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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2025-00180-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2025-00180-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2025-00180-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de mayo de 2026

Radicado número: 66001 23 33 000 2025 00180 01
Demandante: Manuel Ricardo Rey Vélez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Radicado: 66001 23 33 000 2025 00180 01
Demandante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Demandado: Rodolfo José Martínez Barrios
Tesis: No procede decretar la pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses cuando no se acredita la participación del concejal en la
deliberación o votación de su propia recusación o de la de su compañero de
bancada, así como la existencia de un interés directo, particular y actual en la
decisión de las recusaciones formuladas contra los demás concejales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia proferida en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Risaralda el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se negó la
pérdida de investidura.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

Manuel Ricardo Rey Vélez1, en adelante el accionante, en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA)2,
solicitó que se declarara la pérdida de investidura de Rodolfo José Martínez

1 En nombre propio.
2 “ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. […] Igualmente, la Mesa Directiva de la
Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como
cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.”

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Radicado número: 66001 23 33 000 2025 00180 01
Demandante: Manuel Ricardo Rey Vélez

Barrios3, concejal del municipio de Pereira para el período constitucional 2024-
2027, en adelante el accionado, por presuntamente haber incurrido en la conducta
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 19944 y en el numeral 1
del artículo 48 de la Ley 617 de 20005. En este medio de control se presentaron
las siguientes pretensiones6:

«1. Declarar la Pérdida de Investidura del ciudadano: RODOLFO JOSÉ
MARTINEZ BARRIOS, mayor de edad, vecino de la ciudad de Pereira,
identificado con cédula de ciudadanía número 73.157.964, en su calidad de
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA (RISARALDA), por el PARTIDO
CENTRO DEMOCRÁTICO, para el periodo constitucional 2024 2027.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se decreten:
2.1. La anulación de la respectiva credencial.
2.2. La muerte política del ciudadano en mención.

3. En caso de oposición, se condene al demandado a las costas procesales
y a las agencias en derecho».

1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud

2. Como punto de partida indicó que el accionado resultó elegido concejal del
municipio de Pereira en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 y
tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2024.

3. Informó que el 28 de junio de 2024, en sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Pereira, la ciudadana Maritza Ladino Hernández formuló recusación en contra
del accionado por presuntamente tener intereses contrapuestos en lo que respecta
a la elección del personero municipal de Pereira.

4. Expuso que en esa misma sesión, con anterioridad a que se resolviera la
recusación presentada en su contra, el accionado participó haciendo parte del

3 Concejal del municipio de Pereira, Risaralda.
4 “Artículo 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura

por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses”.
5 “Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y

de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación
del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general”.
6 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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cuórum y votando en la resolución de las recusaciones formuladas por las mismas
razones en contra de los concejales Diego Alberto Agudelo Cardona, Carlos
Enrique Torres Jaramillo, Camilo Montoya Isaza, Elkin Alberto Gutiérrez Agudelo,
Gustavo Adolfo Villanueva Peláez, Joan Manuel Ríos Bedoya, Maicol Lopera
Cardona, Carolina Herrera Taborda, Carlos Hernán Muñoz Chávez y Nelson
Pulido Alarcón sin declararse impedido y sin haberse retirado del recinto. Resaltó
que uno de los concejales sobre los que se resolvió una recusación sin que el
accionado se hubiera declaro impedido era el copartidario y compañero de lista
Nelson Pulido Alarcón.

5. Adicionalmente, en cuanto a su propia recusación afirmó que el accionado
tampoco se declaró impedido ni se retiró del recinto para el momento de ponerse
en consideración la no aceptación de la recusación y permaneció haciendo parte
del cuórum durante dicha decisión.

6. Precisó que a pesar de que el accionado no emitió un voto, de acuerdo con
el acta núm. 093 del Concejo en su votación solo dos concejales —Wilfor López
Toro y Gustavo Andrés Montes Ayala— se declararon impedidos, mientras que
los demás miembros de la corporación, incluido el accionado, no lo hicieron ni
abandonaron el recinto y, por ende, integraron el cuórum de la sesión.

7. Con fundamento en lo anterior, argumentó que en este caso se habrían
configuraron las circunstancias de los numerales 1, 13 y 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), y el artículo 12 del Acuerdo 14 de 2022
–Reglamento Interno del Concejo de Pereira–.

8. En primer lugar, respecto al numeral 1 del artículo 11 del CPACA, reprochó
que el accionado tenía el deber y la obligación de declararse impedido y salirse
del recinto cuando se puso en consideración la no aceptación de su propia
recusación presentada por la ciudadana Maritza Ladino Hernández, pero que en
el acta de la sesión no hay evidencia de ello. Concretamente, señaló que en dicha
acta no se registró que se hubiera realizado una recomposición del cuórum o que
el concejal accionado se hubiera ausentado del recinto.

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9. En segundo lugar, consideró que se había configurado la conducta del
numeral 13 del artículo 11 del CPACA, en la medida en que, estando pendiente
de resolver su propia recusación, el accionado decidió participar y votar en la
resolución de las recusaciones de los demás concejales. Argumentó que el
concejal accionado no declaró su impedimento a pesar de estar incurso en “una
clara y taxativa causal de conflicto de intereses”.

10. En tercer lugar, en cuanto al numeral 14 del artículo 11 del CPACA, adujo
que el accionado y el concejal Nelson Pulido Alarcón hicieron parte de la misma
lista al concejo municipal de Pereira por el partido centro democrático para el
período constitucional 2024-2027. Por lo tanto, señaló que se configuró un
conflicto de intereses por el hecho de que el accionado tampoco hubiera
manifestado su impedimento o se hubiera salido del recinto al momento de la
votación de la recusación de su copartidario y compañero de lista Nelson Pulido
Alarcón.

11. Finalmente, advirtió que el actuar del accionado habría sido doloso en la
medida en que este conocía que estaba recusado, que tenía pendiente de
resolución su propia recusación y que se trataba de decidir la recusación de su
compañero de lista y copartidario Nelson Pulido Alarcón.

12. Además, señaló que al accionado le asistía un deber legal, moral, ético y
propio de su investidura de servidor público de declararse impedido y retirarse del
recinto. Afirmó que el accionado debía guardar “con celoso cuidado” el régimen
de conflicto de intereses y que se trataba de una situación previsible.

13. Concluyó que el accionado tenía la capacidad de determinar el grado de
ilegalidad de su conducta y que, por ello, tenía “la intención positiva de
beneficiarse” de su actuar y a los demás concejales recusados. Agregó que el
accionado es abogado de profesión, con experiencia en la función pública al haber
ejercido como concejal de Pereira en los períodos 2019-2023 y 2024-2027, lo que
demuestra que tenía claridad sobre su actuar.

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14. Como sustento de sus consideraciones se refirió las sentencias del 15 de
mayo de 20257 y del 26 de septiembre de 20248 proferidas por la Sección Primera
de esta Corporación.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

15. El 23 de julio de 2025 el accionado presentó contestación9 de la solicitud de
pérdida de investidura y expuso los argumentos que se presentan a continuación.

16. Como punto de partida señaló que en el presente caso no se acreditó la
causal invocada por cuanto su actuación en el proceso de elección del personero
municipal se sujetó al principio de legalidad y al cumplimiento de los deberes como
servidor público de elección popular. Además, advirtió que el memorial presentado
por la ciudadana Maritza Ladino Hernández no cumplía con los presupuestos
legales y jurisprudenciales para ser catalogado como una recusación propiamente
dicha, sino que constituyó un elemento perturbador y dilatorio orientado a
obstaculizar la elección del personero municipal.

17. Aclaró que en la sesión ordinaria del 28 de junio de 2024 no participó
haciendo parte del cuórum o votando sobre su propia recusación ni sobre la de su
compañero de bancada Nelson Pulido Alarcón. Informó que, de acuerdo con el
acta de la sesión, al frente de su nombre y el de su copartidario figura un guion en
la columna de votación, en contraste con el voto afirmativo registrado por los
concejales de otras bancadas que si participaron.

18. Advirtió que su comportamiento se circunscribió en lo señalado por la
Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda dentro del radicado IUS E
2024-291895 / IUC D-2024-3625972, trámites según los cuales los únicos
concejales impedidos para participar en la deliberación y votación de las
recusaciones eran aquellos pertenecientes a la misma bancada del concejal cuya
recusación se iba a decidir y el propio concejal recusado.

7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de mayo de 2025. Exp núm. 50001 23 33

000 2024 00220 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
8 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de septiembre de 2024. Exp núm.

