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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2025-00181-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2025-00181-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2025-00181-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 660012333000202500181021
Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda
Solicitante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

TESIS: NO SE CONFIGURARON LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y
RECUSACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 11, NUMERALES 1, 13 Y 14 DE LA
LEY 1437 DE 2011. ESCRITO NO CUMPLIÓ CON REQUISITOS PARA
CONSIDERARSE UNA RECUSACIÓN FORMAL. EL ACCIONADO NO VOTÓ LA
RECUSACIÓN FORMULADA EN SU CONTRA NI LA PRESENTADA CONTRA SU
COPARTIDARIO. SENTENCIA C-1040 DE 2005 —REITERADA EN SENTENCIA C-
337 DE 2006— AL IGUAL QUE ESTA CORPORACIÓN JUDICIAL, HAN SEÑALADO
QUE LOS CONGRESISTAS NO PUEDEN INTERVENIR EN EL TRÁMITE DE SU
PROPIO IMPEDIMENTO, AUNQUE PUEDEN INTERVENIR PARA DECIDIR EL
IMPEDIMENTO DE LOS OTROS PARLAMENTARIOS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procederá a decidir el recurso de apelación interpuesto por
el actor contra la sentencia de 19 de agosto de 2025, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la
cual denegó la pérdida de investidura del señor JOHN ESTEBAN
GAÑÁN OSPINA, concejal de Pereira (Risaralda), por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, deben confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 66001 23 33 000 2025 00181 02
Solicitante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano MANUEL RICARDO REY VÉLEZ, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor
JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA, concejal de Pereira (Risaralda),
por hechos sucedidos dentro del período constitucional 2024-2027,
al considerar que incurrió en la causal prevista en los artículos 55,
numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 1,
de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, en consonancia con el
artículo 11, numerales 1, 13 y 14, de la Ley 1437 de 18 de enero de
20114, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado fue elegido concejal de Pereira (Risaralda), con el aval
de la coalición Alternativos (conformada por los partidos Alianza
Verde y Polo Democrático Alternativo), para el período constitucional
2024-2027, y que hizo parte de la misma lista de candidatos con el
señor HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, quien también fue
elegido concejal para el mismo período constitucional.

Sostuvo, respecto de la causal de impedimento y recusación prevista
en el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, que, según consta en el
acta 093 de la sesión ordinaria de 28 de junio de 2024, el accionado
fue recusado por la ciudadana MARITZA LADINO HERNÁNDEZ,
presuntamente por tener conflicto de intereses respecto de la

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.

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Solicitante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

elección del personero de Pereira (Risaralda), la cual fue puesta a su
consideración y no la aceptó. Y que, por lo tanto, tenía la obligación
legal de declararse impedido y salirse del recinto, sin quedarse a
hacer quorum para decidir su propia recusación.

Mencionó, con relación a la causal de impedimento y recusación
establecida en el artículo 11, numeral 13, de la Ley 1437, que el
accionado, a pesar de tener pendiente la decisión de la recusación
formulada en su contra, conformó quorum, participó y votó, sin
declararse impedido, las recusaciones presentadas contra los demás
concejales, que, como se anotó, coincidían con la suya: DIEGO
ALEJANDRO AGUDELO CARDONA, SEBASTIÁN CIRO URREA,
JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ MÉNDEZ, CARLOS MARIO GIL
CASTAÑEDA, ELKIN ALBERTO GUTIÉRREZ AGUDELO, HÉCTOR
AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, CAROLINA HERRERA
TABORDA, RODOLFO JOSÉ MARTÍNEZ BARRIOS, CAMILO
MONTOYA ISAZA, CARLOS HERNÁN MUÑOZ CHÁVEZ, NELSON
PULIDO ALARCÓN, JOAN MANUEL RÍOS BEDOYA, ANYELINE
SANDOVAL TRIANA, CARLOS ENRIQUE TORRES JARAMILLO,
GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA PELÁEZ y MAICOL LOPERA
CARDONA.

Señaló, en lo que respecta a la causal de impedimento y recusación
prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, que el
accionado no manifestó impedimento alguno para votar la recusación
formulada en contra de su copartidario, el concejal HÉCTOR
AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, ni se salió del recinto, actuación
dolosa y previsible pues conocía que estaba recusado, que tenía

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Solicitante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

pendiente por resolver una recusación y que se trataba de resolver
la recusación de su compañero de lista.

Estimó, entonces, que existió interés particular y directo del
accionado (i) en la participación de la decisión de su recusación; (ii)
en la recusación, sin declararse impedido, de los concejales DIEGO
ALEJANDRO AGUDELO CARDONA, CARLOS ENRIQUE TORRES
JARAMILLO, CAMILO MONTOYA ISAZA, ELKIN ALBERTO
GUTIÉRREZ AGUDELO, GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA
PELÁEZ, JOAN MANUEL RÍOS BEDOYA, MAICOL LOPERA
CARDONA, CAROLINA HERRERA TABORDA y CARLOS HERNÁN
MUÑOZ CHÁVEZ, quienes estaban recusados por idénticas razones;
(iii) y en la decisión de la recusación de su copartidario, el concejal
HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, sin declararse impedido
ni ausentarse del recinto, todo ello con la intención dolosa de
beneficiarse y beneficiar a los demás concejales, a pesar de ser
abogado de profesión con experiencia como concejal de La Virginia
(Risaralda), durante el período constitucional 2020-2023.

I.3.- El concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura con la que se opuso a dicha pretensión, para
lo cual arguyó, en síntesis, que no votó su propia recusación y que
la jurisprudencia es clara al exigir la “participación en debates y/o
votación” para la configuración de la causal de impedimento y
recusación establecida en el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437,
pues la mera presencia en el recinto, sin un acto de votación o debate
activo, no configura la participación requerida para la materialización
del conflicto de intereses.

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Solicitante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

Manifestó que tampoco votó la recusación formulada contra el
concejal HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, como se
evidencia en el video de la sesión de 28 de junio de 2024 (tramo: 1
hora y 20 minutos), por lo que no se cumple el elemento esencial de
la participación activa, impidiendo la configuración de esta causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral 14, de
la Ley 1437.

Alegó que la inferencia de dolo que hace el solicitante, a partir de su
formación, no tiene fundamento, y que precisamente por su
conocimiento y formación jurídica, estaba plenamente consciente de
las implicaciones legales de votar en un asunto en el que tenía un
interés. Y que, su decisión de no votar su propia recusación ni la de
su compañero de lista HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN,
no fue una omisión por ignorancia o negligencia, sino un acto
consciente y deliberado para ajustarse a los principios de probidad y
transparencia.

Sostuvo que, adicionalmente, y de conformidad con la sentencia C-
1040 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, no existió
irregularidad en haber hecho parte del quorum y votado los
impedimentos de los demás concejales, pues solo habría conflicto de
intereses si hubiese votado su propia recusación o si la votación
hubiera sido en bloque (conjunta).

En cuanto a la causal de impedimento y recusación prevista en el
artículo 11, numeral 13, de la Ley 1437, indicó que no existe norma
que le prohíba a un concejal participar en la votación de otras
recusaciones mientras la suya esté pendiente de decisión. Y que la

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dependencia de una recusación no implica automáticamente un
impedimento generalizado, ya que cada recusación debe analizarse
de manera independiente, considerando los hechos específicos que
la motivan.

Mencionó que su conducta no violó una norma específica ni actuó con
dolo o culpa grave, sino que, por el contrario, su participación en la
votación de recusaciones se enmarcó en el cumplimiento de sus
funciones como concejal, en un acto de trámite que no generó un
beneficio personal ni afectó la imparcialidad del procedimiento.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 19 de agosto de 2025, denegó la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual mencionó, luego de
un recuento probatorio, que el accionado no respondió el llamado a
lista inicial para conformar el quorum decisorio durante la sesión de
28 de junio de 2024, sino que se le reconoce su asistencia una vez
finalizó la votación (minuto 00:06:50). Y que, iniciado el punto
cuatro del orden del día, esto es, la votación de las recusaciones
contra los 17 concejales, el asesor jurídico del Concejo de Pereira
(Risaralda) hizo una explicación inicial del trámite a surtir.

Indicó que el secretario del concejo leyó la parte resolutiva de la
decisión de la Procuraduría Regional de Risaralda que ordenó
devolver el expediente contentivo de la recusación presentada por la
señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ en contra de 17
concejales, para que la plenaria deliberara y decidiera lo pertinente,
de conformidad con su reglamento. Y que, allí mismo se advirtió,
respecto de los concejales WILFOR LÓPEZ TORO y GUSTAVO

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ANDRÉS MONTES AYALA, que según acta de sesión extraordinaria
70 de 29 de mayo de 2024, ya se había aceptado sus impedimentos
para participar en la elección del personero de Pereira (Risaralda),
período 2024 2028, conforme reglamento interno y previo a la
radicación del escrito de recusación presentado por la señora
MARITZA LADINO HERNÁNDEZ.

Alegó, con relación a las causales de impedimento y recusación
previstas en el artículo 11, numerales 1 y 14 de la Ley 1437, que el
accionado no conformó el quorum ni participó en la votación de su
recusación ni en la del concejal HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ
TOBÓN, compañero de bancada en la coalición Alternativos
(conformada por los partidos Alianza Verde y Polo Democrático
Alternativo), por lo que no se probó el elemento objetivo; y que ello
obedeció a la dinámica establecida por el órgano colegiado para la
resolución de las recusaciones, tal como lo explicó el asesor jurídico
y el secretario de la corporación edilicia.

