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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2001-01484-01

Acción de controversias contractuales

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2001-01484-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA MODIFICAR la sentencia del 20 de mayo de 2014, proferida por la Sala Octava de Descongestión del Tribunal Administrativo del Huila, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia, y, en su lugar: PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución N. 627 del 23 de noviembre de 2001, emitida por el DEPARTAMENTO DEL HUILA, por medio de la cual se adjudicó la licitación pública N. 001 de 2001 a la firma CROMAS S.A., cuyo objeto era el mejoramiento y pavimentación de la vía Palermo-Santa María del K 24+500 al K 32+00, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, enviar el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-31-000-2001-01484-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

2 de julio de 2021

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA PROCESAL APLICABLE / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES / PRETENSIÓN MAYOR

Según lo preceptuado por el artículo 129 del CCA, la Sala es competente para conocer del asunto, en razón a que el recurso de apelación interpuesto por los demandantes se hizo dentro de un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el numeral 5 del artículo 132 ibídem para el efecto.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 129 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

El ejercicio de la acción fue oportuno conforme a la interpretación que de la preceptiva del artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, normativa vigente para el momento de presentación de la demanda, ha hecho la jurisprudencia de esta Corporación , habida cuenta de que la Resolución de adjudicación demandada se expidió el 21 de noviembre de 2001 y fue comunicada a los demandantes el 28 de noviembre del mismo año, el contrato fue suscrito el 11 de diciembre de 2001 y la demanda fue presentada el 18 de diciembre de dicha anualidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 87 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 4 de febrero de 2010; Exp. 16540; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / LÍMITES DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

El comité evaluador es un grupo interdisciplinario conformado por funcionarios públicos o por asesores externos encargado de realizar la evaluación de las ofertas dentro del marco de cada proceso de contratación. Tal labor no puede desatender lo prescrito en el pliego de condiciones, ni mucho menos modificarlo, ajustarlo o precisarlo, porque tal proceder comporta una clara modificación de las reglas del proceso de contratación en detrimento de los principios rectores, particularmente el de igualdad y de la selección objetiva. En consecuencia, se colige que la facultad interpretativa del comité evaluador del pliego de condiciones es restrictiva; mientras su contenido sea claro, aquel se debe atener estrictamente a los criterios de evaluación fijados en el pliego. (…) el informe del comité evaluador constituye un criterio auxiliar para determinar cuál es la mejor oferta, de modo que aquel no es obligatorio para el funcionario u organismo que adjudica, a menos que el ordenamiento así lo imponga. En ese sentido, el jefe de la entidad, quien es el competente para elegir la oferta más ventajosa, según el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, puede apartarse de manera motivada de los resultados de la calificación contenidos en el informe de evaluación elaborado por el comité evaluador, cuando considere que éstos no acataron los principios que rigen la contratación estatal y las condiciones antes definidas en los pliegos de condiciones.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 5

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 24 de junio de 2004; Exp. 15705; C.P. Ricardo Hoyos Duque y del 25 de marzo de 1993; Exp. 6740; C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / LÍMITES DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE

[L]os pliegos de condiciones tienen una doble naturaleza jurídica; antes de la adjudicación del contrato constituyen un acto administrativo de carácter general y sus reglas son de obligatorio cumplimiento para la administración y para los oferentes que acudan al proceso. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, lo dispuesto en el pliego se convierte en el marco jurídico que determina el contenido y alcance del negocio jurídico acordado. Ahora bien, conforme a la normativa contractual, la administración cuenta con autonomía para establecer los criterios de evaluación y adjudicación en los procesos de contratación -siempre y cuando no se establezcan reglas caprichosas que desconozcan las normas de orden público-, y para ello deben tomar fundamento en el principio de la proporcionalidad, como instrumento que dota de razonabilidad el ejercicio de las competencias de la administración, y que tiene necesaria presencia en todo el ámbito de aplicación de la actividad estatal y particularmente en el contexto de la contratación estatal. En efecto, el numeral 2 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 –en su texto vigente para la época de los hechos-, preceptuaba que correspondía al contratante la elaboración de los pliegos de condiciones con especificación al detalle de los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y a todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, necesarias a su juicio para garantizar reglas de selección, objetivas claras y completas . Prescribía, también, que, para que los proponentes pudieran resultar favorecidos con la selección de sus propuestas, debían dar estricto cumplimiento a las reglas y requisitos allí previstos, y que, en caso contrario, la entidad se vería obligada a rechazar o eliminar las ofertas presentadas.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 31 de enero de 2020; Exp. 47482; C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, del 3 de diciembre de 2015; Exp. 31915; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y del 13 de febrero de 2015; Exp. 30161; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / LÍMITES DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES

[Se] ha predicado la fuerza vinculante del pliego de condiciones, calificándolo como la “ley del contrato”, al punto de afirmar que “frente a una contradicción entre el pliego y el contrato, habrá de prevalecer aquél”. De esta manera, a intangibilidad del pliego, ha dicho desde antaño en su jurisprudencia, funge como garantía de “la efectividad de los derechos y obligaciones previstos para los futuros co-contratantes”. Y más recientemente ha denotado que dicha intangibilidad se impone en desarrollo de los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de selección objetiva del contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, que la entidad modificara, a su arbitrio, las reglas de la selección. (…) las reglas contenidas en los pliegos de condiciones que adolecen de falencias por vacíos o por contradicción se pueden interpretar con sujeción a los principios generales del derecho (público y privado), a los de la función administrativa, a la finalidad del pliego, y a la protección del interés general, todo ello al tenor de lo prescrito por el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 3 de febrero de 2000; Exp. 10399, del 29 de enero de 2004; Exp. 10779; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 24 de julio de 2013; Exp. 25642; C.P. Enrique Gil Botero.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO SOLEMNE / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA SOLEMNE / REQUISITOS DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Cuando el negocio jurídico es solemne, la solemnidad exigida, amén de perfeccionarlo o hacerlo surgir a la vida jurídica, cumple la función de demostrar su existencia, si esa solemnidad consiste en un escrito o documento, con la característica de ser la única prueba admisible para ello por así disponerlo la ley. En otras palabras, en este caso, el documento cumple no sólo una función constitutiva, sino además una función probatoria y éste será el único medio probatorio pertinente para ello. Ahora bien, tratándose de contratos celebrados por la administración pública, esta Subsección ha señalado que estos son, salvo urgencia manifiesta, negocios jurídicos solemnes y que la única prueba de su existencia es el escrito que la ley exige como solemnidad constitutiva, tal como se desprende del artículo 39 de la Ley 80 de 1993 (…) el contrato estatal, en consideración a su solemnidad característica, debe ser suscrito o rubricado por quienes lo celebran, tal como se desprende de lo que sobre este punto señalan los artículos 25, 27, 30 y 41 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, salvo algunos casos de urgencia manifiesta, si el contrato del Estado no consta en un documento escrito, o a este le hace falta la firma de alguna o todas las partes contratantes, es conclusión obligada que él no se ha perfeccionado, es decir no existe como tal en el mundo del derecho. Ahora, como el documento escrito en el contrato estatal, además de ser una solemnidad constitutiva, cumple su normal función probatoria, se sigue que un documento sin la firma de las partes contratantes, o de alguna de ellas, jamás podrá formar el convencimiento sobre la efectiva celebración del contrato.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 31 de mayo de 2019; Exp. 46597; C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, del 6 de marzo de 2013; Exp. 24896; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, del 10 de marzo de 2005; Exp. 28308; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 1 de diciembre de 2008; Exp. 15603, del 24 de 2013; Exp. 25642 y del 3 de febrero de 2000; Exp. 10399.

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CLASES DE PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONDICIONAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

[E]n el concierto de las licitaciones públicas son diversas las fórmulas de las que se vale la administración para ponderar las propuestas económicas que en ellos se presentan y asegurar la observancia de principios como la buena fe, la libre concurrencia, la libre competencia, la transparencia y la selección objetiva. Entre otras, es común el uso de la media aritmética, de la media geométrica, ambas en sus modalidades máxima, mínima y de valor absoluto, y ambas posibles de enunciarse con o sin inclusión del presupuesto. En atención a ello, la Sala encontraría necesario y razonable el ejercicio hermenéutico que desplegó el comité evaluador, si al enunciar la fórmula, el pliego hubiera anunciado su adhesión a una de ellas de manera explícita, y a continuación, al describirla, se hubiere apartado de aquella. Sin embargo, ello no ocurrió, puesto que, simplemente enunció la fórmula a aplicar mediante la descripción de sus componentes, señalando con claridad que el dividendo estaría conformado por la sumatoria de las propuestas aceptadas, incluyendo el presupuesto, al que nominó P; y que el divisor estaría conformado por el número de propuestas, incluyendo el presupuesto; y que la cantidad así obtenida a manera de cociente, se consideraría como presupuesto oficial (PO), descartándose las propuestas superiores o inferiores al 10% de PO.

NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CLASES DE PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONDICIONAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE IGUALDAD

[A]unque la fórmula en estudio no era contradictoria, se formuló en términos que no permitían una selección objetiva y que conducían irremediablemente al fracaso del proceso. En tales condiciones, la administración estaba abocada a revocar el acto que dio apertura a la licitación, una vez advirtió el error, o dar continuidad al proceso respetando su tenor literal, con el resultado que ya hemos revelado, que conducía a la declaratoria de desierta. Hubiera podido, de igual manera, modificar el tenor literal de la fórmula hasta un momento anterior a la presentación de propuestas, lo que podría haber realizado durante la etapa de aclaración de los términos del pliego, pues con ello no se afectaba ninguno de los principios que le concernía honrar. Pero, no podía, sin vulnerar el clausulado del pliego, ley del proceso de contratación, y sin lesionar principios como el de transparencia, y amenazar el principio de igualdad, modificar dicha regla en la fase de evaluación, so pretexto de interpretar su espíritu. Por las mismas razones, tampoco resultaba admisible una labor hermenéutica fraccionada de su texto, como lo planteaba el perito en la aclaración y complementación al dictamen allegado al plenario (…) En ese sentido, y en cuanto que el Departamento del Huila se apartó de las condiciones establecidas en el pliego para regular el proceso de evaluación, y lesionó con ello, los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, la Sala declarará la nulidad de la Resolución (…) por medio de la cual se adjudicó la licitación pública

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Por inexistencia del perjuicio / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LICITACIÓN PÚBLICA

[N]o resulta procedente la declaración de responsabilidad de la demandada de los perjuicios ocasionados con la expedición de la citada Resolución y, en consecuencia, el restablecimiento del derecho y el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales, reclamados por la parte demandante en el petitum de la demanda, toda vez que sus intereses jurídicamente tutelados no fueron afectados por el acto administrativo declarado nulo, dado que su propuesta también habría sido excluida del aludido proceso licitatorio junto con aquellas que habían presentado los demás proponentes.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PROBATORIO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INSUFICIENCIA PROBATORIA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[C]omo los demandantes sostienen que el Departamento del Huila y la sociedad CROMAS S.A. celebraron el contrato (…) y piden su nulidad absoluta con base en las causales prescritas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, tienen la carga de probar ese hecho y como en esa supuesta relación negocial intervino como parte una entidad estatal, su demostración implica que se presente como única prueba pertinente para ello el documento que lo contiene, toda vez que el contrato estatal es solemne por regla general. (…) no obra un documento idóneo que demuestre la celebración del contrato en mención. En efecto, en el expediente aparece un documento escrito que sólo está firmado por el aquí demandado, es decir, por el Departamento del Huila, o lo que es lo mismo, en el que se echa de menos la firma del representante legal de la sociedad (…) Tratándose entonces de un pretendido contrato en el que supuestamente es parte una entidad estatal, ha debido arrimarse al expediente, debidamente firmado por ambas partes, un documento escrito que lo contuviera, pues, solamente con esta prueba se puede convencer al juzgador de tal celebración y, en consecuencia, se podía proceder a realizar el juicio de validez del pretendido negocio jurídico. (…) Por ende, la solución de este asunto consiste en resolverlo de fondo, negando la pretensión de declaratoria de nulidad absoluta del citado negocio jurídico, porque los demandantes no probaron los hechos en que se fundamentaron sus pretensiones, empezando por la demostración de la celebración del contrato que es el sustento fundamental de la citada pretensión.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44

REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE LA TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto de los honorables consejeros Guillermo Sánchez Luque y Nicolas Yepes Corrales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 41001-23-31-000-2001-01484-01(51910)

Actor: SOCIEDAD MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA y OTRO.

Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA y OTRO.

Referencia: APELACIÓN DE SENTENCIA - ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: Interpretación del pliego de condiciones. Nulidad del acto administrativo de adjudicación de contrato estatal por desconocimiento de las reglas de evaluación del pliego de condiciones. El contrato estatal es solemne.

La Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del 20 de mayo de 2014, dictada por la Sala Octava de Descongestión del Tribunal Administrativo del Huila, que dispuso denegar las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Los integrantes del consorcio conformado por LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX y la sociedad MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. presentaron demanda, en ejercicio de la acción contractual, contra el DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA y la Sociedad CROMAS S.A., reclamando la nulidad de la Resolución N. 627 del 23 de noviembre de 2001, emitida por el citado ente territorial, a través de la cual adjudicó la licitación pública N. 001 de 2001 a la firma CROMAS S.A., cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la vía Palermo-Santa María, del K 24+500 al K 32+00; que se declare responsable a las demandadas por los perjuicios ocasionados por la expedición de la citada Resolución; y que se le condene al pago de estos últimos, de forma indexada, a título de restablecimiento de derecho y como indemnización.

En consecuencia, los demandantes solicitaron la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato N. 371 del 11 de diciembre de 2001, suscrito entre CROMAS S.A. y el DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El 18 de diciembre del 2001, los miembros del consorcio conformado por LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX y la sociedad MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. incoaron demanda, en ejercicio de la acción contractual, contra el DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA y la Sociedad CROMAS S.A. (f. 2-21, C. 2), con la cual solicitaron las siguientes pretensiones (se transcribe de forma literal, incluso con eventuales errores):

“1.1. Declarar la nulidad de la resolución No. 627 del 23 de noviembre de 2001 por la cual el DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA, adjudicó la licitación pública No 001 de 2001, cuyo objeto era el MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PALERMO-SANTA MARÍA DEL K 24+500 AL K 32+00, a la firma CROMAS S.A.

1.2. Con fundamento en lo anterior, se declarare la nulidad absoluta del contrato No. 371 de fecha 11 de diciembre de 2001, suscrito entre la firma Cromas S.A. y el Departamento del Huila.

1.3. Declarar responsable al DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA, de los perjuicios ocasionados con la expedición de la resolución No. 627 del 23 de noviembre de 201 a mis representados.

1.4. A título de restablecimiento de derecho y como indemnización de perjuicios, condenar al DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA, al pago, a favor de mis representados de las sumas que en el capítulo correspondiente se detallan.

1.5. Condenar al DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA, a pagar la actualización monetaria causados sobre las sumas de dinero solicitadas en la presente demanda, desde el momento en que se hubieren causado, hasta cuando se verifique el pago.

1.6. Condenar al DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA, a pagar las costas del proceso y las correspondientes agencias en derecho”.

2.2. Fundamentos de hecho

A manera de fundamento fáctico del petitum, los demandantes expusieron el relato que la Sala resume en los siguientes términos:

El DEPARTAMENTO DEL HUILA, a través de la Resolución N. 454 del 3 de septiembre de 2001, dispuso la apertura de la licitación pública N. 001 de 2001 con el propósito de seleccionar al oferente que otorgue las mejores condiciones para contratar por el sistema de precios unitarios fijos a todo costo el mejoramiento y pavimentación de la vía Palermo-Santa María, del K 24+500 al K 32+00.

En dicha licitación participaron varios oferentes, dentro de los cuales estaba CROMAS S.A., el CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA., la UNIÓN TEMPORAL ACIMET LIMITADA – ASFALTOS E INGENIERÍA, entre otras. La propuesta presentada por la aludida unión temporal fue rechazada por superar el presupuesto oficial, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones capítulo IV, numeral 4.3.3.

El DEPARTAMENTO DEL HUILA, desconociendo el numeral 4.4 del pliego de condiciones, que regulaba la segunda etapa de evaluación del factor precio, no dividió la sumatoria de las propuestas aceptadas, incluyendo “p”, con el número de propuestas, sino con el número de sumandos, es decir, incluido el valor del presupuesto oficial, bajo la justificación que de esa manera se cumplían mejor los principios de la Ley 80 de 1993 y por ser fórmula aritmética de Baldor. Como resultado de dicho procedimiento aritmético y del cómputo de los otros criterios de evaluación de los factores restantes, se adjudicó el contrato a la firma CROMAS S.A.

Los miembros del CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. alegaron que de haberse cumplido lo preceptuado en el pliego de condiciones, ellos habrían sido los adjudicatarios de la mencionada licitación y no la firma CROMAS S.A.

Tales irregularidades fueron reclamadas por los demandantes, sin embargo, dichas reclamaciones fueron inanes, pues el DEPARTAMENTO DEL HUILA no las atendió.

2.3. Trámite procesal relevante

La demanda, tras ser inadmitida por el Tribunal Administrativo del Huila (f. 224-225, y subsanada (f. 226, C. 1), fue finalmente admitida mediante proveído del 16 de mayo de 2002 (f. 228-229, C. 1).

Realizadas debidamente la notificaciones del auto admisorio a las demandadas (f. 236-237 y 243-251, C. 1), el DEPARTAMENTO DEL HUILA presentó su contestación al libelo introductorio (f. 253-259, C. 1) planteando en su defensa que su actuar “(…) se ajustó a los principios de transparencia y objetividad en el proceso de selección, atendiendo a que en la etapa No 2 el factor que divide no es el número de propuestas sino el número de presupuestos, así lo entendió el Departamento del Huila, así lo ha venido aplicando y así lo entendieron los demás participantes u oferentes”, salvo los demandantes.