050012333000202400237-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
9 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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19. Explicó que para que se configure el conflicto de intereses se requiere que:
i) el servidor público haya incurrido en una conducta contraria a la función pública;
ii) esa conducta haya estado motivada por el interés particular en ausencia del
general; iii) hubiera tomado una decisión o realizado una gestión en provecho
suyo, de su familia o de un tercero. Argumentó que ninguno de esos presupuestos
se cumplía en el caso concreto, pues en la sesión del 28 de junio de 2024 no
incurrió en una conducta contraria a la función pública, no obró motivado por
interés particular alguno, ni reportó ningún beneficio para sí mismo, su familia o un
tercero. Por el contrario, su actuación estuvo orientada en todo momento al
cumplimiento de la obligación de elegir al personero municipal.

20. Manifestó que, conforme al numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
no existe conflicto de intereses cuando el asunto afecta al concejal en igualdad de
condiciones que a la ciudadanía en general. Por lo tanto, adujo que la no elección
oportuna del personero municipal afectaba en igual medida al accionado y a todos
los ciudadanos de Pereira, puesto que ese funcionario es el responsable del
control disciplinario sobre los servidores públicos del nivel municipal y de la
protección de los derechos humanos, de modo que su ausencia generaba una
afectación general al principio de moralidad administrativa y a la legalidad en
abstracto.

21. En la misma línea indicó que, de haberse declarado impedido y ausentado
del recinto como lo pretende el demandante, esa conducta habría sido constitutiva
de la causal de anulación del procedimiento administrativo de elección del
personero municipal de Pereira, por expedición irregular del acto administrativo,
situación que no ocurrió. En ese sentido, destacó que el Tribunal Administrativo
de Risaralda y algunos juzgados administrativos del circuito de Pereira ya habían
tenido la oportunidad de estudiar la legalidad de ese procedimiento y habían
salvaguardado la presunción de legalidad de los actos de trámite y del acto
definitivo de elección del personero municipal.

22. Por otra parte, señaló que el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 establece el
deber de declararse impedido únicamente cuando existe un interés directo en la
decisión, esto es, que le afecte de alguna manera al concejal, a su cónyuge, a sus

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parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios. Consideró que en el caso concreto no se
advertía ninguna colisión entre el interés general propio de la función pública y el
particular del accionado, ni elemento alguno que lo obligara a declararse impedido.

23. Como sustento de sus argumentos, se refirió a la Sentencia C-1040 de 2005
de la Corte Constitucional, de la cual destacó lo siguiente: i) que dicha sentencia
no contiene prohibición legal ni jurisprudencial para que un concejal que se ha
declarado impedido o ha sido recusado participe en la decisión de los
impedimentos o recusaciones manifestados por otros concejales, siendo la única
restricción que no puede votar sobre su propio impedimento o recusación; y ii) que
en la sentencia se destaca la naturaleza individual y subjetiva de los
impedimentos, al señalar que cada manifestación de impedimento obedece a
consideraciones subjetivas sobre circunstancias eminentemente personales, lo
que implica que, aunque una recusación se formule contra varios concejales por
razones similares, su valoración debe ser individualizada y no colectiva.

24. Por otra parte, respecto al escrito presentado por la señora Maritza Ladino
Hernández, afirmó que este no cumplía con los requisitos sustanciales para ser
considerado una recusación en el marco del procedimiento de elección del
personero.

25. Concretamente expuso que, a partir de los criterios desarrollados por la Corte
Constitucional, la aptitud de una recusación exige verificar tanto condiciones
adjetivas —temporalidad, legitimación por activa y carga argumentativa— como
condiciones sustantivas —indicación de la causal, individualización del supuesto
fáctico que la configura y conexión entre ambos elementos—. No obstante, adujo
que el escrito presentado por la señora Maritza Ladino Hernández no satisfacía el
requisito de legitimación por activa, pues esta corresponde únicamente a quienes
tengan la calidad de demandantes, intervinientes o ministerio público, calidades
que aquella no ostentaba al no haber fungido como candidata a la personería
municipal ni como delegada del Ministerio Público.

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26. Adicionalmente, señaló que de acuerdo con el criterio del Procurador
General de la Nación dispuesto en el radicado IUS 2020-009018/11UC D-2020-
1446839, el derecho a recusar no es absoluto sino relativo, y se reserva a quien
ostente la calidad de sujeto procesal o intervenga como agente del Ministerio
Público. Por ello, consideró que el escrito presentado por la señora Maritza Ladino
Hernández no debió haber sido tramitado, toda vez que no estaba legitimada para
promoverla y su contenido correspondía a conjeturas sin sustento que no
satisfacían ninguno de los requisitos para acreditar un conflicto de intereses.

27. Concluyó que resultaba insustancial discutir si el accionado participó o no en
el cuórum durante la discusión de las recusaciones presentadas a todos los
miembros del Concejo municipal, pues su actuación no quebrantó en ningún caso
lo dispuesto en los numerales 1 y 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

28. Finalmente, frente al elemento subjetivo, señaló que no se cumplía dicho
requisito toda vez que su actuar no fue doloso. Explicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la conducta reprochada debe ser consciente
y querida, orientada a causar un perjuicio u obtener un beneficio indebido,
condiciones que no se cumplieron.

29. Por el contrario, consideró que su conducta se ajustó rigurosamente al
procedimiento establecido en el artículo 11 del Reglamento Interno del Concejo, a
las instrucciones de la Presidencia y la Mesa Directiva de la Corporación, al criterio
del asesor jurídico y a las directrices de la Procuraduría.

30. Agregó que, en la sesión del 28 de junio de 2024, el presidente de la
corporación y el asesor jurídico explicaron de manera clara y precisa el
procedimiento a seguir para las recusaciones, señalando que la única excepción
que eximía a los concejales de votar era la recusación de sus compañeros de
bancada, y que él acató de manera estricta esas instrucciones absteniéndose de
votar en esos casos.

31. Sumado a ello, invocó el principio de buena fe consagrado en el artículo 83
de la Constitución Política y en el numeral 4 del artículo 3 del CPACA. Argumentó
que su actuación durante el trámite de la recusación presentada por la señora

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Maritza Ladino Hernández obedeció única y exclusivamente al cumplimiento de
su deber constitucional, legal y reglamentario de adelantar el procedimiento de
elección del personero municipal conforme a los principios que rigen la función
administrativa, sin que en ningún momento hubiera mediado dolo o culpa grave.

32. Con fundamento en todo lo anterior solicitó que se denegaran en su totalidad
las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

33. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia proferida el 19 de
agosto de 202510, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:

«1. NIÉGASE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA del
concejal del municipio de Pereira, Risaralda, señor Rodolfo José Martínez
Barrios, elegido para el período constitucional 2024-2027, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. […]».

34. En primer lugar, el Tribunal precisó el marco normativo y jurisprudencial
aplicable, destacando que la pérdida de investidura es una institución de carácter
sancionatorio sujeta a las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, a los principios pro homine, legalidad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad, y culpabilidad. Además, señaló que, ante la gravedad de la
sanción, se debe examinar también el elemento subjetivo –las conductas deben
ser a título de dolo o culpa grave– para poder determinar la acreditación de las
causales endilgadas, en este caso, la del conflicto de intereses.

35. Así, recordó que los presupuestos para la configuración de la causal de
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés directo, particular y actual;
b) la no manifestación de impedimento; c) Que no haya sido separado del asunto
por medio de una recusación; d) que haya participado en los debates y/o haya
votado; y e) que la participación tenga lugar en un asunto de conocimiento de la
corporación.

10 Cfr. Índice núm. 26 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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36. En el análisis del caso concreto, el a quo determinó que la causal de pérdida
investidura se estructuró por la parte demandante a partir de dos circunstancias:
i) que el accionado no declaró su impedimento y participó en la conformación del
cuórum decisorio para la votación de su recusación y las de sus compañeros; ii)
que el accionado permaneció en el recinto durante la votación de su recusación y
la de su compañero de bancada, Nelson Pulido Alarcón. Sobre estas
circunstancias el accionante se soporta en los numerales 1, 13 y 14 del artículo 11
del CPACA.

37. Por lo tanto, para determinar la configuración de esas circunstancias
procedió a evaluar si en el presente caso se configuró un interés directo para la
decisión administrativa pendiente sobre la misma cuestión jurídica a resolver, o si
en la decisión versaba sobre un compañero de su misma lista electoral.

38. De esa evaluación y respecto a la causal fundada en los numerales 1 y 14
del artículo 11 del CPACA, el a quo concluyó que no se encontraba probado el
elemento objetivo, por cuanto tanto el acta núm. 093 como la grabación de la
sesión y los testimonios recaudados dieron cuenta de que el concejal no conformó
el cuórum ni votó sobre la aceptación o rechazo de la recusación presentada en
su contra, ni de la de su compañero de bancada Nelson Pulido Alarcón. Aclaró
que su presencia en el recinto se debió a una dinámica que estableció el Concejo
Municipal para las recusaciones, en cuanto a que en la fase inicial solo se
indagaba sobre la aceptación o no de estas.

