Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00115-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00115-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2025-00115-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 470012333000202500115011
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Recurso de apelación contra la sentencia de 22 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
TESIS: NO SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE
DIPUTADA QUE PRESIDIÓ SESIONES EN LAS QUE SE ELIGIÓ, EN DOS
OPORTUNIDADES, LA MISMA MESA DIRECTIVA, VIGENCIA 2025, Y QUE
PERMITIÓ LA PARTICIPACIÓN DE UN DIPUTADO SOBRE QUIEN RECAÍA
SUSPENSIÓN DEL DERECHO A VOZ Y VOTO POR SU PARTIDO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por uno de los
solicitantes, señor RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, a través
de apoderado, contra la sentencia de 22 de agosto de 2025, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual denegó la pérdida de investidura de la señora ROSA
IDALIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, diputada del Magdalena, por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- Los ciudadanos RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL,
CARLOS MARIO ROJAS CENTENO y ROBERTO CARLOS CORREA
MUÑOZ, actuando en nombre propio, solicitaron, con sendos escritos
radicados de forma independiente pero luego acumulados al presente
proceso2, decretar la pérdida de investidura de la señora ROSA
IDALIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, diputada del Magdalena, por
hechos sucedidos dentro del período constitucional 2024-2027, al
considerar que incurrió en la causal prevista en los artículos 60,
numeral 1, en concordancia con el artículo 56, literal e), de la
segunda parte, de la Ley 2200 de 8 de febrero de 20223, y los
artículos 81 de la ordenanza de reglamento 162 de 25 de diciembre
de 2023 expedida por la Asamblea del Magdalena, y 22 y 40 de la
Ley 734 de 5 de febrero de 20024, esto es por violación al régimen
de conflicto de intereses.
I.2.- En apoyo de sus pretensiones, los solicitantes coincidieron en
señalar que la accionada, en calidad de presidente de la Asamblea
del Magdalena, citó para el 21 de noviembre de 2024 sesión con el
objeto de elegir la mesa directiva para el año 2025, manifestando
2 Auto de 20 de junio de 2025: “[…] Primero: Ordenar la acumulación de demandas de pérdida de
investidura números 47001 2333 000 2025 00117 00 y 47001 23 33 000 2025 00131 00, al trámite
del presente proceso, únicamente respecto a las pretensiones dirigidas contra la diputada Rosa Idalia
Jiménez Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo:
Para efecto de la acumulación de demandas, por secretaria incorpórese al presente proceso, en
formato pdf, copia de las actuaciones adelantada en los procesos radicados 47001 2333 000 2025
00117 00 y 47001 23 33 000 2025 00131 00, para continuar su trámite dentro del presente proceso.
[…]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los departamentos […]”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
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que esta no se realizó por una orden judicial, motivo por el cual en
sesión de 22 de noviembre fue convocada para el 26 del mismo mes
y año, alegando que en la convocatoria se incurrió en varias
irregularidades para su aprobación, referente a poner en
conocimiento de los diputados el acta.
Adujeron que mediante auto de 25 de noviembre de 2024, proferido
dentro del trámite de tutela adelantado por el Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, se
ordenó medida provisional que decretó la suspensión de la sesión de
la asamblea departamental de 26 de noviembre de 2024 para la
elección de la mesa directiva y que se abstuviera de realizar nueva
convocatoria hasta que se resolviera de fondo el mecanismo
constitucional, decisión que fue notificada el mismo día a las 4:37
p.m.
Refirieron que, pese lo anterior, la presidente de la mesa directiva de
la corporación desconoció la orden judicial, instalando y llevando a
cabo la sesión, aduciendo, presuntamente, que no se notificó
decisión al respecto. Y que la actuación de la accionada fue con total
intención, autoritarismo, y con consiente decisión de evadir la orden
judicial de suspensión de la sesión de 26 de noviembre de 2024,
mediante la cual se eligió irregularmente mesa directiva para el
periodo 2025.
