Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2023-00047-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2023-00047-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 88001-23-33-000-2023-00047-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
RADICACIÓN: 88001-2333-000-2023-00047-01
SOLICITANTE: MAURICIO JOSÉ CAMPO ROSADO
ACCIONADO: NICOLAS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ - DIPUTADO DEL
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS - ISLA PARA EL PERÍODO
CONSTITUCIONAL 2020- 2023
TEMA: CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACIÓN AL
RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto de manera oportuna por el
solicitante contra la sentencia de 12 de diciembre de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado Nicolás Iván
Gallardo Vásquez1.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura
1. El día 18 de octubre de 2023, el ciudadano Mauricio José Campo Rosado, en
adelante solicitante, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, solicitó que se decretara la
pérdida de investidura del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, quien aceptó
ocupar la curul en la asamblea del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en virtud de lo dispuesto en los artículos 112 de la
Constitución Política2 y 25 de la Ley 1909 de 20183, con sustento en la causal de
1 El presente expediente se encuentra digitalizado en: Gestión Judicial SAMAI: 88001-2333-000-2023-00047-
01.
2 "ARTICULO 112. (…) El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el
cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde
municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la
correspondiente corporación”. (Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015).
3 “Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones
políticas independientes".
“ARTÍCULO 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades
territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos
de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en
su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales
respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán
intervenir en las opciones previstas en el artículo 7 de esta ley y harán parte de la misma organización política”.
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Solicitante: Mauricio José Campo Rosado
Accionado: Nicolas Iván Gallardo Vásquez
pérdida de investidura de “violación del régimen de (…) conflicto de intereses”
prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000. En
apoyo de ello, elevó las siguientes pretensiones:
“1. Que se declare la pérdida de investidura, por violación al régimen de
conflicto de intereses al Diputado por el Departamento de San Andrés Isla,
señor NICOLAS IVAN GALLARDO VASQUEZ, (…) período constitucional
2020-2023, inscrito y avalado por la coalición ´LA OPORTUNIDAD DE
AVANZAR UNIDOS´, tal como consta en el acto declaratorio de elección,
formulario E-26 ASA, de fecha 3 de noviembre de 2019, en concordancia
con el artículo 25 de la Ley 1909 del año 2018”.
2. Que, como consecuencia de la declaratoria de la pérdida de investidura
del Diputado, NICOLAS IVAN GALLARDO VASQUEZ (…) se ordenen
(sic) cumplir los efectos derivados de la sentencia y los registros
correspondientes”.
Los hechos que sirven de sustento a la solicitud
2. Los principales hechos relevantes que sirvieron de sustento a la solicitud se
resumen en el siguiente sentido:
2.1. El día 27 de octubre de 2019, se celebraron los comicios para elegir gobernador
y diputados en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, período constitucional 2020-2023.
2.2. El señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez se inscribió como candidato a la
gobernación del departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por la
coalición “La Oportunidad de Avanzar Unidos” y fue el candidato que obtuvo la
segunda mayor votación para dicho cargo de elección popular. Por ello, en virtud
del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, aceptó la curul de diputado de la asamblea
departamental y, por ende, le fue expedida su credencial por el Consejo Nacional
Electoral, según quedó acreditado en el formulario E-26 ASA de 3 de noviembre de
2019.
2.3. La Gobernación del departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
presentó el proyecto de ordenanza que se tramitó con el número 050 de 6 de
diciembre de 2022 “Por medio del cual se establece la exención del impuesto predial
a la comunidad raizal”, cuyo texto original fue del siguiente tenor:
“EXENCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL A LA COMUNIDAD RAIZAL.
Teniendo en cuenta la calidad de Grupo étnico protegido que tiene la
comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y la calidad de territorio ancestral y étnico que para estos reviste
el territorio insular, en la jurisdicción de la Isla de San Andrés se exonera
del pago del impuesto predial a los predios destinados exclusivamente a
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vivienda de habitación que cuyos propietarios o poseedores sean
miembros de la comunidad Raizal”.
2.4. Mediante Resolución 002 de 11 de enero de 2022, el accionado fue designado
presidente de la mesa directiva de la comisión de presupuesto de la duma
departamental.
2.5. El conocimiento del proyecto de ordenanza núm. 050 de 6 de diciembre de
2022, le correspondió a la comisión de presupuesto de la asamblea departamental
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El accionado fue
designado como uno de los ponentes del referido proyecto normativo.
2.6. El día 14 de diciembre de 2022, en la comisión de presupuesto de la asamblea
departamental de San Andrés Isla se aprobó en primer debate el informe de
ponencia favorable al proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022 “Por medio del cual
se establece la exención del impuesto predial a la comunidad raizal”, con la
siguiente modificación:
“Artículo Segundo: La exención aquí prevista (sic) para predios con uso
para viviendas, lotes agrícolas o usos no comerciales”.
2.7. El día 15 de diciembre de 2022, en la asamblea departamental se surtió el
segundo debate del proyecto de ordenanza núm. 050 de 6 de diciembre de 2022 y
según consta en las actas, los audios y los videos, el diputado Nicolás Iván Gallardo
Vásquez realizó una fuerte defensa de la exoneración del impuesto predial la cual
cobijaría no solo a inmuebles destinados a vivienda de habitación sino también a
los lotes agrícolas y con vocación no comercial.
2.8. Quedó registrado que, en la sesión plenaria de 15 de diciembre de 2022, el
diputado Carlos Domingo Gallardo Romas manifestó de manera oportuna ante el
pleno de la corporación su impedimento para participar en el trámite de esa
iniciativa, toda vez que él y su familia, como miembros pertenecientes a la
comunidad raizal, poseían viviendas y lotes agrícolas y de uso no comercial.
2.9. El anterior impedimento fue aceptado por la plenaria de la asamblea
departamental por unanimidad, incluyendo el voto favorable del diputado Nicolás
Iván Gallardo Vásquez.
2.10. Según consta en el “Formato Único. Hoja de vida” el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez cuenta con la siguiente formación académica: a) administrador
de empresas; b) especialista en gerencia y; c) magister en mercadeo. Además, ha
ocupado cargos como gerente de empresas y tiene dominio de varios idiomas como
español, inglés e italiano. Todo ello, para resaltar que “(…) es un profesional de alto
nivel intelectual y con experiencia laboral calificada, con capacidad para saber,
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entender y determinar la conducta de conflicto de intereses, sus alcances y
consecuencias jurídicas y personales”.
2.11. De conformidad con el “Formulario Único. Declaración juramentada de
bienes y rentas y actividad económica privada persona natural”, los parientes del
diputado accionado dentro del segundo grado de consanguinidad son: (i) Jesús
Enrique Gallardo Mantilla (padre); (ii) Reina Luz Vásquez Artunduaga (madre); (iii)
Jesús Gallardo Vásquez (hermano) y, (iv) Paula A. Gallardo Vásquez (hermana).
2.12. A través del “Formulario único. Declaración juramentada de bienes y rentas
y actividad económica privada persona natural”, quedó probado que el accionado
posee los siguientes bienes: acciones en “GALLARDO VASQUEZ CIA.S.C.S.” y
“GALAPAOPERATOR GROUP. S.A.S”. Igualmente, en dicho documento se indica
que es socio de empresas “de actividad 5511. HOSPEDAJE TURISTICO. GESTOR
HOTELERIA Y TURISMO como asesor”.
2.13. El diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez conocía que él y sus parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, específicamente, su padre, madre,
hermano y hermana eran “socios accionistas de la empresa ´GALLARDO
VASQUEZ CIA.S.C.S. con matrícula No. 830047455, registrada en la Cámara de
Comercio de Bogotá, con NIT: 830047455”.
2.14. Dicha empresa era propietaria de treinta y cuatro (34) bienes que resultaron
beneficiados con la exención tributaria prevista en la Ordenanza 050 de 2022. En
apoyo de lo anterior, hizo una relación detallada de los predios identificados con
sus respectivos Folios de Matrículas Inmobiliarias, entre los cuales enlistó los
siguientes: 450-1214, 450-1677, 450-3560, 450-4697, 450-6012, 450-6202, 450-
6207, 450-12142, 450-12863, 450-12865, 450-12871, 450-12873, 450-12886, 450-
13980, 450-16700, 450-17000, 450-17539, 450-18321, 450-19490, 450-21517,
450-23276, 450-24211, 450-24212, 450-25504, 450-12652, 450-12698, 450-
15748, 450-21488, 450-23317, 450-4279, 450-7937, 450-8093 y 450-8480.
La explicación de la causal de pérdida de investidura
3. En el escrito introductorio, el solicitante destacó que el juicio de pérdida de
investidura es de naturaleza sancionatoria con propósito ético que tiene como
finalidad castigar las conductas que resulten contrarias al buen servicio, al interés
general y a la dignidad requerida de los servidores públicos de elección popular.
Explicación del elemento objetivo
4. Para el caso específico y según los diferentes desarrollos jurisprudenciales,
precisó que la causal de pérdida de investidura por conflicto de interés requiere
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para su configuración los siguientes requisitos concurrentes: (i) que se demuestre
la calidad de diputado, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura; (ii) la concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en el diputado o en su círculo cercano; (iii) la no manifestación de
impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación;
(iv) haber conformado el cuórum o haber participado en el debate o votación del
asunto y; (v) finalmente, que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del diputado, cualquiera sea su naturaleza.
5. El solicitante encontró acreditados los anteriores requisitos conforme pasa a
explicarse a continuación:
(a) La calidad de diputado
6. Consideró acreditada la calidad de diputado del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez con el Formulario E-26 ASA de fecha 3 de noviembre de 2019 que
contiene el acto de declaratoria de elección de la asamblea del departamento San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
(b) La existencia de un interés directo, particular y actual
7. Esgrimió que al diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez le asistía un interés
directo, particular y actual por poseer acciones en las empresas “GALLARDO
VASQUEZ CIA.S.C.S.” “GALAPAOPERATOR GROUP S.AS” y por ser socio de
una empresa dedicada al “Hospedaje Turístico, Gestor Hotelería y Turismo”,
conforme lo evidencian los certificados de existencia y representación legal de la
cámara de comercio, las cuales son propietarias de treinta y cuatro (34) predios
cuyo uso es el de vivienda, lote agrícola o no comercial.
8. Además, precisó que el círculo cercano de parientes en primer y segundo grado
de consanguinidad del diputado acusado, específicamente, el señor Jesús Enrique
Gallardo Mantilla (padre), Reina Luz Vásquez Artunduaga (madre), Jesús Gallardo
Vásquez (hermano) y Paula A. Gallardo Vásquez (hermana) son “propietarios
directamente o a través de sus empresas de predios beneficiados con la exención
del impuesto predial”.
(c) La no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación
9. Argumentó que el diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez no manifestó su
impedimento para separarse del trámite del proyecto de ordenanza y tampoco fue
recusado por estos mismos hechos, a pesar de que le asistía un interés directo,
particular y actual constitutivo de pérdida de investidura.
