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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 27001-23-33-000-2024-00031-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 27001-23-33-000-2024-00031-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó, atendiendo los motivos explicados en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63 Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01 Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 27001-23-33-000-2024-00031-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

31 de julio de 2025

Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: NAYIBE QUEJADA BEJARANO
Concejales acusados: ALIPIO RENTERÍA Y OTROS

Tesis: Incurren en causal de pérdida de investidura, por
violación al régimen de conflicto de intereses, los
concejales que, sin declararse impedidos,
participaron en la entrevista a los candidatos a
personero municipal, pese a que uno de ellos
había hecho parte de la lista al concejo municipal
junto con los acusados en los dos períodos
electorales anteriores.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los acusados
Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo
Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba y Euclide Córdoba
Cuesta, concejales del municipio de Lloró, Chocó, elegidos para el período
constitucional 2024 – 2027, en contra de la sentencia proferida el 16 de
mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que declaró su
desinvestidura.

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Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

La señora Nayibe Quejada Bejarano, actuando en nombre propio, solicitó
que se decrete la pérdida de investidura de los señores Alipio Rentería
Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez,
Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Euclide Córdoba Cuesta y Ruscelly
Rentería Rentería, por violación del régimen de conflicto de intereses, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

La solicitante informó que, mediante la Resolución nro. 022 del 23 de julio
de 2023, el concejo de Lloró, Chocó, reglamentó el concurso de méritos
para escoger el personero del municipio para el período comprendido entre
el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2028.

Aseguró que el señor Elvin Rentería Álvarez, candidato a la personería de
Lloró para el período citado, fungió en los escrutinios municipales en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 como apoderado de los señores Alipio
Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral
Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Euclide Córdoba Cuesta y
Ruscelly Rentería Rentería.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

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Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

Expuso que el señor Elvin Rentería Álvarez también hizo parte de la lista
de aspirantes al concejo municipal de Lloró por el Partido Liberal
Colombiano, en las elecciones celebradas en octubre de 2015 donde se
escogerían los concejales del período 2016- 2019, participó en el renglón
006 con los señores Jorge Eliécer Rentería Mosquera (renglón 001),
Bernardo Emiro Andrade(s) Córdoba (renglón 002) y Asnoraldo Mayoral
Bermúdez (renglón 003).

Añadió que, en las elecciones de 2019, para la escogencia de concejales
período 2020-2023, participó en el renglón 003 con Jorge Eliécer Rentería
Mosquera (renglón 001), Bernardo Emiro Andrades Córdoba (renglón
002), Asnoraldo Mayoral Bermúdez (renglón 005), Euclide Córdoba
Cuesta (renglón 006) y Alipio Rentería Rentería (renglón 009).

Argumentó que el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 en los numerales 4 y
14 establecen como causales de conflicto de interés y de impedimento y
recusación: i) que alguno de los interesados en la actuación administrativa
sea representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador
de los negocios del servidor público, y ii) haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

Explicó que el 2 de enero de 2024, el señor Luis Fernando Moreno Mena
recusó a los concejales Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería
Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades
Córdoba, Euclide Córdoba Cuesta y Ruscelly Rentería Rentería para que
se separaran del proceso de elección del personero del municipio de Lloró,
período 2024-2027 y se abstuvieran de hacer la respectiva votación.

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Indicó que el 5 de enero de 2024 se llevó a cabo la sesión ordinaria del
concejo municipal de Lloró, en la que los concejales recusados
manifestaron no estar incursos en las causales de impedimento, no dieron
el trámite establecido por el artículo 12 del CPACA a los impedimentos y
recusaciones, no suspendieron la sesión como lo ordena la citada norma,
ni remitieron las recusaciones a la Procuraduría Regional del Chocó para
que resolviera lo de su competencia, entrevistaron a los aspirantes al
cargo de personero y expidieron la Resolución nro. 003 del 5 de enero de
2024, a través de la cual se publicaron los resultados de la prueba.

Manifestó que, mediante la Resolución nro. 007 del 11 de enero de 2024,
la mesa directiva del concejo de Lloró publicó la lista de elegibles de
aspirantes al cargo de personero municipal y el 12 de enero expidió la
Resolución nro. 009 mediante la que protocolizó la elección del personero.

Señaló que estaban reunidos los elementos objetivos de la causal de
conflicto de intereses por violación de los numerales 4 y 14 del artículo
11 del CPACA, lo que se desprendía de los medios probatorios aportados
con la demanda.

En cuanto al elemento subjetivo, sostuvo que también estaba reunido
atendiendo lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
424 de 2016, puesto que, si bien pudieron los concejales olvidar que el
ciudadano Elvin Rentería Álvarez había participado junto a ellos en la
conformación de la lista de candidatos postulada por el Partido Liberal
Colombiano al concejo municipal de Lloró, durante los comicios para
proveer las curules en los períodos 2015-2019 y 2020- 2023, obraba
prueba que acreditaba que el señor Luis Fernando Moreno Mena el 2 de
enero de 2024, esto es, antes de que participaran en alguna actuación en
el proceso electoral de personero municipal para el período 2024-2028,

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Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

les recordó dicha circunstancia al presentar recusación en su contra, por
lo que no podían alegar que desconocieran que su actuar era contrario al
ordenamiento jurídico, puesto que el día que se llevó a cabo la primera
sesión del concejo en que fue sometida a discusión la elección del cargo
de personero conocían perfectamente la circunstancia que sobre ellos
existía, al punto que aceptaron su conocimiento “según consta en la
respuesta que espuriamente dieron a la citada recusación”.

Agregó que los demandados conocían que dicha situación constituía una
causal de impedimento, máxime cuando el señor Rentería Álvarez hizo las
veces de apoderado de los concejales en el proceso de escrutinio del que
devino el acceso a las respectivas curules y que dicho conocimiento se
reforzaba por el hecho de recibir dos solicitudes distintas de recusación
por los mismos motivos presentadas por los señores Luis Fernando
Moreno Mena y Alfredo Potes Gamboa y no haberle dado trámite conforme
al artículo 12 del CPACA, por lo que su comportamiento resultaba a todas
luces doloso al no observar la moral y ética propias de la dignidad de
concejal, y en lo particular, el presidente de la corporación, por dar una
lectura escueta a la respuesta proferida respecto de la recusación, así
como obviar dar lectura a la presentada por el señor Alfredo Potes
Gamboa.