Indicaron que, a pesar de que el diputado ALBERTO MARIO
GUTIÉRREZ URIBE tenía suspendido su derecho a voz y voto por
su Partido Demócrata Colombiano, se le permitió la participación en
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
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la elección de la mesa directiva para el periodo 2025; y que la
accionada, como presidenta de la corporación, desatendió la medida
provisional y procedió a efectuar la convocatoria de la sesión.
Mencionaron que el 26 de noviembre de 2024 se radicó demanda de
nulidad electoral contra la elección de esa mesa directiva, siendo
suspendida por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante
auto de 26 de febrero de 2025, ordenándose, igualmente, la elección
de una mesa directiva provisional.
Comentaron que el 6 de marzo de 2025, los diputados ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE, ROSA IDALIA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, MALLATH PAOLA MARTÍNEZ CANTILLO, ÁNGELA
MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA,
CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ y AMED JOSÉ ZAWADY
PUPO, desplegaron acciones para la elección de la mesa directiva
provisional, desconociendo la medida de suspensión provisional,
eligiendo nuevamente a los mismos integrantes de la mesa directiva,
por lo que también transgredieron el reglamento de la corporación
en el trámite de la convocatoria de la sesión.
Alegaron que dicha sesión fue convocada por la mesa directiva
suspendida y presidida por la accionada, en contradicción con la
medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, dentro del medio de control de nulidad electoral,
incurriendo así en un conflicto de intereses. Y que el desconocimiento
de la accionada a las distintas órdenes judiciales: desde la medida
cautelar en sede de tutela, como la medida provisional de suspensión
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
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de la mesa directiva, así como la configuración de la transgresión del
artículo 237 del CPACA, -prohibición de reproducción del acto
suspendido o anulado-, tenían un mismo interés de elegir dentro de
la mesa directiva a las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ
como su sucesora, y el de las señoras MARTA LILIANA GARCÍA
RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, como primera y
segunda vicepresidentes, respectivamente, habilitando así el voto de
quien se encontraba suspendido, esto es el diputado ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE, en un acomodo de sus intereses.
Recalcaron que la accionada, acudiendo al ejercicio indebido de sus
funciones como presidenta de la mesa directiva de la Asamblea del
Magdalena, para el año 2024, y, posteriormente, asumiendo de
forma irregular tales facultades el 6 de marzo de 2025, facilitó la
participación de un diputado cuyo derecho a voz y voto estaba
suspendido por parte de la agremiación política por la cual resultó
electo, (en la sesión de 2024 por orden de medida cautelar y en la
sesión de 2025 por sanción impuesta), con el firme objetivo
particular de que resultaran elegidas las señoras ÁNGELA MARÍA
CEDEÑO RUÍZ, como su sucesora, y MARTA LILIANA GARCÍA
RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, como primera y
segunda vicepresidentes, respectivamente.
I.3.- La diputada, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a su
pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que los hechos no
guardan relación de causa efecto con la violación al régimen de
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conflicto de intereses previsto legalmente como causal de pérdida de
investidura.
Señaló que se trata de una situación política normal de
desentendimiento entre miembros de un cuerpo colegiado como lo
es la Asamblea del Magdalena, circunstancia común en escenarios
semejantes y que deriva de la lucha de poderes que le es
consustancial a estos organismos que ejercen control político y que
coadyuva en la gestión de los intereses políticos y administrativos de
esa comunidad.
Indicó que las ordenes de suspensión de los derechos de voz y voto
que expiden los partidos, van dirigidas a una mesa directiva que es
un órgano de dirección plural, y no van dirigidos a un diputado o
diputada en particular, siendo la mesa directiva la que, al definir que
la medida no es desproporcionada ni injusta y tampoco lesiva de
derechos fundamentales, debe emitir el acto jurídico de acatamiento,
y que la orden del Partido Demócrata Colombiano, respecto a
suspender el derecho al voto de su militante, el diputado ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE, se dirigió a la Asamblea del Magdalena
como tal, y no a ella en su calidad de presidente de la mesa directiva.