Sostuvo, con relación a la causal de impedimento y recusación
establecida en el artículo 11, numeral 13, de la Ley 1437, que el
accionado conformó el quorum y participó en la votación de las
recusaciones de los siguientes concejales: DIEGO ALEJANDRO
AGUDELO CARDONA, CARLOS ENRIQUE TORRES JARAMILLO,
CAMILO MONTOYA ISAZA, ELKIN ALBERTO GUTIÉRREZ
AGUDELO, GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA PELÁEZ, JOAN
MANUEL RÍOS BEDOYA, MAICOL LOPERA CARDONA,
CAROLINA HERRERA TABORDA, CARLOS HERNÁN MUÑOZ
CHÁVEZ, NELSON PULIDO ALARCÓN, RODOLFO JOSÉ
MARTÍNEZ BARRIOS, JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ MÉNDEZ,

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CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA, ANYELINE SANDOVAL
TRIANA y SEBASTIÁN CIRO URREA; y que, como tales
recusaciones se fundaron en los mismos motivos en los que se
sustentó la recusación que se había presentado contra el accionado,
a este le asistía un interés directo, particular y concreto en tal
decisión administrativa pendiente de decisión, frente a la cual no
manifestó impedimento alguno, por lo que se configuró el elemento
objetivo del conflicto de intereses.

Adujo, no obstante, lo anterior, que no se configuró el elemento
subjetivo porque la actuación del accionado obedeció al trámite que
decidió el Concejo de Pereira (Risaralda), teniendo en cuenta la
remisión realizada por la Procuraduría Regional de Risaralda, en la
que indicó que las recusaciones debían ser devueltas al órgano
colegiado para que la plenaria deliberara y decidiera lo pertinente,
de conformidad con su reglamento interno, y que se trataba de una
circunstancia sui generis que implicaba la recusación de todos los
concejales que podían votar, lo que no estaba regulado en el
reglamento interno de la Corporación. Y que, la regla instruida por el
asesor jurídico fue que los concejales, únicamente, no podrían
participar en su propia votación y en la de sus compañeros de
bancada, pero que, para los demás eventos, como el del caso
concreto, sí estaban habilitados.

Manifestó que la Corte Constitucional en sentencia C-1040 de 2005,
determinó la posibilidad de que los congresistas que manifiestan un
impedimento participen en la definición de otros impedimentos,
porque ello no vulnera ni la Constitución ni el reglamento interno,
aun tratándose sobre un mismo asunto y causal semejante. Y que lo

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ordenado por la Procuraduría, a partir de lo cual se sustentó el
trámite impartido en el Concejo de Pereira (Risaralda), implicó
compartir los fundamentos esbozados por el órgano de control, sin
que ello pueda catalogarse como injerencia o falta de competencia
en las decisiones de la corporación.

Agregó que tampoco puede predicarse un vacío reglamentario
absoluto, comoquiera que el Acuerdo 14 de 2022 expedido por el
Concejo de Pereira (Risaralda), sí reglamenta lo atinente a las
recusaciones, y que lo novedoso en el aspecto fáctico es
exclusivamente la recusación de todos los concejales, pero si estos
debían resolver de todos modos la recusación (con independencia
que fuera uno o todos los corporados), la abstención de todos en
votar o el planteamiento automático de un conflicto de competencias,
sería tanto como decir que la sola recusación de todos los concejales
les inhibiría de pleno derecho a votar las recusaciones de sus
compañeros, conclusión desprovista de todo asidero.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El actor interpone recurso de apelación en el cual solicita que se
revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se decrete la pérdida
de investidura, para lo cual sostiene que el Tribunal redujo
indebidamente el alcance de los artículos 11 de la Ley 1437 y 48 de
la Ley 617, al exigir que el concejal hubiera votado expresamente su
recusación, a pesar de que la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado (radicados 2024-00220 y 2024-00321) ha sostenido que la
simple integración del quorum constituye participación suficiente
para configurar el conflicto de intereses, incluso si no se vota. Y que

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tanto el reglamento interno del Concejo de Pereira (Risaralda) —
Acuerdo 14 de 2022— como los testimonios de los señores MARCO
ANTONIO ECHEVERRY MAURY y SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ,
son consistentes en manifestar que el quorum decisorio se establece
por concejales asistentes, razón por la cual, el accionado, al no
declararse impedido para resolver su recusación, y estar en el recinto
conformando el quorum decisorio a la hora de resolver su recusación,
quedó inmerso en la causal de impedimento y recusación del artículo
11, numeral 1, de la Ley 1437.

Aduce que ello también ocurre con la configuración de la causal de
impedimento y recusación del artículo 11, numeral 14, de la Ley
1437, pues el accionado integró el quorum decisorio y no se declaró
impedido para resolver la recusación de su compañero de lista al
Concejo de Pereira (Risaralda), con el aval de la coalición Alternativos
(conformada por los partidos Alianza Verde y Polo Democrático),
señor HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, en los términos
censurados por las sentencias de 26 de septiembre de 2024, 15 de
mayo de 2025 y 31 de julio de 2025, radicados
05001233300020240023701, 50001233300020240022001 y
27001233300020240003101, respectivamente, proferidas por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en la que no se exigió que el
funcionario votara sino que, para que se configurara la causal, bastó
su permanencia en la sesión sin declararse impedido.

Señala, con relación a la materialización de la causal de impedimento
y recusación del artículo 11, numeral 13, de la Ley 1437, que el
procedimiento adelantado por el Concejo de Pereira (Risaralda), para
decidir las recusaciones de los concejales, obedeció a una asesoría

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jurídica erróneamente instruida por el abogado del cabildo, SERGIO
MARTÍNEZ LÓPEZ, toda vez que: (i) la Procuraduría Regional de
Risaralda declaró su incompetencia; (ii) ese concejo tampoco tenía
competencia para resolver las recusaciones, lo que obligaba a
plantear un conflicto negativo de competencias según el artículo 39
de la Ley 1437; (iii) aplicó una norma especial (Ley 5ª), a pesar de
que el concejo tiene normas propias especiales (leyes 136 y 617), y
sin que el reglamento interno hiciera remisión a aquellas,
procedimiento ‘inventado’ que fue acatado sin objeción alguna por
los miembros de la corporación.

En cuanto al elemento subjetivo, arguye que el accionado tenía claro
su actuar y quería realizarlo de esa forma, no en vano es abogado
de profesión, con experiencia en lo público pues fue concejal de
Pereira (Risaralda) en los periodos constitucionales 2020-2023 y
2024-2027, situaciones que le imponían un conocimiento de la norma
superior al de cualquier ciudadano del común. Y que la Corte
Constitucional (SU-424 de 2016) y el Consejo de Estado han
establecido que la buena fe calificada exige consultas suficientes y
razonables ante duda jurídica, lo que le impedía al accionado
conformarse con un solo criterio jurídico, toda vez que ello configura
ignorancia supina en grado de culpa grave, sancionable con pérdida
de investidura.

Agrega que el accionado: (i) no formuló una consulta técnica y
completa sobre la configuración del conflicto de intereses, sino que
redujo el análisis a si podía permanecer en el recinto o no; (ii) no
contrastó la respuesta obtenida con la abundante jurisprudencia que
ya era pública y reiterada respecto a la integración del quorum como

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elemento configurativo del conflicto; y, (iii) con conocimiento de su
formación y experiencia política, aceptó una interpretación contraria
a la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, lo cual excluye
cualquier alegación de error invencible y, por tanto, impide la
aplicación de la buena fe calificada.

Indica que el a quo acogió la idea de que el concejal actuó siguiendo
instrucciones de la mesa directiva, sin embargo: (i) el deber de
transparencia y abstención es personalísimo e indelegable, y que
ningún concepto jurídico ni decisión interna lo libera de su
responsabilidad; y, (ii) la buena fe calificada exige apartarse cuando
hay duda razonable, y en este caso la duda era evidente porque se
trataba de su propia recusación y la de su compañero de lista.

Solicita que sean decretadas las pruebas consistentes en oficiar a la
Registraduría Nacional del Estado Civil —para que certifique la
integración completa de la lista de candidatos al Concejo de Pereira
(Risaralda) para el período 2024–2027 por el Partido Alianza Verde,
precisando su inscripción, número de lista e integrantes— y al
Concejo de Pereira (Risaralda) —para que remita la información
relacionada con la formación académica y experiencia profesional del
accionado, así como los antecedentes de su desempeño en periodos
anteriores, de conformidad con lo solicitado en los derechos de
petición radicados oportunamente—.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, se descorrió así:

IV.1.1.- El accionado guardó silencio.

IV.1.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público, a través de
concepto 507-25 de 14 de octubre de 2025, solicitó confirmar la
sentencia recurrida, para lo cual menciona que el invocado artículo
11, numerales 1 y 14, de la Ley 1437, no prevé que permanecer en
el recinto del concejo mientras se decida la recusación formulada en
contra del accionado, y de su compañero de bancada, implique su
configuración, sumado a que no participó ni votó durante el trámite
de tales recusaciones.

Por otra parte, sostiene que, respecto de la causal de impedimento y
recusación prevista en el artículo 11, numeral 13, de la Ley 1437, se
configuró objetivamente el conflicto de intereses al no haberse
declarado impedido para resolver las recusaciones formuladas contra
el resto de sus compañeros concejales, y haberlas votado, pues el
accionado tenía una “[…] decisión administrativa pendiente en que
se controvertía la misma cuestión jurídica que él debía resolver […]”,
esto es, la decisión de las recusaciones.