Además, aseveró que el “(…) el presupuesto se asimila o se identifica con propuesta para efectos de la aplicación de la fórmula – media aritmética – y es que el presupuesto oficial o disponibilidad presupuestal es una propuesta del Departamento hacia los proponentes o licitantes para que se sometan a ella sin excederse hacia arriba ni en un 15% hacia abajo. (…) En la segunda etapa viene otro descarte y es que cuando de la aplicación de la media aritmética resultan presupuestos superiores o inferiores al 10% del PO – Presupuesto Oficial Resultante –”.

Según constancia secretarial del Tribunal, la sociedad CROMAS S.A. guardó silencio frente a la demanda. (f. 265, C. 1).

El A quo abrió el proceso a pruebas (f. 268-269, C. 1) y, fenecida dicha etapa, corrió traslado para alegatos de conclusión y para que el Ministerio Púbico emitiera concepto de fondo (f. 359, C.1). Dentro del término para alegar de conclusión, en primera instancia, intervinieron únicamente las partes (f. 361-369, C.1).

2.4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila resolvió el litigio en primera instancia negando las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Para la Sala resulta claro que la adjudicataria del contrato, la sociedad CROMAS S.A., conforme la literalidad del pliego de condiciones, no podía continuar en el proceso, como tampoco todos los demás participantes, a partir de la segunda etapa, se repite si se aplica exactamente el texto del pliego de condiciones y solamente por la “interpretación” del comité evaluador se introduce el cambio para hacer efectivo el proceso contractual, sin considerar otras opciones como retrotraer la actuación para que se corrija el pliego y rehacer la actuación.

4.9.4 Sin embargo, como la aplicación literal de la totalidad de texto también resulta produciendo la exclusión del consorcio demandante, carece este de derecho a ser reparado, porque solamente con la interpretación parcial de la fórmula tendría derecho a ser elegido como contratante, pero como la indicada fórmula es única, es una sola frase, su entendimiento no puede ser diferente entre el primer renglón y el último, de tan sólo cuatro o cinco líneas, como se recuerda:

“Las propuestas aceptadas se sumarán incluyendo P; La suma así obtenida se dividirá por el número de propuestas y el cociente se considerará como presupuesto oficial (PO), descartándose Las propuestas superiores o inferiores al 10% del PO”.

Atendiendo una interpretación lógica, se entendería que esa expresión descartándose las propuestas superiores o inferiores al 10% del PO está literalmente dirigida a eliminar todas las propuestas, lo que resulta absurdo puesto que omite una expresión que precise que se trata de un margen del 10% del PO, no el propio 10%, con lo cual resulta para la Sala que la peritación del ingeniero Germán Trujillo T. hace la interpretación razonable, pero que no atiende ese absurdo tenor literal (visible a f. 313).

Finalmente, no es cierto que se puede obtener un resultado superior a la disponibilidad presupuestal, siempre será el monto inferior a ella, que se certificó, con destino a este contrato por el Asesor Grado 17 de la Secretaría de Vías e Infraestructura el 3 de septiembre de 2001.

5. En la forma como se encuentra explicada la actuación de la administración, para la Sala resulta improcedente ordenar una reparación de daño, porque no existió, no se pudo causar al proponente demandante en atención a que este también resultaba excluido del concurso, aplicando literalmente la fórmula prevista en el Pliego de Condiciones, es decir, solamente haciendo la interpretación parcial podrá arribarse a una conclusión similar a la del demandante, pero si se ciñe literalmente a la totalidad del Pliego de Condiciones ninguno de los participantes hubiera superado la etapa objeto de debate en este litigio.

No tenía derecho el consorcio demandante a continuar en el proceso, al aplicar literalmente la fórmula comentada, por lo mismo no tiene derecho alguno y no pudo ser dañado lo inexistente. En consecuencia, deviene esta decisión en denegación de lo pretendido”. (f. 431-432-, C. 13).

2.5. Los recursos contra la sentencia

2.5.1. Los demandantes interpusieron recurso de apelación (f. 436-440, C. 13) contra el fallo emitido por el A quo con exposición de los motivos de inconformidad que la Sala resume así:

Con fundamento en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el Tribunal desconoció que la falta de claridad y precisión del pliego de condiciones debió interpretarse a favor de los oferentes.
El a quo no tuvo en cuenta el principio de la administración compulsoria, por lo tanto, el pliego de condiciones debió interpretarse dentro de la lógica de lograr la adjudicación del proceso de selección y no buscando la no aplicabilidad del mismo.
El Tribunal no atendió el dictamen pericial rendido dentro del proceso que determinó la aplicación de la fórmula matemática establecida para la asignación de puntajes por concepto de oferta económica; demostró el error del DEPARTAMENTO DEL HUILA en su aplicación; acreditó el derecho de los demandantes a que se les asignara el mayor puntaje (149 puntos), por ende, se les debió adjudicar el contrato; y probó los perjuicios que el citado demandado le ocasionó a los demandantes al negarles el citado derecho.

2.6. Trámite en segunda instancia

Esta Corporación admitió los recursos, en auto del 27 de agosto de 2014 (f. 447, C. 13). Ulteriormente, a través de providencia del 17 de septiembre de 2014 (f. 449, C. 13), ordenó el traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

2.7. Problemas jurídicos

En consideración a la sentencia impugnada y a los supuestos fácticos demostrados durante el proceso, la Sala procede a dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos:

¿El numeral 4.4. del pliego de condiciones, en lo atinente a la regla que regiría para la evaluación del factor precio en la segunda etapa, presentaba ambigüedad, contradicción o vacío que hacía necesario apartarse de su tenor literal?
¿El restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios opera de manera automática a favor del demandante-proponente ante la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal?
¿La nulidad absoluta de un contrato estatal se puede declarar aun cuando dentro del proceso se allegó el documento escrito que lo contiene pero sin la firma de una de las partes?

III. CONSIDERACIONES

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito

3.1.1. Competencia

Según lo preceptuado por el artículo 129 del CCA, la Sala es competente para conocer del asunto, en razón a que el recurso de apelación interpuesto por los demandantes se hizo dentro de un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el numeral 5 del artículo 132 ibídem para el efecto.

3.1.2. Ejercicio oportuno de la acción
El ejercicio de la acción fue oportuno conforme a la interpretación que de la preceptiva del artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, normativa vigente para el momento de presentación de la demanda, ha hecho la jurisprudencia de esta Corporación, habida cuenta de que la Resolución de adjudicación demandada se expidió el 21 de noviembre de 2001 y fue comunicada a los demandantes el 28 de noviembre del mismo año, el contrato fue suscrito el 11 de diciembre de 2001 y la demanda fue presentada el 18 de diciembre de dicha anualidad.
3.1.3. La legitimación en la causa

Los integrantes del CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA., se encuentran legitimados en la causa por activa,  toda vez que demostraron tener interés en los términos del literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, al participar en el proceso de contratación que adelantó el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para el mejoramiento y pavimentación de la vía Palermo-Santa María del K 24+500 al K 32+00 y porque acreditaron que el acto de adjudicación del contrato a la sociedad CROMAS S.A., le afectó sus intereses como proponentes.

El DEPARTAMENTO DE HUILA y la Sociedad CROMAS S.A. se encuentran legitimados en la causa por pasiva, por ser partes contratante y contratista, respectivamente, del contrato cuya nulidad absoluta se solicita y porque el acto administrativo de adjudicación fue expedido por el citado ente territorial y tuvo como destinatario-beneficiario la descrita sociedad.

3.2. Pruebas objeto de valoración

• Documentales

3.2.1. Copia de la licitación pública N. 001 de 2001 (f. 191-276, C.4-Tomo I).

3.2.2. Adenda N. 001 del 7 de septiembre de 2001, por la cual se aclaró y modificó los pliegos de condiciones de la licitación pública N. 001 de 2001, con base en la audiencia de aclaración de los pliegos realizada el 5 de septiembre de 2001 (f. 150-157, C.4-Tomo I).

3.2.3. Adenda N. 002 del 14 de septiembre de 2001, por la cual se aclararon y modificaron los pliegos de condiciones de la licitación pública N. 001 de 2001 (f. 200, C. 2).

3.2.4. Copia auténtica del Acta N. 001 de 26 del septiembre de 2001 del comité evaluador de la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 70-127, C. 2).

3.2.5. Copia del escrito de reclamación del 2 de noviembre de 2001, realizada por el CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. y dirigida a la Gobernación del Huila y al comité evaluador de la licitación pública N. 001 de 2001, con la que formuló el reparo sobre la aplicación de la evaluación del factor precio contenida en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones de la licitación pública N. 001 de 2001 con fundamento en el concepto jurídico que hizo el Dr. Jorge Pino Ricci. (f. 29-37, C. 2).

3.2.6. Copia auténtica del Acta N. 002 del 13 de noviembre de 2001 del comité evaluador, con la que se estableció la evaluación final y las observaciones presentadas por los proponentes sobre su calificación y la de los demás proponentes de la licitación pública N. 001 de 2001 (f. 42-69, C. 2). En el citado documento se consignó lo siguiente:

“El comité evaluador analizó detenidamente las cuatro etapas para la determinación del PRECIO. Para determinar la fórmula aplicable acorde con ellas y en acatamiento al principio de la transparencia y de la objetividad tomando esta expresión no como literalidad sino como imparcialidad y concluyó que la fórmula es la que trata la aritmética de BALDOR denominada media aritmética. Que consiste en la suma de cantidades dividida por el igual número de sumandos. Y tiene por objeto obtener un promedio que denominaríamos parámetro para fijar criterios en el sentido de aceptar o no los datos aproximados o alejados a la media aritmética.

