Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00654-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00654-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2018-00654-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
27 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Demandante: DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SAS
(DISLICORES SAS)
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (FLA)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA –
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE CONTRATO –
ACEPTACIÓN DE OFERTA
Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a la discusión acerca de la existencia del
negocio jurídico contenido en el oficio no. 00002482 de 29 de marzo de 2006 a través del
cual el Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia autoriza a Dislicores SAS
para llevar a cabo la distribución y comercialización de licores y alcoholes, la ineficacia de
la facultad para terminar anticipadamente la referida autorización por parte del
departamento y la liquidación judicial de la misma con saldo a favor de Dislicores SAS; el
tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda. Inconforme con la decisión
la parte actora se opuso a la sentencia por cuanto, en su criterio, la decisión adoptada acoge
una postura exegética con la que se viola el principio constitucional de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas.
Temas: requisitos para la existencia de un contrato estatal – aceptación de oferta -
distribución y comercialización de licores por parte de los departamentos.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 28 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
• Sala de Decisión no. 004 que denegó las súplicas de la demanda (documento no.
4 – expediente digital), en los siguientes términos:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo
expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, si no fuere apelada,
DISPÓNGASE al archivo del expediente” (fl. 21 ibidem – negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 1 de septiembre de 2018 en el Tribunal Administrativo
de Bolívar, la compañía Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
actuando por intermedio de apoderado judicial interpuso demanda en ejercicio del
medio de control jurisdiccional de controversias contractuales1 (fls. 1 a 36
documento no. 5 – expediente digital) con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare que entre el Departamento de Antioquia y
Dislicores existió un contrato para la venta y distribución de los licores de
propiedad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, el cual
estuvo vigente entre el día veintinueve (29) de Marzo (sic) [de] 2006 por
la cual estuvo vigente entre el día veintinueve (29) de Marzo (sic) [de]
2006 y el veintisiete (27) de julio de 2016.
SEGUNDA: Que se declare la ineficiencia de la cláusula contractual
contenida en el Oficio no. 00002482 del 29 de marzo de 2006 por la cual
le permite al ´Departamento de Antioquia dar por terminado
unilateralmente las ventas, cuando las circunstancias legales o políticas
de mercado y ventas de la FLA o el incumplimiento por parte de la firma
de las obligaciones contraídas, así lo ameriten, sin que pudiera ejercer
ninguna acción contenciosa administrativa en contra del Departamento de
Antioquia – FLA´, por ser una cláusula ilegal.
TERCERA: Que como consecuencia de la terminación unilateral del
contrato para la venta y distribución de los licores de propiedad de la
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de parte del Departamento
de Antioquia a partir del veintisiete (27) de julio de 2016, se liquide
judicialmente el contrato.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a
título de indemnización, se condene al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
Y AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR para que solidariamente paguen a
DISLICORES, la suma de $57´887.428.374, por concepto de
indemnización de perjuicios por lucro cesante y daño emergente.
QUINTA: Que las condenas sean debidamente indexadas.
SEXTA: Que se de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 189 y 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA.
SÉPTIMA: Que se ordene a la entidad demandada al pago de las costas,
gastos y agencias en derecho, obligatorias de conformidad con el artículo
1 Por auto de 22 de abril de 2019 la demanda fue inadmitida (fls. 77 a 76 documento no. 12, tomo
no. 8 – expediente digital), por cuanto existía una incongruencia en las súplicas propuestas con la
demanda; luego de que la parte demandante procediera con la correspondiente subsanación, la
demanda fue admitida el 1° de octubre de 2020 (fls. 129 a 131 ibidem).
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
188 del CPACA, en concordancia con el artículo 361, 365 y 366 de la Ley
1564 de 2012.” (fls. 124 a 127 documento no. 12 – tomo no. 8 - expediente
digital - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico, la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El Departamento de Antioquia creó y tiene en funcionamiento una fábrica de
licores cuyos productos son comercializados por fuera del departamento mediante
contrato de distribución.
2) Las ventas de productos destilados de la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia (FLA) en otros departamentos, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1816
de 2016, se llevaba a cabo mediante la suscripción de acuerdos de intercambio de
licores, pues, con el referido cuerpo normativo la obligación de suscribir convenios
interadministrativos para la distribución y comercialización de licores a otros
departamentos fue eliminada.
3) El 12 de abril de 2005, entre los Departamentos de Bolívar y Antioquia se
suscribió un convenio interadministrativo para el intercambio de licores actuales y
futuros que se produjeran o se llegaren a producir en su respectiva fábrica de licores
e industria licorera, permitiendo su libre circulación, distribución y venta en cada
territorio sin ninguna restricción.
4) El 29 de marzo de 2006, la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Antioquia a través del oficio no. 00002482 emitió autorización a la compañía
Dislicores SAS para la distribución y comercialización de licores en el territorio del
Departamento de Bolívar.