Señala que, sin embargo, el elemento subjetivo no se configuró
porque los concejales en pleno decidieron un procedimiento que
implicaba que resolverían las recusaciones de sus compañeros,
excepto cuando se tratara de un miembro de una misma bancada, y

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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así sacarían adelante la elección del personero municipal, trámite
respecto del cual se recusó a los corporados. Y que, si el concejo
recibió un auto proferido por la Procuraduría General de la Nación,
autoridad disciplinaria que le indicó que debía decidir las
recusaciones según las normas aplicables, lo razonable y evidente es
que se entendiera como una confirmación de la competencia que
tenía para hacerlo, lo que demuestra diligencia y apego a las
disposiciones normativas.

Aseveró que ello no demuestra un actuar doloso o gravemente
culposo del accionado puesto que, además, todos siguieron la
asesoría impartida por el abogado del concejo, y como se evidencia
en la grabación de la sesión, se buscó aplicar un procedimiento
acorde con lo que, en sana lógica, permitía resolver la situación para
continuar con la elección del personero municipal.

IV.2.- La Sala, a través de auto de 23 de septiembre de 2025, ordenó
oficiar al Concejo de Pereira (Risaralda) y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil para que allegaran al proceso las respuestas a los
derechos de petición radicados por el actor ante dichas entidades el
7 y 11 de julio de 2025, respectivamente, y de esta forma se acatara
lo dispuesto por esta Corporación en el auto de 5 de septiembre de
2025. Una vez llegaron estos documentos, fueron incorporados al
expediente, se corrió traslado y no hubo pronunciamiento alguno de
las partes.

IV.3.- Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, la Sala decidió no
avocar la solicitud de proferir sentencia de unificación jurisprudencial
presentada por el señor agente del Ministerio Público a través de su

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Solicitante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

concepto 507-25 de 14 de octubre de 2025, luego de establecer que
no satisfizo los requisitos formales previstos en el artículo 271 de la
Ley 1437, habida cuenta que, en primer lugar, el presente asunto se
tramitó en el Tribunal Administrativo de Risaralda en sede de primera
instancia, que no en única o segunda instancia, como lo condiciona
la última parte del inciso primero de esta norma; y, porque en
segundo lugar, lo que se pidió unificar no recaía sobre
interpretaciones o criterios divergentes frente a cada una de las
causales de impedimento y recusación establecidas en el artículo 11
idem, sino en relación con la forma de proceder en caso de que estas
situaciones afectaran a toda la corporación o a su mayoría.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el señor JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA, concejal de
Pereira (Risaralda), incurrió en la causal prevista en los artículos 55,
numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
consonancia con el artículo 11, numerales 1, 13 y 14, de la Ley 1437,
esto es por violación al régimen de conflicto de intereses, luego de
conformar el quorum durante la sesión de 28 de junio de 2024, sin
declararse impedido, para decidir la recusación que se había
formulado en su contra y de su compañero de bancada, señor
HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, así como después de
haber integrado el quorum y votado la recusación formulada contra
el resto de los miembros del Concejo de Pereira (Risaralda), sin

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declararse impedido, a pesar de que tal recusación era del mismo
tenor que la presentada en su contra.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales6

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55.- Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[…] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70, de la Ley 136 de 2 de junio de 19947,
y, previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.
7 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.

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siguiente definición conceptual que instruye la aplicación de esa
figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numerales 1, 13 y 14, de la Ley 1437, en
cuanto al conflicto de interés y las causales de impedimento y
recusación, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser
recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control
o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
(…)

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero
civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la
misma cuestión jurídica que él debe resolver.

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14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado
en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores [...]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

La Sección8 ha determinado que con causal de conflicto de intereses
se procura castigar la posibilidad de que los concejales pretendan,
con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios, ventajas
o privilegios personales, en detrimento de la comunidad,
desconociendo precisamente el interés general que debe guiar el
ejercicio de sus funciones; esto es, cuando el accionado tiene interés
directo en el asunto que se encuentra conociendo porque le afecta
en forma personal, o a su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su
socio o socios de derecho o de hecho, ya sea de orden moral o
económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del

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órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quorum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos9.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de

2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general10
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena11 se ha pronunciado afirmando que el interés debe
entenderse como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”12 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”13.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo

10 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de

radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,

número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de

1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de

2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”14.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya

14 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero

ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”15 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

15 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,

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surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento16;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.3.- Del caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso17, pudo verificar lo siguiente:

El accionado, señor JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA, junto con el
señor HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, integraron la lista
de candidatos de la coalición Alternativos (conformada por los
partidos Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo) para el
Concejo de Pereira (Risaralda) durante las elecciones territoriales de
29 de octubre de 2023, resultando elegidos para el período
constitucional 2024-2027, tal como consta en el formulario E-26 CON
de 4 de noviembre de 202318, expedido por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, así como en los formularios E27
de 4 de noviembre de 2023, contentivos de sus respectivas
credenciales.

Según acta 001 de 2 de enero de 2024 de la sesión plenaria ordinaria
de esa fecha, el accionado tomó posesión de su cargo de concejal de
Pereira (Risaralda), para el período constitucional 2024-2027, así
como también lo hizo su copartidario, el concejal HÉCTOR
AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN.

16 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de

2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.
17 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
18 Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/views/electoral/historicos-
resultados.php].

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A través de memorial de 6 de mayo de 2024, con radicado 20240506-
596-E, la ciudadana MARITZA LADINO HERNÁNDEZ, quien se
refirió a sí misma como ‘estudiante universitaria’, radicó ante el
Concejo de Pereira (Risaralda), un escrito que denominó ‘solicitud de
recusación contra todos los concejales del municipio de Pereira’, en
el marco del trámite de elección del personero de ese ente territorial
—período 2024-2028 — mediante el cual criticó la forma cómo se
estaba adelantando dicho proceso, señaló la existencia de intereses
políticos y falta de imparcialidad de todos los miembros de ese
cabildo, y alegó que aquellos lo planearon para perjudicar al
verdadero ganador de ese concurso, el señor JULIÁN ZAPATA,
quien habría sufrido ‘toda suerte de injusticias hasta intentaron
excluirlo del Concurso’, así:

“[…] Pereira,

Señores
Mesa Directiva Concejo Municipal de Pereira
CARLOS MARIO GIL
CARLOS HERNÁN MUÑOZ
SEBASTIÁN CIRO

Ciudad

ASUNTO: Concurso de Personero Municipal de Pereira 2024 -2028.
SOLICITUD DE RECUSACIÓN.

Maritza Ladino Hernández, identificada con la cedula
1093984310, con el debido respeto, me dirijo ante ustedes,
con el propósito de elevar RECUSACIÓN CONTRA TODOS
LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PREIRA bajos los
parámetros de la Ley 1437 DE 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), artículo 11 y subsiguientes, conforme a los
siguientes argumentos:

• En fecha 3 de Abril de 2024, el medio de comunicación la W,
publica lo siguiente:
https://twitter.com/WRadioColombia/status/17756408353688497

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43, en relación con el proceso de elección del Personero Municipal
de Pereira, 2024 – 2028, y la fase relativa a la entrevista, en la cual
se evidencian presuntas irregularidades, además de las
presuntas actuaciones irregulares y carentes de
imparcialidad que la mesa directiva y la plenaria del Concejo
Municipal de Pereira, habrían realizado con miras a
favorecer a uno u otro candidato, las cuales al parecer se
venían planeando desde el año 2023, esto según el medio de
comunicación El Expreso, quien tres días antes sabía quién
sería el ganador de ese concurso y lo dio a conocer a la
opinión pública, lo cual denota las posibles maniobras
fraudulentas que han rodeado este proceso, lo cual se puede
demostrar con el siguiente link:
https://www.tiktok.com/@elexpresodia/video/7317437250122403
078.

• Algunos concejales del Concejo Municipal de Pereira, han
tratado de intimidar la ciudadanía para que no ejerzamos
control social, amenazando con denunciar en todas las
instancias jurídicas posibles, pero los estudiantes
Universitarios tenemos la valentía de luchar por los ideales
de impedir que las esferas de corrupción se apoderen de
posiciones tan importantes como la Personería de Pereira, y
continuaremos en estos ejercicios, asesorados o no, simplemente
con el ánimo de hacer respetar el Estado Social, Democrático, de
Derecho, Social, y Ecológico.

• Ahora bien, es evidente los intereses alejados de la
objetividad del actual Concejo Municipal de Pereira, liderado
por el hoy Concejal y anteriormente candidato a la Alcaldía
de Pereira, Maicol Lopera, quien perdió en su aspiración a la
Alcaldía y hoy presuntamente quiere a toda costa imponer
Personero de parte del partido liberal como es el caso del
Procurador inhabilitado, con quien se dice que al parecer
desde el año 2022, venían planeando su designación en este
cargo, prueba de ello son las intervenciones que realiza este
Concejal, quien en lugar de dedicarse a hacer una oposición seria
desde su rol de candidato no ganador, recibe instrucciones para
materializar la designación del Abogado Reales como Personero de
Pereira, desde ya pido a la Procuraduría Regional revisar las
intervenciones del Concejal Lopera en el reciente período de
sesiones extras, por lo que él y la bancada del Partido
Liberal, están abiertamente impedidos y denotan su interés
ilegal en el proceso de elección del Personero de Pereira,
esto sumado a que efectivamente corroborando con la
sesión en la que se llevó a cabo la fase de entrevista, y los
puntajes que fueron publicados efectivamente se demuestra
el interés por favorecer al candidato que tuvo el peor

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desempeño en dicha prueba,
https://caracol.com.co/2024/04/05/las-inconsistencias-e-
inhabilidades-de-leonardo-reales-para-ser-personero-de-pereira/.