10. El solicitante resaltó que durante la sesión realizada el día 15 de diciembre de
2022, quedó constancia que el diputado Carlos Domingo Gallardo Rojas presentó
impedimento porque él y su círculo familiar cercano era miembro de la comunidad
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raizal y eran propietarios de unos predios con uso de vivienda, lotes agrícolas o uso
no comercial. Igualmente, destacó que, en esa sesión, la plenaria de la corporación
votó positivamente ese impedimento e, incluso, el acusado votó de manera
favorable.
(d) Haber conformado el cuórum o participado el diputado en el debate o
votación del asunto.
11. Observó que el diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez participó en el debate
y en la votación del proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022 “Por medio de la cual
se establece la exención del impuesto predial a la comunidad raizal”, tal y como
podía evidenciarse con los audios y videos obrantes en el expediente.
(e) Que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional
del diputado, cualquiera sea su naturaleza.
12. Explicó que por mandato expreso del artículo 300 de la Constitución Política,
en armonía con el Decreto 1222 de 1986, la Ley 3ª de 1986 y la Ley 617 de 2000,
el accionado, en su calidad de presidente de la comisión de presupuesto y diputado
de la asamblea departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina tenía a su cargo la función relativa a “[d]ecretar, de conformidad con la
Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones
departamentales”.
La explicación del elemento subjetivo
13. El solicitante igualmente encontró probado el elemento subjetivo o de la
culpabilidad tras señalar que:
“De las pruebas que obran dentro del proceso, es posible establecer que
el diputado NICOLÁS IVAN GALLARDO VÁSQUEZ, tuvo la intención de
trasgredir el régimen de conflicto de intereses, al no declararse impedido,
para discutir y votar aprobación Ordenanza 050 de 2022, además, resulta
evidente que no empleó la diligencia requerida que ameritaba el asunto
puesto que, siendo su deber conocer el marco normativo que rige el cargo
que desempeña, participó en la discusión y aprobación (de la) Ordenanza
050 de 2022.
Las condiciones personales del demandado, su grado de formación
académica, su profesión, el conocimiento de sus funciones y las de los
funcionarios públicos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodearon los hechos que tipifican su conducta, así como el conocer dicho
marco normativo, pues con base en tales descubrimientos probatorios, se
puede en consecuencia determinar que si (sic) obró con intención y sin el
cuidado requerido, y a partir de ello, se puede definir que su conducta es
culposa y dolosa, sin estar ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar”.
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I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
14. Mediante auto 020 de 23 de octubre de 20234, se admitió la presente solicitud
de pérdida de investidura y se ordenó la notificación al acusado con el fin de que
pueda ejercer el derecho de contradicción y solicitar la práctica de pruebas.
Igualmente se ordenó la notificación a la señora agente del Ministerio Público.
Surtido el trámite anterior, el accionado contestó la solicitud.
I.3. El escrito de oposición del diputado
15. La defensa del accionado allegó escrito de oposición por medio del cual solicitó
que sean desestimadas las pretensiones de la solicitud, con fundamento en los
siguientes argumentos:
16. En relación con los presupuestos fácticos de la solicitud, la defensa del acusado
aceptó como ciertos unos hechos y aclaró otros, en el siguiente sentido:
(i) Los predios identificados con los Folios de Matrículas Inmobiliarias 450-21488 y
450-1214 pertenecen a los señores Carlos Hernán Bejarano Galeano y Luz Milena
Díaz del Valle, respectivamente. En consecuencia, el accionado “(…) no tiene
ninguna relación ni responsabilidad legal con respecto a dicho inmueble, por lo
tanto, no es objeto de estudio para el caso concreto”.
(ii) Los predios identificados con los Folios de Matrículas Inmobiliarias 450-1677,
450-3560, 450-4697, 450-6012, 450-6202, 450-6207, 450-12142, 450-12863, 450-
12865, 450-12871, 450-12873, 450-12886, 450-13980, 450-14560, 450-16700,
450-17000, 450-17539, 450-18321, 450-19490, 450-21517, 450-23276, 450-25504,
450-24211, 450-24212, 450-12698, 450-15748, 450-23317, 450-4279 y 450-8480
pertenecen a la sociedad “J.R. GALLARDO Y VASQUEZ S EN C S”, que tiene como
socios a los familiares más cercanos del accionado. No obstante, según el
certificado de existencia y de representación legal, esa sociedad tiene dentro de su
objeto principal el desarrollo de actividades turísticas y hoteleras, la compra y venta
de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento de los mismos, es decir, su
actividad es eminentemente comercial. En esa medida, esa sociedad no resulta
beneficiada con la exención tributaria.
(iii) Los predios identificados con los Folios de Matrículas Inmobiliarias 450-12652,
450-7937 y 450-8093 pertenecen al señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla, esto es,
al padre del diputado accionado.
4 020. Expediente digital.
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17. Ahora, en relación con este aspecto, destacó que de la lectura del artículo 56
de la Ley 2200 de 2022, el conflicto de intereses abarca a los parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad, y, por ende, no comprende el primer grado de
consanguinidad. A su juicio, y en atención a la interpretación restrictiva de las
causales de pérdida de investidura debe entenderse que no comprende el vínculo
existente entre padres e hijos.
18. Señaló que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 indica de manera clara que no
habrá conflicto de intereses cuando “se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”,
hipótesis que operó en el presente caso, pues la Ordenanza 018 de 2022 es un acto
administrativo de carácter general que tiene como propósito beneficiar a la
comunidad raizal de la Isla de San Andrés. En apoyo de esta tesis, hizo referencia
a algunos pronunciamientos emanados por esta Corporación que han apuntado en
esta misma línea argumentativa.
19. Subrayó que la Ordenanza 18 de 2022 consagró una serie de requisitos para
acceder a la exención tributaria, los cuales “(…) mi poderdante no cumple y mucho
menos las empresas en las que es socio, razón por la cual es imposible que pueda
acceder a dicha exención”.
20. En definitiva, aseguró que al diputado accionado no le asistía un interés
particular, actual y directo como constitutivo de pérdida de investidura, pues era
evidente que el fin perseguido con la aprobación de la ordenanza no era otro que la
defensa del interés general de la comunidad raizal la cual goza de un régimen
especial amparado por la Constitución Política.
I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia y la audiencia pública
21. Según proveído núm. 77 de 7 de noviembre de 20235, se dio apertura al período
probatorio y se fijó el día 14 de noviembre de esa anualidad para la realización de
la audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018.
22. En el día y hora programada se realizó la audiencia pública, en la cual se
escucharon las intervenciones de las partes quienes reiteraron los argumentos
planteados a lo largo del proceso. Además, allegaron un resumen de sus
conclusiones por escrito, conforme se sintetiza a continuación:
▪ Intervención del solicitante
23. El solicitante reiteró los argumentos de la solicitud de pérdida de investidura,
tras considerar que el diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez transgredió el
5 028. Expediente digital.
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régimen de conflicto de intereses previsto como causal de pérdida de investidura de
los diputados en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en razón de su participación
en el trámite, discusión y votación del proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022
“Por medio de la cual se establece la exención del impuesto predial a la comunidad
raizal”.
▪ Intervención del Ministerio Público
24. La Procuradora Judicial II para Asuntos Administrativo solicitó denegar las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura, por no encontrar configurados
los requisitos exigidos para la configuración del conflicto de intereses6.
25. La Procuradora Judicial II para Asuntos Administrativos citó el concepto de la
Sala de Consulta de 21 de octubre de 20107, para destacar aquellos apartes en los
que se indica: (i) que la institución del conflicto de interés apunta a conjurar la
posibilidad que los legisladores obtengan beneficios o ventajas personales en
detrimento de los derechos de la comunidad en general y del bien común como fines
que deben orientar el ejercicio de la función pública y, (ii) no sería razonable ampliar
esta regla hasta el extremo de impedir la participación de los congresistas en la
aprobación de toda ley que les pudiera ser aplicable, dado que, como regla general,
son sujetos destinatarios de las normas. Un entendimiento en sentido contrario
podría llegar a paralizar el funcionamiento de la actividad legislativa.
26. La agente del Ministerio Público evidenció que, según la exposición de motivos,
el proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022 que pasaría a convertirse en la
Ordenanza 018 de 2022 pretendía favorecer por igual y de manera general a toda
la comunidad de raizales. Luego, entonces, el diputado accionado no tenía la
obligación de declararse impedido pues estaba cobijado por la excepción prevista
en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, según la cual “[n]o existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general".
27. El Ministerio Público agregó que en el presente caso el solicitante no aportó
prueba idónea para demostrar la calidad de raizal de los propietarios de algunos
bienes inmuebles. Finalmente, precisó que la exención tributaria creada con la
ordenanza cobija a las personas naturales y no las personas jurídicas.
6 Minuto: 00:020 a 00:033. Audiencia Pública.
7 Sala de Consulta y Servicio Civil, CP: Augusto Hernández Becerra, concepto de 21 de octubre de 2010,
radicado: 11001-03-06-000-2010-00112-00(2042), actor: Ministerio del Interior y de Justicia.
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▪ Intervención de la defensa del accionado
28. La defensa del diputado acusado ratificó los argumentos esbozados en la
contestación de la solicitud de pérdida de investidura8, y solicitó que sean
desestimadas las pretensiones del escrito inicial.
I.5. La decisión judicial de primera instancia
29. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina profirió fallo el día 12 de diciembre de 2023, mediante
el cual denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado Nicolás Iván
Gallardo Vásquez, fundada en los siguientes argumentos:
30. De manera preliminar, la primera instancia refirió a las generalidades de la
institución de pérdida de investidura para destacar que se trata de una acción
pública de carácter sancionatorio que tiene como finalidad castigar a los miembros
de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas
reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan. Por ser
un proceso sancionatorio resultan aplicables todas las garantías contenidas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los lineamientos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en virtud del control de convencionalidad.
31. Subrayó que la causal de pérdida de investidura analizada exige que se
demuestre la existencia de un interés directo, actual y particular en cabeza del
servidor público de elección popular, bien sea porque el mismo le beneficia o afecta
de forma personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma
o a sus socios. Adicionalmente, destacó que la jurisprudencia de la Sala Plena de
esta Corporación ha sido enfática en sostener que si el interés se confunde con el
que les asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de
condiciones, no existe conflicto pues en tal caso el funcionario de elección popular
estaría actuando en interés de la colectividad y no en beneficio propio.
32. Puntualizó que el primer elemento caracterizador sobre el cual se edifica la
desinvestidura recae en la presunta existencia de un interés directo, particular y
concreto en el accionado el cual no se logró acreditar, pues la condición del sujeto
beneficiario de la exención tributaria, es decir, la calidad de persona natural raizal
se predica de un número significativo de la población oriunda del departamento
insular. Luego, entonces, el beneficio o exención tributaria concierne al interés
general de la población de las islas, específicamente, a la comunidad étnica raizal
como pueblo con arraigo ancestral en ese territorio.
8 El resumen de su intervención. 037. Pdf. Expediente digital.
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33. Sostuvo que para acceder a los beneficios tributarios descritos en la Ordenanza
18 de 2022, es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos enlistados en
su artículo 1°, exigencias que son “[…] generales y cualitativamente idéntic(a)s a las
condiciones del resto de la población raizal del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
34. Aseveró que el tenor literal de la Ordenanza 18 de 2022 es claro en el sentido
de determinar que los sujetos beneficiarios son las personas naturales
pertenecientes a la etnia raizal del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y no las personas jurídicas.