Adujo que la presunta desatención de las medidas cautelares
ordenadas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Santa Marta, en el proceso de tutela, y el
Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso electoral,
no configuran la existencia de un interés personal, particular, directo
y actual, ni redundan en la obtención de un provecho, conveniencia
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o utilidad personal para ella, su cónyuge o compañero permanente o
sus parientes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El a quo, mediante sentencia de 22 de agosto de 2025, denegó la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual sostuvo que los
hechos invocados por los actores para sustentar la existencia de un
conflicto de intereses no se enmarcan en los supuestos previstos en
el artículo 56 de la Ley 2200, en la medida que no se alegó ni se
logró demostrar un beneficio particular, actual y directo a favor de la
accionada, precisando que la elección en sí misma no puede ser
considerada como tal, sino el ejercicio de las funciones propias del
órgano departamental para elegir a los miembros que lo presidirán.
Señaló que las tres solicitudes acumuladas alegaron irregularidades
en el proceso de elección de la mesa directiva de la Asamblea del
Magdalena, en las que participó la accionada como presidenta de la
corporación, al realizar la elección en sesión de 26 de noviembre de
2024 a pesar de estar suspendida por orden del Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta en
sede de tutela; al permitir la participación del diputado ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE a pesar de estar suspendido su derecho
a voz y voto por parte del Partido Demócrata Colombiano; y al
presidir la sesión de 6 de marzo de 2025, desconociendo el
reglamento de la Asamblea.
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Adujo que los actores pretenden que la simple voluntad de la
accionada, de querer que determinadas personas fueran elegidas
para componer la mesa directiva de la corporación, configure en sí
misma un conflicto de intereses, lo que no es de recibo porque se
debe demostrar un beneficio particular, actual y directo, más allá de
la simple elección, a favor de un diputado como consecuencia de la
decisión adoptada.
Indicó que corresponde a la Asamblea del Magdalena, a través de
sus miembros, elegir para periodos de un año a las mesas directivas,
situación que conduce a que los diputados deban participar de
manera directa en las deliberaciones y votaciones que tengan como
finalidad, entre otras, la elección del presidente de la corporación,
encontrándose dentro de sus facultades postular a miembros para
ostentar dicha designación, por lo que constituye el ejercicio de un
deber constitucional y legal de todos los diputados participar en el
proceso electoral, no un beneficio o actuación dirigida a satisfacer un
interés propio como parece entenderlo los solicitantes.
Mencionó que la procedencia de la suspensión provisional del acto de
elección de la mesa directiva con auto de 26 de febrero de 2025,
proferido dentro del proceso de nulidad electoral con radicación
2025-00015-00, así como su posterior declaratoria de nulidad
mediante sentencia de 28 de julio de 2025, no conducen
automáticamente a la prosperidad del planteamiento objeto de la
presente acción de pérdida de investidura.
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Anotó que las circunstancias censuradas por los actores resultan
extrañas a la causal de pérdida de investidura invocada en la
presente acción, resultando fútil un análisis de aquellas, pues lo que
se debe determinar es la existencia de un beneficio particular, actual
y directo a favor de la accionada, situación no probada como
consecuencia de la elección de la mesa directiva; y que los
solicitantes no expusieron ni acreditaron cuál fue el interés privado
de la diputada enjuiciada que presuntamente entró en conflicto con
el interés público para participar en la elección, por lo cual no se
materializó la causal invocada.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Uno de los solicitantes, el señor RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO
GIL, esta vez a través de apoderado, interpuso recurso de apelación
con el cual pretende que se revoque la sentencia de 22 de agosto de
2025 y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura de la
accionada, para lo cual aduce que, en lo que se refiere al elemento
objetivo de la causal, está debidamente acreditada su configuración
porque se allegó prueba de la participación de la accionada en la
elección de la mesa directiva 2025 de la Asamblea del Magdalena,
así como las actuaciones irregulares en que incurrió para facilitar la
elección de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA
LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ
VÁSQUEZ, en calidad de presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, sucesoras de la dirección
de la duma departamental.
