Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00091-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2025-00091-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00091-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00091-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
Accionados: Jhonatan Alirio Basto Bohorquez y Jasson Gregorio
Rincón Toro
Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses. Régimen de impedimentos. Remisión a
las normas de la Ley 5ª de 1992. Trámite de impedimentos de los
concejales de Acacías.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 30 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor José Enrique Molina Rojas en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2, solicitó la pérdida de
investidura de los señores Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Jasson Gregorio
Rincón Toro, concejales del municipio de Acacías (Meta) para el periodo 2024-2027.
I.1.1. Los hechos
2. Señaló que los concejales Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Jasson Gregorio
Rincón Toro, en la sesión de 12 de noviembre de 2024, según consta en el Acta
120 de esa fecha, participaron en la votación del impedimento presentado por la
señora Zulma Yolima Díaz, quien adujo encontrarse en un presunto conflicto de
interés porque uno de los aspirantes a ocupar el cargo de secretario era un familiar
suyo, el cual fue aceptado por la duma de Acacías.
3. Relató que en esa misma sesión, los concejales Jhonatan Alirio Basto Bohórquez
y Jasson Gregorio Rincón Toro manifestaron su impedimento con sustento en la
misma razón que motivó la declaración hecha por parte de la concejal Zulma Yolima
Díaz.
1
Presentó demanda y escrito de subsanación. Cfr. índices 2 y 11 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
4.Precisó que el presidente de la duma levantó la sesión de 12 de noviembre de
2024 por falta de cuórum para decidir.
5. Narró que según consta en el Acta 121 de 13 de noviembre de 2024, el
presidente del concejo sometió a votación de la plenaria el impedimento presentado
por el concejal Jhonatan Alirio Basto Bohorquez, el cual fue negado con diez (10)
votos, incluido el voto del señor Jasson Gregorio Rincón Toro.
6. Relató que en esa misma sesión, el presidente del concejo puso a consideración
el impedimento del concejal Jasson Gregorio Rincón Toro, el cual fue negado con
un total de ocho (8) votos, incluido el voto del señor Jhonatan Alirio Basto
Bohorquez.
I.1.2. Fundamento de la solicitud
7. Adujo que los accionados incurrieron en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 3, en
concordancia con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
20004, relativa a la transgresión del régimen del conflicto de intereses derivado de
su participación en la votación de los impedimentos presentados por la concejal
Zulma Yolima Díaz y los presentados por cada uno de ellos en el trámite
administrativo encaminado a efectuar la elección del secretario del Concejo
Municipal de Acacías.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
8. A través de auto de 28 de marzo de 20255, el magistrado sustanciador del
proceso inadmitió la demanda y por auto de 30 de abril de 2025 6 fue admitida,
ordenándose la notificación personal a los accionados y a la agente del Ministerio
Público.
I.3. La oposición de los concejales7
9.El apoderado judicial de los accionados se opuso a los argumentos de la
demanda.
10. Adujo que las afirmaciones del solicitante se fundamentan en suposiciones
carentes de prueba para determinar el grado de responsabilidad de los concejales
inculpados.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
5
Cfr. índice 4 del expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. índice 14 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. índice 20 del expediente digital de primera instancia.
3
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
11. Expuso que según el Acta de 24 de noviembre de 2024, el concejal Juan Carlos
Basto Morales presentó una proposición con el fin de dejar sin efectos el proceso
de elección del secretario del Concejo Municipal de Acacías, la cual fue aprobada
por la plenaria; de ahí que las Actas 120 de 12 de noviembre de 2024 y 121 de 13
de noviembre de 2024 quedaron sin efectos.
12. Explicó
que no se presentó un interés directo, particular y actual en los
accionados en la elección del secretario del Concejo Municipal de Acacías y como
prueba de ello, los accionados manifestaron sus impedimentos, los cuales fueron
negados por la corporación por lo que estaban habilitados para participar en la
sesión.
13. Precisó que corresponde al presidente de la corporación, ante el vacío del
reglamento interno, establecer si la votación de los impedimentos se realiza en
bloque o en orden de llegada de la solicitud, situación última que se presentó.
14. En síntesis, adujo que los accionados no transgredieron el régimen del conflicto
de intereses y por el contrario sus actuaciones se enmarcan en la Constitución
Política y en la ley.
I.4. La etapa probatoria y la audiencia pública
15. Por auto de 17 de junio de 20258 se dio apertura al período probatorio y se fijó
fecha para la realización de la audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12 de
la Ley 1881 de 15 de enero de 20189.
16. El 14 de julio de 202510 se realizó la audiencia pública con la asistencia y
participación del demandante, la agente del Ministerio Público, el apoderado de los
accionados y los convocados.
I.5. La sentencia de primera instancia11
17. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 30
de julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
18. Expuso que el problema jurídico tenía como objeto establecer si los concejales
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Jasson Gregorio Rincón Toro incurrieron en la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley
136, en concordancia con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, por la presunta
vulneración del régimen de conflicto de intereses derivado de su participación en la
votación del impedimento de la concejal Zulma Yolima Díaz y, posteriormente, en
la negativa de los impedimentos presentados por cada uno de ellos dentro del
8
Cfr. índice 25 del expediente digital de primera instancia.
9
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES. […]”.
10
Cfr. índice 36 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. índice 40 del expediente digital de primera instancia.
4
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
procedimiento encaminado a efectuar la elección del secretario de la duma
municipal de Acacías (Meta).
19. Para abordar el problema jurídico se refirió a las generalidades de la pérdida
de investidura y al desarrollo jurisprudencial del conflicto de intereses.
20.El a quo hizo un estudio en detalle de las Actas 120 de 12 de noviembre de
2024 y 121 de 13 de noviembre de 2024 y encontró probado lo siguiente:
20.1. La concejal Zulma Yolima Díaz, en la sesión de 12 de noviembre de 2024,
manifestó su impedimento con sustento en la causal prevista en el numeral 1. del
artículo 11 de la Ley 1437, por considerar que un pariente en cuarto grado de
consanguinidad se encontraba dentro de la lista de preseleccionados.
20.2. La duma del concejo sometió a votación el impedimento presentado por la
citada concejal el cual fue aceptado por la corporación, incluyendo el voto favorable
de los accionados.
20.3. En esa misma sesión, el concejal Jasson Gregorio Rincón Toro presentó su
impedimento con sustento en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, tras
considerar que dentro del listado preliminar aparecía el nombre de la señora Diana
Yanet Salazar, compañera lista de candidatos por el mismo partido político en las
elecciones realizadas en el año 2023.
