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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2005-05411-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2005-05411-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Revócase la sentencia de 15 de agosto de 2014 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 351182 de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004 expedidas por las Empresas Públicas de Medellín ESP, por falta de competencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente”. 2º) Abstiénese de condenar en costas. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2005-05411-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de mayo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-31-000-2005-05411-01 (55.015)
Demandante: LIBERTY SEGUROS SA
Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a cuestionar la legalidad de las Resoluciones números
351182 de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004 proferidas por las Empresas
Públicas de Medellín ESP mediante los cuales se declaró el siniestro de seriedad de la oferta
constituido en la póliza no. 297369 amparada por la compañía Liberty Seguros SA, por cuanto el
contrato de transporte objeto del proceso de selección no. 008732 no fue suscrito por la sociedad
seleccionada, dada su negativa y modificación de las condiciones de la oferta presentada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 15 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Cuarta de Decisión que declaró de oficio la excepción de caducidad
de la acción y se inhibió para pronunciarse sobre el fondo de la controversia (fls.
516 a 323 cdno. ppal.), en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR de oficio, la excepción de caducidad de la
acción, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, INHIBIRSE para pronunciarse sobre el
fondo del asunto.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia archívese el expediente”. (fl. 523
ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original)

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 4 de mayo de 2005 en la Secretaría del Tribunal

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Expediente no. 05001-23-31-000-2005-05411-01 (55.015)
Actor: Liberty Seguros SA
Nulidad y Restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Administrativo de Antioquia la compañía Liberty Seguros SA, actuando por
intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 1 a 40 cdno. no. 1) con las
siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que es NULA la Resolución No. 351182 del 21 de octubre de
2003 expedida por la Gerencia General de las Empresas Públicas de
Medellín E.S.P., mediante la cual se resolvió, entre otros aspectos:

´Artículo 1º. Declarar la ocurrencia del riesgo correspondiente a la
garantía de seriedad de los ofrecimientos para la celebración del contrato
resultante del proceso de contratación 008732, dentro del cual fue
aceptada la oferta presentada por la sociedad Kuehne & Nagel S.A., y
amparada por la póliza 297369, expedida por la compañía Liberty
Seguros S.A.

Artículo 2º. Cobrar directamente a la sociedad Kuehne & Nagel S.A., la
suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), equivalente
al valor asegurado en la garantía de seriedad, como consecuencia de la
modificación de su propuesta con posterioridad a la aceptación de la
misma por parte de las Empresas y la renuencia para formalizar el
contrato.

Artículo 3º. En el evento de que la mencionada sociedad se abstenga de
hacer el pago, se hará efectivo el amparo de seriedad de los ofrecimientos
por una suma igual a la indicada en el artículo anterior, la cual se halla
amparada por la póliza 297369, expedida por la Compañía Liberty
Seguros S.A.

Artículo 4º. Comunicar esta decisión a todas las dependencias de las
Empresas y a la Cámara de Comercio de Medellín, Registro Único de
Proponentes, para efectos de la inhabilidad consagrada en el artículo 8,
numeral 1, literal e) de la ley 80 de 1993.

(…)´.

SEGUNDA: Que es NULA la Resolución No. 413856 del 22 de diciembre
de 2004, expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de
Medellín E.S.P., mediante la cual se resolvió, entre otros aspectos:

´Artículo 1o. No reponer lo decidido mediante la Resolución 351182 de
2003, por medio de la cual se declara la ocurrencia del riesgo
correspondiente a la garantía de seriedad de los ofrecimientos para la
celebración del contrato resultante del proceso de contratación 008732,
dentro del cual fue aceptada la oferta presentada por la sociedad Kuehne
& Nagel S.A., y amparada por la póliza 297369, expedida por la compañía
Liberty Seguros S.A.

(…)´.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 351182 del 21 de octubre de 2003 y la declaratoria de
nulidad de la Resolución No. 413856 del 22 de diciembre de 2004,
expedidas por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín
E.S.P., se declare que Liberty Seguros S.A. no esta (sic) obligada a

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Actor: Liberty Seguros SA
Nulidad y Restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

efectuar pago alguno en virtud de lo resuelto en el artículo tercero de la
Resolución 351182 del 21 de octubre de 2003, confirmada por la
Resolución No. 413856 del 22 de diciembre de 2004, expedidas por el
Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.,

CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 35351182 del 21 de octubre de 2003 y la declaratoria de
nulidad de la Resolución No. 413856 del 22 de diciembre de 2004,
expedidas por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín
E.S.P., se condene a la demandada Empresas Públicas de Medellín
E.S.P., a restituir a favor de la demandante Liberty Seguros S.A. los
dineros actualizados que haya pagado o llegare a pagar Liberty Seguros
S.A., en virtud de lo resuelto por los citados actos administrativos.

