Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01157-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01157-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2023-01157-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
1 de agosto de 2024
Demandante: Jesús Alberto Sepúlveda Torres
Demandado: Jhon Alexander Gallego Gómez,
concejal del municipio de Sabanalarga (Antioquia), periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01157-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01157-01
Demandante: Jesús Alberto Sepúlveda Torres
Demandado: Jhon Alexander Gallego Gómez, concejal del municipio
de Sabanalarga (Antioquia), periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por la celebración de contratos con entidad
pública prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994. Elementos que la configuran.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado,
mediante apoderada judicial, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 24 de abril de 2024, a través de la cual se declaró
la nulidad del acto enjuiciado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El ciudadano Jesús Alberto Sepúlveda Torres, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del
2011, presentó demanda, el 15 de noviembre del 2023, en la que solicitó la
nulidad del formulario E-26 CON del 31 de octubre de la misma anualidad, por
medio del cual se declaró la elección del señor Jhon Alexander Gallego Gómez,
como concejal del municipio de Sabanalarga (Antioquia), para el periodo
constitucional 2024-2027.
1.2. Hechos
2. El demandante sustenta su pretensión en los siguientes supuestos fácticos:
3. El 28 de junio de 2023, el señor Jhon Alexander Gallego Gómez, en calidad de
representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Loma del
municipio de Sabanalarga, suscribió el convenio solidario de colaboración CS 013
de 2023 con el ente territorial, por un valor de $7.376.000.
4. El objeto del anterior contrato era «aunar esfuerzos para el mantenimiento de vías
menores en la vereda La Loma del municipio de Sabanalarga Antioquia, garantizar el
transporte de los campesinos dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 “Sabanalarga Somos Todos”», con plazo de ejecución de un mes, contado
desde la firma del convenio.
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Demandante: Jesús Alberto Sepúlveda Torres
Demandado: Jhon Alexander Gallego Gómez,
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5. El acuerdo de voluntades fue perfeccionado, ejecutado y publicado en la
plataforma SECOP I, contaba con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal y el de registro y compromiso presupuestal por valor de $6.800.000,
para garantizar el pago de la obligación.
6. El demandado resultó electo como concejal del municipio de Sabanalarga para
el periodo 2024-2027 en los comicios que se llevaron a cabo el 29 de octubre de
2023.
1.3. Concepto de la violación
7. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula en virtud de lo
dispuesto en el artículo 275.51 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con la
inhabilidad prevista en el artículo 43.32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
8. Señaló que, en el caso concreto, se materializan los elementos estructuradores
de la causal de inelegibilidad, como se ilustra a continuación:
• Elemento temporal: El contrato de suscribió el 28 de junio de 2023 (4
meses antes de las elecciones), es decir, dentro del periodo inhabilitante que es
de un año anterior al certamen electoral, lo que hace que se concrete esta
condición.
• Elemento espacial: El acuerdo de voluntades se ejecutó en el municipio
de Sabanalarga, donde resultó elegido como concejal.
• Elemento material: Consiste en la conducta haber suscrito el contrato con
el municipio de Sabanalarga.
• Elemento subjetivo: El demandado actuó en beneficio de terceros
conforme al objeto contractual, a saber: «aunar esfuerzos para el mantenimiento de
vías menores en la vereda La Loma del municipio de Sabanalarga Antioquia, garantizar
el transporte de los campesinos dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal
2020-2023 “Sabanalarga Somos Todos”».
9. En el mismo escrito de la demanda solicitó la suspensión provisional del acto
demandado.
1.4. Trámite procesal de primera instancia
10. Por autos separados del 17 de noviembre del 2023, el despacho conductor de
primera instancia admitió la demanda y dispuso correr traslado de la petición
cautelar.
1
«Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos
previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: (…)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. (…)»
2
«3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien
dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito».
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11. En providencia del 11 de diciembre de 2023, la sala de decisión del tribunal
negó la medida deprecada, en síntesis, por lo siguiente:
Si bien el demandante advierte una posible vulneración de las normas legales y
constitucionales como un presunto daño inminente al interés jurídico del electorado,
dicha valoración requiere de un estudio completo del caso, el cual no corresponde a
esta etapa procesal; en donde solo se busca decretar o no la suspensión provisional,
requiriéndose para la misma un estudio hermenéutico del caso que solo es posible
bajo la valoración y conclusión normativa, jurisprudencial y probatoria del proceso al
proferir sentencia.