Por último, adujo que la conducta desplegada por los concejales resultaba
reprochable y de mala fe, puesto que, cuando conocieron de las
recusaciones, le dieron una atención escueta, asumiéndola como un
derecho de petición sin darle el trámite legal, y, si no podía calificarse de
dolosa, lo cierto es que no observaron la diligencia requerida para el
desarrollo de la actividad y resultaba contraria a derecho.

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2.- Contestación de los concejales acusados3

Los concejales acusados, actuando por conducto de apoderada, se
pronunciaron frente a cada uno de los hechos y se opusieron a la
prosperidad de las pretensiones.

Invocaron como razones de defensa la excepción de mérito de “falta de
fundamentación en el concepto de violación del acto administrativo de
elección”. Al respecto, afirmaron que no se evidenciaba una labor
argumentativa ni probatoria tendiente a controvertir las circunstancias
invocadas como impedimento de la elección del personero municipal, ya
que la solicitud se limitó a alegar que desconocieron la petición de
recusación formulada por el señor Luis Fernando Moreno y que no se le
impartió el trámite legal.

Sostuvieron que “(…) debemos tener en cuenta lo establecido por la
norma referente a quien tiene la titularidad para interponer una
recusación. En el presente asunto se observa que la recusación fue
instaurada por un ciudadano distinto a quien hoy demanda razón por la
cual a pesar que la ley faculta a cualquier ciudadano para que haga su
presentación esta debe ser notificada a la persona recusada y en el
presente caso no sucedió, amén a ello es importante señalar que la señora
secretaria del concejo para esa fecha no estaba facultada para ello y no
se notificó a cada uno de los implicados el cual estaría facultado por la
normatividad y tampoco se notificó a la mesa directiva, presuntamente
por considerar que al estar el presidente señalado por el demandante se
estaba notificando a la mesa del concejo municipal”.

3 Ibidem.

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Aseguraron que la mesa directiva del concejo municipal de Lloró en
ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y
en cumplimiento de lo establecido por la Resolución nro. 022 de 2023
expedida por la corporación, protocolizó la elección del personero
municipal de Lloró para el período comprendido entre el 1 de marzo de
2024 y el último día del mes de febrero de 2028, por lo que la actuación
de los concejales estuvo enmarcada en una obligación legal y
reglamentaria, y que la elección del personero no deviene de una decisión
unilateral de cada cabildante, sino que es producto de un concurso público
y obedeció al cumplimiento de la Ley 1551 de 2012 que reglamentó este
tipo de concursos basados en el mérito.

Agregaron que en este caso en particular el concejo municipal en pleno
hizo una única intervención que fue la entrevista practicada a los elegibles
en donde el mismo demandante puso en conocimiento que la persona que
obtuvo la máxima calificación en ese ítem, que tan solo tenía un
equivalente al 10%, era Yineth Paola Potes Ramos, con lo cual se
demostró que los acusados no tenían ningún interés en elegir al ganador
del concurso de méritos Elvin Rentería Álvarez, lo que consideró ”(…) se
debe interpretar con lo expresado por nuestro honorable concejo (sic) de
estado cuando se conceptúa que la causal no se configura por el solo
hecho de encontrarse en una situación personal o familiar que puede ser
directa y específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por no
manifestarla, hecho denotado con la decisión tomada por los seis
concejales recusados cuando rechazan la recusación y manifiestan no
estar impedidos para actuar o intervenir en la entrevista de los aspirantes
en cumplimiento de su deber constitucional y legal”, por lo que el conflicto
de intereses que se les endilgó no está soportado.

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Por último, respecto del trámite impartido a la recusación presentada por
el señor Luis Fernando Moreno Mesa, manifestaron que sí se cumplió, en
tanto los concejales recusados expresaron que no la aceptaban por
considerar que no estaban impedidos para participar en la etapa de la
entrevista, que era la única prueba en la que intervenían y los resultados
hasta ahí obtenidos por los aspirantes eran producto del mérito, decisión
que dieron a conocer a los demás concejales, a los candidatos y al público
que estaba presente en el recinto del concejo el 5 de enero de 2024 y fue
puesta en conocimiento de la procuraduría regional del Chocó el 6 de
enero de 2024.

3.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia proferida el 16 de mayo
de 2024, dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la pérdida de investidura como concejales
del Municipio de Lloró – Chocó, de los señores Alipio Rentería Rentería,
Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo
Emiro Andrade[s] Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto del
concejal Ruscelly Rentería Rentería.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).

El tribunal analizó el marco normativo y jurisprudencial de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses,
los hechos acreditados, y, al descender al examen del caso, señaló frente
a la causal prevista en el numeral 4 del artículo 11 del CPACA: “(…)
advierte este Tribunal, que la parte demandante no allegó prueba alguna

4 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

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que demuestre que los concejales demandados (…) otorgaron poder al
señor Elvin Rentería Álvarez, para que los representara en los escrutinios
de las elecciones llevadas a cabo el día 29 de octubre del año 2023, solo
obra copia de la respuesta del 05 de enero de 2024 que ellos dieron al
escrito de recusación presentado el día 02 de enero de 2024 por el señor
Luis Fernando Moreno Mena, en el cual manifestaron que el señor Elvin
Rentería Álvarez el día 31 de octubre de 2023, los representó en los
escrutinios municipales como personas naturales y en su condición de
profesional del derecho en cumplimiento de su profesión, que su labor
culminó con los escrutinios y actualmente no es apoderado de ninguno de
los reusados (sic), por ello no estaba comprometida su imparcialidad”.

Añadió que como no había prueba del respectivo mandato otorgado al
señor Rentería Álvarez debía tenerse por cierto lo manifestado por los
concejales y su apoderada en la contestación de la demanda, en el sentido
que solo los representó en los escrutinios de la votación de las elecciones
llevadas a cabo el año inmediatamente anterior, por lo que no se
configuraba la causal, pues la norma utiliza el verbo rector “ser” que se
refiere al tiempo presente, no al pasado, como ocurría en el caso.