QUINTA: Que se condene a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., a
pagar a favor de Liberty Seguros S.A., las expensas y costas del proceso.

SEXTA: Que se ordene dar cumplimiento a la condena de conformidad
con los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.” (fls. 2
y 3 cdno. no. 1).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 12 de agosto de 2003, Empresas Públicas de Medellín ESP dio apertura al
proceso de selección identificado con el número 008732 para la contratación del
servicio de transporte marítimo internacional de quince (15) aerogeneradores y
equipos asociados para el parque Eólitoc Jepírachi desde los puertos de Rostock
(Alemania) y Elsberg (Dinamarca) hasta el puerto Bolívar en la Guajira (Colombia).

2) La mercancía objeto del contrato de transporte en comento fue producto del
contrato de compraventa número 030116197 celebrado entre Empresas Públicas
de Medellín ESP y la firma alemana Nordex Energy GMBH.

3) De acuerdo con el pliego de condiciones, para el proceso de selección número
008732 los proponentes debían presentar junto con su oferta la garantía de seriedad
de la misma otorgada por un banco o compañía de seguros, por una cuantía de
$150´000.000 con vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha del
cierre del proceso de selección.

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Actor: Liberty Seguros SA
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4) El 28 de agosto de 2003, la sociedad Kuehne & Nagel SA presentó oferta y de
conformidad con el pliego de condiciones aportó la póliza única de cumplimiento en
favor de entidades estatales número 297369 otorgada por la compañía Liberty
Seguros SA.

5) El 10 de septiembre de 2003 Empresas Públicas de Medellín ESP mediante el
oficio no. 1096864 comunicaron a la sociedad Kuehne & Nagel SA la aceptación de
la oferta presentada y, adicionalmente, solicitaron el inicio anticipado del contrato.

6) A través del oficio no. 1100289 de 25 de septiembre de 2003 el coordinador del
equipo de logística de Empresas Públicas de Medellín ESP comunicó al
representante legal de la sociedad Kuehne & Nagel SA que su oferta fue acepta en
unas específicas condiciones de fletes marítimos y responsabilidades de cargue y
descargue de la mercancía, y que cualquier interpretación contraria no era
aceptada, por lo cual otorgó un plazo para definir si se continuaba o no con la
relación contractual.

7) El 26 de septiembre de 2003, mediante oficio no. 1100743 el gerente general de
Empresas Públicas de Medellín ESP le comunicó a la representante legal de la
sociedad Kuehne & Nagel SA la terminación del contrato con la correspondiente
declaratoria del siniestro amparado con la garantía de seriedad de la oferta.

8) Tales decisiones anunciadas con el oficio no. 1100743 en comentó se elevaron
a acto administrativo a través de la Resolución no. 351182 de 21 de octubre de
2003, determinaciones que posteriormente fueron objeto de recursos de reposición
por parte de la compañía Liberty Seguros SA y de la sociedad Kuehne & Nagel SA
y, finalmente, confirmadas con la Resolución no. 413856 de 22 de diciembre de
2004.

3. Fundamento de la demanda

En el texto de la demanda la parte actora presentó como fundamentos de derecho
y concepto de violación, en resumen, lo siguiente:

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Actor: Liberty Seguros SA
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1) Las Resoluciones números 351182 del 21 de octubre de 2003 y 413856 del 22
de diciembre de 2004, proferidas por el gerente general de Empresas Públicas de
Medellín ESP, fueron expedidas con desconocimiento de lo dispuesto en las Leyes
142 y 143 de 1994, en virtud de las cuales los contratos que suscriban Empresas
Públicas de Medellín ESP se rigen por el derecho privado, normatividad que no
faculta a la entidad contratante para declarar el siniestro consistente en la garantía
de seriedad de la oferta.

2) De otra parte, las resoluciones objeto de la presente demanda adolecen de
nulidad por falsa motivación pues, en los fundamentos de tales actos se señaló que
la sociedad Kuehne & Nagel SA se abstuvo de suscribir el contrato de transporte,
aportar los documentos requeridos y, modificó los valores y responsabilidades
presentados con su oferta, cuando ello nunca ocurrió.

4. Posición de la parte demandada

Empresas Públicas de Medellín ESP a través de escrito radicado el 6 de septiembre
de 2005 contestó la demanda con oposición a las pretensiones (fls. 234 a 276 cdno.
no. 1), con los siguientes argumentos:

1) El pliego de condiciones que definió el proceso de selección estableció
claramente que el proponente seleccionado debía hacer entrega de los documentos
necesarios para la iniciación del contrato dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la aceptación de la oferta, por lo que la decisión adoptada a través de
los actos administrativos acusados goza de presunción de legalidad.

