Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02275-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02275-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02275-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Demandante: JOSÉ AURELIO GONZÁLEZ DAZA
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – NULIDAD ELECTORAL – ANÁLISIS DEL
DEFECTO FÁCTICO – SE NIEGA EL AMPARO
Síntesis del caso: el demandante interpone acción de tutela para que se protejan sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y participación política que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia que accedió a las pretensiones de nulidad
electoral y declaró la nulidad del acto que dispuso su elección como edil. La Sala negará el
amparo por no encontrar configurado el defecto fáctico alegado.
La Sala decide la acción de tutela presentada por José Aurelio González Daza1 para
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
participación política, consagrados en los artículos 29 y 40 de la Constitución Política,
supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de marzo de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
electoral con radicación 25000-23-41-000-2023-01631-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
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Mediante escrito del 21 de abril de 2025 (índice 2 y 3 de Samai)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
1) Desde el año 2016 se desempeña como presidente y representante legal de la
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, ubicado en la localidad de Suba,
Bogotá.
2) En ejercicio de dicha representación, celebró el contrato de comodato no. 253 de
2018 con el Fondo de Desarrollo Local de Suba, cuyo objeto consistió en la entrega
de determinados bienes inmuebles para uso de la Junta de Acción Comunal de La
Gaitana; dicho contrato tuvo una vigencia de un año y, según el actor, no fue
renovado ni liquidado formalmente.
3) Con ocasión de su aspiración a participar como candidato en las elecciones de
autoridades locales celebradas el 29 de octubre de 2023, el actor entregó todos los
bienes dados en comodato, con el fin de evitar cualquier incompatibilidad derivada del
contrato no. 253 de 2018.
4) En dichas elecciones locales, el demandante fue elegido edil de la localidad de
Suba por el Partido Liberal.
5) El 5 de diciembre de 2023 la ciudadana Carolina Castillo presentó demanda de
nulidad electoral contra el acto de elección contenido en el Formulario E-26 JAL del 6
de noviembre de 2023, mediante el cual se declaró la elección del señor González
Daza como edil para el periodo 2024-2027.
6) En su demanda, la señora Castillo argumentó que el señor González Daza se
encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 66
del Decreto 1421 de 19932, por haber suscrito, en interés propio y como
representante legal de la Junta de Acción Comunal, el contrato de comodato del 1º de
junio de 2023 con el Fondo de Desarrollo Local de Suba, dentro del término prohibido
de los tres meses anteriores a la inscripción de su candidatura.
2
“ARTÍCULO 66. Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes: […]
4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se hayan desempeñado
como empleados públicos en el Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan
intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el Distrito o hayan ejecutado
en la localidad contrato celebrado con organismo público de cualquier nivel […]”
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
7) El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia del 22 de
octubre de 20243 negó las pretensiones de la demanda.
8) La señora Carolina Castillo interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión en el cual reiteró que el señor González Daza participó en la gestión y
suscripción del contrato de comodato no. 511 del 1º de junio de 2023 y que ello fue
probado con los documentos allegados en el proceso; sostuvo además que en los
casos de elección de ediles no era necesario acreditar el elemento subjetivo de
interés particular, aunque dicho elemento, en su criterio, se configuró por el beneficio
extrapatrimonial que representó para el aquí actor el haber celebrado el contrato:
favorecer su imagen ante el electorado.
9) Mediante sentencia del 6 de marzo de 2025 la Sección Quinta del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia, declaró la nulidad del acto de elección
y ordenó la cancelación de la credencial del señor José Aurelio González Daza como
edil.
10) El ad quem concluyó que el contrato de comodato no. 511 del 1º de junio de 2023
fue suscrito por el actor en su condición de representante legal de la Junta de Acción
Comunal de La Gaitana, según la información dispuesta en la plataforma SECOP II,
que dicha suscripción se dio dentro de los tres meses anteriores a la fecha de
inscripción de la candidatura (29 de julio de 2023) y que el contrato se ejecutó en la
misma localidad en la que fue elegido, por lo cual consideró acreditados los
elementos material, temporal y territorial de la inhabilidad alegada.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte demandante alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico, así como en un desconocimiento del precedente judicial y una
violación directa de la constitución; no obstante, en el escrito de la acción de tutela no
3
El tribunal consideró que no se configuró el elemento material de la inhabilidad, a saber, que el señor
José Aurelio González Daza hubiese suscrito el contrato de comodato no. 511 del 1 de junio de 2023,
de conformidad con las pruebas documentales allegadas y las declaraciones de los integrantes de la
Junta de Acción Comunal de La Gaitana. Además, determinó que, en todo caso, tampoco se cumplía
el elemento subjetivo para que se configurara la inhabilidad alegada, porque el contrato de comodato
no. 511 del 1 de junio de 2023 no le representaba ningún beneficio al demandado y tampoco a alguien
en particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
desarrolló argumentativamente los reproches relacionados con el desconocimiento
del precedente ni con la violación directa de la constitución.