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Señala, en cuanto a la configuración del elemento subjetivo, que la
accionada actuó, inclusive, contra órdenes judiciales, además que
asumió unas facultades como presidenta de la Asamblea cuando su
periodo ya había finalizado; y que convenientemente dejó de atender
las obligaciones que le asistían, dejando de aplicar y ejecutar la
medida cautelar decretada por el Partido Demócrata Colombiano y,
cuando ya obtuvo el resultado esperado en la sesión de 26 de
noviembre de 2024, procedió en días posteriores a dar alcance a la
orden de suspensión del derecho a voz y voto del diputado ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE, cuando al mismo no le generaba
ninguna afectación para participar de las sesiones y mucho menos
perturbaría el objetivo de la accionada para permitir la elección de la
mesa directiva en el periodo 2025, poniendo en evidencia el dolo en
su conducta.
Reitera que el interés particular de la accionada quedó en evidencia
cuando en sesión de 25 de marzo de 2025, a los 1:04 minutos de la
trasmisión, manifestó que, de prosperar las acciones legales que se
vienen adelantando por parte de otros diputados con el propósito de
sanear las irregularidades que se surten al interior de la duma
departamental, volverán a elegir las veces que sea necesario a la
mesa irregularmente elegida el 26 de noviembre de 2024 y
reproducida el 6 de marzo de 2025.
Menciona que, al burlar las órdenes judiciales impartidas por un juez
de tutela y el juez electoral, la accionada deja en evidencia la razón
y el interés malicioso por el cual permitió la participación en la
votación del diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE que
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no estaba habilitado para ello, para lograr elegir a la mesa directiva
de su preferencia, pero que, eso sí, procedió a hacer efectiva la
medida cautelar decretada por el Partido Demócrata Colombiano,
cuando ya había garantizado el quorum ilegal para sesionar y elegir
a las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA
GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, en
calidad de presidente, primera vicepresidente y segunda
vicepresidente, respectivamente.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, fue descorrido
por la diputada mediante escrito en el que, luego de reiterar, in
extenso, la totalidad de los argumentos de su contestación, concluye
que el actor adolece de su compromiso legal de realizar el ejercicio
de exponer y sustentar adecuadamente las razones de su disenso
con la sentencia de primera instancia, pues de eso se trata finalmente
y no pretender provocar una segunda instancia obviando el
cumplimiento de esta carga procesal ineludible.
IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante esta
Corporación, en representación del Ministerio Público, rinde concepto
de 14 de octubre de 2025, mediante el cual solicita que se confirme
la sentencia apelada, con fundamento en que no está acreditado que
la accionada estuviere obligada a declararse impedida y que en
5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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consecuencia hubiere incurrido en la vulneración del régimen de
conflicto de intereses por haber participado en la elección de la mesa
directiva para el periodo 2025.
Manifiesta que no se acreditó que, con ocasión de la participación de
la accionada en las sesiones enunciadas, se hubiese incurrido en un
interés directo, particular y actual, que le hubiese generado
beneficio, provecho o utilidad, económica o moral y que, en
consecuencia, conduzca a su desinvestidura.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si la diputada del Magdalena, señora ROSA IDALIA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, incurrió en la causal prevista en los artículos 60,
numeral 1, en concordancia con el artículo 56, literal e) de la segunda
parte, de la Ley 2200, esto es por violación al régimen de conflicto
de intereses, luego de que, en calidad de presidenta de la Asamblea
del Magdalena, hubiere realizado la elección de la mesa directiva,
vigencia 2025, en sesión de 26 de noviembre de 2024, a pesar de
estar suspendida por orden del Juzgado Sexto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Santa Marta en sede de tutela;
permitido la participación del diputado ALBERTO MARIO
GUTIÉRREZ URIBE, a pesar de estar suspendido su derecho a voz
y voto por parte del Partido Demócrata Colombiano, con el único
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objetivo de elegir a las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ,
MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ
VÁSQUEZ, en calidad de presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, de la mesa directiva de
esa corporación; y presidido la sesión de 6 de marzo de 2025,
desconociendo el reglamento de la Asamblea.