35. Sobre este punto, sostuvo que no era de recibo la interpretación del solicitante
quien pretende edificar el conflicto de interés del accionado con ocasión de su
participación en sociedades comerciales que son propietarias de múltiples
inmuebles, puesto que:
“(…) a) La persona jurídica es un ente independiente de los socios que la
conforman, en su nacimiento no le resultan aplicables todos los derechos
propios de la condición humana, ya que aquellos de naturaleza
inalienable, por ser privativos de la esencia de la persona natural, les son
intransferibles, nunca comunicables; esto porque el contenido de esos
derechos resulta totalmente incompatible con la naturaleza propia de
persona ficta que son estos entes y con la función específica por la que
tienen reconocimiento jurídico para actuar, de tal manera que no le resulta
predicable la condición étnica que tuviesen los socios de las sociedades
GALLARDO VASQUEZ CIA.S.C.S. y GALAPAOPERATOR GROUP.
S.A.S.
b) Aun presumiendo la condición étnica de las sociedades en las cuales
es partícipe el demandado (GALLARDO VASQUEZ CIA.S.C.S. y
GALAPAOPERATOR GROUP. S.AS), de ninguno de los bienes puede
predicarse un esfuerzo probatorio que encause la destinación (de) los
mismos lejos de la naturaleza comercial de sus sociedades propietarias o
a alguno de los usos referidos en la Ordenanza No. 18 de 2022:
habitación, agrícola o de uso no comercial, es decir, no puede
establecerse que dicha norma les sea aplicable y que con ello se
materialice un beneficio indebido, particular y directo”.
36. Por último, la primera instancia se abstuvo del análisis del elemento subjetivo o
de la culpabilidad al no encontrar probado el aspecto objetivo de la conducta
endilgada al accionado.
I.6. La apelación presentada por el solicitante
37. El solicitante impugna el fallo de primera instancia de 12 de diciembre de 2023,
mediante el cual se denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, apoyado en los siguientes argumentos:
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i) “La existencia de un beneficio particular y directo del demandado del
acceso al beneficio tributario de sus parientes en relación con el artículo 48
de la Ley 617 de 2000”
38. Resalta que el proyecto de ordenanza 050 de 2022, de iniciativa gubernamental,
tenía como propósito favorecer a la comunidad raizal más vulnerable perteneciente
a los estratos 1 al 4, a fin de crear una exención tributaria respecto de los bienes
inmuebles destinados a uso exclusivo de vivienda, tal y como efectivamente se
demuestra con la lectura del contenido del referido acto administrativo.
39. No obstante lo anterior, precisa que en el curso del debate de dicho proyecto de
ordenanza el diputado acusado amplió dicho beneficio, al consagrar que la exención
también cobijaría a los lotes destinados a la actividad agrícola o a usos no
comerciales, a pesar de que “(…) tanto éste como su familia, aspecto que también
quedó suficientemente demostrado en el proceso, son propietarios de una
multiplicidad de empresas, propiedades, bienes y negocios que los coloca en una
posición de privilegio en el orden económico, social e intelectual”.
40. Relata que el padre del diputado accionado, el señor Jesús Enrique Gallardo
Mantilla “(…) es propietario a título personal de dos inmuebles categorizados como
rurales, es decir, con potencial destinación a la actividad agrícola o de uso no
comercial, circunstancia de la cual tenía pleno conocimiento el demandado al
momento de desarrollarse el estudio del proyecto de ordenanza”.
41. Sobre este punto, describe que el señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla, padre
del diputado accionado, quien transmitió la condición raizal a su hijo -este último
posee el carnet OCCRE C-230512- es propietario de dos (2) bienes inmuebles
identificados con los Folios de Matrículas Inmobiliarias 450-12652 y 450-7937, los
cuales se encuentran categorizados como rurales, es decir, con “potencial
destinación a la actividad agrícola o de uso no comercial”. Así lo demuestran los
recibos del impuesto predial unificado y los certificados de tradición expedidos por
la Oficina de Instrumentos Públicos de San Andrés Isla obrantes en el proceso.
42. El recurrente encuentra probados los presupuestos exigidos para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, en el siguiente sentido:
(a) La no manifestación del diputado del impedimento o no haber sido
separado del conocimiento del asunto por recusación.
43. Manifiesta que el diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en su calidad de
presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente de Presupuesto,
designado mediante la Resolución 002 del 11 de enero de 2022 participó en el
trámite y aprobación del proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022, sin haberse
declarado impedido.
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44. Anota que el trámite de esa iniciativa estuvo precedida de las siguientes etapas:
(a) el día 10 de diciembre de 2022 fue convocada la comisión de presupuesto con
el fin de designar ponentes; (b) el día 14 de diciembre de 2022 se surtió el primer
debate en la comisión de presupuesto y fue aprobada la ponencia en primer debate
presentada por el accionado, con la inclusión de una modificación que pretendía
ampliar la exención tributaria a lotes agrícolas y usos no comerciales y; (c) el 15 de
diciembre de 2022 se surtió el segundo debate en la plenaria en la duma
departamental. Agregó que en esta sesión se sometió a estudio y votación de la
plenaria el impedimento presentado por el diputado Carlos Domingo Gallardo Rojas,
por la presunta existencia de un eventual conflicto de interés porque él y su familia
eran miembros de la comunidad raizal, propietarios de viviendas y lotes agrícolas y
de uso no comercial, el cual fue aprobado por unanimidad de la duma, incluyendo
el voto positivo del accionado.
(b) “Haber conformado el cuórum o participado el diputado en el debate o
votación del asunto”
45. Pone de presente que el diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez conformó el
cuórum y participó en la votación del proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022 “Por
medio de la cual se establece la exención del impuesto predial a la comunidad
raizal”, el cual surtió sus debates en la comisión de presupuesto y en la plenaria de
la asamblea los días 14 y 15 de diciembre de 2022, tal y como se puede constatar
con las actas, audios y videos obrantes en el proceso.
46. Expresa que el accionado, en su calidad de ponente y miembro integrante de la
comisión de presupuesto, presentó ponencia favorable al proyecto de ordenanza
núm. 050 de 2022 “Por medio de la cual se establece la exención del impuesto
predial a la comunidad raizal”, incorporando la siguiente modificación en el artículo
2°, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO SEGUNDO. La exención aquí prevista para
predios con uso para vivienda, lotes agrícolas o uso no comerciales”.
47. Manifiesta que el diputado hizo una defensa “férrea y decisoria” del proyecto de
ordenanza y como muestra de ello trajo a colación su intervención durante la sesión
de 10 de diciembre de 2022 en la comisión de presupuesto.
(c) “Que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional
del diputado cualquiera sea su naturaleza”
48. Expone que por mandato expreso del artículo 300 de la Constitución Política,
en armonía con el Decreto 1222 de 1986, la Ley 3ª de 1986 y la Ley 617 de 2000,
el accionado, en su calidad de diputado de la asamblea departamental Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tenía a su cargo la función relativa a
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“[d]ecretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para
el cumplimiento de las funciones departamentales”.
49. Encuentra demostrado el elemento subjetivo, para lo cual reiteró los mismos
argumentos esgrimidos en el escrito de solicitud, tras considerar que: “(…) Las
condiciones personales del demandado, su grado de formación académica, su
profesión, el conocimiento de sus funciones y las de los funcionarios públicos, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que tipifican su
conducta, así como el conocer dicho marco normativo, pues con base en tales
descubrimientos probatorios, se puede en consecuencia determinar que si (sic) obró
con intención y sin el cuidado requerido, y a partir de ello, se puede definir que su
conducta es culposa y dolosa, sin estar ante una situación de buena fe exenta de
culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar”.
50. Detalla que la exención prevista en el artículo 2° de la Ordenanza 18 de 2022
no cobija a la generalidad de la comunidad raizal, sino a un grupo reducido de
propietarios “(…) con mayores recursos económicos, por el costo de la tierra en la
pequeña isla de San Andrés, donde el padre del demandado tiene unas propiedades
rurales de destinación agrícola, cuyas áreas son de 60.213 y 2.267 metros
cuadrados, respectivamente”.
51. Manifiesta su disenso frente a la consideración del Tribunal de la primera
instancia cuando indicó que la exención tributaria no comprende los bienes
inmuebles de propiedad de personas jurídicas.
52. Anota que el a quo omitió valorar la circunstancia consistente en que el padre
del diputado era propietario de dos lotes categorizados como rurales con
destinación agrícola, según consta en los recibos de pago del impuesto predial
unificado emitidos por la Secretaría de Hacienda Departamental de San Andrés
Islas, entre otras pruebas conducentes que fueron aportadas al plenario.
53. Finalmente, indica que “(…) el Tribunal de Instancia no realizó el análisis de
todas y cada una de las pruebas arrimadas al proceso para tomar la decisión
recurrida, sino que solo se limitó a realizar una conceptualización de algunos
presupuestos orientados en fallos jurisprudenciales, sin que analizara de fondo el
acervo probatorio in integrum como lo exigen las normas procesales, para con base
en ellas tomar una determinación consecuente con las probanzas aportadas y
legalmente decretadas dentro del proceso”.
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I.7. Trámite del recurso de apelación
54. Mediante auto de 23 de enero de 20249 se concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación interpuesto por el solicitante y, según proveído de 9 de
febrero de 2024, se admitió el recurso, se ordenó notificar personalmente al
Ministerio Público y por estado a las partes y se corrió traslado de esa decisión por
el término de tres (3) días.
55. Notificada la anterior providencia judicial, el accionado, por conducto de
apoderado judicial allegó escrito a través de correo electrónico en el cual manifiesta
“[…] descorrer traslado del recurso de apelación10”.
56. La defensa del accionado reiteró los argumentos esgrimidos a lo largo del
proceso en el sentido de señalar que no se demostró la existencia de un beneficio
o interés directo en la aprobación del proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022,
puesto que el mismo pretendía beneficiar a la comunidad raizal en general la cual
goza de protección constitucional especial por la Constitución Política y la ley.
57. Para terminar, consideró que el apelante no cumplió con la carga de sustentar
oportunamente el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, pues
se limitó a hacer una mera transcripción del fallo impugnado y a reproducir los
argumentos de la solicitud. En consecuencia, estima que “(…) el juez de segunda
instancia deberá abstenerse de admitir el recurso presentado”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
58. La Sala de Decisión se pronunciará acerca de los siguientes aspectos: (i) la
competencia de la Sala; (ii) el problema jurídico; (iii) la acreditación de la calidad de
diputado por parte del accionado; (iv) cuestión inicial. La sustentación del recurso
de apelación; (v) la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses y los presupuestos para su configuración; (vi) consideraciones
sobre la Ordenanza 18 de 2022 “Por medio del (sic) cual se establece la exención
del impuesto predial a la comunidad raizal” y delimitación del objeto de la
controversia a los predios de los que es titular el padre del accionado en su calidad
de persona natural; (vii) lo probado en el proceso; (viii) análisis de los requisitos para
la configuración del conflicto de interés en el sub examine y, (ix) conclusiones del
caso.