En cuanto a la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del
artículo 11 del CPACA, analizó que ésta sí hacía referencia al tiempo
pasado, “haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el
período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno
de los dos períodos anteriores”.

Precisó que con las pruebas allegadas, especialmente en el formulario E-
26 CON del 9 de noviembre de 2019, se observaba que en las elecciones
de octubre de 2019 participaron como candidatos al concejo del municipio

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de Lloró por el Partido Liberal Colombiano, entre otros, los señores Jorge
Eliécer Rentería Mosquera, Bernardo Emiro Andrade[s] Córdoba,
Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Euclide Córdoba Cuesta, Alipio Rentería
Rentería y el señor Elvin Rentería Álvarez, quien resultó elegido como
personero del municipio de Lloró para el período 2024-2028; así mismo
el Formulario E- 26 CON del 27 de octubre de 2015 daba cuenta de la
participación como candidatos al concejo municipal de Lloró, por el Partido
Liberal Colombiano, de los señores Jorge Eliécer Rentería Mosquera,
Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade[s] Córdoba y Elvin
Rentería Álvarez.

Concluyó que no quedaba duda que los señores Jorge Eliécer Rentería
Mosquera, Bernardo Emiro Andrade[s] Córdoba, Asnoraldo Mayoral
Bermúdez, Euclide Córdoba Cuesta, Alipio Rentería Rentería estaban
incursos en la causal de impedimento de que trata el numeral 14 del
artículo 11 del CPACA, por lo que tenían el deber de dar a conocer esta
situación a la mesa directiva del concejo municipal de Lloró para que se
pronunciara al respecto; y que no sucedía lo mismo con el señor Ruscelly
Rentería Rentería, quien no figuraba en los formularios E- 26 CON de las
elecciones locales llevadas a cabo en los años 2015 y 2019.

Señaló que se configuró el primer presupuesto de la causal, esto es, que
el demandado haya adelantado la actuación imputada en ejercicio de su
investidura, pues los acusados participaron en la entrevista a los
candidatos para proveer el cargo de personero municipal de Lloró.

En cuanto al segundo presupuesto, esto es, la existencia de un interés
directo, particular y actual, consideró que el interés era de tipo moral, ya
que el participante al concurso de personero, señor Elvin Rentería Álvarez,
había integrado junto con ellos la lista de candidatos para el concejo

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municipal de Lloró para las elecciones de los años 2015 y 2019, por lo
que fue su compañero en el año 2015 y su mandatario en los escrutinios
de las elecciones del 29 de octubre de 2023, demostrándose con ello la
existencia de una estrecha relación con ese concursante, “(…) por lo cual
su designación como personero redundaba en beneficio del partido
político al que pertenecen él y los concejales accionados”.

Respecto del tercer presupuesto, esto es, que los acusados hayan
conformado el quorum o intervenido en la entrevista realizada a los
concursantes, indicó que estaba probada su participación, acorde con lo
consignado en el Acta nro. 4 del 6 de enero de 2024.

De otro lado, frente al elemento subjetivo, luego de hacer referencia a lo
que ha dicho la Sección Primera del Consejo de Estado 5, afirmó que no
quedaba duda que los concejales del municipio de Lloró, Alipio Rentería
Rentería, Jorge Eliecer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez,
Bernardo Emiro Andrade[s] Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta conocían
de manera previa que su participación en la entrevista a los aspirantes de
la personería de Lloró los dejaría inmersos en la causal de conflicto de
intereses, tal como se los hizo saber el recusante y una de las
participantes del concurso y, pese a ello, continuaron con el desarrollo de
la misma sin declararse impedidos, por lo que habían incurrido a título de
dolo en la causal de pérdida de investidura, dado que no se evidenciaba
que se estuviera ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor o en
alguna circunstancia que descartara la culpa.

5 No se citó claramente una providencia, pero más adelante se citó la sentencia del 19

de septiembre de 2019. Expediente radicación nro. 13001 23 33 000 2018 00738 01
(PI). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Por auto del 18 de junio de 2024 se resolvió la solicitud de aclaración
contra la precitada sentencia en el sentido de negarla6.

4.- El recurso de apelación7

Los señores Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera,
Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade[s] Córdoba y
Euclide Córdoba Cuesta, actuando por conducto de apoderada, apelaron
lo decidido por el a quo solicitando que se revoque, y manifestaron como
razones de inconformidad:

“3.1. Inexistencia de los elementos configurativos de la situación de
impedimento”

Aseveró que no se acreditó la tipicidad de la conducta que se le endilgó a
los acusados, pues el tribunal partió de una interpretación errónea del
contenido del numeral 14 del artículo 11 del CPACA y su relación con la
figura de la pérdida de investidura.

Alegó que se enjuició la pérdida de investidura bajo la interpretación de
la causal del numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y del numeral
1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por violación del régimen de
conflicto de intereses; no obstante, tal situación se les endilgó bajo el
presupuesto del desconocimiento de una norma que no genera la
desinvestidura, en tanto las únicas que tienen tal consecuencia son las
establecidas para el cargo de concejal, mientras que las generales tienen
un tratamiento para otro tipo de procesos, por ejemplo el disciplinario.

6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

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Señaló que en este caso se asumió erradamente por el tribunal que la
causal del numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 daba lugar
a la pérdida de investidura, lo que no es cierto, pues se trata de una
situación administrativa general que conlleva consecuencias distintas, por
ser una norma que no está concebida en la Ley 136 de 1994, ni en sus
modificaciones, como tampoco en la Ley 5 de 1992, norma que sí es
aplicable de manera supletiva, sino en el CPACA, por lo que era indudable
que era una causal de impedimento de tipo general que abarca
situaciones netamente administrativas, no electorales.

Insistió en que la situación de impedimento plasmada en el numeral 14
del artículo 11 del CPACA exige para su materialización que la conducta
se produzca en la puesta en marcha de una actuación administrativa que
no abarca una actuación electoral, como la que caracteriza la elección de
los personeros municipales y distritales.