V.2.- Del caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso6, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver en
esta instancia, pudo verificar que la accionada, señora ROSA
IDALIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con el Formulario
E-26 ASA de 26 de noviembre de 2023, fue elegida diputada del
Magdalena, por el Partido Alianza Verde, para el período
constitucional 2024-2027.
El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta, mediante auto de 20 de noviembre de
2024, en el marco de la acción de tutela con radicación
47001408800620240040600, instaurada por la ciudadana MARÍA
MARGARITA GUERRA ZÚÑIGA, -quien también es diputada del
Magdalena, período 2024-2027, por el Movimiento Político Fuerza
Ciudadana, según Formulario E-26 ASA de 26 de noviembre de 2023-
, en contra de la Asamblea del Magdalena, ordenó lo siguiente:
6 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
“[…] PRIMERO: ADMITIR la presente acción instaurada por la
ciudadana MARÍA MARGARITA GUERRA, en contra de la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA.
SEGUNDO: NOTIFICAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA, para que en un término no mayor a cuarenta y ocho
(48) horas, contadas a partir de la notificación de esta acción se
sirva informar acerca de los hechos y pretensiones narrados por el
accionante, ejerza su derecho de defensa y allegue las pruebas que
pretenda hacer valer. Advertir a la accionada que, si guarda silencio,
se tendrán por ciertos los hechos esbozados en el escrito de tutela
y se resolverá de plano conforme lo previsto en el Decreto 2591 de
1991.
TERCERO: CONCEDER la medida provisional solicitada y en
consecuencia ORDENAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA, suspender la sesión plenaria a realizarse el día 26 de
noviembre de 2024 a las 9:00 am, para la elección de mesa directiva
2025 y se abstengan de convocar una nueva sesión con el mismo
fin, hasta tanto no se haya expedido el fallo correspondiente al
presente trámite constitucional, por cumplirse los presupuestos del
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
Esta providencia fue notificada mediante correo electrónico enviado
por ese despacho judicial, el lunes 25 de noviembre de 2024 a las
2:35 pm, a las cuentas de correo electrónico de la Asamblea del
Magdalena.
En acta 061 de 26 de noviembre de 2024, correspondiente al tercer
período de sesiones ordinarias de la Asamblea del Magdalena, siendo
presidente la diputada accionada, ROSA IDALIA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, se observa que, luego de un álgido debate en torno a
la posibilidad de realizar, o no, dicha sesión ante la orden proferida
por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta, a través del auto de 20 de noviembre de
2024, y de señalamientos por la posible comisión de delitos, la
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
diputada MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA postuló a la diputada
ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, para ser elegida presidente de la
corporación para la vigencia fiscal 2025, esto es de 1o. de enero a
31 de diciembre de 2025, quien aceptó la postulación y, ante la falta
de más postulaciones, fue elegida en tal designación por los
diputados de la corporación. En la misma sesión fueron elegidas las
diputadas MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, como primera
vicepresidente, y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, como
segunda vicepresidente de la corporación.