Esta media aritmética es la utilizada en su mayoría para determinar un precio.

Por lo anterior la formula aplicada no comporta vulneración de algún principio aplicable a esta etapa del proceso de selección, específicamente, el de igualdad y selección objetiva de los oferentes, como que de su aplicación en el cotejo de las ofertas adelantado, permite descartar progresivamente aquellas propuestas que no se encontraran dentro de los límites cuantitativos dispuestos”. (Énfasis por fuera del texto original).

Frente al concepto del Doctor Pino Ricci, en la citada Acta N. 002 se señaló que este “(…) fracciona la fórmula dándole literalidad a los textos, más no-imparcialidad u objetividad en los resultados. En la segunda etapa aplica una fórmula que si bien la deduce de lo literal, no se traduce objetivo alguno con ella. Como si se deduce objetividad en la fórmula aplicada por el comité”. (Énfasis por fuera del texto original).

Así mismo, según la descrita Acta N. 002: “[s]obre la fórmula, establece categóricamente que no existió observación por parte de los proponentes en la audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2001, para aclarar el Pliego, oportunidad en la que se hicieron presentes todos los proponentes participantes de la licitación N. 001/2001”.

3.2.7. Copia auténtica de la Resolución N. 627 del 21 de noviembre de 2001 que expidió el Gobernador del Huila, adjudicando la licitación pública N. 001 de 2001 a la firma CROMAS S.A. (f. 23-27, C. 2).

3.2.8. Copia del contrato N. 371 de 11 de diciembre de 2001 que suscribió el DEPARTAMENTO DEL HUILA, pero sin la firma de la sociedad CROMAS S.A. (f. 208-214, C. 1).

3.2.9. Copia del contrato de conformación del CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. (f. 221-222, C. 1).

3.2.10. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que elaboró el CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-190, C. 8- Anexo N. 5).

3.2.11. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que realizó la sociedad CROMAS S.A. para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-231, C. 4- Anexo N. 9 y f. 1-231, C. 14).

3.2.12. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que confeccionó el CONSORCIO CONTIC para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-235, C. 7- Anexo N. 6 y f. 1-232, C. 16).

3.2.13. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que realizó el CONSORCIO C&C para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-162, C. 6- Anexo N. 7 y f. 1-160, C. 15).

3.2.14. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que elaboró la UNIÓN TEMPORAL VÍAS para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-190, C. 12- Anexo N. 1).

3.2.15. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que efectuó la UNIÓN TEMPORAL ACIMET – ASFALTOS E INGENIERÍA para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-256, C. 11- Anexo N. 2).

3.2.16. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que hizo la UNIÓN TEMPORAL MURILLO, LOBO-GUERRERO INGENIEROS Y JAIME MUÑOZ MANTILLA para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-224, C. 10- Anexo N. 3).

3.2.17. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que confeccionó JORGE DÍAZ MURCIA para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-131, C. 9- Anexo N. 4).

3.2.18. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que realizó la UNIÓN TEMPORAL URCAL – ORDOÑEZ – GALINDO para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-459, C. 5- Anexo N. 8).

3.2.19. Copia de la presentación de la propuesta y de sus soportes que elaboró la UNIÓN TEMPORAL CARRETERA SANTA MARÍA para la licitación pública N. 001 de 2001. (f. 1-244, C. 3- Anexo N. 10).

3.2.20. Copia de oficio del 28 de noviembre de 2001, con la que la Secretaría de Vías e Infraestructura del DEPARTAMENTO DEL HUILA informó al CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA. que la licitación pública N. 001 de 2001 había sido adjudicada a la firma CROMAS S.A. (f. 22, C. 2).

3.2.21. Copias simples del proceso de licitación pública N. 001 de 2001 Tomo I y II. (f. 1-287, C.4 y f. 1-273, C. 5).

• Testimonios

3.2.22. Declaración de ALDUBINA TRUJILLO HERNÁNDEZ (miembro del comité evaluador de la licitación pública N. 001 de 2001), que señaló lo siguiente (f. 279-285, C. 1):

“PREGUNTADA: El demandante afirma en su libelo que el Comité evaluador no se sujetó a las condiciones establecidas en los términos de referencia porque inaplicó la fórmula matemática siguiente Po igual número de propuestas más presupuesto oficial sobre número de propuestas y aplico la siguiente fórmula, Po igual número de propuestas más presupuesto oficial sobre número de sumandos. CONTESTÓ: El Comité estuvo sujeto desde el primer momento a aplicar y tener en cuenta los términos de referencia, tanto es así que de los diez participantes al proceso de licitación todos estuvieron de acuerdo con la fórmula aplicada y la establecida en los pliegos. Si tenemos en cuenta que el Presupuesto, Po, es la propuesta que presenta el Departamento para que todos los oferentes, a partir de ahí presenten ofertas, (…). La segunda etapa de la evaluación del precio que es la etapa donde el demandante establece que no se aplicó, quiero aclarar que el Comité Evaluador tuvo en cuenta lo establecido en los términos de referencia, es decir, establece que se sumará todas las propuestas incluyendo P que es la propuesta del Departamento o el presupuesto oficial, del total de esta suma se divide por el número de propuestas y dentro de esta propuesta, quiero aclarar, que el Departamento presenta su propuesta y se tiene en cuenta para esta etapa, la suma de estas propuestas y dividida por el número de ellas incluyendo P, nos da como resultado Po o sea el presupuesto oficial; es tan clara la formula (sic) aplicada, que en esta etapa se descartan las propuestas superiores o inferiores al Po presupuesto oficial, dándole participación e igualdad a todos aquellos proponentes que participan en el proceso de licitación. Nosotros no podíamos aplicar la formula sin incluir P, o sea el Presupuesto oficial, (…). Si aplicamos la formula (sic) que ofrece el demandante nosotros estaríamos por encima del presupuesto oficial, es decir, él quiere que no se incluya la presupuesta (sic) oficial y de (sic) divida solamente por las propuestas presentadas sin tener como referencia la propuesta del Departamento y si lo aplicamos así como lo quiere el demandante, vamos a sobrepasar una disponibilidad presupuestal y el Departamento no puede ofrecer algo de lo que no tiene. (…). PREGUNTADA: Es importante aclarar lo manifestado en la segunda etapa para la calificación del precio dentro de la licitación ya mencionada, qué se debe entender por P y que se debe entender por número de propuestas. Se solicita muy respetuosamente a la declarante que manifieste muy concretamente a lo que hacen referencia estos dos conceptos. CONTESTO: P es el presupuesto o propuesta del Departamento y propuestas son las ofertas que presentan los licitantes”. (Énfasis por fuera del texto original).

3.2.23. Declaración de ROBERTO ACEVEDO GUARÍN (Abogado Asesor de la licitación pública N. 001 de 2001), que aseveró lo siguiente (f. 286-290, C. 1):

“Al emitirse el primer informe evaluativo el Consorcio Multiservicios Ltda. y Luis Alberto González Chaux, objetaron el dictamen en cuanto al precio en razón a que no se cumplió con lo textual del pliego o mejor de la fórmula matemática, argumentando que la suma de todos los presupuestos incluyendo el del Departamento debía dividirse por el número de propuestas y según él, equivalente las propuestas a proponentes. El comité Evaluador en su oportunidad dio respuesta a la observación planteada considerando que la fórmula aplicada había sido correcta, ya que se consideraba una formula (sic) matemática y que el Departamento ejercía al llamar a licitación o mejor determinaba una propuesta para que quien desease propusiera y fue así como a la suma de los presupuestos aportados por los proponentes se sumo (sic) el del Departamento y como era una media aritmética se dividió por el total de los presupuestos, sumandos o propuestas incluyendo la del Departamento. El proponente aquí citado manifestaba que la suma de los presupuestos debía dividirse por el total de proponentes, lo que a mi parecer resultaba que violaba todos los principios de la contratación. PREGUNTADO: Dr. Acevedo qué nos puede manifestar usted frente a la siguientes aseveración que hace el demandante respecto a la licitación que nos ocupa “Los pliegos de condiciones, propuestos por la Administración del Huila, fueron claros desde un comienzo, permitiéndole de este modo a los participantes cumplir a cabalidad con los requerimientos solicitados, no obstante y de manera explicable (sic) la misma Administración, violó entre otros principios, el principio de selección objetiva, señalados en el Estatuto Contractual así como la buena fe precontractual que le impone el deber de hacer conocer oportunamente a los oferentes las reglas que van a seguirse a lo largo del proceso licitatorio”. CONTESTO:(…) Ahora bien, qué fue lo que cambió la Administración al pliego, ya lo afirmé que no hubo objeciones, cuando era la oportunidad de hacerlo y está comprobado en el proceso y en la afirmación de la audiencia pública, que todos los proponentes estuvieron de acuerdo con la claridad en que estaba determinado el pliego de condiciones, luego no encuentro razón de que hubiésemos violado el principio de la objetividad (…)”.(Énfasis por fuera del texto original).