39. Indicó que no era de recibo el argumento del accionante según el cual la
causal se configura de manera objetiva por la simple presencia del concejal en el
recinto, por considerar que el fallo en el que se apoyaba esta consideración, la
sentencia del Consejo de Estado del 15 de mayo de 2025 no resultaba aplicable
al caso en razón de su disimilitud fáctica y jurídica. Sobre ello advirtió que en el
asunto resuelto en el fallo de 2025 la controversia no giró en torno a una
recusación sino a una manifestación de impedimento por parte de las concejales
accionadas que, pese a ello, estuvieron presentes, participaron, conformaron el
quorum y votaron las proposiciones, actuaciones que no se presentaron en el caso
bajo estudio.

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40. Adicionalmente, argumentó que no existe norma en el reglamento del
Concejo de Pereira ni disposición legal que establezca que una recusación no
aceptada comporta per se una causal de impedimento con la consiguiente
prohibición de permanecer en el recinto, y que el trámite surtido se ajustó a lo
decidido por la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda en el auto del
19 de junio de 2024.

41. En consecuencia, consideró que no obraba prueba de que el accionado
hubiera incurrido en una conducta contraria a la función pública motivada por algún
interés directo, pues se limitó a seguir las reglas previamente establecidas que lo
excluían de la deliberación y decisión de su propia recusación y la de su
compañero de bancada.

42. Con base en lo expuesto, concluyó que no se habrían acreditado los
presupuestos de los numerales 1 y 14 del CPACA.

43. Por otro lado, respecto del presunto interés en la decisión de las
recusaciones de los demás compañeros que versaban sobre los mismos motivos
de su recusación, el a quo encontró probado que el accionado sí estuvo presente,
participó para configurar el cuórum y votó en la aceptación o denegación de las
recusaciones formuladas contra los demás quince concejales de otras bancadas.

44. Consideró que en principio se cumplían los presupuestos fácticos de esa
causal, en tanto el trámite surtido fue la votación para resolver recusaciones por
los mismos motivos que se habían interpuesto contra el accionado.

45. Para determinar si existía una decisión administrativa pendiente en los
términos del numeral 13, analizó la naturaleza jurídica del procedimiento de
resolución de recusaciones en un cuerpo colegiado administrativo y concluyó que,
si bien no constituye un acto administrativo en sentido estricto —por cuanto
corresponde a una etapa previa para adoptar la decisión definitiva de elección del
personero municipal—, sí existía una decisión administrativa pendiente de resolver
en los términos de ese numeral, habida cuenta de que el artículo 12 inciso segundo
del CPACA dispone expresamente que la autoridad competente «decidirá de
plano sobre los impedimentos».

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46. Sin embargo, al abordar el elemento subjetivo, concluyó que no se
encontraba probado. Consideró que el actuar del concejal obedeció al trámite que
decidió el Concejo Municipal de Pereira con base en la remisión efectuada por la
Procuraduría Regional de Risaralda, que ordenó devolver las recusaciones para
que «la plenaria delibere y decida lo pertinente de conformidad con su
reglamento», y señaló que se trataba de una circunstancia sui generis que
implicaba la recusación de todos los concejales que podían votar, situación que
no estaba regulada en el reglamento interno del concejo municipal.

47. Para fundamentar la ausencia del elemento subjetivo, trajo a colación la
Sentencia C-1040 de 2005 de la Corte Constitucional, de la cual destacó que
ninguna norma de la Constitución o de la Ley 5 de 1992 prohíbe que quien se ha
declarado impedido participe en la decisión de los impedimentos manifestados por
otros congresistas, incluso si se tratan sobre el mismo asunto. Destacó que lo
único vedado es que el congresista vote sobre su propio impedimento o
recusación, y que solo cuando se le ha aceptado el impedimento cabe excusarlo
del deber de votar.

48. Además, resaltó que cada manifestación individual de impedimento obedece
a consideraciones subjetivas sobre circunstancias eminentemente personales, por
lo que cada impedimento es diferente y debe valorarse individualmente; y que la
manifestación personal de un impedimento no equivale directamente a estar
impedido para decidir sobre otros asuntos, pues mientras su situación no se
resuelva por la autoridad competente, puede proferir todos los actos propios de su
competencia ordinaria, como manifestación de los principios de buena fe y
celeridad de los procedimientos.

49. Concluyó que la conducta del accionado no configuraba el elemento
cognoscitivo del dolo ni el volitivo de la conducta, en tanto no se probó que tuviese
el conocimiento ni la intención de quebrantar el ordenamiento jurídico vigente.

50. En igual sentido, descartó el actuar culposo, por cuanto la decisión del
Concejo —fundada en la devolución de la Procuraduría, la ausencia de un trámite
específico en el reglamento para recusaciones masivas de todos los integrantes
del órgano, y el concepto previo del asesor jurídico— implicaba que la

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participación del accionado en la votación de las recusaciones de los demás
concejales respondía a un razonamiento jurídico lógico y no resultaba gravemente
culposa. Para ello también citó la sentencia del Consejo de Estado del 27 de abril
de 2023, que ante presupuestos fácticos similares concluyó que la conducta del
concejal allí investigado estaba «desprovista del dolo o culpa grave necesarios
para la configuración de la causal de conflicto de intereses con fines de pérdida
de investidura».

51. Precisó además que en el presente caso no podía predicarse un vacío
reglamentario absoluto, pues el Acuerdo 14 de 2022 sí reglamenta las
recusaciones. Lo novedoso del caso era que se había recusado a la totalidad de
los concejales. Frente a ello, sostuvo que exigirles a todos los concejales
abstenerse por completo –o declararles automáticamente un conflicto de
intereses– llevaría al absurdo de concluir que por la sola recusación de todos sus
miembros estos quedarían inhibidos de pleno derecho para votar las recusaciones
de sus propios compañeros, conclusión que consideró desprovista de todo asidero
jurídico.

52. Con fundamento en lo anterior, concluyó que sobre dicha circunstancia no
resultaba procedente la pérdida de investidura por conflicto de intereses, pues de
acuerdo con los hechos narrados en la demanda, la contestación, las pruebas
incorporadas al proceso y el contraste con las normas que regulan la materia, no
se encontró configurado el elemento subjetivo de la conducta.

V. RECURSO DE APELACIÓN

53. El accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se decretara la pérdida de
investidura del concejal Rodolfo José Martínez Barrios11.

54. Como fundamento de ello sostuvo que la sentencia incurre en errores de
hecho y de derecho, particularmente en la interpretación de la figura del conflicto

11 Cfr. Índice núm. 30 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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de intereses y en la valoración probatoria respecto de la participación del concejal
en el quórum decisorio.

55. En primer lugar, arguyó que el a quo redujo indebidamente el alcance de los
artículos 11 del CPACA y 48 de la Ley 617 de 2000, al exigir que el concejal
hubiera votado expresamente su recusación para que se configurara la causal.
Señaló que la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, en particular en los
radicados 2024-00220 y 2024-00321, ha sostenido que la simple integración del
cuórum decisorio constituye participación suficiente para configurar el conflicto de
intereses, incluso si no se vota.

56. Precisó que tanto el Reglamento Interno del Concejo de Pereira —Acuerdo
14 de 2022— como los testimonios del secretario Marco Antonio Echeverri Maury
y del asesor jurídico Sergio Martínez López son consistentes en señalar que el
quórum decisorio del Concejo Municipal de Pereira se establece por los concejales
asistentes, independientemente de si votan o no. Por tanto, afirmó que el concejal
accionado, al no declararse impedido y permanecer en el recinto al momento de
resolverse su propia recusación, integró objetivamente el cuórum decisorio e
incurrió en la causal del numeral 1 del artículo 11 del CPACA.

57. En apoyo de esa postura, citó la sentencia del Consejo de Estado del 15 de
mayo de 2025 (exp. 50001 23 33 000 2024 00220 01, C.P. Oswaldo Giraldo
López), en la que se estableció que “la sola integración del quórum decisorio por
parte del servidor público que se encuentra incurso en conflicto de intereses
configura la causal de pérdida de investidura, aun si no vota o no interviene en el
debate”.

58. Por lo tanto, consideró que el a quo se apartó de ese precedente sin
justificación al sostener que los hechos eran distintos, pues en cuanto a la
conformación del cuórum por permanencia en el recinto las situaciones son
idénticas. Añadió que, incluso, la diferencia juega en contra del accionado, pues
en ese caso las concejales sí se habían declarado impedidas, mientras que en el
presente asunto el demandado no lo hizo en ningún momento.