A través de auto de 26 de febrero de 20257, el Tribunal
Administrativo del Magdalena admitió, en el marco del proceso con
radicación 47001233300020250001500, demanda de nulidad
electoral presentada por la diputada MARÍA MARGARITA GUERRA
ZÚÑIGA, contra el acto de elección contenido en el acta 061 de 26
de noviembre de 2024, de las diputadas ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, como presidente, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, como
primera vicepresidente y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
como segunda vicepresidente, de la Asamblea del Magdalena, para
la vigencia fiscal 2025. Allí mismo dispuso:
“[…] SÉPTIMO: Suspender provisionalmente el acto de elección de
las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA
RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ como presidente,
primera vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente,
para el periodo 2025, de la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, consignada en el acta No. 61 del 26 de noviembre de
2024, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de
esta providencia.
7 Confirmado mediante auto de 8 de mayo de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejera ponente Gloria María Gómez Montoya.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
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OCTAVO: Adoptar como medida cautelar preventiva y
conservativa, consistente en ordenar a la ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA que, en el próximo primer
periodo de sesiones ordinarias, esto es, el que inicia a partir del 1°
de marzo de 2024 (artículo 22 de la ordenanza reglamento 162 de
2023) adelante el procedimiento establecido en su
reglamento y la Ley, incluyendo la etapa de convocatoria,
con la finalidad de que se lleve a cabo a elección de una mesa
directiva, la cual ejercerá mientras subsista la presente
medida precautelativa. En todo caso, y en el evento hipotético de
que con anterioridad al inicio del periodo de sesiones ya referido, se
celebren sesiones de tipo extraordinario que convocare el
Gobernador del departamento del Magdalena, la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA deberá igualmente llevar a
cabo a elección de la mesa directiva, en los términos ya definidos
con anterioridad, ello al tratarse de un tema de su resorte y con
respeto a lo dispuesto en el parágrafo 1° del numeral segundo del
artículo 22 de la ordenanza reglamento 162 de 2023 […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Como consideración exclusiva para acceder a esta medida cautelar,
el Tribunal adujo la falta de quorum reglamentario para elegir a esa
mesa directiva:
“[…] En este sentido, lo que verdaderamente atañe en esta etapa
del proceso a esta Colegiatura, es únicamente determinar si
existía o no quorum deliberatorio y decisorio en la sesión
adelantada en data del 26 de noviembre de 2024 por la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA para
escoger a la mesa directiva para la anualidad de 2025.
Establecido lo anterior, itera esta Colegiatura, de conformidad con
el artículo 30 de la ordenanza reglamentaria de la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, será presidente aquel que
obtenga la mayoría de los votos, entendida por la mitad más uno
de los diputados asistentes siempre y cuando haya quórum para
decidir, esto es, la mayoría simple de los miembros.
(…)
Dicho lo anterior, advierte esta Agencia Judicial que al sólo
encontrarse seis (6) miembros de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
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DEL MAGDALENA con derecho a voz y voto, no existía quorum
decisorio suficiente para adoptarse la decisión de declarar la elección
de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA
GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ en las
calidades ya multicitadas de presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, para el periodo 2025.
Así las cosas, advierte la Sala que de la confrontación de las
normas señaladas como infringidas en la demanda en cotejo
con los elementos fácticos y probatorios obrantes en el
plenario emerge con claridad la configuración de la
vulneración normativa alegada en la demanda, situación
bajo la cual esta Colegiatura impartirá decisión en el sentido
de acceder a la solicitud de medida cautelar deprecada y
consecuentemente dispondrá la suspensión provisional del
acto de elección de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ como presidente, primera
vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente,
para el periodo 2025, tal y como en efecto se hará constar
más adelante […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Según acta 001 de 1o. de marzo de 2025, la Asamblea del
Magdalena, encabezada por la diputada ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ como su nueva presidente, convocó para el 6 de marzo de
2025, en cumplimiento del auto de 26 de febrero de 2025 proferido
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la elección de la nueva
mesa directiva provisional, hasta tanto subsistiera la medida
precautelativa. Entre tanto, en acta 002 de reunión ordinaria de 3 de
marzo de 2025, consta que la Asamblea del Magdalena sesionó
presidida por la diputada ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, y entre
otros asuntos se llevó a cabo entrevista a los aspirantes que
conforman la lista de elegibles al cargo de secretario general de esa
corporación para el periodo 2025.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
En acta 003 de 6 de marzo de 2025, la Asamblea del Magdalena,
presidida por la diputada accionada ROSA IDALIA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, ante la imposibilidad de que lo pudiera hacer la
diputada ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, llevó a cabo la elección
y posesión de la mesa directiva provisional del periodo 2025,
mientras subsistiera la medida precautelativa dispuesta en el auto de
26 de febrero de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, dentro del medio del control de nulidad electoral, con
radicación 47001233300020250001500, sesión en la que fue
postulada y elegida, nuevamente, la misma mesa directiva que lo
había sido durante la sesión de 26 de noviembre de 2024 (acta 061),
esto es: las diputadas ANGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ, como
presidente, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA, como primera
vicepresidente y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, como
segunda vicepresidente, de la Asamblea del Magdalena, para la
vigencia fiscal 2025.