2) El fundamento de las resoluciones acusadas de nulidad precisamente se
circunscribe en la omisión de la sociedad Kuehne & Nagel SA de suscribir el
contrato, aportar los documentos para la legalización del mismo y mantener las
condiciones de la oferta aceptada.

3) La decisión de declarar ocurrido el siniestro por el amparo de seriedad de la oferta
estaba previsto en el pliego de condiciones, razón por la que ahora la compañía de
seguros demandante no puede pretender desconocer los términos a los que se
sometió la sociedad Kuehne & Nagel SA con la participación en el proceso de

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Actor: Liberty Seguros SA
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selección.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 15 de agosto de 2014 (fls.
516 a 523 cdno. ppal.) declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción y se inhibió de resolver el fondo de la controversia, con base en el siguiente
razonamiento:

1) Las Resoluciones números 351182 de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de
diciembre de 2004 son actos administrativos precontractuales, pues, fueron
proferidos con anterioridad a la celebración del contrato de transporte.

2) En ese sentido, la oportunidad para demandar los actos administrativos
precontractuales fenecía a los treinta (30) días siguientes de la notificación de los
mismos.

3) En el expediente obra la constancia de notificación de la Resolución no. 413856
de 22 de diciembre de 2004 del 4 de enero de 2005 mediante la cual se resolvieron
los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución no. 351182 de
21 de octubre de 2003, lo cual quiere decir que la compañía Liberty Seguros SA
tenía hasta 17 de febrero de 2005 para formular la acción, pero, como la demanda
fue presentada solo hasta el 3 de mayo de 2005 debió necesariamente declararse
de oficio la excepción de caducidad de la acción.

7. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 525 a 531 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 6 de octubre de 2014 (fl. 532 ibidem), impugnación que fue sustentada en
los siguientes términos:

1) Contrario a lo manifestado por el tribunal, en el presente asunto ya existía
contrato, por lo tanto no puede entenderse que las Resoluciones números 351182

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de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004 son actos
precontractuales.

2) En este caso, Empresas Públicas de Medellín ESP aceptó la oferta presentada
por la sociedad Kuehne & Nagel SA mediante oficio no. 1096864 de 10 de
septiembre de 2003 y se dio inició a la ejecución del contrato, pues, los negocios
jurídicos celebrados por EPM se rigen por el derecho privado y no por la Ley 80 de
1993.

3) En ese sentido, la caducidad de la acción aplicable al caso no es la prevista en
el inciso segundo del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y, por ende,
deberá revocarse la decisión y proceder con el análisis de los cargos de nulidad
planteados con la demanda.

8. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 22 de abril de 2016 (fl. 537 cdno. ppal.) se admitió el recurso de
apelación y, posteriormente, el 3 de junio de 2016 (fl. 539 ibidem) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días, y vencido
este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.

2) En dicho término las partes presentaron sendos escritos con sus alegatos de
conclusión (fls. 540 a 563 y 564 a 569 cdno. ppal.); el Ministerio Público guardó
silencio (fl. 570 ibidem).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones, y 4) la condena en costas
y agencias en derecho.

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) El objeto de la controversia planteada consiste en la discusión acerca la legalidad
de las Resoluciones números 351182 de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de
diciembre de 2004 proferidas por Empresas Públicas de Medellín ESP, mediante
las cuales se declaró el siniestro de seriedad de la oferta constituido en la póliza no.
297369 amparada por la compañía Liberty Seguros SA, por cuanto el contrato de
transporte objeto del proceso de selección no. 008732 no fue suscrito por la
sociedad seleccionada, dada su negativa y modificación de las condiciones de la
oferta presentada.

La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada
de oficio la excepción de caducidad de la acción por cuanto, a su juicio, los actos
administrativos acusados de nulidad son precontractuales y la demanda fue
interpuesta por fuera de los treinta (30) días con que contaba para hacerlo.

2) Por lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia sobre la base de afirmar que el contrato de
transporte, resultado del proceso de selección no. 008732, se rige por el derecho
privado y por tanto existió desde el momento en el que Empresas Públicas de
Medellín aceptaron la oferta presentada por la sociedad Kuehne & Nagel SA, y en
ese sentido, las resoluciones demandadas no son actos administrativos
precontractuales, la demanda fue formulada en tiempo y deberán resolverse los
cargos de nulidad formulados.

3) Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la decisión impugnada por cuanto
los actos emitidos por las empresas industriales y comerciales del Estado, como es
el caso de Empresas Públicas de Medellín ESP, no son actos administrativos, por
lo tanto, debe concluirse que el término para acudir a los estrados judiciales no era
de treinta (30) días, razón por la cual la acción no está caducada.

4) En cuanto al fondo de la controversia la Sala declarará la nulidad de las
Resoluciones números 351182 del 21 de octubre de 2003 y 413856 del 22 de

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diciembre de 2004 proferidas por las Empresas Públicas de Medellín ESP por falta
de competencia1.

