Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06829-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06829-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06829-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06829-00
Demandante: Ernestina Perdomo Castro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06829-00
Demandante: ERNESTINA PERDOMO CASTRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de expedición de copias
auténticas en el medio de control de nulidad electoral. Carencia
actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Ernestina Perdomo Castro, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo
del Huila.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de diciembre de 2024, la accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se protejan los derechos fundamentales de petición, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al “principio de celeridad procesal”,
supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: Se ORDENE a las Accionadas dar respuesta de fondo de manera clara y
congruente con lo peticionado el 22 de noviembre de 2024.
SEGUNDO: Consecuente con lo anterior; Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado
ponente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA que a la mayor brevedad posible dentro de
lo corrido del presente año, remita el expediente de la referencia al juzgado de origen,
previendo que la vacancia judicial está muy próxima a iniciarse, de lo contrario tendía el
titular del derecho amparado con la acción de nulidad electoral que esperar hasta el
próximo año para hacer efectivo sus derechos fundamentales.
TERCERO: Se ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA Sala Segunda Magistrado ponente GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA para
que, una vez llegue el expediente de la referencia remitido por el Consejo de Estado dé
respuesta de fondo a la solicitud presentada día 22 de noviembre de 2024 objeto de la
presente acción de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06829-00
Demandante: Ernestina Perdomo Castro
CUARTO: Se ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Sala Segunda Magistrado ponente GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, expedir las
constancias de ejecutoria del proceso NULIDAD ELECTORAL. Bajo radicados 41001-
23-33-000-2023-00424-01 (principal) 41001-23-33-000-2023-00389-00 (acumulado)”.
2. Hechos
La accionante mencionó que 14 de noviembre de 2024, la Sección Quinta de está
Corporación confirmó la sentencia de primera instancia dictada el 6 de agosto de
2024 por el Tribunal Administrativo del Huila que resolvió declarar la nulidad de la
elección del concejal de Neiva, Huila, para el periodo 2024-2027, en el medio de
control de nulidad electoral identificado bajo el radicado No. 41001-23-33-000-
2023-00424-00.
Señaló que el 22 de noviembre de 2024, elevó una solicitud ante el Tribunal
Administrativo del Huila en la que pidió la expedición de copias auténticas junto
con la constancia de ejecutoria de las sentencias de primera y segunda instancia
dictadas en el medio de control de nulidad electoral.
Relató que la autoridad judicial le otorgó respuesta en la que le informó que, una
vez se devolviera el expediente por parte del superior funcional, se procedería a
dar trámite a la solicitud de copias auténticas y consideró que lo informado no era
claro ni congruente con lo pedido.
Finalmente, indicó que en el proceso fue absuelta una solicitud de adición de la
sentencia de segunda instancia, sin que se evidencie en el registro de actuaciones
procesales la devolución del expediente al tribunal de origen.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y al “principio de celeridad procesal”, supuestamente vulnerados por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila, al no resolver
la solicitud elevada el 22 de noviembre de 2024 en la que pidió la expedición de
copias auténticas junto con la constancia de ejecutoria de las sentencias de
primera y segunda instancia dictadas en el medio de control de nulidad electoral
identificado bajo el radicado No. 41001-23-33-000-2023-00424-00.
Expresó que a la fecha no se ha registrado la devolución del expediente al
Tribunal de origen según la información reportada en el sistema de consulta
judicial, lo que, a su juicio, imposibilita que exista una respuesta de fondo a la
solicitud presentada y vulnera sus garantías ius fundamentales.
4. Trámite procesal
Por auto de 13 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales accionadas -Sección
Quinta del Consejo de Estado y Tribunal Administrativo del Huila-. Así mismo, a
los señores Juan José Rodríguez Avendaño y Félix Felipe Trujillo Uribe, como
terceros interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional
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Demandante: Ernestina Perdomo Castro
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 2097 a 2100 de
16 de enero de 2025 y oficios Nos. 4978 y 4979 del 22 de enero del presente año,
con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
El presidente de la corporación rindió informe en el que solicita negar las
pretensiones de la acción de tutela, luego de exponer que recibió el expediente el
9 de septiembre de 2024, y que mediante providencia de 14 de noviembre del
mismo año decidió confirmar la decisión recurrida que declaró la nulidad de la
elección del concejal de Neiva. Indicó que, con posterioridad la parte demandada
solicitó adicionar la sentencia de segunda instancia, que fue desatada de manera
desfavorable por auto de 5 de diciembre de 2024 y, en consecuencia, el proceso
fue devuelto al tribunal de origen el 12 del mismo mes y año.
Señala que revisado el expediente de segunda instancia no encontró alguna
solicitud encaminada a obtener la expedición de las copias auténticas, que según
se vio del escrito de tutela y sus anexos, estuvo dirigida al Tribunal Administrativo
del Huila, por lo que concluye que respecto de la Sección no se encuentra
acreditada la vulneración alegada.
5.2. El Tribunal Administrativo del Huila y los señores Juan José Rodríguez
Avendaño y Félix Felipe Trujillo Uribe guardaron silencio a pesar de que fueron
debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y al “principio de celeridad procesal” de la accionante, al
no resolver la solicitud presentada el 22 de noviembre de 2024 en la que pidió la
expedición de copias auténticas junto con la constancia de ejecutoria de las
sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el medio de control de
nulidad electoral.