Con auto de 28 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena, ante memorial de 10 de marzo de 2025, suscrito por la
diputada MARÍA MARGARITA GUERRA ZÚÑIGA, resolvió:
“[…] PRIMERO: ORDENAR la suspensión provisional del acto
administrativo del 6 de marzo de 2025, proferido por la ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en lo que respecta a la
elección provisional de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ,
MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ
VÁSQUEZ en las calidades de Presidente, Primera Vice-Presidente y
Segunda Vice-Presidente, respectivamente, para el periodo 2025,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
SEGUNDO: INSTAR a la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, para que proceda a dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en el referido interlocutorio fechado veintiséis (26) de
febrero de dos mil veinticinco (2025), vale decir, que en el periodo
de sesiones ordinarias, adelante el procedimiento establecido en su
reglamento y la Ley, incluyendo la etapa de convocatoria, con la
finalidad de que se lleve a cabo a elección de una mesa directiva, la
cual ejercerá mientras subsista la medida precautelativa, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: COMPULSAR copia a la PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACIÓN, para que, dentro de marco de sus competencias,
adelante el procedimiento administrativo tendiente a establecer si
los miembros de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
incurrieron en una eventual e hipotética causal de falta disciplinaria
[…]”.
Para ello, el Tribunal consideró que se había reproducido un acto
suspendido, así:
“[…] Amén de lo anterior, es dable concluir por parte del Despacho
que, el presente requisito también se encuentra acreditado, habida
cuenta que la elección de la mesa directiva provisional de la
ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA para el periodo
2025, y con la cual se aduce dar cumplimiento a la medida cautelar
decretada por este Tribunal, fue desarrollada en idénticas
condiciones a la inicial, y sobre la cual ya se emitió pronunciamiento
al momento de estudiar la procedencia de la medida precautelativa,
es decir, sólo se encontraban seis (6) miembros de la Duma
Departamental con derecho a voz y voto, por lo cual no
existía quorum decisorio suficiente para adoptarse la
decisión […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La Sala, a partir de lo examinado, encuentra que de su conducta no
está probado conflicto de interés alguno en cabeza de la diputada
ROSA IDALIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, fundamentalmente porque
el argumento de los solicitantes, según el cual, aquella incurrió en
conflicto de intereses al actuar en contra de providencias judiciales
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
para habilitar el voto en dos oportunidades del diputado ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE, -en sesiones de 26 de noviembre de
2024 y 6 de marzo de 2025-, a pesar de estar suspendido su derecho
a voz y voto por parte del Partido Demócrata Colombiano, con el
único objetivo de elegir a las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, en calidad de presidente, primera
vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente, de la
mesa directiva de esa corporación, carece de certeza alguna.
