para el cual no se requieren de conocimientos
especializados -a diferencia de lo que ocurre con la interventoría- razón por la cual
para el efecto se puede designar al personal de la entidad contratante.

Ahora bien, frente a la responsabilidad y atribuciones de los supervisores, la
Agencia Nacional de Contratación Pública49 ha establecido que quien ejerce como
tal:

…[T]iene el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos
vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los
mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes,

48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto del

2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02(principal), M.P. Rocío Araújo Oñate.
49 Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del

Estado,
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_eje
rcicio_de_las_funciones_de _supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf Este
concepto fue utilizado por la Sala de Sección a efectos de obtener claridad respecto de las
funciones de supervisión de contratos estatales. Al respecto ver: fallo del 12 de agosto del 2021,
radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02(principal), M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual,
impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a
lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor
o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que
realice deben publicarse en el SECOP. En ningún caso los interventores o
supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en
la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre
deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal con base en
lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones
contractuales.

Con base en lo anterior, en lo que tiene que ver con el interrogante sobre si el
ejercicio de la supervisión contractual implica o no ejercicio de autoridad esta
Sección ha sostenido que la respuesta a aquel es negativa.

De manera específica se ha dicho50:

142. Es decir, la supervisión si bien conlleva a la posibilidad que se impartan
instrucciones al contratista, ello no conlleva sustituir las obligaciones
contractuales previamente pactadas ni mucho menos generar direccionamientos
contrarios al objeto contractual, por el contrario, sus lineamientos deben buscar la
ejecución exitosa del acuerdo de voluntades, sin que esto implique disposición de
los recursos que es una función propia del ordenador del gasto.

143. Lo anterior, aunado al cumplimiento de funciones de verificación contractual
que llevan a que el supervisor se presente como el canal de comunicación entre
el contratista y la entidad contratante, sin que de las competencias imputadas
pueda predicarse la existencia de facultades de mando que denoten la presencia
de autoridad administrativa.

144. Esta Sección ha concluido en varias ocasiones que la supervisión de
contratos estatales no conlleva, en principio, el ejercicio de autoridad
administrativa, comoquiera que las atribuciones que se asignan para el desarrollo
de esta actividad responden a una lógica instrumental y de apoyo que pretende,
en todos los casos, la debida puesta en marcha de los procedimientos
contractuales desplegados por el Estado, excluyendo la titularidad de facultades
impositivas y, en general, de poderes de mando que permitan remarcar el
elemento modal de esta inhabilidad.

Así las cosas, es claro que el mero ejercicio de la supervisión de uno o varios
contratos no implica el desempeño de autoridad administrativa, por lo que el
hecho de que el señor Miguel Ángel Iguarán Osorio haya sido supervisor de
contratos estatales durante el período inhabilitante, no conlleva que haya estado
incurso en la inhabilidad bajo estudio.

No obstante, en los términos de los recursos de apelación resulta del caso
analizar el Manual de Interventoría y Supervisión del área metropolitana del Valle

50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 23

de febrero de 2023. Expediente acumulado 11001032800020220003900. M.P. Rocío Araújo
Oñate.

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de Aburrá con el fin de establecer si en virtud de aquel, se le otorgó alguna
facultad adicional al demandado que haya implicado el ejercicio de dicha
autoridad.

Según se tiene, el numeral 6 de dicho manual define la supervisión en idénticos
términos que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 ya citado.

De igual forma, en el numeral 4.1 adopta algunas definiciones de términos básicos
como orden de pago y ordenador del gasto que son traídos a colación por los
recurrentes, los cuales expone así:

Orden de pago: documento a través del cual se autoriza el pago por parte del
AMVA al contratista, por las labores ejecutadas durante el período respectivo, de
acuerdo con la modalidad de pago estipulada en el contrato.

Ordenador del gasto: funcionario delegado expresamente por acto
administrativo emanado del director, para disponer u ordenar el pago de que se
trate.

Frente al punto, es claro que, contrario a lo afirmado por los recurrentes el rol de
supervisor de contratos difiere del de ordenador del gasto de una entidad y, tal
como lo expresó la señora agente del Ministerio Público el hecho de que un
supervisor otorgue un visto bueno para el pago de honorarios a contratistas, en
manera alguna lo convierte en ordenador del gasto; simplemente, se torna en un
insumo para adoptar la decisión final de pago.

Además, en este caso, está demostrado que el director del área metropolitana del
Valle de Aburrá a través de la Resolución 472 de 2021 modificada y derogada por
las Resoluciones 1917 de 2022, 409, 1648 y 2360 de 2023, delegó la ordenación
del gasto y las competencias relacionadas con la actividad contractual en cabeza
de los subdirectores del área metropolitana del Valle de Aburrá en los siguientes
términos:

ARTÍCULO PRIMERO. Deléguese en los Subdirectores del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá la ordenación del gasto de los rubros y proyectos que tengan
relación directa con su dependencia, sin importar su cuantía, objeto o modalidad.

Los delegados son competentes para adelantar licitaciones públicas, concursos
de méritos, selecciones abreviadas y contrataciones directas, así como para
suscribir las siguientes formas contractuales: asociaciones público-privadas,
contratos, convenios interadministrativos, convenios de asociación, convenios
de apoyo, convenios de cooperación y en general cualquier negocio jurídico
generador de obligaciones para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
necesario para el cumplimiento de los fines del Estado, la Entidad y cada una
de las dependencias que la componen.