12. Luego, el 12 de enero de 2024, mediante apoderada judicial3, el demandado
contestó la demanda y expuso como argumento defensivo central que el
mencionado contrato no se ejecutó, por lo tanto, no hubo una afectación a los
dineros públicos y, en ese orden de ideas, el señor Gallego Gómez no obtuvo
ninguna ventaja sobre los demás candidatos.
13. Asimismo, que el acuerdo de voluntades fue celebrado por el accionado en
calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la
Loma, lo que significa que él como persona natural y candidato no obtendría
ningún tipo de beneficio con ello.
14. Finalmente, indicó que debe darse aplicación de la sentencia de la Corte
Constitucional SU 207 del 2022 en relación a no limitar el derecho del demandado
a acceder a cargos públicos, así como a elegir y ser elegido, por cuanto la no
ejecución del contrato, no afectó lo que el legislador con dicha prohibición ha
buscado proteger.
15. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó en su contestación que
se decrete su carácter de imparcial, toda vez que el rol que se cumple en el
proceso electoral es secretarial y de apoyo logístico ajeno al debate proselitista y
de la conformación de las agrupaciones políticas.
16. Mediante auto del 31 de enero de 2024 se ordenó la vinculación del Consejo
Nacional Electoral, entidad que propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva al contestar el medio de control.
17. Posteriormente, el tribunal estableció el 7 de marzo de 2024 como fecha para
celebrar la audiencia inicial. En esa diligencia, el magistrado sustanciador fijó el
litigio4 y decretó las pruebas solicitadas por las partes5, entre ellas las
declaraciones de Carlos Andrés Taborda Rodríguez y Flor Dalila Mendoza Uribe,
quienes rendirían las mismas el 12 del mismo mes y año.
18. En la audiencia de pruebas se recibieron los testimonios pretendidos por la
parte demandada y se corrió traslado para que las partes presentaran sus
3
La abogada Ximena Echavarría Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía 1.033.656.944 y tarjeta profesional
344.161 del C.S. de la J.
4
«Consistirá en determinar si se configura la causal de anulación electoral del acto administrativo Formulario E – 26 CON
del 29 de octubre de 2023 por medio del cual se declaró la elección del señor Jhon Alexander Gallego Gómez, como
Concejal del Municipio de Sabanalarga - Antioquia para el periodo constitucional de 2024-2027 se encuentra incurso en las
causales de nulidad invocadas por la parte actora, y en consecuencia ello declarar su nulidad, o en contrario sensu,
determinar si prosperan la excepciones propuestas en las contestaciones a la demanda.».
5
Las documentales aportadas y las testimoniales pedidas por la parte demandada
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alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía,
conceptuara.
19. Las partes alegaron de conclusión, así (i) la apoderada del demandado reiteró
que al tener en cuenta que el contrato no se ejecutó ni afectó al fisco, no se
configura la inhabilidad alegada; (ii) el demandante insistió que estaba configurada
la causal de inelegibilidad invocada, por cuanto esta se deriva de la celebración de
contratos y no abarca etapas subsiguientes, toda vez que ello comportaría una
interpretación extensiva de las disposiciones legales y; (iii) el apoderado de la
RNEC indicó que acogería y acataría la decisión que se adopte, toda vez que la
entidad no contabiliza ni un voto, de suerte que no se puede decir que tuvo
injerencia en las resultas del proceso electoral.
20. El Ministerio Público estimó que debía accederse a las pretensiones de la
demanda, en síntesis, por considerar que estaba debidamente acreditado que el
demandado incurrió en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 3° del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, al celebrar dentro del año anterior a su elección
y en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda la
Loma del municipio de Sabanalarga el convenio CS 013 de 2023 con la misma
municipalidad, sin que importe si el negocio jurídico se ejecutó o no.
1.5. Sentencia de primera instancia
21. Mediante providencia del 24 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto
de elección del demandado.
22. Para ello, realizó el análisis de cada uno de los elementos configurativos de la
inhabilidad, así:
(i) Elemento temporal: La inhabilidad cobró vigencia temporal desde el 29 de
octubre de 2022 inclusive hasta el 29 de octubre de 2023 (12 meses anteriores
a la fecha de la elección).