20.4. El concejal Jhonatan Alirio Basto Bohórquez manifestó su impedimento por
considerar que en la lista preliminar aparecía como postulado el señor Esteban
Rodríguez Valencia, persona que había sido apoderada en distintos procesos
judiciales que se adelantaban ante el Tribunal Administrativo del Meta
20.5. Se probó que por falta de cuórum deliberatorio, el presidente de la duma levantó
la sesión.
21. Añadió que según consta con el Acta 121 de 13 de noviembre de 2024, el
presidente del Concejo Municipal de Acacías optó por realizar la votación individual
y nominal de las solicitudes presentadas por los concejales Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez y Jasson Gregorio Rincón Toro, quienes salieron del recinto mientras
se efectuaba la votación de sus impedimentos.
22. Sostuvo que el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías no
contempló el procedimiento aplicable frente al trámite de estas declaraciones, por
lo que en cumplimiento de las reglas de interpretación debía acudirse a las
disposiciones contenidas en la Ley 5ª de 17 de junio de 199212, en particular, el
artículo 291 que establece la prohibición de participar en la discusión y votación del
propio impedimento. Además de ello, si este es aprobado, el servidor público queda
imposibilitado de intervenir en la resolución de las manifestaciones presentadas por
12
“[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes. […]”.
5
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
otros. Adicionalmente, en el evento de ser negado, el servidor público está obligado
a participar en el trámite y votación del asunto, sin que pueda ser objeto de
investigación o sanción por tal circunstancia.
23. Anotó que para agilizar la votación, el presidente puede agrupar los
impedimentos según las causales y las circunstancias de configuración y proceder
a decidirlos en grupo respetando la mayoría requerida para la decisión de estos.
24. Destacó que la Corte Constitucional, en sentencia C- 337 de 2006, concluyó
que el congresista que se ha declarado impedido puede participar en la decisión de
los impedimentos de los otros congresistas, tesis reiterada en sentencias C- 141 de
2010 y C-302 de 2021.
25. Agregó que en el evento de que el presidente de la corporación hubiera
decidido no permitir el voto a los concejales accionados para decidir los
impedimentos presentados por sus compañeros se hubiese generado una
vulneración al derecho de participar en la deliberación y votación. Expuso que las
declaraciones presentadas por los señores Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y
Jasson Gregorio Rincón Toro no guardan identidad fáctica, por lo que no era posible
agruparlos.
26. Expuso que carece de razonabilidad que se impusiera una sanción de pérdida
de investidura en contra de los accionados puesto que presentaron sus
impedimentos de manera insistente, cumpliendo su deber legal. Además de ello,
ante la negativa de la corporación pública, los inculpados tenían el deber de seguir
participando en el asunto que estaba siendo objeto de discusión.
27. En síntesis, advirtió que “[…] no es irregular que los impedimentos o las
recusaciones sean resueltas de manera individual y que los miembros de las
corporaciones puedan participar en la deliberación y votación de los demás también
declarados impedidos o recusados, como quiera que no les fueron aceptadas los
impedimentos o las recusaciones presentadas. […]”. En estos términos, aclaró que
“[…] la tesis del callejón sin salida, desarrollada por la Corte Constitucional para
avalar esta postura respecto de los congresistas, resulta plenamente aplicable a los
concejales municipales, en la medida en que si bien es cierto estas corporaciones
no son idénticas y cumplen roles diferentes, en torno de este especial aspecto
obedecen al mismo diseño institucional respecto del principio de las mayorías, la
exigencia de un quórum deliberatorio y decisorio y la representación popular que
impide que en su lugar puedan ser designados funcionarios ad hoc. […]”.
I.6. El recurso de apelación13
28. El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia.
13
Cfr. índice 43 del expediente digital de primera instancia.
6
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
29. Expuso que la concejal Zulma Yolima Díaz, en la sesión de 12 de noviembre
de 2024, manifestó su impedimento para participar en la elección del secretario del
concejo aduciendo que su pariente en cuarto grado de consanguinidad -primo-
había sido preseleccionado, el cual fue aceptado por la corporación pública,
incluyendo el voto favorable de los accionados.
30. Describió que en esa misma sesión, el concejal Jasson Gregorio Rincón Toro
manifestó impedimento por considerar encontrarse incurso en la causal prevista en
el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, al advertir que la señora Diana Yanet
Salazar, quien era aspirante a ocupar el cargo de secretario había conformado la
misma lista de candidatos por el partido Alianza Social Independiente- ASI en las
elecciones territoriales realizadas en el año 2023.
31. Anotó que en el desarrollo de esa sesión, el concejal Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez manifestó su impedimento con sustento en el numeral 4. del artículo 11
de la Ley 1437, por considerar que uno de los aspirantes a ocupar ese cargo, el
señor Esteban Rodríguez Valencia, era su abogado de confianza en varios
procesos promovidos ante el tribunal.
32. Añadió que las manifestaciones presentadas por los concejales accionados
“[…] fueron extemporáneos, tardíos, porque debieron haberlos manifestado al
momento de decidir ellos también, el impedimento de su compañera ZULMA
YOLIMA DIAZ, no debiendo haber integrado el quorum ni votado. […]”.
33. Destacó que “[…] No pueden las autoridades celebrar y patrocinar que con los
votos de los concejales JHONATAN ALIRIO BASTO BOHORQUEZ y JASSON
GREGORIO RINCÓN TORO se haya podido excluir a la concejal ZULMA YOLIMA
DIAZ, por cumplir esta si la ley e (sic) su términos y tiempos, pero que esos mismos
concejales, solo una vez advirtieron tardíamente su error al omitir declararse
impedidos con la concejala ZULMA YOLIMA DIAZ, concurrieron después de decidir
contra ella, declarar sus impedimentos, cuando versaban por los mismos hechos y
circunstancias de tiempo, modo y lugar. […]”.
I.7. Trámite del recurso de apelación
34. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia través de proveído
de 16 de septiembre de 202514 concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo
de Estado.
35. Repartido el proceso, mediante auto de 26 de septiembre de 202515, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el accionante.
36. Dentro del término del traslado todos los sujetos procesales guardaron silencio.
14
Cfr. índice 46 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. índice 6 del expediente digital de segunda instancia.