5) En cumplimiento del negocio jurídico de distribución y comercialización Dislicores
SAS asumió el costo de almacenamiento de los productos defectuosos por el
término de 22 meses, que asciende al valor de $25´054.533.
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
6) De otra parte, Dislicores SAS entregó productos para cubrir el plan promocional
del día del padre del año 2016 sin que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
(FLA) a la fecha de presentación de la demanda hubiera repuesto tales elementos.
7) El 6 de julio de 2016, el convenio suscrito entre los departamentos de Antioquia
y Bolívar terminó en forma bilateral y de mutuo acuerdo.
8) El 19 de julio de 2016, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia notificó a la
compañía Dislicores SAS la decisión de terminación unilateral del contrato de
distribución y comercialización con ocasión de la terminación del convenio
celebrado con el Departamento de Bolívar, sin que se resolviera sobre los dineros
pendientes de reconocimiento por parte del Departamento de Antioquia, que, a la
fecha de inicio del proceso de la referencia, asciende a suma de $57´887.428.374.
3. Fundamento de demanda
En los términos de la parte actora, entre el Departamento de Antioquia y la
compañía Dislicores SAS desde el 29 de marzo de 2006 con la expedición del oficio
no. 00002482 surgió a la vida jurídica un contrato para la comercialización y
distribución de licores y alcoholes en el territorio del Departamento de Bolívar; que
la facultad atribuida al Departamento de Antioquia de terminación unilateral y
anticipada contenida en el referido negocio jurídico es ineficaz por desconocer las
normas en que debían fundarse y por violar el derecho de audiencia y defensa, y
que la terminación unilateral de la referida relación jurídico negocial es nula por
cuanto fue falsamente motivada.
4. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 28 de abril de 2021 presentó contestación de la
demanda (documento no. 13 – expediente digital) con oposición a las pretensiones,
solicitó que estas fueran negadas y propuso excepciones con fundamento en los
siguientes argumentos:
1) El Departamento de Antioquia y la compañía Dislicores SAS sostuvieron una
relación contractual por un periodo de diez (10) años, pero terminó no por una
decisión unilateral de la entidad territorial sino por el acaecimiento de la causal
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
Controversias contractuales
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objetiva prevista en el texto del mismo negocio jurídico, esto es, la terminación
bilateral del convenio interadministrativo suscrito entre los Departamentos de
Antioquia y Bolívar del cual derivaba su fundamento.
2) Contrario a lo señalado en la demanda de la referencia, la terminación del
contrato de distribución y comercialización no se motivó con la entrada en vigencia
de la Ley 1816 de 2016, pues, ello ocurrió en diciembre del año 2016, en tanto que
la terminación del contrato de distribución y comercialización se ejecutó el 20 de
junio de 2016 en la reunión sostenida con los representantes de la compañía
Dislicores SAS y el Departamento de Antioquia.
3) No existió violación de los derechos de audiencia, de defensa, ni del debido
proceso, porque la terminación de la relación contractual entre el Departamento de
Antioquia y Dislicores SAS obedeció a una causal objetiva y no a una decisión
unilateral como erradamente lo afirma la demandante.
4) Por último, el reconocimiento de dinero procedente conforme la autorización de
distribución y comercialización emitida el 29 de marzo de 2006 por parte de la
Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia fue incorporado como
elementos del balance general a favor de Dislicores SAS en dos (2) oportunidades
a través de los proyectos de liquidación bilateral, pero la sociedad demandante no
ha accedido a su aceptación.
5) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:
a) “Falta de causa para pedir”, debido a que la relación contractual con Dislicores
SAS estaba supeditada al convenio interadministrativo del 12 de abril de 2005
suscrito con el Departamento de Bolívar.
d) “Inexistencia de la obligación de indemnizar a cargo del Departamento de
Antioquia”, toda vez que, esta entidad territorial no emitió la alegada decisión de
terminación unilateral; se insiste en que el contrato terminó por razón de la
terminación del convenio interadministrativo sustento del contrato de distribución y
comercialización de licores objeto de demanda.
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
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Apelación de sentencia
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión no. 4, en providencia de 28
de junio de 2024 (documento no. 40 - índice 2 SAMAI) denegó las súplicas de la
demanda con base en el siguiente razonamiento:
1) El artículo 61 de la Ley 14 de 19832 “[p]or la cual se fortalecen los fiscos de las
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones” determinó que la producción
y distribución de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos
como arbitrio rentístico en los términos del artículo 31 de la Constitución Política;
asimismo, le otorgó a las asambleas departamentales la potestad de regular el
monopolio o gravar esas industrias y actividades si el monopolio no resulta
conveniente.
2) En el marco de las normas de contratación vigente, los departamentos pueden
celebrar contratos de intercambio con personas de derecho público o privado
mediante los cuales se permita agilizar el comercio de estos productos.