• Dictamen pericial

3.2.24. Experticia realizada por el Ingeniero Civil GERMAN TRUJILLO TRUJILLO, que tuvo por objeto dictaminar, por un lado, de conformidad con la fórmula prevista en los pliegos para la segunda etapa de la licitación, si la propuesta presentada por los demandantes era la mejor para el DEPARTAMENTO DEL HUILA o resultaría única elegible; y por el otro, el valor del perjuicio (utilidades dejadas de percibir, la imposibilidad de mejorar la calificación en el RUP, los gastos causados para la presentación y trámite de la oferta, etc.) que se le causó a los demandantes (f. 300-301, C. 1).

3.2.25 Aclaración y ampliación del dictamen elaborado por el Ingeniero Civil GERMÁN TRUJILLO TRUJILLO (f. 311-314, C. 1), donde estableció el alcance de las fórmulas previstas en el numeral 4.4 de los pliegos de condiciones; el valor correspondiente al AIU dejado de percibir por el CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA.; y dejó constancia de abstenerse de emitir concepto frente a los perjuicios reflejados en el efecto de la calificación del RUP y en las contrataciones futuras, en razón a que no tenía la información de los antecedentes de los miembros del aludido consorcio.

3.3. Consideraciones de la Sala

Como cuestión previa resulta pertinente precisar que esta controversia tiene por objeto el estudio de la validez de la resolución núm. 627 del 23 de noviembre de 2001, emitida dentro del procedimiento de licitación pública núm. 001 de 2001, adelantado por un órgano de un departamento, como la SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA DEL HUILA. La normativa rectora de este procedimiento es, por lo tanto, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º y 2.a) de dicho estatuto.

3.3.1. El comité evaluador de una licitación pública

El comité evaluador es un grupo interdisciplinario conformado por funcionarios públicos o por asesores externos encargado de realizar la evaluación de las ofertas dentro del marco de cada proceso de contratación. Tal labor no puede desatender lo prescrito en el pliego de condiciones, ni mucho menos modificarlo, ajustarlo o precisarlo, porque tal proceder comporta una clara modificación de las reglas del proceso de contratación en detrimento de los principios rectores, particularmente el de igualdad y de la selección objetiva.

En consecuencia, se colige que la facultad interpretativa del comité evaluador del pliego de condiciones es restrictiva; mientras su contenido sea claro, aquel se debe atener estrictamente a los criterios de evaluación fijados en el pliego.

Por otro lado, de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, el informe del comité evaluador constituye un criterio auxiliar para determinar cuál es la mejor oferta, de modo que aquel no es obligatorio para el funcionario u organismo que adjudica, a menos que el ordenamiento así lo imponga. En ese sentido, el jefe de la entidad, quien es el competente para elegir la oferta más ventajosa, según el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, puede apartarse de manera motivada de los resultados de la calificación contenidos en el informe de evaluación elaborado por el comité evaluador, cuando considere que éstos no acataron los principios que rigen la contratación estatal y las condiciones antes definidas en los pliegos de condiciones.

3.3.2. El pliego de condiciones y su interpretación

La jurisprudencia emitida por esta Subsección ha definido que los pliegos de condiciones tienen una doble naturaleza jurídica; antes de la adjudicación del contrato constituyen un acto administrativo de carácter general y sus reglas son de obligatorio cumplimiento para la administración y para los oferentes que acudan al proceso. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, lo dispuesto en el pliego se convierte en el marco jurídico que determina el contenido y alcance del negocio jurídico acordado.

Ahora bien, conforme a la normativa contractual, la administración cuenta con autonomía para establecer los criterios de evaluación y adjudicación en los procesos de contratación -siempre y cuando no se establezcan reglas caprichosas que desconozcan las normas de orden público-, y para ello deben tomar fundamento en el principio de la proporcionalidad, como instrumento que dota de razonabilidad el ejercicio de las competencias de la administración, y que tiene necesaria presencia en todo el ámbito de aplicación de la actividad estatal y particularmente en el contexto de la contratación estatal.

En efecto, el numeral 2 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 –en su texto vigente para la época de los hechos-, preceptuaba que correspondía al contratante la elaboración de los pliegos de condiciones con especificación al detalle de los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y a todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, necesarias a su juicio para garantizar reglas de selección, objetivas claras y completas. Prescribía, también, que, para que los proponentes pudieran resultar favorecidos con la selección de sus propuestas, debían dar estricto cumplimiento a las reglas y requisitos allí previstos, y que, en caso contrario, la entidad se vería obligada a rechazar o eliminar las ofertas presentadas.

Por su parte, esta Sala ha predicado la fuerza vinculante del pliego de condiciones, calificándolo como la “ley del contrato”, al punto de afirmar que “frente a una contradicción entre el pliego y el contrato, habrá de prevalecer aquél”. De esta manera, la intangibilidad del pliego, ha dicho desde antaño en su jurisprudencia, funge como garantía de “la efectividad de los derechos y obligaciones previstos para los futuros co-contratantes”. Y más recientemente ha denotado que dicha intangibilidad se impone en desarrollo de los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de selección objetiva del contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, que la entidad modificara, a su arbitrio, las reglas de la selección

Con base en lo expuesto, la Sala, siguiendo la jurisprudencia de la Subsección, considera que las reglas contenidas en los pliegos de condiciones que adolecen de falencias por vacíos o por contradicción se pueden interpretar con sujeción a los principios generales del derecho (público y privado), a los de la función administrativa, a la finalidad del pliego, y a la protección del interés general, todo ello al tenor de lo prescrito por el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

3.3.3. La existencia del contrato estatal como presupuesto para realizar el juicio de su nulidad

A efectos de realizar el juicio de nulidad absoluta de un contrato estatal, además de que la causal invocada esté prescrita expresamente en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 1741 del Código Civil y que quien la alegue se encuentre dentro de los sujetos contemplados en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, la Sala hace énfasis que de manera anticipada se debe constatar que el negocio jurídico en cuestión hubiese nacido a la vida jurídica, es decir que sea existente.

Para tal estudio, esta Colegiatura, retomando la jurisprudencia de la Subsección, parte de la clasificación de los contratos según su perfeccionamiento consagrado en el artículo 1500 del Código Civil, donde se preceptúa que los contratos pueden ser solemnes, consensuales o reales, siendo los primeros aquellos en los que para su perfeccionamiento es necesaria una solemnidad que expresamente se pide.

Cuando el negocio jurídico es solemne, la solemnidad exigida, amén de perfeccionarlo o hacerlo surgir a la vida jurídica, cumple la función de demostrar su existencia, si esa solemnidad consiste en un escrito o documento, con la característica de ser la única prueba admisible para ello por así disponerlo la ley.

En otras palabras, en este caso, el documento cumple no sólo una función constitutiva, sino además una función probatoria y éste será el único medio probatorio pertinente para ello.

Ahora bien, tratándose de contratos celebrados por la administración pública, esta Subsección ha señalado que estos son, salvo urgencia manifiesta, negocios jurídicos solemnes y que la única prueba de su existencia es el escrito que la ley exige como solemnidad constitutiva, tal como se desprende del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad”. Esta disposición está en concordancia con el artículo 41 ídem, la cual preceptúa que “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.

Así mismo, conforme a la jurisprudencia de la Sala, el contrato estatal, en consideración a su solemnidad característica, debe ser suscrito o rubricado por quienes lo celebran, tal como se desprende de lo que sobre este punto señalan los artículos 25[], 27[], 30[] y 41[] de la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, salvo algunos casos de urgencia manifiesta, si el contrato del Estado no consta en un documento escrito, o a este le hace falta la firma de alguna o todas las partes contratantes, es conclusión obligada que él no se ha perfeccionado, es decir no existe como tal en el mundo del derecho.

Ahora, como el documento escrito en el contrato estatal, además de ser una solemnidad constitutiva, cumple su normal función probatoria, se sigue que un documento sin la firma de las partes contratantes, o de alguna de ellas, jamás podrá formar el convencimiento sobre la efectiva celebración del contrato.

3.3.5. Solución al caso concreto

La Sala, por razones prácticas, abordará, en primer lugar, el estudio de legalidad de la Resolución demandada, y sólo posteriormente, en el evento que lo encuentre nulo, revisa la procedencia de las citadas pretensiones indemnizatorias y de la nulidad absoluta del aludido contrato estatal.

3.3.5.1. Control de legalidad del Acto de Adjudicación (Resolución No. 627 del 23 de noviembre de 2001)

Los demandantes fundamentan la ilegalidad de la Resolución No. 627 del 23 de noviembre de 2001 proferida por el DEPARTAMENTO DEL HUILA, mediante la cual se adjudicó la licitación pública N. 001 de 2001 a la firma CROMAS S.A., en que el mencionado ente territorial desconoció el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones concerniente a la segunda etapa de evaluación del factor precio, al dividir la sumatoria de las propuestas aceptadas, incluyendo “p”, con el “número de sumandos”, es decir, incluido el valor del presupuesto oficial, y no con el “número de propuestas” como lo prescribía el aludido pliego.