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59. Respecto de la causal del numeral 14 del artículo 11 del CPACA, señaló que
está acreditado que el accionado participó en la sesión sin declararse impedido ni
retirarse del recinto durante la resolución de la recusación presentada contra el
concejal Nelson Pulido Alarcón, quien integró la misma lista de candidatos al
Concejo Municipal de Pereira para el período 2024-2027 por el Partido Centro
Democrático. Argumentó que esa intervención, sin declaratoria de impedimento y
sin retiro del recinto, constituye una vulneración directa de esa prohibición.

60. Para sustentar esa posición, citó la sentencia del Consejo de Estado del 26
de septiembre de 2024 (exp. 050012333000202400237-01, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez), en la que se precisó que el vínculo entre los integrantes de
una misma lista electoral genera un interés recíproco que impone deberes
especiales de abstención, por cuanto existe una comunidad política y electoral que
puede incidir en el juicio de imparcialidad del servidor público, y que no se requiere
prueba de un beneficio personal ni de un interés directo en el caso concreto, pues
basta con la comprobación del hecho objetivo de la participación en una actuación
relativa a un miembro de la misma lista. Adujo que esa postura fue ratificada por
la sentencia del 31 de julio de 2025 (exp. 27001233300020240003101, C.P.
Oswaldo Giraldo López), que el a quo ignoró sin justificación.

61. En relación con la causal del numeral 13 del artículo 11 del CPACA, el
accionante planteó que el procedimiento adoptado por el Concejo Municipal de
Pereira para resolver las recusaciones obedeció a una asesoría jurídica errónea,
por las siguientes razones: i) el asesor afirmó que la Procuraduría Regional de
Risaralda le ordenó al Concejo resolver las recusaciones, cuando en realidad lo
que hizo ese ente fue declarar su incompetencia y plantear la posibilidad de un
conflicto negativo de competencias; ii) el Concejo no tenía competencia para
asumir la resolución de las recusaciones dado que el numeral 13 del artículo 11
del CPACA generaba una causal objetiva de ausencia de quórum, ante la cual
debió tramitarse el conflicto de competencias previsto en el artículo 39 de ese
mismo código; iii) el asesor aplicó la Ley 5 de 1992, norma propia del Congreso
de la República —órgano de la rama legislativa—, sin que el reglamento interno
remitiera a ella, cuando ante la ausencia de regulación en las leyes especiales
aplicables al Concejo debía acudirse a la ley general, esto es, la Ley 1437 de 2011;

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iv) el procedimiento adoptado no está contenido en norma alguna y contravino las
disposiciones taxativas de los numerales 1, 13 y 14 del artículo 11 del CPACA, así
como el propio Acuerdo 14 de 2022, que establece la declaración de
impedimentos por causales objetivas y que el quórum decisorio se determina por
los concejales asistentes; v) el procedimiento ignoró por completo la causal del
numeral 14, pues tomó como único criterio de abstención la pertenencia a la
misma bancada, sin considerar que la prohibición también opera respecto de quien
haya integrado la misma lista de candidatos; y vi) el acta 093 de la sesión ordinaria
del 28 de junio de 2024 demuestra que el concejal integró el quórum decisorio,
pues estuvo asistente a la sesión sin ausentarse en ningún momento del recinto,
sin declararse impedido, y la sentencia desconoció ese hecho objetivo al acoger
sin mayor análisis los argumentos de defensa fundados en la devolución efectuada
por la Procuraduría, que no tiene efectos vinculantes y que en todo caso no eximía
al investigado de cumplir su deber legal.

62. En cuanto al elemento subjetivo, el accionante cuestionó que el a quo hubiera
descartado el dolo y la culpa grave. Expuso que el concejal accionado es abogado
de profesión y ejerció como concejal de Pereira en los períodos 2019-2023 y 2024-
2027, circunstancias que le imponen un conocimiento de la norma superior al del
ciudadano del común y le exigen estar plenamente asesorado en cualquier
situación compleja que se presente en el ejercicio de su cargo, lo que en este caso
no ocurrió.

63. Añadió que el análisis del elemento subjetivo exige valorar si el funcionario
conocía o debía conocer la ilicitud de su conducta, y que el Consejo de Estado ha
reiterado que basta con demostrar que el sujeto tenía capacidad de
autodeterminación, es decir, que sabía que debía declararse impedido y no lo hizo.
Arguyó que la permanencia del concejal en la sesión no puede excusarse en un
error de interpretación, pues ya existían precedentes claros que obligaban a
apartarse del trámite para no integrar el quórum, y que la conclusión del Tribunal
de que no hubo dolo ni culpa grave desconoce la exigencia de un estándar
reforzado de diligencia para servidores con formación jurídica y experiencia
política.

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64. Sostuvo que el hecho de que el concejal se hubiera amparado en el concepto
del asesor jurídico no enerva la culpabilidad, pues la jurisprudencia es clara en
que consultar una sola opinión no es suficiente cuando existen múltiples
precedentes en sentido contrario. En ese sentido, señaló que la buena fe calificada
exige consultas suficientes y razonables ante la duda jurídica, y que conformarse
con un solo criterio configura al menos ignorancia supina, calificable como culpa
grave sancionable con pérdida de investidura. Para sustentar ello, citó la sentencia
proferida en el proceso 50001233300020240002601 (C.P. Oswaldo Giraldo
López), en la que se decretó la pérdida de investidura de un concejal que se había
asesorado incluso de dos expertos, pero cuya consulta no fue correcta, y en la que
se precisó que el demandado debe acreditar y demostrar que actuó con buena fe
calificada.

65. Explicó que, de acuerdo con esa misma línea jurisprudencial, la buena fe
calificada solo tiene alcance exoneratorio cuando concurren dos condiciones
estrictas: que el asunto debatido no tenga un criterio jurisprudencial claro y
consolidado, y que la consulta formulada haya sido completa, precisa y soportada
en los documentos relevantes, de forma que produzca un convencimiento
razonado y defendible. Señaló que, si la asesoría se limita a apreciaciones
subjetivas del abogado sin respaldo en la jurisprudencia, lo que se demuestra es
negligencia en la consulta y superficialidad en la verificación, lo cual se califica
como culpa grave conforme al artículo 63 del Código Civil. En el caso concreto,
afirmó que el accionado no formuló una consulta técnica y completa sobre la
configuración del conflicto de intereses, no contrastó la respuesta obtenida con la
abundante jurisprudencia pública y reiterada sobre la integración del quórum como
elemento configurativo del conflicto, y con conocimiento de su formación y
experiencia, aceptó una interpretación contraria a la jurisprudencia consolidada, lo
que excluye cualquier alegación de error invencible e impide la aplicación de la
buena fe calificada.

66. Agregó que el deber de transparencia y abstención es personalísimo e
indelegable, y que ningún concepto jurídico ni decisión interna de la corporación
libera al concejal de esa responsabilidad. Afirmó que la buena fe calificada exige
apartarse cuando hay duda razonable, y que en este caso la duda era evidente

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por tratarse de su propia recusación y la de su compañero de lista, por lo que
permanecer en el recinto fue una elección consciente y no un error excusable.
Indicó además que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
sostenido que la pérdida de investidura no exige un ánimo de beneficio personal
probado con certeza absoluta, sino la demostración de que el funcionario omitió
deberes claros y previsibles, y que permanecer en un debate sobre recusaciones
propias y de un copartidario sin declararse impedido constituye justamente la
negligencia grave prevista en el artículo 63 del Código Civil, mientras que resolver
recusaciones de otros concejales teniendo las mismas situaciones fácticas y
jurídicas y con la propia recusación pendiente de resolución configura un actuar
doloso.

67. Con fundamento en todo lo anterior, el accionante solicitó revocar la
sentencia del 19 de agosto de 2025 proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Risaralda y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del
concejal Rodolfo José Martínez Barrios por conflicto de intereses, con la
consiguiente anulación de la credencial y la declaratoria de la inhabilidad
correspondiente.

VI. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

68. Mediante auto de 21 de agosto de 202512 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201813.

69. Mediante comunicación del 1 de noviembre de 2025 el Ministerio Público
allegó su concepto en los siguientes términos14:

70. Frente a la causal del numeral 1 del artículo 11 del CPACA, rechazó el
argumento del apelante según el cual la permanencia del concejal en el recinto

12 Cfr. Índice núm. 4 del expediente digital, Samai.
13 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
14 Cfr. Índice núm. 8 del expediente digital, Samai.

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mientras se decidía su propia recusación configura la causal de conflicto de
intereses.