“3.1.1. Diferenciación entre la actuación administrativa y la actuación
electoral”

Distinguió entre la actuación administrativa y la electoral, y luego de
varias citas doctrinales y jurisprudenciales, resaltó que la jurisprudencia
especializada ha considerado como acto de elección o electoral “un acto
autónomo; aquel que tiene su génesis en la democracia participativa y en
un derecho fundamental de carácter político: el de elegir y ser elegido,
artículo 40, numeral 1 de la Constitución, y no en la mera y simple
expresión de la voluntad de la administración derivada del ejercicio de
dicha función”8.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia

del 26 de septiembre de 2017. Expediente radicación nro. 11001 03 26 000 2017 00087
00.

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Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

Consideró que, al confundirse las funciones administrativas con las de tipo
electoral, como lo hizo el tribunal, se incurrió en un yerro de interpretación
al momento de resolver el fondo del asunto y se entendió de manera
equivocada la configuración de un conflicto de intereses que nunca se
materializó, comoquiera que lo que se juzga corresponde a una pequeña
etapa del proceso meritocrático, sin mayor incidencia en el resultado de
la elección del personero municipal, pero en todo caso dentro de un
proceso electoral que difiere del propiamente administrativo, por lo que
no era aplicable la disposición del artículo 11 del CPACA, que se dirige
puntualmente a actuaciones administrativas.

Al efecto, reiteró que en el asunto que se cuestiona se señala como causal
de pérdida de investidura una situación que no prevé el ordenamiento
jurídico con tal consecuencia, por no estar dentro de las causales expresas
y taxativas que dan lugar a la muerte política, dado que el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses de los
concejales está regulado en la Ley 136 de 1994 – artículo 70- y que las
inhabilidades generales, como son las del artículo 11 del CPACA y,
puntualmente, la prevista en el numeral 14, no generan pérdida de
investidura, ni nulidad electoral.

Recordó las situaciones que pueden derivar un conflicto de interés, y para
ello, citó el concepto con radicado nro. 1903 del 15 de mayo de 2008 de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como los
elementos que la configuran con base en lo que ha sostenido la Sección
Primera de la Corporación9, para considerar que ello significa que el
conflicto de interés tiene lugar cuando entran en colisión el interés público

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 30 de junio de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 66001 23 33 002 2016 00291 01 (PI).

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Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

y el interés privado del concejal, quedando ausente la imparcialidad
necesaria para tramitar y decidir un asunto sometido a su conocimiento y
competencia, en tanto ese interés personal de alguna manera podría
conllevar el aprovechamiento de la investidura, lo que era completamente
ajeno a la situación endilgada a sus representados.

“3.2. Inexistencia de los elementos configurativos de la causal de pérdida
de investidura”

“3.2.1. Inexistencia de interés directo, claro y concreto en la supuesta
actuación administrativa, de parte de los demandados”

Consideró que este requisito no estaba satisfecho “por lo que en modo
alguno es procedente su declaratoria de nulidad” y, luego de citar
jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación10, adujo que, para
que una actuación pueda desencadenar en la gravísima sanción
consistente en la muerte política, se requería la existencia de un interés
directo, particular y concreto, plenamente demostrado, lo que en el caso
no ocurría, “(…) pues no hay un análisis de probanza por parte del
Tribunal que permita inferir, sin lugar a duda que, existió realmente de
una forma suficiente y concurrente, un interés de los demandados al
realizar la entrevista o algún trámite en la elección del personero
municipal, por lo que no podría existir un conflicto que pudiera conllevar,
si quiera a analizar la posible incursión en la causal”.

“3.2.2. Cualquier sesgo que pudieran tener los concejales respecto de los
candidatos a personero, no influye en la decisión electoral- valoración del
mérito para la elección”

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 14 de diciembre de 2018. Expediente radicación 13001 23 33 000 2016 001192 01.

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Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

Sostuvo que no podía considerarse la existencia de un interés personal
por parte de los acusados en relación con la elección de personero
municipal, pues la misma estuvo precedida de una valoración de mérito
en la que no tienen injerencia, y donde el puntaje de la entrevista solo
equivale a un 10%, “así que, el candidato por quien supuestamente tenían
mis representados un interés que no se demostró, como tampoco se
acreditó que se hubiera hecho de tal forma que beneficiara
injustificadamente al excompañero de lista y que se le diera un puntaje
que no mereciera, pues, de hecho, no fue quien obtuvo la más alta
puntuación; en todo caso, no existe en el proceso prueba alguna que
demuestre que mis defendidos hubieran obtenido provecho alguno o
beneficio directo con la realización de la entrevista o por algún trámite
efectuado en el proceso de elección del personero municipal”.

Entre los varios y extensos argumentos expuestos en este punto, aseguró
que el tribunal partió solo de los supuestos que trae la norma bajo el
enfoque que equivocadamente le dio la parte actora y sin soporte real dio
por probado un inexistente interés de tipo moral, por lo que la decisión
de decretar la desinvestidura de los acusados carece del potencial
requerido para configurar un interés real, material, verdadero y capaz de
impactar o burlar el interés público.

Alegó también que el a quo “de una manera más bien abrupta trastocó
el verdadero fin del estudio del elemento del interés pasando por alto el
punto de evolución de tan importante elemento ya decantado por la
jurisprudencia”, pues la cercanía con los acusados no se cumple con el
solo hecho de haber pertenecido a una misma lista al concejo o por su
filiación al mismo partido político, ni se acreditó que la calificación de la
entrevista hubiera sido definitiva en la decisión sobre la designación de
quien obtuvo el mayor puntaje en las pruebas, por lo que no estaba

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demostrado un aprovechamiento personal con su participación en el
procedimiento de designación de personero municipal.

En cuanto a lo concluido por el tribunal en el sentido que la designación
como personero redundaba en beneficio del partido político al que
pertenecen él y los acusados, afirmó que se trata de una situación ajena
a los preceptos por los cuales se demandó la investidura y que en modo
alguno evidencian que sea una causal de pérdida de investidura, pues,
además de que no lo es, tampoco arrojaba certeza del interés alegado,
por lo que el tribunal sin fundamento fáctico ni jurídico concluyó que se
trataba de un interés moral, el cual, por un lado, no existe en la normativa
de conflicto de intereses, pues no está tipificado el interés moral, y por el
otro, ninguna de las circunstancias del texto normativo del conflicto de
intereses es asimilable a un conflicto de tipo moral, por lo que era
evidente que, como lo manifestó la magistrada que se apartó de la
decisión mayoritaria de primera instancia, la sola ausencia de la
declaración de impedimento por parte de los concejales o el no haberse
separado del conocimiento del asunto ante una recusación que no
encontraron procedente o el solo hecho de haber integrado el mismo
partido en los comicios anteriores con el actual personero (numeral 14,
artículo 11 CPACA), no constituía causal de pérdida de investidura.