Por lo tanto, como el 28 de junio de 2023, el demandado, en su calidad de
representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Loma
suscribió con el municipio de Sabanalarga el Convenio Solidario de
Colaboración CS 013 de 2023, lo hizo en el periodo inhabilitante.
(ii) Elemento material u objetivo: Se requiere que el otro extremo del
negocio jurídico sea una entidad pública de cualquier nivel (municipal,
departamental o nacional).
En este caso se configura este requisito, toda vez que el contratante es el
municipio de Sabanalarga, entidad territorial fundamental de la división político
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa.
(iii) Elemento territorial: Es necesario que el contrato deba ejecutarse o
cumplirse en el municipio o distrito al que aspira el candidato o es elegido el
concejal, es decir en la misma circunscripción de la elección.
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El negocio jurídico sería ejecutado en la vereda La Loma, perteneciente al
municipio de Sabanalarga (Antioquia), ente territorial donde resultó electo como
concejal el señor Jhon Alexander Gallego Gómez. Por ende, se encuentra
verificado este requisito.
(iv) Elemento de interés o beneficio: Se requiere que se haga en interés
propio o de terceros. Al respecto, señaló:
«Si bien el objeto del convenio fue “aunar esfuerzos para el mantenimiento de vías
menores en la vereda la loma del municipio de Sabanalarga Antioquia, garantizar el
transporte de los campesinos dando cumplimiento al plan de desarrollo municipal
2020-2023” en beneficio de la comunidad, también se tradujo en el beneficio propio del
demandado, pues es innegable que dicha situación le generó frente a su electorado
una ventaja en relación con los demás candidatos, con inversiones a cargo de recursos
públicos».
En este sentido encontró acreditado este elemento.
23. En relación con el argumento defensivo del demandado, según el cual no se
configuró la inhabilidad por que el contrato no se ejecutó ni generó afectación
fiscal alguna al municipio contratante, indicó el tribunal que « de acuerdo con la
jurisprudencia, para la Sala es claro, contrario a lo señalado por la parte demandada, que
la conducta que materializa la inhabilidad objeto de análisis, es la de intervenir en la
celebración de contratos, razón por la cual se entiende que aquella se configura con la
celebración efectiva del respectivo contrato estatal, dentro del lapso de tiempo
contemplado por la norma, independientemente del momento de su ejecución o
liquidación».
24. Agregó que el instrumento contractual existió sin que se puede predicar de
este su invalidez por el hecho de no haberse ejecutado, más aún cuando de la
copia del contrato que reposa en el expediente se tiene con certeza que cumplió
los requisitos de perfeccionamiento establecidos en la ley contractual, esto es, el
acuerdo de voluntades elevado a escrito y su contraprestación, inclusive, el 28 de
junio de 2023, se suscribió entre las partes acta de iniciación.
25. Además, que la configuración de la inhabilidad deprecada no está sujeta al
cumplimiento o no de las obligaciones o que se reciba la contraprestación por el
servicio prestado, por cuanto, la ejecución del respectivo contrato es ajena a la
inhabilidad en materia de nulidad electoral, ello se debe a que se estructura a
partir de la configuración de unos elementos objetivos claramente establecidos en
la norma que la contiene, por lo que basta demostrar la celebración del contrato
para así predicar la inelegibilidad del sujeto, tal cual como sucedió en el presente
caso.
26. Finalmente, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consejo Nacional Electoral.
1.6. Recurso de apelación
27. La apoderada del demandado, mediante escrito del 29 de abril de 2024, apeló
la anterior providencia y expuso los siguientes motivos de inconformidad.
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28. Reiteró que el contrato suscrito por el señor Gallego Gómez no se ejecutó, ni
hubo afectación alguna al fisco municipal y, por lo tanto, no percibió ningún tipo de
recurso público, lo que conlleva a que no tuvo cómo ostentar una figura de poder
respecto de los demás candidatos.
29. A su juicio, el elemento formal consistente en solemnizar un acto jurídico, no
puede derivar automáticamente en que se configuró la inhabilidad que se alega,
porque la teleología de esta se encuentra íntimamente relacionada con el hecho
de que se garanticen unos mínimos de igualdad en los certámenes electorales,
para evitar con la celebración y ejecución de contratos por parte de los aspirantes,
que se pongan en una posición privilegiada con relación a los demás, lo que no
sucedió en este caso.