3) Para la distribución y comercialización de licores destilados sobre los cuales el
departamento ejerza el monopolio deberá, previamente, contar con el permiso que
solo se otorgará una vez sean celebrados los convenios económicos con las firmas
productoras, introductorias o importadoras en donde se establezca la participación
porcentual del departamento.
4) En el presente asunto, los Departamentos de Antioquia y Bolívar, quienes
ostentan el monopolio de producción, introducción y comercialización de los licores
producidos por ellos en sus respectivos territorios, suscribieron un acuerdo para el
intercambio y comercialización por lo que pactaron que tales actividades debían ser
ejercidas por una entidad ajena a ellos que fuera contratada o autorizada para tal
fin.
2 El texto de la norma referida es como sigue: “Artículo 61º.-
Reglamentado por el Decreto Nacional
4692 de 2005. Derogado por el art. 42, Ley 1816 de 2016. La producción, introducción y venta de
licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico en los
términos del artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, las Asambleas
Departamentales regularán el monopolio o gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio
no conviene, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Las intendencias y Comisarías cobrarán el impuesto de consumo que determina esta Ley para los
licores, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros.”.
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Apelación de sentencia
5) El Departamento de Antioquia otorgó autorización a Dislicores SAS para la
distribución de los productos elaborados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia en el Departamento de Bolívar, “dicha autorización se dio por medio de la
expedición de un oficio, por parte de la Secretaría de Hacienda de dicho ente
territorial, en el cual se fijaron las condiciones del permiso. En el expediente no
reposa ningún documento que dé fe de la aceptación de las condiciones por parte
de Dislicores, pero las partes reconocen que la orden antes mencionada se ejecutó
en las condiciones impuestas, desde el año 2006 hasta 2016. Lo anterior, permite
ver que, entre el Departamento de Antioquia (FLA) y la empresa Dislicores, no se
suscribió un contrato de comercialización y distribución de licores” (fl. 14 documento
no. 40 – expediente digital).
6) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos
estatales deben constar por escrito, salvo que se trate de los contratos
expresamente exceptuados en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, vigente
hasta antes de la expedición del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
7) De acuerdo con lo dispuesto en el ordinal segundo del artículo 25 del Decreto
679 de 1994 las entidades públicas podían celebrar contratos sin las formalidades
plenas cuando el valor de los mismos fuera inferior al valor determinado en el
artículo 39 de la Ley 80 de 1993, con referencia al presupuesto anual de la entidad,
expresado en SMMLV.
8) En ese escenario, le correspondía a la parte demandante demostrar que el
acuerdo de la referencia cumplía con los requisitos previamente señalados, para
efectos de que se reconozca su existencia como contrato estatal.
9) Al expediente se aportó el oficio no. 00002482 de 29 de marzo de 2006 con el
cual el Departamento de Antioquia autorizó a Dislicores SAS la comercialización y
distribución de licores. En dicho documento se indica que Dislicores SAS será el
distribuidor de acuerdo con la solicitud remitida por este; sin embargo, ese preciso
documento de solicitud no fue aportado al expediente.
10) De otra parte, tampoco se cuenta con la prueba del valor del presupuesto del
Departamento de Antioquia para el año 2006, es decir, la ordenanza que fijó el
presupuesto de ingreso y egreso para la referida vigencia fiscal, con el fin de
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demostrar que el acuerdo se enmarcaba en las excepciones dispuestas en el
artículo 39 de la Ley 80 de 1993.
11) No puede perderse de vista, además, que la Fábrica de Licores de Antioquia a
pesar de desarrollar una actividad comercial e industrial, como lo es la fabricación
de licores, su naturaleza y estructura organizacional no correspondía a una empresa
comercial e industrial; por el contrario, fue creada como una dependencia de la
Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, razón por la cual no tenía
personería jurídica ni independencia, sino que, estaba sujeta al ente territorial3.
12) En ese sentido, la parte actora no demostró la configuración de las situaciones
y requisitos necesarios para que se pudiera predicar la existencia de un contrato de
distribución y comercialización de licores.
6. El recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (documento no. 42 - índice 2 SAMAI) el cual fue concedido por el a quo
por auto del 2 de julio de 2025 (índice 12 – SAMAI – gestión otros despachos),
impugnación que fue sustentada en los siguientes términos:
1) El tribunal de primera instancia determinó que por el hecho de no haber constado
por escrito entre las partes no existió una relación contractual, lo cual desconoce el
principio constitucional de la prevalencia de del derecho sustancial sobre el formal,
dispuesto en el artículo 228 Constitucional.
