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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00759-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00759-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adicionada mediante providencia del 25 de octubre de 2017 y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: Declarar el incumplimiento contractual por parte del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, en lo que tiene que ver con el no pago del ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: Liquidar judicialmente el contrato de obra No. 153 de 2007 conforme a la parte motiva de la presente providencia, es decir, con un saldo a favor de las sociedades INSCO LTDA e INCOPAV S.A. de doscientos setenta y dos millones novecientos tres mil ciento cuarenta pesos con cincuenta y cinco centavos ($272’.903.140, 55). TERCERO: Condenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU a pagar a las sociedades INSCO LTDA e INCOPAV S.A. la suma de doscientos setenta y dos millones novecientos tres mil ciento cuarenta pesos con cincuenta y cinco centavos $272’.903.140,55) como saldo a favor de la parte demandante luego de la liquidación judicial, en los términos señalados en esta providencia. CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Declarar no probada la objeción por error grave formulada frente al dictamen pericial por el ingeniero civil Enrique Rodríguez Niño SEGUNDO: Sin condena en costas Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438) Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00759-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Apelación sentencia
Radicación: 25000-23-36-000-2012-00759- 01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Temas: CONTRATO DE OBRA – acuerdos modificatorios – pacta sunt servanda - sobrecostos.
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – concepto – causas de ruptura de la ecuación
financiera – diferencias con el incumplimiento contractual. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA -
originada en la ampliación del plazo de ejecución. OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL – Procede
por error grave – Casos en que se configura. COMPETENCIA DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA
• Se circunscribe a los aspectos o temas apelados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 16 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, adicionada mediante providencia del 25 de octubre de 2017, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 28 de diciembre de 2007, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y el
CONSORCIO ALO 2008, integrado por las sociedades INSCO LTDA e INCOPAV
S.A., suscribieron el contrato de obra No. 153 de 2007 con el objeto de ejecutar, por
el sistema de precio global fijo con ajustes, las obras requeridas para llevar a cabo
la “Construcción de la calzada oriental de la Avenida Longitudinal de Occidente
entre el Río Bogotá y la Avenida Bosa, en Bogotá D.C”.

Durante la etapa de ejecución del contrato las partes suscribieron dos adicionales
en plazo, a través de los cuales el término inicialmente pactado -11 meses contados

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

a partir del acta de inicio- se amplió por 160 días más. Del mismo modo, se
suscribieron dos adicionales en valor, uno por la suma de $1.500’000.000 y otro por
valor de $726’000.000.

El 29 de abril de 2010, el CONSORCIO ALO 2008 radicó petición ante el
INSTITUTO DE DESARROLLO – IDU, por medio de la cual solicitó el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato y el reconocimiento de los
perjuicios ocasionados por múltiples incumplimientos contractuales imputables a la
contratante. La solicitud no fue resuelta por la entidad dentro del término legalmente
consagrado para dar respuesta.

La parte demandante considera que operó el silencio administrativo positivo con
respecto a la petición elevada ante el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –
IDU. Igualmente, afirma que la entidad contratante incurrió en incumplimiento de
las obligaciones a su cargo, específicamente las de realizar la debida planeación
del contrato y efectuar el pago de las obras ejecutadas. Solicita que se declare que
operó el silencio administrativo positivo y, subsidiariamente, que se declare el
incumplimiento del contrato y/o el rompimiento del equilibrio económico por causas
imputables a la entidad contratante. Como consecuencia, pretende el
reconocimiento y pago de material descontado y no pagado, sobrecostos
administrativos por mayor permanencia en obra imputable al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU y perjuicios por concepto de obras globales no
ejecutadas con ocasión de la reducción de la meta física del contrato. Por último,
peticiona la liquidación del contrato.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 3 de mayo de 20121, las sociedades INSCO LTDA e INCOPAV S.A.,
integrantes del CONSORCIO ALO 2008, en adelante el Consorcio o el Contratista,
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de controversias
contractuales, presentaron demanda2 en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO – IDU. En su demanda, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones, transcritas literalmente, incluso con eventuales errores:

1 Fl. 3 y 68, C.1.
2 Fl. 1 a 67, C.1.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

“3.1. DECLÁRESE que operó el silencio positivo de la administración frente a la petición
elevada por el contratista mediante comunicación radicada en el IDU bajo el número
033245 el 29 de abril de 2010, cuya finalidad era que el IDU reconociera que durante la
ejecución del contrato No. 153 de 2007 esta entidad incumplió las obligaciones a su
cargo en virtud del contrato de la referencia y que por tales circunstancias se generó la
ruptura del equilibrio económico del contrato.

3.1.1. En subsidio de lo anterior, efectúense las siguientes declaraciones:

3.1.1.1. DECLÁRESE que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU-
incumplió las obligaciones a su cargo en virtud del contrato de la referencia,
específicamente la referida a realizar una debida planeación del mismo y a la
relacionada con el pago de las obras ejecutadas por el contratista.

3.1.1.2. DECLÁRESE que dentro del contrato No. 153 de 2007 se rompió el
equilibrio económico por causas imputables a la entidad contratante.

3.2. En consecuencia de cualquiera de las anteriores, CONDÉNESE a la demandada
a lo siguiente:

3.2.1. RECONOCER y PAGAR a favor de los integrantes del CONSORCIO ALO
2008, la suma estimada de CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 03/100,
($113.847.162,03) por concepto de las cantidades de material piedra rajón
descontadas y no pagadas al CONSORCIO ALO 2008, de acuerdo con lo expuesto
en la presente demanda, o lo que resulte probado dentro del proceso, suma que
deberá ser actualizada a la fecha de su pago efectivo.

3.2.1.1. RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar
concepto del anterior numeral 3.2.1. intereses de mora de 1,5 veces el interés
corriente bancario – IBC- equivalente a la suma aproximada de NOVENTA
Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
M/CTE ($94.648.261,24) a partir del 30 de enero de 2009, de acuerdo con lo
expuesto en la demanda, o a la fecha que se pruebe dentro del proceso,
según lo dispuesto en el artículo 884 del C. Co y ajustada a la fecha de su
pago en efectivo.

3.2.1.2. Primera Subsidiaria. En subsidio de la pretensión 3.2.1.1.
RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por concepto
del anterior numeral 3.2.1., intereses compensatorios liquidados a la tasa del
Interés Corriente Bancario equivalentes a la suma aproximada de SESENTA
Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($63.098.840,83) a
partir del 30 de enero de 2009, de acuerdo con lo expuesto en la demanda,
o a la fecha que se pruebe dentro en el proceso y ajustada a la fecha de su
pago en efectivo.

3.2.1.3. Segunda Subsidiaria. En subsidio de la pretensión 3.2.1.2.
RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por concepto
del anterior numeral 3.2.1., intereses moratorios de 12% efectivo anual
equivalentes a la suma aproximada de CUARENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($43.261.921,57) a partir
del 30 de enero de 2009, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, o a la
fecha que se pruebe dentro en el proceso y ajustada a la fecha de su pago
en efectivo.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

3.2.2. RECONOCER y PAGAR la suma estimada de QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS ($557.169.947), por concepto del saldo no recibido de
administración, por motivo de mayor permanencia en obra imputable al INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO, de acuerdo con lo expuesto en la presente demanda,
o a lo que resulte probado dentro del proceso, suma que deberá ser actualizada a
la fecha de su pago efectivo.

3.2.2.1. RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por
concepto del anterior numeral 3.2.2., intereses moratorios de 12% efectivo
anual, equivalentes a la suma aproximada de CIENTO ONCE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($111.248.266,01) a partir de la entidad
debió pagar esta suma, la cual era a partir del 29 de abril de 2010, fecha en
la cual se presentó la reclamación ante el IDU por desequilibrio económico
del contrato y que ésta se sustrajo de la obligación legal de restablecerlo, de
conformidad con lo expuesto en la presente demanda y lo consagrado en el
inciso 2 del numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993.

3.2.2.2. Primera Subsidiaria. En subsidio de la pretensión 3.2.2.1.
RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por concepto
del anterior numeral 3.2.2., intereses de mora de 1,5 veces el interés
corriente bancario equivalente a la suma aproximada de DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS M/CTE ($273.222.444,72) a partir del 29 de abril de 2010,
fecha en la cual se presentó la reclamación ante el IDU por desequilibrio
económico del contrato y que ésta se sustrajo de la obligación legal de
restablecerlo, de acuerdo con lo expuesto en la presente demanda, o a la
fecha que se pruebe dentro del proceso, según lo dispuesto en el artículo
884 del C. Co. y ajustada a la fecha de su pago en efectivo.

3.2.2.3. Segunda Subsidiaria. En subsidio de la pretensión 3.2.2.2.
RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por concepto
del anterior numeral 3.2.2., intereses compensatorios liquidados a la tasa del
interés corriente bancario equivalentes a la suma aproximada de CIENTO
NOVENTA Y MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS M/CTE ($191.389.424,36) a partir del 29 de abril de 2010, fecha
en la cual se presentó la reclamación ante el IDU por desequilibrio económico
del contrato y que ésta se sustrajo de la obligación legal de restablecerlo, de
acuerdo con lo expuesto en la presente demanda, o a la fecha que se pruebe
dentro en el proceso y ajustada a la fecha de su pago en efectivo.

3.2.3. RECONOCER y PAGAR la suma estimada de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 77/100 ($456.013.772,77) por concepto de obras globales no ejecutadas
por el CONSORCIO ALO 2008, con ocasión de la reducción de la meta física del
contrato 153 de 2007, de acuerdo con lo expuesto en la presente demanda, o lo que
resulte probado dentro del proceso, suma que deberá ser actualizada a la fecha de
su pago efectivo.

3.2.3.1. RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar
concepto del anterior numeral 3.2.1. intereses de mora de 1,5 veces el interés
corriente bancario equivalente a la suma aproximada de TRECIENTOS
OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVO M/CTE ($380.279.575,41) a partir del 27 de enero de 2009, fecha
en la cual se le comunicó al contratista la reducción de la meta física del

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

contrato por intermedio de la comunicación No. IDU005785 de la misma
fecha, es decir cuando se le generó el perjuicio, de acuerdo con lo expuesto
en la demanda, o a la fecha que se pruebe dentro del proceso, según lo
dispuesto en el artículo 884 del C. Co y ajustada a la fecha de su pago en
efectivo.

3.2.3.2. Primera Subsidiaria. En subsidio de la pretensión 3.2.3.1.
RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por concepto
del anterior numeral 3.2.3., intereses compensatorios liquidados a la tasa del
Interés Corriente Bancario, equivalentes a la suma aproximada de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS M/CTE (253.519.716,94), contados a partir del 27 de
enero de 2009, fecha en la cual se le comunicó al contratista la reducción de
la meta física del contrato por intermedio de la comunicación No. IDU005785
de la misma fecha, es decir cuando se le generó el perjuicio, de acuerdo con
lo expuesto en la presente demanda, o a la fecha que se pruebe dentro en el
proceso y ajustada a la fecha de su pago en efectivo.

3.2.3.3. Segunda Subsidiaria. En subsidio de la pretensión 3.2.3.2.
RECONOCER y PAGAR frente a las sumas de dinero a pagar por concepto
del anterior numeral 3.2.3., intereses moratorios de 12% efectivo anual,
equivalentes a CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCOL MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($173.285.233,65) contados a
partir del 27 de enero de 2009, fecha en la cual se le comunicó al contratista
la reducción de la meta física del contrato por intermedio de la comunicación
No. IDU005785 de la misma fecha, es decir cuando se le generó el perjuicio,
de conformidad con lo expuesto en la presente demanda y lo consagrado en
el inciso 2 del numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993.

3.3. LIQUÍDESE el contrato No. 153 de 2007 suscrito entre el IDU y el Consorcio
ALO 2008”

1.2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora enunció los
hechos que a continuación la Sala sintetiza:

1.2.1. Afirma que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en adelante IDU,
adelantó la Licitación Pública IDU-LP-DTC-032-2007 para la “CONTRUCCIÓN DE
LA CALZADA ORIENTAL DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE
ENTRE EL RÍO BOGOTÁ Y LA AVENIDA BOSA, EN BOGOTÁ D.C.”, dentro de la
cual el CONSORCIO, integrado por INSCO LTDA e INCOPAV S.A., en lo sucesivo
el CONSORCIO o el CONTRATISTA, presentó propuesta que resultó seleccionada.

1.2.2. Indica que, como consecuencia de la adjudicación, el 28 de diciembre de
2007 las partes celebraron el contrato No. 153 de 2007, en virtud del cual el
CONSORCIO se comprometió “… para con el IDU, a ejecutar por el sistema de
precio global fijo con ajustes, las obras requeridas para la CONSTRUCCIÓN DE LA
CALZADA ORIENTAL DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ENTRE

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

EL RÍO BOGOTÁ Y LA AVENIDA BOSA, EN BOGOTÁ D.C.”, con una vigencia de
11 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita
el 14 de abril de 2008. Además, anota que el valor inicial del contrato ascendió a
$9.717.587.644.

1.2.3. Expone que durante la vigencia del contrato se suscribieron diferentes
otrosíes, mediante los cuales se adicionó el valor del contrato y se prorrogó el plazo
de ejecución inicialmente acordado.

1.2.4. Refiere que durante la ejecución del contrato se rompió el equilibrio
económico del contrato y el IDU incumplió sus obligaciones legales y contractuales,
debido a: (i) suministro, transporte e instalación de material de piedra rajón
descontado y no pagado al CONSORCIO; (ii) mayor permanencia en obra por
causas no imputables al contratista, consistentes en ejecución de obras no previstas
y hechos relacionados con las instalaciones hidráulicas y redes eléctricas, y (iii)
obras globales no ejecutadas por el CONSORCIO debido a la reducción de la meta
física del contrato.

1.2.4.1 En relación con el suministro, transporte e instalación del rajón no pagado
al CONSORCIO, señala que el costo total directo del ítem “suministro, transporte e
instalación de rajón” se acordó en la suma de $46.678 por metro cúbico,
disponiéndose que sería “cuantificado como material suelto medido por el número
de viajes que ingresen”, de modo que “el volumen a pagar resultaría del material
que arribe suelto a la obra”.

1.2.4.1.1 Añade que, a pesar de lo anterior, la interventoría no realizó en forma
diligente el registro del ingreso y salida de las volquetas que contenían el material
piedra rajón los días 30 de diciembre de 2008 y 6 y 7 de enero de 2009, pues para
dicho efecto el 6 de enero de 2009 un funcionario de la interventoría simplemente
le preguntó al “encargado de control de entrada de volquetas”, quien “respondió que
no se acordaba de estos datos porque la planilla la había entregado en las oficinas
del Consorcio el día 2 de enero de 2009”, procediendo entonces a indagar por esta
misma información “a los vigilantes de la portería del proyecto IFT”, personal que es
ajeno al CONTRATISTA y que no estaba “en capacidad de dar este tipo de
información”.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

1.2.4.1.2 Sostiene que la interventoría, de forma irregular y sin fundamentación
jurídica, en el acta No. 13 de recibo parcial No. 7 del 30 de enero de 2009 descontó
un volumen de rajón de 2.505 m3 y dejó de pagar 685 m3 de este mismo material
que había sido suministrado el 30 de diciembre de 2008 y el 6 y 7 de enero de 2009,
para un volumen total de 3190 m3 de rajón no pagado.

1.2.4.1.3 A propósito de lo anterior, relaciona diferentes comunicaciones
enviadas a la interventoría, en las que el CONSORCIO puso de presente las
mencionadas irregularidades y solicitó el pago del volumen descontado sin
sustentación jurídica, a la vez que reclamó el pago del material suministrado los días
30 de diciembre de 2008 y 6 y 7 de enero de 2009 de acuerdo con las cantidades
medidas “sobre volqueta” acreditadas con los formatos o planillas de Control de
Entrada de Volquetas entregadas por el CONSORCIO a la interventoría el 7 de
enero de 2009, que no fueron aprobadas por la interventoría en contravía de lo
pactado por las partes.

1.2.4.2 Por su parte, en cuanto a los hechos relacionados con la mayor
permanencia en obra por causas no imputables al contratista, señala que el 13 de
mayo de 2008, mediante Acta No. 3, se suspendió el contrato de obra por un plazo
de 16 días con la finalidad de aclarar y consultar el surgimiento de actividades no
previstas y observadas en la etapa de preconstrucción, comoquiera que, al revisar
los estudios y diseños para la construcción del Tramo I de la avenida longitudinal,
el CONSORCIO “encontró la necesidad de construir la capa de desplante para el
mejoramiento de la subrasante de un espesor de 75 CMS a lo largo de toda la vía”,
cuyo valor no estaba incluido dentro del presupuesto previsto por el IDU en la
licitación.

1.2.4.2.1 Refiere que en comité técnico del 22 de mayo de 2008 el CONSORCIO
manifestó que en el proceso de revisión de los diseños se efectuaron sondeos que
permitieron “determinar la diferencia del sector para las cuales se concibe el diseño
original” y variaciones en el nivel freático que afectaban “la capacidad portante del
terreno lo cual genera la necesidad de realizar un reemplazo de material, generando
un volumen adicional al contrato aproximadamente de 28.800 M3 de material de
mejoramiento de la subrasante, los cuales no fueron contemplados en el
presupuesto informativo publicado por la entidad en la etapa de licitación, pero que
aparece diseñado por el CEI en las memorias de cálculo”.

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Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

1.2.4.2.2 Informa que posteriormente, ya iniciada la etapa de construcción, el 6 de
enero de 2009 el CONSORCIO le solicitó al interventor conceder un plazo adicional
de cuatro meses para la realización de las actividades de mejoramiento de la
subrasante no contempladas dentro del objeto inicial del contrato, resaltando que el
desarrollo de esa labor desplazó el tiempo de ejecución de las actividades
consistentes en la construcción del terraplén y estructura del pavimento. Al
respecto, añade que, no obstante lo anterior, el IDU requirió al CONTRATISTA por
el presunto incumplimiento en el cronograma de obra, frente a lo cual el
CONSORCIO presentó descargos en los que señaló que la afectación del plazo fue
resultado del acaecimiento de circunstancias imprevistas y no imputables al
contratista, consistentes en la falta de planeación del IDU, pues fue necesario
suspender el contrato con el fin de analizar las actividades que no habían sido
consideradas en el presupuesto y ejecutar actividades no previstas, “lo que permite
concluir que las actividades iniciales no estaban definidas, aprobadas y más aún no
estaban presupuestadas”.

1.2.4.2.3 Señala que, aunado a lo anterior, la mayor permanencia en obra se originó
en la falta de definición en los diseños y construcción de las redes eléctricas e
hidráulicas, en la modificación de los diseños iniciales previstos en la licitación, en
la construcción de un filtro en el Sector III, así como en los drenajes sub-
superficiales, alcantarillas adicionales para los cruces de los vallados y otras obras
no previstas, en relación con lo cual la parte actora describió diferentes actas del
comité técnico de seguimiento y comunicaciones enviadas por el CONSORCIO a la
interventoría y al IDU en relación con las obras hidráulicas y eléctricas adicionales,
en las que “se manifestaron los continuos y múltiples desacuerdos entre las
diferentes entidades administrativas involucradas en la ejecución de la AVENIDA
LONGITUDINAL DE OCCIDENTE (ALO), así como también la indefinición en el
asunto de la construcción de las redes eléctricas en el tramo a construir […], la
preocupación e inconformidad con la aprobación de los diseños y documentos que
le corresponden a la Interventoría, generando inconvenientes y sobrecostos […]” y,
en general, la circunstancia de no contar con diseños de redes eléctricas aprobados
por CODENSA y la falta de definición por parte de la interventoría sobre el
tratamiento hidráulico de las aguas superficiales.

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Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

1.2.4.3 En punto a las obras globales no ejecutadas debido a la reducción de la
“meta física” del contrato, indica que durante la ejecución del contrato el IDU
disminuyó las obras a ejecutar en unos tramos.

1.2.4.3.1 Expone que las obras a ejecutar debían llegar hasta el borde del río
Bogotá, a pesar de lo cual la meta física del contrato fue reducida, pues no se
ejecutaron las obras y actividades del tramo correspondiente a las abscisas K3+160
a K35+190, aunado a la inexistente comunicación entre el IDU, la CAR y el INVÍAS,
afectándose con ello la remuneración proyectada y esperada por el contratista.

1.2.4.3.2 Afirma que, mediante comunicación del 2 de junio de 2009, el
CONTRATISTA presentó al interventor la evaluación económica para las
actividades que no se ejecutaron entre las abscisas K35+160 a K35+190, a lo cual
este dio respuesta manifestando su desacuerdo frente “a la forma en que el
contratista cuantificó el costo de obra no ejecutado” y señalando que la valoración
de las actividades dejadas de ejecutar debía efectuarse entre el K35+160 y el
K35+220, y no hasta el K35+190 como afirmaba el CONTRATISTA, “pues desde el
inicio del contrato se conocía que la meta física llegaba hasta el K35+220 de
acuerdo con toda la información consignada en los documentos contractuales”.

1.2.5. Manifiesta que, como consecuencia de todos los acontecimientos descritos,
el plazo de ejecución del contrato que inicialmente estaba previsto hasta el 14 de
marzo de 2009, fue suspendido durante 16 días y ampliado mediante dos otrosíes
por un término de 160 días, es decir, hasta el día 7 del mes de septiembre de 2009,
“[…] lo cual conllevó unos mayores costos para el Contratista por concepto de
maquinaria y personal en el sitio de obra a los inicialmente previstos en su
Propuesta de Contrato […]”

1.2.6. Señala que el 15 de mayo de 2010 se llevó a cabo la entrega y recibo definitivo
de las obras y que el contrato no ha sido liquidado.

1.2.7. Refiere que los hechos descritos anteriormente originaron un desequilibrio
económico del contrato y configuraron incumplimientos en cabeza de la entidad
contratante y añade que, por tal razón, el 29 de abril de 2010 el CONSORCIO
presentó un derecho de petición ante el IDU con el fin de que dicha entidad
restableciera el equilibrio económico del contrato y reconociera los perjuicios

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ocasionados por los incumplimientos contractuales imputables al IDU, el cual no fue
no fue resuelto dentro del término legal, “dando lugar a la configuración del silencio
administrativo positivo previsto en el numeral 16 del artículo 25 de la ley 80 de 1993”.

1.2.8. Asevera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del C.C.A., el
CONSORCIO procedió a la protocolización del silencio administrativo positivo,
mediante Escritura Pública No. 3569 otorgada el 12 de noviembre de 2010 en la
Notaría 39 de Bogotá.

1.2.9. Por último, indica que mediante comunicación del 16 de noviembre de 2010
los integrantes del CONSORCIO solicitaron al IDU “el cumplimiento de los efectos
del acto administrativo ficto surgido como consecuencia de la operancia del silencio
administrativo positivo”, solicitud que fue denegada por el IDU mediante oficio del
17 de diciembre de 2010.

1.3. Como fundamentos jurídicos de su demanda, tras referirse al restablecimiento
de equilibrio económico del contrato estatal y su procedencia en tratándose de
contratos de obra pública a precio global, analizó las causas que ocasionaron la
ruptura del equilibro económico del contrato celebrado entre las partes, afirmando
que en el presente caso la principal causa del desequilibrio económico del contrato
“fue el incumplimiento a las disposiciones contractuales y legales” por parte del IDU.

En este sentido, adujo que el IDU: (i) incumplió la obligación de pagar las cantidades
de rajón suministradas de conformidad con lo pactado, y (ii) vulneró el principio de
planeación, como se evidencia ante la insuficiencia de diseños que condujo a la
ejecución obras adicionales no estaban previstas y ante la falta de una oportuna
definición en los diseños de las redes eléctricas, la construcción del filtro en el sector
III y el empalme de la ALO con el río Bogotá, todo lo cual “además de imposibilitar
al contratista el cumplimiento de las metas físicas, trajo de contera que el
CONSORCIO ALO 2008 estuviera un tiempo de mayor permanencia en obra que
desequilibró en su contra la ecuación financiera y económica del contrato de obra
IDU-153 de 2007”. Sostuvo, además, que la reducción de la meta física del contrato
en ejercicio del ius variandi “[…] encaja en otra de las causales de desequilibrio
económico del contrato”.

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Como consecuencia de lo anterior, afirmó que el IDU debe: (i) pagar los valores
correspondientes al volumen de rajón que fue descontado sin sustentación jurídica
y al volumen de este mismo material correspondiente a planillas no aprobadas del
30 de diciembre de 2008, y 6 y 7 de enero de 2009; (ii) restablecer el equilibrio
económico del contrato alterado por la mayor permanencia en obra originada en la
conducta imputable a la entidad contratante, reconociendo los valores
correspondientes a la administración por el mayor plazo, tomando en consideración,
además, como la diferencia entre las condiciones iniciales del contrato y las
realmente ejecutadas; (iii) restablecer la ecuación financiera del contrato por
concepto de obras globales no ejecutadas, dada la modificación unilateral de las
condiciones acordadas y la violación del principio de planeación o,
subsidiariamente, en virtud del principio de buena fe y de conmutatividad del
contrato, pagando al CONSORCIO los valores dejados de percibir.

Por último, resaltó que frente a las pretensiones fundadas en los hechos expuestos
en el libelo introductorio “[…] se configuró, de acuerdo con la ley, un silencio
administrativo positivo, razón por la cual solicitamos […] reconocer el mismo y, por
consiguiente, ordenar el pago de las condenas a que haya lugar”.