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

Asimismo, como la suscripción de órdenes de compra y demás acuerdos de
voluntades que se adelanten a través de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, con independencia de su cuantía y de su fuente de financiación.

Así las cosas, el demandado demostró en el expediente que eran los
subdirectores del área metropolitana del Valle de Aburrá en virtud de delegación
efectuada directamente por el director de la entidad quienes tenían el rol de
ordenadores del gasto en cada dependencia y, además, detentaban las
facultades de índole contractual en aquellas.

Además, la parte actora, ahora recurrente no desvirtuó dicho hecho ni probó que
esa delegación haya sido modificada o entregada a través de algún acto al ahora
demandado.

En tales condiciones, el argumento de la apelación según el cual el señor Iguarán
Osorio fungió como ordenador del gasto o que tuvo facultad decisoria en temas
contractuales, queda desvirtuado.

Finalmente, en lo que se refiere a la manifestación de la coadyuvante según la
cual el precitado manual le otorgó al demandado facultades excepcionales de
ordenación del gasto en los términos de los lineamientos 11.7 y 11.8 de dicho
estatuto, se advierte que ese punto no fue incluido por ninguno de los
demandantes en sus escritos de apelación. Al respecto, solo hizo referencia el
recurrente Miguel Ángel López García en su escrito de alegatos de conclusión de
segunda instancia luego de que la tercera presentó su argumentación.

En tales condiciones, en principio, no habría lugar a emitir pronunciamiento en
esta instancia sobre la materia; sin embargo, se advierte que el argumento sí fue
incluido en las demandas y en últimas se refieren al mismo cargo esbozado por
los demandantes en sus escritos de apelación, por lo que pasará a analizarse.

Las disposiciones en comento son del siguiente tenor:

11.7 En ningún caso el supervisor y/o interventor podrá suscribir documentos que
impliquen incremento en el valor inicial del contrato (actas de modificación de
cantidades, cambio de especificaciones, aprobación de ítems y fijación de precios
no previstos, cambios o especificaciones del contrato que impliquen mayores o
menores cantidades de obra, de servicios, bienes o de dinero, modificación de su
valor, plazo u objeto del contrato). Cuando sea preciso la adición del valor
contractual, deberá requerir disponibilidad presupuestal que ampare la
correspondiente modificación del valor y de ello dejará constancia del número del
documento, la fecha de su aprobación y el previo agotamiento del trámite
administrativo interno previsto por las distintas resoluciones metropolitanas que
regulan la materia. Cuando las modificaciones impliquen adiciones en valor o en
plazo, estos documentos serán suscritos por el ordenador del gasto, previo el
trámite interno definido para el efecto.

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11.8 En eventos en que se presenten situaciones excepcionales que impliquen
actuaciones inmediatas que requieran reconocer o autorizar actividades que
generen gastos distintos a los contemplados en los contratos, el supervisor y/o
interventor dará traslado de las peticiones al ordenador del gasto para decidir
conjuntamente al respecto, dentro de sus competencias legales y contractuales.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que dichos lineamientos hacen parte de las
directrices generales incluidas en el Manual de Interventoría y Supervisión del
área metropolitana del Valle de Aburrá y, del análisis integral de aquel, no se
deduce que los supervisores contractuales asuman el rol de ordenadores del
gasto, por el contrario, lo que se extrae de dichas disposiciones es que aquellos,
en el marco de sus facultades deben informar y «dar traslado» al respectivo
ordenador del gasto de las situaciones excepcionales que impliquen erogaciones
diferentes a las pactadas para que aquel resuelva.

En otras palabras, en manera alguna, dichas directrices mutan el rol del
supervisor que, como ya se expuso con antelación y suficientemente no implica
per se el ejercicio de autoridad administrativa.

En este mismo sentido, en lo que se refiere a las supuestas ventajas que pudo
obtener el demandado de su rol de supervisor contractual, se insiste, la ley
establece como inhabilidad es el ejercicio de autoridad administrativa y en este
caso, dicha circunstancia no se acreditó por lo que el planteamiento esbozado en
dicho sentido tampoco prospera.

Conforme con lo anterior, concluye la Sala que ninguno de los argumentos
esbozados por lo apelantes tiene vocación de prosperidad por cuanto no
demuestran el ejercicio de autoridad administrativa por parte del demandado
durante los 12 meses anteriores a su elección como concejal en Medellín ni la
configuración de la modalidad de apoyo de la prohibición de doble militancia en el
caso concreto, por lo que hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia.

2.7 Otras decisiones

Según se tiene, el Consejo Nacional Electoral aportó poder otorgado a la abogada
Elizabeth González Mancilla para que ejerciera la representación judicial de la
entidad en este proceso. Al cumplir el mandato los requisitos de ley se le
reconocerá personería a la profesional del derecho para actuar como apoderada
del referido organismo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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Demandado: Miguel Ángel Iguarán Osorio – concejal de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01294-01 (Principal)

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de nulidad de la
elección de Miguel Ángel Iguarán Osario como concejal de Medellín, período
2024-2027.

SEGUNDO: RECONOCER a la abogada Elizabeth González Mancilla como
apoderada del Consejo Nacional Electoral, en los términos del poder que obra en
la anotación 10 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión
judicial, Samai.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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