Como la anterior inconformidad recae sobre el alcance del numeral 4.4, ubicado en el capítulo IV del pliego de condiciones, resulta necesario, al tenor de las reglas de hermenéuticas atrás expuestas, verificar si existía en dicha regla algún vacío, ambigüedad o contradicción en su contenido. El tenor literal del aludido numeral contemplado en el pliego es el siguiente:

“4.4 CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACIÓN
La adjudicación se hará previo los estudios del caso y efectuado el análisis comparativo, al licitante cuya propuesta cumpla las condiciones y requisitos del Numeral 4.3 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y VERIFICACION DE QUE SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES DE LA LICITACION y se estime más favorable y este ajustada al pliego de condiciones.

Las propuestas seleccionadas serán evaluadas conjuntamente teniendo en cuenta los siguientes factores de evaluación, sobre una asignación máxima total de CIENTO CINCUENTA (150) puntos.

4.4.1 PRECIO = 100 PUNTOS
El factor precio tendrá una asignación de CIEN (100) puntos como máximo, distribuidos así:

Valor total de la Propuesta.
Será evaluado siguiendo el siguiente criterio:

PRIMERA ETAPA

Se comparan las propuestas resultantes del descarte anterior con el presupuesto oficial(P) y se descartarán aquella que tengan variaciones superiores a un 15% de P.

SEGUNDA ETAPA

Las propuestas aceptadas se sumarán incluyendo P; la suma así obtenida se dividirá por el número de propuestas y el cociente se considerará como presupuesto oficial (PO), descartándose las propuesta (sic) superiores o inferiores al 10% de PO.

TERCERA ETAPA

Al número de presupuestos aceptados se les sacará la raíz cuadrada (el resultado se aproximará por exceso a un número entero). El valor de PO se multiplica por la raíz cuadrada obtenida y se suma con las propuestas no descartadas; dicha suma se divide por el número de propuestas más las veces que ha entrado al presupuesto oficial PO; el cociente será el presupuesto básico de la primera aproximación (P.B.P.A.).

De las propuestas se descartarán aquellas que sean superiores o inferiores en un 8% del (P.B.P.A.).

CUARTA ETAPA

Se sumarán las propuestas hábiles y se agregará el (P.O.) y el (P.B.P.A.) y el total se dividirá por el número de sumandos, el cociente que se obtenga será el presupuesto básico definitivo (P.B.D)

La propuesta cuyo valor sea inmediatamente inferior al PBD tendrá CIEN (100) puntos.

La propuesta que tenga diferencia menor en valor absoluto con el PBD tendrá NOVENTA Y OCHO (98) puntos exceptuando la propuesta que obtuvo CIEN (100) puntos.

Sucesivamente se asignarán dos (2) puntos menos a cada propuesta que tenga menor diferencia en valor absoluto con el PBD hasta llegar a SETENTA (70) puntos.

A partir de SETENTA (70) puntos todas las restantes propuestas tendrán igual puntaje”. (Énfasis por fuera del texto original).

Para mejor entendimiento de esta cláusula en su fase segunda, viene bien decir que, en el concierto de las licitaciones públicas son diversas las fórmulas de las que se vale la administración para ponderar las propuestas económicas que en ellos se presentan y asegurar la observancia de principios como la buena fe, la libre concurrencia, la libre competencia, la transparencia y la selección objetiva. Entre otras, es común el uso de la media aritmética, de la media geométrica, ambas en sus modalidades máxima, mínima y de valor absoluto, y ambas posibles de enunciarse con o sin inclusión del presupuesto. En atención a ello, la Sala encontraría necesario y razonable el ejercicio hermenéutico que desplegó el comité evaluador, si al enunciar la fórmula, el pliego hubiera anunciado su adhesión a una de ellas de manera explícita, y a continuación, al describirla, se hubiere apartado de aquella. Sin embargo, ello no ocurrió, puesto que, simplemente enunció la fórmula a aplicar mediante la descripción de sus componentes, señalando con claridad que el dividendo estaría conformado por la sumatoria de las propuestas aceptadas, incluyendo el presupuesto, al que nominó P; y que el divisor estaría conformado por el número de propuestas, incluyendo el presupuesto; y que la cantidad así obtenida a manera de cociente, se consideraría como presupuesto oficial (PO), descartándose las propuestas superiores o inferiores al 10% de PO.

Por otro lado, no se puede asimilar el presupuesto con las ofertas que presentan los proponentes, no sólo porque los términos “propuesta” y “presupuesto” tienen unas definiciones naturales conforme a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) que permiten diferenciarlos nítidamente, sino porque una interpretación integral del numeral 4.4. movía a entenderlos como elementos diferentes. Baste para corroborar lo dicho con la remisión al numeral 4.3.3 del pliego de condiciones que prescribía: “[p]ropuestas mayores al presupuesto oficial (P) no se considerarán para evaluación”.

En tales condiciones, el numeral 4.4. del pliego, en lo atinente a la regla que regiría para la evaluación del factor precio en la segunda etapa de dicho ejercicio, no presentaba ambigüedad, ni contradicción, y menos aún vacío alguno que hiciera necesario apartarse de su tenor literal so pretexto de guardar coherencia con una fórmula específica que sólo al momento de la evaluación se identificó como la media aritmética en los términos que Baldor explica en su libro de aritmética.

Ahora bien, la entidad demandada, al dar contestación al libelo introductorio de este proceso (f. 253-259, C. 1), alguno de los miembros del comité evaluador que vino a este proceso como testigo (f. 279-285, C. 1), y el abogado que acompañó a la administración en el proceso licitatorio (f. 286-290, C. 1) han señalado que la aplicación irrestricta de la fórmula, con el tenor literal que traía en el pliego, arrojaría una paradoja consistente en que el resultado sería superior al valor de la disponibilidad presupuestal. Como se mostrará más adelante, esta circunstancia no constituía razón suficiente para alterar el tenor literal de la fórmula.

Para demostrar este último aserto, la Sala pondrá en operación dicha fórmula, en su tenor literal, a fin de demostrar que el proceso de evaluación podía realizarse con la aplicación de ésta, independientemente de cual fuera su resultado. Para ello, tomará en cuenta lo prescrito en el numeral 4.4, ubicado en el capítulo IV del pliego de condiciones.

Tal operación se abría desarrollado en los siguientes términos:

• PRIMERA ETAPA

El pliego estableció que “[s]e comparan las propuestas resultantes del descarte anterior con el presupuesto oficial(P) (sic) y se descartarán (sic) aquella que tengan (sic) variaciones superiores a un 15% de P”.

La Sala observa que parte del citado criterio de evaluación había sido contemplado de manera anticipada a la fase de evaluación en el numeral 4.3.3. del pliego de condiciones al prescribir que las “[p]ropuestas mayores al presupuesto oficial (P) no se considerarán para evaluación”. Sin embargo, se debe efectuar el comparativo de aquellas propuestas que tengan una variación hacia un menor precio que supere el porcentaje del 15% del presupuesto oficial (P).

En consecuencia, se tiene lo siguiente:

Presupuesto oficial (P) = $3.413.936.552
Variación superior al 15% de P = $3.926.027.034,80
Variación inferior al 15% de P = $2.901.846.069,20

El valor de todas las propuestas se resume en la siguiente tabla:

PROPONENTE
VALOR DE SU PROPUESTA
CROMAS S.A.
$3.242.477.688.93
CONSORCIO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX - MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA.
$3.311.432.910
UNIÓN TEMPORAL MURILLO, LOBO-GUERRERO INGENIEROS Y JAIME MUÑOZ MANTILLA
$3.258.465.856,79
CONSORCIO CONTIC
$3.295.943.613,75
CONSORCIO C&C
$3,298.467.900
UNIÓN TEMPORAL CARRETERA SANTA MARÍA
$3.286.294.980
UNIÓN TEMPORAL URCAL – ORDOÑEZ – GALINDO
$3.308.003.206,36
UNIÓN TEMPORAL VÍAS
$3.222.341.488.95
JORGE DÍAZ MURCIA
$3.175.338.156.10
UNIÓN TEMPORAL ACIMET – ASFALTOS E INGENIERÍA
$6.627.239.455

Aplicando las anteriores reglas en las propuestas presentadas por todos los oferentes da como resultado que la propuesta de la UNIÓN TEMPORAL ACIMET – ASFALTOS E INGENIERÍA debía ser descartada con base en lo dispuesto en el numeral 4.3.3 del pliego de condiciones, porque su valor superó el tope del presupuesto oficial (P). Las propuestas restantes, que corresponden a 9, cumplían los requisitos enunciados, en consecuencia, serían aceptadas y pasarían a la segunda etapa de evaluación.

• SEGUNDA ETAPA

En el pliego de condiciones se preceptuó: “[l]as propuestas aceptadas se sumarán incluyendo P; la suma así obtenida se dividirá por el número de propuestas y el cociente se considerará como presupuesto oficial (PO), descartándose las propuesta (sic) superiores o inferiores al 10% de PO”.