30. Agregó que lo que también busca la norma es evitar que los candidatos
financien sus campañas con los recursos estatales que obtengan como
consecuencia de la celebración de contratos con entidades del Estado, lo que
evidentemente no se está poniendo en riesgo en este caso en específico.
31. Consideró que la simple celebración de un contrato que no tuvo ejecución, no
atenta contra lo que el legislador ha querido proteger, esto es, la voluntad del
electorado, que la misma no se vea constreñida por la posición de poder que
pueda ostentar un candidato que haya ejecutado un contrato estatal y obtenido no
solo recursos públicos, sino también, derivado de las tratativas con entidades
estatales, una posición privilegiada que confundir al elector.
32. Por otro lado, invocó la aplicación de la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional, al considerar que esta protege el derecho fundamental del
demandado a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el
cual estima trasgredido si se concluye que está configurada la inhabilidad
deprecada por el solo hecho de la solemnidad de la celebración del contrato, a
pesar de no ejecutarse ni haber ostentado la calidad de contratista.
33. Con fundamento en la misma providencia de unificación, sostiene que las
inhabilidades gozan de interpretación restrictiva, la cual debe hacerse en el marco
de la proporcionalidad y sobre el estudio normativo, más no sobre la valoración
probatoria.
34. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el 30 de abril de 2024, concedió el
recurso interpuesto.
1.7. Actuaciones en segunda instancia
35. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, el 11 de junio
de 2024 manifestó impedimento para conocer el proceso de la referencia6, este
fue declarado infundado por auto del 20 siguiente7.
6
Índice 5 de SAMAI.
7
Índice 9 de SAMAI.
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36. Luego, mediante providencia del 9 de julio de 20248, se admitió el recurso de
apelación y se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones
finales. Ambas partes guardaron silencio.
37. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado9, guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
38. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 150 10 y
152.7.a)11 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
39. De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar
si revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 24 de abril de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la
elección del señor Jhon Alexander Gallego Gómez como concejal del municipio de
Sabanalarga (Antioquia), por el periodo constitucional 2024-2027, para lo cual se
deberá resolver el siguiente interrogante:
¿Es suficiente con la celebración del contrato para que se configure el elemento
material u objetivo de la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43.3 de la
Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, o resulta
necesaria su ejecución y el desembolso de recursos públicos para que se
concrete la misma?
40. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sección abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y;
(iii) el caso concreto.
2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular12
41. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
8
Índice 16 de SAMAI.
9
Índice 25 de SAMAI.
10
«<Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el
artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se
formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.».
11
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los miembros de corporaciones públicas de
los municipios (…)»
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra, Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
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acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:
«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo»13.
42. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el
interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el
acceso de las personas a la función pública14. Dentro de estas limitaciones
encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como
finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas
probas y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y
honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de
vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»15.
43. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta
forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los
personales del aspirante»16. Así mismo, en la realización del principio
democrático17 esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad
«prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»18. También, ha indicado la jurisprudencia:
«(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia
y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o
cargos»19.
13
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-
00087-03(IJ).
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
19
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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44. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato20, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que
debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de
autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes de las
elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.
2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
45. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para
los concejales la siguiente causal:
ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:
(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito... (Se destaca)
46. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen
inhabilidades autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención
en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii)
la relacionada con la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito, y iii) la referida a haberse desempeñado como representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el
régimen subsidiado.
47. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las
situaciones descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos
en el año anterior a las elecciones, a ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito, en interés propio o de terceros, procede la Sala,
seguidamente, a estudiar los elementos de la referida inhabilidad, previo a decidir
el caso concreto.
48. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos
que participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un
20
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya
verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en
términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas
condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad.
2019-00926).
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vínculo contractual, jurídicamente relevante con el Estado, y que sin duda genera
un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. La Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente al respecto:
«Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que
se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la
contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato,
con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene
asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener
lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad
pública o sobre otros proponentes»21.
49. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre
su finalidad en los siguientes términos:
«[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –
de hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del
proceso electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una
confusión entre intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre
propio o de terceros en la celebración de un contrato con la administración, en principio
defiende los intereses particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro,
“obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para desfigurar los procesos
electorales”»22.