7
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
37. La Sala para resolver la presente controversia se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de los
concejales; iii) el problema jurídico; iv) el conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura de los concejales; v) el régimen de impedimentos como
expresión del principio de transparencia y su trámite en el sub examine; vi) estudio
de los requisitos concurrentes y; vii) conclusiones del caso.
II.1. La competencia
38. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201916.
II.2. La acreditación de la condición de los accionados como concejales
39. La calidad del concejal Jhonatan Alirio Basto Bohórquez se encuentra
acreditada con el formulario E-26 CON17 en el cual se señala que el referido
ciudadano resultó elegido para el período constitucional 2024-2027, en las
elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023.
40. Igualmente consta que: i) la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 15 de diciembre de 2023, decretó la pérdida de investidura del
concejal Orlando Granados Acevedo, elegido para el período constitucional 2024-
202718; ii) el Concejo Municipal de Acacías, a través de la Resolución 31 de 19 de
abril de 202419, declaró la vacancia absoluta de la curul y dispuso el procedimiento
para su reemplazo y; iii) a través de la Resolución 37 de 3 de mayo de 202420, se
llamó a ocupar la curul vacante para el período restante 2024-2027 al señor Jasson
Gregorio Rincón Toro.
41. Con los anteriores documentos queda acreditada la condición de los
accionados como sujetos pasivos del presente mecanismo de control de pérdida
de investidura.
II.3. El problema jurídico
42. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
16
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
17
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Página 36.
18
Cfr. índice 11 del expediente digital de primera instancia. Página 181.
19
Cfr. índice 11 del expediente digital de primera instancia. Páginas 181 a 183. Acto administrativo que fue corregido a través
de la Resolución 32 de 22 de abril de 2024.
20
Cfr. índice 11 del expediente digital de primera instancia. Páginas 189 a 192.
8
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
201221, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437 considera que el asunto que debe resolver consiste en
establecer lo siguiente:
43. Si se debe decretar o no la pérdida de investidura a los señores Jhonatan Alirio
Basto Bohórquez y Jasson Gregorio Rincón Toro, concejales del municipio de
Acacías (Meta) para el periodo 2024-2027, por haber incurrido en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, en
concordancia con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, referente a la violación
del régimen del conflicto de intereses por haber participado en la resolución de los
impedimentos presentados por otros cabildantes dentro del procedimiento
administrativo dirigido a efectuar la elección del secretario general para la vigencia
2025.
44. En el evento de encontrarse configurado el elemento objetivo, la Sala debe
definir si se cumple o no el elemento subjetivo, en los términos definidos en la Ley
1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201922
que exige el análisis del dolo o la culpa grave.
II.4. La violación del régimen del conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura de los concejales
45. El control de la actividad de los elegidos por voto popular a cargo de los
ciudadanos afianza la efectiva representación política de los servidores públicos
elegidos quienes son responsables ante la sociedad y frente a sus electores. La
infracción de la regla que prohíbe a los concejales adoptar decisiones en presencia
de un conflicto de interés tiene como fundamento axiológico y constitucional los
artículos 1 y 133 de la Carta Política, preceptos que señalan que Colombia es un
Estado Social de Derecho a su vez fundado en la prevalencia del interés general y
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo
y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Además, “[…] El elegido es
responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura […]”.
46. Para el caso de los concejales la violación del régimen del conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura se encuentra prevista en los artículos 55,
numeral 2.° y 70 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, en
el siguiente sentido:
Ley 136 de 1994:
“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:
[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses.
21
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
22
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
9
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)
“[…] Artículo 70º. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o, de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas. […]”. (Negrilla del texto).
Ley 617 de 2000:
“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
47. El interés ha sido definido como “[…] una razón subjetiva que torna al
funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma
legal exigen” y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus
circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera
tomarse en el asunto […]”23.
48. El conflicto de interés según la jurisprudencia debe ser directo, particular y
actual. Es directo cuando surge automáticamente del cumplimiento de la función
constitucional o legal encomendada al concejal, sin que para su demostración
requiera de actos, hechos o desarrollos ulteriores. Es particular cuando recae en el
servidor público o en las personas cercanas a él dentro de los grados previstos en
la ley o a favor de sus socios. Es actual el interés cuando es concurrente al
cumplimiento de las tareas encomendadas, lo cual comprende las funciones
normativas, electorales, de control político y demás asuntos administrativos. No es
censurable el interés hipotético o eventual, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando
afecta en igualdad de condiciones a la ciudadanía en general.
49. La jurisprudencia de esta Corporación en ejercicio de su labor interpretativa ha
señalado que para la configuración del conflicto de intereses deben acreditarse los
siguientes requisitos concurrentes: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) la
existencia de un interés particular, actual o inmediato y directo en el concejal o su
círculo más cercano; iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de junio de 2012, radicado: 11001-03-
15-000-2011-01112-00, MP: Maria Claudia Rojas Lasso. También: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2009-01219-00, MP: Mauricio Fajardo Gómez.
10
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
separado del conocimiento del asunto por recusación; y iv) que la participación
tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional24.
II.5. Los impedimentos como expresión del principio de transparencia y su
trámite en el sub examine
50. Los impedimentos han sido concebidos como la manifestación que realiza
directamente un concejal de manera espontánea cuando advierte que entra en
colisión el interés público y el interés privado para tramitar y decidir un determinado
asunto25.
51. El Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías adoptado mediante el
Acuerdo de 9 de diciembre de 201626 señala que cuando en los concejales exista
interés directo en una decisión porque le afecta de alguna manera a él o a su
cónyuge o compañera o compañero permanente, a alguno de sus parientes
cercanos o a sus socios de hecho o de derecho deberán declararse impedidos en
los debates o votaciones respectivas. Además, no existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que les afecte en igualdad de condiciones
que a la ciudadanía en general.
52. El Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías no incorpora normas
en relación con el trámite de los impedimentos por lo que, ante el vacío normativo,
de conformidad con el artículo 13 ibidem debe acudirse a las disposiciones
contenidas en la Ley 5ª de 1992. La referida norma señala:
“[…] ARTÍCULO 13° - REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. La
interpretación de las disposiciones reglamentarias aquí contenidas habrá de
realizarse según el sentido lógico y literal de las palabras. Con todo, en tratándose de
disposiciones que presenten dificultades interpretativas se tendrán en cuenta las
reglas de interpretación normativa contenidas en los artículos 25 a 32 del Código Civil
Colombiano en lo que resulten pertinentes, así como también en caso de no
encontrarse disposición aplicable se tendrá en cuenta las disposiciones
contenidas en la Ley 5 de 1992. […]”. (Negrilla fuera del texto).