3 La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de junio de 2018, con radicación
número: 05001-23-31-000-2006-93419-01, con ponencia del Dr. Roberto Serrato Valdés estudió la
naturaleza jurídica de la FLA y determinó que la misma correspondía más a una Empresa Industrial
y Comercial del Estado que a una dependencia de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación,
razón por la cual declaró la nulidad parcial de los numerales 1.1 del artículo 42 del Decreto 2865 de
1996; del artículo 11 del Decreto 1394 de 2000; del artículo 14 del Decreto 1983 de 2000 y del
artículo 6 del Decreto 2102 de 2001; asimismo, “EXHORT[Ó] a la Gobernación de Antioquia para
que dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la firmeza de esta
decisión judicial, realice los trámites pertinentes ante la Asamblea Departamental del Departamento
de Antioquia para que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia adopte la organización y
estructura jurídica que corresponde al desarrollo de las actividades industriales y comerciales que
lleva a cabo, esto es, la producción, comercialización y venta de licores, alcoholes y productos afines,
al amparo del monopolio rentístico de licores destilados, conforme lo señalado en esta providencia
judicial.”.
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
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2) Resulta contrario a lo acreditado en el proceso determinar la inexistencia de
contrato, pues, en el expediente obra el oficio no. 00002482 de 29 de marzo de 2006
suscrito por el gerente de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, documento
en el que se plasmó la expresión formal y escrita de la voluntad contractual del
Departamento de Antioquia.
3) De otra parte, se insiste en la súplica relacionada con la ilegalidad de la facultad,
autoimpuesta por y para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, de
terminación unilateral y anticipada dispuesta en el referido oficio de autorización de
distribución y comercialización.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 4 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación (índice
4 SAMAI).
2) Posteriormente, el 11 de septiembre de 2025 se notificó al Ministerio Público del
auto admisorio (índice no. 8 SAMAI) y, en los términos del numeral 5 del artículo
247 del CPACA se le informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en
segunda instancia y se le corrió traslado para emitir el respectivo concepto; sin
embargo, transcurrido el término otorgado el Ministerio Público guardó silencio
(índice no. 10 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La controversia planteada consiste en la discusión sobre la existencia del contrato
de distribución y comercialización de licores entre el Departamento de Antioquia y
la compañía Dislicores SAS, lo mismo que sobre la ineficacia de la facultad de
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
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terminación anticipada conservada en cabeza de la referida entidad territorial y la
liquidación judicial de dicha relación jurídica con el reconocimiento de los perjuicios
ocasionados por la terminación anticipada y unilateral del referido contrato.
El Tribunal Administrativo de Bolívar denegó las súplicas de la demanda por estimar
que la parte actora no logró acreditar la configuración de los elementos requeridos
para el surgimiento de la relación jurídico negocial.
La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la decisión por
considerar que, en aplicación de una interpretación exegética, en clara prevalencia
de la forma sobre lo sustancial, sin tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 y Decreto 222 de 1983 la Fábrica de Licores
de Antioquia – Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia podía
comprometerse para la distribución y comercialización de licores sin el cumplimiento
de las formalidades previstas por la Ley 80 de 1993.
La sentencia apelada será confirmada, por las razones que se exponen a
continuación4.
2. Análisis de la impugnación
Analizadas las pruebas que obran en el proceso, se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la controversia
objeto de juzgamiento:
1) El 12 de abril de 2005, los Departamentos de Antioquia y Bolívar celebraron un
convenio interadministrativo para el intercambio de licores con el objeto de que “a
partir de la ejecución del presente CONVENIO todos los licores, actuales y futuros,
que produzcan o llegaren a producir en su respectiva fábrica de licores e industria
licorera, permitiendo la circulación de ellos en dicho territorio previo el lleno de los
requisitos estipulados en el presente CONVENIO de Intercambio” (fl. 53 documento
no. 5 – tomo 1 – índice 2 SAMAI– mayúsculas sostenidas del original), en un plazo
4 La demanda de la referencia fue presentada, en el término que se tenía para ello, el 10 de
septiembre de 2018 (fl. 72 documento no. 12 tomo 8 – índice 2 SAMAI), toda vez que la relación
jurídico negocial terminó el 19 de julio de 2016 (fls. 155 documento no. 5 tomo 1 – índice 2 SAMAI),
la compañía demandante agotó el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la
Nación el 28 de junio de 2018, con constancia de no conciliación emitida el 4 de septiembre de 2018
(fls. 247 a 259 y 275 a 276 ibidem).
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
de cuatro (4) años contados a partir de la suscripción del mismo, prorrogable
“automáticamente por un (1) periodo sucesivo” (fl. 58 ibidem).
2) En la cláusula 2 del negocio jurídico en comento, las entidades territoriales
establecieron que para desarrollar la distribución “cada uno de los Departamentos
autorizar[ía] o contratar[ía] los servicios de distribución de sus respectivos licores en
el territorio del otro, con una o varias personas naturales o jurídicas de derecho
público o privado y ajena a la administración pública, especializada en la distribución
y venta de licores idónea y de reconocido solvencia económica” (fl. 54 documento
no. 5 – tomo 1 – índice 2 SAMAI).