Respecto del defecto fáctico, alegó que la autoridad judicial demandada omitió
exponer las razones de hecho y de derecho que justificarían la configuración de la
inhabilidad, pues, a su juicio, no valoró de manera integral las pruebas obrantes en el
expediente ni analizó debidamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que él
presentó para desvirtuar su participación en la celebración del contrato de comodato
no. 511 de 2023.
Afirmó que fue la señora Diana Paola Montaño Pérez, vicepresidenta de la Junta de
Acción Comunal de La Gaitana, quien firmó el acta de inicio del contrato, sin que él
hubiera participado en la celebración del contrato porque, si bien fue firmado con su
nombre, no tuvo la “intención de suscribirlo”.
Aportó extractos de informes de actividades de contratistas del Fondo de Desarrollo
Local de Suba y copia de las declaraciones extraprocesales de miembros directivos
de la Junta de Acción Comunal de La Gaitana –pruebas que se encuentran en el
expediente del proceso de nulidad electoral– para argumentar que i) fue el Fondo de
Desarrollo Local de Suba el que gestionó la publicación del contrato en la plataforma
SECOP II, dada la falta de conocimiento técnico de los miembros de la Junta y ii) la
celebración del contrato se efectuó por parte de la junta sin la participación del
demandante, razón por la cual la señora Diana Paola Montaño Pérez suscribió el acta
de inicio correspondiente.
Además, alegó que la Sección Quinta de esta Corporación no se pronunció sobre el
concepto rendido por la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, en
el cual se indicó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, dado que
las pruebas –en particular el acta de inicio provisional del contrato– demostraban que
fue la señora Diana Paola Montaño Pérez quien suscribió el contrato y no el ahora
demandante.
Finalmente, sostuvo que la demandante en el proceso de nulidad electoral presentó
fotografías falsas para afirmar que él había hecho uso de los bienes objeto del
contrato de comodato y que, pese a haber presentado memoriales advirtiendo sobre
la falsedad, ninguno de los jueces que conocieron del proceso se pronunció sobre tal
situación.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“Con base en las pruebas aportadas y en las que figuran dentro del
expediente y en los argumentos que expongo solicito a los Honorables
Magistrados que componen esta sala Constitucional se sirvan disponer lo
conducente para estos casos y disponer:
PRIMERO En consecuencia, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que en el término de 15 días siguientes a la notificación de esta
providencia emita una nueva decisión atendiendo lo dispuesto en esta
sentencia.” (índice 2 y 3 del aplicativo Samai – negrillas y mayúsculas y
negrillas del original)
4. Actuación procesal
Mediante auto del 25 de abril de 20254 se admitió la acción de tutela y se negó el
decreto de la medida provisional solicitada por el demandante; además, se notificó al
presidente y magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y
se vinculó al presidente y magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la señora Diana Carolina
Castillo Mosquera, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada y vinculadas
El magistrado ponente5 de la Sección Quinta de esta Corporación solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por considerar que no cumplió con el
requisito de relevancia constitucional por cuanto el demandante pretende crear una
nueva instancia del proceso de nulidad electoral y reabrir el debate que ya fue
analizado por los jueces naturales.
De manera subsidiaria, solicitó que se niegue el amparo porque en el proceso se
garantizaron los derechos constitucionales fundamentales del demandante y la
sentencia del 6 de marzo de 2025 no incurrió en los defectos que este alega.
4
Índice 5 del expediente digital en Samai.
5
Índice 13 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado6, el oficial mayor de la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca7 y
la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca8
remitieron copia digital del expediente del proceso de nulidad electoral con radicado
25000-23-41-000-2023-01631-00/01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
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Índice 10 del expediente digital en Samai.
7
Índice 12 del expediente digital en Samai.