53. A su vez, los artículos 29127 y 292 del Reglamento Interno del Congreso de la
República estatuyen las siguientes reglas en materia de impedimentos de los
congresistas así:
“[…] ARTÍCULO 291. Declaración de Impedimentos. El autor del proyecto y el
ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa
las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la
discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios
guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran
24
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI),
actor: Ricardo Antonio Mazenett Cantillo, demandado: Germán Bernardo Carlosama López, MP: María Elizabeth García
González. Sentencia reiterada a su vez por esta Sección: en varias oportunidades, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, radicado: 47001-23-33-000-2020-00690-01,
MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de febrero de 2019, CP: Ramiro Pazos
Guerrero, radicado núm.: 11001-03-15-000-2018-03779-00.
26
“[…] Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del concejo municipal de Acacías y se dictan otras disposiciones
[…]”.Cfr. índice 20 del expediente digital de primera instancia. Páginas 15 a 90.
27
Modificado por el Art. 3 de la Ley 2003.
11
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda
encontrar.
Antes o durante la sesión en la que discuta el proyecto de ley, o de acto legislativo el
congresista manifestará por escrito el conflicto de interés.
Una vez recibida dicha comunicación, el Presidente someterá de inmediato a
consideración de la plenaria o de la Comisión correspondiente el impedimento
presentado, para que sea resuelto por mayoría simple.
Los Congresistas que formulen solicitud de declaratoria de impedimento no podrán
participar en la votación en la que se resuelva su propio impedimento. Si el
impedimento resulta aprobado, tampoco podrá participar en la votación de
impedimentos presentados por los otros congresistas.
Cuando se trate de actuaciones en Congreso Pleno o Comisiones Conjuntas, el
impedimento será resuelto previa votación por separado en cada cámara o Comisión.
Las objeciones de conciencia serán aprobadas automáticamente. Los impedimentos
serán votados. Para agilizar la votación el presidente de la comisión o la plenaria
podrá agrupar los impedimentos según las causales y las circunstancias de
configuración, y proceder a decidirlos en grupo respetando la mayoría requerida para
la decisión de los impedimentos.
El congresista al que se le haya aceptado el impedimento se retirará del debate y la
votación del proyecto de ley, o de acto legislativo o de los artículos frente a los que
estuviera impedido hasta tanto persista el impedimento. Si el impedimento es negado,
el congresista deberá participar y votar, y por este hecho no podrá ser sujeto de
investigación o sanción por parte de los órganos judiciales o disciplinarios del Estado.
Cuando el congresista asignado como ponente considera. que se encuentra
impedido, podrá renunciar a la respectiva ponencia antes del vencimiento del término
para rendirla.
ARTÍCULO 292. Comunicación del impedimento. Advertido el impedimento, el
Congresista deberá comunicarlo por escrito al Presidente de la respectiva Comisión
o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento. […]”.
(Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
54. De acuerdo con las normas citadas supra, el procedimiento para el trámite de los
impedimentos de los congresistas se encuentra sujeto a las siguientes reglas: i) la
manifestación debe ser presentada por el congresista antes o durante el desarrollo
de la sesión en que se deba tratar el asunto; ii) una vez recibido, el presidente de la
corporación debe someter de inmediato a consideración de la plenaria o de la
comisión correspondiente para que sea resuelto por mayoría simple; iii) un
congresista que se ha declarado impedido puede participar en la decisión de los
impedimentos presentados por otros, pero no puede intervenir en el trámite de su
propio impedimento; iv) un congresista solo puede ser excusado del deber de decidir
las manifestaciones formuladas por otros legisladores después de que le haya sido
aceptado el impedimento propio; v) si es negado constituye un deber constitucional
participar y votar en el asunto y por este hecho no puede ser sujeto de
investigaciones y; vi) el presidente puede agrupar los impedimentos según las
causales y las circunstancias de configuración y proceder a decidirlos en grupo
respetando la mayoría requerida para la adopción de la decisión.
12
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
55. La Corte Constitucional, en sentencia C- 1040 de 200528, al efectuar el control de
constitucionalidad por vicios de procedimiento en la formación del Acto Legislativo
2 de 2004 “[…] Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política
de Colombia y se dictan otras disposiciones […]” indicó que no existe ninguna norma
en la Constitución Política ni en la Ley 5ª de 1992 que prohíba a un congresista que
se ha declarado impedido participar en la decisión de los impedimentos
manifestados por otros legisladores; sin embargo, precisó que si le está vedado
participar en la resolución de su propia manifestación y de intervenir en el debate o
decisión del asunto cuando haya sido aceptado por parte de la corporación pública.
En este sentido, la Corte Constitucional expuso lo siguiente:
“[…](2) Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que cada manifestación individual de
impedimento obedece a consideraciones subjetivas sobre circunstancias
eminentemente personales de los congresistas (artículo 291, Ley 5ª de 1992), lo cual
permite distinguir cada situación de las demás en la medida en que cada congresista
debe valorar, antes de manifestar un impedimento, si su situación particular tiene
sobre su voluntad una incidencia tal que le impide participar en el trámite de una ley
o, excepcionalmente, de una reforma constitucional. De ahí que el artículo 182 de la
Constitución señale que la declaración de impedimento ha de basarse en una
creencia, es decir, en una apreciación eminentemente subjetiva sobre la situación
individual en que se encuentre el congresista respecto de un proyecto determinado.