2. Análisis de la impugnación

En esa directriz, analizadas las pruebas allegadas al proceso se tiene acreditado lo
siguiente:

1) El 12 de agosto de 2003, Empresas Públicas de Medellín ESP emitieron el pliego
de condiciones del proceso de selección del contratista para la prestación del
servicio de transporte marítimo internacional de quince (15) aerogeneradores y
equipos asociados para el parque Elótico Jepírachi, desde los puertos de Rostock
(Alemania) y Elsberg (Dinamarca) hasta el puerto Bolívar de la Guajira (Colombia)
(fls. 43 a 93 cdno. no. 1).

2) El 28 de agosto de 2003, la sociedad Kuehne & Nagel SA presentó una propuesta
para el proceso de selección no. 008732 (fls. 129 a 143 ibidem) y en el oficio
remisorio de esta expresamente manifestó que “de ser aceptada la oferta nos
comprometemos a firmar un contrato de conformidad con lo establecido en los
documentos de contratación, si fuere necesario, y a presentar la documentación
requerida, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que nos sea
entregado el contrato para su firma, o comunicada la aceptación de la oferta si él no
fuere escrito” (fl. 129 cdno. no. 1).

3) El 10 de septiembre de 2003, Empresas Públicas de Medellín ESP a través del
oficio no. 1096864 comunicaron al representante legal de la sociedad Kuehne &
Nagel SA la aceptación de la oferta presentada al proceso de selección no. 008732
y el inicio de la ejecución del contrato de transporte marítimo internacional “mientras
se gestiona la legalización del mismo” (fl. 141 ibidem).

4) El 25 de septiembre de 2003, Empresas Públicas de Medellín ESP mediante
oficio no. 1100289 comunicaron al representante legal de la sociedad Kuehne &
Nagel SA, que su oferta fue aceptada por ser conforme a los pliegos de condiciones

1 Al respecto puede consultarse la sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación, Subsección

B del 19 de junio de 2019, expediente 39800, MP Alberto Montaña Plata.

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del proceso de selección no. 008732, motivo por el cual no era aceptada
interpretación alguna sobre los alcances, responsabilidades y costos del contrato
de transporte marítimo (fls. 144 y 145 cdno. no. 1).

5) Luego, con radicación no. 1100743 del 26 de septiembre de 2003 Empresas
Públicas de Medellín ESP comunicaron a la sociedad Kuehne & Nagel SA la
siguiente determinación:

“Teniendo en cuenta su comunicación del pasado 24 de septiembre, en la
cual reitera su desacuerdo con el alcance del término del flete marítimo
FIO, bajo el cual fue aceptada su oferta, y que modifica sustancialmente
la propuesta presentada en cuanto a la responsabilidad que le
corresponde y los costos asociados al transporte, lo cual significa un
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, nos permitimos
manifestarle que las Empresas dan por terminada la relación existente y
procederán a adelantar los trámites legales pertinentes, con el fin de hacer
efectiva la garantía de seriedad, de conformidad con el numeral 2.7 del
pliego de condiciones” (fl. 171 ibidem).

6) En consonancia con lo antes referido, el 21 de octubre de 2003 Empresas
Públicas de Medellín ESP mediante la Resolución no. 351182 declararon la
ocurrencia del riesgo amparado en la garantía de seriedad de la oferta para la
celebración del contrato resultante del proceso de selección 008732 “dentro del cual
fue aceptada la oferta presentada por la sociedad Kuehne & Nagel S.A. y amparada
por la póliza 297369, expedida por Liberty Seguros S.A.” (fls. 172 a 174 cdno. no.
1).

7) Contra la anterior resolución tanto la compañía Liberty Seguros SA como la
sociedad Kuehne & Nagel SA interpusieron sendos recursos de reposición, los
cuales se desataron a través de la Resolución no. 413856 de 22 de diciembre de
2004 en el sentido de confirmar la decisión impugnada (fls. 184 a 193 ibidem).

8) El 4 de enero de 2005 fue notificada personalmente la Resolución no. 413856 de
22 de diciembre de 2004 al representante legal de la compañía Liberty Seguros SA
(fl. 174 cdno. no. 1).

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2.1 El surgimiento del negocio jurídico

1) En relación con este punto nodal de la controversia objeto de examen, es
necesario precisar el momento en el cual lo contratos, como negocios jurídicos,
nacen a la vida jurídica. En este sentido, es especialmente relevante advertir que
los contratos regidos por el derecho privado son, por regla general, simplemente
consensuales, por consiguiente, su perfeccionamiento se produce simplemente con
la expresión del consentimiento por las partes acerca del objeto y del precio; por
excepción, son solemnes, huelga decir, sometidos a requisito de ritualidad o de
protocolo legalmente preestablecidos, como por ejemplo, entre muchos otros, los
de compraventa de bienes inmuebles que deben celebrarse por escrito y con
protocolización mediante escritura pública.