• Los demás Concejales, igualmente estarían impedidos
pues tuvieron relación de amistad o enemistad con la
Personera saliente Sandra Cárdenas, por cuanto algunos
han mantenido relación de control político sobre ella por el
lapso de dos períodos y otros un período, como son: CAMILO
MONTOYA, CARLOS TORRES, CARLOS GIL, CARLOS MUÑOZ,
ALEJANDRO DE LA CRUZ, MAICOL LOPERA, ESTEBAN
GAÑÁN, HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ, CARLOS ENRIQUE
TORRES, GUSTAVO VILLANUEVA, JOAN MANUEL RÍOS,
ANYELINE SANDOVAL, GUSTAVO ANDRÉS MONTES, ELKIN
ALBERTO GUTIÉRREZ, DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ, y el
concejal WILFOR LÓPEZ, quien actualmente está siendo
investigado por la personería de Pereira.

• En los concejales nuevos, resulta muy evidente el interés
de los concejales como Nelson Pulido, Rodolfo Martínez
Barrios y Carolina Herrera, por elegir al procurador
barranquillero como personero de Pereira, hasta en medios
como vocero oficial del Concejo de Pereira, el concejal Pulido
ha dado declaraciones públicas, lo cual llama mucho la
atención de quienes estamos haciendo este control social,
por cuanto acaso el vocero oficial de la Corporación no es el
Presidente que según sabemos es el Concejal Carlos Gil.

• Adicionalmente, desde la mesa directiva del concejo se ha
generado una falta de gestión, orden y control del concurso,
siendo la misma entidad la encargada de velar porque el
concurso no se vea contaminado por actos de afecten su
legalidad, por cuanto dos de los tres candidatos
evidentemente no pueden continuar en el proceso. El señor
Reales, siendo procurador provincial y autoridad en el
municipio de Pereira a la que además de no conocer, ofendió
a la ciudadanía con una penosa, vergonzosa y mediocre
presentación en su entrevista como lo registraron medios de
comunicación locales y nacionales. Ese señor, participó en el
curso con todos los intereses como autoridad y ente de control
asignado al concurso, la señora Cárdenas, se inscribió y participó en
el concurso siendo personera y autoridad en el municipio de Pereira,
queriendo de manera abusiva perpetuarse en dicha entidad estatal.
Sin embargo, el tercero de los candidatos, el señor Zapata a
quien se le alegó una inhabilidad que fue negada por la
comisión accidental, es el único que ha demostrado no estar
inmerso en cuestionamientos que comprometen su
integridad para el cargo, y a pesar de que en el concurso se

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debieron excluir, no fueron sacados del mismo.

• Ahora bien, todo esto ha sido planeado para perjudicar al
verdadero ganador de este concurso y quien ha sufrido toda
suerte de injusticias hasta intentaron excluirlo del Concurso,
como es el caso de Julián Zapata, quien en la fase de
entrevista obtuvo el peor puntaje y quien como es el único
apto para ser Personero de Pereira, la plenaria al parecer ha
hecho todo para sacarlo y que cualquiera de los dos bandos
resulten ganadores o con el procurador o la ex personera.

• Conforme a lo anterior, la plenaria del Concejo de Pereira, se
encuentra inmersa en un CONFLICTOS DE INTERESES Y CAUSALES
DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN, establecidas en los numerales
1, 10, 14 y 15 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra
dicen:

“ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho.

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior,
socio de alguna de las personas interesadas en la actuación
administrativa o su representante o apoderado en sociedad
de personas.

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.

15. Haber sido recomendado por el interesado en la
actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público

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o haber sido señalado por este como referencia con el mismo
fin.”

La recusación es un mecanismo procesal a través del cual las partes
e intervinientes reclaman la separación de la autoridad judicial que
conoce del asunto, por configurarse alguna circunstancia
previamente definida en la ley, que afecta su imparcialidad y
objetividad como sucede en este caso. Por lo que, si usted profiere
decisión teniendo sus conceptos marcados, o predeterminados, no
existen garantías procesales debido que desnaturaliza los principios
que rigen la administración de justicia.

Por lo anterior, los jueces de la jurisprudencia constitucional han
reconocido dos dimensiones de la noción de imparcialidad: i)
subjetiva, es decir, “la probidad del juez, de manera que éste no se
incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de
los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate,
debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra
dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”; y ii)
objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, ‘de
modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de
vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al
respecto”.

Sobre las situaciones que puedan derivarse de un conflicto de
intereses, los jueces de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en concepto con Radicación No: 1.903 del 15 de
mayo de 2008, consejero ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo,
estableció:

“El conflicto de intereses. Sobre este tema la Sala mediante
Concepto de abril 28 de 2004 M.P Flavio Rodríguez Arce con
radicación 1572, dijo:

"El conflicto de intereses: Es una institución de transparencia
democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1 Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el
interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a
declararse impedido a quien deba tomarla.

2.2 Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista
sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su
influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para
terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los

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relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos
personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente
al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente
subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al
reglamento, da lugar a la recusación.

2.3 Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la
transparencia de la decisión - para el caso, la motivación del
voto -. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en
forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley.
Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado
y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés
dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión
sea determinada por el interés particular en detrimento del
interés público”.

Frente a las causales de conflicto de intereses en las que puede
incurrir un concejal por las cuales deba declararse impedido ante la
corporación, la Ley 136 de 1994 señala:

“ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el
cual los concejales consignarán la información relacionada
con su actividad económica privada. Dicho registro será de
público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal, que no se haya comunicado a la respectiva
corporación, podrá recusarlo ante ella.”

Así las cosas, cuando para los concejales exista interés directo en
determinada decisión, deberá declararse impedido de participar en
los debates o votaciones respectivas ante la corporación.

Cabe recordar que conforme al artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
es causal de perdida de investidura para los concejales la violación
al régimen de conflicto de intereses:

“ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados,

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concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general.”

Las normas de la República de Colombia indican deberes a los
funcionarios públicos, cuyo incumplimiento puede acarrear
sanciones de índole disciplinaria o penal, con el propósito de
fomentar una recta administración de justicia y el respeto a los
derechos fundamentales de quienes intervienen el proceso y es lo
que se reclama con esta recusación.

La imparcialidad e independencia judicial, la ley contempla el
impedimento y la recusación como el mecanismo jurídico para
preservar el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales,
a quienes corresponde apartarse del proceso de su conocimiento
cuando se tipifica en su caso específico alguna de las causales que
se encuentran expresamente descritas en la ley. Estas instituciones
integran el derecho al debido proceso, Y son previsiones de orden
público y riguroso cumplimiento. La imparcialidad del juzgador es
principio fundamental de la administración de justicia y constituye
además una garantía constitucional, con categoría de derecho
fundamental, que hace parte del debido proceso judicial.

PRUEBAS

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-https://caracol.com.co/2024/04/05/las-inconsistencias-e-inhabilidades-
de-leonardo-reales-para-ser-personero-de-pereira/
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Y5NDQwMCZpZ3VpZD0yZDRjOWU1My01NmVmLTZjYTctMmY2ZC04YTA
yNTc0MDZkNWMmaW5zaWQ9NTI3MA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=2d4
c9e53-56ef-6ca7-2f6d-
8a0257406d5c&psq=LEONARDO+FABIO+REALES+CHAC%c3%93N+SI
GEP&u=a1aHR0cHM6Ly9jYXJhY29sLmNvbS5jby8yMDI0LzA0LzA1L2xhcy
1pbmNvbnNpc3RlbmNpYXMtZS1pbmhhYmlsaWRhZGVzLWRlLWxlb25hc
mRvLXJlYWxlcy1wYXJhLXNlci1wZXJzb25lcm8tZGUtcGVyZWlyYS8&ntb=1
-https://www.wradio.com.co/2024/04/04/denuncian-irregularidades-en-
eleccion-de-personero-de-pereira/

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-Sesiones Concejo Municipal de Pereira, de enero a la fecha, en las
que se ha abordado cualquier tema alusivo a elección de Personero
Municipal.
-Solicito a la Procuraduría Regional de Risaralda verificar todo lo
expuesto en este escrito con las pruebas por mi indicadas, con base
en los hechos.

PETICIÓN

Conforme a los anteriores argumentos facticos y jurídico darle
trámite a la RECUSACIÓN planteada, separándose del trámite
del Concurso de Personero Municipal de Pereira, para el
periodo 2024-2028, a los 19 concejales que hoy se
relacionan con dicho proceso, conforme a lo establecido en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Adicionalmente, mesa directiva y
más concretamente señor presidente, si en verdad les importa
el proceso, menos campaña tan temprano y más trabajo por
la ciudad, por quienes creyeron en ustedes, más presencia
institucional y menos visitas a pueblos como parte de su
próxima candidatura o aspiración política, hace mucho
habrían evitado y/o saneado tantas irregularidades y
permito que alguien decente represente los intereses de la
ciudadanía Pereirana, si en verdad les interesara.

MARITZA LADINO HERNÁNDEZ
CC: 1093984310 Email: mlsh54300@gmail.com […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Ante ello, el presidente del Concejo de Pereira (Risaralda), a través
de memorial del mismo día —6 de mayo de 2024— radicado en la
Procuraduría Regional de Risaralda con consecutivo E-2024-291895,
y como quiera que para el día siguiente estaba programada la
elección del personero, le solicitó a la procuradora resolver la
‘recusación’ en esa plenaria de 7 de mayo, toda vez que se estaban
presentando situaciones externas que retrasaban la referida elección
y que ocasionaban la suspensión del proceso porque, al recusarse a
toda la corporación, debía trasladarse al ente de control disciplinario
para su decisión por competencia:

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“[…] Código 20-10-02

Pereira, 6 de mayo de 2025

Doctora:
Lina María Aldana Acevedo
PROCURADORA REGIONAL DE RISARALDA
CALLE 20 No 6 – 30
regional.risaralda@procuraduria.gov.co
Ciudad

Asunto: Petición de acompañamiento y traslado recusación.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento el concejo municipal de Pereira viene
adelantando el proceso de ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL
DE PEREIRA, PARA EL PERIODO 2024 – 2028, en dicho proceso
se vienen presento situaciones externas que están
atrasando la elección de personero, mediante recusaciones
a todos los integrantes del concejo, lo que genera la
suspensión del proceso al trasladarlo por competencia a la
procuraduría regional para lo de su conocimiento.