Por el sólo hecho de invocar la existencia de un conflicto de intereses, el
parlamentario no pierde la competencia para pronunciarse sobre otros impedimentos,
pues ellos son por naturaleza personalísimos, en la medida en que se refieren a la
afectación del fuero interno del funcionario al cual acceden (Ley 5ª de 1992, art. 291),
lo cual permite distinguir cada situación de las demás en la medida en que cada
congresista debe valorar, antes de manifestar un impedimento, si su situación
particular tiene sobre su voluntad una incidencia tal que le impide participar en el
trámite de una ley o, excepcionalmente, de una reforma constitucional. Por lo anterior,
es indiscutible que cada impedimento es diferente, pues obedece a la apreciación
sujetiva (sic) de circunstancias personales de un congresista que “cree” estar
impedido, y por lo mismo, alejado de los principios de transparencia y objetividad que
deben regir en el ejercicio de sus funciones29. En este sentido, si los impedimentos
no corresponden tan sólo a la valoración objetiva de un comportamiento, sino que,
por el contrario, priman en ellos las consideraciones personales que se tengan por el
funcionario que lo formula; es obvio que, bajo esa medida, cada cual está impedido
para participar en la votación de su propio impedimento, pero no para decidir
28
La Corte Constitucional, sentencia C- 302 de 2021 se refirió a los parámetros consignados en la sentencia C- 1040 de 2005:
«22. En el ámbito del trámite para la aprobación de las reformas constitucionales, resulta de especial interés la Sentencia C-
1040 de 2005. En esta la Corte sostuvo, esencialmente, lo siguiente: i) la competencia para resolver los impedimentos
presentados por los congresistas se encuentra en cabeza de las comisiones o plenarias respectivas, sin que el asunto deba
remitirse a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista; ii) no obstante, dicha Comisión sí es competente para resolver
las recusaciones en las que se denuncie un conflicto de intereses; iii) el congresista que se ha declarado impedido puede
participar en la decisión de los impedimentos presentados por otros congresistas, pues lo que le está vedado es participar en
la decisión de la propia solicitud de impedimento; iv) en todo caso, un congresista solo puede ser excusado del deber de
decidir los impedimentos formulados por otros legisladores después de que le haya sido aceptado el impedimento propio; v)
si varios congresistas presentan impedimento para conocer un asunto, nada se opone a que se realice un debate conjunto
de los mismos, sin perjuicio de que posteriormente la decisión de estos sea individual y separada; y vi) la falta de la declaratoria
del impedimento para discutir y votar un determinado tema no da lugar a invalidar la participación o la manifestación de
voluntad del congresista».
29
Sobre la materia, se sostuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, al vincular los conflictos de intereses con la
declaración de impedimento: “En cuanto al conflicto de interés prácticamente se repite la norma que fue creada en el
Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente y es que; los congresistas estarán obligados a poner en conocimiento de
la respectiva Cámara sus conflictos de interés de carácter moral o económico, que los inhiba para decidir sobre asuntos
sometidos a su consideración, esta es una norma que no puede ser realmente más precisa, puesto que es muy difícil, definir
en qué consiste una situación tan subjetiva que inhiba para decidir libremente sobre un asunto, entonces se deja a la
consideración del mismo congresista, aunque obviamente si hay una razón objetiva que permita tipificarlo pueda recusarse
(...)”.
13
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
los impedimentos de los demás, ya que siempre se encontraran motivaciones
diferentes que deben ser resueltas de distinta manera, teniendo en cuenta la
variedad de matices que admite el comportamiento humano30. Ello no obsta para
que en casos concretos sea posible agrupar los conflictos de intereses por causas
similares para efectos de ser estudiados conjuntamente atendiendo a las respectivas
especificidades, por ejemplo, por una subcomisión conformada para ese propósito
específico (como ha tenido lugar en la práctica parlamentaria. Anexo I); simplemente
lo anterior indica que la naturaleza personalísima de cada impedimento permite a los
congresistas que los han formulado participar en la decisión de los impedimentos de
los demás.
(3) Adicionalmente, insiste la Corte en que los congresistas tienen el deber de asistir
a las sesiones del Congreso y votar en las decisiones que adopten las Cámaras (Ley
5ª de 1992. art. 127); el Reglamento del Congreso no efectúa distinción alguna en
cuanto al alcance de este deber de votar, es decir, no lo restringe exclusivamente a
los proyectos de ley o acto legislativo que se encuentren a consideración de las
Cámaras, se extiende, por lo tanto, a todos los asuntos cuya decisión se plantee a los
congresistas, incluyendo la definición de los impedimentos por conflictos de interés.
Los congresistas sólo pueden ser excusados de este deber de decidir efectivamente
después de que les haya sido aceptado el impedimento, como lo disponen
expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley 5ª de 1992. Esto es entendible, dado
que los congresistas representan a sus electores y no pueden eludir su función de
representación política para la cual fueron elegidos sin que previamente se les haya
aceptado el impedimento por la plenaria o la comisión constitucional permanente de
cada cámara. De lo contrario, sería fácil evadir el cumplimiento de sus
responsabilidades y también se abrirá la puerta para paralizar la actividad del
Congreso. Así lo ha dicho también el Consejo de Estado e inclusive lo reiteró al decidir
sobre la demanda de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara Yidis
Medina, demanda que no prosperó. […]”.
56. Adicionalmente, según la citada sentencia de constitucionalidad, de llegar a
admitirse la tesis de la imposibilidad de definir los impedimentos de los otros podría
llegarse a paralizar la función legislativa a cargo del Congreso de la República, en
contravía de los principios de representación democrática y participación política:
“[…] Siendo ello así, no puede aceptarse la tesis de la imposibilidad de definir los
impedimentos de otros, pues en la práctica se podría llegar a un “callejón sin
salida”. En efecto, si el número de miembros del parlamento se redujera hasta
un quantum inferior al número necesario para conformar el quórum decisorio,
no podrían definirse los impedimentos, sacrificando la función legislativa y, por ende,
desconociendo el principio democrático en la formación de las leyes, que se
manifiesta en que el pueblo pueda pronunciarse mediante la actividad legítima de
sus representantes. Hasta que un impedimento no es aceptado, no es posible
convocar a los miembros que siguen en la lista electoral (mal llamados suplentes),
pues no existe falta alguna en términos constitucionales, ya que sólo hay una
manifestación que per se no resulta vinculante. […]”. (Negrilla fuera del texto).
57. La Corte Constitucional, en sentencia C-337 de 200631, reiteró la regla de la
sentencia anterior para señalar que, en el trámite y procedimiento de resolución de
los impedimentos, los congresistas pueden participar en la decisión de las
manifestaciones presentadas por otros parlamentarios sin que por ello se contraríe
la Constitución Política. Al respecto, se expuso:
30
Tal y como ha sucedido, por ejemplo, en esta Corporación en los Autos 172 de 2003 y 080A de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
31
Corte Constitucional, sentencia C- 337 de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
14
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
“[…] En efecto, en materia del procedimiento de resolución de los
impedimentos, ninguna norma de la Carta Política como de la Ley 5 de 1992,
expresamente prohíbe, y de manera general, que el Congresista que se ha
declarado impedido pueda participar en la decisión de los impedimentos
presentados por otros congresistas, pues lo que si les está vedado es participar
en la decisión de su propia solicitud de impedimento, así como cuando se les
acepta un impedimento, procede excusar del deber de votar que tienen. Un
entendimiento contrario de las disposiciones que regulan el tema, puede traer como
consecuencia la imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten por
varios Congresistas a la vez, llegándose en la práctica a lo que se denominó un
“callejón sin salida”, pues podría en un momento dado reducirse el quórum decisorio
a un quantum inferior al necesario para resolverlos. Como también se determinó en
la Sentencia citada, debe valorarse la práctica parlamentaria que ha sido consistente
al respecto y armónica con cada uno de los casos que se han presentado, sin que
por ello se incurra en un vicio de procedimiento. […]”. (Negrilla fuera del texto).