2) Por el contrario, en el derecho colombiano tradicionalmente los contratos
estatales -antes denominados contratos administrativos-, los sometidos al Estatuto
General de Contratación Pública, son solemnes, es decir, que para su
perfeccionamiento requieren de ciertas solemnidades o requisitos especiales, así,
según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, su perfeccionamiento se
alcanza cuando las partes elevan a escrito (físico o electrónico) su consentimiento
sobre el objeto y el precio.

3) En ese sentido entonces, en cuanto a la fuente de la obligación resarcitoria, para
este caso resulta oportuno traer a colación lo expresado por la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia de 23 de noviembre de 1989, en cuanto señaló que la fuente
de esa obligación depende de si el negocio jurídico se perfecciono o no, según las
reglas de la oferta y la demanda previstas entre las partes y, por lo tanto, que se
deben distinguir si se está en presencia de actos contractuales o simplemente
precontractuales.

El aparte de la sentencia en comento es como sigue:

“(…) Puestas así las cosas, es evidente que con motivo de la gestación
de un contrato por concurso y a raíz de una ruptura arbitraria e
intempestiva de la negociación, puede el anunciante incurrir en
responsabilidad civil. Sin embargo, tanto el fundamento de la respectiva
obligación resarcitoria como los presupuestos de los que depende su
reconocimiento y el alcance que pueda llegar a tener desde el punto de
vista de la definición del daño indemnizable, no son elementos constantes

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y es inevitable acudir de nuevo a los distingos, reparando en las
situaciones diferentes que se producen según que el lazo contractual se
haya o no perfeccionado.

En efecto, si de lo primero se trata y debe darse por formado el
consentimiento de acuerdo con los criterios reseñados en el aparte
anterior, existirá sin duda un derecho subjetivo al cumplimiento del
contrato y cabe dispensar protección jurídica adecuada a quien pretenda
la satisfacción de la prestación prometida por el anunciante, esto por
cuanto se le tiene por contractualmente responsable de un
comportamiento antijurídico que le es imputable, abriéndose así camino a
la reparación del daño compensatorio, vale decir la obligación de restituir
al contratante, reclamante de la indemnización, a aquella situación
patrimonial en que se hallaría si el negocio hubiese sido cabalmente
ejecutado. En síntesis, lo que en verdad es relevante, ante un estado
de cosas así, es el interés positivo que resultaría del contrato
perfeccionado, por manera que no se trata de resarcir los perjuicios
que resultan de una negociación estéril, sino de tener que cumplir el
contrato a cuya concertación ella iba enrumbada, desde luego
entendiéndose que ese cumplimiento (…)” (páginas 120 y 121 de la
gaceta judicial no. 2435, sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala
de casación Civil de 23 de noviembre de 1989, con ponencia del Dr. José
Alejandro Bonivento Fernández – negrillas adicionales).

4) El Código de Comercio en el artículo 864 señala que el contrato “es un acuerdo
de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación
jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el
lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación
de la propuesta”.

5) En los términos del artículo 1502 del Código Civil, para que el acuerdo de
voluntades surja a la vida jurídica se requiere que i) las partes sean capaces; ii) el
consentimiento no esté viciado; iii) recaiga sobre un objeto lícito y, iv) tenga causa
lícita; requisitos con lo que las partes cumplen a cabalidad, ya que, de una parte, se
trata de Empresas Públicas de Medellín ESP, empresa industrial y comercial del
Estado, representada por quien fungía como gerente general y, de otra parte, se
trata de la sociedad anónima Kuehne & Nagel SA representada legalmente por el
presidente, o quien hiciera las veces de este; el negocio versaba sobre el transporte
marítimo internacional de quince (15) aerogeneradores y equipos asociados para el
Parque Eólico Jepírachi y, en modo alguno las partes manifestaron el uso de la
fuerza o constreñimiento para el ejercicio de su voluntad.

6) Ahora bien, en el presente asunto Empresas Públicas de Medellín ESP dieron
apertura al proceso de selección de contratistas con el objeto de “recibir ofertas para

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Actor: Liberty Seguros SA
Nulidad y Restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

la prestación del servicio del transporte marítimo internacional de (15)
aerogeneradores y equipos asociados para el Parque Eólico Jepírachi, desde los
puertos de Rosctock (Alemania) y Elsberg (Dinamarca) hasta Puerto Bolívar en la
Guajira (Colombia)” (fls. 47 y 48 cdno. no. 1); procedimiento que se encuentra
expresamente regulado en el artículo 860 del Código de Comercio, disposición
normativa que dispone que “el pliego de cargos constituye una oferta de contrato”.