71. Precisó que el numeral 1 del artículo 11 del CPACA exige que el servidor
público deba “adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas”15 para que
surja el deber de declararse impedido.

72. Por ello, argumentó que en el presente caso el concejal accionado no era
quien debía pronunciar la decisión definitiva sobre su propia recusación, pues los
llamados a hacerlo eran sus compañeros concejales.

73. Además, indicó que en el presente caso está plenamente probado que el
accionado no participó ni votó en su propia recusación, por lo que el hecho de
hacer parte del quórum como obligación de asistencia a las sesiones del Concejo
no permite encontrar que tal conducta encaje en el supuesto de hecho de la norma
invocada.

74. En cuanto al argumento del recurso de apelación fundado en la sentencia del
Consejo de Estado del 15 de mayo de 2025 (exp. 50001 23 33 000 2024 00220
01), advirtió que el accionante habría tomado un aparte descontextualizado de esa
providencia que constituye un mero obiter dictum.

75. Explicó que en ese caso la controversia versó sobre concejales a quienes se
les había aceptado el impedimento y que, pese a ello, participaron y votaron sobre
los restantes artículos del proyecto de acuerdo, de manera que el Consejo de
Estado no solo les reprochó haber conformado el quórum para deliberar el

15 “ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y
RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo
su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de
derecho. […]”

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acuerdo, sino también haber participado en la votación de las proposiciones sobre
los artículos de este.

76. Por tanto, concluyó que los hechos de ese fallo difieren de los que aquí se
discuten y precisó que, en ningún caso, el Consejo de Estado construye nuevas
causales de conflicto de intereses distintas de las previstas taxativamente en la
ley, dado que el contexto punitivo del derecho sancionatorio del Estado exige una
aplicación taxativa y restrictiva de las causales de pérdida de investidura.

77. Respecto de la causal del numeral 14 del artículo 11 del CPACA, indicó que
compartía plenamente la decisión del a quo. Concretamente, expuso que en el
presente caso está absolutamente probado, tanto en la grabación de la sesión
plenaria como en las actas, que el concejal accionado no votó ni participó en la
decisión de la recusación de su compañero de partido político Nelson Pulido
Alarcón.

78. Reiteró que la conformación del quórum por el hecho de permanecer en la
plenaria, como era su obligación, no implica la configuración de la causal de
conflicto de intereses, y que ninguna norma del ordenamiento jurídico prevé que
porque un concejal conforme quórum, pero no vote en la decisión del impedimento
de su compañero de bancada se configure ese conflicto.

79. En esta misma línea señaló que el numeral 14 debe leerse de manera
integral, incluyendo el inciso primero del artículo 11 del CPACA, que limita la
obligación de declararse impedido a quien deba «pronunciar decisiones
definitivas», condición que no se cumplió en el caso del accionado.

80. En cuanto a la causal del numeral 13 del artículo 11 del CPACA, el Ministerio
Público compartió que el concejal accionado incurrió objetivamente en esa causal,
al no haberse declarado impedido para votar sobre las recusaciones de sus
compañeros concejales recusados por los idénticos motivos, teniendo él una
decisión administrativa pendiente sobre la misma cuestión jurídica. Sin embargo,
coincidió con el a quo en que no está probado el elemento subjetivo, esto es, que
su conducta se hubiera desplegado a título de dolo o culpa grave.

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81. Destacó que el escenario fáctico era bastante particular puesto que el
Concejo Municipal en plenaria consideró no poder resolver las recusaciones dado
que todos los concejales estaban recusados, y aplicó la regla del artículo 12 del
CPACA remitiendo las diligencias a la Procuraduría Regional de Instrucción de
Risaralda. Posteriormente, esa autoridad devolvió el expediente disponiendo que
“la plenaria delibere y decida lo pertinente de conformidad con su reglamento”.

82. Así pues, ante esa devolución, los concejales acordaron un procedimiento
que implicaba decidir las recusaciones de sus compañeros con excepción de los
miembros de su misma bancada, con el fin de sacar adelante la elección del
personero municipal.

83. Advirtió que el actuar no solo del accionado sino de todos los miembros de
la corporación demostró diligencia y apego a las disposiciones normativas, que
siguieron la asesoría del abogado del concejo municipal y que buscaron aplicar un
procedimiento que permitiera resolver la situación en sana lógica, sin que ello
pueda calificarse como actuar doloso o gravemente culposo.

84. Adicionalmente, el Ministerio Público agregó que el Consejo de Estado, en
caso de no haberlo decidido previamente en los procesos con radicados núm.
66001233300020250017601 y 66001233300020250018102, debía estudiar y
avocar conocimiento con fines de unificación jurisprudencial. Lo anterior al
considerar que el presente asunto comparte plena identidad fáctica y jurídica con
otros procesos que cursaban ante esa corporación. Sobre este punto, señaló que
tres tribunales administrativos —los del Meta, Cundinamarca y Risaralda— habían
decidido de manera disímil sobre casos que involucran el mismo patrón fáctico
asociado a las causales de conflicto de intereses del artículo 11 del CPACA en
punto de la decisión sobre impedimentos y recusaciones de compañeros
concejales: el Tribunal del Meta inaplicó el numeral 13 del artículo 11 del CPACA
por considerar que su aplicación generaría un «callejón sin salida» que
imposibilitaría el funcionamiento de la corporación; mientras que el Tribunal de
Cundinamarca negó las pretensiones al estimar que la participación en la decisión
del impedimento de un compañero concejal no demostraba un interés directo en

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favor del demandado; y el Tribunal de Risaralda admitió objetivamente la
configuración de esa causal.

85. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar
los cargos presentados en el recurso de apelación.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

86. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15016 del CPACA, el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre 200017 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 201918, sobre distribución de los procesos entre las secciones del
Consejo de Estado.

7.2. Cuestión Previa

87. Que el Ministerio Público en el término del traslado del recurso de apelación
presentó solicitud de unificación jurisprudencial en los siguientes términos:

“Por lo tanto, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio
público y de las garantías y de los derechos fundamentales, presenta su
concepto solicitando que:

1. Comedidamente, se estudie y se avoque conocimiento de la solicitud de
unificación jurisprudencial sustentada en este concepto, si no ha sido ya
decidida en el trámite contenido en los procesos con radicados
66001233300020250017601 y 66001233300020250018102” (Subrayas de
la Sala)

16 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
17 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera
instancia los Tribunales Administrativos.
18 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de

2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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88. Sobre el particular, la Sala advierte que esta solicitud de unificación
jurisprudencial, en efecto, ya fue resuelta mediante los autos del 4 de diciembre
de 2025, proferidos dentro de los expedientes núm. 66001 23 33 000 2025 00176
0119 y 66001 23 33 000 2025 0018120.

89. Por lo tanto, verificado que la referida solicitud del Ministerio Público fue
formulada bajo la condición de no haber sido previamente decidida, y habiéndose
constatado que sí lo fue mediante los autos referidos, la Sala se abstendrá de
emitir pronunciamiento alguno al respecto.

7.3. Del análisis de la causal de pérdida de investidura endilgada

90. Corresponde a la Sala determinar si procede decretar la pérdida de
investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses,
cuando se le atribuye no haberse declarado impedido y haber permanecido en el
recinto durante el trámite de recusaciones formuladas en su contra y en contra de
un compañero de su misma bancada, así como haber intervenido en la decisión
de recusaciones dirigidas contra otros concejales, pese a que estas se
sustentaban en los mismos motivos de su propia recusación.

91. Con miras a resolver este cargo de impugnación, la Sala pasará a revisar si
en el presente asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal y en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de
investidura del convocado.

7.3.1. Del elemento objetivo

92. El accionante fundamentó la solicitud de pérdida de investidura en las
causales previstas en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el
numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, según las cuales los concejales

19 Cfr. Índice núm. 14 del expediente núm. 66001 23 33 000 2025 00176 01, Samai.
20 Cfr. Índice núm. 22 del expediente núm. 66001 23 33 000 2025 00181 02, Samai.

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perderán su investidura cuando vulneren el régimen de conflicto de intereses. En
particular, dichas disposiciones establecen lo siguiente:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general» (Negrillas de la Sala).

«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:

[…]

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o
conflicto de intereses» (Negrillas de la Sala).

93. A su turno, el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, norma especial en la materia
para concejales distritales y municipales, regula el conflicto de intereses en los
siguientes términos:

«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella» (Subrayas de la Sala).

94. En el caso concreto, el actor también invocó como sustento de la causal de
desinvestidura los numerales 1, 13 y 14 del artículo 11 del CPACA:

«Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.
Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con
el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones

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administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión
del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

[…]

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión
administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que
él debe resolver.

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período
electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores».