3) El 29 de marzo de 2006, a través del oficio número 00002482 el Secretario de
Hacienda del Departamento de Antioquia en atención a la solicitud remitida por parte
de la compañía Dislicores SAS “y en consideración a la suscripción del Convenio
de Intercambio entre nuestro Departamento y el Departamento de Bolívar, me
complace informarle que podrá distribuir nuestros productos en dicho ente territorial”
(fls. 66 a 68 ibidem).
4) En el acápite nueve de la referida autorización se estipuló que “[e]l
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – se reserva el derecho de dar por terminado unilateralmente las
ventas, cuando las circunstancias legales o políticas de mercadeo y ventas de la
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia o el incumplimiento por parte de la firma
de las obligaciones contraídas, así lo ameriten, sin que pudiera ejercer ninguna
acción contenciosa administrativa en contra del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
– FÁBRICA DE LICORES Y ALCCOHOLES DE ANTIOQUIA” (fl. 67 documento no.
5 – tomo 1 – índice 2 SAMAI – mayúsculas fijas del original).
5) A través de comunicaciones de abril de 2006 y 12 de junio de 2007 la autorización
de distribución y comercialización fue modificada, en el número y cantidades de
producto objeto de la misma, mediante la emisión de oficios por parte del
Departamento de Antioquia a la compañía Dislicores SAS (fls. 69 y 70 ibidem).
6) El 19 de julio de 2016 por conducto de una comunicación con radicación número
2016030144073 el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia comunicó a
Dislicores SAS que el convenio interadministrativo para el intercambio de licores
12
Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
suscrito entre los Departamentos de Antioquia y Bolívar había terminado el 6 de julio
de 2016 y, en ese sentido, la autorización otorgada a Dislicores SAS había cesado
sus efectos comerciales y jurídicos (fl. 155 documento no. 5 – tomo 1 – índice 2
SAMAI).
7) Como anexo con la demanda, la compañía actora aportó el dictamen pericial
contable realizado por los contadores públicos César Camilo Ochoa Pérez y
Germán Camilo Ochoa Pérez con el objeto de establecer el monto de la pérdida
económica ocasionada a Dislicores SAS con ocasión de la terminación unilateral y
anticipada de la autorización de distribución y comercialización de licores por parte
de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Anqtioquia5.
8) El análisis realizado por los peritos arrojó las siguientes conclusiones:
“(…).
El valor que ´Dislicores había pagado por impuesto al consumo por
unidades que debía recibir, según convenio de intercambio de licores, por
el periodo comprendido entre noviembre de 2015 y junio de 2016´ fue de
$21.576.000.
El Perito estableció que el ´número de unidades´ fue de 19.200 y ´el valor
de las mismas´ teniendo cuenta valores unitarios hallados en las facturas
de compra, de acuerdo con el tipo de producto ascendía a $56.739.200
El valor del impuesto al consumo fue devuelto a Dislicores, pero el valor
total de las unidades de producto, esto es, 19.200 und., por un costo de
$66.739.200, no fueron recibidas por el distribuidor.” (fls. 46 y 47 cuaderno
no. 6 – tomo 2 – índice 2 SAMAI mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).
9) En la audiencia de pruebas realizada el 17 de mayo de 2022 se llevó a cabo la
exposición del dictamen por parte de los peritos contables sin que las partes
manifestaran oposición alguna (documento no. 27 – índice 2 SAMAI). En esa misa
audiencia se cumplió la contradicción del referido medio probatorio sin objeción o
tacha.
Advierte la Sala que las conclusiones presentadas por los peritos contables no
fueron objeto de oposición a través del recurso de apelación, razón por la cual el
valor otorgado a las mismas en primera instancia se mantiene.
5 Dictamen pericial aportado con la demanda por parte de la compañía actora, Dislicores SAS
(documento no. 6 – tomo 2 – índice 2 SAMAI).
13
Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
Actor: Distribuidora de Vinos y Licores SAS (Dislicores SAS)
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En ese contexto, según lo acreditado en el expediente, procede la Sala a resolver
el problema jurídico consistente en determinar si con el mencionado oficio no.
0002482 de 29 de marzo de 2006 habría surgido a la vida jurídica una relación
jurídico contractual entre el Departamento de Antioquia (Secretaría de Hacienda –
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia) y Dislicores SAS, y que ante una
terminación unilateral y anticipada de la misma habría surgido igualmente el derecho
en cabeza de la referida compañía Dislicores SAS de obtener la indemnización de
los perjuicios ocasionados por motivo de la intempestiva decisión.
Advierte la Sala que no se hará un pronunciamiento en relación con el Decreto 222
de 1983 que presenta la parte actora como fundamento de sus pretensiones, por
cuanto con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 esta derogó expresamente
todas las normas que le eran contrarias6, razón por la cual para el año 2006, fecha
del inicio de la relación sostenida entre Dislicores SAS y la Fábrica de Licores de
Antioquia ya no era aplicable el referido decreto.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado se procederá inicialmente con el
análisis sobre la naturaleza de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, para
luego precisar el marco normativo aplicable al presente asunto, y finalmente,
desarrollar lo correspondiente a la relación jurídico negocial surgida con ocasión de
la autorización de distribución y comercialización de licores contenida en el oficio
número 00002482 de 29 de marzo de 2006 emitida por el Secretario de Hacienda
del Departamento de Antioquia.