7) El artículo 845 del Código de Comercio determina a la oferta como “el proyecto
de negocio jurídico que una persona formule a otra”, documento que además deberá
contener los elementos esenciales del contrato y ser comunicada a su destinatario
“cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer”.

8) En tratándose del régimen de derecho privado, el Código Civil no regula las
etapas propias de la formación del contrato mientras que el Código de Comercio las
desarrolla en los artículos 845 a 864, disposiciones en las que se determina que los
sujetos tienen la libertad de celebrar el negocio jurídico convenido con la aceptación
de la oferta o con la suscripción de un documento por escrito en el que se estipulen
las condiciones sobre las que se obligan (ya sea de forma verbal, escrita, tácita o
condicionada).

Así las cosas, la aceptación de la oferta constituye un acto jurídico unilateral en el
que el receptor de la misma manifiesta su adhesión a esta, ya sea en forma expresa
o tácita, como lo establece el artículo 864 del Código de Comercio.

9) En el evento que se haga una invitación pública a contratar y esa invitación
contenga los elementos propios de una oferta (artículo 845 del Código de
Comercio), el contrato nacerá a la vida jurídica con la aceptación de la oferta que
emita su receptor.

10) En el presente asunto, se tiene que Empresas Públicas de Medellín ESP
abrieron el proceso de licitación no. 008732 con el objeto de “recibir ofertas para la
prestación del servicio del transporte marítimo internacional de (15)
aerogeneradores y equipos asociados para el Parque Eólico Jepírachi (…)” (fl. 48
cdno. no. 1).

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Nulidad y Restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

En el texto del pliego de condiciones se especificaron y detallaron los requisitos de
participación, características del contrato proyectado (entre las que se encuentran
el plazo, valor, condiciones especiales, obligaciones recíprocas y forma de pago) y
reglas para la vinculación del oferente al proceso.

11) En relación con el momento de finalización del proceso de selección, el pliego
de condiciones en el numeral 3.6 determinó que la aceptación de la oferta “es
irrevocable y obliga a LAS EMPRESAS y al PROPONENTE” (fl. 75 cdno. no. 1).

Ahora bien, como el proceso de selección de contratistas en la modalidad de
licitación tenía por objeto el transporte marítimo internacional de quince (15)
aerogeneradores y equipos asociados para el Parque Eólico Jepírachi, los
elementos esenciales de este negocio jurídico son los determinados en el artículo
981 del Código de Comercio para el contrato de transporte, normatividad que
dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 981. <CONTRATO DE TRANSPORTE>. El transporte es
un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con
la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por
determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar
éstas al destinatario (…)”. (resalta la Sala).

En ese sentido, como el pliego de condiciones emitido por Empresas Públicas de
Medellín, esto es, la oferta, cumple con los elementos de la naturaleza del contrato
de transporte, como lo son la obligación clara de transporte de quince (15)
aerogeneradores y equipos asociados para el Parque Eólico Jepírachi, desde los
puertos de Rostock (Alemania) y Elsberg (Dinamarca) hasta Puerto Bolívar en la
Guajira (Colombia), vía marítima, en un plazo de ciento veinte (120) días, por el
valor de $1.992`713.219,27; la aceptación de la oferta realizada por la Gerente
General de Empresas Públicas de Medellín el 9 de septiembre de 2003 (fls. 140 a
150 cdno. no. 3) y comunicada a la sociedad Kuehne & Nagel SA el 10 de
septiembre de 2003 (fls. 153 a 155 ibidem) constituye el surgimiento del negocio
jurídico.

12) Así las cosas, como con la oferta y su aceptación al que se refiere la presente
demanda cumplía a cabalidad con los elementos esenciales del contrato de
transporte, contrario de lo manifestado por el a quo, el negocio jurídico surgió a partir

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del momento en el que Empresas Públicas de Medellín aceptó la oferta presentada
por la sociedad Kuehne & Nagel SA, razón por la cual los actos jurídicos contentivos
de las Resoluciones números 351182 de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de
diciembre de 2004 no son precontractuales.

En otros términos, es perfectamente claro que entre las partes hubo consentimiento
expreso e inequívoco en cuanto al objeto, el precio y las condiciones del contrato,
por lo tanto, al momento de manifestarse la aceptación de la oferta formulada en su
momento por EPM el negocio contractual nació a la vida jurídica con la plenitud de
sus efectos, por tratarse de un contrato simplemente consensual.

En el expediente obra constancia de la diligencia de notificación de la Resolución
no. 413856 de 2004 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra de la Resolución 351182 de 2003, realizada el 6 de enero de 2005 al
representante legal de la compañía Liberty Seguros SA (fl. 194 con. no. 1), en ese
sentido, la demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal para ello, pues,
se radicó ante la oficina judicial del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
el 3 de mayo de 2005 (fl. 212 cdno. no. 1).