95. Ahora bien, sobre el alcance del conflicto de intereses, la Sala Plena de esta
Corporación, en sentencia del 28 de noviembre de 201721, precisó:

«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello,
la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y
los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»
(Subrayas de la Sala).

96. En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que el conflicto de
intereses se configura «cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés
particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse
impedido a quien deba tomarla»22.

97. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
delimitado los presupuestos necesarios para establecer la configuración de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de

noviembre de 2017, exp. 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), C.P. Ponente César Palomino
Cortés.
22 Corte Constitucional, Sentencia del 1 de octubre de 2025. Exp. T-4.622.844. M.P. Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo.

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intereses23. En particular, ha precisado que deben acreditarse de manera
concurrente tres elementos: (i) la calidad del sujeto activo; (ii) la existencia de un
interés directo, particular y actual, de naturaleza moral o económica; y (iii) la
participación efectiva del servidor en el trámite, pese a la existencia de dicho
interés, sin haber manifestado impedimento o sin haber sido apartado mediante
recusación24.

98. En relación con el segundo de estos presupuestos, se ha indicado que el
interés debe ser particular, directo y actual. El interés es particular cuando incide
en la esfera del concejal o de su círculo cercano; es directo cuando surge del
mismo asunto sometido a consideración; y es actual cuando se presenta de
manera inmediata al momento de la actuación, de modo que no puede tratarse de
un interés eventual o hipotético25.

99. A partir de estas precisiones, la causal objeto de estudio se refiere a la
incompatibilidad entre el interés particular del concejal y el interés general
comprometido en los asuntos sobre los cuales debe intervenir en ejercicio de sus
funciones. Así, el conflicto de intereses que da lugar a la pérdida de investidura
corresponde a una situación en la que el interés particular —moral o económico—
del concejal o de su entorno resulta incompatible con el interés general, en la
medida en que de la decisión puede derivarse un provecho para aquel o para
terceros.

100. Por su parte, el presupuesto relativo a la manifestación de impedimento tiene
como finalidad exteriorizar las situaciones de conflicto, con el propósito de
preservar la imparcialidad, la transparencia y la confianza en la actuación del
servidor público, evitando cualquier duda sobre la objetividad de sus decisiones.

23 Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01571-

00, C.P. María Elizabeth García González.
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de

febrero de 2018. CP. Oswaldo Giraldo López, exp. 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Cfr.
Sentencia del 18 de febrero de 2021, exp. 85001 2333 000 2020 00012 02. CP. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Cfr. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 9 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2014-03117-00 (PI), CP. William Hernández
Gómez; entre otras.

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101. Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala advierte que en el
presente caso no se acreditaron la totalidad de los presupuestos necesarios del
elemento objetivo para configurar la causal de pérdida de investidura.

102. En el caso concreto, la Sala observa que no existe controversia en torno al
primer presupuesto, relativo a la condición de concejal del accionado. Por ello, el
análisis se centrará en el segundo, esto es, en determinar si existió una verdadera
incompatibilidad entre el interés general propio de la investidura y un eventual
interés particular del accionado.

103. Sobre este punto cabe precisar que el accionante sustentó la configuración
de la causal en dos circunstancias concretas: i) la ausencia de declaratoria de
impedimento y la permanencia del accionado en el recinto durante la votación de
la resolución de la recusación formulada en su contra y en contra de su compañero
de bancada Nelson Pulido Alarcón; y ii) su intervención en la votación de las
recusaciones dirigidas contra los demás concejales, pese a tener una recusación
pendiente de decisión por los mismos motivos. La primera hipótesis se apoya en
los numerales 1 y 14 del artículo 11 del CPACA, mientras que la segunda se
fundamenta en el numeral 13 de esa misma disposición.

i) Del supuesto conflicto de interés derivado de la no declaratoria de
impedimento y permanencia del accionado en el recinto durante la votación de la
resolución de la recusación formulada en su contra y la de su compañero de
bancada

104. En cuanto a la causal fundada en los numerales 1 y 14 del artículo 11 del
CPACA, la Sala coincide con la conclusión del a quo en cuanto a que no se
acreditó el elemento objetivo de la causal. Lo anterior, por cuanto el acervo
probatorio no permite establecer que el accionado hubiera conformado el cuórum
ni intervenido en la deliberación o votación relativa a la recusación formulada en
su contra o en la de su compañero de bancada Nelson Pulido Alarcón.

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105. De la revisión del acta núm. 093 de la sesión ordinaria del 28 de junio de
202426 y de su correspondiente registro audiovisual27, se advierte que el
procedimiento adoptado por el Concejo Municipal de Pereira disponía que cada
concejal debía abstenerse de participar en la votación de su propia recusación y
en la de los integrantes de su misma bancada.

106. En aplicación de ese trámite, cuando se sometió a consideración la
recusación del señor Rodolfo José Martínez Barrios, su compañero de bancada
Nelson Pulido Alarcón no intervino en la votación; de manera recíproca, al
decidirse la recusación de este último, el accionado se abstuvo de participar. Tal
circunstancia se encuentra consignada en el acta núm. 093 de la sesión ordinaria
del 28 de junio de 2024:

• Registro de la votación de la recusación de Nelson Pulido Alarcón
(compañero de bancada del accionado)28:

26 Cfr. Índice núm. 3 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.
27 Cfr. Índice núm. 3 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.
28 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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• Registro de la votación de la recusación del accionado29:

107. De lo anterior se evidencia que el accionado no tomó parte en la decisión, ni
siquiera para efectos de conformar el quórum decisorio de esa votación, pues no
fue considerado dentro del cómputo correspondiente.

108. A pesar de ello, el accionante sostiene que la causal se configura de manera
objetiva por la sola permanencia del concejal en el recinto, con fundamento en la
sentencia del Consejo de Estado del 15 de mayo de 2025 (exp. 50001 23 33 000
2024 00220 01, C.P. Oswaldo Giraldo López). No obstante, dicha interpretación
no resulta acertada.

109. Tal como lo puso de presente el Ministerio Público, el recurrente extrajo un
aparte aislado de esa providencia, omitiendo el contexto en el que fue proferida.
En efecto, en dicha decisión se indicó lo siguiente:

“(ii) Otra de las inconformidades de la acusada Firigua Sánchez tiene que ver
con que el a quo no tuvo en cuenta que se declaró impedida una vez tuvo

29 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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conocimiento del listado de posibles beneficiarios del proyecto de acuerdo nro.
014 de 2021 “y no necesitaba retirarme del recinto, al menos que la directiva
o plenaria me lo hubiese pedido o ciudadano alguno me hubiera recusado”.

Al respecto, lo que cabe precisar a la recurrente es que el tribunal sí tuvo en
cuenta que la señora Firigua Sánchez se declaró impedida para participar en
el proyecto de acuerdo 014 de 2021 una vez conoció el listado de
beneficiarios; sin perjuicio de ello, lo que reprocha la sentencia de primera
instancia es que, aunque las aquí acusadas pusieron de presente que estaban
impedidas, participaron en la discusión y aprobación respecto del cambio de
título y de los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto de acuerdo, consideración que
precisamente no se controvierte en la apelación y que da lugar precisamente
a la causal endilgada.

Luego, para evitar incurrir en la causal de conflicto de intereses no basta con
que se manifieste el impedimento, sino que la consecuencia de ello era que
las acusadas debían separarse de la discusión del acuerdo, pues no solo se
trata de la finalidad de advertir el impedimento, sino también la manera de
garantizar la transparencia en las decisiones que se adoptan en la corporación
pública.

Ahora, la recurrente aduce que la ley, en especial el artículo 70 de la Ley 136
de 1994, no la obligaba a retirarse del recinto “al menos que la directiva o
plenaria me lo hubiese pedido o ciudadano alguno me hubiera recusado”; sin
embargo, la Sala considera que no le asiste razón, por cuanto la causal de
conflicto de intereses se configura por la conformación del quorum para
debatir el acuerdo, lo que conduce a que las acusadas no estén presentes al
momento de debatirlo. En ese escenario, es de precisar que el tribunal no solo
le reprochó que haya conformado el quorum para deliberar el acuerdo, sino
también que haya participado en la votación de las proposiciones que se
hicieron respecto del título y los artículos 2, 3, 4 y 5.

En consecuencia, la Sala en este aspecto tampoco despachara
favorablemente los argumentos del recurso de apelación, dado que, como se
observa, no están encaminados a desvirtuar las razones por las cuales el
tribunal consideró estaba cumplido el elemento objetivo de la causal de
conflicto de intereses.”30 (Subrayas de la Sala)

110. Así, a partir de ese pronunciamiento se observa que el caso allí analizado se
refería a concejales a quienes se les había aceptado el impedimento y que, pese
a ello, continuaron interviniendo en el debate y votando respecto de los demás
aspectos del proyecto de acuerdo en discusión. En ese escenario, esta
Corporación reprochó tanto la conformación del quórum como la participación de
las allí demandadas en la votación de las proposiciones estando impedidas para
hacerlo, circunstancia que dista de lo ocurrido en el presente asunto.