“2.2. (sic) La aplicación restrictiva de la causal de pérdida de investidura
se impone sobre la interpretación extensiva o analógica”

Al efecto manifestó que, acorde con la jurisprudencia del Consejo de
Estado11, la pérdida de investidura se caracteriza por ser un medio de
naturaleza sancionatoria; por ende, debe desarrollarse bajo los preceptos

11 Citó un extracto de una providencia, pero no la identificó.

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del artículo 29 superior, de allí que se imponga la aplicación restrictiva de
la causal sobre alguna interpretación extensiva o analógica, y que dado
que el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 establece que la
investidura se puede perder por violación al régimen de conflicto de
intereses, su complementación no puede ser otra que acudir al artículo
70 de la misma ley, por lo que en este caso, al no estar demostrado el
interés como requisito esencial, debieron negarse las súplicas de la
demanda.

“3.3. Principio de favorabilidad y analogía in bonan partem o analogía
favorable”

En este punto, aseveró que la Ley 1881 de 2018 tiene sustento en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyas normas se
consagran las garantías judiciales, entre otras, al debido proceso, al
derecho de audiencia y defensa y la aplicación de los principios de
legalidad, pro homine, in dubio pro reo, favorabilidad, culpabilidad,
presunción de inocencia y non bis in ídem.

Con fundamento en ello alegó que, “(…) aunque se cumpla el precepto de
la norma, que, en este caso, no se da, ello no es suficiente para la
declaratoria de la sanción, pues se insiste, la causal debe estar
consagrada de manera expresa y taxativa. // No obstante, el a quo no
tuvo en cuenta que, en la entrevista realizada por los concejales
demandados, no se le otorgó una calificación desproporcionada al
supuesto beneficiado con el interés de los demandados, el señor Elvin
Rentería Álvarez, quien, por demás, no obtuvo la mayor votación ya que
ésta se le otorgó a la señora Yineth Potes Ramos quien obtuvo un mejor
puntaje, pero además, olvidó valorar en qué medida se presentaba el

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interés y advertir acreditado que su inclinación influyó en la decisión
obtenida en las demás pruebas”.

Alegó que, en consideración al principio de favorabilidad y a la analogía
bonam partem, así como lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 2200 de
2022, que si bien regula las causales de conflicto de interés de los
diputados, es clara en establecer que no se presenta conflicto de intereses
cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto, por lo que debía aplicarse el principio citado, lo
que impedía la declaratoria de la sanción más grave en materia política.

“3.4. Violación de las garantías de los demandados”

Insistió en que los acusados no desconocieron la normatividad señalada
por la parte actora y que la falta de impedimento obedeció precisamente
a que no existía conflicto de intereses, “como en su momento lo
manifestaron, sin poder hacer llegar la respuesta al destinatario por falta
de dirección”.

Argumentó que se desconocieron los derechos políticos, el debido
proceso, así como el derecho de defensa de los acusados al considerar el
tribunal que el interés era de tipo moral, sin exponer cuál era el
fundamento de ese supuesto interés y sin estar demostrada la influencia
por los valores, principios, creencias personales o relaciones que pudieran
afectar su capacidad para actuar de manera imparcial y en procura del
interés público. Agregó que el tribunal, con desconocimiento de las
garantías fundamentales de los acusados, hizo un análisis de conflicto de
interés de una causal que no cobija la pérdida de investidura, bajo un
supuesto de moralidad que no está tipificado en la conducta, ni se probó.

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“3.5. La providencia de primera instancia resulta contradictoria”

Lo que sustentó en que, además de lo expuesto, “(…) el mismo Tribunal
reconoce la falta de tipicidad de la conducta reprochada, pese a ello, de
manera contradictoria la convierte en típica sin mayor argumentación y
de forma contradictoria señala que “el interés moral pese a no estar
tipificado sí constituye un factor importante para el conflicto de intereses”,
por lo que, acomodó la argumentación para terminar afirmando que la
conducta cumplía con el requisito de tipicidad”.

También destacó que, pese a la atipicidad, se declaró la pérdida de
investidura, sin siquiera explicar en que consistió el interés moral, y que
el proceso de pérdida de investidura impone la taxatividad de la conducta
y la prohibición de efectuar analogías, ya que las dudas de interpretación
deben favorecer al acusado.

“3.6. Inexistencia del elemento subjetivo – culpabilidad. Ausencia
absoluta de dolo o culpa grave”

Señaló que tampoco estaba acreditado el dolo atribuido a los acusados, y
cuestionó lo dicho por el tribunal al indicar que no se demostró la fuerza
mayor o el caso fortuito o cualquier circunstancia que permitiera descartar
la culpa, y aseguró que “(…) ello es absurdo desde cualquier punto de
vista, y desdibuja la acción de pérdida de investidura, pues para no
cometer una conducta, resulta suficiente su inexistencia, sin que haya
lugar a exigirse una causal extraña para no cometer un acto irregular,
pues su no acontecimiento es el deber ser del actuar de los servidores
públicos y no se requiere de un hecho externo para considerar su buen
actuar”.

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Agregó que era completamente absurdo que se exigiera a los acusados la
comprobación de una causa externa para acreditar su actuar acorde con
el ordenamiento jurídico, ya que no se demostró que su obrar fuera en
beneficio de un interés privado.