En consecuencia, como la compañía Liberty Seguros formuló demanda en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sobre asuntos contractuales
y, la misma fue propuesta dentro de la oportunidad que para ello dispone el numeral
10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se revocará la decisión
de declarar de oficio la caducidad de la acción.

Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la decisión impugnada por cuanto
los actos emitidos por las empresas industriales y comerciales del Estado2, como
es el caso de Empresas Públicas de Medellín ESP, no son actos precontractuales,
por lo tanto, debe concluirse que el término para acudir a los estrados judiciales no
era de treinta (30) días, razón por la cual la acción no está caducada.

En cuanto al fondo de la controversia, la Sala declarará la nulidad de las
Resoluciones números 351182 del 21 de octubre de 2003 y 413856 del 22 de

2 Véase certificación emitida por el Secretario General de Empresas Públicas de Medellín ESP,

visible en el folio 211 del cuaderno número 1.

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diciembre de 2004 proferidas por las Empresas Públicas de Medellín ESP por falta
de competencia3.

2.2 El caso concreto

1) La Sala pone de presente que, como la entidad contratante es una empresa
prestadora de servicios públicos domiciliarios de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos que esta celebre no están sujetos al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aspecto que fue
consignado expresamente en los pliegos de condiciones para el proceso de
selección no. 008732 en el acápite 4.16, en el sentido de indicar que el negocio
jurídico resultante del proceso de selección se regiría por “las leyes 142 y 143 de
1994, los Decretos 118 de 1998 de la Junta Directiva y 1016 de 1998 y 1039 de
1999 del Gerente General de las EMPRESAS normas que regulan la contratación
de esta entidad, en cuanto sean aplicables en un caso determinado” (fls. 84 y 85
cdno. no. 1).

2) Al respecto, sobre el régimen jurídico aplicable a Empresas Públicas de Medellín
ESP el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 dispone que “[s]alvo en cuanto la
Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las
personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado.”

Conforme lo anterior, en garantía del derecho constitucional fundamental de acceso
efectivo a la administración de justicia (artículo 229 CP), la Sala procede a resolver
el fondo de las súplicas elevadas con la demanda.

3 Al respecto puede consultarse la sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación, Subsección

B del 19 de junio de 2019, expediente 39800, MP Alberto Montaña Plata.

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Apelación de sentencia

2.2 Nulidad por falta de competencia del gerente general de las Empresas
Públicas de Medellín para expedir las Resoluciones 351182 del 21 de
octubre de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004

1) La parte demandante sostiene que las Resoluciones números 351182 del 21 de
octubre de 2003 y 413856 del 22 de diciembre de 2004 fueron expedidas por
Empresas Públicas de Medellín ESP sin tener competencia para ello, ya que los
negocios jurídicos por esta celebrados se rigen por el derecho privado, y esa
normatividad no faculta a la entidad contratante para declarar el siniestro
consistente en la garantía de seriedad de la oferta.

2) El fundamento con el que abordó el a quo la decisión del caso no resulta acertado,
por cuanto el presente asunto no versa sobre actos administrativos
precontractuales, dado que se trata de unas decisiones unilaterales emitidas por
una entidad que no contaba con la competencia legal para hacerlo, como se explica
a continuación:

a) La Sección Tercera de esta Corporación en un asunto de similares condiciones,
en cuanto se trataba del ejercicio unilateral de facultades en ejecución de un
contrato regido por el derecho privado, precisó lo siguiente:

“Así mismo, es necesario señalar que la actividad en materia contractual
desplegada por la Administración se encuentra supeditada al principio de
legalidad en cuanto que sus decisiones deben encontrarse sometidas a
las atribuciones y competencias determinadas expresamente por la Ley.

Ello significa que cuando las entidades del Estado se relacionan con los
particulares, mediante el vínculo contractual, el ejercicio de las facultades
requiere de definición legal previa y expresa, en tanto que es la propia Ley
la que establece límites a la autonomía de la voluntad, por tanto, aunque
en virtud del principio de la voluntad, en las cláusulas contractuales se
haya pactado la imposición de multas y aunque se hubiere estipulado su
efectividad de manera unilateral, mediante la expedición de un acto
administrativo, ninguna de las partes podrá ejercer dicha potestad, en
tanto la ley no las haya facultado para ello y, se reitera, las competencias
como es sabido provienen de la ley y no del pacto contractual (…)4”.

b) En esa misma directriz, luego, en sentencia de 2011 la Sección Tercera mantuvo
ese criterio y precisó lo siguiente:

4 Sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación de 16 de diciembre de 1994, expediente 7879

con ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

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“Esas facultades excepcionales como por ejemplo, la de declarar la
caducidad del contrato, según reiterada jurisprudencia, es un juzgamiento
que efectúa una de las partes del mismo, la entidad estatal, respecto del
comportamiento de la otra parte del negocio jurídico para determinar si
existe un incumplimiento de sus obligaciones, rompiendo con ello, el
principio de igualdad que tradicionalmente había caracterizado a las
relaciones contractuales.