Conforme a la interpretación literal al citado texto, la fórmula a aplicar sería la siguiente:

PO= VALOR DE PROPUESTAS ACEPTADAS + presupuesto oficial (P)
NÚMERO DE PROPUESTAS ACEPTADAS

PO= $29.398.765.800,88 + $3.413.936.552 = $32.812.702.352,88
9 9

PO= $3.645.855.816,99

Ahora bien, esta regla demandaba un segundo ejercicio en cuanto establecía que las propuestas “superiores o inferiores al 10% de PO” serían descartadas. Puesta en operación esta fórmula de descarte, el resultado se traducía en el rechazo de todas las propuestas subsistentes, incluida la de los demandantes y de la sociedad CROMAS S.A. Ninguna de ellas podría avanzar a la siguiente etapa de evaluación del factor precio.

Para la Sala, este resultado vendría consecuente con la interpretación literal de la fórmula, y revelador de problemas derivados de una falta de debida planeación del proceso contractual. Es claro que, aunque la fórmula en estudio no era contradictoria, se formuló en términos que no permitían una selección objetiva y que conducían irremediablemente al fracaso del proceso. En tales condiciones, la administración estaba abocada a revocar el acto que dio apertura a la licitación, una vez advirtió el error, o dar continuidad al proceso respetando su tenor literal, con el resultado que ya hemos revelado, que conducía a la declaratoria de desierta. Hubiera podido, de igual manera, modificar el tenor literal de la fórmula hasta un momento anterior a la presentación de propuestas, lo que podría haber realizado durante la etapa de aclaración de los términos del pliego, pues con ello no se afectaba ninguno de los principios que le concernía honrar. Pero, no podía, sin vulnerar el clausulado del pliego, ley del proceso de contratación, y sin lesionar principios como el de transparencia, y amenazar el principio de igualdad, modificar dicha regla en la fase de evaluación, so pretexto de interpretar su espíritu. Por las mismas razones, tampoco resultaba admisible una labor hermenéutica fraccionada de su texto, como lo planteaba el perito en la aclaración y complementación al dictamen allegado al plenario (f. 311-314, C. 1), es decir, que una parte de la fórmula se aplicara el criterio literal de interpretación y en el resto otro, por ejemplo, el teleológico, pues, ello, además de improcedente porque dicho texto no presentaba ambigüedad, ni contradicción, y menos aún vacío alguno, como ya se explicó, le restaría claridad y sistematicidad no solo a la fórmula, sino al pliego en su conjunto, modificando su intangibilidad, que sería contrario a los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de selección objetiva del contratista.

En ese sentido, y en cuanto que el DEPARTAMENTO DEL HUILA se apartó de las condiciones establecidas en el pliego para regular el proceso de evaluación, y lesionó con ello, los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, la Sala declarará la nulidad de la Resolución N. 627 del 23 de noviembre de 2001, emitida por el DEPARTAMENTO DEL HUILA, por medio de la cual se adjudicó la licitación pública N. 001 de 2001 a la firma CROMAS S.A., cuyo objeto era el mejoramiento y pavimentación de la vía Palermo-Santa María del K 24+500 al K 32+00.

No obstante, la Sala considera que no resulta procedente la declaración de responsabilidad de la demandada de los perjuicios ocasionados con la expedición de la citada Resolución y, en consecuencia, el restablecimiento del derecho y el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales, reclamados por la parte demandante en el petitum de la demanda, toda vez que sus intereses jurídicamente tutelados no fueron afectados por el acto administrativo declarado nulo, dado que su propuesta también habría sido excluida del aludido proceso licitatorio junto con aquellas que habían presentado los demás proponentes, por las razones expuestas.

3.3.5.2 Sobre la pretensión declarativa de la nulidad absoluta del contrato N. 371 del 11 de diciembre de 2001

Ahora, como los demandantes sostienen que el DEPARTAMENTO DEL HUILA y la sociedad CROMAS S.A. celebraron el contrato N. 371 del 11 de diciembre de 2001 y piden su nulidad absoluta con base en las causales prescritas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, tienen la carga de probar ese hecho y como en esa supuesta relación negocial intervino como parte una entidad estatal, su demostración implica que se presente como única prueba pertinente para ello el documento que lo contiene, toda vez que el contrato estatal es solemne por regla general.

Revisados los documentos que obran en el plenario, se observa que no obra un documento idóneo que demuestre la celebración del contrato en mención. En efecto, en el expediente aparece un documento escrito que sólo está firmado por el aquí demandado, es decir, por el DEPARTAMENTO DEL HUILA, o lo que es lo mismo, en el que se echa de menos la firma del representante legal de la sociedad CROMAS S.A.

Tratándose entonces de un pretendido contrato en el que supuestamente es parte una entidad estatal, ha debido arrimarse al expediente, debidamente firmado por ambas partes, un documento escrito que lo contuviera, pues, solamente con esta prueba se puede convencer al juzgador de tal celebración y, en consecuencia, se podía proceder a realizar el juicio de validez del pretendido negocio jurídico.

Como tal cosa no hicieron los demandantes, es decir, no demostraron la existencia del contrato N. 371 de 11 de diciembre de 2001, que dice haber celebrado el DEPARTAMENTO DEL HUILA y la sociedad CROMAS S.A., se sigue que no se puede adelantar el estudio de la nulidad absoluta de aquel.

Por ende, la solución de este asunto consiste en resolverlo de fondo, negando la pretensión de declaratoria de nulidad absoluta del citado negocio jurídico, porque los demandantes no probaron los hechos en que se fundamentaron sus pretensiones, empezando por la demostración de la celebración del contrato que es el sustento fundamental de la citada pretensión.

4. La condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia del 20 de mayo de 2014, proferida por la Sala Octava de Descongestión del Tribunal Administrativo del Huila, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia, y, en su lugar:

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución N. 627 del 23 de noviembre de 2001, emitida por el DEPARTAMENTO DEL HUILA, por medio de la cual se adjudicó la licitación pública N. 001 de 2001 a la firma CROMAS S.A., cuyo objeto era el mejoramiento y pavimentación de la vía Palermo-Santa María del K 24+500 al K 32+00, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, enviar el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Magistrado
Aclaro voto
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Aclaración de voto

ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Las reglas del pliego deben garantizar la selección objetiva y, por ello, deben contener reglas claras sin consideración a factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva (art 5. Ley 1150 de 2007). Nada más. La norma no hace referencia a criterios como la “proporcionalidad”. (…) , el uso indiscriminado de la “proporcionalidad” termina por convertir al juez en una suerte de coadministrador y ello perturba la buena gestión de lo público porque una justicia extraviada en la administración, no contribuye a administrar mejor.

OFERTA / INVITACIÓN PÚBLICA / HYPERLINK "http://190.217.24.78:8888/tematres3/server/index.php?task=fetchTerm&arg=39944" \o "EFECTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA" EFECTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA / NORMATIVIDAD DE LA OFERTA / REQUISITOS DE LA OFERTA / ELEMENTOS ESENCIALES DE LA OFERTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN ONJETIVA / LICITACIÓN PÚBLICA / LICITACIÓN PRIVADA / CÓDIGO DE COMERCIO

No toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar o formular ofertas. La invitación pública no tendrá los efectos de la oferta, porque no tiene los elementos esenciales del artículo 845 del C. Co. y, por ende, la sola respuesta a esa invitación no implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta que podrá ser aceptada por quien invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un procedimiento que se caracteriza por un anuncio -que no es oferta-, el concurso en sí mismo y la escogencia del concursante que reúne las mejores condiciones

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejero: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Radicación número: 41001-23-31-000-2001-01484-01 (51910)

Actor: SOCIEDAD MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA Y OTRO.

Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA Y OTRO.

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

SELECCIÓN OBJETIVA-Los pliegos deben contener reglas claras sin consideración a factores de afecto, interés o motivación subjetiva. PROPORCIONALIDAD-No está definido en la ley como criterio de selección. LICITACIONES PÚLICAS O PRIVADAS EN CÓDIGO DE COMERCIO-Si la invitación a participar contiene los elementos de una oferta, según el artículo 860 del C.Co., cada postura implica una aceptación y el negocio se formará con el mejor postor.

ACLARACIÓN DE VOTO

Acompañé la decisión de 2 de julio de 2021, que modificó la sentencia apelada, y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones.

1. Según el fallo, la administración cuenta con autonomía para establecer los criterios de evaluación y adjudicación y que para ello debe “tomar fundamento en el principio de la proporcionalidad”.

Las reglas del pliego deben garantizar la selección objetiva y, por ello, deben contener reglas claras sin consideración a factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva (art 5. Ley 1150 de 2007). Nada más. La norma no hace referencia a criterios como la “proporcionalidad”. El uso indiscriminado -que la jurisprudencia ha venido haciendo- de la “proporcionalidad”, a mi juicio implica un riesgo grande: cambiar el papel del juez en un Estado de Derecho de controlador de la administración a coadministrador. Eso repugna con la separación del ejercicio del poder público (art. 113 CN) y con el principio de legalidad, que aplica a toda autoridad pública, incluida -por supuesto- la judicial. Además, el uso indiscriminado de la “proporcionalidad” termina por convertir al juez en una suerte de coadministrador y ello perturba la buena gestión de lo público porque una justicia extraviada en la administración, no contribuye a administrar mejor.

2. La sentencia sostiene que es válido afirmar que “en toda licitación el pliego constituye una oferta de contrato, por cuanto así lo prescribe, además, el artículo 860 del Código de Comercio”.