El día de hoy a las 10:31 am ingresó una solicitud de
recusación contra los 19 concejales, la cual por Ley debe ser
resulta por la Procuraduría, al ser recusado la totalidad de
los integrantes del concejo Municipal de Pereira.

Teniendo presente que la elección de personero está
programada para el día de mañas 7 de mayo de 2.024 a las
9 Am, solicito su valiosa colaboración en resolver la
recusación de los concejales el dia de mañana en plenaria y
así poder continuar con el trámite de elección programado.

Lo anterior para evitar que el proceso de elección de
personero se vuelva a suspender se dará traslado de la
recusación a todos los concejales en plenaria del 7 de mayo
de 2.024 y resuelta esta se da traslado a la procuraduría para
lo de su competencia.

Por lo anterior señora procuradora Lina María Aldana Acevedo con
fundamento en sus atribuciones Constitucionales y legales,
solicitamos de su valiosa colaboración en la delegación de
un funcionario para que nos acompañe en las instalaciones
del concejo municipal y el cual pueda decidir de la admisión
o rechazo de la recusación contra la totalidad de los
concejales, que se presentó el día de hoy.

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Fecha de la plenaria martes 7 de mayo de 2.024.

Anexo escrito de recusación.

Cordialmente,

CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA
Presidente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con auto de 6 de mayo de 2024, mediante oficio PRR-0510 de 7 de
mayo de 2024, la procuradora regional de Instrucción Risaralda le
devolvió las diligencias al presidente del Concejo de Pereira
(Risaralda), para que, dentro de los 5 días siguientes, cada concejal
manifestara si aceptaba o no las causales de recusación alegadas por
la señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ, luego de lo cual debía
regresar el expediente al ente de control para lo pertinente.

No obstante, a través de auto de 29 de mayo de 2024, la procuradora
regional nuevamente devolvió las diligencias al Concejo de Pereira
(Risaralda), porque si bien en el acta 061 de la sesión extraordinaria
de 7 de mayo de 2024, los concejales manifestaron no aceptar la
recusación, dicha expresión, por sí sola, carecía de la ‘suficiente
significación’ para establecer la razón de esa negativa. Motivo por el
cual les exigió a los concejales que, además del ‘no’, expresaran las
razones y fundamentos de su postura.

Luego de realizar la sesión extraordinaria de 29 de mayo de 2024,
en la que se recogió el pronunciamiento de cada concejal, el Concejo
de Pereira (Risaralda) remitió las diligencias a la Procuraduría
Regional de Risaralda quien, a través de auto de 19 de junio de 2024,
volvió a retornarle el expediente contentivo de la recusación
presentada por la señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ:

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(I) Para que fuese la plenaria de ese cabildo la que la deliberara y
decidiera, de conformidad con su reglamento interno y las razones
expuestas en dicho proveído, respecto de aquellas que involucraban
a los concejales DIEGO ALEJANDRO AGUDELO CARDONA,
SEBASTIÁN CIRO URREA, JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ
MÉNDEZ, JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA, CARLOS MARIO GIL
CASTAÑEDA, ELKIN ALBERTO GUTIÉRREZ AGUDELO, HÉCTOR
AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, CAROLINA HERRERA
TABORDA, RODOLFO JOSÉ MARTÍNEZ BARRIOS, CAMILO
MONTOYA ISAZA, CARLOS HERNÁN MUÑOZ CHÁVEZ, NELSON
PULIDO ALARCÓN, JOAN MANUEL RÍOS BEDOYA, ANYELINE
SANDOVAL TRIANA, CARLOS ENRIQUE TORRES JARAMILLO,
GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA PELÁEZ y MAICOL LOPERA
CARDONA; así lo determinó el órgano de control disciplinario:

“[…] Visto lo anterior, para el caso de la presente recusación
se concluye que los concejales del municipio de Pereira,
únicamente están impedidos para decidir sobre su propia
recusación o impedimento, en la medida que, en el trámite
de votación de los impedimentos o recusaciones de estos
servidores públicos, pueden participar todos, con excepción
del concejal cuyo impedimento se esté analizando y/o
pertenezcan a la misma bancada [por ser causal de
impedimento].

Con base en las consideraciones que anteceden es diáfano, para
esta Procuraduría Regional, que en el Concejo municipal de
Pereira no se afecta el quorum para decidir las recusaciones
planteadas por Maritza Ladino Hernández porque (i) ni la
Constitución ni la Ley ni el reglamento previeron la
recusación o el impedimento como causal de afectación de
quorum; (ii) cada solicitud de recusación que no es aceptada
–por el concejal–, debe ser votada por los demás concejales
de manera individual y separada, en atención a la
especificidad de cada caso en particular, y sin incluir al
concejal sobre quien esta se decide; (iii) no aceptada la
recusación, salvo que pertenezca a la misma bancada, entra
a formar parte del quorum para decidir la siguiente
recusación y así sucesivamente; y (iv) aceptada la

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recusación, deberá ser excluido para la elección del
Personero del periodo 2024-2028, lo que obligará a la
recomposición del quorum, conforme está previsto en el
reglamento interno, en especial, el artículo 134 Superior […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

(II) Y, con relación a los concejales WILFOR LÓPEZ TORO y
GUSTAVO ANDRÉS MONTES AYALA, para que tuviera en cuenta
que, según el acta de sesión extraordinaria 70 de 29 de mayo de
2024, ya habían sido aceptados sus impedimentos para participar en
la elección del personero de Pereira —período 2024 2028— conforme
al reglamento interno y previo a la radicación del referido escrito de
recusación.

El 28 de junio de 2024, según consta en el acta 093 de 28 de junio
de 2024 y su grabación en video19, tanto el accionado como su
copartidario HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, asistieron
y contestaron el llamado a lista durante la sesión plenaria ordinaria
del Concejo de Pereira (Risaralda), y, dentro del trámite encaminado
a efectuar la elección del personero, fue sometida a discusión el
memorial de 6 de mayo de 2024, presentado por la señora MARITZA
LADINO HERNÁNDEZ, radicado a título de recusación contra todos
los concejales de Pereira (Risaralda).

En este sentido, el asesor jurídico del Concejo de Pereira (Risaralda),
SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ, explicó que la corporación había
enfrentado situaciones similares en meses anteriores, con múltiples
recursos judiciales que buscaban dilatar el proceso de elección del
personero, a tal punto que en el mes de enero la Procuraduría
Regional de Risaralda había rechazado una recusación presentada de

19 Disponible en el enlace: [https://www.youtube.com/watch?v=hvtbZGQYOjM&t=1922s].

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manera general por considerarse temeraria, ordenando continuar
con el proceso de elección del personero.

Así, de acuerdo con la grabación en video de la referida sesión y el
contenido del acta 093 de 28 de junio de 2024, luego de que el
presidente solicitara el retiro de la sesión plenaria de los concejales
WILFOR LÓPEZ TORO y GUSTAVO ANDRÉS MONTES AYALA, a
quienes se les había aceptado sus impedimentos, el asesor jurídico
de la corporación, SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ, intervino en la
sesión con el fin de explicar el procedimiento que se debía seguir
para tramitar el escrito de 6 de mayo de 2024, presentado por la
señora MARITZA LADINO HERNÁNDEZ, definiendo así las
siguientes reglas:

“[…] Vamos entonces a explicar cuál es el proceso.:

La Procuraduría Regional de instrucción de Risaralda nos
devuelve la recusación que se les había enviado, la
recusación presentada por la señora Maritza Ladino
Hernández, el 6 de mayo, manifestando que nosotros en
plenaria debemos resolver dicha recusación.

De acuerdo al procedimiento que se ha adoptar y lo que ha tenido
la jurisprudencia y las altas cortes donde le dan aplicación a la forma
de votar y nos homologan a lo que se asemeja en el Congreso de la
República, nos dicen que cuando se presenta este tipo de
recusaciones lo que hemos de hacer es lo siguiente:

Primero, el concejal que se recuse se le informa las causales
por las cuales lo están recusando, posteriormente el
concejal manifiesta si acepta o no acepta dicha causal.
Posteriormente la plenaria vota si acepta o no acepta los
argumentos dados por el concejal en el tema de aceptar o
no aceptar dicha recusación.

Como en el caso que nos ocupa están los 19 concejales
recusados de los cuales dos ya tienen autorización por
plenaria para retirarse, por un conflicto que tiene, entonces
quedan los 17 restantes. Entonces los 17 tienen que entrar

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a votar y aquí vamos a aplicar el concepto también de
bancadas, cuando se recusa ejemplo al partido liberal, a un
concejal del partido liberal, este explicará si está de acuerdo
o no está de acuerdo con la recusación, plenaria vota sobre
lo manifestado por este, si la acepta o la rechaza, pero su
partido no vota por ese concejal y así cada partido que esté
conformado o que tenga plenarias. Posterior a la votación de
los 17 concejales restantes se decide en plenaria entonces,
si se acepta o si se rechaza la recusación, si se acepta pues se
el trámite necesario, si se rechaza se devolverá a la peticionaria
informándole que esta ha sido rechazada. […]”. (Negrilla de la Sala)

El secretario general de la corporación dio lectura de la parte
resolutiva de la decisión de la Procuraduría Regional de Risaralda, así
como al escrito de recusación presentado por la señora MARITZA
LADINO HERNÁNDEZ, del siguiente modo:

“[…] Primera causal. La primera causal alegada consiste en
primera: tener interés particular y directo en la regulación,
gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de
derecho.