2. Contestación de la demanda

Por auto del 2 de octubre de 20123, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la
notificación personal a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El 24 de junio de 2013 el IDU contestó la demanda4, mediante escrito en el
que se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos sostuvo
lo siguiente:

2.1.1. Con respecto al suministro, transporte, instalación y valor del rajón, indicó
que si bien el contrato se pactó a precio global, en los adicionales 1 y 2 se pactó un
precio unitario para este ítem no previsto y señaló que“[…] para que un
reconocimiento económico de este ítem sea procedente, se debe partir del acuerdo
de voluntades de los adicionales 1 y 2 al contrato 153 de 2007, en el sentido de

3 Fl. 74 a 75, C.1
4 F. 1 a 13, C.3

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pagar al contratista el valor del rajón instalado en la obra, teniendo como soporte
los documentos que fueron expedidos en las fechas correspondientes a su
utilización y que cumplan con las condiciones exigidas que sirvieron de sustento
para los demás pagos de este ítem. Dichos soportes deben ser requeridos al
contratista a quien le corresponde demostrar las cantidades utilizadas.” (subrayado
dentro del texto)

2.1.2. En cuanto a la mayor permanencia en obra, sostuvo que si bien “[…] la mayor
extensión del plazo contractual ocurrió por las prórrogas de que fue objeto el
contrato de obra pública No. 153 de 2007, las mismas obedecieron a las actividades
adicionales ejecutadas dentro del contrato que requerían este tiempo y que el
mismo contratista aceptó con la firma no generaban costo alguno para la entidad,
tal y como se encuentra consignado en el Parágrafo de la Cláusula Primera – Plazo
de los adicionales en plazo 3 y 4 suscritos por las partes el 25 de marzo y el 26 de
junio del año 2009”.

2.1.3. Por último, frente a las obras globales no ejecutadas, señaló que la
interventoría del contrato conceptuó que era necesario descontar el valor de las
cantidades no ejecutadas en el tramo comprendido entre el K35+164 (abscisa actual
de terminación del proyecto) y el K35+220 (abscisa inicialmente proyectada como
final del proyecto). De igual modo, añadió que la disminución de la meta física del
contrato no configuró “[…] un incumplimiento contractual del mismo, a cargo de la
entidad estatal, que equivalga a una alteración de la ecuación financiera, toda vez
que se ejecutaron y pagaron otras no contempladas originalmente, que permitieron
mantener la ecuación financiera del contrato”.

2.2. En la contestación de la demanda el IDU propuso las siguientes excepciones:

(i) “Inexistencia de desequilibrio económico por falta de los elementos que lo
estructuran”, habida cuenta de que en su momento el CONSORCIO aceptó las
condiciones de pago, así como la extensión del plazo y las obras adicionales,
condiciones que “fueron aceptadas plenamente por el contratista al suscribir cada
uno de los contratos adicionales”, en los que se pactó que las ampliaciones de plazo
no generarían costos adicionales al IDU, de tal suerte que las pretensiones del
contratista relacionadas con el reconocimiento de trabajos adicionales y mayor
permanencia en obra no están llamadas a prosperar, pues “estos se encuentran

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incluidos en los pagos realizados” y no existe detrimento a los intereses del
contratista que resulte atribuible a la entidad.

(ii) “Primacía de la autonomía de la voluntad de las partes”, toda vez que las
adiciones y prórrogas acordadas por las partes fueron producto del ejercicio de la
autonomía de la voluntad de las partes y fueron “aceptadas por el contratista,
resultando impropio para el contratista que se le haga un reconocimiento adicional
al contrato, alegando situaciones generadas por su propia voluntad”.

(iii) “Cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación”, a propósito de este
medio exceptivo manifestó que, no existiendo los elementos que estructuran el
desequilibrio económico del contrato, se está en presencia de la figura del cobro de
lo no debido o de la obligación inexistente, pues la relación contractual fue ajustada
a derecho y en ella prima la autonomía de la voluntad de las partes. En punto al
silencio administrativo positivo, anotó que este solo autoriza o reconoce derechos
preexistentes del contratista, cuya fuente obligacional se encuentra en dichos
derechos y no en la omisión en responder, incluso aunque se hubiera efectuado la
protocolización ante notario.

3. Alegatos de conclusión

Una vez vencido el término probatorio5, el Tribunal corrió traslado para alegar de
conclusión.

3.1. En sus alegatos de conclusión, la parte demandante6 reiteró lo expuesto a lo
largo del proceso. De igual modo, se refirió a las excepciones propuestas por el IDU,
a las pruebas del proceso y a las normas y jurisprudencia que a su juicio resultan
aplicables al caso concreto, a partir de lo cual concluyó que debían desestimarse
las excepciones propuestas por la demandada y acogerse íntegramente a las
pretensiones de la demanda y señaló que, no habiendo sido liquidado el contrato,
correspondía al juez del contrato liquidarlo.

Por último, expuso que debía desestimarse la objeción por error grave del dictamen
pericial técnico rendido por Enrique Rodríguez Niño formulada por el demandado,

5
Fl. 288, C.1.
6 Fl. 289 a 371, C.1.

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toda vez que, de una parte, el IDU no indicó el error del que adolece la experticia y
no aportó ni solicitó prueba alguna para su acreditación y, de otra, “[…] no existe
argumento técnico, contable, financiero y/o matemático que permita inferir que las
conclusiones del perito contienen un error grave, o que los soportes técnicos, que
dan fe de tales determinaciones contienen alguna imprecisión o no se ajustan a lo
recogido en el dictamen […].

3.2. El IDU presentó escrito de alegatos7 en el que reiteró íntegramente los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda y lo afirmado como
fundamento de las excepciones que propuso, solicitando denegar las pretensiones
de la demanda y declarar probadas las excepciones.

3.3. El Ministerio Público presentó concepto8 en los siguientes términos: (i)
señaló que no es procedente la solicitud de pago del rajón, toda vez que la sola
anotación en el registro de ingreso de viajes y cantidades no basta para demostrar
que estas últimas efectivamente fueron instaladas, correspondiendo a la
demandante acreditar el volumen del material efectivamente utilizado en la obra,
carga probatoria que no atendió en el proceso; (ii) en cuanto a la pretensión relativa
al pago de los costos administrativos causados por la mayor permanencia en obra,
señaló que no está llamada a prosperar, pues si bien el plazo de ejecución pactado
fue objeto de ampliaciones, las prórrogas se fundamentaron en la ejecución de
obras adicionales para las cuales se pactaron dos adicionales en los que se
reconoció el correspondiente costo de A.I.U; (iii) con respecto a la reclamación
relacionada con la disminución de la meta física del proyecto, conceptuó que la
reducción de la obra civil inicialmente pactada fue “minúscula” y no tuvo, por tanto,
“la potencialidad de alterar la ecuación financiera del contrato”, a pesar de lo cual
debe reconocerse al contratista la ganancia dejada de percibir como consecuencia
de las decisiones administrativas adoptadas por el IDU, al tratarse de una
circunstancia que no le es imputable a la actora; y (iv) manifestó que no está llamada
a prosperar la pretensión atinente al silencio administrativo positivo, pues no se
reúnen en los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para el efecto.

7 Fl. 373A a 377A, C.1.
8 Fl. 374 a 389, C.1.

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4. Sentencia de primera instancia

4.1 Mediante sentencia del 16 de julio de 20159, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, negó las
pretensiones de la demanda10.

Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que la petición del CONSORCIO
respecto de la cual pretende que se declare que operó el silencio administrativo
positivo, radicada el 29 de abril de 2010, “fue presentada extemporáneamente”,
pues “el bien jurídico que en el sub-lite se pretende amparar es el equilibrio de la
ecuación contractual, sin embargo el mismo no se puede proteger mediante la
declaratoria de silencio administrativo positivo cuando el plazo para la ejecución del
contrato – pactado originariamente en el contrato o en la adición u otrosí que para
el respecto se suscriba- haya expirado […]”. De igual modo, indicó que, para que
se entienda configurado el acto administrativo presunto favorable a la petición, no
basta la ausencia de respuesta por parte la Administración frente a cualquier
solicitud del contratista, pues tratándose del surgimiento de derechos a favor del
contratista se requiere, además, que se den los requisitos para su reconocimiento,
circunstancia que en el presento caso no se dio. Esto concluyó:

“Por lo anteriormente expuesto, al no darse los presupuestos del artículo 25.16 de
la ley 80, por haberse presentado la petición por fuera del término de ejecución
contractual, no puede configurarse el silencio administrativo positivo o acto ficto
favorable que el actor predica, disponiendo así esta Sala a desestimar la(sic)
pretensiones solicitados(sic) por la demandante en lo que atañe a la declaración del
silencio administrativo positivo y su consecuente condena, quedando como único
punto a resolver la procedencia o no de la liquidación judicial del contrato ante esta
instancia judicial.”

En este orden de ideas, el Tribunal se refirió a la liquidación judicial del contrato, a
propósito de lo cual afirmó que la actora desatendió la carga probatoria que al
respecto le correspondía, lo que “hace imposible realizar el balance financiero en
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes”, de modo que “esta
Subsección encuentra inconveniente liquidar judicialmente el contrato”.

9 Fl. 391 a 409, C. Ppal.
10“PRIMERO: NEGAR las pretensiones solicitadas en la demanda, por lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por secretaría liquídense los gastos del proceso y en caso de remanente devuélvase a
la parte actora, pasado dos años sin que estos sean reclamados declarará la prescripción de los
mismos a favor del Tesoro Nacional.”

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4.2. Dentro del término de ejecutoria de la sentencia, el apoderado judicial de la
parte actora presentó escrito11 en el que solicitó la adición de la sentencia, por
considerar que el Tribunal solamente se había pronunciado frente a las pretensiones
principales 3.1. y 3.3., relativas al silencio positivo de la administración y a la
liquidación judicial del contrato, omitiendo resolver las pretensiones subsidiarias
declarativas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del IDU y el rompimiento del equilibrio económico por causas imputables
a la entidad y sus consecuenciales.

4.3. En sentencia complementaria del 25 de octubre de 201712, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, tras encontrar
procedente la solicitud anterior, procedió al estudio de las pretensiones subsidiarias
de la demanda, concluyendo que no estaban llamadas a prosperar13.

Al efecto, se refirió a los contratos de obra a precio global o fijo, al reajuste y revisión
de precios, al equilibrio económico en los contratos a precio global y al principio de
planeación, como resultado de lo cual indicó que, una vez estudiado el caso
concreto de cara a las pretensiones subsidiarias de la demanda y a la luz de los
hechos probados en el proceso, en el caso sub examine el IDU no habría incurrido
en la vulneración al principio de planeación alegada por la parte actora, pues “los
contratiempos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, no
pueden ser endilgados exclusivamente a la entidad contratante, sino que la parte
contratista debe tomar las medidas correspondientes para protegerse de los riesgos
asociados con el objeto contractual”, concluyendo que no encontraba mérito
probatorio para declarar la vulneración del principio de planeación, ni tampoco que
se hubiera probado el rompimiento de la ecuación financiera del contrato.

A su turno, frente al incumplimiento atinente a la falta de pago de obras ejecutadas,
expuso que en la sentencia de primera instancia proferida el 16 de julio de 2015
dicha pretensión había sido denegada al negarse la liquidación judicial del contrato
con fundamento en que la actora “no aportó pruebas necesarias que dieran cuenta

11 Fl. 413 a 418, C. Ppal
12 Fl. 481 a 494, C. Ppal
13La sentencia complementaria en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: Adicionar la sentencia proferida por la Subsección “C” de esta corporación el 16 de julio
de 2015, en el sentido de NEGAR las pretensiones subsidiarias propuestas por la parte actora de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.”

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del estado del contrato y del cumplimiento de la entidad, en aspectos tales como: a)
informe final de interventoría, b) cuentas de cobro, c) órdenes de pago, d)
certificación de pagos con sus respectivas órdenes de pago, e) constitución de
pólizas de amparo de estabilidad de obra”.

5. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación14, el cual fue concedido el 6 de
diciembre de 201815 y admitido el 3 de mayo de 201916.

La recurrente se refirió a las pretensiones subsidiarias de la demanda, en virtud de
las cuales la parte actora solicitó declarar el incumplimiento del contrato y el
rompimiento del equilibrio financiero. Sostuvo que el Tribunal no se pronunció frente
a la suspensión del plazo derivada de la entrega de diseños deficientes y que no
eran definitivos, ni en general a los hechos relacionados con la mayor permanencia
reclamada por el contratista, ni a las pruebas que soportan la existencia de la
misma.

En este orden, señaló que la prueba documental y pericial que milita en el
expediente da cuenta de que en la etapa de preconstrucción, durante la cual los
diseños se encontraban en revisión para su aprobación por parte del contratista, el
contrato fue objeto de suspensiones originadas en la necesidad de aclarar y definir
la ejecución de obras no previstas que desplazaban el cronograma de obra,
resaltando que “[e]n el caso de marras, ciertamente la planeación del contrato No.
153 de 2007 fue indebida, incierta, e imprecisa, ello está probado dentro del
proceso”. Además, añadió que el cronograma del proyecto también se vio afectado
debido a la falta de planeación del IDU en punto a las instalaciones hidráulicas y
redes eléctricas y al incumplimiento de la obligación de prestar colaboración al
contratista, particularmente frente a “[…] la coordinación entre entidades para
efectos de lograr por parte de CODENSA S.A. E.S.P y la EAAB una aprobación de
diseños definitivos (...) lo que a la postre ocasionó retrasos en el cronograma de
ejecución de obras y la mayor permanencia”.

14 Fl. 496 a 533, C. Ppal.
15 Fl. 547 y 548, C. Ppal.
16 Fl. 552, C. Ppal.

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Expuso que la sentencia impugnada no analizó las pruebas ni abordó el estudio a
fondo de la pretensión encaminada al reconocimiento de los volúmenes de rajón
instalados que fueron descontados “arbitrariamente” por la interventoría, “en
desconocimiento del procedimiento pactado por las partes para la verificación del
material instalado y su reconocimiento y pago” y sin atender lo registrado en las
planillas de control de ingreso de volquetas, las cuales habían sido aprobadas por
la interventoría en repetidas ocasiones, generando “una confianza en el Contratista
respecto de la validez de las mencionadas planillas como soporte”.

En cuanto al argumento aducido por el IDU “en relación con las renuncias a
reclamaciones y derechos consignadas en los modificatorios del contrato No. 153
de 2007”, afirmó que se celebraron prórrogas y adiciones al contrato en las que
“[…] no se incluyeron las salvedades relativas al incumplimiento del contrato o a la
alteración del equilibrio económico del mismo, desconociendo el criterio de
oportunidad y buena fe que deben atender las reclamaciones judiciales relativas a
la ecuación financiera del contrato”, no obstante lo cual “no debe perderse de vista
que las anteriores consideraciones tienen por fundamento criterios auxiliares del
derecho como son la jurisprudencia del Consejo de Estado, que no ha sido de
unificación, y los principios generales del derecho, olvidando que los jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” […]”

Anotó que “[l]a ley 80 de 1993 consagró el principio de ecuación contractual, y el
deber de restablecerla cuando se ha alterado, sin contemplar como exigencia que
la reclamación o solicitud de restablecimiento se incluyera en los modificatorios,
otrosíes, adiciones u prórrogas al contrato” e indicó que ninguna de las
modificaciones y otrosíes pactados por las partes “tuvo por objeto, o en la
descripción de los antecedentes, la revisión de la ecuación contractual, ni el
mantenimiento de la ‘igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidas al momento de proponer o de contratar, según el caso’, ni mucho menos
adoptar de mutuo acuerdo ‘las medidas necesarias para su restablecimiento’ ”.

Arguyó que fue el IDU quien desconoció el deber de actuar de buena fe, no solo al
desatender las obligaciones precontractuales atinentes al deber de planeación, sino
al incumplir la obligación de adoptar las medidas tendientes a restablecer el
equilibrio económico, y señaló que en el caso sub examine no acaeció un riesgo
previsible sino un incumplimiento del IDU al deber de planeación, pues adelantó el

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proceso de selección contando con estudios y diseños deficientes, mismos que
entregó al contratista “cuya única obligación consistía en revisarlos y apropiarlos en
etapa de preconstrucción”.

Por último, solicitó revocar la sentencia de primera instancia en relación con la
pretensión de liquidación del contrato, la cual fue negada de manera indebida e
injusta por falta de pruebas, toda vez que en ningún momento desatendió la carga
probatoria que le correspondía, pues aportó al proceso el acta de terminación del
contrato y el acta de recibo final de obra y solicitó la práctica de sendos dictámenes
periciales por parte de un ingeniero civil y un contador. Además, señaló que es una
facultad y un deber del juez decretar y practicar de oficio las pruebas que considere
necesarias para resolver la controversia.

6. Actuación en segunda instancia

6.1. Mediante providencia del 3 de octubre de 201917, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión, así como al Ministerio Público para que presentara
el concepto de rigor.

6.2. En el término otorgado la parte actora presentó su escrito de alegaciones18,
reiterando en su totalidad lo expuesto en el recurso de apelación.

6.3. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en instancia de
alegatos.

6.4. El 21 de febrero de 202219, el Magistrado Ponente formuló impedimento al
considerar que se configuraba la causal prevista en el artículo 141, numeral 2, del
Código General del Proceso, dado que en su calidad de Procurador 11 Judicial II
para Asuntos Administrativos conoció y actuó en el marco de la conciliación
extrajudicial que se llevó a cabo entre las partes como requisito de procedibilidad
previo al inicio del proceso.

17 Fl. 588, C. Ppal.
18 Fl. 589 a 622, C. Ppal
19 Índice 24, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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6.5. Por medio de auto del 18 de septiembre de 202220, se declaró infundado el
impedimento, porque el supuesto fáctico aducido no se encuadra taxativamente en
las causales previstas en el artículo 141 del CGP.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) acción
procedente; (3) legitimación en la causa; (4) ejercicio oportuno de la acción; (5)
objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver; (6) hechos
probados y pruebas relevantes; (7) solución al caso concreto; (7.1) mayor
permanencia en obra por supuesta violación al principio de planeación por la falta
de definición de diseños; (7.2) pretensión sobre reconocimiento de volúmenes de
rajón; (7.3) sobre la liquidación del contrato en sede judicial; (8) conclusiones; y (9)
costas.

1. Jurisdicción y competencia

1.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
sobre contratos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 21 del
Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 1° de la Ley
1107 de 2006 -vigente para la fecha en que se interpuso la demanda-, norma que
dispone que a esta jurisdicción le corresponde el conocimiento de las controversias
y litigios que se originan en las actividades de las entidades públicas y de las
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.

20 Índice 27, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
21El artículo 82, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, norma vigente a la fecha de la

presentación de la demanda, establece: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que
desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de
Gobierno.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley.
Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control
jurisdiccional."

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En este caso la controversia gira en torno al contrato de obra No. 153 de 2007, que
fue suscrito entre el IDU y EL CONSORCIO. Pues bien, como la entidad contratante
es un establecimiento público22, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral
1 del artículo 2 de la Ley 80 de 199323 ostenta la calidad de entidad estatal y, por
ende, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir
las controversias en las que sea parte.

1.2. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de julio de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adicionada mediante providencia
del 25 de octubre de 2017, y por tratarse de un proceso con vocación de doble
instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA24,
dado que la pretensión mayor25 excede los 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes26 a la fecha de presentación de la demanda27.

22
El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU fue creado mediante el Acuerdo No. 19 de 1972, como
un establecimiento público del orden Distrital, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente.
23 Según lo previsto artículo 32 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,

son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2 de la Ley 80
de 1993, norma esta última que dispone: “Para los solos efectos de esta ley (…) 1o. Se denominan
entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital
y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación
que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles” (se destaca).
24“ARTÍCULO 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.
25 Se pidió la suma de $557’169.947, por concepto de saldo no recibido de administración, con

ocasión de una mayor permanencia de obra.
26 A la fecha de presentación de la demanda (2012) 500 SMLMV equivalían a $283’350.000.
27 La demanda se presentó el 3 de mayo de 2012 -cuyo auto admisorio se expidió el 2 de octubre de

2012-, luego de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 (en vigor a partir del 16 de junio de
2011), de manera que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 198 de la referida ley, la norma de
competencia aplicable es la Ley 1437 de 2011. A continuación se transcribe el artículo 198 de la Ley
1450 de 2011, que establece: “ARTÍCULO 198. DESCONGESTIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Con el propósito de evitar la
congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen
o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el
correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas
demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía
se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de
2011” (se destaca).

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

2. Acción procedente

De acuerdo con el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446
de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante
el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia
derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta
herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la
ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos
administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de
las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal;
(ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii)
que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se
condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que
se hagan otras declaraciones y condenas.

Dicho lo anterior, cabe señalar que en el presente caso la acción contractual ejercida
es la adecuada, por cuanto la parte actora pretende: (i) que se declare que operó el
silencio administrativo frente a la petición que radicó el CONSORCIO ante el IDU,
con el propósito de que reconociera que durante la ejecución del contrato suscrito
por tales partes dicha entidad incumplió sus obligaciones y que, por tal razón, se
generó la ruptura del equilibrio económico del contrato (pretensión principal); (ii) que
se declare el incumplimiento de las obligaciones del contrato No. 153 de 2007 por
parte del IDU; (iii) que se declare el rompimiento del equilibrio económico por causas
imputables a dicha entidad (pretensiones subsidiarias); (iv) que, como consecuencia
de lo anterior, se condene al ente demandado a pagar sumas por las cantidades de
material rajón descontadas y no pagadas al contratista, por el saldo no recibido de
administración con ocasión de una mayor permanencia en obra y por las obras
globales no ejecutadas por el CONSORCIO, producto de la reducción de la meta
física del contrato en cuestión; además de todo lo anterior, la parte demandante
solicita (v) que se liquide el respectivo negocio jurídico.

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Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

3. Legitimación en la causa

De conformidad con lo establecido en el artículo 8728 del CCA, subrogado por el
artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la legitimación en la causa en las acciones
contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, de
modo que el CONSORCIO y el IDU poseen el interés jurídico que se debate en el
sub examine y se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente, porque son los extremos de la relación contractual que suscitó la
controversia bajo análisis en esta sede judicial.

4. Ejercicio oportuno de la acción

El Código Contencioso Administrativo establece unas reglas especiales a las cuales
debe acudirse para efectos de determinar el momento a partir del cual debe iniciar
el cómputo de la caducidad cuando la demanda tiene origen en un contrato. Entre
esas reglas especiales existe una que hace relación a los contratos que requieren
de liquidación, actuación que viene a ser el punto de referencia para efectos de
computar el término para ejercer el derecho de acción.

La Sala advierte que la ejecución del negocio jurídico en cuestión es de tracto
sucesivo, por tratarse de la construcción de una obra, razón por la cual, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 199329, el contrato
objeto de estudio requiere de liquidación. En lo que a este caso interesa, resulta
pertinente traer a colación la regla consagrada en el artículo 136 del CCA, numeral
10, literal d), modificado por la Ley 446 de 1998, norma aplicable al caso concreto30,
que establece lo siguiente:

28 “ARTICULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un

contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las
declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare
su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras
declaraciones y condenas […]”.
29 “ARTÍCULO 60.- De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya

ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de
liquidación”.
30 Para efectos del cómputo de la caducidad es menester acudir a las reglas contenidas en las

normas vigentes al momento en que inició a correr el término. Al respecto, Cfr. Consejo de Estado,
Sección Tercera. Auto del 24 de abril de 2017. Rad.: 50602. En esta providencia se puso de presente
que, “[e]n punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la
regla de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de

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“d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria
del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su
defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción
para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2)
años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”.

En la cláusula décimo quinta31 del contrato de obra No. 153 de 2007 las partes
acordaron que aquel debía liquidarse dentro de los 6 meses siguientes a la
suscripción del acta de recibo final de la obra. Como dicha acta fue firmada el 15 de
mayo de 201032, el negocio jurídico debía liquidarse de común acuerdo a más tardar
el 16 de noviembre de 2010. En vista de que dicha actuación no se llevó a cabo, ha
de tenerse en cuenta el lapso de 2 meses para la liquidación unilateral -hasta el 17
de enero de 2011-, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, numeral 10, literal d), por lo que los 2 años de la caducidad
empezaron a correr el 18 de enero 2011, día siguiente al vencimiento de los aludidos
2 meses, pues el contrato de obra objeto de estudio tampoco fue liquidado
unilateralmente por la entidad contratante dentro de ese plazo.

En ese sentido, el plazo para interponer la demanda vencía el 18 de enero 2013 y,
teniendo en cuenta que el CONSORCIO la interpuso el 3 de mayo de 2012, la Sala
concluye que fue presentada en la oportunidad legal establecida, con
independencia del lapso de suspensión del término de caducidad por el agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial33.

los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable
deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados
en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente.”
31 “15. LIQUIDACIÓN. El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la

suscripción del acta de recibo final de obra, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la
Ley 80 de 1993. Si el contratista no se presente para efectos de la liquidación del contrato o las
partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU procederá a su liquidación unilateral de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 61 de la citada ley, para lo cual proferirá resolución motivada susceptible de
recurso de reposición”.
32 Acta No. 39 de Recibo Final de Obra (Fls. 85 a 88, C.3).
33 El CONSORCIO radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de mayo de 2011, trámite que

se declaró fallido el 12 de julio de 2011 (Fl. 1A, C.3).