30 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 15 de mayo de 2025. Exp. 50001 23 33 000

2024 00220 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.

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111. En efecto, en este caso no se encuentra acreditado que el accionado hubiera
deliberado o votado sobre su propia recusación ni sobre la de su compañero de
bancada; por el contrario, el material probatorio evidencia que se abstuvo de
intervenir y que no fue tenido en cuenta para la adopción de la decisión.

112. De otro lado, en lo relativo al deber de declararse impedido cuando el
servidor público deba “adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas”, la Sala
tampoco acoge el planteamiento del accionante.

113. Ello se explica porque el accionado no era la autoridad llamada a decidir
sobre su propia recusación ni sobre la de su compañero de bancada, función que
correspondía a los demás integrantes de la Corporación. En tales condiciones, no
resulta exigible la declaratoria de impedimento respecto de una actuación en la
que no tenía competencia decisoria.

114. Por su parte, tampoco es posible derivar la configuración de la causal de
pérdida de investidura por el solo hecho de permanecer en el recinto. No existe
disposición que atribuya a esa conducta efectos constitutivos de conflicto de
interés. Además, dicha situación se enmarca en la particularidad de una
recusación formulada contra la totalidad de los concejales, la cual fue devuelta por
la Procuraduría para su resolución en plenaria31, lo que explica la presencia en el
recinto de los concejales durante todos los trámites.

115. Por lo expuesto, la Sala concluye que no se acreditaron los presupuestos del
elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses fundada en los numerales
1 y 14 del artículo 11 del CPACA, en tanto no se demostró que el accionado
hubiera conformado el quórum o participado en la deliberación o votación de su
propia recusación ni de la de su compañero de bancada.

ii) Del supuesto conflicto de interés derivado de la participación del accionado
en la votación de las recusaciones formuladas contra los demás concejales,

31 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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teniendo pendiente de resolución la recusación formulada en su contra por los
mismos motivos.

116. Respecto de la causal fundada en el numeral 13 del artículo 11 del CPACA,
la Sala no comparte la conclusión del a quo. A diferencia de lo que sostuvo el
Tribunal —que estimó acreditado el elemento objetivo y desestimó la causal
únicamente por ausencia del elemento subjetivo—, para la Sala en esta
circunstancia tampoco se configura el elemento objetivo.

117. Es importante aclarar que el numeral 13 del artículo 11 del CPACA exige que
el servidor «tenga decisión administrativa pendiente en que se controvierta la
misma cuestión jurídica que él debe resolver». El análisis de esta exigencia en el
caso concreto arroja una conclusión diferente a la del a quo, por tres razones: la
naturaleza individual de las recusaciones, la ausencia de un interés particular
definido respecto del accionado, y el alcance del auto de devolución proferido por
la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda.

118. Como punto de partida es necesario examinar el contenido del escrito
mediante el cual la ciudadana Maritza Ladino Hernández presentó la recusación
el 6 de mayo de 2024 dado que ese documento constituye el supuesto fáctico que
da origen a la alegada decisión administrativa pendiente:

“Maritza Ladino Hernández, identificada con la cédula 1093984310, con el
debido respeto, me dirijo ante ustedes, con el propósito de elevar
RECUSASIÓN CONTRA TODOS LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA bajo los parámetros de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), artículo 11
y subsiguientes, conforme a los siguientes argumentos:

• En fecha 3 de abril de 2024, el medio de comunicación La W publica lo
siguiente: https://twitter.com/WRadioColombia/status/1775640835366849743
(twitter.com in Bing) En relación con el proceso de elección del Personero
Municipal de Pereira 2024–2028, y la fase relativa a la entrevista, en la cual
se evidencian presuntas irregularidades, además de las presuntas
actuaciones irregulares y carentes de imparcialidad que la mesa directiva y la
plenaria del Concejo Municipal de Pereira habrían realizado con miras a
favorecer a uno u otro candidato. Las cuales, al parecer, se venían planeando
desde el año 2023, esto según el medio de comunicación El Expreso, quien
tres días antes sabía quién sería el ganador de ese concurso y lo dio a conocer
a la opinión pública, lo cual denota las posibles maniobras fraudulentas que
han rodeado este proceso. Esto se puede demostrar con el siguiente link:

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https://www.tiktok.com/@elexpresodia/video/7314737250122403078
(tiktok.com in Bing)

• Algunos concejales del Concejo Municipal de Pereira han tratado de
intimidar a la ciudadanía para que no ejerzamos control social, amenazando
con denunciar en todas las instancias jurídicas posibles. Pero los estudiantes
universitarios tenemos la valentía de luchar por los ideales de impedir que las
esferas de corrupción se apoderen de posiciones tan importantes como la
Personería de Pereira, y continuaremos en estos ejercicios, asesorados o no,
simplemente con el ánimo de hacer respetar el Estado Social, Democrático,
de Derecho, Social y Ecológico.

• Ahora bien, es evidente los intereses alejados de la objetividad del actual
Concejo Municipal de Pereira, liderado por el hoy concejal y anteriormente
candidato a la Alcaldía de Pereira, Maicol Lopera, quien perdió en su
aspiración a la Alcaldía y hoy presuntamente quiere a toda costa imponer
Personero de parte del partido liberal como es el caso del Procurador
inhabilitado, con quien se dice que al parecer desde el año 2022 venían
planeando su designación en este cargo. Prueba de ello son las
intervenciones que realiza este Concejal, quien en lugar de dedicarse a hacer
una oposición seria desde su rol de candidato no ganador, realiza
instrucciones para materializar la designación del abogado Reales como
Personero de Pereira. Desde ya pido a la Procuraduría Regional revisar las
intervenciones del Concejal Lopera en el reciente periodo de sesiones extras,
por lo que él y la bancada del Partido Liberal están abiertamente impedidos
de intervenir e integrarse en el proceso de elección del Personero de Pereira.
Esto sumado a que, efectivamente, corroborando con la sesión en la que se
llevó a cabo la fase de entrevista y los puntajes que fueron publicados, se
demuestra el interés por favorecer al candidato que tuvo el peor desempeño
en dicha prueba: https://caracol.com.co/2024/06/04/las-inconsistencias-en-
inhabilidades-de-leonardo-reales-para-ser-personero-de-pereira/

• Los demás concejales igualmente estarían impedidos, pues tuvieron
relación de amistad o enemistad con la Personera saliente Sandra Cárdenas,
por cuanto algunos han mantenido relación de control político sobre ella por
el lapso de periodos y otros en oposición, como son: Camilo Montoya, Carlos
Torres, Carlos Gil, Carlos Muñoz, Alejandro de la Cruz, Maicol Lopera,
Esteban Grañán, Héctor Augusto Hernández, Carlos Enrique Torres,
Gustavo Villanueva, Joan Manuel Ríos, Anyelline Sandoval, Gustavo
Andrés Montes, Elkin Alberto Gutiérrez, Diego Alejandro Gutiérrez, y el
concejal Wilfor López, quien actualmente está siendo investigado por la
Personería de Pereira.

• En los concejales nuevos, resulta muy evidente el interés de los concejales
Nelson Pulido, Rodolfo Martínez Barrios y Carolina Herrera por elegir al
Procurador barranquillero como Personero de Pereira. Hasta en medios,
como vocero oficial del Concejo de Pereira, el concejal Pulido ha dado
declaraciones públicas, lo cual llama mucho la atención de quienes estamos
haciendo este control social, por cuanto el vocero oficial de la Corporación es
el Presidente, que según sabemos es el concejal Carlos Gil.

• Adicionalmente, desde la mesa directiva del Concejo se ha denotado una
falta de gestión, orden y control del Concejo, más aún la mismísima falta de
encargada de poder, por cuanto el vocero se ha contaminado por actos de
falta de legalidad. Por cuanto esto de los tres candidatos evidentemente no

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pueden continuar en el proceso de Pereira, siendo públicamente denunciados
en el municipio de Pereira, a lo que además no me concierne, ofendiendo a la
ciudadanía con una penosa, vergonzosa y mediocre presentación en su
entrevista como lo registraron medios de comunicación locales y nacionales.
Ese señor participó en el concurso con todos los intereses como autoridad y
ente de control asignado al concurso; la señora Cárdenas se inscribió y
participó en el concurso siendo personera y autoridad en el municipio de
Pereira, originando de manera abusiva perspectivas en dicha entidad estatal.
Sin embargo, de entre los candidatos, el señor Zapata, a quien se le alegó
una inhabilidad que fue negada por la comisión accidental, es el único que ha
demostrado no estar inmerso en cuestionamientos que comprometen su
integridad para el cargo, y a pesar de que en el concurso se debieron excluir,
no fueron sacados del mismo.