Segunda causal. La segunda causal alegada que consiste en ser
el concejal su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna
de las personas interesadas en la actuación administrativa o su
representante o apoderado en sociedad de personas.

Tercera causal. La tercera causal alegada haber hecho parte de
listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular
inscritas o integradas también por el interesado en el período
electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.

Cuarta causal. La causal cuarta consiste en que, dentro del año
anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como
representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro
de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad,
asociación o grupo social o económico interesado en el asunto
objeto de definición. […]”.

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Seguidamente, se inició la votación por separado del escrito de
recusación en contra de la totalidad de la corporación —17
concejales, excluyendo los 2 impedidos— trámite en el que el
accionado participó y votó en la decisión de negar los
cuestionamientos de imparcialidad formulados en contra de cada uno
de los concejales, mientras que, respecto del suyo y de su
copartidario, se abstuvo de hacerlo, conforme se evidencia en el acta
093 de 28 de junio de 2024 y se resume en el siguiente cuadro:

VOTÓ
CONCEJAL RECUSADO EL 6 DE MAYO DE PARTIDO O NEGACIÓN
2024 POR MARITZA LADINO HERNÁNDEZ MOVIMIENTO DE LA
RECUSACIÓN
Partido Liberal
DIEGO ALEJANDRO AGUDELO CARDONA Sí
Colombiano
Partido Liberal
CARLOS ENRIQUE TORRES JARAMILLO Sí
Colombiano
Partido Liberal
CAMILO MONTOYA ISAZA Sí
Colombiano
Partido Liberal
ELKIN ALBERTO GUTIÉRREZ AGUDELO Sí
Colombiano
Partido Liberal
GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA PELÁEZ Sí
Colombiano
Partido Liberal
JOAN MANUEL RÍOS BEDOYA Sí
Colombiano
MAICOL LOPERA CARDONA Alianza por Pereira Sí
Agrupación Política En
CAROLINA HERRERA TABORDA Sí
Marcha
CARLOS HERNÁN MUÑOZ CHÁVEZ Partido Cambio Radical Sí
Partido Centro
NELSON PULIDO ALARCÓN Sí
Democrático
Partido Centro
RODOLFO JOSÉ MARTÍNEZ BARRIOS Sí
Democrático
Partido Conservador
JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ MÉNDEZ Sí
Colombiano
Partido De La U-Partido
CARLOS MARIO GIL CASTAÑEDA Sí
Político MIRA
Partido De La U-Partido
ANYELINE SANDOVAL TRIANA Sí
Político MIRA
Movimiento Salvación
SEBASTIÁN CIRO URREA Sí
Nacional
HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN Alternativos No votó
JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA
Alternativos No votó
(accionado en el caso concreto)

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Al final, la recusación colectiva de 6 de mayo de 2024 se negó para
cada uno de los concejales, y tal como se aprecia, el accionado votó
dicha negativa, y no votó la recusación presentada en su contra, ni
de su copartidario HÉCTOR AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN, para
lo cual dejó constancia del rechazo de su recusación, así:

“[…] H.C. JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA: Respondió, no
acepto la recusación, respecto a la primera causal, no estoy de
acuerdo y la rechazo en razón a que no tengo ningún interés
particular directo en el presunto asunto, mi cónyuge,
tampoco lo tienen ninguno de mis parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad que tengan algún interés
particular en el caso.

Por tal razón, no me encuentro dentro del numeral uno del artículo
11 de la Ley 1437.

Respecto a la segunda causal, no estoy de acuerdo y no
tengo ningún interés particular en el caso, la rechazo porque
no tengo ningún tipo de sociedad con ninguna de las
personas que conforman la lista de elegibles.

Por lo tanto, no me encuentro dentro del numeral 10 del artículo 11
de la Ley 1437 2011.

Respecto a la tercera causal, no estoy de acuerdo y la rechazo, no
he compartido ninguna lista, con ningún miembro de la lista
de elegibles en ningún periodo, por lo tanto, no me
encuentro dentro incurso dentro del numeral 14 de la Ley
1437 2011.

Dentro de la cuarta causal, expuesta por la recusante, no estoy de
acuerdo con esta y la rechazo, porque no he ocupado ningún
cargo gerencial, ni directivo y menos he tenido injerencia o
interés en el presente asunto.

Por lo tanto, no me encuentro dentro del numeral 16 del artículo 11
de la Ley 1437 2011 lo pongo en consideración de la Plenaria.

Puesta en consideración y sometida a votación nominal y pública, la
respuesta, del H.C. JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA, de no aceptar
la recusación presentada por la Señora MARITZA LADINO
HERNÁNDEZ, el secretario general procede a llamar a lista a los H.
concejales […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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V.3.1.- De los criterios, requisitos y trámite de las
recusaciones formuladas contra miembros de corporaciones
públicas territoriales, en el marco del procedimiento de
elección de dignatarios

Luego de examinar el acervo probatorio, la Sala advierte que
cualquier consideración en torno a la conducta desplegada por el
concejal accionado durante su participación, deliberación y votación
en el referido asunto, debe tener como punto de partida
imprescindible un análisis detallado del escrito de 6 de mayo de 2024
para establecer si correspondía, o no, a una recusación formalmente
considerada y si, por lo mismo, tiene alcance en la configuración
objetiva del conflicto de intereses.

En esta materia, la Sala Electoral de esta Corporación se ocupó de
estructurar los requisitos mínimos que debían cumplir tales escritos
para que se avinieran a la teleología de las normas que prevén dicha
figura, -artículos 11 y 12 de la Ley 1437-, con el fin de que dicho
mecanismo de control legítimo del poder público, no se convirtiera
en un medio para entorpecer el curso normal del procedimiento
electivo, a través de la presentación indiscriminada de escritos
carentes de los fundamentos serios y creíbles que deben acompañar
estas manifestaciones.

Fue entonces que empezó a construir una línea jurisprudencial, tal y
como se hizo en el auto de 27 de febrero de 2020, en el que se
estudió una recusación que fue presentada en forma anónima y se
concluyó:

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“[…] De acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional, la regla
general consiste en que la persona que presente una petición,
manifieste debidamente su identificación, y como excepción se
establece la posibilidad de que se presenten quejas anónimas
cuando exista una justificación seria y creíble del
peticionario para mantener la reserva de su identidad.

Revisado el escrito de recusación, se tiene que el mismo fue
presentado sin firma, por la señora María Fernanda Pérez Diago,
quien no declara más información personal que su correo
electrónico para notificaciones, con fundamento en el peligro que la
denuncia pública representa, sin embargo se advierte que en el
mismo se limita a hacer esa afirmación sin dar alguna justificación
seria y creíble de la misma, además debe tenerse en cuenta que no
aportó pruebas, ya que solicitó que se oficie para que se alleguen
los documentos que en su sentir, demuestran sus afirmaciones.

A su vez, se encontró que el número de identificación que dio en
Servientrega para el envío del escrito, corresponde al de otra
persona, tal como consta en la certificación en línea de la
Registraduría y Policía Nacional.

De acuerdo con lo anterior, en esta etapa del proceso se
tiene que de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, el escrito de recusación presentado se hizo por
una persona anónima, sin que se hubiera dado alguna razón
que justificara tal anonimato, razón por la cual no debía
darse el trámite correspondiente […]”20 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Posteriormente, mediante auto de 12 de marzo de 2020, la Sección
Quinta erigió unos requisitos formales en aras de otorgar efectos de
una recusación al respectivo escrito, lo que implicaba que:

“[…] la autoridad competente una vez tiene conocimiento de una
recusación, verifique si cumple con los requisitos mínimos para
catalogase como tal, los cuales se según se desprende de los
artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 (tratándose de actuaciones
administrativas) corresponden al (I) señalamiento del servidor
público o particular que ejerce función pública sobre el que recae el
reproche y, (II) las razones por las que se estima que
respecto de aquél existe un conflicto entre el interés

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 27 de febrero

de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00, consejero ponente Carlos
Enrique Moreno Rubio.

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particular y el general, razones que deben estar
encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del
caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas.

A los mencionados requisitos debe añadirse a la luz del artículo 16
de la Ley 1437 de 2011, que describe las pautas mínimas que debe
contener una solicitud, la identificación del solicitante (salvo que
exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener
la reserva de su identidad21), en tanto tal exigencia (I) permite
precisar el titular del derecho de petición que debe
garantizarse y (II) reviste de seriedad su ejercicio, “pues
obliga a que quien lo suscribe se haga responsable de las
afirmaciones que realice en sustento del mismo e impide que
se utilice para afectar impunemente derechos de terceros
como el buen nombre o la honra”22, como lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-951 de 2014 […]”23 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

Luego, en la sentencia de 3 de septiembre de 202024, se hicieron
precisiones en torno a las anteriores reglas, así:

“[…] la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho que los
escritos de recusación deben cumplir con los siguientes requisitos:

(I) Identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).

(II) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce
función pública, sobre el que recae el reproche y,

(III) Las razones por las que se estima que respecto de
aquél existe un conflicto entre el interés particular y el
general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar

21 Ver: Corte Constitucional, sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014, magistrada ponente
Martha Victoria Sáchica Méndez.
22 Ídem.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 12 de marzo

de 2020, número único de radicación 11001-0328-000-2020-00009-00, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate.
24 Esta tesis fue reiterada en la Sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación

11001-03-28-000-2019-00084-00, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de
las causales de impedimento legalmente establecidas.