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5. Objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver

5.1. De entrada resulta oportuno precisar que el marco fundamental para la
competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en
contra de la decisión recurrida. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil34, el superior no puede enmendar la
providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación.

Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe
resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de
201235, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra
sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo,
toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está
llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio
dispositivo y de congruencia. Así lo refirió esta Sección en aquella oportunidad:

“(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –
y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen
en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en
principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están
llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el
recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como
el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que
“las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
‘tantum devolutum quantum appellatum”.

En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el
recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión
judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez
de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al
superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia.

34 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable

al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.

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Dicho lo anterior, la Sala advierte que no se pronunciará sobre la pretensión
principal 3.1., relativa a que se declare que operó el silencio administrativo frente a
la petición que radicó el CONSORCIO ante el IDU, con el propósito de que se
reconociera que durante la ejecución del contrato en cuestión dicha entidad
incumplió sus obligaciones y que ello generó la ruptura del equilibrio económico del
contrato. Lo anterior, por la sencilla pero suficiente razón de que en el recurso de
apelación interpuesto por el CONSORCIO no se presentó cargo alguno contra la
determinación que al respecto se adoptó en la sentencia de primera instancia,
consistente en la negativa de la aludida pretensión principal 3.1.

En efecto, leído con detenimiento el recurso de apelación, la Sala observa que los
cuestionamientos del recurrente contra el fallo dictado por el a quo se dirigieron
concretamente frente a la negativa de las pretensiones subsidiarias (relativas a la
declaratoria de incumplimiento y/o de rompimiento del equilibrio económico del
negocio jurídico) y de la de liquidación del contrato, sin presentar manifestación de
inconformidad contra la determinación que desestimó la pretensión de que se
declarara que operó el silencio administrativo positivo.

5.2. Por otra parte, la Sala observa que en las pretensiones subsidiarias, que se
formularon bajo la óptica del incumplimiento y/o del rompimiento del equilibrio
económico del contrato, la parte actora pidió el reconocimiento de sumas de dinero
(i) por el material de piedra rajón descontado; (ii) por una mayor permanencia en la
obra por causas no imputables al contratista, producto de la vulneración del principio
de planeación, y (iii) por obras globales no ejecutadas con ocasión de la reducción
física del contrato No. 153 de 2007. Todos estos pedimentos fueron negados en la
sentencia de primera instancia, mientras que en el recurso de apelación interpuesto
por la demandante se dirigieron cuestionamientos concretos únicamente frente a
los puntos (i) y (ii), sin que se desprenda argumento alguno encaminado a que se
le reconozca lo reclamado por las obras globales no ejecutadas, es decir respecto
del punto (iii), pues ni siquiera hizo mención a ello en la alzada.

Precisado esto, la Sala se abstendrá de estudiar lo concerniente a la pretensión
para el reconocimiento de las obras globales no ejecutadas, en tanto este punto no
fue apelado y, como ya se advirtió en precedencia, el ad quem no puede enmendar

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la providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

5.3. De acuerdo con los reparos concretos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, a la Sala le corresponde determinar, de
acuerdo con los hechos probados, si hay lugar a declarar el rompimiento del
equilibrio económico del contrato en perjuicio del contratista y/o el incumplimiento
por parte de la entidad y, bajo este contexto, si hay lugar al reconocimiento de las
sumas reclamadas por concepto: (i) de la mayor permanencia en obra en la obra
por causas no imputables al contratista, producto de la vulneración del principio de
planeación y (ii) de las cantidades de material rajón descontadas al contratista.

A su vez, la Subsección se pronunciará sobre la pretensión de liquidación del
negocio jurídico -que fue negada por el fallo del a quo-, porque dicha decisión
también fue objeto de apelación por la parte demandante.

Lo anterior, no sin antes precisar el régimen jurídico aplicable al contrato de obra
No. 153 de 2007 suscrito entre las partes.

5.2.1. Régimen jurídico aplicable al contrato de obra No. 153 de 2007

Como el contrato que dio origen a la presente controversia, fue suscrito por el IDU,
establecimiento público del orden Distrital, y su objeto consistió en la “Construcción
de la calzada oriental de la Avenida Longitudinal de Occidente entre el Río Bogotá
y la Avenida Bosa, en Bogotá D.C”, cabe concluir que el régimen aplicable es el
previsto en la Ley 80 de 1993, estatuto vigente al tiempo de su celebración36, de
modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis del caso
concreto.

A su turno, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como aquel
que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. De igual
modo, en cuanto a su contenido, el artículo 40 ejusdem establece que las

36 Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 “En todo

contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.

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estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que
correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate,
pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad,
las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el
ordenamiento jurídico37.

De acuerdo con lo anterior, dado que las partes suscribieron un contrato para la
construcción de la calzada oriental de la avenida longitudinal de occidente entre el
río Bogotá y la avenida Bosa, en Bogotá D.C, en el que uno de los contratantes es
un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta
claro que el contrato es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto.

6. Hechos probados y pruebas relevantes para la solución del caso concreto

En el caso concreto la Sala analizará los documentos aportados en copia simple,
siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista
alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una
determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201338.

Los hechos probados son los siguientes:

37 El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en efecto dispone: "Del contenido del contrato estatal. Las

estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. / Las entidades podrán celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. / En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración."
38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. Rad.:

25022. “[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso
penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez
que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y
solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las
demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción […] En consideración a lo anterior y a
pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254
de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los
artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con
excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han
hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además,
aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”.

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6.1. Está acreditado que el IDU adelantó la licitación pública No. IDU-LP-DTC-032-
2007, con el objeto de contratar, a precio global fijo con ajustes, las obras requeridas
para la construcción de la calzada oriental de la avenida longitudinal entre el Río
Bogotá y la avenida Bosa, en Bogotá, según consta en la copia de los pliegos de
condiciones39.

6.1.1. En el capítulo 4 del pliego de condiciones quedó plasmada la “DESCRIPCIÓN
DE LAS OBRAS A CONTRATAR”, en los siguientes términos40:

“Si bien el IDU entrega con el presente pliego un CD con la información de los estudios
y diseños existentes, es importante aclarar que dichos documentos se entregan,
considerando que el contratista a quien se le adjudique la presente licitación, deberá
durante la etapa de preconstrucción efectuar la revisión, verificación, actualización,
ajustes y complementación de los estudios y diseños y los tomará como suyos. Dichos
planos de apropiación deberán llevar la firma de los especialistas responsables del
contratista.

Previo al inicio de las obras, el contratista contará con un mes para adelantar con la
interventoría la etapa de preconstrucción, donde el contratista revisará, verificará,
actualizará, ajustará, complementará y apropiará los diseños realizados por la firma
CIA. DE ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS S.A. CEI S.A. suministrados por el IDU,
para lo cual después de revisar, verificar, actualizar, ajustar y complementar las
memorias de cálculo, planos de diseño y demás documentación relevante, efectuará
la apropiación de los diseños y tomará como suyos los tales. Esto deberá realizarse
mediante la expedición de un acta de apropiación de los diseños suscrita entre el
contratista y la interventoría de la obra. La motivación de la apropiación de los diseños
no exime la responsabilidad del diseñador original, pero deja constancia que el
contratista conoce y acepta totalmente los diseños y está en capacidad de asumir la
responsabilidad total por la obra y garantizará la estabilidad de las obras, así como
de garantizar su recibo por parte de las empresas de servicios públicos y entidades
distritales competentes, independientemente de que los diseños sean entregados por
el IDU.

Mientras se adelantan las revisiones o se ejecutan los ajustes, complementaciones o
modificaciones a los diseños para apropiación de los mismos, y si a ello hubiere lugar,
podrá considerarse una suspensión de la etapa de preconstrucción, debidamente
justificada y aprobada por la interventoría y el IDU, suspensión que no generará
ningún tipo de costo para el IDU en el contrato. Por lo tanto en caso de darse esta
situación, el contratista deberá asumir todos los gastos que genere la suspensión,
incluyendo la actualización de las pólizas del contrato (...) Una vez revisados,
adoptados y/o modificados los diseños que el IDU puso a disposición de los
proponentes durante la licitación y previa verificación por parte de la interventoría de
que dichos estudios y diseños estén orientados a que las obras a construir cumplan
en un todo con lo establecido en las especificaciones generales, las especificaciones
particulares de construcción, los lineamientos establecidos por las normativas y
códigos existentes, las empresas de servicios públicos y demás entes distritales, y
del IDU que se encuentren vigentes, el contratista iniciará la ejecución de las obras
objeto del contrato”.

39 Fl. 2, C.6.
40 Fl. 53, C.6.

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6.1.2. A su vez, en el pliego de condiciones quedó establecido que durante la etapa
de preconstrucción el contratista debía efectuar, entre otras, las siguientes
actividades41: (i) revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación al
diseños geométrico, para garantizar un empalme adecuado de las obras a ejecutar
con las construidas en los extremos y a lo largo del corredor de la avenida; (ii)
revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación al espacio público,
para garantizar una integración de los andenes a construir con los existentes en las
zonas aledañas y una adecuada accesibilidad y drenaje a los predios que se
presentan diferencias de nivel con respecto a la rasante; (iii) revisión, verificación,
actualización, ajustes, complementación de los diseños hidrosanitarios; (iv)
incorporación de redes gas natural y telefónicas proyectadas (Colombia
Telecomunicaciones, EPM Bogotá, ETNB, Emtelco, entre otras) por las diferentes
empresas; (v) revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación de los
diseños de las redes eléctricas de CODENSA y telefónicas de la ETB, y (vi) en
general, revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación de todos los
estudios y diseños que conforman el proyecto.

6.1.3. También, en el pliego de condiciones, concretamente en el punto “2.4.3.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”, se plasmó lo siguiente42:

“Se deberá hacer el análisis para cada uno de los ítems de la lista de cantidades de
obra, precios unitarios y valor total de la propuesta, los cuales servirán de análisis
para la aprobación de precios no previstos.

Para los precios no previstos, el análisis de precios unitarios debe ser entregado a la
interventoría del contrato, quien deberá emitir su concepto y someterlo a la revisión y
aprobación por parte del IDU. En caso de obra adicional o complementaria, los precios
unitarios convenidos tendrán aplicación”.

6.2. Se encuentra probado que, mediante Resolución No. 6806 del 26 de diciembre
de 200843, se adjudicó la licitación pública No. IDU-LP-DTC-032-2007 al
CONSORCIO, integrado por las sociedades INSCO LTDA. e INCOPAV S.A.44, tal
como se constata en los antecedentes del contrato No. 153 de 2007 45.

6.3. Quedó establecido que el 28 de diciembre de 2007 el CONSORCIO y el IDU
suscribieron el contrato de obra No. 153, cuyo objeto consistió en que el primero se

41 Fl. 54, C.6.
42
Fl. 36, C.3.
43 Fls. 113 a 120, C.3.
44 De acuerdo con el documento de conformación del consorcio (Fl. 1, C.3).
45 Fl. 78, C.6.

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comprometía con la entidad estatal a ejecutar, por el sistema de precio global fijo
con ajustes, las obras requeridas para la construcción de la calzada oriental de la
avenida longitudinal de occidente entre el río Bogotá y la avenida Bosa, en Bogotá,
por un valor de $9.717.587.644, incluido el AIU.

6.3.1. En la cláusula tercera se pactó lo concerniente a la forma de pago, así: “EL
IDU pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:

a) Un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor de la construcción,
el cual será amortizado deduciéndolo de cada acta de obra en el mismo porcentaje
citado y se tramitará una vez cumplidos los requisitos y procedimientos que adelante
se señalan.

b) El valor del contrato se pagará mediante pagos mensuales de obra ejecutada a
satisfacción del IDU, previa valoración por parte de la interventoría, del cumplimiento
de las secciones ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el apéndice respectivo
(cronograma de obra). De cada acta mensual obra ejecutada, se amortizará el
porcentaje de anticipo, hasta su cancelación
(...)
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por
el interventor contratado por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del
IDU”.

6.3.2. El plazo para la ejecución se pactó en 11 meses, contados a partir de la
suscripción del acta de iniciación46.

6.3.3 En la cláusula séptima del contrato se estipuló, entre otras, las siguientes
obligaciones a cargo del contratista: (i) ejecutar el contrato de conformidad con lo
previsto en el pliego de condiciones y la propuesta; (ii) presentar constancia de
recibo y aprobación de las respectivas empresas de servicios públicos y
telecomunicaciones a las cuales se les haya ejecutado obras durante la ejecución
del contrato, donde conste la construcción de estas para los distintos servicios
públicos; en el caso en que existan redes en la zona de ejecución del contrato que
no hayan sido intervenidas, se obliga a presentar paz y salvo respectivo donde
conste que no fueron afectadas; (iii) recopilar y analizar toda la información
disponible sobre redes existentes y proyectadas (datos técnicos de la EABB),
especificaciones técnicas e insumos requeridos.

46 Cláusula quinta del contrato (Fl. 82, C.3).

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6.3.4. En la cláusula octava se acordaron las obligaciones a cargo del IDU, que
fueron: (i) realizar los pagos en la forma contemplada en este contrato y (ii) prestar
su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

6.3.5. Al tenor de la cláusula décimo sexta, formaban parte integral del contrato los
pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, la propuesta presentada por el
contratista y el documento denominado “cláusulas comunes a los contratos
celebrados por el IDU”. En cuanto a este último, se estipuló en su numeral 1 lo
siguiente, en punto a los intereses moratorios:

“1. INTERESES MORATORIOS. Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las
sumas pactadas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha
de radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere
a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada, el IDU
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil
sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE,
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993”.

6.4. Está acreditado que el 28 de diciembre de 2007 el IDU y el CONSORCIO
INTERVENTORÍAS VÍAS LONGITUDINAL suscribieron el contrato de interventoría
No. 167 de 2007, en virtud del cual el segundo se comprometió con la entidad a la
realización de la interventoría técnica, ambiental, social administrativa, financiera y
legal de la construcción de la calzada oriental de la avenida longitudinal de
occidente, calzada orienta entre el río Bogotá y la avenida Bosa.

6.4.1. Se encuentra probado que el 14 de abril de 2008 se suscribió el “Acta No. 1
de INICIACIÓN DE ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN”47, de acuerdo con la cual se
precisó lo siguiente: (i) que el 14 de mayo de 2008 terminaba la etapa de
preconstrucción y (ii) que el 14 de marzo de 2009 finalizaba el contrato de obra.

6.5. Quedó establecido que el 12 de mayo de 2008 los co-contratantes, junto con la
interventoría, suscribieron el Acta No. 3 para suspender el plazo del contrato No.
153 de 2007 en 16 días, por las siguientes causas48:

“En desarrollo de la etapa de preconstrucción y de acuerdo con las obligaciones del
Consorcio ALO 2008, dicho consorcio hace la revisión de los estudios y diseños en
los distintos componentes del estudio realizado por la COMPAÑIA DE ESTUDIOS E
INTERVENTORÍA S.A., CEI, para la construcción del Tramo I de la Avenida
Longitudinal del Occidente, localizada entre el río Bogotá y la Avenida Bosa en

47 Fls. 81 y 82, C.3.
48 Fls. 98 y 99, C.3.

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Bogotá, encontrando en dicha revisión la necesidad de construir la capa de desplante
para el mejoramiento de la subrasante, la cual, de acuerdo con los diseños de CEI,
tendrá un espesor promedio de 75 cms a lo largo de toda la vía.

Así las cosas, el consorcio ALO 2008 encuentra que el valor económico de dicho
espesor no se encuentra en el presupuesto informativo provisto por el IDU en la etapa
precontractual de la licitación pública, teniendo en cuenta lo anterior y ya que esta
actividad se encuentra en la etapa inicial del proceso constructivo, se solicita se
suspenda el contrato por un término de 16 días calendario, tiempo en el cual se
realizará consulta al interior del IDU y a la consultoría encargada de realizar los
estudios y diseños, para aclarar dicha inconsistencia”.

6.6. Se encuentra acreditado que el 22 de mayo de 2008 funcionarios del IDU, del
CONSORCIO y de la interventoría suscribieron “Acta de Comité de Seguimiento”,
con el fin de exponer las causas de la suspensión del contrato de obra a la Dirección
Técnica de Construcciones del IDU y, a su vez, aclarar los aspectos técnicos en las
áreas de geotecnia y pavimentos.

Esto se consignó en la referida acta49:

El ing. Especialista en Geotécnica del contratista de obras y el Ing. Director del
proyecto exponen lo siguiente: se evidencia un suelo de comportamiento
metaestable, con alta comprensibilidad, por lo que se hace necesario la
compensación de presiones de expansión con las alturas de los terraplenes y el
concurso de los geosintéticos de acuerdo con el diseño de CEI. Actualmente se
presentan variaciones en el nivel freático que inciden directamente en el
comportamiento de los terraplenes y en la zona donde se cimentarán los mismos,
pues al presentarse la variación en los niveles freáticos se ve comprometida la
capacidad portante de la subrasante. Las exploraciones realizadas en la etapa de
diseño y la actualización del mismo se efectuaron exclusivamente para la zona de
pontones, en la revisión de los diseños a las cuales se concibe el diseño original y las
actuales, evidenciando la presencia de nivel freático a profundidades menos de 2
metros afecta directamente la capacidad portante del terreno en relación con las
alturas de los terraplenes, lo que genera la necesidad de realizar un reemplazo de
material con una profundidad que depende de los resultados en las verificaciones de
presiones de expansión y análisis puntual de la subrasante en la etapa constructiva.
Por todo lo anterior, se genera un volumen adicional al contrato aproximado de 28800
m3 (de material para el mejoramiento de la subrasante, los cuales no fueron
contemplados en el presupuesto informativo publicado por la entidad en la etapa de
licitación pero que aparece diseñado por CEI en las memorias de cálculo. si bien es
cierto se refirió en los diseños el remplazo, no fue claro la necesidad de su ejecución,
pues tal como lo manifestó el especialista consultor, se partió de la premisa en el
diseño de descapotar una capa de 15 cm aproximadamente (siempre se debe retirar
la capa vegetal) y cimentar los terraplenes sobre subrasante sana (donde no hubiese
problema de reflexión de fisuras), pues las presiones de expansión se controlaban
con la colocación geomallas biaxiales (refuerzos primarios) y con base en la altura de
los terraplenes de acuerdo con las cotas hidráulicas.

A continuación, el Ing. José Bernardo Romero, Especialista en Geotecnia de la
Interventoría de Obra, emite concepto acerca de los diseños y las observaciones
realizadas a los mismos por parte del Contratista de Obra, explicando que esta

49 Fls. 100 a 103, C.3.

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interventoría revisó los diseños iniciales y los encuentra adecuados, sin embargo
considera que en los mismos se contempla la capa de mejoramiento y que se
considera ejecutar está en todo el corredor, planteamiento del cambio de la estructura
de pavimento se debe sustentar con más soportes, dicho análisis debe ser presentado
a interventoría y consultoría para su revisión y aprobación, también es claro que se
debe construir la capa de mejoramiento y que la no inclusión en el presupuesto no es
del alcance del análisis técnico de la Interventoría. El Ing. Germán Ramirez B.,
Director de Interventoria de obra, indica que está situación, obliga a la revisión pliegos
y se tomen decisiones por parte del IDU.

Al respecto, el ing. Norman Ricardo Sánchez D. Coordinador Técnico del Contrato
IDU, comunica que se han revisado los pliegos y todos los documentos anexos,
publicados por la entidad en internet durante la licitación, incluye presupuesto
informativo, confirmando que efectivamente no aparece el volumen correspondiente
al reemplazo o mejoramiento. Por esta razón se realizó la consulta a la División de
Estudios y Diseños de la entidad con el fin aclarar dicha situación, quienes comunican
que la respuesta a esta consulta será entregada el día de mañana en horas de la
tarde o el martes 27 de mayo de 2008.

La Directora de Construcción del IDU explica que independientemente que la entidad
tenga información adicional complementaria a la publicada, es válida la observación
respecto a que el presupuesto informativo no contempla cantidades de obra del
mejoramiento, y teniendo en cuenta que esta era la información para la elaboración
propuestas técnica y económica por parte de los proponentes, debe considerarse
como adicional al contrato. De otra parte dadas las condiciones actuales de la zona
del proyecto se requiere técnicamente la ejecución de esta actividad, por lo que se
evaluará las cantidades y costos necesarios para el desarrollo de la misma.
(....)
Adicionalmente, el consorcio ALO 2008 plantea la opción de construir en el aproche
del puente sobre el río Bogotá un muro en tierra reforzado con geotextil, el cual se
acompaña con un muro en mampostería estructural de fachada o con taludes
empradizados, y con en el informe presentado por interventoría, esta comunica que
está de acuerdo siempre y cuando el consultor lo apruebe se solicite el concepto del
especialista en geotécnica del consultor (CEI S.A.), a lo que responde que esta opción
efectivamente está contemplada dentro de los diseños y que es completamente válido
implementar esta alternativa, incluso proporcionaría mejor comportamiento de los
suelos en esta zona y mayor estabilidad al terraplén. La Directora de construcción
expresa su conformidad con la propuesta del muro en tierra reforzada con el talud
empradizado, pues ecológicamente genera menor impacto ambiental y mejorar el
entorno”.

6.7. Se demostró que el 29 de mayo, mediante “Acta No. 4”, se reinició el contrato50;
que el 30 de mayo de 2008 se suscribió el “Acta No. 5 de apropiación de diseños” y
que el 3 de junio de 2008 se firmó el Acta No. 6, “de iniciación de la etapa de
construcción”51.

6.8. Quedó establecido que mediante “Acta No. 26 de Comité Técnico de
Seguimiento”, suscrita el 30 de octubre de 2008, la interventoría adquirió el

50 Fl. 99, C.3
51 Fls. 107 y 108, C.3.

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compromiso con el contratista de radicar ante el IDU “la programación con los
$1.500.000.000 de adición”52.

6.9. Está probado que el 29 de diciembre de 2008 el CONSORCIO y el IDU
suscribieron una adición al contrato de obra No. 153 de 2007, en cuanto al valor
inicialmente pactado, en una suma de $1.500.000.000.

Sus fundamentos fueron los siguientes:

“De acuerdo con el Acta de solicitud de adición de fecha 16 de octubre de 2008,
suscrita por el contratista, el interventor, el coordinador, el subdirector técnico de
ejecución de obras y la directora técnica de construcciones, las causales de solicitud
son las siguientes:

La solicitud de adición manifestada por el contratista y la cual fue analizada se
fundamenta en los siguientes puntos: 1. Durante la revisión de los estudios y diseños
efectuada en la etapa de preconstrucción, y en la misma etapa de construcción donde
se efectuaron ensayos de laboratorio por parte del contratista de la obra, para
determinar y verificar valores de las presiones de expansión de los suelos existentes
que hacen parte de la subrasante, se evidenció por parte de los especialistas en
geotecnia y pavimentos del contratista y la interventoría de la obra, la necesidad de
instalar en obra materiales de tipo geosintético (geotextil BX-30 y geomalla BX-100)
para evitar la contaminación del material de mejoramiento y en especial, para
controlar las altas presiones de expansión presentes en los materiales existentes en
el corredor de los tramos I y II (Av. Bosa canal Tintal IV). Así mismo, la variación de
las condiciones del nivel freático en todo lo largo del corredor vial, entre las
condiciones encontradas en el momento de realizar estudios y diseños, y el tiempo
de inicio de las actividades de construcción, ratificaron como lo indicaron los
especialistas en suelos y pavimentos del contratista y la interventoría de obra, la
necesidad de utilizar también geosintéticos en el tramo III del proyecto (canal Tintal
IV – Río Bogotá), ya que esta condición altera la capacidad portante del suelo
subrasante, siendo necesario como criterio de control contrarrestar con estos
elementos los procesos de deformación vertical (asentamientos), en lugar de
presiones de expansión, situación dada en los dos primeros tramos (Av. Bosa . Canal
Tintal IV). Estas actividades nuevas y técnicamente necesarias para asegurar la
estabilidad de la obra generan como consecuencia lógica costos adicionales al
contrato que no estaban contemplados preliminarmente.

Es pertinente aclarar que los geosintéticos antes mencionados y sus respectivas
cantidades se utilizarán en el mejoramiento del corredor vial, y son diferentes a las
cantidades de geosintéticos que aparecen en el presupuesto informativo publicado en
la etapa de licitación, las cuales corresponde al material a utilizar en los terraplenes
del corredor vial y en los sectores donde están ubicados los terraplenes de acceso a
los puentes.

2. En ejecución de las actividades de mejoramiento del presente contrato, se
encontraron condiciones existentes (posiblemente por la presencia cambiante de
nivel freático) manifiestamente desfavorables a nivel de material subrasante (fallos
locales en capacidad portante) que obligan a realizar un tratamiento adicional para
asegurar una adecuada plataforma de trabajo y en consecuencia la estabilidad de la
obra. Esta situación generará costos adicionales al contrato no contemplados al inicio

52 Fls. 129 y 130, C.1

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del mismo pues se evidenciaron en la etapa de ejecución (...) Es importante precisar
que con el valor adicional solicitado alcanza para llevar a cabo las actividades de
mejoramiento indicadas en los tres numerales anteriores, para los tramos I y II, y para
parte del tramo III, aproximadamente hasta el K34+680...”