Alegó que el tribunal consideró que los acusados conocían o debían
conocer que al participar en el proceso de elección del personero estaban
inmersos en causales de impedimento y/o recusación a partir del escrito
de recusación que presentó el señor Luis Fernando Moreno Mena en su
contra, la respuesta de los acusados dada el 5 de enero de 2024 y el acta
nro. 4 del 6 de enero de 2024 de la sesión plenaria del concejo, situación
que no era de recibo porque:

(i) los concejales conocieron la recusación, pero, al no advertir la
configuración de la causal luego de asesorarse, respondieron
rechazándola; (ii) la recusación no fue presentada a la mesa directiva,
sino a los mismos concejales electos, de modo que no se podía continuar
el trámite estipulado para las recusaciones; (iii) está acreditado que al
impedimento se le dio trámite al superior, en este caso, a la Procuraduría
Regional, que con el oficio 0296 del 19 de febrero de 2024 respondió al
procurador 186 de Quibdó; (iv) en atención a la orientación brindada al
presidente del concejo municipal de Lloró se le suministró un correo
electrónico a la Procuraduría donde debía enviar la respuesta dada al
recusante; (v) se dio cumplimiento al procedimiento establecido por el
artículo 12 del CPACA, y que la actuación de la Procuraduría de adelantar
de oficio la actuación fue producto de la diligencia del presidente del
concejo Alipio Rentería Rentería y del concejal Bernardo Emiro Andrade
Córdoba; (vi) la intervención de los acusados en la entrevista no alteró el
resultado del concurso de personero, pues, según la Resolución nro. 006,
el máximo puntaje en la entrevista no lo obtuvo el señor Elvin Rentería

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Álvarez, sino su contendora Potes. “Además de ello, y como se observa
en las pruebas obrantes en el proceso, se realizó posterior consulta a la
procuraduría, que conllevó a que, a partir de la intervención del presidente
del concejo en compañía de otro concejal, esa vista fiscal decidiera abrir
de oficio del trámite”; (vii) desconoció el tribunal que el personero es
elegido por mérito y se designa a quien obtenga mayor puntaje, pero
además quien elige no es uno de los concejales, sino la corporación en
pleno, y (vii) omitió el análisis particular de las situaciones personales de
los acusados, “quienes no ostentan la profesión de abogados, ni mucho
menos son doctos del Derecho. Se trata, a decir verdad, de ciudadanos
con bachillerato y sin educación profesionalizante, provenientes de unos
de los departamentos más afectados por la desigualdad social en el país”.

“3.7. Falta de soporte jurídico de la providencia de primera instancia”

En este punto indicó que “la sentencia de primera instancia se profirió sin
soporte jurídico, por lo que se aparta del deber que tienen los operadores
judiciales de fundamentar adecuadamente sus decisiones y la falta de
referencias claras vulnera las garantías fundamentales de los sujetos del
proceso, pues si bien se realiza llamados a pie de página, en su mayoría
éstos no contienen cita y en otros eventos, no coincide con lo que se
anuncia en el llamado, impidiendo ejercer una adecuada defensa técnica
respecto de las decisiones en que se soportó la providencia”, y para ello
citó varias páginas de la decisión de primera instancia.

Advirtió que, “si bien se solicitó aclaración de la providencia con sustento
en lo anteriormente referenciado, el Tribunal, una vez estudiados los
argumentos en que se fundamentó, negó la petición y, aunque realiza una
serie de aclaraciones, y pese a que las llama de otra manera, ello lo hizo

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por fuera de la sentencia al negar la aclaración, de modo que, a juicio de
esta defensa, el fallo continúa sin soporte ni fundamento”.

“3.8. Indebida valoración de las pruebas allegadas legal y oportunamente
al proceso”

Reiteró que el tribunal de manera “escueta, genérica y sin adentrarse en
lo que realmente debe estudiar” encontró acreditado el interés general
por el solo hecho de que los concejales hicieron parte de la misma lista
de candidatos para el concejo municipal de Lloró para las elecciones de
2015 y 2019, con el aspirante a la personería, quien supuestamente, al
haber tenido la condición de concejal, gozaba de liderazgo en el municipio,
situación que para el tribunal acreditaba la existencia de una estrecha
relación con el concursante, sin demostrar el beneficio para el partido, y
tampoco se relacionó “un vínculo de los concejales con el partido que
corresponda al grado de consanguinidad, afinidad, civil o societario que
exige la norma”, o el beneficio moral o económico directo o concreto; por
lo tanto, no existiendo en el proceso elementos demostrativos del interés
directo, particular, actual o inmediato, debía revocarse la decisión de
primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones.

Por último, atendiendo lo previsto por el artículo 14 numeral 2 de la Ley
1881 de 2018, solicitó se tuviera como prueba documental en esta etapa
del proceso el concepto rendido a los concejales por un profesional del
derecho, el cual manifestó se adjuntaba “con el recurso de alzada”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 10 de julio de 202412.

12
Ibidem.

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Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 15
de agosto de 202413.

5.2. Por auto del 30 de septiembre de 2024 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por los señores Alipio Rentería Rentería, Jorge
Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro
Andrades Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta y se rechazó la solicitud
probatoria pedida en segunda instancia, por cuanto “la apoderada de la
parte demandada no adjuntó la documental que solicita sea tenida en
cuenta en esta instancia, por consiguiente, al no contar con la misma, no
es posible verificar si aquella cumple los requisitos del artículo 212 del
CPCA”14.

Por memorial radicado el 3 de octubre de 2024, la apoderada de los
acusados manifestó: “informo que, con sorpresa encuentro que, mediante
auto del 30 de septiembre de 2024, se rechazó la prueba anunciada por
la defensa en el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera
instancia, por no haber adjuntado el escrito, lo cual veo se debió a
problemas técnicos que hicieron que el anexo permaneciera perdido en el
ciberespacio. Es por ello que, sin el ánimo de polemizar, ni intentar
recursos, que en todo caso no proceden, adjunto el escrito con la
esperanza que obre en el proceso”15.

13
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
14
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01

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Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 15 de octubre de
202416.

5.4. El despacho de conocimiento registró proyecto de fallo para ser
debatido en la Sala del 6 de marzo de 2025; sin embargo, en dicha fecha,
el entonces Consejero Hernando Sánchez Sánchez manifestó
impedimento para conocer del asunto17. El 13 de marzo de 2025, se
registró ponencia para resolver el impedimento y comoquiera que no
obtuvo votación mayoritaria, se dispuso remitir el expediente al despacho
que seguía en turno para que se pronunciara sobre el impedimento 18.