Revisadas, como se hizo, las providencias judiciales proferidas por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y del Consejo de Estado, se
advierte, en primer lugar, que estas giraron en torno a la ausencia
del quorum requerido para elegir mesa directiva, pero sin acudir a
las condiciones individuales de la accionada como impedimento para
adelantar su gestión como presidenta de la Asamblea del Magdalena,
menos aún para procurar elegir su remplazo en la mesa directiva de
esa corporación para la vigencia 2025.
En segundo lugar, respecto de ambas providencias, así como del auto
de 20 de noviembre de 2024 del Juzgado Sexto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, se advierten
órdenes de suspender la sesión plenaria a realizarse el 26 de
noviembre de 2024, así como suspender provisionalmente, y luego
anular, el acto de elección de las señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ como presidente, primera vicepresidente y
segunda vicepresidente, respectivamente, de la mesa directiva de
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2025 00115 01
(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
esa corporación, vigencia 2025, sumado a la suspensión del derecho
a voto del diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE, por
parte del Partido Demócrata Colombiano, -auto de 20 de noviembre
de 2024, expediente PDI-001 DE 2024-.
Ciertamente, la actuación de la accionada se adelantó en medio de
discusiones y pugnas dentro de la duma, así como de providencias
judiciales que, a instancia de otros diputados de la misma Asamblea
del Magdalena, procuraron impedir la elección de su mesa directiva
para la vigencia 2025, de lo que se observa una oposición por las
únicas candidatas postuladas, señoras ÁNGELA MARÍA CEDEÑO
RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, así como la participación del diputado
ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE.
No obstante, lo que en el presente proceso debe tenerse en cuenta,
es que la causal del artículo 60, numeral 1, de la Ley 2200, prevé lo
siguiente:
“[…] Artículo 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la
pérdida de investidura en los siguientes casos:
(…)
1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Y su artículo 56, literal e) de la segunda parte, establece:
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(acumulado con 47001233300020250011700 y
47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
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“[…] Artículo 56. Conflicto de intereses. Todos los diputados
deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una
situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y
directo a favor del diputado.
(…)
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos […]”.
Es así que estas circunstancias previstas por la legislación, no se
observan plasmadas en la conducta de la accionada, toda vez que no
se probó la omisión en la que se incurre cuando, en un asunto
sometido a su intervención, no se advierte ante el resto del órgano
político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-, y
los ineludibles intereses públicos que están obligado a proteger en
desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en tanto que de
dicha concurrencia de intereses resulta afectado de alguna manera u
obtiene un provecho privado.
En este asunto, tampoco existió un interés directo, particular y actual
de la diputada, o de su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su
socio o socios de derecho, o de hecho, de orden moral o económico,
en la realización de las sesiones de 26 de noviembre de 2024 y 6 de
marzo de 2025, en las que resultaron elegidas las señoras ÁNGELA
MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y
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47001233300020250013600)
Solicitantes: RAFAEL DE JESÚS REBOLLEDO GIL, CARLOS MARIO
ROJAS CENTENO Y ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ, en calidad de presidente,
primera vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente,
de la mesa directiva de la Asamblea del Magdalena, vigencia 2025.
Sin lugar a dudas, la discusión en torno a que si tales sesiones podían
llevarse a cabo, así como si sus resultados fueron inválidos, y la
posibilidad de votar en la elección de esa mesa directiva, o no, del
diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE, escapan a la órbita
de discusión de la causal de conflicto de intereses e impiden, ante la
ausencia de pruebas que así lo permitan, exigirle a la accionada
haber advertido impedimento como elemento previo de su actuación
en las referidas reuniones plenarias.
Finalmente, la Sala se abstendrá de compulsar copias a los
organismos de control, ante la falta de certeza en la comisión de falta
disciplinaria alguna, detrimento fiscal o posible delito, luego de
examinar los hechos y las pruebas que obran en el expediente.
Con fundamento en lo considerado, y al descartarse la configuración
del elemento objetivo de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, la Sala confirmará la sentencia de 22 de agosto
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 7 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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