6.10. Se encuentra acreditado que el 29 de diciembre de 2008 el CONSORCIO y el
IDU suscribieron una segunda adición al contrato de obra No. 153 de 2007, también
en lo que tiene que ver con el valor, el cual se adicionó en $727.000.000, con la
precisión de que la adición únicamente se destinaría para la ejecución de
actividades de construcción, no para gestión social y ambiental, plan para manejo
de tráfico, señalización y desvíos en la etapa de construcción 53. Los mismos
fundamentos de la adición uno sustentaron la adición dos. Esto quedó plasmado en
ese documento:

“Con la presente adición No. 2 y con el monto de la adición No. 1 se cubre el valor
total presupuestado para llevar a cabo las actividades de mejoramiento indicadas en
los numerales anteriores, desde el K34+680 tramo III hasta llegar al K35+222”.

6.11. Se demostró que el 25 de marzo de 2009 el CONSORCIO y el IDU
suscribieron una tercera adición al contrato de obra No. 153 de 2007, para prorrogar
el plazo pactado en tres meses, con la precisión de que la “prórroga no genera
ningún costo adicional para el IDU”54. Sus fundamentos fueron los siguientes:

“3. Que al contrato se le realizaron dos adicionales, con el valor estimado de las
actividades nombradas en los numerales anteriores, y se valorizaron con base en los
precios unitarios aprobados por el IDU, mediante memorandos STAA-1600-38685 de
fecha 10 de septiembre de 2008 y mejoramiento a construir la obra, propuestas por
el especialista en suelos y pavimentos del contratista y aprobadas por la interventoría
para cada uno de los tramos en que se ha dividido el contrato. 4. Por lo anterior se
solicita un plazo adicional de tres (3) meses para la prórroga, tiempo que se estimó y
evaluó de acuerdo con los rendimientos observados en las actividades adicionales ya
ejecutadas en los tramos denominados I, II y parte del III (desde la AV. Bosa hasta el
K35+030).

Es pertinente mencionar que actualmente falta las actividades de colocación de
material de mejoramiento en el tramo II entre K35+030- río Bogotá, y que los
rendimientos de ejecución de obra son menores en dicho sector debido a que las
condiciones de humedad y saturación altos, y esto presupone un tiempo de ejecución
mayor al que se presentó en los otros dos tramos, en los procesos constructivos para
la estructura de mejoramiento propuesta y aprobada para esta zona.5. Así las cosas,
el tiempo adicional que se requiere para la realización de las actividades de
mejoramiento en la subrasante (no contempladas originalmente) desplazan
consecuentemente en tiempo a las actividades contractuales iniciales, ya que estas
actividades adicionales son predecesoras de las actividades de construcción de
terraplén y estructura de pavimento, lo que implica un desplazamiento de la fecha
inicialmente prevista para la culminación del proyecto”.

53 Fls. 104 y 105, C.3.
54 Fls. 106 a 108, C.3

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6.12. También está probado que el 26 de junio de 2009 el CONSORCIO y el IDU
suscribieron una cuarta adición al contrato de obra No. 153 de 2007, con el objeto
de extender el plazo del negocio jurídico en setenta (70) días, con la precisión de
que la “prórroga no genera ningún costo adicional para el IDU”55.

De conformidad con lo expuesto en el acuerdo de voluntades, la extensión del plazo
obedeció al tiempo requerido para la realización de actividades que no estaban
contempladas inicialmente y que resultaban necesarias para asegurar la estabilidad
de las obras, puntualmente el suministro e hincado de un mayor número de pilotes
y la instalación de material de refuerzo de tipo geosintético en el material de
mejoramiento entre las abcisas K35-055 y K35-160.

6.13. Quedó establecido que la finalización del plazo contractual tuvo lugar el 7 de
septiembre de 2009 y que, una vez realizada la inspección de las obras por parte
del contratista y del interventor, el 15 de mayo de 2010 se suscribió el acta No. 39
de recibo final de la obra56.

Testimonios y dictámenes periciales

6.14. En el proceso se recibió el testimonio de Fernando Marcelo Casas, quien se
desempeñó como represente del CONSORCIO57. En su declaración indicó que el
contrato de obra No. 153 de 2007 tuvo una suspensión por 16 días que se originó
por algunas diferencias encontradas en los diseños entregados por la entidad y la
revisión de aquellos tenía que realizarla el CONSORCIO, lo que conllevo a cambios
sustanciales en la ejecución del negocio jurídico, todo lo cual condujo a la
ampliación del plazo contractual en dos oportunidades. Esto señaló:

“(...) el contrato tuvo una duración mayor al inicialmente contratado con la
entidad, plazos que se aumentaron, entre otras, por las actividades no previstas
pero en especial por la demora que la entidad tuvo para definir el alcance real
del proyecto, obligándonos a permanecer en obra un mayor tiempo del estimado
y pagándonos a su vez un valor muy inferior al pactado en el contrato, el cual,
como ya lo he dicho, corresponde a precios globales fijos. Esto quiere decir que
el impacto que el CONSORCIO ALO 2008 sufrió por esta decisión está
relacionado con un mayor costo de administración dejado de recibir al no
percibir el pago total de lo acordado”

55 Fls. 109 a 112, C.3
56 Fls. 142 a 145, C.6.
57 Fls. 148 a 151, C.1

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

En relación con el suministro, transporte e instalación de rajón, el testigo refirió:

“PREGUNTADO. Sírvase indicarle al despacho si recuerda cuál fue el sistema
de precios pactado para el pago del ítem 4NP “suministro, transporte e
instalación de rajón” al CONSORCIO ALO 2008. CONTESTADO. Sí, el sistema
de precios pactado para este ítem fue por metro cúbico, medidos sobre
volquetas precio que fue acordado entre la entidad contratante y el
CONSORCIO ALO 2008 (…) La cantidad de material que se pagó por IDU no
corresponde con la unidad de pago pactada, pues la interventoría
unilateralmente decidió modificar la forma de pago indicando que lo pagaría por
topografía, lo que afectó los intereses económicos del contratista

PREGUNTADO. Indíquele al despacho si recuerda si pagó o no al
CONSORCIO ALO 2008 un volumen de rajón de 685 metros cúbicos
correspondiente al ítem 4NP “suministro, transporte e instalación de rajón”, por
parte del IDU? CONTESTADO. No, ese volumen no fue cancelado por parte de
la entidad debido a que la interventoría cambió la forma de pago pactada”.

6.15. También se practicó el testimonio Gerardo Hernández Castillo, quien trabajó
como residente de la obra para el CONSORCIO58. En su declaración sostuvo que
el contrato se suspendió por 16 días, porque los diseños de las redes secas y
húmedas no estaban definidos por parte del IDU, además de que no estaba claro el
alcance global del contrato. A su vez, señaló que se presentaron adiciones en dinero
y en plazo durante la ejecución del negocio jurídico, dado que resultaron obras
adicionales a las presupuestadas. Al preguntársele sobre los cambios que debieron
efectuarse a los estudios y diseños del contrato, dijo que “los cambios fueron la
inclusión de un mejoramiento para el suelo, cambios en las redes secas, cambios
en las redes húmedas y mejoramiento en los terraplenes de la vía, en el sector III”,
a lo que añadió que tales modificaciones eran necesarias para la estabilidad de la
obra.

Particularmente, sobre el pago del suministro, transporte e instalación del rajón, el
testigo sostuvo lo siguiente:

“PREGUNTADO. Indíquele al despacho si recuerda si el ítem 4NP “suministro,
transporte e instalación de rajón” hizo parte de las actividades inicialmente a
desarrollar por parte del Consorcio ALO 2009. CONTESTADO. El ITEM 4NP no
hacía parte de las actividades inicialmente a desarrollar por parte del
CONSORCIO ALO 2008. PREGUNTADO. Conforme a la anterior respuesta,
podría indicarle al despacho cuáles fueron las causas por las cuales el ITEM
4NP “suministro, transporte e instalación de rajón” no hizo parte de las
actividades inicialmente a desarrollar por parte del CONSORCIO ALO 2008.

58 Fls. 153 y 154, C.1

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

CONTESTADO. No hizo parte porque este ITEM resultó de la revisión de los
estudios y diseños, los cuales no lo tenían contemplado.

PREGUNTADO. Recuerda usted cuál fue el sistema de precios pactado para el
pago del ITEM 4NP “suministro, transporte e instalación de rajón”.
CONTESTADO. El ITEM 4NP se pactó pagar recibiéndolo en volqueta
cubicando la volqueta y contando la cantidad de viajes de volqueta que
llegaron a obra, este pacto se soportó en un análisis de precios unitarios
que fue avalado por la interventoría de la obra y por el IDU, quienes como
soporte tienen el análisis de precios firmado por todas las partes.

PREGUNTADO. Recuerda usted si la interventoría modificó la metodología de
pago prevista para el ITEM 4 NP “suministro, transporte e instalación de rajón”.
CONTESTADO. Sí lo modificó porque la interventoría decidió hacer el pago
del rajón mediante cubicación topográfica de la caja de excavación donde
se depositaría el rajón, incrementando el volumen en un porcentaje de
desperdicio muchísimo menos al que realmente se obtiene en obra y haciendo
caso omiso al análisis de precio unitario que se había pactado en conjunto con
el IDU”.

6.16. El señor Edber Fredy Andrade Fiaga59, quien trabajó como programador de
proyecto para la época de los hechos, rindió testimonio y afirmó que la ejecución
del negocio jurídico se suspendió por el lapso de 16 días, porque los diseños no
eran claros, al punto de que “lo que estaba en los diseños no correspondía con lo
que se encontraba en el campo”, a lo que agregó que también se presentaron
adiciones en dinero y en tiempo por la indefinición en diseños de la parte eléctrica,
de las alcantarillas, del tramo III, lo que, a su juicio, generó una mayor permanencia
en obra. En lo que tiene relación con los pagos por el transporte, suministro e
instalación de material de rajón, indicó:

PREGUNTADO. Recuerda usted qué sucedió respecto de las planillas de
control de entrada y salida de volquetas de los días 30 de diciembre de 2008, y
6 y 7 de enero de 2009. CONTESTADO. Se firmaron por parte del residente del
contratista y por la interventoría – un supervisor de la interventoría se firmaron
y se pactaron para cobro y se archivaron.

6.17. Guillermo Corredor Colorado60, quien trabajó para el CONSORCIO, rindió
testimonio en el que sostuvo que fue el director de la obra, encargado de la
planeación y de la ejecución del contrato. Señaló que en la etapa preliminar del
negocio jurídico se presentó una suspensión por algunos aspectos técnicos del
proyecto.

59 Fls. 155 y 156, C.1.
60 Fls. 226 a 230, C.1.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

Concretamente, sobre el pago de lo correspondiente por suministro, transporte e
instalación de rajón, el testigo indicó:

PREGUNTADO. Recuerda usted si el ítem 4NP “suministro, transporte e
instalación de rajón” hizo parte de las actividades inicialmente a desarrollar por
parte del CONSORCIO ALO 2008. CONTESTADO. Pues yo no recuerdo el
número pero por la descripción del ítem eso correspondió a una obra no
prevista. PREGUNTADO. Explíquele al despacho las causas por las cuales
incluyó como actividad no prevista el ítem 4NP “suministro, transporte e
instalación de rajón”. CONTESTADO. Correspondía a un ítem adicional
derivado de la necesidad de ajuste a las condiciones técnicas para el desarrollo
del proyecto, y en particular el mejoramiento de la capacidad portante del
corredor correspondiente al trazado de la vía.

PREGUNTADO. Recuerda usted cuál fie el sistema de precios pactado para el
ítem 4NP. CONESTADO. Fue por precios unitarios. PREGUNTADO. Sírvase
señalar al despacho qué sucede respecto a la metodología de pago prevista en
la ejecución del contrato respecto del ítem 4NP. CONTESTADO. Dadas las
condiciones del terreno se estableció que la cuantificación de este material era
difícil de evaluar en aspecto del desperdicio, por lo tanto, se planteó la medición
del mismo al ser colocado. PREGUNTADO. A folio 78vto del cuaderno No.2 se
encuentra el documento denominado, análisis de precios unitarios del 20 de
septiembre de 2008, para que por favor se sirva leer su contenido y se sirva
indicarle al despacho si usted suscribió este documento. CONTESTADO.
Después de visto el documento, puedo decir que es mi firma.

Relacionados los testimonios, se observa que los declarantes tuvieron un vínculo
laboral o contractual con las partes, en especial con el CONSORCIO. En los
términos del artículo 217 del CPC61, quienes tengan relación de dependencia con
alguna de las partes del proceso pueden considerarse como sospechosos para
declarar; sin embargo, la Sala advierte que este tipo de declaraciones no pueden
desecharse de plano, sino que deben valorarse con mayor rigor, de acuerdo con
las demás pruebas que reposan en el expediente y las circunstancias de cada
caso, todo ello basado en la sana crítica.

6.18. En el proceso obra un dictamen pericial rendido por el ingeniero civil Enrique
Rodríguez Niño62, practicado a solicitud de la parte actora, con el fin de que se
pronunciara sobre la idoneidad técnica de los estudios y diseños previos elaborados
por el IDU y así demostrar, entre otras cosas, que la entidad incumplió con el deber
legal de realizar una correcta planeación. Asimismo, la experticia se solicitó para
que determinar las cantidades de rajón efectivamente ejecutadas y no pagadas.

61 El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil establece que son sospechosas para declarar

las personas que en concepto del juez se encuentre en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
62 Fls. 197 a 218, C.1.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

El dictamen, en términos generales, sostuvo que los estudios y diseños inicialmente
entregados por parte del IDU, más que inconsistencias requerían aclaraciones y
complementos en comportamiento de suelos, de cimentación, entre otros; a su vez,
señaló que, de acuerdo con el acta No. 3 de suspensión de plazo, la etapa de
preconstrucción para la revisión, valoración, actualización, ajuste y complemento de
los estudios y diseños por parte del contratista se incrementó en 16 días, a lo que
agregó que, durante todo el plazo de construcción, los estudios y diseños se
siguieron modificando. Frente al cuestionamiento de si existió o no un impacto
negativo por los diseños incompletos que produjo un mayor plazo de ejecución, el
perito indicó lo que a continuación se transcribe:

“Lo que sí se puede considerar como un fuerte impacto negativo en el desarrollo
económico del contrato son las cuantías de las adiciones económicas
(inicialmente $2.227 millones, que finalmente fueron $1.477 millones
únicamente, equivalente a un 15.2% del valor inicial del contrato) y las adiciones
en plazo (5.87 meses, equivalentes al 53.3% del plazo inicial del contrato), ya
que no tiene carta de presentación que por una adición en cuantía del 15.2% el
plazo del contrato se adiciones en un 53.3%, más de la mitad del plazo
contractual inicial”.

En relación con el ítem No. 4 “suministro, transporte e instalación del rajón”, el perito
dictaminó lo que a continuación se transcribe:

“1.1. Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, diseños, estudios previos,
planos y demás documentos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato
inicialmente pactado determine si el ítem 4NP “suministro, tramsporte e instalación
del rajón” hacía parte de las actividades incialmente a desarrollar por parte de
CONSORCIO ALO 2008. Respuesta 1.1. Revisadas todas las condiciones expuestas
a la pregunta, el ítem 4NP no estaba incluido dentro de las actividades a desarrollar
inicialmente por el CONSORCIO ALO 2008.

1.2. De ser negativa la respuesta anterior, determine las causas por las cuales se hizo
necesario incluir el ítem 4NP “suministro, transporte e instalación del rajón” como
actividad adicional a desarrollar por parte del CONSORCIO ALO 2008. Respuesta
1.2. Debido a las presiones de expansión de los suelos existentes, presiones
verticales que producen hundimientos y a la variación de las condiciones de nivel
freático en los tramos I y II requirió entre otros, de suministro e instalación de rajón
para mejorar la capacidad portante o resistencia del terreno.
(…).
En el único documento contractual que quedó estipulada la forma de valoración y
pago del ítem 4NP “suministro, tramsporte e instalación de rajón” al CONSORCIO
ALO 2008 es el análisis de precio unitario (APU), en el cual quedó consignada la nota
que figura en la respuesta 1.3., que dice: “el rajón será cuantificado como material
suelto, medido por el número de viajes que ingreses a la obra” (…) El precio
acordado para el ya citado ítem 4NP fue de $45.678 m3.

1.6. De acuerdo a sus conocimientos técnicos, sírvase indicar si al leer
detalladamente el APU 4 NP se puede interpretar una forma de pago diferente

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Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

de la de material suelto medido en volqueta. Respuesta. Realmente no (…) En el
acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 se descontaron por parte de la
interventoría 2.505 m3 correspondiente al ítem 4NP “suministro, transporte e
instalación de rajón”.

1.9. Conforme al acta de obra No. 37 sírvase indicar cuál fue el volumen finalmente
pagado por el IDU del ítem 4 NP “suministro, transporte e instalación de rajón”.
Respuesta. Fue de 816,30 M3, en la citada acta.

1.10. Conforme al Acta de obra No. 37 sírvase indicar cual fue el volumen pagado en
dicha acta y su acumulado. Respuesta. De acuerdo con el acta No. 37 de recibo
parcial de obra No. 16, el volumen pagado del ítem 4 NP fue de 816.30 M3 y el
acumulado de 13.245 M3

1.11 Sírvase indicar conforme a las planillas de control de entrada y salida de
volquetas de los días 30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero de 2009, el volumen
de rajón del ítem 4 NP correspondiente a esos días. Respuesta 1.11. El volumen del
ítem 4NP con errores y correcciones en las mismas planillas de control se establece
así:

Diciembre 30 de 2008= 368m3
Enero 6 de 2009= 214 m3
Enero 7 de 2009= 103m3
Total= 685 m3

1.12. Establezca conforme a los documentos contractuales a las planillas de control
de entrada y salida de volqueta de los días 30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero
de 2009 si se pagó o no al CONSORCIO ALO 2008 un volumen de rajón 685m3
correspondiente al ítem 4NP. Respuesta. Los únicos documentos contractuales
mediante los cuales se puede comprobante el pago del ítem 4NP son las actas
de recibo parcial de obra, el acta de recibo final de obra o el acta de liquidación
de obra; en ninguna de las existentes para el presente contrato describe un
pago de 685m3 de rajón al CONSORCIO ALO 2008.

1.14. Sírvase indicar conforme al acta de obra No. 37 si se reconoció por parte del
IDU al CONSORCIO ALO 2008 el total descontando mediante Acta No. 13 de recibo
parcial de obra No. 7 de fecha 30 de enero de 2009. Respuesta. En el acta No. 37 de
recibo parcial de obra No. 16 se recibieron 816,30m3 del ítem 4NP. Siendo el total
descontado en el acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 un volumen de 2.505
m3 se puede decir que se dejaron de reconocer o recibir 1.688.70 m3 del citado ítem”.

La parte actora presentó solicitud de aclaración y de complementación 63 frente al
dictamen, a efectos de cuantificar el supuesto impacto negativo por el mayor plazo
de ejecución, comparar las cantidades del presupuesto proyectado por el IDU frente
a las cantidades ejecutadas por el CONSORCIO, e indicar a qué se debieron las
modificaciones a los estudios y diseños. Adicionalmente, pidió al perito que aclarara
cuál fue el volumen total de rajón dejado de pagar al contratista.

63 Fls. 250 a 253, C.1.

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El perito aclaró y complementó el dictamen64. Cuantificó el impacto negativo por el
mayor plazo de ejecución en la suma de $636.545.807, que representa el valor de
la administración que el contratista dejó de recibir. Frente a la comparación entre el
presupuesto proyectado por el IDU y lo ejecutado por el contratista, el experto
manifestó que con el pliego de condiciones no se suministró un presupuesto para
las obras de construcción, ya que se trataba de un contrato a precio global, de ahí
que no fuera posible comparar lo ejecutado con lo proyectado. Por último, aclaró
que el volumen total de rajón dejado de pagar fue 2.505 m3.

La entidad demandada objetó por error grave el dictamen65, en resumen, porque en
los pliegos de condiciones se describieron las actividades a ejecutar durante la
etapa de construcción, por lo que todos los proponentes, entre ellos el
CONSORCIO, sabían desde el proceso licitatorio todas las actividades que
deberían realizar en dicha etapa, hasta efectuar la apropiación de los diseños, de
manera que tenían conocimiento acerca de las posibles actividades adicionales que
surgirían producto de la etapa preconstrucción. Adicionalmente, señaló que se
ignoró la suscripción de dos contratos adicionales en valor y de otros dos
adicionales en plazo, estos últimos en los que se pactó que la extensión del plazo
contractual no generaba ningún costo para la entidad demandada, de ahí que la
mayor permanencia alegada carecía de asidero.

La Sala resolverá la objeción presentada frente al referido dictamen pericial, porque
el tribunal de instancia no se pronunció al respecto.

Sobre el particular se tiene que una vez practicada la prueba pericial decretada por
el juez, de la misma debe correrse traslado a las partes para que puedan ejercer su
derecho de defensa y contradicción, mediante la posibilidad de solicitar aclaraciones
y complementaciones y de objetar el dictamen por error grave “que haya sido
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el
error se haya originado en éstas”, caso en el cual podrán pedir pruebas para su
demostración, debiendo el juez resolver la objeción en la sentencia o en el auto que
resuelva el incidente dentro del cual se practicó el respectivo dictamen, según las
voces del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

64 Fls. 262 a 268, C.1.
65 Fls. 243 a 249, C.1.

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El error grave al que se refiere la norma anterior es aquel que de no haberse
presentado otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído
sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debía
versar la pericia o por que el perito dictaminó en sentido contrario a la realidad y
alteró en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado66.
Como lo ha explicado esta Subsección:

“Conforme al numeral 4 del artículo 238 del C.P.C. la objeción por error grave supone
que el dictamen haya sido elaborado sobre bases equivocadas, que conduzcan a
conclusiones erradas sobre el objeto de la prueba. Estos yerros se presentan cuando
se haya tomado como punto de referencia y estudio uno diferente a aquél sobre el
cual debió recaer la experticia o que se hayan modificado las características
esenciales del objeto examinado por otras que no tiene y que son de tal magnitud,
que de no incurrir en ellos, los resultados hubieren sido distintos.”67

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que, para la prosperidad de la
objeción por error grave de un dictamen pericial, se requiere de la existencia de una
equivocación de gran magnitud, no cualquier error. Dicha equivocación debe
conducir a conclusiones igualmente erradas. Además, la objeción por error grave
debe referirse al objeto de la peritación y no a las conclusiones o inferencias de los
peritos68, es decir, que la misma se deriva de una observación equivocada del objeto
del dictamen, concretamente cuando se concentra en “materias, objetos o
situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia”69.
Asimismo, esta Sala ha considerado que la ausencia de soportes para realizar el
dictamen no conlleva a concluir que dicha prueba haya incurrido en un vicio por
error grave70.

En ese contexto, la Sala negará la objeción por error grave formulada, pues el perito
rindió su dictamen sobre las cuestiones que le correspondía resolver, relacionadas
con el contrato de obra No. 153 de 2007, concretamente en lo atinente a los diseños
y estudios entregados por parte del IDU, de ahí que la experticia recayó sobre las
materias que debían ser analizadas.

66 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del

25 de agosto de 2011, Rad.: 25000-23-26-000-1993-08365-01(14461)
67Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de

julio de 2020, Rad.: 05001-23-31-000-1998-00114-01(28794)
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 18 de febrero de 2015, expediente No. 29.794; criterio reiterado por esta misma
subsección en sentencia del 21 de junio de 2018, expediente No. 40.353.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de

agosto de 2011, expediente No. 14.461.
70 Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera

del Consejo de Estado: i) sentencia del 28 de marzo de 2019, expediente No. 47.843 y ii) sentencia
del 18 de febrero de 2015, expediente No. 29.794.

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Al respecto, se advierte que los cuestionamientos del IDU no recayeron sobre el
objeto de la peritación, sino que se dirigieron a señalar que el perito no tuvo en
cuenta los acuerdos modificatorios celebrados por las partes, ni consideró que los
pliegos de condiciones permitían establecer las posibles actividades adicionales
que podrían surgir en la etapa preconstrucción. Se observa, entonces, que el IDU
se encuentra en desacuerdo con las conclusiones expuestas por el perito en punto
a la mayor permanencia en obra reclamada por la actora, sin que se aprecie que el
perito hubiera desviado el objeto de la prueba, así como tampoco que hubiera
analizado aspectos relacionados con otro contrato o con obras diferentes a las que
dieron origen al litigio.

A la sazón, la Sala encuentra que los reproches formulados tienen que ver
precisamente con la materia objeto de discusión en este proceso; en otras palabras,
los argumentos expuestos corresponden a la discusión y controversia en torno a los
análisis y las deducciones que el perito efectuó como sustento de sus conclusiones
y que la entidad demandada no comparte, circunstancia que no constituye una
razón para desestimar la prueba cuestionada sino más bien un elemento de juicio
para su valoración, la que se realizará posteriormente al abordar el estudio de las
pretensiones de la demanda de cara a los cargos de la alzada. En consecuencia,
las objeciones planteadas no prosperan.

6.19. En el proceso también obra un dictamen pericial contable rendido por el
contador Orlando Parra Medina71, practicado a solicitud de la parte actora, con el
propósito de determinar el monto de los perjuicios que sufrió el contratista.

El dictamen pericial, en resumen, estimó que los perjuicios materiales ascendieron
a la suma de $2.402.176.238 (daño emergente y lucro cesante).

Tanto la parte actora como la entidad demandada presentaron solicitud de
aclaración y complementación frente al dictamen72. El CONSORCIO pidió, entre
otras cosas, que se indicara cuál fue el valor total de contrato ejecutado, mientras
que el IDU solicitó que se aclarara cuáles fueron los documentos que se revisaron.