9 Índice 4. Expediente digital.
10 Índice 8. Expediente digital.
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II.1. La competencia
59. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; en el artículo
13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201911, y en el artículo 150 del
CPACA12.
II.2. El problema jurídico por resolver en el sub examine
60. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso13, aplicables en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo
21 de la Ley 1881 de 2018 y habiéndose agotado los trámites propios de este medio
de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado, a esta Sala le corresponde analizar si el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, diputado de la asamblea del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en virtud de lo dispuesto en los artículos 112 de la
Constitución Política y 25 de la Ley 1909 de 2018 incurrió en un conflicto de interés
constitutivo de pérdida de investidura, al participar, debatir y votar el proyecto de
ordenanza núm. 050 de 6 de diciembre de 2022 “Por medio del cual se establece la
exención del impuesto predial a la comunidad raizal”.
61. El interés directo, particular y actual que se le endilga al accionado frente a la
participación del proyecto de ordenanza núm. 050 de 6 de diciembre de 2022 “Por
medio del cual se establece la exención del impuesto predial a la comunidad raizal”,
según el recurso de apelación se traduce en que él y sus parientes en segundo
grado de consanguinidad son socios accionistas de la empresa “GALLARDO
VASQUEZ CIA.S.C.S” y, particularmente, su padre, el señor Jesús Enrique Gallardo
Mantilla es propietario de dos bienes inmuebles rurales identificados con los Folios
de Matrículas Inmobiliarias 450-12652 y 450-7937 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de San Andrés, Isla, que resultaron beneficiados con la exención tributaria
“con potencial destinación a la actividad agrícola o uso no comercial”.
11 “Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado”.
12“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13 “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo”.
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley”.
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II.3. La acreditación de la calidad de diputado
62. Para acreditar la condición de diputado del accionado se aportaron los
siguientes documentos:
(i) Copia del Formulario E-26-ASA donde consta que “(…) al momento de realizar la
declaratoria de GOBERNADOR el segundo Candidato con mayor votación
NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ, manifestó por escrito la decisión de
aceptar la curul a la ASAMBLEA, se asigna dando aplicación al artículo 25 de la Ley
1909 de 2018. Por lo tanto, se restará una curul del número de curules a proveer14”.
(ii) Copia del Formulario E-28 de 3 de noviembre de 2019, mediante el cual el
Consejo Nacional Electoral “expide la presente CREDENCIAL” al señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez como “DIPUTADO por la CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS para el período comprendido entre el 01
DE ENERO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 por el partido, movimiento
político o grupo significativo de ciudadanos PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO15”.
(iii) Acta de la sesión de la asamblea del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina de 1°. de enero de 2020, donde se lee que el diputado
Nicolás Iván Gallardo Vásquez asistió a la sesión inaugural y tomó posesión de su
investidura como miembro de esa duma16.
63. Por ende y con dichas pruebas documentales queda acreditada la condición
del accionado como sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.
II.4. Cuestión inicial. La sustentación del recurso
64. El apoderado judicial del diputado accionado, al “[…] descorrer traslado del
recurso de apelación”, manifiesta que el apelante no cumplió con la carga de
sustentar el recurso de alzada, pues “(...) se dedicó a hacer una transcripción de la
sentencia de primera instancia, así como a transcribir los argumentos de la
demanda”.
65. Para resolver la cuestión referida, el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018,
normatividad que resulta aplicable en los procesos de pérdida de investidura de los
diputados por así señalarlo expresamente el artículo 22 ibidem, señala las
siguientes reglas respecto del trámite del recurso de apelación:
“ARTÍCULO 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
se sujetará a las siguientes reglas:
14 Archivo 018. Cuaderno principal. Expediente digital.
15 Archivo 012. Cuaderno principal. Cuaderno principal.
16 Archivo 018. Cuaderno principal. Expediente digital.
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1. Deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de
pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
El recurso de apelación será la oportunidad para solicitar pruebas en segunda
instancia.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás
requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá
remitir el expediente al Secretario General del Consejo de Estado, quien lo
repartirá entre los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, que decidirá de plano obre su admisión si no se hubiese
pedido la práctica de pruebas. Si el apelante pidió pruebas, el magistrado
ponente decidirá si se decretan, de conformidad con lo previsto en el artículo
212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sobre pruebas en segunda instancia.
3. Del auto admisorio del recurso de apelación se dará traslado, por tres (3) días
hábiles, a la otra parte y al Ministerio Público para que ejerza su derecho de
contradicción, solicite la práctica de pruebas, en los términos del artículo 212
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
y presente concepto, respectivamente.
[…]”. (Negrilla fuera de texto)
66. Tal y como se indicó con anterioridad, en el presente caso, mediante auto de 23
de enero de 2024 se concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación
interpuesto por el solicitante y, luego de ser repartido el presente proceso entre los
diferentes despachos integrantes de la Sección Primera, mediante proveído de 9 de
febrero de la presente anualidad se admitió el recurso tras constatarse que el mismo
fue “(…) presentado oportunamente y reunir los requisitos legales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018”.
67. Teniendo en cuenta lo anterior, la defensa del accionado debió interponer el
recurso de reposición en contra del proveído adoptado el día 23 de enero de 2024,
mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante por
cumplir los requisitos legales previstos en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. En
este contexto, no resulta procedente, en este momento procesal, proponer
argumentos dirigidos a señalar que el recurso no fue sustentado en debida forma.
68. Siendo lo anterior suficiente para desestimar el argumento propuesto por la
defensa del diputado, se debe poner de presente que esta Corporación 17 ha
señalado que el impugnante o recurrente debe identificar de manera clara los yerros
o desaciertos de la sentencia de primera instancia, por lo que no basta con la simple
manifestación general, ya que los motivos de la alzada marcan el ámbito de
competencia del juez de segunda instancia el cual “(…) deberá pronunciarse
17 Sobre el particular se puede consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencias de fechas 3 de julio y 4 de septiembre de 2014. Rad.: 2004 – 00228 y 2007 – 90029.
Magistrado Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.
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solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley18”.
69. En el asunto bajo examen y contrario a lo argumentado por la defensa judicial
del diputado accionado, el recurrente sí formuló yerros concretos contra la decisión
judicial de primera instancia, a tal punto que incorporó un acápite que tituló “II.
Razones de inconformidad con el fallo”, el cual fue sustentado oportunamente, tal y
como se evidencia de los siguientes apartes:
“[…] [E]l Tribunal de primera instancia, no tuvo en cuenta las pruebas
aportadas oportunamente por la parte demandante, e interpreta en forma
equivocada la aplicación y alcance, de: A) la existencia de un beneficio
particular y directo del demandado del acceso al beneficio tributario
de sus parientes en relación con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000;
y, B) el análisis exclusivo de la exención tributaria de los bienes
inmuebles propiedad de personas jurídicas, sin considerar los
bienes que parientes del demandado tienen a título personal como lo
argumentare seguidamente, así:
[…]
De ahí que, respecto de la afirmación del Tribunal de instancia sobre la
“Inexistencia de un beneficio particular y directo”, discrepa este
recurrente en el sentido que la ampliación que trae consigo el artículo
segundo de la Ordenanza N° 18 de 2022, del beneficio no solo para los
predios de propiedad de los raizales exclusivos para vivienda de los
estratos 1 al 4, sino también aquellos destinados a la actividad agrícola o
a usos no comerciales, podría resultar comprensible respecto de cualquier
otro miembro de la asamblea del departamento insular, ya que como
bien lo expone el fallo recurrido la “…condición general idéntica entre
el diputado y la población -en su calidad de persona raizal- (…conlleva a
que) por ende son sujetos de los actos administrativos que ellos
producen”, sin embargo, en el caso del entonces diputado NICOLAS
GALLARDO VÁSQUEZ, tal condición no es la misma, ya que tanto éste
como su familia, aspecto que también quedó suficientemente demostrado
en el proceso, son propietarios de una multiplicidad de empresas,
propiedades, bienes y negocios que los coloca en una posición de
privilegio en el orden económico, social e intelectual.
[…]
Ahora bien, sobre este tópico, el recurrente discrepa de lo señalado en el
fallo de instancia recurrido; y, en gracia de discusión aceptando que la
Ordenanza N° 18 de 2022, consigna una exención tributaria que no
comprende los bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas, no
puede soslayarse que el Tribunal Administrativo de San Andrés Islas, no
tuvo en cuenta que entre los hechos, pruebas y argumentos de la
demanda, se encuentra que el señor JESUS ENRIQUE GALLARDO
MANTILLA, padre del diputado demandado, quien es un nativo del
18 Artículo 328 del Código General del Proceso.
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Departamento de San Andrés Islas, tal y como lo acredita su Registro Civil
de Nacimiento aportado con la contestación de la demanda; raizal
ancestral, que trasmitió a su vez dicha condición étnica a su hijo el
diputado NICOLAS GALLARDO VÁSQUEZ, como quedó demostrado con
el carnet OCCRE C-230512 arrimado con la demanda, en la actualidad es
propietario de dos lotes categorizados como rurales con destinación
agrícola, según consta en los recibos de pago del impuesto predial
unificado emitidos por la Secretaría de Hacienda Departamental de San
Andrés Islas, entras otras pruebas conducentes y pertinentes que militan
en el paginario.
Finalmente, es importante poner de manifiesto que el Tribunal de
Instancia no realizó el análisis de todas y cada una de la pruebas
arrimadas al proceso para tomar la decisión recurrida, sino que solo se
limitó a realizar una conceptualización de algunos presupuestos
orientados en fallos jurisprudenciales, sin que analizara de fondo el acervo
probatorio in integrum como lo exigen las normas procesales, para con
base en ellas tomar una determinación consecuente con las probanzas
aportadas y legalmente decretadas dentro del Proceso” (Negrilla es
original y subrayado fuera de texto).
70. Por estos motivos y como quiera que el solicitante sí cumplió con el deber que
le asistía de sustentar oportunamente el recurso de apelación en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 247 del CPACA y 320 del Código General del Proceso, la
Sala entrará al análisis del fondo del asunto.
II.5. La causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto
de intereses. Desarrollo legal y jurisprudencial
71. La conducta reprochada al diputado accionado se encuentra prevista en el
numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 200019, normatividad que es del siguiente
tenor:
“ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]” (Destacado fuera de texto).
19 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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72. Por su parte, la Ley 2200 de 2022 “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos” define el
conflicto de intereses en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 56. Conflicto De Intereses. Todos los diputados deberán
declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus
funciones. Se entiende como conflicto de interés una situación donde la
discusión o votación de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un
beneficio particular, actual y directo a favor del diputado.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias
o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del
diputado de las que no gozan el resto de los ciudadanos.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el
diputado participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica
respecto del diputado, parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las
siguientes circunstancias:
a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza
que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el
interés del diputado coincide o se fusiona con los intereses de los
electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el
futuro.
c) Cuando el diputado participe, discuta o vote Artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que establezcan sanciones o
disminuyan beneficios, en el cual, el diputado tiene un interés particular,
actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando
mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el diputado participe, discuta o vote Artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que regula un sector económico en el
cual el diputado tiene un interés particular, actual y directo, siempre y
cuando no genere beneficio particular, directo y actual.