• Ahora bien, todo esto ha sido planeado para perjudicar al verdadero
ganador de este concurso y quien ha sufrido toda suerte de injusticias hasta
intentar excluirlo del concurso, como es el caso de Julián Zapata, quien en la
fase de entrevista obtuvo el peor puntaje y quien es el único apto para ser
Personero de Pereira. La plenaria al parecer ha hecho todo para sacarlo y que
cualquiera de los dos bandos resulten ganadores, o con el Procurador o con
la Personera” (Subrayas de la Sala).

119. En particular, el escrito expuso argumentos con sujetos indeterminados y
otros argumentos respecto a sujetos determinados.

120. En relación con los argumentos indeterminados y genéricos la Sala evidencia
que la ciudadana no identificó acto alguno propio del accionado que sustentara de
manera concreta y particular la existencia de un interés en la elección del
personero, limitándose a invocar causales genéricas sin explicar cómo se
configuraban individualmente respecto de cada recusado.

121. Sobre estas acusaciones indeterminadas, esta Sección ha precisado que no
corresponden a una recusación propiamente dicha y que, por lo mismo, no pueden
producir efectos de censura sobre el comportamiento del accionado o de los
demás concejales32. Por consiguiente, dicho escrito no podía considerarse como
una recusación válida que inhabilitara al accionado para participar en la votación
de las recusaciones de sus compañeros de corporación.

122. Por su parte, respecto a los argumentos determinados, se observa que la
ciudadana los dividió en dos categorías: de una parte, atribuyó a los concejales

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de

septiembre de 2023. Exp. 25000-2315-000-2022-01014-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón

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con mayor antigüedad una relación de «amistad o enemistad» con la personera
saliente Sandra Cárdenas y; de otra parte, respecto de los concejales de nuevo
ingreso –entre quienes se encuentra el accionado– solo mencionó que es evidente
su interés para elegir a determinado candidato porque uno de ellos –Nelson
Pulido– presuntamente salió a dar declaraciones como vocero del concejo sin
ostentar la facultad para ello.

123. Así pues, en el texto transcrito se revela con claridad que el único
fundamento del que se valió la ciudadana recusante para atribuirle al señor
Rodolfo José Martínez Barrios un interés en el proceso de elección del personero
fue la conducta de su compañero de bancada Nelson Pulido Alarcón —quien
habría dado declaraciones públicas como vocero— y la extrapolación de ese
comportamiento a los demás concejales de nuevo ingreso. En ningún aparte del
escrito de recusación se identificó acto alguno propio del accionado que pudiera
sustentar de manera concreta, directa y particular la existencia de un interés en la
elección del personero municipal.

124. Esta circunstancia impide, de entrada, dar por acreditado el presupuesto del
numeral 13. En efecto, si el interés particular del accionado como elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura no estaba definido de forma
concreta en el propio escrito de recusación no es procedente afirmar que su
«situación administrativa pendiente» es la misma que las recusaciones de los
demás concejales.

125. La cuestión jurídica a que se refiere el numeral 13 del artículo 11 del CPACA
solo puede ser la misma que la que el servidor debe resolver cuando ambas
versan no solamente sobre una misma causal, sino sobre un mismo asunto o
litigio. En otras palabras, la exigencia de que se controvierta «la misma cuestión
jurídica» implica que la decisión pendiente del propio servidor y la decisión que
debe adoptar sobre el asunto ajeno versen sobre idénticos hechos jurídicamente
relevantes y sobre el mismo interés particular en cabeza del titular.

126. En este caso, el presunto interés particular, directo y actual por el que se
acusa al accionado, no puede ser considerado como el mismo que se le atribuye
a los demás.

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127. Por un lado, porque la misma recusación de Maritza Ladino Hernández
dividió las consideraciones sobre algunos de los concejales – entre esos el
accionado–. Y, por otro lado, porque aún si se admitiera, en gracia de discusión,
que alguno o algunos de esos concejales sí tenían probada una relación de
amistad o enemistad con la personera saliente que pudiera dar lugar a un conflicto
de intereses, ello no implicaría que todos los demás concejales mencionados en
el escrito estuvieran en igual condición o que la aprobación del impedimento por
esa causal pudiera afectar la evaluación de la situación del accionado, que en
principio era distinta.

128. Bajo esas condiciones, en el caso concreto el interés particular del accionado
no fue identificado ni acreditado en el escrito de recusación; su nombre fue incluido
en ese escrito mediante argumentos derivados de la conducta de un compañero
de bancada y mediante afirmaciones colectivas que no individualizaron su
situación personal. Esa carencia es determinante pues sin un interés particular
definido, no existe cuestión jurídica pendiente que pueda coincidir con la que debía
resolver respecto de los demás concejales.

129. En línea con lo anterior, debe resaltarse que la Corte Constitucional en la
sentencia C-1040 de 200533 aclaró que los impedimentos y sus causales son de
naturaleza estrictamente personalísima y precisó que cada uno obedece a la
apreciación subjetiva de circunstancias particulares de quien lo formula, lo cual
permite distinguir cada situación de las demás, como se observa a continuación:

En este sentido, si los impedimentos no corresponden tan sólo a la valoración
objetiva de un comportamiento, sino que, por el contrario, priman en ellos las
consideraciones personales que se tengan por el funcionario que lo formula;
es obvio que, bajo esa medida, cada cual está impedido para participar en la
votación de su propio impedimento, pero no para decidir los impedimentos de
los demás, ya que siempre se encontraran motivaciones diferentes que deben
ser resueltas de distinta manera, teniendo en cuenta la variedad de matices
que admite el comportamiento humano. Ello no obsta para que en casos
concretos sea posible agrupar los conflictos de intereses por causas similares

33 Corte Constitucional, Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005. Exp. D-5645, M.P. Manuel

José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio
Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández. “[E]s obvio que, bajo esa medida,
cada cual está impedido para participar en la votación de su propio impedimento, pero no para
decidir los impedimentos de los demás, ya que siempre se encontraran motivaciones diferentes
que deben ser resueltas de distinta manera, teniendo en cuenta la variedad de matices que admite
el comportamiento humano”.

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para efectos de ser estudiados conjuntamente atendiendo a las respectivas
especificidades, por ejemplo, por una subcomisión conformada para ese
propósito específico (como ha tenido lugar en la práctica parlamentaria. Anexo
I); simplemente lo anterior indica que la naturaleza personalísima de cada
impedimento permite a los congresistas que los han formulado participar en la
decisión de los impedimentos de los demás.

[…]

Siendo ello así, no puede aceptarse la tesis de la imposibilidad de definir los
impedimentos de otros, pues en la práctica se podría llegar a un “callejón sin
salida”. En efecto, si el número de miembros del parlamento se redujera hasta
un quantum inferior al número necesario para conformar el quórum decisorio,
no podrían definirse los impedimentos, sacrificando la función legislativa y, por
ende, desconociendo el principio democrático en la formación de las leyes,
que se manifiesta en que el pueblo pueda pronunciarse mediante la actividad
legítima de sus representantes. (Subrayas de la Sala).

130. Por lo tanto, el presupuesto normativo del numeral 13 del artículo 11 del
CPACA que impone el deber de impedimento no se satisface por el simple hecho
de que el accionado y otros concejales enfrentaran escritos de recusación
tramitados con invocación de una misma causal formal, sino que realmente debía
tratarse de un mismo asunto o interés particular compartido entre los funcionarios.

131. Con base en lo anterior, la Sala concluye que tampoco se acredita el
elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses y que no era exigible el
deber de manifestación de impedimento del numeral 13 del artículo 11 del CPACA,
por cuanto la decisión administrativa pendiente del accionado —la resolución de
su propia recusación— no versaba sobre una cuestión jurídica definida e
individualizada que pudiera coincidir con las decisiones que él debía adoptar
respecto de las recusaciones de sus compañeros concejales de otras bancadas.

7.3.2. Del elemento subjetivo

132. De acuerdo con la estructura de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
la verificación del elemento subjetivo supone, en primer lugar, la acreditación del
elemento objetivo, en tanto ambos presupuestos son concurrentes y se
encuentran estrechamente relacionados.

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133. En el caso concreto, al no acreditarse la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza del demandado, no resulta procedente abordar el
análisis del elemento subjetivo de la conducta

134. Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la solicitud
de pérdida de investidura y confirmará la sentencia de primera instancia.

135. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.

136. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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