71 C.4.
72 Fls. 257 a 259, C.1.

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El perito, en atención a las referidas solicitudes, sostuvo que el contrato finalmente
ejecutado ascendió a la suma de $11.194.961.951, a la vez que señaló los
documentos que se tuvieron en cuenta para rendir la experticia.

Pruebas adicionales

6.20. Reposan en el plenario actas del Comité Técnico de Seguimiento73, las cuales
acreditan que la interventoría, el contratista y el IDU se reunieron para concertar el
tema de las redes eléctricas e hidráulicas.

6.21. En el expediente también obran unas documentales relacionadas con el ítem
no previsto originalmente “4NP SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
RAJÓN”, las cuales se mencionan a continuación:

6.21.1 El 20 de septiembre de 2008 el CONSORCIO y el interventor suscribieron el
documento “ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”, en relación con el ítem “4NP [no
previstos] SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RAJÓN”,
consignándose un costo directo de $45.678 por m3 (metro cúbico). En esta
documental se dejó plasmada la siguiente anotación74:

“El rajón será cuantificado como material suelto medido por el número de viajes que
ingresen a la obra, dado que dependiendo de la humedad de la subrasante el
porcentaje de incrustación (desperdicio) del rajón en la arcilla es variable alternándose
así el volumen compacto y generando una incertidumbre en el cálculo de los
volúmenes. Por lo anterior los valores en la casilla de cantidad para materiales y
transporte son iguales en el APU. El volumen a pagar resultará del material que arribe
suelto a la obra”.

6.21.2. El 3 de octubre de 2008 la interventoría le remitió al coordinador del IDU los
“Análisis de Precios Unitarios No Previstos” para que, por su intermedio, se los
enviara a la Subdirección Técnica de Administración de Activos para su revisión y
respectiva aprobación. Esto se lee en el citado documento75:

“SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL RAJÓN (4NP). Para
efectos de revisión de los APUS se envía el paquete correspondiente al APU
acordado entre interventoría y contratista, con los respectivos soportes (cotizaciones,
análisis de equipos, personal, transporte, combustible y mano de obra) (...) EL APU

73 Actas de seguimiento Nos. 24 del 9 octubre de 2008, 26 del 23 de octubre de 2008, 33 del 17 de

diciembre de 2008, 36 del 21 de enero de 2009 (en la que consta que no se le daría prioridad a la
ejecución de las redes eléctricas, por incertidumbre en la obra de la calzada ALO), y 37 del 29 de
enero de 2009.
74 Fl. 78 vuelto, C.3.
75
Fl. 79, C.3.

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4NP hace parte de la capa de mejoramiento y su aprobación se hace necesaria
porque esta actividad no estaba contemplada en el precio global del formulario
informativo para la licitación”.

6.21.3. Mediante memorando STAA-1600-43960 del 14 de octubre de 2008, el
subdirector técnico de administración de activos del IDU le comunicó a la directora
técnica de construcciones que aprobaba y que otorgaba el visto bueno a los precios
unitarios en costo directo en lo que tiene que ver con el “SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RAJÓN”, así76:

“En atención al memorando de la referencia y teniendo en cuenta las cotizaciones
presentadas por ustedes, se otorga visto bueno a los precios unitarios en costo
directo, de acuerdo con el siguiente detalle:

Ítem Descripción Unidad Precio unitario
costo directo
4NP Suministro, transportes e M3 $45.678
instalación de rajón

6.21.4. La interventoría, mediante oficio INT-CIVL-017-2009 del 19 de enero de
2009, le reportó al CONSORCIO ALO 2008 una inconsistencia entre el número de
viajes de materiales que registró en las planillas utilizadas el 30 de diciembre de
2008 y los registros de campo llevados por el interventor, pues comparados no
coincidía la cantidad de rajón.

En dicho documento se consignó: “Teniendo en cuenta todo lo anterior y las
inconsistencias observadas y verificadas con los reportes de ingreso de material y
el disponible por la Interventoría informamos que el rajón colocado en este tramo
día 30-12-08 se pagará solo por carteras topográficas”77 (se destaca).

6.21.5. A través de oficio INT-CIVIL-023-2009, radicado el 28 de enero de 2009 ante
el CONSORCIO ALO 2008, la interventoría le envió un análisis que efectuó sobre
las cantidades reconocidas de material rajón al contratista en las actas Nos. 5 y 6,
indicándole que debía realizarse un descuento en el acta No. 7, ante las
inconsistencias detectadas. Quedó consignado en el referido documento78:

“Una vez revisadas las actas de obra No. 5 y No 6 (corte 15 de diciembre de 2008)
en las cuales se canceló al Contratista de Obra material de rajón, se pudo observar
que la cantidad total pagada correspondiente a este material era de 14.422 m3 de

76
Fl. 80 C.3.
7777
Fl. 158, C.6.
78
Fls. 159 y 160, C.6.

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acuerdo con los soportes suministrados por el Contratista del material que ingresó a
la obra no obstante al revisar las zonas y actividades en las que se utilizó este material
y al verificar topográficamente las cantidades, se observó lo siguiente
(...)
Lo mencionado en los dos párrafos anteriores indica que el volumen máximo instalado
en obra sería de 9678 m3 incluyendo el desperdicio, lo que necesariamente implica
una inconsistencia evidente entre el valor pagado mediante las actas No. 5 y No 6
con corte quince (15) de Diciembre de 2008 y la cantidad de material instalado en
obra a esa fecha, ya que representaría porcentajes de incrustación (desperdicio) del
98 % (14.422 m3 - 677 m3 = 13.745 m3 Vs 6.924 m3 volumen sólido sin vacíos) o
profundidades de rajón hasta de 1.5 m., situación que nunca se dio en obra, por lo
que un valor de 13.745m3 no podría estar físicamente instalado en la misma. La
diferencia entre el valor pagado en actas y el instalado en obra sería de 4.744 m3.

Teniendo en cuenta todos los argumentos y situaciones descritas anteriormente y
ante la improcedencia de calcular los volúmenes a partir del número de viajes que
llegaron a la obra por la gran inconsistencia mencionada, les informamos que esta
Interventoría sólo reconocerá al Contratista de obra por concepto de material de rajón
el volumen obtenido a partir de las carteras topográficas anexas calculadas como un
volumen sólido sin vacíos multiplicado por un factor adicional (incrustación+
reacomodación) máximo de 1.3 para obtener el volumen suelto, correspondientes a
9.001 m, es decir, que se deberá descontar en la próxima acta de obra del valor ya
pagado para este material de rajón, 4.744 m3 para poder dar aprobación a la misma
No obstante y caso que el Contratista de Obra no esté de acuerdo con los volúmenes
mencionados, solicitamos presentar los documentos, carteras topográficas,
secciones, realización de apiques y demás documentos y actividades que
demuestren y soporten otros volúmenes Así mismo, de no estar de acuerdo con el
factor adicional considerado por la Interventoría, solicitamos realizar en campo de
manera conjunta entre Contratista e Interventoría un ejercicio práctico con el fin de
determinar tal factor, producto de la comparación del volumen suelto que llega a la
obra y el volumen realmente instalado”.

6.21.6. Reposa copia del Acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7, suscrita el 30
enero de 2009 por el contratista y la interventoría. En lo que tiene que ver con el
“ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón”, se observa que se
descontaron 2.505 m3, equivalente a un valor de $114.423.39079.

6.21.7. Mediante oficio INT-CIVL-033-2009 radicado el 2 de febrero de 2009 ante el
CONSORCIO ALO 2008, la interventoría le manifestó que encontraba nuevas
inconsistencias en relación con los datos de material rajón incluidos en diferentes
informes de programación presentados por el contratista para el periodo
comprendido entre el 30 de diciembre de 2008 y el 13 de enero de 2009. Por lo
anterior, se dejó la siguiente nota: “les informamos que esta interventoría no está de
acuerdo con el valor indicado por el contratista de obra del ‘porcentaje de obra
ejecutado’ ya que se basó en cantidades referidas en el presente oficio, por lo tanto

79 Fls. 114 y 115, C.6.

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este informe no encuentra avalado por esta interventoría, ni actuará como soporte
de datos que tome el IDU como referencia”80.

6.21.8. El 3 de abril de 2009, IDU le solicitó a la interventoría la ejecución de un
tramo de prueba, ante la controversia existente entre el contratista y la interventoría
“con relación al material de rajón instalado en el proyecto de la referencia (…)
controversia que radica en la diferencia entre la cantidad de material que certifica la
cantera y el número de viajes de material que ingresaron a la obra (posición del
contratista) versus la cantidad de material que sustenta la interventoría se encuentra
instalado previos análisis de factor de compactación , incrustación y de carteras
topográficas”81.

6.21.8.1. El 4 de julio de 2009, el CONSORIO ALO 2008 le hizo entrega a la
interventoría de unas planillas de control de entrada de volquetas a la obra, en las
que se registraba el material de rajón. En este documento el consorcio dejó
constancia de que la interventoría, de manera unilateral, modificó el proceso
concerniente al registro del ingreso de volúmenes de rajón “llegados a obra”, por lo
que ya no estaba dando el visto bueno a las planillas, “aun evidenciando la llegada
y el volumen debidamente cubicado en cada volqueta”.

6.21.8.2. El 8 de julio de 2009 la interventoría radicó ante la directora técnica de
construcciones del IDU los resultados del ejercicio en campo del material rajón, que
consistió en analizar “los volúmenes llegados a la obra en las volquetas contra el
material acomodado y compactado con medios mecánicos en un volumen de
excavación determinado”. Esto se lee:

“Del procedimiento anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Volumen inicial de material de rajón (v1) = 187 m3
2. Volumen final de material de rajón comparado fondo de excavación vs nivel final
de rajón (V2) = 105.31.
3. Volumen final de incrustación de rajón obtenido de la diferencia de lecturazas antes
de iniciar la colocación de rajón y una vez terminado el ejercicio (v3) = 5.03m3.
4. Volumen final de la caja de excavación que fue llenada con el material de rajón
compacto, acomodado y con la respectiva incrustación (v4)= (V2) + (V3) = 110.34 m3.
5. Factor final entre volumen suelto de rajón traído a la obra y volumen de rajón
compactado, acomodado y con incrustación (Fr) = ((V1) / (V3) = 187/110.34 = 1.7.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta interventoría considera que el factor de 1.7 antes
mencionado es el que se debe tomar y aplicar para la cuantificación y reconocimiento

80 Fls. 171 y 172, C.6.
81 F. 191, C.6.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
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del material de rajón del tramo III, ya que incluye todas las variables en obra
verificadas mediante los procedimientos antes descritos que pueda presentarse
durante la instalación de este material.
(…)
Con los elementos de juicio antes mencionadas, respetuosamente solicitamos su
apoyo y concepto frente al tema antes indicado con el fin de establecer el factor final
a utilizar para el reconocimiento del rajón, en razón a que existen diferentes
planteamientos entre la interventoría y el contratista de obra”.

6.21.9. Reposa en el plenario el “Acta No. 60 de Comité Técnico de Seguimiento”
del 14 de julio de 2009 al contrato No. 153 de 2007, suscrita por el contratista, la
interventoría y el contratante, en la cual se consignó lo siguiente82:

“El contratista manifiesta que con el cálculo del factor se estaría cambiando la forma
de cuantificación, pues inicialmente se había aprobado un precio unitario por viajes el
cual no se estaría teniendo en cuenta. El representante legal de la interventoría le
manifiesta al contratista que si existe alguna o duda incertidumbre sobre alguna
cantidad está en su derecho y obligación de corregirla mientras esté vigente el
contrato. Adicionalmente, manifiesta el tema de rajón ha sido muy controversial
empezando por las certificaciones de la cantera. Razón por la cual se solicitó el
ejercicio del rajón para tener una mayor claridad y transparencia para las partes y
saber con mayor claridad que cantidad material llegó a la obra.

La interventoría propone para agilizar el pago del acta y concluir el tema del rajón sin
otra consultas y soportes adoptar como último factor el 78% para aplicar al rajón
instalado si el IDU está de acuerdo. El coordinador del IDU expresa que estaría de
acuerdo con este factor propuesto por la interventoría. El contratista manifiesta estar
de acuerdo y solicita que con base en esto se reintegre el valor descontado en el mes
de diciembre. La interventoría indica que se realizará el cálculo de cantidades para el
tramo II con base en las carteras topográficas y se multiplicará por el factor 1.8
acordado anteriormente”.

6.21.10. Milita en el expediente el “Acta No. 66 de Comité Técnico de Seguimiento”
del 26 de agosto de 2009, en la que se plasmó83:

“El IDU y la interventoría preguntan al contratista la respuesta sobre las propuestas
de cuantificación del material de rajón planteadas en la reunión realizada el 21 de
agosto de 2009 en las instalaciones del IDU previo análisis del representante legal.
El director de la obra del contratista informe que teniendo en cuenta la posición de la
interventoría una vez realizado el análisis por parte del representante legal, esta
manifestó que no estaba de acuerdo con las propuestas realizadas para la
cuantificación. El IDU en vista de observar que no se puede llegar a un acuerdo indica
que se realice la cuantificación de acuerdo con el ejercicio realizado para tal fin en
obra y con el factor obtenido por parte de la interventoría”.

6.21.11. Finalmente, reposa el Acta No. 37 de recibo parcial de obra No. 16, suscrita
el 7 de septiembre de 2009, mediante la que se reconoció un volumen de 816,30
m3, por el ítem 4NP84.

82
Fls. 233 a 235, C.6.
83
Fls. 244 a 246, C.6.
84 Fls. 95 y 96, C2.

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Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

7. Solución al caso concreto

La Sala procede a resolver el caso sub examine, cuyo debate, de conformidad con
lo expuesto por la parte actora en su demanda y concretamente con los reparos del
recurso de apelación, se concreta, en primer lugar, en establecer bajo el contexto
del incumplimiento y/o del desequilibrio económico del contrato -aspecto que se
definirá más adelante- si hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos
por la mayor permanencia en obra, producto de la vulneración del principio de
planeación por la falta de definición de los diseños y estudios para la obra por parte
del IDU.

En segundo lugar, la Sala se pronunciará en relación con la pretensión encaminada
al reconocimiento de volúmenes de rajón descontados o dejados de pagar, punto
concreto alegado en la alzada.

Por último, se analizará la pretensión de liquidación del contrato.

7.1. Mayor permanencia en obra originada en la supuesta violación al principio
de planeación por la falta de definición de diseños

En la demanda se alegó que se presentó una mayor permanencia en obra por la
falta de definición en los diseños y estudios de la obra, producto de la violación al
principio de planeación por parte del IDU, lo que a su vez generó un desequilibrio
económico del contrato en perjuicio del contratista. Para la parte actora, la principal
causa del desequilibrio económico “fue el incumplimiento a las disposiciones
contractuales y legales” por parte del IDU.

En la sentencia apelada se desestimó esta pretensión, fundándose en que durante
la ejecución de los contratos se presentan contratiempos, lo cuales no pueden
endilgársele exclusivamente a la entidad contratante, pues al contratista le
corresponde adoptar medidas para protegerse de los riesgos asociados al objeto
contractual, de ahí que, a juicio del Tribunal a quo, en el presente caso no se vulneró
el principio de apelación, así como también indicó, luego de revisadas las pruebas,
que no hubo ruptura del equilibrio económico del contrato.

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Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

Por su parte, en el recurso de apelación la parte actora insistió en que sí se vulneró
el principio de planeación por la falta de definición de diseños y estudios de la obra,
al punto de que el contrato en cuestión fue objeto de suspensiones originadas en la
necesidad de aclarar y definir la ejecución de obras no previstas inicialmente que
desplazaban el cronograma de obra, todo ello, reiteró, “debido a la falta de
planeación del IDU”.

7.1.1. Previo a resolver el cargo correspondiente, resulta oportuno realizar algunas
precisiones en torno al desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento de
las obligaciones pactadas, pues en la demanda se solicitó declarar el rompimiento
del equilibrio financiero del contrato, pero paralelamente se indicó que el mismo se
produjo por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del IDU,
concretamente por la falta de definición de los diseños para la obra y la inadecuada
planeación del proyecto.

El equilibrio o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos es un
instituto que propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se
mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes
tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato85-86.

En tal sentido, las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron
en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, deben
mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente
al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza
y solidez del vínculo contractual87, se erige la denominada “cláusula rebus sic

85 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449.
86 Al efecto, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de
contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a
quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para
su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación
de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas
necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma
o en la siguiente vigencia de que se trate”.
87 En el ordenamiento jurídico colombiano el principio pacta sunt servanda se encuentra contenido

en el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual todo contrato acordado entre las partes
tiene fuerza de ley para quienes lo celebran, de tal suerte que las obligaciones que de él emanan no
pueden ser desconocidas ni modificadas por uno solo de los contratantes. Su observancia, por tanto,

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stantibus”88, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son
acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento
en el que son convenidas; si bien los contratos son ley para las partes, ante la
alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias
sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento
del equilibrio económico89.

Con todo, debe anotarse que no cualquier variación de la ecuación financiera
constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato90,
comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual,
los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que
la equivalencia prestacional puede verse afectada principalmente: (i) por actos de
la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; (ii) por actos de
la administración como Estado “hecho del príncipe”; y (iii) por factores externos a
las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”91.

Por su parte, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las
obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico, bien sea
por su inejecución absoluta o por su ejecución imperfecta o tardía, a lo que cabe
agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la infracción
de las estipulaciones plasmadas en el texto contractual, sino también de aquellas
contenidas en todos los documentos que lo integran, como es el caso, por ejemplo,
de los pliegos de condiciones92. De igual modo, puede tener ocurrencia cuando la
actuación de las partes desconoce los principios que orientan la contratación, los
cuales igualmente se entienden incorporados en el negocio jurídico93.

es piedra angular de la seguridad jurídica. Cfr. Hinestrosa, Fernando. “El principio del pacta sunt
servanda: y la estipulación de intereses”. Con-Texto (12), 32-38. 2001.
88Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el principio rebus sic stantibus “postula

la implícita inclusión en su contenido de una condición necesaria, esencial, fundamental e
imprescindible para el cumplimiento, atañedera a la permanencia constante del marco de
circunstancias fácticas o jurídicas, o estado de cosas primario, a cuya invariabilidad sujeta su
obligatoriedad, y aún cuando, hay distintas posturas acerca de su exacto origen, suele atribuirse a
la escuela del derecho medieval inspirada en las fuentes romanas”. Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012.
89 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449
90 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Rad.: 52666.
91 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449.
92 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del del 6 de febrero de 2020. Rad.: 63.123.
93 Ibidem. En el mismo sentido puede consultarse, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera.

Sentencia del 22 de agosto de 2013, Rad.: 22.947.

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En suma, mientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica
procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones
técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el
incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio
jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual,
es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una
obligación estipulada en un contrato existente y válido94. Por tanto, aun cuando se
advierte cierta confusión en la propia legislación95 y la jurisprudencia, que en torno
al tema tampoco ha sido del todo consistente, pues en algunas decisiones se ha
identificado el incumplimiento del contrato como una de las causas generadoras de
la ruptura del equilibrio económico96, no deben confundirse la responsabilidad
contractual y la teoría del equilibrio o equivalencia económica del contrato, dadas
las diferencias que se advierten no solo en los presupuestos, sino también en los
efectos o consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso97.

En este orden de ideas, en casos como el que ocupa la atención de la Sala
corresponde al juez de la causa determinar desde cuál óptica debe emprenderse el
respectivo análisis.

94Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 15 de julio de 2020.
Rad.:28794
95Por ejemplo, en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 al disponer que “si dicho equilibrio se rompe por

incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al
momento del nacimiento del contrato”.
96 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 15 de febrero de 1999, Rad. 11194 y del 21

de junio de 1999, Rad.: 14943.
97 Sobre la necesaria distinción entre estas figuras, en Sentencia del 15 de julio de 2020 esta

Subsección ha precisado:
“La teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica pretende garantizar que, en
desarrollo del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes
al momento en que fue celebrado. Dicho equilibrio puede verse afectado por factores externos a las
partes o por diversas causas que pueden ser imputables a la Administración como consecuencia o
por razón de la expedición de actos administrativos en ejercicio legítimo de su condición de autoridad.
En el incumplimiento, en cambio, se estudia el comportamiento de las partes frente a la ejecución
del contenido obligacional, esto es, si fue tardío, defectuoso o conforme con lo que libre y
voluntariamente acordaron, aspecto que debe analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad
contractual.
Esta diferencia no es simplemente conceptual, pues la tasación económica en uno y otro caso es
distinta. En la ruptura del equilibrio económico del contrato lo que se pretende es evitar puntos de
pérdida (art. 5 de la Ley 80 de 1993), sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al hecho del príncipe, y,
en el incumplimiento, la indemnización plena de los perjuicios que se derivan de la desatención de
las obligaciones del contrato.
En el incumplimiento, además, se faculta a la entidad pública para sancionar al contratista mediante
la declaratoria de caducidad administrativa del contrato, o para imponer multas y declarar el
incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal incluida en el contrato (artículos 60 y 70
del Decreto Ley 22 de 1983, 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 y 17 de la Ley 1150 de 2007).” Consejo
de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de julio de 2020, Rad.:28794. En el mismo sentido,
véase Sentencia del 21 de septiembre de 2020, Rad.: 47106

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7.1.2. Aclarado lo anterior la Sala advierte que, al margen de las imprecisiones
conceptuales de la parte actora respecto de las figuras de desequilibrio económico
y de incumplimiento contractual, el presente caso debe estudiarse bajo la óptica del
incumplimiento de las obligaciones por parte del IDU, pues a dicha entidad se le
atribuye responsabilidad contractual por la mayor permanencia en obra como
resultado de la indefinición de los diseños para la obra, producto de la falta de
planeación.

De conformidad con los hechos probados, la Sala encuentra acreditado que desde
los pliegos de condiciones se contempló que una etapa denominada de
preconstrucción, durante la cual se fijaron, frente a los diseños y estudios para la
obra, unas obligaciones para el futuro contratista, concernientes a que, si bien el
IDU entregaba, junto con los mismos pliegos, la información de los respectivos
diseños y estudios, en la etapa de preconstrucción el contratista adjudicatario debía
efectuar su revisión, verificación, ajuste y complementación, tomándolos como
suyos, apropiándose de ellos, lo que se concretaba “mediante la expedición de un
acta de apropiación de los diseños suscrita entre el contratista y la interventoría de
la obra” (hecho probado 6.1.1.). Precisamente, entre las obligaciones del contratista
en la etapa de preconstrucción se destaca la de revisar, verificar, actualizar, ajustar
y complementar todos los estudios y diseños (hechos probados 6.1.1 y 6.1.2.).

Además, en los mismos pliegos quedó establecido que con la apropiación de los
diseños quedaba constancia de que el contratista conocía y aceptaba totalmente
los diseños y, a su vez, que estaba en capacidad de asumir la responsabilidad total
por la obra y garantizar la estabilidad de la misma, “independientemente de que los
diseños sean entregados por el IDU”. Además, se consignó que una suspensión en
la etapa de preconstrucción, mientras se adelantaban las modificaciones y/o
complementaciones a los diseños para su apropiación, no generaba ningún tipo de
costo para el IDU (hechos probado 6.1.1.).

A la par con lo anterior, está probado que el CONSORCIO resultó adjudicatario de
la licitación pública adelantada por el IDU (hecho probado 6.2) y que el 28 de
diciembre de 2007 las partes suscribieron el contrato No. 153, cuyo objeto consistió
en la ejecución, por el sistema de precio global fijo con ajustes, de las obras
requeridas para la construcción de la calzada oriental de la avenida longitudinal de
occidente entre el río Bogotá y la avenida Bosa, en Bogotá, por un valor de

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$9.717.587.644, incluido el AIU (hecho probado 6.3). A su vez, se encuentra
demostrado que el aludido negocio jurídico fue suspendido en un plazo de 16 días
(hecho probado 6.4.) y adicionado en cuatro oportunidades, dos en dinero y dos en
plazo (hechos probados 6.9., 6.10., 6.11. y 6.12.), a propósito de lo cual quedó
establecido lo siguiente, en relación con las causas que fundamentaron los referidos
acuerdos y lo que en ellos se convino:

• Suspensión del plazo

El 12 de mayo de 2008 el CONSORCIO y el IDU, junto con la interventoría,
suscribieron el Acta No. 3, suspendiendo el plazo del contrato No. 153 de 2007 por
16 días. Lo anterior porque, producto de las obligaciones de la etapa de
preconstrucción, el CONSORCIO realizó la revisión de los estudios y de los diseños
para la construcción del Tramo I de la Avenida Longitudinal del Occidente,
localizada entre el río Bogotá y la Avenida Bosa en Bogotá, encontrando como
resultado de dicha revisión la necesidad de construir la capa de desplante para el
mejoramiento de la subrasante, con un espesor de 75 cm.