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten
inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos". (Negrilla fuera
de texto).
73. La causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses ha sido catalogada
como aquella conducta contraria a los principios que gobiernan la función pública
22
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que se configura cuando, el servidor público de elección popular, movido por un
interés particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la
función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses
propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse
impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación
y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e
imparcial20”.
74. En esa medida, resulta exigible que cuando el servidor público de elección
popular se encuentre en una situación en la cual vea comprometidos los principios
que gobiernan la función pública sobre un asunto que deba conocer manifieste de
manera oportuna su impedimento, pues al no hacerlo estaría desconociendo el
mandato constitucional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política, canon
normativo que señala que los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
75. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de septiembre de
202121, estimó lo siguiente respecto de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen del conflicto de intereses de los congresistas, consideraciones
que también orientan el entendimiento de esta causal en relación con los diputados:
“(…) 2.6.1.2 El conflicto de intereses
116. En el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política se
consagró como causal de pérdida de investidura la violación del “régimen
de conflicto de intereses” a que se refiere el artículo 182 superior, sin que
se definiera en forma precisa su contenido normativo, dando cabida a la
existencia de un “concepto jurídico indeterminado”, como lo ha
establecido en su jurisprudencia la Sala Plena de esta Corporación .
117. Como la Constitución Política de 1991 no definió en forma precisa
el contenido normativo del conflicto de intereses sino que describió
algunas situaciones en que pueden encontrarse los congresistas en el
marco de sus funciones, que develan un provecho o ventaja personal en
favor del parlamentario o de su círculo cercano, corresponde al interprete
establecerlo en cada caso concreto, de acuerdo con la situación fáctica
puesta en conocimiento y a la apreciación en conjunto de las pruebas
allegadas al expediente.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de noviembre de 2017.
C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), cita tomada de:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 47001-23-33-000-2020-
00544-01(PI), actor: Milton Miguel Cantillo Cadavid, demandado: William José Lara Mizar. MP: Oswaldo Giraldo
López.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Revisión, CP: Rocío
Araújo Oñate, sentencia de 8 de septiembre de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-00068-00 (PI).
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118. Para dotar de contenido el mencionado concepto, esta Corporación
ha venido dando aplicación a los siguientes tres principios: i) la moralidad
ii) la protección a la confianza legítima depositada por los ciudadanos en
sus elegidos iii) el resguardo de una conducta proba en el ejercicio de los
cargos de elección popular. Además, ha indicado que el interés debe ser
de carácter moral o económico y respecto de éste debe acreditarse el
beneficio o provecho que se obtiene o se obtendría en relación con el
funcionario del que se predica su existencia.
119. A su turno, el artículo 182 de la Constitución Política señala el deber
que tienen los congresistas de informar sobre los posibles conflictos de
dicha índole -moral o económico- que se presenten en el ejercicio de las
funciones que les corresponden, esto significa que el conflicto de
intereses se puede presentar tanto en el desarrollo de las funciones
legislativas, como en las de control político y en la judicial, asignadas
constitucional y legalmente al Congreso de la República.
120. De acuerdo con lo expuesto sobre los institutos procesales del
impedimento, la recusación y la figura del conflicto de intereses, es claro
que los dos primeros obedecen a la taxativa predeterminación del
legislador respecto de algunas situaciones, eventos o condiciones que,
cuando concurren en el funcionario judicial, constituyen per se un riesgo
a su imparcialidad e independencia respecto de los asuntos que tramita y
decide.
121. Mientras que, el conflicto de intereses, censura la incompatibilidad
entre el interés particular del parlamentario y el interés general contenido
en los asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio
de cualquiera de las funciones congresales, porque de su decisión, en un
sentido u otro, el congresista deriva o podría derivar un provecho o ventaja
personal o para sus círculos cercanos, con la consecuente afectación de
la moralidad, la confianza legítima de sus electores y probidad exigidas
de los congresistas.
76. Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
Sala Veintiséis Especial de Decisión, en sentencia de 8 de septiembre de 2021 22,
esgrimió las siguientes consideraciones respecto del alcance de la Ley 2003 de
201923, norma que si bien hace referencia al conflicto de intereses de los
congresistas guarda similar contenido normativo con la Ley 2200 de 2022:
“La Ley 2003 de 2019 centra el conflicto no en el interés, sino en el
beneficio que pueda obtener el congresista por participar en los
debates o votaciones de proyectos de ley o acto legislativo.
Asimismo, la Ley 2003 limita los vinculados con el congresista que
podrían originar el conflicto -elimina a los socios de derecho o
hecho-, lista las situaciones de carácter económico que lo producen
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, CP:
Guillermo Sánchez Luque, sentencia de 8 de septiembre de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-04535-
00(PI).
23 “Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
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y no lo producen y define qué se entiende por conflicto moral.
10. Según el artículo 286 LOC, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003
de 2019, los congresistas están obligados a declarar los conflictos
que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones, si por discutir o
votar un proyecto de ley o acto legislativo, se deriva un beneficio -
particular, actual y directo-. Así, el precepto precisa cada una de las
características de ese beneficio.
De acuerdo con esta disposición, el beneficio es particular si otorga un
privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones o elimina
obligaciones económicas a favor del congresista, de modo que se
establece una prerrogativa de la que cualquier otro ciudadano no gozaría.
También se obtiene un beneficio particular si la modificación normativa en
la que interviene el congresista trata los preceptos que gobiernan una
investigación penal, disciplinaria, fiscal o administrativa en la que se
encuentre formalmente vinculado ese servidor. El beneficio es actual si se
configura en las circunstancias presentes y existentes al tiempo en que el
congresista participa de la decisión legislativa. El beneficio es directo si
cobija al congresista, a su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil. Si el congresista cumple funciones
judiciales, disciplinarias o fiscales, el conflicto de interés se regula por las
normas especiales aplicables a esas materias.
El legislador delimitó el conflicto de interés moral a una situación que lleva
al congresista, por motivos de conciencia, a manifestar su deseo de
apartarse de la discusión o votación del proyecto de ley o acto legislativo.
Con todo, para que el beneficio genere un conflicto de intereses, este
debe ser individual y concreto, porque si tiene un alcance general -común
a todos- esta situación resultaría en que todos los congresistas, en todos
los casos, se encontrarían en situación de conflicto. Por tanto, el conflicto
de interés resulta, pues, del asunto o materia de que se trate, de las
particulares circunstancias del congresista o su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o sus afines, en cada caso24”.
(Destacado fuera de texto).
77. La jurisprudencia de esta Corporación25 ha señalado que deben demostrarse,
de manera concurrente, los siguientes requisitos, reflexiones que también resultan
aplicables en los procesos de pérdida de investidura de los diputados:
“(…) a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen
de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de
la República;
b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea
de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso; y,
24 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de octubre de 2000,
Rad. AC 11106 (acumulados) [fundamento jurídico 2].
25 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2015-
01571-00(PI), MP: María Elizabeth García González.
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c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo
trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido
recusado para los efectos”.
II.6. Consideraciones sobre la Ordenanza núm. 050 de 6 de diciembre de 2022
“Por medio del cual se establece la exención del impuesto predial a la
comunidad raizal” y delimitación del objeto de la controversia a los predios de
los que es titular el padre del accionado en su calidad de persona natural
78. La asamblea del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina expidió la Ordenanza 050 de 6 de diciembre de 2022 con
fundamento en lo dispuesto, especialmente, en el artículo 300 (numeral 4°) y 310
de la Constitución Política; el artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, y el artículo 57
(parágrafo 7°) de la Ley 1739 de 2014, normas que interpretadas en su conjunto,
otorgan la competencia a las asambleas departamentales para “(…) decretar, de
conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el
cumplimiento de las funciones departamentales”.
79. El texto de la ordenanza departamental es del siguiente tenor:
“ARTICULO PRIMERO: EXENCION DEL IMPUESTO PREDIAL A LA
COMUNIDAD RAIZAL. Teniendo en cuenta la calidad de Grupo étnico
protegido que tiene la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y la calidad de territorio ancestral y étnico
que para estos reviste el territorio insular, en la jurisdicción de la isla de
San Andrés se exonera del pago del impuesto predial a los predios
destinados exclusivamente a vivienda de habitación que cuyos
propietarios o poseedores sean miembros de la comunidad raizal.
Para efectos de la aplicación de la presente exención se deberá acreditar
de manera previa ante la secretaria de hacienda departamental lo
siguiente:
1. La calidad de raizal del sujeto pasivo objeto de la exención
2.Que el predio es de su propiedad o posesión con justo título, probado
mediante el certificado de libertad y tradición o la inscripción de la
posesión.
3. Que el uso del predio es exclusivo para vivienda.
4. Que el predio está destinado para la habitación del sujeto pasivo objeto
de la exención
5. Se beneficiarán de esta excepción las viviendas del estrato 1 al 4.
ARTÍCULO SEGUNDO: La exención aquí prevista para predios con uso
para vivienda, lotes agrícolas o uso no comerciales.
PARAGRAFO: En caso de que algún miembro de la comunidad raizal
venda su lote y el que lo haya adquirido no pertenezca a la etnia raizal del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este deberá
pagar el impuesto que mana (sic) la constitución y la ley.
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ARTÍCULO TERCERO: La exención aquí prevista quedaría a partir del 1
de enero de 2023, sin obviar las deudas anteriores a la presente
ordenanza, adicional a eso la comunidad tendrá una exoneración de
intereses de los años anteriores.
ARTÍCULO CUARTO: La presente ordenanza rige a partir de la fecha de
su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias”. (Negrilla fuera de texto).
80. Ahora bien, debe señalarse que a partir de una lectura sistemática del texto de
la Ordenanza 018 de 2022 “Por medio del cual se establece la exención del
impuesto predial a la comunidad raizal” y del estudio de los antecedentes
normativos que dieron origen a esa iniciativa, resulta palmaria que la intención de la
duma departamental fue la de incluir como sujetos pasivos del impuesto predial a
los miembros pertenecientes de la comunidad raizal, esto es, las personas naturales
que contaran con la condición de raizal del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que de plano descarta que queden
incluidos, como sujetos beneficiarios, las personas jurídicas.
81. La protección de los pueblos raizales como grupos étnicos emana de la propia
Constitución Política y de otros instrumentos internacionales que forman parte del
bloque de constitucionalidad como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley
21 de 1991.
82. El legislador, con la expedición de la Ley 70 de 1993 reconoció la importancia
de la población raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual ha sido
reivindicada por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Así las cosas, este
Tribunal Constitucional, en sentencia C- 530 de 199326 precisó:
“En este orden de ideas, la cultura de las personas raizales de las Islas es
diferente de la cultura del resto de los colombianos, particularmente en
materia de lengua, religión y costumbres, que le confieren al raizal una
cierta identidad. Tal diversidad es reconocida y protegida por el Estado
(art. 7°) y tiene la calidad de riqueza de la Nación (art. 8°)”.