8
Índice 14 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y participación política,
supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de marzo de 2025,
mediante la cual la autoridad judicial demandada revocó la decisión de primera
instancia y declaró la nulidad del Formulario E-26 JAL del 6 de noviembre de 2023 –
que contiene el acto que dispuso la elección del actor como edil de la localidad de
Suba (Bogotá) para el periodo 2024-2027 y ordenó la cancelación de su credencial de
edil electo.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará el amparo por
las razones que procederán a exponerse:
La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional.
Sea lo primero señalar que la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, en tanto se invocó un defecto fáctico, relacionado con la valoración del
acervo probatorio y su incidencia en la determinación de la configuración de la causal
de inhabilidad en virtud de la cual fue declarada la nulidad del acto de elección como
edil del demandante.
Dado que el juez de primera instancia del proceso de nulidad electoral negó las
pretensiones de la demanda, el demandante no tuvo la oportunidad procesal para
controvertir la decisión que accedió a las pretensiones y declaró la nulidad de su
elección como edil dentro del proceso ordinario, lo cual justifica el uso de la acción de
tutela como mecanismo para garantizar sus derechos fundamentales.
En lo demás, i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al
alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; ii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba
ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
los derechos fundamentales de la parte actora; iii) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; iv) no se ataca una sentencia de tutela y, v) se cumplió con el
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación9 de la providencia cuestionada.
Si bien el demandante alegó que la autoridad judicial demandada también incurrió en
un desconocimiento del precedente y una violación directa de la constitución, lo cierto
es que no desarrolló tales reproches ni explicó las razones jurídicas por las cuales
consideró que se configuraron esos defectos y se limitó a mencionarlos de manera
genérica en su demanda; por esta razón, la Sala limitará su análisis a la presunta
configuración del defecto fáctico, único cargo formulado con algún grado de desarrollo
en la acción de tutela.
2.1 Caracterización del defecto fáctico
1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional
ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio
en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta
para ello, ya sea (i) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas
resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) por decidir con medios de
prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia.
9
La sentencia fue notificada el 7 de marzo de 2025 –y mediante auto notificado por estado del 10 de
abril de 2025 se negó la solicitud de aclaración presentada por el señor González Daza– y el escrito
de tutela fue radicado el 21 de abril de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
2.2 Análisis del defecto fáctico en el caso concreto
1) La parte demandante afirmó que la autoridad judicial demandada omitió valorar de
manera debida ciertos elementos probatorios que, a su juicio, desvirtuaban su
participación en la celebración del contrato de comodato no. 511 de 2023.
2) En particular, alegó que se restó valor probatorio a: i) los informes de actividades
suscritos por contratistas del Fondo de Desarrollo Local de Suba, ii) las declaraciones
extraprocesales rendidas por miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio La
Gaitana y iii) el acta de inicio del contrato de comodato firmada por la señora Diana
Paola Montaño Pérez, vicepresidenta de la Junta.
3) Con fundamento en esa supuesta omisión, afirmó que la autoridad judicial fundó su
decisión exclusivamente en una interpretación literal del numeral 4 del artículo 66 del
Decreto Ley 1421 de 1993 y del texto del contrato de comodato no. 511 de 2023, sin
realizar un análisis exhaustivo del contexto probatorio y sin considerar los elementos
que, según él, demostraban su desvinculación del acto contractual.
4) No obstante, la Sala evidencia que la autoridad judicial demandada realizó una
valoración razonada de las pruebas obrantes en el expediente de nulidad electoral
para determinar, en ejercicio legítimo de su autonomía judicial, que el contrato de
comodato no. 511 de 2023 fue suscrito por el demandante en su condición de
representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana y para
sustentar esa conclusión se basó en el texto del referido contrato y en los
documentos contractuales cargados en la plataforma SECOP II.