50. Asimismo, como factores configurativos de la causal, la Sala ha identificado
los siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el
contrato ha debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un
elemento espacial o geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha
debido cumplirse el contrato, esto es, el mismo municipio o distrito en que el
candidato aspira a ser concejal; (iii) un elemento material u objetivo, consistente
en la conducta de suscripción o celebración del contrato y; (iv) un elemento
subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que persigue la
celebración del contrato estatal23.
51. Finalmente, para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de sus elementos definitorios.
2.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión
que el señor Jhon Alexander Gallego Gómez resultó electo como concejal del
municipio de Sabanalarga (Antioquia) para el periodo 2024-202724; además que,
en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La
Loma de esa municipalidad, suscribió el convenio solidario CS 013 del 28 de junio
de 202325, con el ente territorial donde fue elegido.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
23
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013;
sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
24
De conformidad con el formulario E-26 CON del 31 de octubre de 2023, que se encuentra en las páginas 12 a 20 del
documento PDF «01DemandaAnexos» dentro del expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
25
Ver las páginas 44 a 53 del documento PDF «01DemandaAnexos» dentro del expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
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53. Asimismo, que el objeto del acuerdo de voluntades era «aunar esfuerzos para el
mantenimiento de vías menores en la vereda La Loma del municipio de Sabanalarga
(Antioquia), garantizar el transporte de los campesinos, dando cumplimiento al Plan de
Desarrollo Municipal 2020-2023 “Sabanalarga Somos Todos”» y su valor $7.376.00026.
54. Lo anterior hace que se concreten los elementos temporal, espacial y subjetivo
de la inhabilidad alegada por la parte actora, incluso el objetivo, sin embargo,
como a juicio de la recurrente la sola suscripción o celebración del contrato no
deriva en la configuración de la causal de inelegibilidad, la Sala centrará su
análisis en este punto.
2.5.1 Elemento material u objetivo de la inhabilidad
55. El demandado concreta su reproche en señalar que el contrato suscrito no se
ejecutó, ni hubo afectación alguna al fisco municipal y, por lo tanto, no percibió
ningún tipo de recurso público, además, que no financió su campaña con dineros
estatales, lo que conlleva a que no tuvo cómo ostentar una figura de poder
respecto de los demás candidatos.
56. A su juicio, el elemento formal consistente en solemnizar un acto jurídico, no
puede derivar automáticamente en que se configuró la inhabilidad que se alega,
porque ello iría en contravía de lo que el legislador ha querido proteger, esto es, la
voluntad del electorado, que la misma no se vea constreñida por la posición de
privilegio que pueda ostentar un candidato.
57. En este asunto, está acreditado que el convenio solidario 013 fue celebrado el
28 de junio de 2023 y que ese mismo día se suscribió el acta de inicio27, así:
58. Asímismo, el demandado aportó28 un acta de liquidacion del 25 de julio de
2023 y unas certificaciones emitidas por las secretarías de Planeacion y Hacienda
de Sabanalarga, según las cuales el referido acuerdo de voluntades se terminó de
mutuo acuerdo, no tuvo afectacion fiscal alguna y no se materializó debido a las
condiciones topograficas de la zona. Lo anterior fue reiterado por los señores Flor
Dalila Mendoza Uribe29 y Carlos Andrés Taborda Rodríguez30 en las declaraciones
que rindieron ante el tribunal de primera instancia el 12 de marzo de 202431.
26
La suma de $6.800.000 correspondía aportarlos al municipio, mientras que la JAL debía asumir $576.000
27
Ver la página 54 del documento PDF «01DemandaAnexos» dentro del expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
28
Ver las páginas 9 a 13 del documento PDF «13ContestaciónDemandado» dentro del expediente digital en el índice 3 de
SAMAI.
29
Quien suscribe una de las certificaciones en calidad de secretaria de planeación de Sabanalarga.
30
Quien suscribe una de las certificaciones en calidad de secretario de hacienda de Sabanalarga.
31
Ver la grabación MP4 «33.AudienciaPruebas» dentro del expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
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59. Sin embargo, se aclara que el ingrediente normativo que concreta la
inhabilidad en este punto, es la celebración del contrato, aspecto que se extrae
del tenor literal del artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994.
60. Al respecto, la Sala en reiterada jurisprudencia32, ha señalado:
«Ahora, del análisis del contenido del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de
2000, es posible deducir que la configuración de la inhabilidad allí consagrada no
depende de la fecha de su ejecución, sino de los elementos objetivos
relacionados con su celebración.