58. Con sustento en las anteriores reglas, la Sala Plena del Consejo de Estado ha
analizado en múltiples oportunidades la eventual configuración de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses de los
congresistas, conforme se analiza a continuación:
59. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de mayo de
200932, analizó si se configuraba el conflicto de intereses por el hecho de que el
Representante a la Cámara convocado participó en la discusión y decisión de los
impedimentos presentados por otros congresistas en el trámite del proyecto de ley
por medio del cual se adoptaron medidas de protección a las víctimas de la
violencia.
60. En esta oportunidad, la Sala Plena negó la solicitud de pérdida de investidura al
considerar que “[…] los congresistas tienen el deber de manifestar su impedimento
siempre que se trate de “determinado proyecto o decisión trascendental” y dentro
de estas expresiones no cabe lo relativo a la decisión que ha de adoptarse en la
respectiva Cámara respecto de la declaración de impedimento de otro congresista.
[…] En otras palabras, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales
antes mencionados, el solo hecho de poner en conocimiento de la respectiva
cámara el impedimento, no releva al congresista de su obligación de asistencia, así
no pueda participar para resolver su propio impedimento. […]”.
61. Posteriormente, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 27
de julio de 201033, reiteró la regla de la sentencia C- 1040 de 2006, en el sentido de
señalar que “[…] si el impedimento es negado subsiste para el Congresista el deber
constitucional de participar en el trámite del proyecto legislativo o asunto respecto
del cual había propuesto el impedimento.34 Ahora bien, la jurisprudencia ha sido
clara en señalar que los congresistas no pueden intervenir para decidir su propio
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 2009, MP: Alfonso Vargas
Rincon, radicado: 11001-03-15-000-2009-00043-00.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de julio de 2010, MP: Mauricio Fajardo
Gomez, radicado núm.: 11001-03-15-000-2009-01219-00.
34
Sobre este aspecto cabe consultar lo expuesto por la Sala Plena en sentencia proferida el 21 de julio de 2009, expediente
00042, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
15
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
impedimento, aunque pueden intervenir para decidir el impedimento de los otros.
[…]”.
62. En otra oportunidad, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 9 de julio de 201335, señaló que: i) el impedimento se convierte en la expresión
a través de la cual el congresista cumple con su deber de poner en conocimiento
ante la respectiva cámara las situaciones de carácter moral o económico que lo
inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración; ii)
se debe poner en conocimiento mediante comunicación escrita al Presidente de la
comisión o la plenaria y; iii) aceptado, el Presidente excusa al congresista del deber
de participar en el asunto, pero si el mismo es negado “[…] subsiste para el
congresista el deber constitucional de participar en el trámite del proyecto legislativo
o asunto respecto del cual lo había propuesto. […]”.
63. En consecuencia, y a partir de los anteriores antecedentes jurisprudenciales, se
debe señalar que no existe ninguna prohibición constitucional y legal que impida
que un concejal que se ha declarado impedido participe en la decisión de los
impedimentos presentados por otros cabildantes, por cuanto lo que está vedado es
participar en la resolución de la propia solicitud de su impedimento. En todo caso un
concejal solo puede ser excusado del deber de decidir los impedimentos
presentados por otros después de que le haya sido aceptado el impedimento propio.
II.6. El estudio de los requisitos concurrentes
i) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen del conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura de
concejal
64. Conforme se indicó supra, para la época de los hechos objeto de análisis, los
señores Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Jasson Gregorio Rincón Toro tenían la
condición de concejales del municipio de Acacías (Meta) para el periodo 2024-2027
y, en todo caso, este asunto no es objeto de controversia en el proceso.
ii) La existencia de un interés directo, actual, particular o inmediato del
concejal o alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o
económico
65. Como se anotó previamente, la solicitud se fundamenta en que los accionados
incurrieron en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136, en concordancia con el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, por la presunta vulneración del régimen de conflicto de intereses derivado
de su participación en la votación del impedimento de la concejal Zulma Yolima
Díaz y, posteriormente, en la negativa de los impedimentos presentados por cada
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de julio de 2013, MP: Hernan Andrade
Rincon, radicado núm.: 11001-03-15-000-2011-01559-00. En idéntico sentido: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de noviembre de 2011, CP: Maria Claudia Rojas Lasso, rradicado núm.: 11001-
03-15-000-2011-00404-00.
16
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
uno de ellos dentro del procedimiento administrativo encaminado a efectuar la
elección del secretario de la duma de Acacías.
66. Para demostrar lo anterior, se aportaron los siguientes elementos de prueba:
67. i) Acta 120 de 12 de noviembre de 202436, en la cual consta que el Concejo
Municipal de Acacías se reunió para tratar, entre otros asuntos, los impedimentos
presentados por algunos concejales para participar en el proceso de elección del
cargo de secretario general de esa corporación para la vigencia 2025.
68. En el desarrollo de esa sesión, la concejal Zulma Yolima Díaz presentó su
impedimento con sustento en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, quien
indicó que “[…] se encuentra una persona en 4 grado de consanguinidad, por lo
tanto, frente a todo el proceso de elección de secretario, quiero presentar mi
impedimento acogiéndome al artículo 11, numeral 1, donde se menciona el tener
interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión, o tener su
cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro
del 4. grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o su socio o
socios de hecho o de derecho […]”. El impedimento anterior fue aceptado por la
corporación pública de Acacías, para un total de ocho (8) votos, incluyendo el voto
positivo de los concejales Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Jasson Gregorio
Rincón Toro37.