En caso de que se verifique la falta de alguno de estos
requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos
propios de la recusación, esto es, no se suspende la
actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve
afectado el quorum. Lo anterior, puesto que lo que hacen
los miembros del Consejo Directivo es constatar que el
escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de
no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán
rechazarlo y no darle trámite.

Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente
tramitarlo y producirá los efectos correspondientes. Ante la falta de
reglamentación del trámite de las recusaciones en los estatutos de
las corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el
siguiente procedimiento:

1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa
se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del
procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación
correspondiente, en este caso, votar en la elección del director
general.

2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la
recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la
causal invocada.

3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir
de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos
adicionales.

Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para
decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será
la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso […]”25
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de

septiembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00, consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Finalmente, la Corporación se pronunció consolidando los requisitos
que deben verificarse en los escritos de recusación y que deben
cumplir mínimamente26:

“[…] (i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-951 de 2014 de la Corte Constitucional (…)

(ii) El señalamiento del servidor público o particular que
ejerce función pública, sobre el que recae el reproche y,

(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél
existe un conflicto entre el interés particular y el general, las
cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las
causales de impedimento legalmente establecidas.

En caso de que se verifique la falta de alguno de estos
requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos
propios de la recusación, esto es, no se suspende la
actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve
afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los
miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna
los requisitos mínimos formales, y en caso de no encontrarlos
acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle
trámite.

Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es
procedente tramitarlo y producirá los efectos
correspondientes. Ante la falta de reglamentación del
trámite de las recusaciones en los estatutos de las
corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el
siguiente procedimiento:

1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa
se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del
procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 12 de marzo

de 2020, número único de radicación 11001-0328-000-2020-00009-00, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate; sentencia de 3 de septiembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-
000-2020-00031-00, consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 18 de marzo de
2021, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00084-00 (acum.), consejera ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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correspondiente, en este caso, votar en la elección del director
general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la
recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la
causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir
de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos
adicionales.

Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para
decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será
la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso (Énfasis
de la Sala) 27.

Así las cosas, los escritos de recusación al ser
manifestaciones que buscan separar del conocimiento de un
determinado asunto a la autoridad que por ley le
corresponde sustanciarlo y/o decidirlo, debe, al tenor del
artículo 12 de la Ley 1437, guardar una carga mínima de
seriedad que se materializa en el escrito motivado que exige
la ley, en determinar el sujeto que lo propone y sobre el que
recae, las razones de hecho en que se fundamenta y la
causal taxativa en la que se subsume. Dicha suficiencia,
deviene de la necesidad de mantener en cabeza de los funcionarios
y demás autoridades, el cabal cumplimiento de sus funciones,
sin dilación alguna, por lo que, cuando deben ser separados
del ejercicio de ellas, éstas razones deben enmarcarse en la
defensa del interés general, la transparencia, eficiencia,
imparcialidad y demás principios que rigen la función
pública.

Es por ello que, cuando se verifica que falta alguno de los
elementos formales, atrás aludidos, que cualifican la
existencia precisa de la recusación, el trámite administrativo
debe seguir su curso, dado que no puede dotarse de efectos
a una petición que no cumple con los requisitos que el
legislador previó para su materialización, por lo que de suyo
deviene que no debe suspenderse la actuación y menos
separarse de su función a sujeto alguno, lo que conlleva a
que en los cuerpos colegiados no se afecte su quorum […]”28

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de

junio de 2021, número único de radicación 032800020190006100 (acum.), consejero ponente Luis
Alberto Álvarez Parra.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, número único de radicación 68001233300020210084601, consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil.

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(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Así las cosas, la Sala Electoral señaló que “[…] la debida satisfacción
de los requisitos de procedibilidad de las recusaciones que se
desprenden de los artículos 11, 12 y 16 del CPACA, en los términos
en que han sido enunciados por esta Sección, esto es, (i)
identificación del peticionario o justificación de su anonimato; (ii)
identificación del servidor sobre el que recae el conflicto de interés
alegado; y, (iii) la exposición de las razones en que se funda
aquel “encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si
es del caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas”, deben ser examinados como la
carga mínima exigible para dotarlas del grado de seriedad
necesario con el fin de darles trámite y que la autoridad
proceda a resolverlas de fondo […]”29.

Una recusación, entonces, es aquella que contiene, como mínimo, (i)
la identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-
951 de 2014 de la Corte Constitucional; (ii) el señalamiento del
servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el que
recae el reproche, en este caso el concejal; (iii) las razones de hecho
por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre
el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas
a ilustrarlo jurídica y probatoriamente si es del caso; y (iv) la mención

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de

junio de 2021, número único de radicación 032800020190006100 (acum.), consejero ponente Luis
Alberto Álvarez Parra.

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de la causal de impedimento legalmente establecida30.

Por su parte, y en cuanto al trámite de las recusaciones, el artículo
12 de la Ley 1437 determina el camino a seguir ante su formulación,
así:

“[…] Artículo 12. Trámite de los impedimentos y
recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro
de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con
escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del
respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador
regional en el caso de las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si
acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un
funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del
expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el
recusado manifestará si acepta o no la causal invocada,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite
señalado en el inciso anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de la
recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo
de los términos para que proceda el silencio administrativo se
reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso
1 de este artículo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su vez, el Acuerdo 14 de 9 de agosto de 2022, por medio del cual
se adoptó el reglamento interno del Concejo de Pereira (Risaralda),

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 10 de

agosto de 2023, número único de radicación 25000231500020220092601; de 31 de agosto de
2023, número único de radicación 250002315000202200981011; y de 14 de septiembre de 2023,
número único de radicación 25000231500020220101401, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón.

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establece, con relación al conflicto de interés y el trámite de las
recusaciones lo siguiente:

“[…] Articulo 9. Aplicación: Todo y toda concejal, cuando exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o
a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segunda de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o, de hecho, deberá declararse impedido de participar en los
debates o votaciones respectivas.

No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones que las
de la ciudadanía en general.

Cualquier integrante de la ciudadanía que tenga conocimiento de
una causal de impedimento de algún o alguna concejal, que no se
haya comunicado a la respectiva Corporación, podrá recusar ante
ella. (Artículo 70 de la Ley 136 de 1994, articulo 48, numeral 6 de
la Ley 617 de 2000, artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 y numeral
10 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011).

[…]

Artículo 11. Recusación: Presentada la solicitud de
recusación con la respectiva motivación y citación de la
causal que se invoca, se dará traslado al o a la concejal recusada
para que se pronuncie sobre la solicitud y manifieste si la acepta o
no.

Luego la Presidencia somete a consideración de la Plenaria la
solicitud de recusación. La Secretaría informa el resultado de la
votación. Aprobada la recusación, el o la concejal deberá retirarse
del recinto o Comisión y regresar sólo cuando se pase a un punto o
tema diferente del orden del día.

Parágrafo. Aceptada o negada una recusación a un o una concejal
en el trámite de un Proyecto de Acuerdo en Comisión, no será
necesario volver a considerarse en la Plenaria de la Corporación a
menos que se presenten circunstancias nuevas que varíen los
fundamentos de la misma. En todo caso el o la presidente de la
comisión permanente informará por escrito a la Presidencia de la
Corporación sobre la decisión tomada […]” (Negrillas y subrayas
fuera del texto).

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Según las normas transcritas, el trámite de la recusación, en el caso
concreto, se encontraba sujeto a las siguientes reglas: i) presentada
la solicitud de recusación con la respectiva motivación y citación de
la causal que se invoca se debía dar traslado al concejal recusado
para que se pronunciara sobre la solicitud y manifestara si la
aceptaba o no; ii) luego la plenaria debía someter a consideración la
solicitud de recusación. En el evento de aprobarse, el concejal debía
retirarse del recinto o comisión y regresar solo cuando se pasara a
un punto o tema diferente del orden del día.

La norma dispone, además, que una vez aceptada o negada una
recusación no era necesario volver a considerarse en la plenaria del
concejo, a menos que se presentaran circunstancias nuevas que
variaran los fundamentos de esta. En todo caso el presidente de la
comisión permanente debía informar por escrito a la presidencia de
la Corporación sobre la decisión tomada.

En este punto, la Sala prohíja las consideraciones de la Corporación31,
en torno a que, (i) para el trámite de las recusaciones de las
corporaciones públicas territoriales, por mandato del artículo 12 de
la Ley 1437, este se debe aplicar ante la falta de norma expresa para
su instrucción32, y (ii) que una hermenéutica sistemática de esa
norma permite concluir que aquélla sí tiene aplicación en las
actuaciones administrativas, de carácter electoral, que adelantan las
corporaciones públicas territoriales.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 29 de
septiembre de 2022, número único de radicación 68001233300020210084601, consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de

junio de 2016, número único de radicación 1100103280002016000800, consejero ponente Alberto
Yepes Barreiro.

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V.3.2.- Del escrito de 6 de mayo de 2024 radicado por la
ciudadana MARITZA LADINO HERNÁNDEZ

De acuerdo con el contenido del escrito de 6 de mayo de 2024,
presentado por quien adujo ser estudiante universitaria, señora
MARITZA LADINO HERNÁNDEZ, la Sala advierte que, si bien
aparece su identificación y la de los concejales recusados, solo se
limitó a invocar de manera genérica las causales de impedimento y
recusación previstas en el artículo 11, numerales 1, 10, 11 y 16 de
la Ley 1437, sin explicar las razones de hecho para considerar que
los recusados se encontrarían incursos en cada una de dichas
hipótesis normativas, y sin probar, siquiera de forma sumaria, los
motivos por las que estimó que, respecto de toda la corporación
edilicia, existía un conflicto entre el interés particular y el general.