2.1 Naturaleza de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
1) En la misma línea con lo determinado por el tribunal de primera instancia, esta
Corporación en casos anteriores ha establecido que la Fábrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia, hasta antes del año 2018, era una dependencia de la
Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia; es decir, “no estaba
constituida como empresa industrial y comercial del Estado (…) y, en todo caso,
6 “ARTÍCULO 81. DE LA DEROGATORIA Y DE LA VIGENCIA. A partir de la vigencia de la presente
ley, quedan derogados el Decreto ley 2248 de 1972; la Ley 19 de 1982; el Decreto ley 222 de 1983,
excepción hecha de los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y 113; el Decreto ley 591 de 1991,
excepción hecha de los artículos 2o., 8o., 9o., 17 y 19; el Decreto ley 1684 de 1991; las normas
sobre contratación del Decreto 700 de 1992, y los
artículos 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del Código Contencioso
Administrativo; así como las demás normas que le sean contrarias. (…)”.
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
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Apelación de sentencia
para entonces regía el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 que sujetaba dichas
empresas al estatuto de contratación”7.
2) Para la fecha en que acaecieron los hechos que motivaron el medio jurisdiccional
de la referencia la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia era una dependencia
adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, constituida con
la misión de “procurar al [departamento] de recursos económicos con destino a
proyectos de educación, salud y demás programas de inversión social originados
en el ejercicio del monopolio rentístico dedicados a la producción, comercialización
y venta de licores alcoholes y productos afines, atendiendo los mercados local,
nacional e internacional” (fl. 177 documento no. 5 – tomo 1 – índice 2 SAMAI).
3) Esta Corporación al momento de resolver una acción de cumplimiento para hacer
efectivo el cumplimiento de los artículos 1, 2, 11, 13, 23, 24, 26, 29, 32, 39 y 41 de
la Ley 80 de 1993 y 1 a 3, 12, 13, 16, 18 y 22 del Decreto 855 de 1994 determinó
que la Fábrica de Licores de Antioquia “es una Unidad Administrativa adscrita a la
Secretaría de Hacienda del Departamento, sin personería jurídica, por lo que
encuadra dentro de la acepción de entidades estatales a que se refiere el artículo
1° y, por ende, le son aplicables las disposiciones de la Ley 80 de 1993”8.
4) En ese sentido, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia no correspondía
a una empresa comercial e industrial, pues, se insiste, fue creada como una
dependencia de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, razón
por la cual, no tenía personería jurídica ni independencia9, hace parte de la
administración central del Departamento de Antioquia, más no de su sector
descentralizado por servicios.
7 Al respecto pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera de 14 de
abril de 2010, expediente no. 17.322, MP Enrique Gil Botero, de la Subsección C, de 20 de febrero
de 2017, expediente no. 56562, MP Jaime Orlando Santofimio y de la Subsección B, de 13 de julio
de 2022, expediente no. 50.089, MP Fredy Ibarra Martínez.
8 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de febrero de 2002, expediente no. 05001-
23-31-000-2001-3379-01 (ACU-3339), MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9 Al respecto, se trae a colación que con ocasión de la sentencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado del 21 de junio de 2018, con radicación número: 05001-23-31-000-2006-93419-01, con
ponencia del Dr. Roberto Serrato Valdés determino que la naturaleza de la Fábrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia correspondía a una Empresa Industrial y Comercial del Estado y no a una
dependencia de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación, razón por la cual declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos de creación y asignación de funciones y exhortó al Departamento
de Antioquia a la adecuación de dicha dependencia con la organización y estructura jurídica que
corresponde a las actividades industriales y comerciales que lleva a cabo.
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
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Apelación de sentencia
2.2 Marco normativo aplicable al presente asunto
1) En atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, es deber de las
entidades estatales garantizar la participación de los oferentes “en condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de
selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen
nacional”.
2) A su turno, el artículo 39 del mismo cuerpo normativo determina que los contratos
que “celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser
[elevados] a escritura pública” y, en el parágrafo vigente hasta la expedición de la
Ley 1150 de 2007 especificó que “[n]o habrá lugar a la celebración de contrato con
las formalidades plenas cuando se trate de contratos cuyos valores correspondan a
los que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos
anuales de las entidades a las que se aplica la presente ley, expresados en salarios
mínimos legales mensuales. (…).”. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto
puntualmente en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos del Estado se
perfeccionan con el acuerdo de voluntades de las partes, sobre el objeto y el precio
que se eleva por escrito.