En este sentido, la Sala reafirma que la causal bajo estudio se configura por la
celebración del contrato más no por su ejecución efectiva, en los siguientes
términos:
Así mismo, como elementos configurativos de la causal se han identificado en la Sala
(i) uno temporal, previsto en la norma tomando como referente la fecha de la elección
(1 año antes de la celebración del certamen electoral), (ii) uno geográfico o espacial,
que lo constituye el lugar donde se ejecutó el contrato y el lugar de la elección
respectiva, (iii) otro material u objetivo, referido a la suscripción o celebración del
contrato, y (iv) el elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros
que persigue la celebración del contrato estatal.
En lo que atañe puntualmente al elemento material, existe coincidencia al interior
de la Corporación en cuanto a que los actos de ejecución y liquidación de los
contratos no configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas
actividades se ubican por fuera de los supuestos que contemplan las
respectivas normas, es decir, con posterioridad a su celebración. Sumado a lo
anterior, se ha reconocido la posibilidad de que la intervención en la celebración de
contratos ocurra de forma directa o indirecta, en este último caso, para que queden
comprendidos terceros que no lo suscriben, pero frente a quienes logra probarse la
contratación en virtud de una simulación, por interpuesta persona, por delegación,
designación o representación». (resaltado de la Sala)
61. Igualmente, la Sección33 sostuvo que:
«Probado se encuentra que el demandado sí intervino en la celebración del contrato de
suministro No. CSMC-046-2018 dado que fue quien lo suscribió, se tiene que en su
defensa argumentó, que no se materializaba la causal de inhabilidad porque “con el
acto de resciliación entre LEIDERMAN ORTIZ BERRIO y el Alcalde como
representante legal del MUNICIPIO DE CAUCASIA, suscrito mucho antes de la
demanda electoral y de la solicitud de suspensión provisional que nos ocupa,
desapareció el principal elemento sustentatorio del acto inhabilitante de mi mandante
(elemento material u objetivo), consistente en haber intervenido en la celebración del
contrato CSMC-046-2018…”
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 19 de noviembre de 2020,
M.P: Rocío Araújo Oñate, radicado No. 50001-23-33-000-2020-00001-01, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, providencia del 28 de abril de 2016, C.P: Alberto Yepes Barreiro, Expediente: 25000-23-24-
000-2015-002753-01, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 25 de agosto de 2016, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, rad. 66001-23-33-000-2015-00475-01; esta providencia reiteró lo esbozado en el siguiente fallo: Sección Quinta,
18 de julio de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 47001-23-31-000-2012- 00010-01. Sobre la inhabilidad
por celebración de contratos y que ésta se configura con la celebración del mismo y de manera independiente del momento
de su ejecución o liquidación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 30 de mayo de 2019, M.P.
Alberto Yepes Barreiro, rad. 13001-23-33-000-2018-00417-01. Sobre el mismo tema, consultar: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 18 de noviembre de 2018, M.P. Mauricio Torres Cuervo, rad.
11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI), tesis que fue reiterada en los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado,
Sección Quinta, providencia del 3 de agosto de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-
2014-00051-00 y, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 20 de febrero de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-28-000-2020-00010-00.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 12 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Radicado 05001-23-33-000-2019-02852-01
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56. Es decir, para el demandado, el desistimiento de dicho contrato es sinónimo de
“inexistencia del mismo”, argumento que no puede ser aceptado dado que conforme
con lo preceptuado en el artículo 41 de la Ley 80 de 199334 los contratos estatales se
perfeccionan cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste
se eleve a escrito.
57. De las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que el instrumento contractual
existió sin que se puede predicar de éste su invalidez o inexistencia, por el hecho de
haberse resciliado, más aún cuando de la copia que reposa en el expediente se tiene
con certeza que cumplió los requisitos de perfeccionamiento establecidos en la ley
contractual, esto es, el acuerdo de voluntades elevado a escrito y su contraprestación.
(…)
59. Con fundamento en lo anterior se puede concluir que la terminación del contrato
por mutuo discenso sólo procede ante un contrato del que se predica su existencia, ello
por cuanto, no se puede terminar algo que no ha nacido a la vida jurídica.