5.5. Por auto del 20 de mayo de 2025, el despacho del señor Consejero
Germán Eduardo Osorio Cifuentes devolvió el proceso al despacho de
conocimiento con fundamento en que: “El proceso ingresó a este
Despacho el 11 de abril de 2025, para resolver la manifestación de
impedimento del doctor Hernando Sánchez Sánchez. En razón a que el
doctor Hernando Sánchez Sánchez culminó su periodo constitucional el
21 de abril de 2025, no resulta procedente emitir un pronunciamiento en
relación con el impedimento manifestado por este. Por lo tanto, se
devolverá el proceso al despacho del consejero de estado doctor Oswaldo
Giraldo López, para lo de su competencia”19.

16
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
17 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
18 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

19 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

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25

Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

5.6. El expediente ingresó nuevamente al despacho el 26 de mayo de
202520.

5.7. El despacho de conocimiento registró nuevamente el proyecto de
sentencia para ser discutido en la Sala del 12 de junio de 2025; no
obstante, por escrito de la misma fecha la señora Consejera de Estado
Nubia Margoth Peña Garzón manifestó impedimento para conocer del
asunto, el cual fue declarado infundado por la Sala por auto del 26 de
junio de 202521.

5.8. Cumplido lo anterior, el expediente ingresó de nuevo a despacho el
21 de julio de 202522.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales, acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 200023 y con base en lo establecido por el

20 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
21 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
22 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
23 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.

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Radicación: 27001 23 33 000 2024 00031 01
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numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201924
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1 del Decreto 434 de 2024, que regula la distribución de negocios
entre las secciones25.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que los señores Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Alipio
Rentería Rentería, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro
Andrades Córdoba, Euclide Córdoba Cuesta y Jorge Eliécer Rentería
Mosquera26, fueron elegidos concejales del municipio de Lloró, Chocó, por
el Partido Liberal Colombiano, para el período constitucional 2024 – 2027,
la parte actora aportó copia del formulario E- 26 CON, acta del escrutinio
municipal concejo, elecciones autoridades territoriales del 29 de octubre
de 2023 de la Registraduría Nacional del Estado Civil27 y no se discute que
no hayan tomado posesión del cargo.

3.- Lo probado en el proceso

En el proceso está acreditado lo siguiente28:

24
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
25
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
26 La relación se hace en el orden en que están citados en el formulario según el número

de votos obtenidos.
27 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.
28 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

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Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

3.1. Se aportó copia del formulario E-26 CON, acta del escrutinio
municipal concejo, elecciones autoridades territoriales del 27 de octubre
de 2019, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, concejo municipal
de Lloró, departamento de Chocó, en el que consta que resultaron
elegidos concejales en representación del Partido Liberal Colombiano, los
señores Jorge Eliecer Rentería Mosquera, Bernardo Emiro Andrades
Córdoba, Elvin Rentería Álvarez, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Euclide
Córdoba Cuesta y Alipio Rentería Rentería29.

3.2. Así mismo se allegó copia del formulario E- 26 CON, resultado del
escrutinio municipal concejo, elecciones del 25 de octubre de 2015, de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para el concejo municipal de Lloró,
departamento de Chocó, allí se lee que resultaron elegidos concejales en
representación del Partido Liberal Colombiano, los señores Jorge Eliecer
Rentería Mosquera, Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Asnoraldo
Mayoral Bermúdez y Elvin Rentería Álvarez30.

3.3. Mediante escrito del 2 de enero de 2024 dirigido a los señores Alipio
Rentería Rentería, Jorge Eliecer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral
Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Ruscelly Rentería Rentería
y Euclide Córdoba Cuesta, con fecha de radicado del 2 de enero de 2025,
a las 2:57 p.m., y con firma de recibido de Esther Rentería, el señor Luis
Fernando Moreno Mena, manifestó lo siguiente:

“[…] actuando en mi propio nombre, con el debido respeto me dirijo ante
ustedes, con el propósito de elevar solicitud de RECUSACIÓN bajo los
parámetros de la Ley 1437 de 2011 (…) conforme a los siguientes
argumentos:

El día 31 de octubre de 2023 a la comisión escrutadora ingresó el señor
ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ, (…) como apoderado y representante de los
candidatos ASNORALDO MAYORAL BERMÚDEZ, ALIPIO RENTERÍA

29 Relacionados en orden del número de votos obtenidos.
30 Relacionados en orden del número de votos obtenidos.

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Solicitante: Nayibe Quejada Bejarano

RENTERÍA, JORGE ELIECER RENTERÍA MOSQUERA, RUSCELLY RENTERÍA
RENTERIA, conforme a acta general de escrutinio adjunto.

Conforme a lo anteriormente mencionado y debido a que, dentro del
concurso de personero del municipio de Lloró, en la lista de los
participantes se encuentra el señor ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ,
apoderado y representante de los señores ASNORALDO MAYORAL
BERMÚDEZ, ALIPIO RENTERÍA RENTERÍA, JORGE ELIECER RENTERÍA
MOSQUERA, RUSCELLY RENTERÍA RENTERIA, ahora concejales electos
para el período 2024-2027, se evidencia el interés notorio y parcializado
por parte de los señores concejales con el señor ELVIN RENTERIA lo que
está viciando las decisiones que deben basarse en imparcialidad y
transparencia dentro del concurso.

En el año 2019, el señor ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ hizo parte de la lista
a concejo en las elecciones territoriales en el municipio de Lloró por el
partido liberal junto con los señores JORGE ELIECER RENTERÍA
MOSQUERA, BERNARDO EMIRO ANDRADES CORDOBA, ASNORALDO
MAYORAL BERMÚDEZ y EUCLIDE CÓRDOBA CUESTA. Conforme E- 26
adjunto.

Por ello es evidente que se encuentran inmersos en un CONFLICTO DE
INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN, establecidas
en los numerales 4 y 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que a la
letra dicen:

(…)

Cabe recordar que conforme al artículo 48 de la Ley 617 de 2000, es
causal de pérdida de investidura para los concejales la violación al
régimen de conflicto de intereses: (…).

PRUEBAS

• ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO ADJUNTA
• E- 26 ELECCIONES TERRITORIALES CONCEJO DEL AÑO 2019

PETICIÓN

Conforme a los anteriores argumentos fácticos y jurídicos dele trámite a
la RECUSACIÓN planteada, separándose del trámite del Concurso de
Personería Municipal de Lloró para el período 2024- 2028, o en su defecto
darle el trámite correspondiente, conforme a lo establecido en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]”. (mayúsculas originales).