3) De otra parte, el artículo 123 del Decreto - Ley 1222 de 1986, derogado por el
artículo 42 de la Ley 1816 de 201610 preceptuaba que “[e]n desarrollo del monopolio
sobre la producción, introducción y venta de licores destilados, los Departamentos
podrán celebrar contratos de intercambio con personas de derecho público o de
derecho privado y todo tipo de convenio que, dentro de las normas de contratación
vigentes, permita agilizar el comercio de estos productos. (…).”.
4) En este preciso punto de la controversia, advierte la Sala que como al expediente
no fue aportado o remitido el presupuesto del Departamento de Antioquia,
documento con el que establecería el monto de los procesos de mínima cuantía
correspondiente a la vigencia fiscal del año 2006 para el aludido departamento, así
como tampoco el valor de la distribución de los productos para esa misma
temporalidad, elementos probatorios que permitieran concluir que este preciso
negocio jurídico correspondía a los eventos exceptuados a los que se refiere el
10 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones.”.
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parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993 y de tal manera, proceder al análisis
del surgimiento de un negocio jurídico sin formalidades, contrario a lo exigido por el
artículo 41 del mismo cuerpo normativo.
2.2.3 La relación jurídico negocial del caso concreto
1) En relación con el punto nodal de la controversia objeto de examen es necesario
precisar el momento en el cual lo contratos, como negocios jurídicos, nacen a la
vida jurídica. En este sentido, es especialmente relevante advertir que los contratos
regidos por el derecho privado son, por regla general, simplemente consensuales;
por consiguiente, su perfeccionamiento se produce simplemente con la expresión
del consentimiento por las partes acerca del objeto y del precio; por excepción, son
solemnes, huelga decir, sometidos a requisito de ritualidad o de protocolo
legalmente preestablecidos, como por ejemplo, entre muchos otros, los de
compraventa de bienes inmuebles que deben celebrarse por escrito y con
protocolización mediante escritura pública.
2) Por el contrario, en el derecho colombiano tradicionalmente los contratos
estatales sometidos al Estatuto General de Contratación Pública son solemnes, es
decir, que para su perfeccionamiento requieren de ciertas exigencias o requisitos
especiales, así, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 su
perfeccionamiento se alcanza cuando las partes elevan a escrito (físico o
electrónico) su consentimiento sobre el objeto y el precio11.
3) En los términos del artículo 1502 del Código Civil, para que el acuerdo de
voluntades surja a la vida jurídica se requiere que i) las partes sean capaces; ii) el
consentimiento no esté viciado; iii) recaiga sobre un objeto lícito y, iv) tenga causa
lícita.
4) Ahora bien, en línea con lo establecido por el tribunal de primera instancia en el
presente asunto, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia el 29 de
marzo mediante el oficio número 00002482 comunicó a Dislicores SAS la
autorización con que contaba para llevar a cabo la distribución y comercialización
11 Al respecto, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B de 4 de mayo de 2022, expediente no. 05001-23-31-000-2005-05411-01 (55.015), MP Fredy Ibarra
Martínez.
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de licores destilados, documento en el que al inicio, expresamente señala “[e]n
atención a su solicitud y en consideración a la suscripción del Convenio de
Intercambio entre nuestro Departamento y el Departamento de Bolívar, me
complace informarle que podrá distribuir nuestros productos en dicho ente territorial”
(fl. 66 cuaderno no. 5 – tomo 1 – índice 2 SAMAI); no obstante, con este solo
documento no es posible que surja a la vida jurídica el contrato de distribución y
comercialización cuya declaración de existencia pretende la parte actora.
5) En tratándose de contratos celebrados por la administración pública esta
Corporación12 ha señalado que estos son, salvo los casos de urgencia manifiesta,
negocios jurídicos solemnes y que la única prueba de su existencia, es la constancia
de la manifestación de la voluntad de las partes en un documento por escrito, tal
como se desprende del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, que establece: “[l]os
contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no
requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que
impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre
bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales
vigentes deban cumplir con dicha formalidad” (resalta la Sala). Disposición que
resulta concordante con el previsto en el artículo 41 de la misma normatividad, la
cual preceptúa que “[l]os contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
6) El contrato estatal entonces, en consideración a su esencia solemne, debe ser
suscrito o firmado por quienes lo celebran, tal como se desprende de establecido
12 Pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 31
de mayo de 2019, radicación número: 52001-23-31-000-2011-00134-01 (46597) y del 2 de julio de
2021, radicación número: 41001-23-31-000-2001-01484-01 (51.910), MP Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
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en los artículos 2513, 2714, 3015 y 4116 de la Ley 80 de 1993, normas de derecho
público que resultan de obligatorio cumplimiento.
En ese sentido, si el contrato estatal no consta en un documento escrito, le hace
falta la firma de alguna o de todas las partes contratantes y no cuenta con los
elementos para la existencia, jamás podrá formar el convencimiento sobre la
efectiva celebración del contrato, es decir, la relación jurídico contractual no tiene la
potestad de surgir a la vida jurídica17.