En consecuencia, y atendiendo a que el valor económico del espesor no se
encontraba previsto en el presupuesto informativo provisto por el IDU en la etapa
precontractual de la licitación pública, el CONSORCIO solicitó la suspensión del
contrato por el plazo de 16 días calendarios, lapso en el que realizaría “consulta al
interior del IDU y a la consultoría encargada de realizar los estudios y diseños, para
aclarar dicha inconsistencia” (hecho probado 6.5.). Es así como, en el acta
mencionada se lee lo siguiente:

“En desarrollo de la etapa de preconstrucción y de acuerdo con las obligaciones del
Consorcio ALO 2008, dicho consorcio hace la revisión de los estudios y diseños en
los distintos componentes del estudio realizado por la COMPAÑ+IA DE ESTUDIOS
E INTERVENTORÍA S.A., CEI, para la construcción del Tramo I de la Avenida
Longitudinal del Occidente, localizada entre el río Bogotá y la Avenida Bosa en
Bogotá, encontrando en dicha revisión la necesidad de construir la capa de desplante
para el mejoramiento de la subrasante, la cual, de acuerdo con los diseños de CEI,
tendrá un espesor promedio de 75 cms a lo largo de toda la vía.

Así las cosas, el consorcio ALO 2008 encuentra que el valor económico de dicho
espesor no se encuentra en el presupuesto informativo provisto por el IDU en la etapa
precontractual de la licitación pública, teniendo en cuenta lo anterior y ya que esta
actividad se encuentra en la etapa inicial del proceso constructivo, se solicita se
suspensa el contrato por un término de 16 días calendario, tiempo en el cual se

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realizará consulta a interior del IDU y a la consultoría encargada de realizar los
estudios y diseños, para aclarar dicha inconsistencia”.

Por otra parte, está acreditado que el 22 de mayo de 2008, mediante “Acta de
Comité de Seguimiento”, se expusieron ante la Dirección Técnica de
Construcciones del IDU las causas que sustentaban la suspensión del contrato de
obra, entre ellas, la concerniente al mejoramiento de la subrasante, situación que
se evidenció luego de la exploración de los diseños, frente a lo cual la directora de
construcción del IDU sostuvo que debía considerarse un adicional al contrato
(hecho probado 6.6.):

“La Directora de Construcción del IDU explica que, independientemente que la
entidad tenga información adicional complementaria a la publicada, es válida la
observación respecto a que el presupuesto informativo no contempla
cantidades de obra del mejoramiento, y teniendo en cuenta que esta era la
información para la elaboración propuestas técnica y económica por parte de
los proponentes, debe considerarse como adicional al contrato. De otra
parte dadas las condiciones actuales de la zona del proyecto se requiere
técnicamente la ejecución de esta actividad, por lo que se evaluará las
cantidades y costos necesarios para el desarrollo de la misma”.

En la aludida “Acta de Comité de Seguimiento” el CONSORCIO también planteó la
opción de construir un muro de tierra reforzado con geotextil en el puente sobre el
río Bogotá, lo que proporcionaría mejor comportamiento de los suelos en esta zona
y mayor estabilidad al terraplén, aspecto frente al cual la directora de construcciones
del IDU manifestó su conformidad (hecho probado 6.6.). A su vez, mediante “Acta
No. 26 de Comité Técnico de Seguimiento”, suscrita el 30 de octubre de 2008, la
interventoría adquirió el compromiso con el contratista de radicar ante el IDU “la
programación con los $1.500.000.000 de adición” (hecho probado 6.8.).

• Adicional No. 1 al contrato No. 153 de 2007

El 24 de noviembre de 2008 el CONSORCIO y el IDU suscribieron una adición al
contrato de obra No. 153 de 2007, por una suma de $1.500.000.000, a raíz de una
solicitud elevada por el contratista, que fundó en los hallazgos que evidenció
durante la revisión de los estudios y diseños efectuada en la etapa de
preconstrucción y en la misma etapa de construcción, que fueron los siguientes
(hecho probado 6.9.):

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(i) la necesidad de instalar en obra materiales de tipo geosintético (geotextil
BX-30 y geomalla BX-100) para evitar la contaminación del material de
mejoramiento y, en especial, para controlar las altas presiones de expansión
presentes en los materiales existentes en el corredor de los tramos I y II (Av. Bosa
canal Tintal);

(ii) la necesidad de utilizar también geosintéticos en el tramo III del proyecto
(canal Tintal IV – Río Bogotá) para la capacidad portante del suelo subrasante, ante
la variación de las condiciones de nivel freático a lo largo del corredor vial durante
las condiciones encontradas en el momento de realizar estudios y diseños y el
tiempo de inicio de las actividades de construcción.

(iii) la necesidad de realizar un tratamiento adicional para asegurar una
adecuada plataforma de trabajo y, en consecuencia, la estabilidad de la obra.

A propósito de estos hallazgos, en los considerandos del adicional No. 1 al contrato
de obra quedó pasmado que esas actividades nuevas y técnicamente necesarias
para asegurar la estabilidad de la obra generaban como consecuencia unos costos
adicionales que no estaban contemplados preliminarmente.

• Adicional No. 2 al contrato de obra No. 153 de 2007

El 29 de diciembre de 2008 el CONSORCIO y el IDU suscribieron una segunda
adición al contrato de obra No. 153 de 2007 en virtud de la cual adicionaron el valor
en la suma de $727.000.000, con la precisión de que la adición únicamente se
destinaría para la ejecución de actividades de construcción. En los considerandos
de este acuerdo de voluntades se plasmó que con esta adición y con la primera se
cubría el valor total requerido para llevar a cabo las actividades de mejoramiento de
la obra A su vez, las causas que fundamentaron esta segunda adición en valor
fueron las mismas que sustentaron la primera (hecho probado 6.10.).

• Adición No. 3 al contrato de obra No. 153 de 2007

El 25 de marzo de 2009 el CONSORCIO y el IDU suscribieron una tercera adición
al contrato, por medio de la cual prorrogaron el plazo de ejecución por tres meses.
Esto consta en los considerandos del acuerdo de voluntades (hecho probado 6.11):

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“Es pertinente mencionar que actualmente faltan las actividades de colocación de
material de mejoramiento en el tramo II entre K35+030- río Bogotá, y que los
rendimientos de ejecución de obra son menores en dicho sector debido a que las
condiciones de humedad y saturación altos, y esto presupone un tiempo de ejecución
mayor al que se presentó en los otros dos tramos, en los procesos constructivos para
la estructura de mejoramiento propuesta y aprobada para esta zona.

Así las cosas, el tiempo adicional que se requiere para la realización de las
actividades de mejoramiento en la subrasante (no contempladas originalmente)
desplazan consecuentemente en tiempo a las actividades contractuales iniciales, ya
que estas actividades adicionales son predecesoras de las actividades de
construcción de terraplén y estructura de pavimento, lo que implica un desplazamiento
de la fecha inicialmente prevista para la culminación del proyecto”.

A lo anterior se añade que en el parágrafo de la cláusula primera de la adición No.
3 se pactó que la “prórroga no genera ningún costo adicional para el IDU” (hecho
probado 6.11).

• Adición No. 4 al contrato de obra No. 153 de 2007

El 26 de junio de 2009 el CONSORCIO y el IDU suscribieron una cuarta adición al
contrato de obra No. 153 de 2007, por medio de la cual se prorrogó el plazo del
negocio jurídico en setenta (70) días, con la precisión, también, de que la “prórroga
no genera ningún costo adicional para el IDU” (hecho probado 6.12.).

Según se extrae de los antecedentes de ese acuerdo, la solicitud de prórroga del
plazo se elevó el 24 de junio de 2009 y fue suscrita por el contratista, el interventor,
el subdirector técnico de ejecución subsistema vial, la directora técnica de
construcciones y el subdirector general de infraestructura del IDU.

Los fundamentos de la petición de prórroga fueron los siguientes:

“Previo a la etapa de construcción y durante esta misma, se observaron algunas
zonas de saturación, especialmente en el sub-tramo III (canal tinatl IV – Río Bogotá),
que presumían una posible variación del nivel fréatico entre las condiciones
encontradas en el momento de realizar los estudios y diseños, y el tiempo de inicio
de las actividades de construcción, en todo lo largo del corredor vial pero
específicamente en este subtramo, situación que a criterio del contratista de obra y
de la interventoría ameritaba analizar, pues esta condición podría eventualmente
alterar la capacidad portante del suelo de subrasante, con las respectivas incidencias
de asentamiento y otros aspectos geotécnicos, en el terraplén de acceso al Río
Bogotá, en razón a que las alturas de relleno de esta rampa son considerables.

A finales del año pasado el contratista de obra realizó por su cuenta dos (2)
perforaciones, a partir de las cuales se apreciaba una posible disminución en algunos
parámetros de resistencia, con base en esta situación, se decidió entre las partes que

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intervienen en el contrato llevar a cabo dos perforaciones a través del contrato con
las cuales se pudieron analizar y verificar por parte del mismo diseñador la afectación
antes mencionada. Una vez se realizaron las perforaciones de verificación, el
especialista en suelos y pavimentos del diseñador, quien se consideró era la persona
adecuada para que constatara cualquier cambio en los parámetros geotécnicos
iniciales, manifestó mediante concepto que en los estudios y diseños se utilizó como
parámetro de entrada en los análisis una resistencia al corte no drenada de 3.5 ton/m2
que difería de la resistencia al corte de 1.2 ton/m2 obtenida en las perforaciones
recientes para los materiales superficiales, en el lugar donde cimentará el terraplén
de acceso al puente sobre el río Bogotá, confirmando así una variación en este
parámetro y en el criterio de diseño correspondiente a la capacidad portante.

Como consecuencia de las variaciones antes mencionadsa y el posible aumento de
la altura del terraplén de acceso al Río Bogotá por la modificación de la luz del puente
según información de INVÍAS y la CAR, el especialista en suelo y pavimentos del
diseñador validó la necesidad de contar con elementos de transferencia de carga
hasta encontrar el cambio en consistencia del estrato de arcilla o reportar arenas de
consistencia media a firme, y adicionalmente incorporar el uso de geomallas
embebida dentro del material de mejoramiento, ajustando por estas variaciones el
número y espaciamiento de los pilotes propuestos inicialmente en los estudios y
diseños. Como conclusión y propuesta realizada del diseñador se definió colocar en
todo el terraplén de acceso pilotes de 5.0 m de longitud, con diámetros comprendidos
entre 0.15 y 0.20m y separación mínima de 1.8m centro a centro, igualmente la
instalación de cuatro bandas de refuerzo en geomalla BX 100 dentro del material de
mejoramiento.

En el presupuesto informativo publicado por el IDU durante el proceso de licitación,
se indicó que el número de ml de pilotes correspondía a 195, lo que significaba que
con el espaciamiento (3.5m centro a centro) y longitud de palotes (5.0 m) indicados
en los estudios y diseños, y el ancho de la base del terraplén (excavación) en ese
sector del Río Bogotá, solo alcanzaría para avanzar con pilotes, 24 ml del terraplén
de acceso al puente sobre el río, a pesar que la longitud de este, de acuerdo con los
diseños geométricos es de 160m. En vista de esta situación y que en los estudios y
diseños del área de geotecnia se mencionaba que los pilotes deberían hincarse a lo
largo del terraplén de acceso al río Bogotá por condiciones de capacidad del suelo,
se decidió consultar al especialista en suelos del diseñador sobre este aspecto, quien
indicó efectivamente era necesario hincar los pilotes en todo el terraplén de acceso,
más aun cuando se observó una variación de algunos parámetros de resistencia y en
la longitud del puente, adicionalmente mencionó que la diferencia en el número de
pilotes relacionados en el presupuesto informativo”.

Expuesto lo anterior, en el acuerdo de voluntades se precisaron las actividades
adicionales que debían adelantarse en el plazo de prórroga solicitado:

“De lo anterior se concluye que fue necesario incluir dos actividades adicionales: a)
Por un lado, un mayor número de pilotes de los contemplados inicialmente y su
respectivo hincado, debido a un error en la transcripción o en la cuantificación de los
mismos durante la etapa de licitación y por otro, en razón a unos cambios tanto de
ciertos parámetros geotécnicos entre la etapa de estudios y diseños. b) La inclusión
de cuatro capas de refuerzo tipo geosintético en el material de mejoramiento entre las
abcisas K35-055 y K35-160, debido a la variación (disminución) de parámetros de
resistencia entre la etapa de estudios y diseños y la ejecución de obras, y el muy
posible incremento de la sobrecarga de terraplén sobre la cimentación por el aumento
en la luz del puente y su respectiva incidencia en la rasante final del terraplén de
acceso al puente sobre el río Bogotá. Estas actividades nuevas y técnicamente
necesarias para asegurar la estabilidad de la obra generan como consecuencia lógica
tiempos adicionales al contrato que no estaban contemplados preliminarmente.

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Los tiempos que requiere la realización de las actividades de suministro e hincado de
pilotes y de instalación de material de refuerzo de tipo geosintético no contempladas
inicialmente desplazan consecuentemente en tiempo las actividades que siguiendo el
proceso constructivo son posteriores (contractuales iniciales), ya que estas
actividades de mejoramiento del suelo de cimentación y de la subrasante son
predecesoras de las actividades de construcción de terraplén, estructura de
pavimento, redes eléctricas e hidráulicas, cunetas etc, lo que implica un
desplazamiento de las fechas inicialmente previstas contractualmente para la
terminación del proyecto”.

7.1.3. En ese contexto probatorio, la Sala encuentra que el contrato No. 153 de 2007
se suspendió y se adicionó en tiempo y en dinero, ante los ajustes que se debieron
efectuarse a los diseños preliminares de la obra entregados por el IDU durante la
etapa de licitación, pero no por ello puede predicarse una violación al principio de
planeación, ni tampoco el reconocimiento que reclama la actora por la mayor
permanencia, tal como pasa a exponerse:

7.1.3.1. En primer lugar, la parte actora manifestó en el recurso de apelación que el
a quo guardó silencio acerca de las causas que dieron lugar a la suspensión del
contrato y que evidenciaban la falta de planeación por parte del IDU, al entregar
diseños deficientes y que no eran definitivos, lo que ocasionó, a su juicio, la mayor
permanencia.

Con los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato, quedó claro
que el asunto relativo a los diseños y estudios de la obra no era del resorte exclusivo
del IDU, sino también del CONSORCIO ALO 2008, que resultó escogido como
contratista. Lo anterior, porque en los mismos pliegos de condiciones se estableció
que, si bien el IDU entregaba la información sobre los diseños y estudios, en forma
previa al inicio de las obras al CONSORCIO le correspondía, en la etapa de
preconstrucción, efectuar la revisión, verificación, ajustes y complementación de los
mismos, hasta apropiarse de ellos, apropiación con la cual debía entenderse que el
contratista conocía y aceptaba totalmente los diseños y los estudios, aunado al
hecho de que estaba en capacidad de asumir la responsabilidad por la obra y
garantizar su estabilidad, “independientemente de que los diseños sean entregados
por el IDU”.

Pues bien, en el presente caso se observa que durante la etapa de preconstrucción
el contrato de obra se suspendió por 16 días, producto de la revisión de los diseños
que realizó el CONSORCIO en la etapa de preconstrucción, pues encontró que se

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requería construir la capa de desplante para el mejoramiento de la subrasante con
un espesor de 75 centímetros a lo largo de la vía, resultando necesario elevar la
respectiva consulta al IDU dado que el valor del espesor no estaba contemplado en
el presupuesto informativo proporcionado por el IDU, tal como consta en el acta de
suspensión y fue corroborado por los testigos Fernando Marcelo Casas, Gerardo
Hernández Castillo, Edber Fredy Andrade Fiaga y Guillermo Corredor Colorado,
quienes coincidieron en señalar que la suspensión del contrato por 16 días tuvo
lugar como resultado de la revisión y ajuste de los diseños entregados por el IDU
(hechos probados y pruebas relevantes 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17).

Aunado a lo anterior, conviene señalar que en los pliegos de condiciones
expresamente se estableció que las suspensiones en la etapa de preconstrucción,
mientras se adelantaban actuaciones frente a los diseños para su apropiación, no
generaban ningún costo para la entidad contratante (hecho probado 6.1.1.), en los
siguientes términos:

“Previo al inicio de las obras, el contratista contará con un mes para adelantar con la
interventoría la etapa de preconstrucción, donde el contratista revisará, verificará,
actualizará, ajustará, complementará y apropiará los diseños realizados por la firma
CIA. DE ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS S.A. CEI S.A. suministrados por el IDU,
para lo cual después de revisar, verificar, actualizar, ajustar y complementar las
memorias de cálculo, planos de diseño y demás documentación relevante, efectuará
la apropiación de los diseños y tomará como suyos los tales. (…)

Mientras se adelantan las revisiones o se ejecutan los ajustes,
complementaciones o modificaciones a los diseños para apropiación de los
mismos, y si a ello hubiere lugar, podrá considerarse una suspensión de la
etapa de preconstrucción, debidamente justificada y aprobada por la
interventoría y el IDU, suspensión que no generará ningún tipo de costo para el
IDU en el contrato. Por lo tanto en caso de darse esta situación, el contratista
deberá asumir todos los gastos que genere la suspensión, incluyendo la
actualización de las pólizas del contrato (...) Una vez revisados, adoptados y/o
modificados los diseños que el IDU puso a disposición de los proponentes durante la
licitación y previa verificación por parte de la interventoría (…) el contratista iniciará la
ejecución de las obras objeto del contrato”. (resaltado fuera del texto)

A partir de las pruebas que reposan en el plenario, queda claro que al presentar su
oferta y suscribir el contrato el CONSORCIO tenía conocimiento de que el IDU no
entregó diseños y estudios definitivos para la obra, al punto de que en los pliegos
de condiciones se estableció que, a pesar de que el IDU proporcionaba "un CD con
la información de los estudios y diseños existentes”, correspondía al contratista
revisar, verificar, ajustar y complementar “las memorias de cálculo, planos de
diseño y demás documentación relevante” hasta apropiarse de ellos, que fue

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justamente lo que hizo mediante Acta No. 5, de modo que no encuentra asidero que
a la entidad demandada se le endilgue responsabilidad por no entregar diseños
definitivos o por haber sido necesario efectuar verificaciones, ajustes y
complementaciones por parte de la actora a los estudios y diseños preliminares
proporcionados en la etapa de licitación.

Desde el inicio el CONSORCIO era consciente de su obligación de revisar, ajustar
y complementar los diseños y estudios entregados por el IDU, la cual no solo quedó
plasmada en los pliegos de condiciones sino también en el contrato No. 153 de
2007, lo que evidencia que la construcción de los diseños y estudios definitivos era
un trabajo mancomunado entre la entidad y el contratista, con la precisión de que el
CONSORCIO tenía la tarea final de ajustarlos y complementarlos, hasta apropiarse
de ellos, de ahí que no pueda atribuírsele al IDU una vulneración del principio de
planeación por no entregar diseños definitivos.

A lo anterior se añade que con la suspensión del contrato por 16 días, lo cual consta
en la misma acta No. 3 suscrita por el contratista, el IDU y la interventoría así como
en los testimonios ya referidos, ante la revisión y ajustes de los diseños y estudios
por el CONSORCIO en la etapa de preconstrucción, no se generó ningún costo que
el IDU deba reconocerle al contratista, pues en los mismos pliegos de condiciones
quedó establecido que si llegara a ser necesario que las partes suspendieran la
etapa de preconstrucción, los gastos generados por la suspensión, mientras se
adelantaban actuaciones frente a los diseños para su apropiación, correrían a cargo
del contratista, de modo que la suspensión no generaría costo alguno para el IDU.

A la sazón, es menester recordar que el pliego de condiciones ostenta una doble
naturaleza jurídica; antes de la adjudicación del contrato, se constituye en un acto
administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección, y
una vez celebrado el contrato integra la relación contractual, convirtiéndose en el
marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del
negocio jurídico98. Además, como de manera uniforme y reiterada la jurisprudencia
ha precisado la Sección Tercera del Consejo de Estado, los pliegos de condiciones
forman parte esencial del contrato, a la vez que constituyen fuente de derechos y

98 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 29 de julio de 2015, Rad.: 40660, y del

26 de abril de 2006, Rad.: 16.041

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obligaciones de las partes y son determinantes en la interpretación e integración del
negocio jurídico99-100.

Adicional a lo expuesto la Sala advierte que, en todo caso, la parte actora no probó
que se hubiesen generado sobrecostos durante la etapa de preconstrucción,
producto de la suspensión del plazo del contrato, pues en el expediente no existe
elemento de prueba que dé cuenta de ello; llama la atención el dictamen pericial
rendido por el ingeniero civil Enrique Rodríguez Niño, en el cual, frente al hecho de
la suspensión del contrato, únicamente se indicó el lapso que permaneció
suspendido en la etapa de preconstrucción, sin precisar nada más; incluso, en dicha
experticia se plasmó que no hubo un impacto negativo en el desarrollo del contrato
de obras durante la etapa de preconstrucción, en los siguientes términos101:

“en cuanto hace referencia al incremento del plazo de la etapa de
preconstrucción, aunque representa una adición en este de un 53.3% no sería
muy representativo para considerarlo un impacto negativo, pues que representa
un plazo de adición mínimo, dentro del plazo general del contrato”.

En consecuencia, la Sala descarta el cargo elevado en el recurso de apelación.

7.1.3.2. En segundo lugar, la parte actora indicó en la alzada que en los
modificatorios del contrato quedó acreditado que, ante la insuficiencia de diseños
que se evidenció en la etapa de preconstrucción, se impactó el plazo, falencia que,

99 “Para la Sala tal como lo señala la doctrina, la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones o

términos de referencia que elabora la administración pública para la contratación de sus obras,
bienes o servicios, está claramente definida en tanto son el reglamento que disciplina el
procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcances del contrato,
al punto que este documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una preceptiva
jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista particular no sólo en la
etapa de formación de la voluntad sino también en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase
final. De ahí el acierto de que se tengan como “la ley del contrato”. (…) Dicho de otro modo, los
pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la fuente principal de los
derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato,
en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los
proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas de los pliegos de
condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la
minuta, la cual debe limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna
la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes.” (Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de
2000. Rad. 10399).
100 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29 de

enero de 2004. Rad. 25000-23-26-000-1993-8696-01(10779). En el mismo sentido, por ejemplo,
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 2 de julio
de 2021. Rad. 41001-23-31-000-2001-01484-01 (51910).

101 Fl. 207, C1.

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fundada en la vulneración del principio de planeación, impidió la ejecución del
negocio jurídico bajo las condiciones inicialmente previstas por las partes y ocasionó
una mayor permanencia.

Para resolver lo pertinente, y atendiendo a que en la apelación la demandante se
pronunció en torno a la jurisprudencia del Consejo de Estado en punto a la
necesidad de plasmar salvedades en los otrosíes, a efectos de controvertir su
fundamentación y aplicación, se advierte que recientemente la Sala Plena de la
Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 27 de julio de 2023 -
expediente No. 39121-, unificó su criterio en torno a la ausencia de reclamaciones
o salvedades en los otrosíes -acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o
suspensiones-, en los siguientes términos:

“Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá
estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación
específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones,
adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u
otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será
desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las
reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las
partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación
ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por
las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones
judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte
probado”102.

En este orden de ideas, a partir de la aplicación de la buena fe contractual,
expresamente consagrada en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código
de Comercio, le corresponde al juez del contrato, en cada caso, interpretar los
acuerdos celebrados entre las partes y el comportamiento jurídicamente relevante
que hubieren observado, junto con las demás particularidades del asunto sometido
a su decisión, para establecer si lo pretendido en la demanda se encuentra en
contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las manifestaciones de la
voluntad y a la conducta observada por las partes durante la ejecución del contrato.

Así las cosas, de conformidad con los hechos probados en el proceso, en el caso
concreto se observa que, producto de la revisión de los diseños y estudios de la

102 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de 2023, exp.

39121.

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obra por parte del CONSORCIO en la etapa de preconstrucción, se suspendió el
contrato por 16 días porque se encontró la necesidad construir la capa de desplante
para el mejoramiento de la subrasante.

Posteriormente, tal como se constata en el “Acta de Comité de Seguimiento”
suscrita el 22 de mayo de 2008, la directora de construcción del IDU consideró que
resultaba pertinente adicionar el negocio jurídico, documento en el cual, a su vez, el
CONSORCIO planteó la opción de construir un muro de tierra reforzado con
geotextil en el puente sobre el río Bogotá para proporcionar mejor comportamiento
de los suelos en esta zona y mayor estabilidad (hecho probado 6.6.). Más adelante,
mediante “Acta No. 26 de Comité Técnico de Seguimiento”, suscrita el 30 de octubre
de 2008, la interventoría adquirió el compromiso con el contratista de radicar ante
el IDU “la programación con los $1.500.000.000 de adición” (hecho probado 6.8.).

Todas estas situaciones descubiertas a raíz de la revisión de los diseños y estudios
por parte del CONSORCIO, condujo al contratista a solicitar una adición del contrato
para mejorar la subrasante y garantizar la estabilidad, ante la variación de las
condiciones de material freático, siendo así, entonces, que el 29 de diciembre de
2008 el CONSORCIO y el IDU suscribieron una primera adición al contrato de obra
No. 153 de 2007, por una suma de $1.500.000.000 (hecho probado 6.9), con lo que
se cubría los costos adicionales de obras que no estaban contempladas
preliminarmente pero que eran necesarias para asegurar la estabilidad de la obra.

Lo mismo ocurrió con la suscripción de la segunda adición al negocio jurídico, pues
se adicionó el valor en la suma de $727.000.0000 para llevar a cabo esas
actividades de mejoramiento de la obra, situación que se evidenció luego de la
revisión de los diseños y estudios por parte del contratista (hecho probado 6.10).