69. Seguidamente, el concejal Jasson Gregorio Rincón Toro manifestó su
impedimento con sustento en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, aduciendo
lo siguiente:
“[…] Teniendo en cuenta la resolución número 82 del año 2024, expedida por la mesa
directiva del Concejo Municipal, por la cual se da apertura a la convocatoria pública
para la elección del secretario general del Concejo Municipal de Acacias Meta para
el periodo anual 2025, y la lista de resultados preliminares de las pruebas de
conocimiento académico, de conocimiento comportamentales expedida por el
instituto Lleras Centro de Estudios Urbanos y Alto Gobierno el día 6 del mes de
noviembre del año 2024, institución a la que se le adjudicó el contrato para realizar
el proceso de convocatoria de elección del secretario general del Concejo Municipal
para el periodo anual 2025, respetuosamente, en virtud del numeral 14 del artículo
11 de la ley 1437 del 2011, respetuosamente me permito declarar mi impedimento
para hacer parte, actuar, debatir, entrevistar, evaluar, votar y cualquier otro tipo de
actuación dentro del proceso administrativo de elección del secretario general del
Concejo Municipal de Acacias Meta para el periodo anual 2025, toda vez que dentro
de la lista preliminar mencionada anteriormente se evidencia la aprobación de la
postulada Diana Yanet Salazar […] persona que hizo parte con el suscrito concejal
de la misma lista de candidatos al Concejo Municipal por el Partido Alianza Social
Independiente, ASI, dentro del proceso de elecciones territoriales del año 2023, por
lo tanto, se podría configurar la causal de conflicto de interés conforme a lo
establecido en el Código Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
administrativo, teniendo en cuenta, presidente, que no tenemos quorum para decidir,
de igual manera, conforme a lo anterior, solicito, señor presidente, quede la
36
[…]”.Cfr. índice 20 del expediente digital de primera instancia. El trámite de los impedimentos se encuentra a partir de las
páginas 129 en adelante. Igualmente se aportaron los audios de la sesión.
37
El impedimento presentado por la concejal Zulma Yolima Díaz, se sometió a votación por veces debido a que la secretaría
del concejo adujo que la votación no concordaba.
17
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
constancia ante la plenaria y en el acta de que me retiro de la sala ya que hay un
posible impedimento, presidente, muchas gracias. […]”. (Subrayado fuera del texto).
70. Posteriormente, el concejal Jhonatan Alirio Basto Bohórquez manifestó su
impedimento con sustento en el numeral 4. del artículo 11 de la Ley 1437, en los
siguientes términos:
“[…] Hace el uso de la palabra el Concejal JHONATAN ALIRIO BASTO
BOHORQUEZ, gracias, presidente, también quiero dejar una constancia, a
sabiendas que no hay quorum para decidir, pero si para, Ah, no. tampoco para
deliberar, pero voy a dejar mi constancia, teniendo en cuenta la resolución número
82 de 2024 expedida por la mesa directiva del Concejo municipal por la cual se da
apertura a la convocatoria pública para la elección del secretario general del Concejo
municipal de Acacias-Meta para el periodo anual de 2025 y la lista preliminar de
admitidos y no admitidos expedida por el instituto Lleras Centro de Estudios Urbanos
y de Alto Gobierno el día 25 del mes de octubre del año 2024, institución a la que se
le adjudicó el contrato para realizar el proceso de convocatoria y elección del
secretario general del Concejo municipal para el periodo anual de 2025,
respetuosamente, en virtud del numeral 4 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011,
respetuosamente me permito declarar mi impedimento para hacer parte, actuar,
debatir, entrevistar, evaluar, votar y cualquier otro tipo de actuación dentro del
proceso administrativo de elección del secretario general del Concejo municipal de
Acacias-Meta para el periodo anual de 2025, toda vez que dentro de la lista
preliminar mencionada anteriormente se evidencia la admisión del postulado
Esteban Rodriguez Valencia […] persona que ha sido apoderada judicialmente
dentro del suscrito en distintos procesos judiciales que son llevados ante el
tribunal administrativo del Meta, por lo tanto, se podría configurar la causal de
conflicto de interés conforme lo establece el código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo, conforme a lo anterior solicito, señor presidente,
ponga en consideración de la plenaria el presente de impedimento y me retiro de la
sala, que quede constancia por favor. […]”. (Negrilla fuera del texto).
71. La sesión de 12 de noviembre de 2024 tuvo que ser levantada por el presidente
de la corporación pública de Acacías (Meta) por falta de cuórum decisorio para
pronunciarse sobre los impedimentos.
72. ii) Según el Acta 121 de 13 de noviembre de 2024, el Concejo Municipal de
Acacías se reunió con el fin de tratar38, entre otros asuntos, la votación de los
impedimentos presentados por los concejales Jasson Gregorio Rincón Toro y
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez, los cuales estaban pendientes de resolución por
falta de cuórum decisorio en la sesión realizada en el día anterior, servidores
públicos quienes en cumplimiento de su deber salieron del recinto mientras se
efectuaba la votación de sus impedimentos.
73. De lo ocurrido en esa sesión se advierte que cada impedimento fue votado y
decidido uno a uno y no en conjunto, así:
38
Punto 4. del orden del día en relación con el trámite de impedimentos para adelantar el proceso de elección del secretario
para la vigencia 2024. Cfr. índice 20 del expediente digital de primera instancia. La votación de los impedimentos se encuentra
visible a partir de la página 175 en adelante.
18
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
73.1. En un primer momento se sometió a votación el impedimento presentado por el
concejal Jhonatan Alirio Basto Bohórquez, el cual fue negado con un total de diez
(10) votos, incluido el voto del señor Yasson Gregorio Rincón Toro.
73.1.1. Agotada la votación, el presidente del concejo Yan Carlos Chavarro Munevar
dejó constancia del sentido del voto para lo cual explicó que el señor Esteban
Rodríguez Valencia, quien tenía condición de apoderado judicial del concejal
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez no figuraba como participante en el proceso para
proveer el cargo de secretario. En igual sentido, el señor Wilson Rene Ortiz Quishpe
deja constancia del sentido de su voto, para lo cual puso de presente que el señor
Rodríguez Valencia no aparecía como posible candidato ni aparecía en la
convocatoria.
73.2. En un segundo momento se sometió a votación el impedimento presentado por
el concejal Jasson Gregorio Rincón Toro, el cual fue negado con un total de ocho
(8) votos, incluido el voto del señor Jhonatan Alirio Basto Bohórquez.
73.2.1. Efectuada
la votación, intervinieron los concejales Yan Carlos Cavarro
Munevar y el señor Genaro Gutiérrez Garavito con el fin de dejar constancia de las
razones de su voto.