En efecto, el objeto del memorial, lejos de demostrar las causales de
recusación, fue alegar posibles maniobras orientadas a favorecer los
intereses del procurador provincial LEONARDO FABIO REALES
CHACÓN y de la personera saliente SANDRA LORENA CÁRDENAS
SEPÚLVEDA, en detrimento del aspirante JULIÁN ANTONIO
ZAPATA RODAS, a quien promovió, ponderó y calificó como el único
candidato libre de cuestionamientos, y verdaderamente apto para ser
el personero de Pereira (Risaralda), lo que puso en evidencia su
inconformidad electoral. Refirió que el procurador provincial habría
obtenido el peor desempeño en la fase de entrevista —circunstancia
registrada por W Radio (4 de abril de 2024) y Caracol Radio (5 de
abril de 2024)—, pese a lo cual resultó beneficiado en la calificación,
mientras que la personera saliente se inscribió en ejercicio del cargo
pretendiendo perpetuarse en él.

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Atribuyó al cabildante MAICOL LOPERA CARDONA —excandidato
a la Alcaldía de Pereira (Risaralda)— y a la bancada del Partido Liberal
Colombiano, un interés directo en la designación, presuntamente
concertada desde 2022, y pidió a la Procuraduría Regional de
Risaralda revisar sus intervenciones en el reciente período de
sesiones extraordinarias, sin aportar evidencia alguna que así
permitiera corroborarlo.

Siguiendo los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación33,
este escrito genérico formulado en contra de la totalidad del Concejo
de Pereira (Risaralda), no corresponde al de una recusación
propiamente dicha y, por lo mismo, no produce los efectos propios
de censura en el comportamiento de los servidores públicos. Así lo
consideró esta Sección:

“[…] No obstante, como ya se advirtió, cualquier consideración en
torno la conducta desplegada por el concejal acusado durante su
participación, deliberación y votación en el referido asunto, debe
tener como punto de partida imprescindible un análisis detallado del
escrito de 17 de mayo de 2022 para establecer si correspondía, o
no, a una recusación formalmente considerada […] En medio de
este contexto, en el que está involucrado una función pública
de alto valor y peso constitucional, no cualquier escrito
constituye una recusación formal con el potencial requerido
para ser tramitada como tal, ni para lograr separar a la
mencionada concejal del cumplimiento del deber funcional
que le subsiste en calidad de servidora pública o apartarla
de su intervención en el procedimiento administrativo de
elección del contralor, -como ocurrió en el asunto sub iudice-,
menos aun si el motivo de la censura es, precisamente, la existencia
de supuestos procesos activos de responsabilidad fiscal que puedan
llegar a comprometer la ecuanimidad de la cabildante […]”34
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de

abril de 2023, número único de radicación 25000-23-15-000-2022-00889-01, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de

septiembre de 2023, número único de radicación 25000-2315-000-2022-01014-01, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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Ciertamente, elegir al personero municipal es una función
constitucional, legal y reglamentaria a cargo de los concejos, por lo
que solo ante la existencia de una circunstancia que afecte de manera
personal y directa al miembro de la corporación pública, le surge a
este el deber de declararse impedido para no participar en el proceso
electoral con el fin de garantizar no solo los principios de la función
pública tales como la moralidad y la transparencia, sino también que
no se comprometa la imparcialidad del voto que se emita.

En medio de este contexto, en el que está involucrado una función
pública de alto valor y peso constitucional, no cualquier escrito
constituye una recusación formal con el potencial requerido para
tramitarse como tal, ni para separar al concejal del cumplimiento del
deber funcional que le subsiste en calidad de servidor público o
apartarlo de su intervención en el procedimiento administrativo de
elección del personero35.

A partir de los criterios expuestos y tal como la Sección ya tuvo
oportunidad de determinarlo en casos similares al actual cuyas
consideraciones ahora se prohíjan36, de las pruebas y normas
examinadas en el marco constitucional, legal y reglamentario del
procedimiento de elección del personero de Pereira (Risaralda) —
período 2024-2028 — para la Sala no cabe duda que el escrito de 6
de mayo de 2024 no corresponde al de una recusación formalmente

35 Cit. Sección Primera, sentencias de 10 de agosto de 2023, número único de radicación
25000231500020220092601; de 31 de agosto de 2023, número único de radicación
250002315000202200981011; y de 14 de septiembre de 2023, número único de radicación
25000231500020220101401, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de abril de 2023,

número único de radicación 25000231500020220092701, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; de 20 de abril de 2023, número único de radicación 25000231500020220088901, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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considerada, y sí a un mecanismo cuyo trámite implicaba una dilación
injustificada, porque no cumplió con los requisitos exigidos tanto por
la jurisprudencia de esta corporación como del reglamento interno
de ese concejo.

Esta circunstancia le impide a ese memorial producir los efectos
propios de una recusación y, por lo tanto, su resolución en la sesión
plenaria de 28 de junio de 2024 carecía de la virtualidad de
transgredir el régimen de conflicto de intereses y las causales de
impedimento y recusación del artículo 11, numerales 1, 13 y 14, de
la Ley 1437. Esto es que, al no tenerse como una recusación
legalmente presentada, no es posible censurarle al accionado la
configuración de un conflicto de intereses durante el referido trámite.

V.3.3.- Sin perjuicio de lo anterior, y solo en aras de la discusión, se
demostró que el accionado no participó en la votación de su propia
recusación ni en la de su copartidario, el concejal HÉCTOR
AUGUSTO HERNÁNDEZ TOBÓN; y que la simple presencia en el
recinto del concejo, no le generó conflicto alguno, puesto que esta
circunstancia, por sí misma, no demuestra la existencia de un interés
directo, particular y actual, así como tampoco permite corroborar la
materialización de las causales de impedimento y recusación
previstas en el artículo 11, numerales 1 y 14, de la Ley 1437.

A su vez, haber votado la recusación formulada contra el resto de los
miembros del Concejo de Pereira (Risaralda), sin declararse
impedido, tampoco configuró la causal de impedimento y recusación
establecida en el artículo 11, numeral 13, de la Ley 1437, porque, si
bien estaba pendiente la resolución de su recusación, lo cierto es

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que: (i) el escrito de 6 de mayo de 2024 no constituyó una recusación
formalmente considerada; (ii) era su deber depositar su voto para
resolverla; (iii) se ciñó al trámite sugerido por la Procuraduría
Regional de Risaralda en su auto de 19 de junio de 2024 y
establecido, durante la sesión de 28 de junio de 2024, por el abogado
asesor del cabildo, SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ, que en ambos
casos exigieron su presencia en la reunión plenaria; y (iv) la Corte
Constitucional, desde la sentencia C- 1040 de 2005 y hasta la fecha
—reiterada en sentencia C-337 de 2006— al igual que esta
corporación judicial37, han señalado que los congresistas no pueden
intervenir en el trámite de su propio impedimento, aunque pueden
intervenir para decidir el impedimento de los otros parlamentarios, y
que, de llegar a admitirse la tesis de la imposibilidad de definir los
impedimentos de los otros, podría llegarse a paralizar la función
legislativa a cargo del Congreso de la República —predicable de la
función político administrativa de los concejos— en contravía de los
principios de representación democrática y participación política.

Debe señalarse que la jurisprudencia ha establecido que el régimen
del conflicto de intereses busca separar a un servidor público del
conocimiento de un asunto cuando hay motivos serios y fundados
para considerar que podrían verse comprometidos los principios
constitucionales de prevalencia del interés general, la moralidad, la
imparcialidad y transparencia, por lo que lo censurable es que un
concejal participe en la resolución de la recusación elevada en su
contra.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de

2009, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00043-00, consejero ponente Alfonso
Vargas Rincon; de 27 de julio de 2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-
00, consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.

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No puede dejarse de lado que la asistencia del accionado constituye
un desarrollo de uno de los deberes de acudir a las sesiones, y
conformar el quorum deliberatorio implica un desarrollo lógico para
que el concejo pueda abrir la sesión y deliberar. En este sentido, el
artículo 50 del reglamento interno del Concejo de Pereira (Risaralda)
señala que “[…] tanto la Plenaria de la Corporación como sus
Comisiones Permanentes no podrán abrir sesiones, ni deliberar con
menos de una cuarta parte de sus integrantes […]”.

En los términos analizados, se advierte que este argumento
formulado por el solicitante en la solicitud y reiterado en el recurso
tampoco tiene vocación de prosperidad.

V.3.4.- Respecto de las sentencias de 26 de septiembre de 2024, 15
de mayo de 2025 y 31 de julio de 2025, radicados
05001233300020240023701, 50001233300020240022001 y
27001233300020240003101, respectivamente, proferidas por la
Sección Primera del Consejo de Estado, la Sala observa que son
circunstancias fácticas disímiles a la situación aquí analizada, y no
comparten iguales supuestos, toda vez que en el presente caso se
analizó si el accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura
por violación del régimen del conflicto de intereses, luego de
configurarse las causales de impedimento y recusación previstas en
el artículo 11, numerales 1, 13 y 14, de la Ley 1437, teniéndose,
como hecho principal, la formulación de un escrito de recusación que
no cumplió con los requisitos y condiciones exigidas por la
normatividad y jurisprudencia vigentes, para tenerse y tramitarse
como tal.

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V.4.- Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia
de 19 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual denegó la pérdida de
investidura del señor JOHN ESTEBAN GAÑÁN OSPINA, concejal
de Pereira (Risaralda), pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 14 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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