7) En atención al panorama probatorio descrito resulta evidente que la actora no
cumplió con la carga probatoria que le correspondía en procura de la prosperidad
de sus pretensiones, pues, sin el documento mediante el cual la compañía
demandante Dislicores SAS solicitó a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
– Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia la autorización para
distribuir licores en el Departamento de Bolívar no es posible predicar la existencia
del consentimiento de Dislicores SAS en la pretendida relación contractual surgida
a través del referido oficio no. 00002482 de 29 de marzo de 2006.
8) Así las cosas, como en este caso concreto no fueron aportados los documentos
esenciales a partir de los cuales pudiera predicarse la existencia de una relación
jurídico negocial entre el Departamento de Antioquia y la compañía Dislicores SAS,
en la misma línea del análisis efectuado por parte del a quo no es posible declarar
13 “Artículo 25: (…) 7º. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones
y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección
del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
(…) 12º. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del
contrato, (…)”. La Ley 1150 de 2007 modificó este numeral quedando así: “[p]revio a la apertura de
un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea
contratación directa (…)”. (Negrillas de la Sala).
14“Artículo 27º: En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones (…). Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre
cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, (…).”. (se resalta).
15 “Artículo 30º: (…) 9o. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se
señalarán en los pliegos de condiciones (…).
(…) 12º. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se
haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito
o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta. (…).”. (se resalta).
16 “Artículo 41º: (…) En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de
esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del
acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la
autorización impartida por la entidad estatal contratante.” (negrillas de la Sala).
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2000, radicación número:
10399.
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Apelación de sentencia
la existencia del negocio jurídico, razón por la cual se confirmará la sentencia objeto
de apelación.
9) De otra parte, tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento según el cual
la decisión del tribunal de primera instancia resulta violatoria del principio
constitucional de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal dispuesto en el
artículo 228 de la Carte Política, en la medida en que los documentos y elementos
probatorios que se extrañan en el proceso precisamente deben dar la configuración
o no de los elementos esenciales del negocio jurídico, razón por la que no se trata
de una discusión sobre una mera formalidad, como erradamente lo pretende la parte
actora.
Insiste la Sala en que la exigencia de que los contratos estatales consten por escrito
constituye un requerimiento que deviene de una norma de orden público, razón por
la cual, no resulta jurídicamente procedente excusar su cumplimiento y verificación
con la intención de prevalecer la sustancia sobre la forma ya que se trata de un
requisito de imperativo cumplimiento.
10) Desde otro punto de análisis, es igualmente relevante precisar que para predicar
la existencia de un contrato y por ende el surgimiento de una relación jurídico
negocial, es esencialmente indispensable probar que entre las partes hubo un
consentimiento expreso e inequívoco en cuanto al objeto, el precio, y las
condiciones del negocio, elementos probatorios que omitió la parte actora aportar al
expediente.
En ese sentido, como no prospera la pretensión de declaración de la existencia del
negocio jurídico que supuestamente vinculó al Departamento de Antioquia con la
compañía Dislicores SAS, ello releva a la Sala, por sustracción de materia, de
pronunciarse en relación con el cargo de apelación dirigido a controvertir la
ilegalidad o ineficacia de la facultad de terminación unilateral y anticipada en cabeza
del Departamento de Antioquia dispuesta en el oficio no. 00002482 de 29 de marzo
de 2006.
11) Por lo tanto, en las condiciones en las que la parte actora enmarca su pedimento
no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto, motivo por el cual
este preciso punto de la controversia debe resolverse desfavorablemente y, por
ende, se impone confirmar la decisión objeto de apelación mediante la cual se
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denegaron las súplicas de la demanda, por cuanto, no existe el soporte probatorio
necesario e indispensable para arribar a la probanza esperada con las súplicas de
la demanda.
3. Conclusiones
1) En el presente asunto la parte actora se opuso a la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia por cuanto, en su criterio, la decisión se enmarcó en
una posición jurídica exegética que desatiende el principio constitucional de la
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.
2) Contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, la compañía Dislicores SAS
no logró acreditar los elementos indispensables para predicar la existencia de la
relación jurídico negocial que, en su criterio, surgió con la emisión del oficio no.
00002482 de 29 de marzo de 2006 por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia
– Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, razón por la cual, la Sala
confirmará la sentencia apelada.
4. Condena en costas y agencias en derecho
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, como
el recurso de apelación de la parte demandante se resolvió desfavorablemente, la
parte actora, esto es, la compañía Dislicores SAS asumirá las costas procesales de
la segunda instancia incluidas las agencias en derecho, las cuales deberán ser
liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de
Decisión no. 004 de 28 de junio de 2024.
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Expediente no. 13001-23-33-000-2018-00654-01 (73.215)
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Apelación de sentencia
2°) Condénase en costas a la parte demandante, esto es, a la compañía Dislicores
SAS, tásense en forma concentrada por el tribunal de primera instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado Ponente
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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