5) En relación con el análisis de las pruebas, la Sección Quinta del Consejo de
Estado estableció lo siguiente:
“Conforme al acervo probatorio, concretamente, el enlace que fue
incorporado en la demanda, el cual permite acceder a la plataforma
transaccional SECOP II, se demuestra el contexto negocial, tanto en su
objeto, las partes suscriptoras, su perfeccionamiento y su fecha […]
Ahora bien, al hacer clic en «Descargar» se descarga el siguiente
documento que contiene el acuerdo de voluntades, mismo que se aportó en
copia simple con el escrito introductorio, y allí se relacionan los contratantes,
esto es, el señor Julián Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local
y representante legal del Fondo de Desarrollo Local (comodante) y José
Aurelio González Daza como representante legal de la Junta de Acción
Comunal del barrio La Gaitana (comodatario) […]
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
Al hacer clic sobre «Ver contrato» se accede a una nueva página o apartado
de esa web en el que se visualiza toda la información del negocio objeto de
estudio, de la cual se desprende que el 1° de junio de 2023 se firmó
electrónicamente el contrato de comodato 511 entre el Fondo de Desarrollo
Local de Suba en calidad de comodante y la Junta de Acción Comunal del
barrio La Gaitana en condición de comodatario, el cual se identifica en el
SECOP II con el ID CO1.PCCNTR.5029503 y con el número 511-2023-
COMODATO. […]
Ahora bien, al descargar del aplicativo los documentos cargados por los
contratantes para efectos de suscribir el contrato de comodato 511 del 1° de
junio de 2023, los cuales también se aportaron como anexos de la
demanda, se encuentran los del comodatario, así: i) RUT de la Junta de
Acción Comunal del barrio La Gaitana, ii) cédula de ciudadanía de su
representante legal y iii) certificado de existencia y representación legal de
la referida organización. […]
De lo anterior se infiere, claramente, que los documentos cargados por el
comodatario corresponden a los del presidente y representante legal de la
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, esto es, el señor José
Aurelio González Daza. Así mismo, se puede evidenciar, en ese mismo
aplicativo, el estado del contrato de comodato 511 del 1° de junio de 2023,
que no es otro que «Firmado» […]
Por último, se observa que el referido acuerdo fue aprobado por el señor
Julián Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local de Suba y
representante legal del Fondo de Desarrollo Local y por la Junta de Acción
Comunal del barrio La Gaitana, a través de su representante legal […]10”.
6) De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que la autoridad judicial
demandada realizó un análisis razonable de los elementos de prueba obrantes en el
expediente de nulidad electoral, con base especialmente en la información del
expediente contractual del contrato de comodato no. 511 de 2023 disponible en la
plataforma SECOP II, y concluyó que, si bien el señor González Daza negó su
participación en el proceso contractual, lo cierto es que el contrato fue suscrito con su
nombre, en su condición de representante legal de la Junta de Acción Comunal del
barrio La Gaitana y que los documentos personales suyos y de la junta (RUT, cédula
y CERL) determinaban razonablemente su vinculación con la gestión contractual.
7) Ahora bien, aunque es cierto que la providencia cuestionada no hizo alusión
expresa a i) los informes de actividades presentados por contratistas del Fondo de
Desarrollo Local de Suba, ii) las declaraciones extraprocesales de los miembros de la
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana ni iii) el acta de inicio del contrato de
comodato no. 511 de 2023, estos elementos no resultaban determinantes para
modificar el sentido del fallo, en tanto no desvirtuaban el elemento material de la
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Índices 10, 12 y 14 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
causal de inhabilidad contemplada en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley
1421 de 1993, el cual se estimó configurado con base en documentos oficiales que
identificaron al demandante como suscriptor del contrato.
8) En cuanto al argumento relativo a la supuesta omisión de valoración del concepto
rendido por la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, la Sala
recuerda que los conceptos del Ministerio Público en los procesos judiciales tienen el
carácter de intervenciones no vinculantes, emitidas en ejercicio de una función
constitucional autónoma e independiente y, por lo tanto, no son de obligatorio
acatamiento por parte del juez, quien conserva plena independencia para adoptar la
decisión que estime jurídicamente fundada.
9) Finalmente, sobre la supuesta falsedad en las pruebas aportadas por la parte
demandante en el proceso de nulidad electoral, la Sala encuentra que no fue con
base en ellas que la autoridad judicial demandada decidió declarar la nulidad del acto
de elección del demandante y, en todo caso, si el actor considera que dichas pruebas
son falsas, debió invocar su tacha por falsedad en el proceso.
10) Así las cosas, la Sala observa que la providencia cuestionada estuvo soportada
en un estudio razonable e integral de las pruebas obrantes en el proceso y la
autoridad judicial demandada realizó una valoración de los medios de prueba en
ejercicio de su facultad interpretativa como juez de la causa, cuestión diferente es que
les haya dado un alcance distinto al pretendido por la parte demandante y ello no
configura un defecto fáctico, sino una discrepancia argumentativa, insuficiente para
activar la tutela como mecanismo excepcional.
11) En consecuencia, no se advierte la configuración del defecto fáctico alegado y la
acción de tutela no fue instituida como una herramienta para perseguir que se
modifique la apreciación probatoria realizada por el juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo, como si se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02275-00
Actor: José Aurelio González Daza
Acción de tutela
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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