83. En igual sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T- 174 de 199827 señaló:
26 Corte Constitucional, sentencia C- 530 de 1993, MP: Alejandro Martinez Caballero. Sentencia dictada con
ocasión de la demanda de constitucionalidad presentada por una ciudadana contra el Decreto 2762 de 1991
“Por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Además, en sentencia C- 086 de 1994 señaló: “La
población "raizal" de San Andrés y Providencia es un grupo étnico perfectamente definido, como lo evidencian
su aspecto físico, sus costumbres, su idioma y su pertenencia mayoritaria al Protestantismo. Negarle tal
carácter aduciendo que las islas fueron pobladas por gentes de diversos orígenes raciales, es razón baladí,
pues bien sabido es que no existen razas puras”.
27 Corte Constitucional, sentencia T- 174 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero.
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“El artículo 7° de la Carta, reconoce y consagra el deber del Estado de
proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, teniendo
en cuenta que es considerada como parte importante de la riqueza del
país. Por tal razón, la cultura de las personas raizales de las Islas de
Providencia, al ser diferente por sus características de tipo
lingüístico, de religión y de costumbres, al resto de la Nación,
ostenta una especial condición que nos permite incluirla dentro de
la concepción de diversidad étnica y cultural, situación que la hace
acreedora de la especial protección del Estado. Por consiguiente, el
Estado Colombiano debe propender por la conservación de los aspectos
propios de la cultura raizal y lograr con ello la conservación del patrimonio
cultural nativo, que también forma parte del patrimonio de toda la Nación”.
(Negrilla fuera de texto)
84. No puede desconocerse que en materia tributaria rige el principio de legalidad
el cual se encuentra desarrollado en el artículo 338 de la Constitución Política,
conforme al cual “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas
Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. En consecuencia, tal y como lo ha reiterado
esta Corporación “(…) las exenciones y todo tratamiento preferencial, deben estar
expresamente consagradas en la normatividad tributaria; y son de interpretación
restrictiva28”. Por ende, mal haría en considerarse que la exención comprende a las
personas jurídicas.
85. En esas condiciones, no se analizará el eventual conflicto de interés respecto
de los predios identificados con los Folios de Matrículas Inmobiliarias 450-1677,
450-3560 - 450-4697 - 450-6012 - 450-6202, 450-6207, 450-12142, 450-12863,
450-12865, 450-12871, 450-12873, 450-12886, 450-13980, 450-14560, 450-16700,
450-17000, 450-17539, 450-18321, 450-19490, 450-21517, 450- 23276, 450-
25504, 450-24211, 450-24212, 450-12698, 450-15748, 450-23317, 450-4279 y 450-
8480 en tanto que estos pertenecen a la sociedad “J.R. GALLARDO Y VASQUEZ
S EN C S”, y en consecuencia, no se encuentran cobijados por la exención prevista
en la ordenanza29.
II.7. Lo probado en relación con el debate del referido proyecto de ordenanza
■ El origen de la iniciativa normativa
86. La gobernación del departamento de San Andrés Isla presentó el proyecto de
ordenanza núm. 050 de 2022 “Por medio del cual se establece la exención del
impuesto predial a la comunidad raizal”. En la exposición de motivos de la referida
iniciativa de origen gubernamental quedaron explícitas las siguientes
consideraciones que se transcriben in extenso:
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de septiembre
de 2008, radicado: 25000-23-27-000-2004-02158-01, MP: Héctor J. Romero Díaz.
29 Anexo 018 y 025. Cuaderno Principal. Expediente digital.
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Accionado: Nicolas Iván Gallardo Vásquez
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
NATURALEZA: El impuesto predial unificado es un tributo anual que
grava la propiedad inmueble urbano, y rural, unifica los impuestos
prediales, parques y arborización, estratificación socioeconómica y la
sobretasa del levantamiento catastral.
SOPORTE LEGAL, Ley 14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Decreto
extraordinario 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 101 de 1993, Decreto
1421 de 1933, Ley 428 de 1998, Ley 601 de 2000.
El 20 de noviembre de 1803 la corona española emitió una cédula Real
por medio del Virrey Caballero y Góngora en la cual pone al archipiélago
de San Andrés y la Costa de Mosquitos desde el Cabo Gracias a Dios
hasta el río Chagras bajo la jurisdicción de la audiencia de Santa Fe de
Bogotá y concedió al Gobernador Tomas Oneil como su gobernante.
El general Francisco de Paula Santander es el primero en defender los
derechos soberanos de la nueva nación sobre el archipiélago en 1821 y
sobre esta base se izó la bandera de Colombia el 23 de junio de 1822 y
los cabildos de San Andrés y Providencia firmaron su adhesión a la
Constitución de Cúcuta después de la visita de Luis Pérez de la Eroix.
La Ley 52 de 1912 de octubre 26, se creó la intendencia Nacional de San
Andrés y Providencia constituida por el archipiélago del mismo nombre.
Esta Ley en su artículo 14: Autorizó al gobierno a conceder pase gratis en
los buques de la nación a las familias de cuatro o más individuos que
deseen ir al archipiélago a domiciliarse en él.
Todo esto para demostrar que el Estado colombiano encontró la población
Raizal con su territorio y dueño de sus tierras, luego la educación se
impartió en español desconociendo la lengua materna y su religión,
poniendo en desventaja a la población raizal, frente a la inmigración de
nacionales y extranjeros, legaron muchos con visiones comerciales que
paulatinamente fueron desplazando a la población Raizal de las
actividades económicas que se empezó a desarrollarse como es el
comercio y el turismo.
Frente a este fuerte desarrollo sin contemplación la comunidad Raizal
estuvo y está obligada a vender sus tierras hasta el día de hoy.
El Gobierno Nacional nunca se preocupó a (sic) defender los intereses de
la comunidad Raizal, tiene que pagar el impuesto sobre sus tierras en
base a las Leyes anteriormente mencionadas.
Nunca legisló para proteger la propiedad de la comunidad Raizal en el
sentido de expedir Ley que exonere al Raizal del impuesto predial.
Honorables diputados, Raizales y Residentes en sus manos colocamos
este proyecto, más que nadie ustedes que nacieron, estudiaron y
conviven en este territorio conocen la situación, para que sea aprobado
este proyecto de Ordenanza”.
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RADICACIÓN: 88001-2333-000-2023-00047-01
Solicitante: Mauricio José Campo Rosado
Accionado: Nicolas Iván Gallardo Vásquez
■ Sesión de 10 de diciembre de 2022
87. Una vez radicada la anterior iniciativa, el día 10 de diciembre de 2022 se inició
el estudio del proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022 “Por medio del cual se
establece la exención del impuesto predial a la comunidad raizal” en la comisión de
presupuesto, la cual estuvo precedida a su vez por el diputado Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, en su calidad de presidente30.
88. En esa sesión y según los audios obrantes en el proceso quedó constancia de
que se discutió lo relativo a analizar la procedencia de ampliar dicha exención a los
lotes agrícolas.
89. En este sentido, el diputado Carlos Carvajal señaló:31
“(…) Me causa un par de curiosidades. Uno cuando se habla únicamente
de predios que sean exclusivamente de vivienda, porque es que hay
personas raizales que tienen algún predio o alguna propiedad y no es de
vivienda, pero tampoco tienen la facilidad del pago, hay que hacer el
análisis real de todo eso porque no solamente creo que la afectación de
la vivienda exonera al raizal sino todo lo que a su alrededor está. Se viene
presentando que al no tener como pagar el impuesto más bien lo terminan
vendiendo, si yo tengo solamente la vivienda y el resto de mis propiedades
no pueden tener este beneficio creo que habría que repensarlo, mirarlo y
si se pudiese incluir de esa forma sería importante tenerlo en cuenta.
Segundo, el tema de que deben estar a paz y salvo puede terminar siendo
una talanquera para esa comunidad raizal que durante años no ha tenido
como pagar, entonces hoy se presenta un beneficio, pero no lo voy a
poder tomar porque no estoy al día, entonces los que van a tener el
beneficio podríamos decir que son aquellos raizales que tienen una mejor
economía familiar porque tienen como pagar porque han estado al día (…)
En el tema del tiempo creo que debería ser largo en el tiempo”.
90. En esa sesión también intervino el diputado acusado, presidente de la duma,
con el siguiente propósito:32
“Yo si le haría también una anotación ahí, es que hay muchos lotes de la
comunidad raizal con vocación o explotación agrícola, pero bien cuando
hablamos de explotación es explotación mínima porque no es una
explotación ciento por ciento comercial debido a las cantidades y demás,
entonces yo sí creo que esos lotes y esa vocación y ese trabajo tan duro
que es todo el tema agrícola como tal podría ser parte del proyecto de
ordenanza, precisamente para incentivar esta vocación que hoy inclusive
entre los jóvenes se está perdiendo y que es muy importante retomarla y
más porque muchas veces, inclusive las excusas, lo que dicen es no
30 025. Cuaderno Principal. Expediente digital.
31 Audio de la sesión de 10 de diciembre de 2022. El estudio de la ordenanza 050 de 2022 se encuentra a partir
del minuto 1:17:45 en adelante. La intervención del diputado Carlos Carvajal: Minuto: 1:27:00
32 026. El estudio de la ordenanza 050 de 2022 se encuentra a partir del minuto 1:17:00 en adelante.
30
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pueden mantener el ejercicio agrícola solo por el tema de inclusive de los
gastos que conlleva el predial (…)”
91. El día 12 de diciembre de 2022, los diputados Nicolás Iván Gallardo Vásquez,
Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal Jimenez y Orly Rozo Lozano presentaron
ponencia favorable conjunta al proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022 “Por medio
del cual se establece la exención del impuesto predial a la comunidad raizal”, con la
siguiente modificación:
“ARTÍCULO SEGUNDO: La exención aquí prevista para predios con uso
para vivienda, lotes agrícolas o uso no comerciales.
PARÁGRAFO: En caso de que algún miembro de la comunidad raizal
venda su lote y el que lo haya adquirido no pertenezca a la étnica raizal
del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este
deberá pagar el impuesto que mana (sic) la Constitución y la ley.
ARTÍCULO TERCERO: La exención aquí prevista quedaría a partir del 1
de enero de 2023, sin obviar las deudas anteriores a la presente
Ordenanza, adicional a eso la comunidad tendrá una exoneración de
intereses de los años anteriores”. (Negrilla fuera de texto)
■ Sesión de 14 de diciembre de 2022: debate en la comisión de
presupuesto
92. En sesión de 14 de diciembre de 2022 se votó el proyecto de ordenanza núm.
050 de 2022 en la comisión de presupuesto de la asamblea del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina33. De lo ocurrido en esa
reunión queda constancia que cada una de las modificaciones fueron concertadas
no solo con el gobierno departamental sino también con la comunidad 34, siendo
aprobada la ponencia por unanimidad, incluyendo el voto positivo del accionado35.
93. En los audios quedó documentado la intervención del secretario de hacienda
quien explicó que la ampliación del beneficio tributario tenía la siguiente finalidad36:
“(…) Cuando planteamos esta ordenanza nos dimos a la tarea de hacer
una revisión de la base de datos y el 80% de la población raizal está entre
el estrato 1 y 3. Hay algunos que están en el estrato 4, pero si podemos
observar el proyecto de ordenanza dice que los predios destinados a una
actividad comercial no serán beneficiado del proceso porque
consideramos que si yo tengo una actividad comercial desarrollando un
predio esa actividad comercial me debe generar los recursos para pagar
el impuesto. (…) En esto tenemos que hacer un sacrificio en bien de la
comunidad raizal, nunca ha sido beneficiado de un proyecto del gobierno
33 018. Principal. Expediente digital. Folio 194. Audio correspondiente a la sesión de 14 de diciembre de 2024.