Por su parte, con la suscripción de la tercera adición al contrato se amplió el plazo
por tres meses para el mejoramiento de la subrasante (obra no contemplada
originalmente), con la precisión, y así quedó pactado, de que esa prórroga “no
genera ningún costo adicional para el IDU” (hecho probado 6.11). Igualmente, con
la firma de la cuarta adición al contrato, el 26 de junio de 2009, se amplió el plazo
70 días, con la advertencia también de que la prórroga no generaba ningún costo
(hecho probado 6.12.), para adelantar unas actividades adicionales para asegurar

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la estabilidad de la obra, producto también, entre otras razones, por situaciones
acaecidas durante la etapa de diseños y la ejecución de las respectivas obras.

En la demanda se sostuvo que la mayor permanencia en la obra obedeció por
actividades de mejoramiento de la subrasante que no estaban contempladas en el
contrato original, producto de la deficiencia de los diseños, argumento que fue
reiterado por la actora en el recurso de apelación, al señalar que la ejecución de
obras no previstas inicialmente desplazaron el cronograma de las obras.

Sobre el particular y de acuerdo con el material probatorio recaudado, se observa
que el CONSORCIO y el IDU con la suscripción de las adiciones adoptaron las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, al punto de que en dos oportunidades se adicionó el contrato en valor
para que realizara aquellas obras no previstas inicialmente en el contrato original
para garantizar la estabilidad de la obra –como el mejoramiento de la subrasante,
que se evidenció producto de la revisión de los diseños-, además de la ampliación
del plazo, también en dos oportunidades, para ejecutar y culminar las actividades
faltantes.

No está de más señalar que los reconocimientos de sumas adicionales fueron
solicitados por el mismo contratista, aunado al hecho de que en los acuerdos por
medio de los cuales se ampliaron el plazo contractual quedó plasmado que no se
generarían costos para el IDU.

Es evidente, entonces, que mediante los acuerdos adicionales al contrato No. 153
de 2007 se regularon, por un lado, los costos por las obras adicionales no previstas
inicialmente, las cuales se evidenciaron luego de la revisión de los diseños, y por
otra parte, la ampliación del plazo para que se diera cumplimiento a dichos trabajos
y actividades, de manera que ahora, en sede judicial, no tiene vocación prosperidad
la pretensión relacionada por la mayor permanencia en obra, porque ello ya fue
zanjado con los acuerdos de voluntades que se concretaron en las adiciones al
contrato en cuestión.

Al respecto, en sentencia del 12 de diciembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación expuso lo siguiente:

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“64. Tales modificaciones contractuales, especialmente, la ampliación del plazo
contractual con la indicación de que no generarían sobrecostos a ser reconocidos por
el IDU, corresponden a acuerdos válidos y exigibles, decididos por las partes en
ejercicio de la autonomía de la voluntad en consonancia con el principio de buena fe
(artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil), con el fin de superar
las circunstancias descritas por la parte actora para sustentar sus pretensiones. Por
tanto, está acreditado que durante la ejecución del negocio jurídico, se plantearon y
definieron remedios directos frente a los efectos de los asuntos ahora reclamados,
mediante acuerdos concretos, en aras de anticiparse a la construcción de
reclamaciones posteriores y evitar extender la controversia hasta su definición vía
litigiosa, como ahora se pretende por la parte actora”103.

Así las cosas, para la Sala el cargo que se analiza no está llamado a prosperar, por
cuanto, a más de haberse contemplado desde el inicio que podrían tener lugar
modificaciones a los diseños, planos y estudios entregados junto con el pliego de
condiciones, al advertirse la necesidad de ejecutar actividades que inicialmente no
estaban contempladas y que impactaban el plazo y el valor acordado, mediante los
acuerdos modificatorios celebrados por los contratantes regularon lo concerniente
al mayor valor requerido con ocasión de los cambios en los planos y
especificaciones y las obras extras y adicionales que de allí se derivaron, así como
el mayor plazo que ello implicó.

En el proceso obra el testimonio de Fernando Marcelo Casas, quien se desempeñó
como representante el CONSORCIO y quien en su declaración afirmó que el
contrato tuvo una mayor duración a la inicialmente prevista, pues se aumentaron los
plazos como resultado de actividades no previstas originalmente, lo que conllevó a
permanecer un mayor tiempo en la obra generándole sobrecostos al contratista; sin
embargo, tal afirmación debe ser valorada en conjunto con las demás pruebas del
proceso, de las cuales emerge que, tal como ha quedado expuesto, mediante los
primeros dos contratos adicionales, ambos suscritos el 29 de diciembre de 2008, se
adicionó el valor del contrato en la suma total requerida para ejecutar las actividades
no contempladas originalmente, y mediante los dos últimos acuerdos modificatorios
se aumentó el plazo contractual estipulándose expresamente que tales prórrogas
no generaban ningún costo para el IDU, a más de precisarse que el tiempo adicional
respondía justamente al necesario para la culminación del proyecto como resultado
de las actividades no previstas.

En suma, la Sala encuentra que previa solicitud del contratista las partes acordaron
la extensión del plazo contractual y la adición al valor del contrato, mediante

103 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de diciembre de 2022. Rad.: 59382.

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negocios jurídicos que constituyeron acuerdos vinculantes para los contratantes
respecto de las condiciones en que se llevarían a cabo y que fueron suscritos tras
conocer las causas que daban origen a su celebración y en los que se estipuló que
la extensión del plazo de ejecución no daría lugar a costos a cargo del IDU.

A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el
que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el
mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones
recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la
fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo
acordado en los términos pactados.104 El principio enunciado –pacta sunt servanda,
garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones
contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad
como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la
estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los
sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta, descansa en la confianza de
que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente.

En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las
partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para
asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro
ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen
este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales
los contratos válidamente celebrados tienen los efectos de ley para los contratantes
y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas
legales105.

104 Sobre el particular, señala la doctrina:

“(…) que las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con su tenor,
en su conjunto y en cada una de sus cláusulas.
(…) En el fondo, en la observancia del contrato y en la ejecución, reside el resultado práctico del
contrato; es el resultado para cuya consecución se estipuló este. Y que el contrato deba ser
observado, es decir, que las partes cumplan con lo que se estableció en él, es un principio que deriva
de aquel (de orden ético) del respeto a la palabra dada y de la consideración de que (aún
prescindiendo del hecho de que el contrato es por lo común de prestaciones recíprocas y que, por
consiguiente, la observancia por uno de los contratantes es el presupuesto de la observancia por el
otro) el contrato suscita legítimas expectativas en cada uno de los contratantes; expectativas que no
deben ser defraudadas…” Messineo, Francisco: Doctrina general del contrato. EJEA: Buenos Aires.
1952, p. 143 y ss.
105El artículo 1602 del Código Civil dispone: “LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS

PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio, dispone: “PRINCIPIO DE BUENA FE. Los
contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo

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En el expediente también obra el dictamen pericial rendido por el ingeniero Enrique
Rodríguez Niño –prueba en cuya valoración se insistió en la apelación-, en el que
se consignó que, ante la insuficiencia de diseños, hubo un impacto negativo en el
contrato que produjo un mayor plazo de ejecución. Esto se sostuvo en la experticia:

“Lo que sí se puede considerar como un fuerte impacto negativo en el desarrollo
económico del contrato son las cuantías de las adiciones económicas (inicialmente
$2.227 millones, que finalmente fueron $1.477 millones únicamente, equivalente a un
15.2% del valor inicial del contrato) y las adiciones en plazo (5.87 meses, equivalentes
al 53.3% del plazo inicial del contrato), ya que no tiene carta de presentación que por
una adición en cuantía del 15.2% el plazo del contrato se adiciones en un 53.3%, más
de la mitad del plazo contractual inicial”.

El anterior aparte del dictamen muestra que supuestamente hubo un impacto
negativo en el desarrollo económico al adicionar el contrato, cuestión que, además
de que no cuenta con un soporte que respalde esa conclusión, no encuentra
sustento en los demás medios de prueba que obran en el expediente. Ciertamente,
lo que permitieron las adiciones del contrato fue mitigar el impacto por aquellas
obras adicionales que no estaban previstas originalmente en el negocio jurídico.

A lo anterior se suma que, si bien en el proceso también obra un dictamen contable,
que se practicó para calcular los perjuicios que sufrió la parte actora, lo cierto es
que su análisis resulta inane, toda vez que en el expediente se encuentra
demostrado que, a través de los modificatorios al contrato No. 153 de 2003, fueron
reconocidas las obras ejecutadas que no fueron previstas inicialmente en el negocio
jurídico y que generaron plazos adicionales para su realización.

Todo lo expuesto conduce a descartar la pretensión relativa a la mayor permanencia
en la obra originada en la ejecución de actividades adicionales que implicaron la
extensión del plazo contractual, como resultado de la alegada falta de planeación,
sobre la cual se insistió en el recurso de apelación.

7.1.3.3. En tercer y último lugar, de conformidad con los cargos del recurso de
apelación en punto a la mayor permanencia en obra, se tiene que, además de los
dos cargos ya analizados -entrega de diseños que no eran definitivos y ampliación
del plazo contractual debido a ejecución de obras adicionales- para la parte actora

pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según
la ley, la costumbre o la equidad natural”.

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la falta de planeación por parte del IDU también se refleja en la supuesta indefinición
de los diseños de las redes eléctricas y de los estudios hidráulicos, con la
consecuencia de retrasos en el cronograma de la obra, lo que ocasionó una mayor
permanencia para el contratista. Sobre este particular se insistió en la apelación,
alegando la actora que el principio de planeación se vio vulnerado ante la
insuficiencia de los diseños ya aludidos, aunado al hecho de que el IDU incumplió
la obligación de prestar colaboración al contratista.

Al respecto, en los pliegos de condiciones quedó establecido que en la etapa de
preconstrucción el contratista debía adelantar actividades de revisión, verificación,
actualización, ajustes y complementación de los diseños de las redes eléctricas de
CODENSA y telefónicas de la ETB, así como también frente a los diseños
hidrosanitarios (hecho probado 6.1.2.). A su vez, en la cláusula séptima del contrato
se pactó que al CONSORCIO le asistía la obligación de recopilar y analizar toda la
información disponible sobre redes existentes y proyectadas (datos técnicos de la
EABB), especificaciones técnicas e insumos requeridos, entre otros (hecho probado
6.3.2.).

En el acta de apropiación de los diseños y estudios, que se concretó mediante Acta.
No. 5, el representante del CONSORCIO ALO 2008 dejó la siguiente constancia106:

“Diseño eléctrico. Respecto a los diseños eléctricos entregados por la entidad, a la
fecha estos no cuentan con la aprobación de CODENSA ESP, pues en las reuniones
adelantadas para revisión de los mismos por parte de Codensa y con la participación
de los especialistas de la interventoría, el constructor y la consultoría del IDU, esta
versión ha tenido modificaciones, atendiendo algunas observaciones de Codensa.

Diseño hidráulico. Respecto a los diseños hidráulicos entregados por la entidad a la
fecha se encuentran aprobados por el Grupo de Redes de IDU dentro del marco del
convenio interadministrativo IDU-EAAB. No obstante, como producto de la revisión y
las visitas de campo llevadas a cabo por el contratista y la interventoría de la obra, se
han detectado que probablemente existen algunas interferencias en el trazado de
ALO, con otras que actualmente adelante o tiene proyectado adelantar la EAAB”.

De lo anterior no se extrae que hubiese una insuficiencia o indefinición en los
diseños referidos, pues lo que se observa es que los eléctricos no contaban con la
aprobación de CODENSA y frente a los hidráulicos, a pesar de estar aprobados,
fueron advertidas algunas interferencias en el trazado con unas obras que realizaría
la EAAB. Adicional a lo anterior, no puede perderse de vista que, entre las

106 Fl. 126, C.3.

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obligaciones que asumió el contratista, se destaca la de revisión y verificación de
todos los diseños, de manera que el CONSORCIO era consciente de que podían
presentarse desavenencias frente a los aludidos diseños, que, de acuerdo con sus
obligaciones, se encontraba en la tarea de ajustar e, incluso, de complementar,
luego de su respectiva revisión y verificación, sin que pueda evidenciarse una
vulneración al principio de planeación.

Se añade a lo anterior que, de acuerdo con el material probatorio que obra en el
expediente, la ampliación del plazo contractual, por la que se reclaman sobrecostos
por mayor permanencia, no obedeció, precisamente, a la supuesta indefinición de
los diseños de redes eléctricas e hidráulicas, sino al proceso constructivo como tal
para el mejoramiento de la subrasante y la estabilidad de la obra, actividades
“predecesoras” a todo lo que concernía a las redes eléctricas e hidráulicas, tal como
se constata en el contenido de los adicionales tres y cuatro del contrato:

En efecto, en la adición No. 3 al contrato quedó consignado lo siguiente (hecho
probado 6.11):

“(...) el tiempo adicional que se requiere para la realización de las actividades de
mejoramiento en la subrasante (no contempladas originalmente) desplazan
consecuentemente en tiempo a las actividades contractuales iniciales, ya que estas
actividades adicionales son predecesoras de las actividades de construcción
de terraplén y estructura de pavimento, lo que implica un desplazamiento de la fecha
inicialmente prevista para la culminación del proyecto” (se destaca).

A su turno, en la adición No. 4 al contrato se plasmó (hecho probado 6.12):

“Los tiempos que requiere la realización de las actividades de suministro e hincado
de pilotes y de instalación de material de refuerzo de tipo geosintético no
contempladas inicialmente desplazan consecuentemente en tiempo las actividades
que siguiendo el proceso constructivo son posteriores (contractuales iniciales), ya
que estas actividades de mejoramiento del suelo de cimentación y de la
subrasante son predecesoras de las actividades de construcción de terraplén,
estructura de pavimento, redes eléctricas e hidráulicas, cunetas etc, lo que
implica un desplazamiento de las fechas inicialmente previstas contractualmente para
la terminación del proyecto”.

El testigo Edber Andrade Fiaga, entre otras cosas, afirmó que se presentaron
adiciones en dinero y en tiempo al contrato, por la indefinición en diseños de la parte
eléctrica, de las alcantarillas, del tramo III, lo que, a su juicio, generó una mayor
permanencia (hecho probado 6.16). Esta declaración no se tendrá en cuenta,
porque no encuentra respaldo en los modificatorios ya referidos, toda vez que las

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adiciones que se efectuaron al contrato objeto de estudio no tuvieron sustento en la
supuesta indefinición de las redes eléctricas e hidráulicas, sino concretamente en
aspectos que requerían el mejoramiento de la subrasante, lo que era necesario para
continuar con las redes hidráulicas y eléctricas, ya que las actividades de
mejoramiento del suelo antecedían las relacionadas con dichas redes.

Es cierto que hubo reuniones entre la interventoría, el contratista y el IDU con el
propósito de concretar el tema de las redes eléctricas e hidráulicas (hecho probado
6.20), pero de las pruebas no se evidencia que la mayor permanencia en la obra
fue producto de la supuesta indefinición de los diseños de redes hidráulicas y
eléctricas, sino por las obras que debían realizarse para el mejoramiento del suelo
y la subrasante, que son distintas a las actividades concernientes a las redes, lo que
conduce a la negativa de la pretensión objeto de estudio. A lo anterior se añade, de
todas maneras, que no se acreditaron circunstancias posteriores que hayan
conllevado a una mayor permanencia en la obra por una supuesta indefinición de
los diseños de redes eléctricas e hidráulicas.

En todo caso, vale reiterar que con los acuerdos adicionales al contrato de obra No.
153 de 2007 las partes adicionaron sumas de dinero para la realización de las obras
no previstas originalmente en el negocio, además de que, de manera expresa,
pactaron y acordaron que los adicionales en cuanto al plazo de la ejecución no
generaban ningún costo que debiera reconocer el IDU, acuerdos celebrados en
ejercicio de la autonomía de la voluntad.

7.2. Pretensión sobre el reconocimiento de volúmenes de rajón no pagados

En el recurso de apelación el CONSORCIO señaló que debían reconocerse los
volúmenes de rajón que fueron descontados “arbitrariamente” por la interventoría y
que no fueron pagados, aduciendo al respecto que las partes pactaron que este
ítem se mediría como material suelto ingresado a la obra. A su turno, el IDU arguyó
en el proceso que “se debe partir del acuerdo de voluntades de los adicionales 1 y
2 al contrato 153 de 2007, en el sentido de pagar al contratista el valor del rajón
instalado en la obra”.

Previo a resolver el cargo de la impugnación, la Sala considera oportuno realizar
unas precisiones. Según se extrae de la demanda, la parte actora fundamenta tal

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pedimento imputándole responsabilidad no al IDU, que es la entidad demandada,
sino al CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍA LONGITUDINAL, que fue quien ejerció
la interventoría del contrato de obra No. 153 de 2007 y que, como puede constatarse
en los antecedentes de este proveído, no fue vinculado como extremo pasivo.

Es así como, en el libelo introductorio, aunque se alega un “incumplimiento por parte
del IDU – pago en las cantidades de rajón”, se afirma que ello obedeció “por hechos
imputables únicamente al descuido de la interventoría”107. Específicamente, en los
fundamentos de derecho del libelo introductorio se expuso lo siguiente:

“En relación con el registro del suministro de piedra rajón los días 30 de diciembre de
2008 y 6 y 7 de enero de 2009, dable es afirmar que se evidenció un proceder
descuidado de la interventoría, pues esta, en su calidad de colaborador con la
administración en la ejecución del contrato, debió asumir la diligencia y cuidado
necesarios para registrar en debida forma la entrada y salida de volquetas continente
del material piedra rajón los días 30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero de 2009.
Sobre el respecto, también cabe manifestar que el contratista no está en el deber
jurídico de soportar las consecuencias del descuidado actuar de la interventoría y por
lo tanto le asiste el derecho de solicitar el restablecimiento del equilibrio económico
del contrato.

La relatada situación va aparejada también con el hecho de que la interventoría, de
forma irregular descontó al contratista en el acta No. 13 de recibo parcial No. 7 de
fecha 30 de enero de 2009 un volumen de rajón de 2.505 m3, por valor de
$151,731.822, así como dejó de pagar al contratista en la misma acta un volumen
material de $685m3 por valor de $41.491.536, para un volumen total de 3.190m3, por
valor total de $193.223.358.

(...) De conformidad con lo descrito en los párrafos anteriores, es necesario anotar
que, a pesar de ser las aludidas situaciones totalmente imputables a la
interventoría, esto no es óbice para que en virtud de la explicada teoría del equilibrio
económico del contrato, el IDU se sustraiga de su obligación legal de pagar al
contratista los valores adeudados”.

Es claro, entonces, que lo relacionado con el reconocimiento que reclama el
CONSORCIO –demandante en este asunto- por el volumen de rajón descontado y
no pagado fue atribuido expresamente a la interventoría del contrato de obra, que
estuvo a cargo del CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍA LONGITUDINAL, mas no
al IDU, al punto de que, como acaba de verse, en la demanda se realizaron
afirmaciones contundentes atribuyéndole responsabilidad, con el argumento de que
su actuar fue descuidado y que, de forma irregular, descontó al contratista
volúmenes de rajón de unas actas.

107 Fls. 37 y 38, C.1.

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Sin perjuicio de lo expuesto e independiente de la actuación cuestionada de la
interventoría, la Sala abordará el análisis en el sentido de si el IDU incumplió sus
obligaciones en lo que tiene que ver con el pago del ítem “4NP transporte, suministro
e instalación de rajón”, que es la obligación contractual que se alega incumplida.

Es cierto que, de acuerdo con los extractos de la demanda, la parte actora alegó
que este punto debía estudiarse bajo la óptica de la teoría del equilibrio económico
del contrato, cuestión que no comparte la Subsección, dadas las precisiones
conceptuales expuestas en el punto 7.1.1. de esta providencia y atendiendo a que
lo que se alega parte del incumplimiento de la obligación de pago por parte del IDU,
de modo que el camino para examinar lo pertinente es el de la reparación de los
perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, es decir, el
de la responsabilidad contractual.

En este orden de ideas, de acuerdo con el material probatorio recaudado en el
expediente, la Sala destaca que el 20 de septiembre de 2008 el CONSORCIO y el
interventor suscribieron el documento “ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”, en
relación con el ítem “4NP [no previstos] SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACIÓN DE RAJÓN”, consignándose un costo directo de $45.678 por m3;
documento en el cual se plasmó que el rajón sería cuantificado como material suelto
“medido por el número de viajes que ingresen a la obra” (hecho probado 6.21.1).

Ahora bien, según los pliegos de condiciones, el análisis de precios unitarios debía
ser sometido a la revisión y aprobación del por parte del IDU (hecho probado 6.1.3),
lo que en efecto ocurrió en el presente caso, dado que el 14 de octubre de 2008 el
IDU, sin objeción alguna, le dio el visto bueno y aprobó el análisis de precios
unitarios referido en un costo directo del suministro, transporte e instalación de
rajón, cuyo m3 se estableció en un valor de $45.678 (hechos probados 6.21.2 y
6.21.3). Ese valor unitario fue avalado, además, por el adicional uno al contrato No.
153 de 2007, que se suscribió el 28 de noviembre de 2008, y en el que consta lo
siguiente108:

“RESUMEN DE ACTIVIDADES ADICIONALES (…)
DEESCRIPCIÓN UND CANT V.UINITARIO V. TOTAL
Suministro, transporte
e instalación de rajón M3 5.011,81 $45.678 $228.929.457,18

108
Fl. 43, C.3.

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Por otra parte, la Sala destaca que entre la interventoría y el contratista hubo un
cruce de correspondencia, del cual se despende que la primera le advirtió al
CONSORCIO ALO 2008 unas inconsistencias en cuanto a la cantidad de rajón, en
tanto el número de viajes de materiales que registró en las planillas utilizadas el 30
de diciembre de 2008 no coincidía con los registros de campo realizados por la
interventoría, de ahí que le informó al contratista que el rajón colocado en la
mencionada fecha se pagaría por “carteras topográficas” y no por el número de
viajes que ingresen a la obra (hecho probado 6.21.4). A su vez, se observa que lo
anterior condujo a que la interventoría, a través del oficio INT-CIVIL-023-2009
radicado el 28 de enero de 2009 ante el CONSORCIO ALO 2008, le enviara un
análisis que efectuó sobre las cantidades de material rajón reconocidas al
contratista en las actas Nos. 5 y 6, indicándole que debía realizarse un descuento
en el acta de recibo parcial No. 7, ante las inconsistencias detectadas y teniendo en
la medición bajo el método de “carteras topográficas” (hecho probado 6.21.5), lo
que en efecto ocurrió, tal como se advierte en el “Acta No. 13 de recibo parcial de
obra No. 7”, suscrita el 30 de enero de 2009, en la que ciertamente se descontaron
2.505 m3 por el ítem 4NP (hecho probado 6.21.6).

Adicionalmente, con la correspondencia cruzada entre la entidad contratante, el
CONSORCIO ALO 2008 y la interventoría se observa también que, si bien existe
entre las partes una diferencia sobre la manera de cuantificar el material de rajón,
lo cierto es que ello devino de la controversia que se suscitó por “la cantidad de
material que certifica la cantera y el número de viajes de material que ingresaron a
la obra (posición del contratista) versus la cantidad de material que sustenta la
interventoría se encuentra instalado” (hecho probado 6.21.8), aspecto este último
que se corrobora con el oficio que le remitió el CONSORCIO ALO 2008 a la
interventoría, en el que le manifestó su desacuerdo con la forma en que estaba
llevando a cabo el registro de la entrada de las volquetas con rajón (su volumen) a
la obras (hecho probado 6.21.8.1.), al punto que se realizó una prueba para
determinar los volúmenes de rajón que efectivamente llegaron a la obra (hecho
probado 6.21.8.2.).

Lo expuesto permite a la Sala evidenciar que, en el marco de la ejecución del
contrato, entre las partes se suscitó una discusión sobre la forma del registro de la
entrada de volquetas legadas a la obra, lo que impactó seriamente en la

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cuantificación del “ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón”, en el
sentido de si se determinaba por “número de viajes que llegaron a la obra” o por
“carteras topográficas”, punto que deberá resolverse a la luz de las reglas de
interpretación de los contratos y de conformidad con el material probatorio arrimado
al plenario.

Al respecto, es importante resaltar que cuandoquiera que no exista suficiente
claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o
se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de
voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes
le atribuyen un significado divergente a lo pactado, corresponderá al juez adelantar
la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención
de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, a cuyo tenor “conocida claramente la
intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las
palabras”.

De vieja data la Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente que la
interpretación del contrato tiene por objeto dilucidar la común intención de las partes
a partir de la aplicación de las distintas reglas de hermenéutica establecidas en la
ley y en aras de encontrar el genuino sentido del acuerdo de voluntades, pues más
allá del tenor literal del contrato “es la voluntad interna y no la declarada la que rige
la hermenéutica contractual”109, por lo que “no ha de limitarse siempre el exégeta a
una interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal del contrato, pues
casos hay en los que debe acudir a auscultar la intención común, de lo que han
querido o debido querer los contratantes […] Y a ese propósito se encaminan las
reglas que siguen al mencionado artículo 1618”110.

A su turno, en cuanto a las mencionadas pautas de hermenéutica, que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido aplicables a la interpretación
de los contratos estatales111, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

109 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1º de agosto de 2002, Exp.:

6907.
110Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de mayo de 2008. Exp.:

11001-31-03-028-2000.
111 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 9 de mayo de 2012, Exp. 22.714 y del

5 de marzo de 2021. Rad.: 39249.