El artículo 860 del C. Co establece que en todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás. En el evento en que se haga invitación pública a contratar y esa invitación en sí misma contenga los elementos de una oferta, el contrato se formará con la aceptación presentada y que cumpla con los requisitos previstos en aquella.

No toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar o formular ofertas. La invitación pública no tendrá los efectos de la oferta, porque no tiene los elementos esenciales del artículo 845 del C. Co. y, por ende, la sola respuesta a esa invitación no implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta que podrá ser aceptada por quien invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un procedimiento que se caracteriza por un anuncio -que no es oferta-, el concurso en sí mismo y la escogencia del concursante que reúne las mejores condiciones.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Firmado electrónicamente a través de SAMAI

La pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el numeral 5 del artículo 132 CCA, en concordancia con el numeral 2 del artículo 20 del CPC, para que un proceso adelantado en acción contractual fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación. La pretensión mayor de la demanda asciende a $331.143.291 y la suma de 500 SMLMV a la fecha de la presentación del libelo introductorio equivalía a $143.000.000.
“En virtud de lo expuesto, considera la Sala que un correcto entendimiento del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo reformado por la Ley 446, permite concluir que los actos administrativos producidos por la Administración dentro de los procesos de selección de contratistas y con anterioridad a la celebración del respectivo contrato, permite que los mismos sean demandados a través de las acciones y dentro de los términos que, a manera de ilustración, se precisan a continuación:
(…)
3º. En ejercicio de la acción contractual, la cual supone la celebración previa del correspondiente contrato adjudicado y sólo como causal de nulidad del mismo, dentro de los dos años siguientes a tal celebración.
4º. En este último caso, si la demanda se presenta por quien pretende obtener la reparación de un daño derivado del acto administrativo previo y lo hace dentro de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del mismo, debe tenerse presente que la ley exige o impone una acumulación de pretensiones, esto es las que corresponden a las acciones contractual y las propias de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto en este caso el demandante, al ejercer la acción contractual, deberá solicitar tanto la declaratoria de nulidad del contrato estatal como la declaratoria de nulidad del acto administrativo precontractual, que a su vez le servirá de fundamento a aquella y como consecuencia de tal declaratoria, podrá pedir la indemnización de los perjuicios que tal decisión le haya infligido.
Contrario sensu, es decir, si han transcurrido más de 30 días desde la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo precontractual, si bien en principio el ordenamiento en estudio parece autorizar la presentación de la demanda en ejercicio de la acción contractual con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del respectivo contrato con base en o partir de la nulidad del acto precontractual, que también deberá pretenderse, lo cierto es que en este caso no podrá ya elevarse pretensión patrimonial alguna, puesto que habrá caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se habría podido acumular en la misma demanda; en consecuencia, en esta hipótesis fáctica, sólo habrá lugar a analizar y decidir sobre la validez del contrato demandado, a la luz de la validez o invalidez del acto administrativo que se cuestiona, sin que haya lugar a reconocimiento patrimonial alguno a favor del demandante”. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de febrero de 2010, Radicación número: 25000-23-26-000-1994-09827-01(16540).

Aptados. 3.2.1 y 3.2.7. LEY 80 DE 1993. “Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. || Artículo 2o. Para los solos efectos de esta ley: || 1o. Se denominan entidades estatales: || a) a) La Nación, las regiones, los departamentos, […]”. Sobre el comité evaluador el Decreto 1082 de 2015 – el cual no estaba vigente para la época de los hechos en el caso de marras – prescribe en el artículo 2.2.1.1.2.2.3. que “La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley. La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.
“La etapa evaluativa no es instancia de corrección y mejoría de las reglas de juego sino que durante ella corresponde actuar en estricto rigor, así sean recomendables y convenientes algunas precisiones”. DÁVILA VINUEZA, L. G., Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Legis Editores S.A., 2016, pág. 438. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, Radicación número: 73001-23-31-000-1997-5365-01(15705)DM.
“[L]os cuerpos asesores deben ser oídos, pero sus puntos de vista son simplemente ilustrativos”. Sentencia del 25 de marzo de 1993, Radicación número: 6740. Subsección C, Sentencia del 31 de enero de 2020. Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00008-01(47482)
Subsección C, Sentencia del 3 de diciembre de 2015, Radicación número: 76001-23-31-000-2000-00785-01(31915). Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. “[…] 2o. <Aparte tachado derogado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html" \l "32" 32 de la ley 1150 de 2007> La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html" \l "24" 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas”. Subsección C, Sentencia del 13 de febrero de 2015, Radicación número: 50001-23-15-000-2000-00196-01(30161)
“Para la Sala tal como lo señala la doctrina, la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones o términos de referencia que elabora la administración pública para la contratación de sus obras, bienes o servicios, está claramente definida en tanto son el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcances del contrato, al punto que este documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase final.

De ahí el acierto de que se tengan como “la ley del contrato”. (…) Dicho de otro modo, los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de 2000. Rad. 10399). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2004. Rad. 25000-23-26-000-1993-8696-01(10779). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013), Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642
Ibid. Sobre las causales de nulidad absoluta del contrato estatal, reitera esta Subsección, que son taxativas y que por tanto su interpretación es restrictiva, razón por lo cual no le es dado al juez la aplicación de la analogía o declarar la nulidad absoluta del negocio jurídico por causales distintas a las prescritas en la ley. Al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de marzo de 2005. Radicación: 1100103260002004003900 (28308); Sentencia del 1 de diciembre de 2008. Radicación: 85001233100019970042301 (15603).
“La invalidez presupone la relevancia: si el supuesto de hecho no se puede identificar, o no es completo con relación a una determinada figura negocial, o es contradictorio con ella, no es relevante. Pero, en llegando a alcanzar relevancia o existencia jurídica, la conducta dispositiva ha de someterse a un juicio de valor: su conformidad o disconformidad con los valores expresados en el sistema normativo y a los que dicho sistema responde: juicio de validez o invalidez”. HINESTROSA, F., Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico, Vol. II, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2015, pág. 698-699. Subsección C, Sentencia del 6 de marzo de 2013, Radicación número: 66001-23-31-000-2000-00799-01(24896). Subsección C, Sentencia del 31 de mayo de 2019. Radicación número: 52001-23-31-000-2011-00134-01(46597). Subsección C, Sentencia del 6 de marzo de 2013, Radicación número: 66001-23-31-000-2000-00799-01(24896).
“Artículo 25: (…) 6º. Las entidades estatales abrirán licitaciones (o concursos) e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. (La expresión entre paréntesis fue derogada por la Ley 1150 de 2007). 7º. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
(…) 12º. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia. (La ley 1150 de 2007 modificó este numeral quedando así: “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.). (Énfasis por fuera del texto original). Artículo 27º:

En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate. (Énfasis por fuera del texto original). Artículo 30º: (…) 9o. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones (o términos de referencia), teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. (La expresión entre paréntesis fue derogada por la Ley 1150 de 2007).
(…) 12º. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. (Énfasis por fuera del texto original). Artículo 41º: (…) Los contratos estatales son intuito personae <sic> y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.” (Énfasis por fuera del texto original).
“En buena hora la ley 80 de 1993 precisó que "los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones y éste se eleve a escrito" (art. 41) y los requisitos que en el anterior régimen se requerían para perfeccionar el contrato pasaron a ser requisitos para su ejecución -aprobación de la garantía única y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes- (art. 41, inciso 2º Ley 80 de 1993), lo cual significa que desde el momento en que las partes firman el contrato, éste existe como tal en el mundo del derecho”. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 2000, Radicación número: 10399. La demandada en la contestación de la demanda (f. 253-259, C. 1) expuso que su actuar “(…) se ajustó a los principios de transparencia y objetividad en el proceso de selección, atendiendo a que en la etapa No 2 el factor que divide no es el número de propuestas sino el número de presupuestos, así lo entendió el Departamento del Huila, así lo ha venido aplicando y así lo entendieron los demás participantes u oferentes” y que el “(…) el presupuesto se asimila o se identifica con propuesta para efectos de la aplicación de la fórmula – media aritmética – y es que el presupuesto oficial o disponibilidad presupuestal es una propuesta del Departamento hacia los proponentes o licitantes para que se sometan a ella sin excederse hacia arriba ni en un 15% hacia abajo. (…) En la segunda etapa viene otro descarte y es que cuando de la aplicación de la media aritmética resultan presupuestos superiores o inferiores al 10% del PO – Presupuesto Oficial Resultante –”. Subrayado por fuera del texto original.

En la aclaración y complementación a la experticia el perito hizo la siguiente interpretación de la formula correspondiente a la segunda etapa de la fase de evaluación prescrita en el numeral 4.4. de los pliegos de condiciones:
“Nota Explicativa: Las propuestas aceptadas (las nueve comprendidas del 1 al 9) se suma al presupuesto p que no es propuesta y se denomina igual po = presupuesto oficial; y se divide por el número de propuestas (9), y el cociente se considera po ($3.645.855.816,99). Como resultado de la aplicación del 10% hacia arriba y hacia debajo de po, se obtiene un rango de frecuencia (…)”. (f. 312, C. 1). Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 31628 [fundamento jurídico 5].

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