Minuto: 1:37:45 en adelante.
34 Audio correspondiente a la sesión de 14 de diciembre de 2024. Minuto: 1:25: 00 en adelante.
35 Audio correspondiente a la sesión de 14 de diciembre de 2024. Minuto 2:03:50 en adelante.
36 Audio correspondiente a la sesión de 14 de diciembre de 2024. Minuto: 1:30:00 en adelante.
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como esto. (…) El gobierno departamental (…) tomó la decisión de que
vamos nosotros como gobierno departamental a asumir el costo en favor
de la comunidad raizal. La comunidad raizal merece esto y mucho más. A
lo largo de más de 200 años de adhesión a Colombia hemos pagado todos
los impuestos (…). Consideramos que es la hora de que el gobierno
departamental asuma la responsabilidad con la comunidad raizal y este
es el primer paso, la exención del impuesto predial en beneficio de la
comunidad (…) 4000 mil millones de pesos hará un poco de efecto en las
finanzas públicas, pero cuando es para una comunidad no hay precio que
valga tener a una comunidad tranquila (…)”
■ Sesión de 15 de diciembre de 2022: debate en la plenaria de la asamblea
departamental
94. El día 15 de diciembre de 2022, se reunió la plenaria de la asamblea del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el
objeto de discutir en segundo debate el proyecto de ordenanza núm. 050 de 2022
“Por medio del cual se establece la exención del impuesto predial a la comunidad
raizal” el cual fue aprobado en esa fecha.
95. De acuerdo con los audios obrantes en el proceso, en la sesión del 15 de
diciembre de 2022 se discutió en segundo debate el proyecto de ordenanza núm.
050 de 6 de diciembre de 2022 “Por medio del cual se establece la exención del
impuesto predial a la comunidad raizal”.
96. De lo ocurrido en esa sesión quedó registrada la siguiente intervención del
diputado accionado:
“(…) Queremos contarles cómo fue el proyecto de ordenanza. El proyecto
de ordenanza nace por iniciativa del gobierno departamental en la cual
solicita únicamente el tema de la extensión de los impuestos a la
propiedad de las viviendas. Sin embargo, como conocemos que dentro de
la comunidad hay mucha vocación agrícola o hay lotes ancestrales que
han venido pasando de generación en generación y no están siendo
explotados (…) se amplió y se le solicitó en la comisión y el gobierno
aceptó la conciliación para que se pudiera ampliar y que la comunidad
raizal pudiera gozar de estos beneficios (…)37”.
97. Además, el gobierno departamental38 explicó el alcance de la referida iniciativa
así:
“Muy buenos días diputados, secretario, público en general. Ante todo, le
pido disculpa al pueblo por mi llegada tarde no fue intencional estuve en
el consejo directivo de Coralina que estaba programado previo a esto
entonces tuve que atenderlo, pero ya estamos acá. El objeto de este
proyecto es sencillamente tratar de resarcir de alguna manera una
37 Audio de la sesión de 15 de diciembre de 2022. Minuto 0:012:00 en adelante.
38 Audio de la sesión de 15 de diciembre de 2022. Minuto 0:016:00 en adelante.
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deuda que tiene el gobierno departamental para con el pueblo raizal.
A lo largo de la historia hemos venido cobrando impuesto predial en todos
los sentidos como ordena la norma. En el año 95 el Gobierno Nacional
sacó una norma donde dispuso que los pueblos indígenas estarían
exentos del impuesto predial y también dispuso que el Ministerio de
Hacienda pagará a las municipalidades donde están esos pueblos
indígenas. A partir del año 2005 el gobierno departamental ha tratado por
todos los medios para que ese derecho fuera extendido hacia San Andrés
y fue negado, en los últimos 8 años han sido aprobados dos proyectos de
ley en el Congreso pero ambos fueron objetados por el ejecutivo nacional
aduciendo que no tenían los recursos suficientes para pagar por el predial
en San Andrés. A hoy, el gobierno departamental (…) después de revisar
las normas y sentarse con asesores externos decidió como diríamos
perdón mi expresión, dar la pela para con la comunidad. Decidió que el
gobierno departamental iba a asumir el costo de lo que es la exención del
impuesto predial. Inicialmente al radicar el proyecto acá contemplábamos
los predios donde estuviera viviendo la comunidad donde tenía sus
viviendas solamente. (…) El gobierno tuvo a bien después de hacer
sus consultas internas aceptar la propuesta del pueblo y de la
honorable asamblea en donde eso se extendiera inclusive a los
predios que no han sido ocupados por viviendas algunas. La
honorable asamblea decía que los predios de objeto agrícola porque
muchos de nuestros antepasados dejaron propiedades a sus hijos, pero
eso no implica que ellos tengan recursos económicos suficientes.” (Se
destaca).
98. Igualmente, quedó constancia que durante la sesión realizada el día 15 de
diciembre de 2022, el diputado Carlos Domingo Gallardo Rojas presentó
impedimento al considerar que:
“(…) [Y]o, como raizal de este archipiélago, dueño de predios que
pueden salir beneficiados de esta iniciativa, de este beneficio que
presenta la administración departamental le quiero solicitar a la plenaria
que me vote mi conflicto de interés para seguir participando en este
proyecto39”. (Se destaca).
99. A continuación, la plenaria de la corporación aceptó el impedimento
presentado por ese diputado, por unanimidad, para un total de “9 votos positivos40”,
siendo que el acusado votó de manera favorable esa manifestación.
100. La referida iniciativa fue aprobada por la duma departamental del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina41 y pasó a convertirse en la
Ordenanza 018 de 15 de diciembre de 2022 “Por medio del cual (sic) se establece
la exención del impuesto predial a la comunidad raizal 42”.
39 Audio de la sesión de 15 de diciembre de 2022. Minuto 0:29:04 en adelante.
40 Audio de la sesión de 15 de diciembre de 2022. Minuto 0:34:12.
41 Audio de la sesión de 15 de diciembre de 2022. Minuto 0:41:35.
42 Archivo 025. Expediente digital.
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II.8. Análisis de los requisitos para la configuración del conflicto de interés
• Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura
de [diputado]
101. En el presente proceso, quedó probado que para la época de los hechos
juzgados, el diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez se encontraba en ejercicio de
su investidura luego de haber aceptado su curul como miembro de la asamblea del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en virtud
de lo dispuesto en los artículos 112 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1909
de 2018. Además, para la época en que se surtió la votación del proyecto de
ordenanza era miembro de la comisión de presupuesto y control fiscal según la
Resolución 002 de 11 de enero de 202243.
• La existencia de un interés directo, actual, particular o inmediato sea
de orden moral o económico
102. En el proceso está demostrado que el señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla
es padre del diputado accionado, pues dicho vínculo de consanguinidad fue
aceptado por la defensa del accionado en el escrito de contestación de la solicitud,
a folio 9.
103. Adicionalmente, según el “Formulario Único. Declaración juramentada de
bienes y rentas y actividad económica privada persona natural”, el diputado acusado
relacionó la siguiente información que da cuenta que: (i) Jesús Enrique Gallardo
Mantilla (es su padre); (ii) Reina Luz Vásquez Artunduaga (es su madre); (iii) Jesús
Gallardo Vásquez (es su hermano) y, (iv) Paula A. Gallardo Vásquez (es su
hermana).
104. En lo que tiene que ver con la prueba del parentesco en procesos de pérdida
de investidura, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de 22 de
43 032. Principal. Expediente digital.
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enero de 200844 y esta Sección45 han coincidido en señalar que el registro civil no
constituye un mecanismo ad substantiam actus pues resulta admisible acudir a otros
medios de prueba previstos en el ordenamiento procesal civil. Así se ha señalado:
“[…] 3. La prueba del parentesco en la jurisprudencia de esta Corporación.
Es bueno señalar ab initio, que es reiterada la jurisprudencia, que establece la
necesidad de probar la relación de parentesco constitutiva de las causales de
inhabilidad, a través de las respectivas actas del registro civil de las personas,
tal como lo señala el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, esto es, la
perentoria aplicación de la tarifa legal, establecida en tal sentido.
4. La prueba aportada acerca del parentesco.
[…]
Ante este estado de cosas, y atendiendo las pautas sugeridas por la
jurisprudencia en torno a la prueba del estado civil de acuerdo a los postulados
del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, el juez se va enfrentando a definir
que conforme a este precepto el único modo de acreditar el parentesco para
establecer inhabilidades electorales es el registro civil de nacimiento, no
obstante cuando éste falta, cualquier otra evidencia resulta inapreciable
dada la tarifa legal impuesta por la norma en mención, creándose con ello
una situación que conviene razonablemente analizar:
¿Está en verdad el juez imposibilitado de establecer mediante el sistema
probatorio de la sana critica el hecho del parentesco?. O la tarifa legal que deriva
del artículo 105 citado, en verdad, no representa un mecanismo ad-sustanciam
actus para establecer judicialmente el hecho cuya relevancia jurídica se
reclama.
La respuesta a este desideratum, de primera mano la ofrece el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil aplicable por integración normativa a esta
jurisdicción, en cuanto precave que las pruebas deberán ser apreciadas en su
conjunto, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia y validez de ciertos actos, de donde deduce la Sala que es deber
del fallador lograr la coexistencia de los sistemas probatorios admitidos por
nuestro ordenamiento dentro de los que puede emerger, como en este caso, la
calificación legal que ordena el fallador tener en cuenta para establecer el
estado civil de las personas la correspondiente acta del registro civil del hecho
correspondiente.
En este ámbito de la coexistencia de los sistemas de pruebas, es razonable
señalar que ésta no significa exclusión ni tampoco imperio de un solo sistema
probatorio, por consiguiente la confluencia de la denominada tarifa legal con el
esquema de la sana crítica y libre valoración, derivada del artículo citado,
conduce inexorablemente a atenuar la prevalencia de un mandato legal como
44 La cita corresponde a: Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 22 de enero de 2008; expediente:
11001-03-15-000-2007-00163-00, actor: José Antonio Quintero Jaimes, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
45 Ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo
de 2016, MP: María Claudia Rojas Lasso, radicado: 54001-23-33-000-2013-00290-01; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de enero de 2009, radicado: 6001-23-31-
000-2008-00617-01, MP: María Claudia Rojas Lasso.
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el contenido en el artículo en análisis que restrinja la prueba del estado civil,
exclusivamente, a la copia de la correspondiente partida o folio del acta de
registro del estado civil.
Esta modulación de la prescripción jurídica contenida en el artículo 105 del
Decreto 1260 de 1970, deriva de un punto de vista que sostiene que el derecho
solo depende de hechos históricos evidentes y que el único desacuerdo sensato
sobre el derecho es un desacuerdo empírico en tanto el derecho depende del
hecho evidente , de manera que si por fuerza mayor, como ocurre en este caso,
no es posible establecer el vínculo de parentesco mediante la prueba de registro
civil, ello no implica que el juez deba cerrar los ojos a otros mecanismos de
convicción que establecen con certeza el hecho ignorado sobre el que descansa
la causa petendi de la acción […]”
105. El beneficio directo, según el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 es aquel que
se produce de forma específica respecto del diputado o sus parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad.