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“Ahora bien, el criterio basilar en esta materia -mas no el único, útil es mencionarlo-
es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida
claramente la intención de los contratantes ha de estarse a ella más que a lo literal
de las palabras, en cuya puesta en práctica sirve de fundamento, entre otras pautas
o reglas, la prevista en el inciso final del artículo 1662 ib., a cuyo tenor las cláusulas
de un contrato se interpretarán por la aplicación práctica que hayan hecho ambas
partes, o una de las partes con aprobación de la otra.

Esa búsqueda -o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe ser
erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen,
prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común
de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor
literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por
ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionalistas, ratio medular del
laborío hermenéutico. […]

El mismo artículo 1622 -ya citado- sienta otras reglas más de acentuada valía, como
aquella que prevé que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras,
dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad, en
clara demostración de la relevancia que tiene la interpretación sistemática y
contextual, brújula sin par en estos menesteres.

O, en fin, la contemplada en el artículo 1621, que dispone que cuando no aparezca
voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la
naturaleza del contrato, sin dejar de tener su propia fuerza y dinámica, en veces
definitiva para casos específicas, la asentada en el artículo 1620, según la cual, el
sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel
en que no sea capaz de producir efecto alguno, lo que significa que si la
interpretación de una cláusula puede aparejar dos sentidos diversos, uno de los
cuales le restaría -o cercenaría- efectos, o desnaturalizaría el negocio jurídico, dicha
interpretación debe desestimarse, por no consultar los cánones que, de antiguo,
estereotipan esta disciplina.

Todas estas directrices, en últimas, tienen el confesado propósito de evidenciar la
común voluntad de los extremos de la relación negocial, lo mismo que fijar unos
derroteros enderezados a esclarecer la oscuridad o falta de precisión que, in casu,
puede presentar el texto contractual, bien desestimando interpretaciones que,
inopinada o inconsultamente, conduzcan a privar de efectos a la cláusula objeto de
auscultación, ya sea otorgándole relevancia a la naturaleza del contrato, bien
interpretándolo de modo contextual, esto es, buscando armonía entre una cláusula
y las demás, etc.”112

En este orden de ideas, el pliego de condiciones, la propuesta, el contrato y los
acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución deben ser interpretados de
acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y
lógica, con el fin de establecer la común intención de los contratantes, su genuina
intención.

En el presente asunto, a juicio de la Sala la intención de las partes (artículo 1608
CC) fue clara en que el ítem no previsto originalmente de suministro, transporte e

112 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de febrero de 2005, Exp.:

7504.

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instalación de rajón tenía un valor unitario de $45.678 por m3 (metro cúbico), con la
precisión de que el rajón se cuantificaría “por el número de viajes que ingresen a
la obra”, lo que se constata con la aprobación por parte del IDU del “Análisis de
Precios Unitarios”, visto bueno que otorgó sin objeción alguna, lo que permite
entender que, además de aceptar el valor unitario del m3 de rajón, también avaló la
manera cómo debía cuantificarse.

Lo anterior cobra mayor fuerza atendiendo al hecho de que en las actas Nos. 6 y 7,
según se desprende del cruce de correspondencia, el IDU pagó al contratista el
“ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón”, con base en la
cuantificación “por el número de viajes que ingresen a la obra”. En este sentido,
debe recordarse que, de conformidad con el artículo 1.622 del Código Civil, las
cláusulas del contrato pueden interpretarse “... por la aplicación práctica que hayan
hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”,
regla de hermenéutica que se denomina “interpretación auténtica”, pues proviene
de los propios contratantes, de manera tal que de su comportamiento se deduce su
voluntad real y su mutuo entendimiento acerca del contenido y alcance de sus
estipulaciones113.

Es cierto que, luego de haberse pagado durante un tiempo de la ejecución el ítem
4NP teniendo en cuenta “el número de viajes que ingresen a la obra”, se dispuso
cambiar la manera de cuantificar el ítem de suministro, transporte e instalación de
rajón, ya no por el número de volquetas que ingresaban a la obra sino por el método
de “carteras topográficas”, lo que incluso sucedió, pues la interventoría descontó
una suma considerable, como se observa en el “Acta No. 13 de recibo parcial de
obra No. 7”, suscrita el 30 de enero de 2009. Al respecto, la Sala advierte que
pretender cambiar la forma de cuantificación del referido ítem, ya cuando con
antelación se había aprobado por parte del IDU la medición teniendo en cuenta el
número de viajes -e incluso pagado ciertas actas durante la ejecución-, evidencia
un desconocimiento de la buena fe contractual, al ir en contra de sus propios actos.

Bajo el anterior contexto ha de entenderse que el m3, que corresponde a un valor
unitario de $45.678, debe cuantificarse con base en el número de viajes que
ingresan a la obra, al margen de que, de manera posterior, el IDU y la interventoría

113 Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Editorial Temis S.A. y
Editorial Jurídica de Chile. 1992. Vol. VI. De las Obligaciones. Num. 1291.

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intentaron desconocer lo pactado en esos términos. Este aserto encuentra respaldo
probatorio no solamente en los documentos ya mencionados, sino en los
testimonios de Fernando Marcelo Casas y Gerardo Hernández Castillo, quienes
corroboraron que el sistema de precios pactado para el ítem de suministro,
transporte e instalación de rajón fue por metro cúbico, medido sobre número de
viajes de volqueta (hechos probados 6.14.1. y 6.15.1.), además de que en el
dictamen rendido por el ingeniero civil, luego de la revisión de los documentos, se
plasmó que no era posible entender una forma de pago distinta a la de material de
rajón medido en volqueta o por número de viajes (hecho probado 6.18).

7.2.1. En la demanda la parte actora reclama el pago de la suma de $113.847.162,
por concepto de las cantidades de material piedra rajón descontadas y no pagadas,
las cual discriminó de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN UND. CANT. V. V.TOTAL
UNITARIO
VOLUMEN DESCONTADO M3 1.688.70 $45.678.00 $77.136.438.60
ACTA 7 SIN SUSTENTACIÓN
JURÍDICA (30 de enero de
2009) un volumen regresado
por la interventoría en el acta
No. 16 V=816.3 m3, saldo por
regresar = 2.505m3 – 816.3
m3 = 1688.70 m3.
VOLUMEN PLANILLAS NO M3 685.00 $45.678.00 $31.289.430.00
APROBADAS DE 30 DE
DICIEMBRE, 6 Y 7 DE
ENERO
TOTAL 2.373, 70
COSTO DIRECTO $108.425.868,60
UTILIDAD 5% $5.421.293,43
COSTO TOTAL $113.848.162,03

7.2.1.1. Descuento realizado sobre el Acta No. 7.

La Sala advierte, tal como lo señala la parte actora, que se realizó un descuento en
la referida acta (por 2.505 m3), pues así se acreditó en el proceso (hecho probado
6.21.6), teniendo en cuenta el método de cuantificación de “carteras topográficas”,
desconociéndose, por lo ya explicado, que la voluntad de las partes, de acuerdo con
las reglas de interpretación de los contratos, fue la de cuantificar el rajón con base
en el número de volquetas o números de viajes que ingresaban a la obra.

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También está acreditado, con el “Acta No. 37 de recibo parcial de obra No. 16”
suscrita el 7 de septiembre de 2009, que se le reconoció al contratista un volumen
de 816,30 m3 por el ítem 4NP (hecho probado 6.21.11), de ahí que la parte actora,
como se observa en el cuadro descrito, afirme que se le adeuda el valor que
correspondería a 1.688.7 m3 (resultado de la siguiente operación aritmética: 2.505
m3 – 816,30m3 = 1.688.7 m3), lo que equivale a la suma de $77.136.438,6 (dado
que el m3 tiene un valor unitario de $45.678.00).

Dicho lo anterior y revisadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala
advierte que le asiste razón a la parte actora en cuanto a la reclamación de la suma
descontada por la interventoría, que a su vez se traduce en el incumplimiento por
parte del IDU de su obligación de pago, de ahí que deba reconocérsele ese rubro,
cuya actualización se hace en los siguientes términos:

a) Ca = Ch x índice final (marzo de 2024)114
Índice inicial (enero de 2009)115

Ca = $77.136.438,6 x 141,48
70,21

Ca: $155’437.449,55116

En lo concerniente al pago de intereses de mora sobre la suma descontada del acta
No. 7 por el ítem 4NP –que fue pedido en la demanda-, la Sala precisa que, de
acuerdo con las “cláusulas comunes a los contratos celebrados por el Instituto de
Desarrollo Urbano”117, en caso de mora los intereses se causarían “a la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el
numeral 8 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993”.

114 IPC vigente a la fecha de la presente providencia.
115 IPC vigente a la fecha en que se le hizo el descuento en el Acta No. 7
116 En la demanda, por concepto de las cantidades de material piedra rajón descontadas y no
pagadas, se pidió la suma de $113.847.162, cuya actualización a la fecha del presente fallo asciende
a $ 207’405.311 (sin incluir los intereses moratorios a reconocer). De este modo, se advierte que la
suma de $155’437.449,55 se encuentra dentro del límite para su reconocimiento, de acuerdo con el
principio de congruencia.
117 Fl. 30, C.3. En el contrato No. 153 de 2007 las partes pactaron, en la cláusula 16, que “hacen

parte integral de este contrato las cláusulas comunes del contrato del documento adjunto: a.
intereses moratorios (...)” (Fl. 95, C.6.)

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En este caso particular, si bien el incumplimiento de la obligación se concretó el 30
de enero de 2009 con el descuento del Acta No. 7, lo cierto es que a partir de esa
fecha se suscitó entre las partes una controversia sobre la metodología para
cuantificar el material de rajón y, consecuencialmente, sobre la obligación de pagar
o no la suma descontada que es objeto de reclamación en la demanda, ante
inconsistencias que puso de presente la interventoría en relación con los datos de
material rajón incluidos en diferentes informes de programación presentados por el
contratista, situación que dio lugar a la realización de ejercicios en campo y, en
general, a que entre las partes tuviera lugar un debate sobre el particular en punto
a la cantidad de material y al valor a pagar (hechos probados 6.21.6 a 6.21.11.) , de
manera que en el sub examine, ante la mencionada discrepancia sobre el monto
adeudado y su consiguiente indeterminación, para la Sala los intereses de mora
comenzaron a causarse al vencimiento del plazo previsto para liquidar el contrato
de obra (17 de enero de 2011)118, por ser la última oportunidad en la que se efectúan
reconocimientos a que haya lugar119.

Ahora bien, para calcular los intereses moratorios respectivos, el monto
correspondiente ($77.136.438,6) se liquidará con el 12% anual -es decir, el doble
del interés legal civil que es del 6%120- o proporcional por fracción de tiempo, de
acuerdo con la fórmula tradicionalmente utilizada por el Consejo de Estado en
asuntos similares121, la cual arroja el siguiente resultado:

118 En la cláusula décimo quinta del contrato de obra No. 153 de 2007 las partes acordaron que aquel

debía liquidarse dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del acta de recibo final de la obra.
Dicha acta fue firmada el 15 de mayo de 2010, por lo que el negocio jurídico debía liquidarse de
común acuerdo a más tardar el 16 de noviembre de 2010. En vista de que dicha actuación no se
llevó a cabo, los 2 meses para la liquidación unilateral corrieron hasta el 17 de enero de 2011.
119 Sobre los intereses moratorios, en las cláusulas comunes a los contratos celebrados por el IDU

se pactó lo siguiente: “Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro de
los 45 días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la orden de pago debidamente elaborada,
documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Institutito para su radicación) y aprobada,
el IDU reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el
valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo
establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993”. En este caso particular no se tiene
como parámetro los 45 días de los que habla la cláusula para la constitución de la mora, toda vez
que lo reclamado por la actora no se refiere a una orden de pago no cancelada, sino a un descuento
que se realizó respecto de una Acta de recibo de obra, sobre el cual hubo discusión en la etapa de
ejecución del contrato, de ahí que la constitución de mora y su cálculo en el sub examine se
materialice a partir de la fecha máxima con la que se contaba para liquidar el contrato de obra.
120 Código Civil. “Artículo 1617. […] El interés legal se fija en seis por ciento anual”.
121 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2016.

Radicado 73-001-23-00-003-1999-01046-01 (51341).

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

IPC DEL AÑO
ANTERIOR A
PERÍODO DE VALOR ACTUALIZADO AL INTERESES
VALOR PERÍODO DE MORA MORA CIERRE DEL PERÍODO122 (12% ANUAL)
17-1-2011 a 31-12-
$77.136.439123 2011 2,1124 $78.756.304 $9.025.472125
1-1-2012 a 31-12-
$78.756.304 2012 3,73 $81.693.914 $9.803.270
1-1-2013 a 31-12-
$81.693.914 2013 2,44 $83.687.245 $10.042.469
1-1-2014 a 31-12-
$83.687.245 2014 1,67 $85.084.822 $10.210.179
1-1-2015 a 31-12-
$85.084.822 2015 3,66 $88.198.927 $10.583.871
1-1-2016 a 31-12-
$88.198.927 2016 6,77 $94.169.994 $11.300.399
1-1-2017 a 31-12-
$94.169.994 2017 5,75 $99.584.769 $11.950.172
1-1-2018 a 31-12-
$99.584.769 2018 4,09 $103.657.786 $12.438.934
1-1-2019 a 31-12-
$103.657.786 2019 3,18 $106.954.104 $12.834.492
1-1-2020 a 31-12-
$106.954.104 2020 3,8 $111.018.360 $13.322.203
1-1-2021 a 31-12-
$124.752.726 2021 1,61 $126.761.245 $15.211.349
1-1-2022 a 31-12-
$126.761.245 2022 5,62 $133.885.227 $16.066.227
1-1-2023 a 31-12-
$133.885.227 2023 13,12 $151.450.969 $18.174.116
1-1-2024 a 24-04-
$151.450.969 2024 4,56126 $158.357.133 $5.954.228127
TOTAL INTERESES DE MORA $117.465.691

El valor total de los intereses moratorios derivados por el descuento de la aludida
Acta No. 7, los cuales fueron calculados desde el plazo máximo previsto para
liquidar el contrato en cuestión, asciende a $117’465.691128, sin que haya lugar al
reconocimiento de otro tipo de intereses129, pues para el efecto en este caso se

122 Valor inicio de período + valor incremento anual.
123 Valor aproximado.
124 Fracción proporcional al incremento del IPC de 2013. Cálculo de la fracción = 3,17 (Variación IPC

2010) – 0.69 (IPC acumulado hasta enero de 2010) – 0,368 (Variación IPC fracción enero = 0,69
(Variación IPC septiembre) /30 x 16 (número de días antes del inicio de la mora)) = 2,1.
125 Calculado sobre 11,46%, equivalente a la fracción de la mora anual que comprende desde el 17

de enero de 2011 -día en el que debió liquidarse el contrato- al 31 de diciembre de ese año.
126 Variación del IPC del corrido del año anterior hasta el 24 de abril de 2023.
127 Calculado sobre 3,76% (fracción de lo corrido del año).
128 Suma ajustada a la fecha de la presente sentencia, como se solicitó en la demanda.
129 En la pretensión 3.2.1.1. se pidió el reconocimiento de “intereses de mora de 1.5 veces el interés

corriente bancario” y, subsidiariamente a esa petición, en la pretensión 3.2.1.2. se solicitó el
reconocimiento de “intereses compensatorios liquidada a la tasa del interés corriente bancario”.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

acogió la pretensión “3.2.1.3. Segunda subsidiaria”, consistente en que se pagara
por concepto de intereses moratorios el 12% efectivo anual, que fue justamente lo
pactado en las “cláusulas comunes a los contratos celebrados por el Instituto de
Desarrollo Urbano”, tal como se expuso líneas atrás.

A partir de lo expuesto, los valores que se deben reconocer en favor de la parte
actora se condensan en el siguiente cuadro:

CONCEPTO VALOR
Descuento de Acta No. 7 $155’437.449,55
Intereses moratorios por el descuento del Acta No. 7. $117’465.691

TOTAL $272’903.140,55

7.2.1.2. Volumen de planillas no aprobadas del 30 de diciembre de 2008, del 6
y del 7 de enero de 2009.

De entrada, se advierte que en el expediente obran múltiples planillas de control de
volquetas a la obra (fls. 278 a 315, C.3); sin embargo, tras revisar detenidamente
dichos documentos, la Sala encuentra que no reposan las planillas del 30 de
diciembre de 2008, del 6 y del 7 de enero de 2009 –cuyo pago se reclama en la
demanda-, cuestión que se corrobora con el acta de la diligencia de exhibición de
documentos practicada en el proceso, en la que consta que la misma parte
demandante expresó sobre el particular: “en relación al numeral 7.21.5. en el que
se solicitaba la exhibición de las planillas de control de entrada de volquetas 6 y 7
de enero de 2009, quiero dejar constancia que los mismos no fueron aportados por
la demandada (...) la del 30 de diciembre no fue aportada”130.

A su vez, frente a este punto, en la referida diligencia el apoderado de la entidad
demandada indicó que en los documentos hallados en los archivos relacionados
con el contrato en cuestión no se encontraron las planillas específicas de los días
30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero de 2009, motivo por el cual se le solicitó
información a la interventoría “(...), para lo cual informaron con el oficio INT-CIVL-
033-2009 que las planillas de control de volquetas anexadas por ellos (interventoría)

También, en subsidio de la petición 3.2.1.2., en la pretensión 3.2.1.3. se deprecaron “intereses
moratorios de 12% efectivo anual”.
130 Fls. 132 y 133, C.2.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

son las aceptadas por lo cual las planillas de las fechas de conflicto no fueron
aceptadas por la interventoría, no fueron anexadas en las pre-acta y por lo tanto, no
reposan en el IDU” (se destaca). Sobre el particular, y también en la misma
diligencia de exhibición de documentos, la parte actora manifestó que a ella no le
resultaba atribuible el hecho de que no se encontraran las correspondientes
planillas.

A la par con lo anterior, y una vez revisado el oficio INT-CIVL-033-2009, se observa
que los informes de programación presentados por el CONSORCIO para el período
transcurrido entre el 30 de diciembre de 2008 y el 13 de enero de 2009 no fueron
aprobados por la interventoría, porque el contratista reportó un volumen de rajón
muy superior al que en realidad se verificó (hecho probado 6.21.7). Es así que,
aunque a la parte actora no se le puede atribuir la ausencia de las referidas planillas,
la Sala advierte que la demandante no probó a través de otros medios de prueba la
cantidad de rajón que el CONSORCIO ALO 2008 reportó en cada una de las
respectivas planillas, de ahí que no sea posible determinar con certeza el volumen
de rajón que ingresó en volqueta los días mencionados, punto crucial para
establecer si el IDU incumplió con su obligación de pago.

Es importante señalar que, si bien en el expediente obra el dictamen rendido por el
ingeniero civil Enrique Rodríguez Niño, no es posible tener en cuenta dicho medio
de prueba para los efectos que aquí conciernen, en la medida en que el perito se
limitó realizar los cálculos a partir de las cantidades de rajón indicadas en la
demanda, sin respaldar su conclusión con soportes o sustento alguno, de manera
que la experticia en ese sentido no tiene eficacia probatoria. En efecto, el perito
señaló que “con errores y correcciones en las mismas planillas”131 se establecía la
cantidad de rajón para los días 30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero de 2009,
pero en el dictamen no se adjuntó algún soporte que respaldara la cantidad de rajón
por número de volquetas para esos días, lo que desde luego imposibilita otorgarle
mérito probatorio al dictamen en este punto.

131 Se cita el aparte pertinente del dictamen pericial: “1.11 Sírvase indicar conforme a las planillas de

control de entrada y salida de volquetas de los días 30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero de
2009, el volumen de rajón del ítem 4 NP correspondiente a esos días. Respuesta 1.11. El volumen
del ítem 4NP con errores y correcciones en las mismas planillas de control se establece así:
Diciembre 30 de 2008= 368m3; Enero 6 de 2009= 214 m3; Enero 7 de 2009= 103m3; Total= 685
m3” (se destaca)

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

Sin perjuicio de lo expuesto, ha de señalarse que en el dictamen rendido por un
contador132, que se decretó para el cálculo de perjuicios que sufrió el CONSORCIO
ALO 2008, se adjuntaron las referidas planillas del 30 de diciembre de 2008, del 6
y del 7 de enero de 2009, las cuales no cuentan con la firma de la interventoría y
tienen, hay que advertirlo, anotaciones a mano o enmendaduras que no permiten
vislumbrar, con certeza, el volumen de rajón que arribó a la obra en volquetas,
máxime cuando la controversia existente entre las partes giraba en torno al registro
de la entrada de volquetas al sitio de la obra (hechos probados6.21.8.1. y 6.21.8.2.).

En efecto, en la planilla del 30 de diciembre de 2008 aparece que el volumen de
rajón era de 468 m3, pero al lado aparece una anotación con otra cantidad (368
m3); en la planilla del 6 de enero de 2009 tampoco es claro el volumen que
contenían las volquetas, pues se plasmó un dato de 214 m3, con enmendaduras
sobre esa cantidad; y en la planilla del 7 de enero de 2009 se encuentra consignado
un volumen total de 93m3, pero al lado de esa casilla se registró un valor “a mano”
de 103 m3, circunstancias que no permiten determinar con certeza el volumen de
rajón por las volquetas que ingresaron a la obra, ante la confusión de datos
consignados, lo cual impide establecer si hubo o no un incumplimiento y, a su vez,
la suma supuestamente adeudada por parte del IDU al CONSORCIO ALO 2007.

Es cierto que en el aludido dictamen rendido por el contador se afirmó que la
cantidad no pagada de rajón los días 30 de diciembre de 2008, 6 y 7 de enero de
2009 era de 685 m3; sin embargo, en la experticia no se explicó, de acuerdo con
esas planillas adjuntas, por qué esa era la cantidad que se le adeudaba al
contratista, cuando era lo mínimo que se requería dadas las anotaciones a mano o
enmendaduras que tenían esas planillas, sin que en el expediente obre otro medio
de prueba que permita esclarecer este punto, lo que denota una insuficiencia
probatoria de la parte actora.

Así las cosas, se denegará este pedimento.

7.2.1.3. Bajo este contexto, la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar
declarar el incumplimiento en la obligación de pago que se evidenció por parte del

132 Fls. 69 a 71, C.4.

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

IDU, pues no canceló lo que le correspondía al CONSORCIO ALO 2008, producto del
descuento que realizó la interventoría en el Acta No. 7.

7.3. De la liquidación del contrato en sede judicial

En la sentencia de primera instancia se negó la pretensión de liquidación del
contrato, ante la carencia de material probatorio para liquidarlo. En el recurso de
apelación la parte actora señaló que dicho pedimento fue negado injustamente, en
tanto no incumplió con su carga probatoria, al punto de que al proceso aportó el acta
de terminación del contrato y el acta de recibo final de obra, así como también
solicitó la práctica de dictámenes rendidos por un ingeniero civil y por un contador.
Además, afirmó que, en todo caso, el Tribunal a quo se encontraba en el deber de
decretar una prueba de oficio.

A juicio de la Sala, y de acuerdo con lo expuesto con antelación con base en el
material probatorio recaudado, en lo que respecta a la liquidación judicial del
contrato de obra No. 153 de 2007, la Sala lo liquida con un saldo a favor de la parte
demandante que asciende a la suma de $272’.903.140, 55, por concepto del rubro
que no se pagó por el descuento del Acta No. 7, más intereses moratorios causados.
Así se observa en el cuadro que se plasma a continuación:

CONCEPTO VALOR
Descuento de Acta No. 7 $155’437.449,55
Intereses moratorios por el descuento del Acta No. 7. $117’465.691

TOTAL $272’903.140,55

8. Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia, y, en su lugar, se
dispone: (i) declarar el incumplimiento por parte del IDU, en lo que tiene que ver con
el no pago del ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón, en los términos
expuestos en la parte motiva de esta providencia; (ii) liquidar judicialmente el
contrato No. 153 de 2007, con un saldo a favor de las sociedades INSCO LTDA e
INCOPAV S.A., el cual asciende a la suma de $272’.903.140,55; (iii) negar las
demás pretensiones de la demanda y (iv) declarar no probada la objeción por error

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

grave formulada frente al dictamen pericial por el ingeniero civil Enrique Rodríguez
Niño.

9. Costas

No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se
evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, adicionada mediante providencia del 25 de
octubre de 2017 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: Declarar el incumplimiento contractual por parte del INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO IDU, en lo que tiene que ver con el no pago del
ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón, en los términos
expuestos en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: Liquidar judicialmente el contrato de obra No. 153 de 2007
conforme a la parte motiva de la presente providencia, es decir, con un saldo
a favor de las sociedades INSCO LTDA e INCOPAV S.A. de doscientos
setenta y dos millones novecientos tres mil ciento cuarenta pesos con
cincuenta y cinco centavos ($272’.903.140, 55).

TERCERO: Condenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU a
pagar a las sociedades INSCO LTDA e INCOPAV S.A. la suma de doscientos
setenta y dos millones novecientos tres mil ciento cuarenta pesos con
cincuenta y cinco centavos $272’.903.140,55) como saldo a favor de la parte
demandante luego de la liquidación judicial, en los términos señalados en esta
providencia.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Declarar no probada la objeción por error grave formulada frente al
dictamen pericial por el ingeniero civil Enrique Rodríguez Niño

SEGUNDO: Sin condena en costas

Radicado: 25000-23-26-000-2012-00759-01 (63438)
Demandante: INCOPAV S.A. Y OTROS

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑÓZ
Magistrado
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

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