59. Este punto resulta de vital importancia pues del artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994
se puede extraer, que su configuración no está sujeta al cumplimiento o no de las
obligaciones o que se reciba la contraprestación por el servicio prestado, por cuanto, la
ejecución del respectivo contrato es ajena a la inhabilidad en materia de nulidad
electoral, ello se debe a que se estructura a partir de la configuración de unos
elementos objetivos claramente establecidos en la norma que la contiene, por lo que
basta demostrar la celebración del contrato para así predicar la inelegibilidad del
sujeto».
62. Así las cosas, no es uno de los elementos o requisitos para la configuración de
la causal de inelegibilidad por la celebración de contratos, que este se ejecute o se
realicen desembolsos de recursos públicos en favor del contratista, o que financió
su campaña con estos, como lo pretende hacer ver la parte demandada, basta con
que el acuerdo de voluntades se haya perfeccionado de conformidad con el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y nacido a la vida jurídica, esto es, que se logre
un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se eleve a escrito, en
concordancia con la cláusula duodécima primera35 del convenio:
63. Por lo tanto, no prospera este argumento de la apelación en contra de la
sentencia de primera instancia.
2.5.2 Aplicación de la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional
64. Por otro lado, el apelante pretende la aplicación de la sentencia SU-207 de
2022 de la Corte Constitucional, al considerar que esta protege el derecho
fundamental del demandado a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político, el cual estima trasgredido si se concluye que está configurada la
inhabilidad deprecada por el solo hecho de la solemnidad de la celebración del
contrato, a pesar de no ejecutarse ni haber ostentado la calidad de contratista.
34
Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a
escrito.
35
Ver la página 51 del documento PDF «01DemandaAnexos» dentro del expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
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65. En punto a esta decisión de unificación, la Sección en providencia reciente36
señaló que solo es aplicable en los supuestos de la inhabilidad por ejercicio de
autoridad, así:
«Por otra parte, con relación a la hipótesis fijada en la sentencia SU-207 del 2022 por
el demandado, al igual que con el precedente del Consejo de Estado también traído en
el recurso, no es aplicable al caso concreto, pues la Corte Constitucional en aquella
ocasión fijó una regla específica respecto de las inhabilidades por ejercicio de
autoridad, la cual, como se encuentra identificado a lo largo de la presente providencia,
no corresponde al objeto del proceso, pues aquí se está debatiendo una inhabilidad
totalmente independiente, referida a la celebración de contratos con entidades de
cualquier orden, dentro del año anterior a la elección, en beneficio propio o de un
tercero».
66. Por lo tanto, como la inhabilidad que dio lugar a este medio de control es la
relacionada con la celebración de contratos (artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994) y
no la del ejercicio de autoridad (artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994), es
improcedente emprender un análisis de los parámetros propuestos por el órgano
de cierre Constitucional frente al caso concreto.
67. Así las cosas, considera la Sala, al igual que lo concluyó el tribunal, que el
señor Jhon Alexander Gallego Gómez incurrió en la causal de inelegibilidad
prevista en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000, puesto que se encontraron acreditados todos los elementos
para su configuración, lo cual permite justificar la restricción de los derechos del
elegido.
68. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.6. Otras decisiones
69. Mediante memorial radicado el 15 de julio de 202437, la profesional del
derecho Ximena Echavarría Cardona manifestó que renunciaba al poder otorgado
por el demandado para que lo representara en este proceso, adujo que se
encontraban a paz y salvo mutuamente y aportó constancia de envío de este
escrito al poderdante.
70. Por cumplirse con los requisitos del artículo 76 del Código General del
Proceso se aceptará la renuncia así presentada.
71. Asimismo, el 17 de julio de 202438, a través de la ventanilla virtual de SAMAI,
la abogada Lesly Johana Becerra Mogollón allegó poder conferido por el señor
Jhon Alexander Gallego Gómez; sin embargo, este no cumple con los requisitos
de los artículos 74 del Código General del Proceso o 5° de la Ley 2213 de 2022,
esto es, no cuenta con presentación personal por parte del poderdante ni se
confirió mediante mensaje de datos, respectivamente.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 18 de julio de 2024,
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00886-01.
37
Índice 21 de SAMAI.
38
Índice 23 de SAMAI.
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72. Por lo tanto, no se dispondrá el reconocimiento de personería hasta que no se
allegue el memorial en los términos referidos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 24 de abril de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto
demandado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
TERCERO: ACEPTAR la renuncia del poder conferido por el demandado a la
abogada Ximena Echavarría Cardona, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con aclaración de voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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