106. La conjunción “dentro” según el diccionario de la real academia significa “en
la parte interior46”. En esa medida, cuando la norma señala que el beneficio directo
es “(…) aquel que se produzca de forma específica respecto del diputado, parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad” debe entenderse en su sentido literal,
es decir, que comprende sin lugar a equívocos el primer grado de consanguinidad.
107. Precisado ello, el solicitante, en el escrito de alzada, alegó que el diputado
accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura por conflicto de interés en
razón de que el señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla, padre del accionado, es
propietario de los bienes inmuebles identificados con los Folios de Matrículas
Inmobiliarias 450-12652 y 450-7937 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San
Andrés, Isla, es decir, “con potencial destinación a la actividad agrícola o uso no
comercial”.
108. Para probar lo anterior, constan los siguientes medios de prueba:
a) Predio 1
(i) Certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
San Andrés Isla del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 450-
1265247 en el cual se destaca la siguiente anotación:
46 https://www.rae.es/dpd/dentro. 1. Adverbio de lugar que significa 'en la parte interior.
47 Archivo 18. Cuaderno Principal. Expediente digital. Folios 269 y siguientes.
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(ii) Recibo del impuesto predial del inmueble identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria 450-12652:
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b) Predio 2
(i) Certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
San Andrés Isla del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 450-
793748 donde se destaca la siguiente anotación:
(ii) Copia del recibo del impuesto predial del inmueble identificado con el Folio de
Matrícula Inmobiliaria 450-7937:
48 Archivo 18. Cuaderno Principal. Expediente digital. Folio 293.
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109. En el presente caso, conforme lo indicó la sentencia de primera instancia, el
interés que se le atribuye al accionado no tiene la condición de directo, entendiendo
por tal aquel que “debe surgir de los extremos de la relación que se plantea a través
de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin
intermediación alguna”49, y tampoco de “particular y actual, de carácter moral o
económico, en la decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración 50”,
esto es, “(…) que el acto jurídico resultante de la concurrencia de la voluntad de los
congresistas, tenga por sí mismo la virtualidad de configurar el provecho de manera
autónoma, esto es, que no se requiera de actos, hechos, o desarrollos ulteriores
para cristalizar el beneficio personal51”, por las siguientes razones:
110. En primer lugar, analizados los debates que marcaron la aprobación de la
ordenanza, la Sala encuentra que esta iniciativa normativa estuvo orientada a
defender los intereses de la población raizal del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina como grupo étnico que goza de especial protección
constitucional, a través de la creación de un beneficio tributario con el fin de tratar
de “(…) resarcir de alguna manera una deuda que tiene el gobierno departamental
para con el pueblo raizal, a lo largo de la historia”.
111. En efecto, fue claro el interés de la asamblea departamental del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en aprobar un beneficio tributario a
favor de una comunidad -la población raizal de los estratos pertenecientes al 1 y 4 que
cuenten con posesión o propiedad legalizada sobre predios con destinación a vivienda,
vocación agrícola o uso no comercial- el cual fue concebido como un alivio económico
49 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P. Dr.
Diego Younes Moreno.
50 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
51 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
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para proteger a muchas familias que no habían podido pagar el impuesto predial
por cuenta de la difícil situación económica que vivía la Isla.
112. Particularmente, la intervención del accionado en el trámite y aprobación de
la ordenanza se efectuó en favor de la población raizal -que cumpliera con los
requisitos previstos en la norma- como grupo que goza de especial protección
constitucional en el artículo 310 de la Carta Política y cuya importancia ha sido
reconocida por la Corte Constitucional en diferentes desarrollos jurisprudenciales,
como las sentencias T- 174 de 1998 y la C-053 de 1999 de la Corte Constitucional,
por mencionar algunas.
113. De otro lado, a juicio de la Sala, el interés endilgado al accionado resulta
hipotético y aleatorio pues el beneficio tributario en el pago del impuesto predial no
deviene de manera automática de la ordenanza, toda vez que para hacerse
acreedor de la exención los interesados deben cumplir una serie de exigencias, las
cuales deben acreditarse oportunamente ante la secretaría de hacienda
departamental.
114. Así se deduce del contenido de la Ordenanza 050 de 2022, norma que señala
que para hacerse acreedor del beneficio tributario es necesario demostrar el
cumplimiento de una serie de requisitos, esto es: (i) demostrar la calidad de raizal
del sujeto pasivo objeto de la exención tributaria; (ii) probar la propiedad o posesión
con justo título a través del certificado de tradición y libertad o la inscripción de la
posesión; (iii) que el uso del predio sea para vivienda, lotes agrícolas o no comercial
y, (iv) se trate de viviendas del estrato 1 al 4. Estas exigencias, según lo indica la
misma norma, deben acreditarse por el interesado “de manera previa” ante la
secretaría departamental.
115. Además, en el sub lite, el interés que se le endilga al accionado resulta
igualmente hipotético y aleatorio pues el padre del accionado, para hacerse
acreedor del beneficio tributario debe acreditar la condición de raizal, la cual no fue
probada en el expediente.
116. Sobre el particular, se debe resaltar que si bien en el expediente reposa la
copia de la tarjeta OCCRE del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez52 y del registro
civil de nacimiento del señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla, dichos elementos de
prueba no resultan, en principio, conducentes para demostrar la condición de raizal
del padre del accionado. En efecto, el primero de estos documentos ratifica la
condición de raizal del diputado acusado pero no la de su padre. Por su parte, el
registro civil de nacimiento del señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla constituye la
52 Documento 018. Anexos. Página 17.
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prueba idónea para demostrar el estado civil y de parentesco pero no para
demostrar su condición de raizal.
117. Nótese que la población raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
como grupo étnico, se caracteriza por tener una cultura y tradiciones únicas, las
cuales le confieren identidad propia, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia
de la Corte Constitucional53. En términos generales, una persona que haya nacido
en la isla no necesariamente tiene la condición de raizal, pues “(…) el Raizal es
aquel cuyas raíces culturales están relacionadas con las costumbres y tradiciones
de los primitivos pobladores y son practicadas cotidianamente a través de la lengua,
la religión y algunas prácticas sociales54”.
118. En gracia de discusión y de llegar a considerarse probada la condición de
raizal del señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla, se debe señalar que del análisis
del acervo probatorio no es dable evidenciar que los bienes inmuebles identificados
con los Folios de Matrículas Inmobiliarias 450-12652 y 450-7937 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de San Andrés, Isla, que pertenecen al padre del accionado,
tengan destinación de lotes agrícolas o vocación no comercial pues los recibos de
los impuestos prediales hacen referencia al hecho consistente de que se trata de
“Pequeña propiedad rural”, sin que se identifique, de manera precisa, la destinación
de dichos inmuebles y tampoco el estrato al cual pertenecen esos predios.
119. Nótese que la solicitud y el recurso de apelación se fundamentó en que el
padre del accionado es propietario “a título personal de dos inmuebles
categorizados como rurales, es decir, con potencial destinación a la actividad
agrícola o de uso no comercial”, lo que a la postre significa que el interés no resulta
actual, sino que se trata de un hecho futuro, lo que de plano descarta la presencia
de una situación constitutiva de conflicto de intereses.
120. Por último, en el sub examine, resulta irrelevante analizar si otros diputados se
declararon impedidos para participar y debatir el proyecto de ordenanza núm. 050
de 2022 “Por medio del cual se establece la exención del impuesto predial a la
comunidad raizal”, pues en este caso se examina el comportamiento del diputado
Nicolás Iván Gallardo Vásquez frente a los deberes y responsabilidades que le
fueron encomendados por la Constitución Política y la ley.
53
Corte Constitucional, sentencia T- 174 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero.
54 La Autodeterminación en el Caribe: El caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Universidad Nacional, 2013. Autor: Fady Ortiz Roca. Lugar de consulta:
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54630/laautodeterminacionenelcaribeelcasodelarchipielag
odesanandresprovidenciaysantacatalina.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
A manera ilustrativa, debe señalarse que el Gobernador del departamento Archipiélago San Andrés, Providencia
y Santa Catalina expidió el Decreto 0606 de 2023, con el objeto de reglamentar la ordenanza. Esta norma señala
que el contribuyente que cumpla con las condiciones descritas en el artículo primero de presente Decreto y que
desee acceder a la exención tributaria, deberá presentar:(…) Fotocopia de la Tarjeta OCCRE del solicitante
propietario del inmueble con la finalidad de acreditar su calidad de RAIZA”. Además, uno de los requisitos que
se exigen para obtener esta tarjea consiste en presentar el árbol genealógico.
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121. A pesar de que ello resulta suficiente, se debe señalar que el diputado Carlos
Domingo Gallardo Rojas se declaró impedido, tras considerar que “(…) [Y]o, como
raizal de este archipiélago, dueño de predios que pueden salir beneficiados de
esta iniciativa, de este beneficio que presenta la administración departamental le
quiero solicitar a la plenaria que me vote mi conflicto de interés para seguir”. Así las
cosas, resulta desacertado equiparar la situación del accionado con la del
mencionado diputado, pues dichos servidores públicos se encontraban en
situaciones diferentes.
122. La institución del conflicto de interés apunta a evitar que la participación del
servidor público en un asunto que le ha sido confiado por la Constitución Política o
la ley no consulte el bien común y la prevalencia del interés general sino que se
haga para obtener un beneficio o ventaja personal o a favor de aquellas personas
enunciadas en la ley, aspecto que no quedó acreditado en el presente caso de
acuerdo con el acervo probatorio arrimado al expediente.
123. Con fundamento en las anteriores consideraciones y, como quiera que en el
presente caso no se acreditó la existencia del interés directo, particular y actual
exigido para la configuración de la causal de pérdida de investidura objeto de
análisis, la Sala queda relevada del estudio de los demás supuestos de la conducta
reprochada, así como del análisis del elemento subjetivo.
II.9. Conclusiones
124. Según las pruebas que obran en el presente proceso, en el presente caso,
no se demostró la existencia de un interés directo, particular y actual del diputado
accionado que diera lugar a la configuración de la causal de pérdida de investidura
por conflicto de intereses que le impidiera participar en el debate y votación del
proyecto normativo que culminó con la aprobación de la Ordenanza 018 de 15 de
diciembre de 2022.
125. En efecto, el interés en el presente caso resulta hipotético y aleatorio, puesto
que la exención tributaria creada a través de la ordenanza no deviene
automáticamente de la norma pues los sujetos destinatarios deben acreditar una
serie de exigencias las cuales, valga resaltar, no fueron acreditadas en el presente
caso.
126. Por estos motivos, se confirmará la sentencia de 12 de diciembre de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina denegó la solicitud de pérdida de investidura del
diputado Nicolás Iván Gallardo Vásquez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2023, mediante la cual
el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado Nicolás Iván
Gallardo Vásquez.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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