74. Así las cosas, de la valoración en conjunto de las pruebas, se advierte que en la
sesión de 12 de noviembre de 2024, los concejales Zulma Yolima Díaz, Jasson
Gregorio Rincón Toro y Jhonatan Alirio Basto Bohórquez manifestaron de manera
individual sus impedimentos, en cumplimiento del deber constitucional y legal, tras
advertir la existencia de posibles situaciones constitutivas de conflicto de interés en
el trámite de la elección del secretario general del Concejo Municipal de Acacías
para la vigencia 2025.
75. En este punto se debe señalar que las razones que motivaron a cada uno de
ellos a manifestar su impedimento se justificaron en situaciones particulares y
distintas entre sí. La concejal Zulma Yolima Díaz presentó esa manifestación con
sustento en el artículo 11, numeral 1. de la Ley 1437, toda vez que dentro de la lista
de preseleccionados aparecía un pariente suyo en cuarto grado de consanguinidad.
El señor Jasson Gregorio Rincón Toro adujo encontrarse impedido con fundamento
en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, debido a que la señora Diana Yanet
Salazar se había postulado para ocupar el cargo de secretaria general y habían
compartido la misma lista por el mismo partido político. Finalmente, el concejal
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez invocó el numeral 4. del artículo 11 de la Ley 1437,
aduciendo que dentro de la lista de admitidos se encontraba el señor Esteban
Rodríguez Valencia, quien tenían la calidad de apoderado en distintos procesos
judiciales que cursaban ante el Tribunal Administrativo del Meta.
19
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
76. En relación con lo anterior, el servidor público de elección popular debe valorar,
antes de manifestar su impedimento, si la situación particular en la que se encuentra
le impide participar con la ecuanimidad y transparencia en la materia que deba
decidir. Cada manifestación obedece a la apreciación subjetiva de las circunstancias
particulares a partir de las cuales considera, desde su fuero interno, que debe
apartarse del conocimiento de un asunto para garantizar la defensa del interés
general y no sus intereses particulares39.
77. Si bien se puede tener por demostrado que los concejales Jasson Gregorio
Rincón Toro y Jhonatan Alirio Basto Bohórquez participaron en el trámite y
resolución de los impedimentos presentados por otros cabildantes, en el
ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que incorpore esta prohibición, en
tanto que lo que les está vedado es participar en la decisión de la propia solicitud
de impedimento, máxime aún si existen otras disposiciones normativas que cobran
especial relevancia para los concejales del municipio de Acacías, tales como el
deber de asistencia, cuyo incumplimiento genera la pérdida de investidura según lo
dispuesto en el artículo 48. numeral 2 de la Ley 617 y el de participar en los debates
previsto en el artículo 84 del Reglamento Interno del concejo de Acacías.
78. Además de ello, una vez negada la manifestación hecha por el señor Jhonatan
Alirio Basto Bohórquez para apartarse del conocimiento del asunto, este servidor
público debía participar en el trámite del impedimento presentado por el concejal
Jasson Gregorio Rincón Toro, toda vez que, según se indicó previamente, estos
servidores públicos solo quedan excusados del deber de participar en el trámite de
los impedimentos de los demás cuando sea aceptado.
79. Así las cosas, en el sub examine, los hechos descritos en la demanda no
encajan en el supuesto normativo de la causal de pérdida de investidura, toda vez
que en nuestro ordenamiento jurídico, ninguna norma de la Carta Política ni de la
Ley 5ª de 1992, aplicable por remisión del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Acacías, prohíbe que los concejales puedan participar en el trámite de
los impedimentos de los demás cabildantes, ya que lo que si les está vedado es
participar en la decisión de su propia solicitud o de participar en el asunto luego de
ser aceptado el impedimento.
80. Una interpretación diferente podría conllevar a la paralización de las funciones
a cargo de los concejos por falta de cuórum para resolver los impedimentos y
tornaría en nugatorio el mandato popular para el cumplimiento cabal de las
funciones a cargo de estas corporaciones, lo cual comprende no solo las funciones
normativas, sino también las electorales, de control político y de tipo administrativo.
81.Finalmente, la Sala no analizará el motivo de la alzada mediante el cual se indica
que “[…] los impedimentos fueron extemporáneos, tardíos, porque debieron
haberlos manifestado al momento de decidir ellos también, el impedimento de su
compañera ZULMA YOLIMA DIAZ, no debiendo haber integrado el quorum ni
39
Corte Constitucional, sentencia C- 1040 de 2005, MP: Manuel José Cepeda Espinosa
20
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
votado. […]”, por tratarse de un argumento nuevo que no fue planteado desde el
escrito inicial; los accionados tampoco tuvieron la oportunidad de controvertirlo y el
a quo no analizó dicho planteamiento y ello podría significar una vulneración de las
garantías constitucionales del debido proceso40.
82. La pérdida de investidura dado su carácter sancionatorio exige un mayor rigor
en el acatamiento de todas las garantías que gobiernan el debido proceso ya que
se trata de un juicio de reproche que está dirigido a limitar los derechos políticos a
elegir y ser elegido desarrollados en el artículo 40 de la Constitución Política.
83. Sin perjuicio de lo anotado, el anterior argumento está encaminado a demostrar
una presunta irregularidad en la forma en que se presentaron los impedimentos,
pero no a demostrar la existencia de un interés directo, particular y actual que
constituye el elemento transversal sobre el cual se edifica la violación del régimen
del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura.
84. Por lo expuesto, siguiendo los desarrollos jurisprudenciales referidos, los
hechos en que se fundamenta la demanda no enmarcan dentro del supuesto de la
causal de pérdida de investidura sobre violación del régimen del conflicto de
intereses y, en consecuencia, la Sala queda relevada de analizar el estudio del
aspecto subjetivo.
II.7. Conclusiones
85. La Sala, luego de efectuar un análisis de lo ocurrido en las sesiones de 12 de
noviembre de 2024 y 13 de noviembre de 2024, encuentra que el hecho de que los
señores Jasson Gregorio Rincón Toro y Jhonatan Alirio Basto Bohórquez hayan
participado y votado la resolución de los impedimentos de otros concejales, dicha
situación no se encuadra dentro del supuesto normativo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen del conflicto de intereses prevista en el
numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, en concordancia con el numeral 1. del
artículo 48 de la Ley 617.
86. Por ende, se debe confirmar la sentencia de 30 de julio de 2025, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de septiembre de 2019, CP: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado: 11001-03-15-000-2019-01598-01(PI).
21
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00091-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de julio de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.