Esta posibilidad es insólita en los contratos de derecho privado
celebrados entre particulares y regidos por las normas del Código
Civil y del Código de Comercio, régimen jurídico al cual, como se
explicó, estaban sujetas las empresas industriales y comerciales del
Estado para la fecha del contrato origen de esta controversias y
cuyas normas en principio, si bien permiten que en ejercicio de la
autonomía de la voluntad las partes puedan pactar sanciones al
incumplimiento contractual como la cláusula penal en sus artículos
1592 y 867 respectivamente, no contemplan la posibilidad de que una
de las partes pueda por sí y ante sí declarar dicho incumplimiento
respecto de la otra, siendo el juez competente para resolver las
controversias surgidas de esa relación contractual, quien debe
determinar la existencia y extensión de tal incumplimiento y por
ende, la procedencia del cobro de la sanción pactada.

Así las cosas, advierte la Sala que las cláusulas (…) del contrato, en
tanto facultan a la administración, contratante para imponerlas o
declararlas unilateralmente, adolecen de un vicio de nulidad
absoluta, esto es, objeto ilícito, al contravenir normas de derecho
público y de carácter imperativo, y por tal motivo la Sala, en ejercicio
de sus facultades legales, de oficio las declarará nulas (…)”5 (resalta
la Sala).

c) En el presente asunto, está acreditado que Empresas Públicas de Medellín ESP,
como empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no contaban con la
competencia de declarar incumplimientos, imponer multas, declarar siniestros ni
liquidar unilateralmente sus contratos, por cuanto para ese preciso aspecto no
estaba autorizada por el legislador, aun cuando así fueran señalados en el pliego
de condiciones no. 0087326.

d) De acuerdo con los presupuestos normativos y jurisprudenciales antes referidos,
advierte la Sala que en el presente asunto se aceptó la oferta de la sociedad Kuehne
& Nagel SA como seleccionada para ejecutar el contrato de transporte marítimo
internacional; sin embargo, ante la negativa de la contratista de dar inicio a la

5 Sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación de 28 de septiembre de 2011, expediente

15.476 con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
6 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de: 7

de octubre de 2009, expediente 18.496 con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de
junio de 2020, expediente 46.589 con ponencia de la Dra. María Adriana Marín; 19 de junio de 2020,
expediente 42.974 con ponencia de la Dra. María Adriana Marín; 19 de junio de 2020, expediente
44.420 con ponencia de la Dra. María Adriana Marín.

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ejecución, dada su inconformidad en los términos de fletes, obligaciones de cargue
y descargue de la mercancía, el negocio jurídico contractual no se cumplió a
cabalidad.

e) En ese sentido, para la Sala es claro que las Resoluciones números 351182 de
21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004 son nulas por cuanto
Empresas Públicas de Medellín ESP, en calidad de empresas industriales y
comerciales del Estado, no contaban con la competencia de emitir actos
administrativos de manera unilateral.

f) Ahora bien, como procede la declaración de nulidad de los actos demandados por
razón de la falta de competencia de las Empresas Públicas de Medellín ESP para
expedirlos, la Sala se abstendrá de estudiar los demás cargos de la demanda.

3. Conclusiones

En el presente asunto, muy al contrario de lo estimado por el tribunal de primera
instancia los actos cuya anulación se piden con la demanda no son precontractuales
sino, unas expresiones de voluntad con efectos jurídicos emitidos cuando entre las
partes ya se había perfeccionado un contrato, por consiguiente, la decisión del a
quo de declarar de oficio la caducidad de la acción e inhibirse para resolver del
fondo la controversia fue desacertada, razón por la cual la Sala la revocará para en
su lugar declarar la nulidad de las Resoluciones números 351182 de 21 de octubre
de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004 expedidas por las Empresas Públicas
de Medellín ESP, por falta de competencia para expedirlas.

4. Condena en costas y agencias en derecho

Por último, no habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada
en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la
regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998
para tal decisión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,

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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Revócase la sentencia de 15 de agosto de 2014 proferida por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone lo
siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 351182
de 21 de octubre de 2003 y 413856 de 22 de diciembre de 2004 expedidas
por las Empresas Públicas de Medellín ESP, por falta de competencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente”.

2º) Abstiénese de condenar en costas.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
(con aclaración de voto)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo
2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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