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Índices 7 y 13 Samai
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Demandante: Ernestina Perdomo Castro
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La señora Ernestina Perdomo Castro, quien actúa en nombre propio, el 12 de
diciembre de 2024 presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y al “principio de celeridad procesal”, supuestamente vulnerados por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila, al no resolver
la solicitud elevada el 22 de noviembre de 2024 en la que pidió la expedición de
copias auténticas junto con la constancia de ejecutoria de las sentencias de
primera y segunda instancia dictadas en el medio de control de nulidad electoral.
De conformidad con las actuaciones que reposan en el proceso ordinario con
radicado No. 41001-23-33-000-2023-00424-00, se advierte que se han proferido
las siguientes actuaciones relevantes para analizar el caso en concreto.
• El 14 de diciembre de 2023, la accionante interpuso demanda a través del medio de
control de nulidad electoral con el fin de que se declarara nula la elección del
concejal de Neiva, Huila, por el partido Centro Democrático para el periodo 2024-
2027, la cual fue decidida de manera favorable mediante sentencia de 6 de agosto
de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila.
• El 29 de agosto de 2024 se concedió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia antes mencionada; en consecuencia, el
5 de septiembre del mismo año se remitió el asunto con destino a la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
• Por fallo de 14 de noviembre de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado
resolvió confirmar la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad electoral.
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• El 22 de noviembre de 2024, la accionante elevó un memorial ante el Tribunal
Administrativo del Huila, por medio del cual pidió la expedición de copias auténticas
de la sentencia de primera y segunda instancia.
• Al respecto, la Secretaría General de dicha corporación le informó a la demandante
por medio del oficio SG-2934 de 26 de noviembre de 2024, lo siguiente:
“En atención a su derecho de petición, mediante el cual solicita copia de algunas piezas
procesales dentro del proceso de la referencia; de manera respetuosa me permito
informarle que revisado el sistema para la gestión judicial SAMAI actualmente no se le
puede dar trámite a su solicitud, en razón a que dicho proceso se encuentra en el Consejo
de Estado, en trámite de solicitud de adición de la sentencia, presentada por la apoderada
de Félix Felipe Trujillo Uribe, por lo anterior, una vez llegue el proceso, se le dará trámite de
fondo a su solicitud”.
• El 5 de diciembre de 2024, la Sección Quinta de esta Corporación resolvió una
solicitud de adición a la sentencia de segunda instancia.
• El 16 de enero de 2025, el proceso judicial ingresó al despacho del Tribunal
Administrativo del Huila proveniente de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
• El 17 de enero de la presente anualidad se dictó auto de obedézcase y cúmplase,
respecto de lo decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia
de 14 de noviembre de 2024.
• El 23 de enero de 2025 la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Huila
por oficio SG-0120, le dio respuesta a la solicitud presentada el 22 de noviembre de
2
2024 , por la accionante, en el sentido de remitir copias auténticas de las
sentencias de primera y segunda instancia, así como el auto que resolvió una
solicitud de adición. En dicha comunicación se incluyó, además, la certificación
expedida por la Secretaría de la Sección Quinta de está Corporación, en la que se
dejó constancia de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia así:
“Que el 14 de noviembre de 2024 la Sala de decisión de la Sección Quinta de esta
Corporación profirió sentencia que decidió: «CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de
2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de la
elección del señor (…) como concejal de Neiva, para el período 2024 – 2027».
Que se presentó solicitud de adición de la sentencia que se resolvió de manera negativa el
5 de diciembre de 2024.
Que la sentencia fue debidamente notificada y quedó legalmente ejecutoriada el 11 de
diciembre de 2024 a las 5:00 p. m”.
4.2. En ese orden de ideas, verificadas las pruebas documentales que reposan en
el expediente y las actuaciones procesales que se han surtido en el medio de
control de nulidad electoral promovido por la accionante, se pudo constatar que el
Tribunal Administrativo del Huila mediante oficio remitido a la demandante el 23 de
enero de 2025, le dio respuesta a la solicitud presentada el 22 de noviembre de
2024, en el sentido de enviar las copias auténticas de las sentencias de primera y
segunda instancia, junto con la constancia de ejecutoria.
Lo anterior, fuerza a concluir que las pretensiones invocadas por la accionante en
el escrito de tutela se encuentran satisfechas, teniendo en consideración que la
Sección Quinta de esta Corporación, una vez concluyó el trámite de la segunda
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Respuesta enviada a la dirección electrónica informada por la demandante: ernestina.pc2022@gmail.com
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instancia dispuso devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Huila,
quien, por intermedio de la Secretaría General envío las copias auténticas con la
constancia de ejecutoria requerida. De este modo, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de tutela no surtiría ningún efecto, pues lo
pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
Sin embargo, la Sala resalta que tal y como se evidenció de las actuaciones
surtidas en el trámite procesal, el Tribunal Administrativo del Huila al momento en
que se presentó la solicitud de 22 de noviembre de 2024, se encontraba
imposibilitado para atender lo pedido por la accionante, en tanto el proceso aún se
encontraba en la Sección Quinta del Consejo de Estado, sin contar con una
decisión ejecutoriada, ya que para esa oportunidad estaba pendiente de decisión
la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20193, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito
de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho
que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la
inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada
ha dejado de desconocer”4.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una
orden al respecto”5.
3
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
4
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
5
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
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Demandante: Ernestina Perdomo Castro
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”6.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
configurarse un hecho superado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un
hecho superado en la acción de tutela promovida por la señora Ernestina Perdomo
Castro, quien actúa en nombre propio.
Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
6
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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