3.4. Por escrito del 5 de enero de 2024, firmado, en su orden, por los
señores Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliecer Rentería Mosquera,
Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba,

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Ruscelly Rentería Rentería y Euclídes Córdoba Cuesta, contestaron la
solicitud de recusación al señor Luis Fernando Moreno Mena, en el
siguiente sentido:

“[…] mediante el presente nos permitimos dar respuesta a la solicitud de
recusación presentada por usted en nuestra contra, solicitud que se
radicó contra cada uno de nosotros como personas naturales y radicadas
en la secretaría del concejo municipal de Lloró el día 2 de enero de 2024
y en tal sentido procedemos a dar respuesta, haciéndole la salvedad que
esta solicitud no es de competencia del seno del concejo y mucho menos
de la mesa directiva teniendo en cuenta el cuerpo de su solicitud, por lo
cual nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

(…)

De lo anterior se colige entonces señor LUIS FERNANDO MORENO MENA,
que su solicitud de recusación debió dirigirse a la mesa directiva del
concejo municipal de Lloró como órgano colegiado y directivo del concejo
municipal, e identificando a los suscritos como concejales de este ente
territorial y no como personas naturales ya que nuestra actuación en
este recinto está cobijada bajo el fuero de concejales del Municipio de
Lloró y es bajo esa condición que actuaremos en la etapa que
corresponda en el concurso de personero del Municipio de Lloró acorde
con lo consagrado en la ley y no de forma caprichosa, entendiendo que
somos un cuerpo colegiado.

Ahora bien, en atención a que la presente solicitud de recusación ha sido
radicada a cada uno de nosotros como personas naturales en la cual en
su solicitud no se hace referencia a los aspectos ya mencionados,
procedemos entonces a dar respuestas a sus argumentaciones así:

• Frente al primer argumento nos permitimos manifestarle que como
usted lo ha denotado en su escrito ya referido, el señor ELVIN
RENTERÍA ÁLVAREZ, para la fecha del 31 de octubre de 2023, nos
representó en los escrutinios municipales como personas naturales y
en su condición de profesional del derecho en cumplimiento de su
profesión privada sin ningún tipo de limitación e impedimento legal,
gestión que terminó sin ningún tipo de reclamación en nuestro favor
y una vez culminados los referidos escrutinios municipales, es decir,
que en la actualidad no es apoderado de ninguno de los reusados
(sic), situación que no compromete nuestra imparcialidad en nuestra
condición de concejales teniendo en cuenta que su participación como
en el concurso de personero no tiene ninguna injerencia de nuestra
parte pues la prueba comportamental, escrita, estudios de hoja de
vida y demás que pudieron desarrollarse a lo largo del concurso
fueron adelantadas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJALES,
el cual no tiene ninguna dependencia de nuestra parte.

• Frente al segundo argumento es menester recordarle al recusante
que el concurso de personeros está regulado en la Ley 1551 de 2012

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y sus decretos reglamentarios y en este se establece (…), es decir
que cualquier persona que cumpla con esta condición podría
presentarse al concurso de personero.

Razón por la cual resulta temeraria su afirmación cuando asevera que
debido a que el señor ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ se encuentra en la lista
de los participantes, se encuentra un interés notorio y parcializado por
parte de los señores concejales hoy recusados, lo que está viciando las
decisiones que deben basarse en imparcialidad y transparencia dentro
del concurso; olvidando cual es la naturaleza del concurso de méritos,
esto para señalar, que el señor RENTERÍA ÁLVAREZ forma parte de la
lista de los participantes primero por cumplir con los requisitos del
concurso y segundo por haber superado las etapas del concurso las
cuales fueron adelantadas por una institución distinta al concejo
municipal basadas en las reglas de la imparcialidad y la transparencia a
la cual el recusante hace alusión y que según las evidencias que existen
en el expediente, el señor Elvin las ha superado hasta el momento, de lo
contrario sería imposible que hasta la fecha ostentara el primer lugar.

• Frente a su tercer argumento es cierto que el señor ELVIN RENTERIA
ÁLVAREZ hizo parte de la lista de aspirantes al concejo de Lloró por
el partido Liberal, en el período electoral pasado, pero no es menos
cierto que en este acápite tan solo relaciona a los señores JORGE
ELIECER RENTERÍA MOSQUERA, BERNARDO EMIRO ANDRADES
CÓRDOBA, ASNORALDO MAYORAL BERMÚDEZ Y EUCLIDES
CORDOBA CUESTA, sin indicar las razones del por qué no hace alusión
al resto de las personas relacionadas cuando su solicitud ha sido
generalizada, dejando un manto de duda si estas personas realmente
participaron en su totalidad con el señor ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ
en la contienda pasada, tal como él lo ha señalado.

(…)
RESPUESTA A SOLICITUD DE RECUSACIÓN

En atención a su solicitud los recusados ALIPIO RENTERÍA RENTERÍA,
JORGE ELIECER RENTERÍA MOSQUERA, ASNORALDO MAYORAL
BERMÚDEZ, BERNARDO EMITO ANDRADES CÓRDOBA, RUSCELLY
RENTERÍA RENTERÍA Y EUCLIDES CÓRDOBA CUESTA, le manifestamos
que rechazamos la recusación planteada por usted y por su conducto el
impedimento pretendido y por consiguiente continuamos con el
desarrollo del cronograma propuesto por la mesa directiva dentro del
cronograma para la escogencia de personero o personera municipal de
Lloró, lo cual soportamos así:

Dentro de las normas traídas por el recusante debemos tener en cuenta
que la primera norma a examinar es la traída por este en lo que atañe a
los concejales como lo es la ley LEY 136 DE 1994, la cual es taxativa en
su contenido, norma esta que igualmente ante los posibles vacíos que
pueda tener nos puede remisionar a otras normas, en este caso el
recusante ha tenido a bien soportar su solicitud en numerales 4 y 14 del
artículo 11 de la ley 1437 de 2011 así:

(…)

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Ahora bien, analizadas las causales invocadas por el recusante, las
cuales fundamenta en los numerales 4 y 14 del artículo 11 de la ley 1437
de 2011, pero que a su vez soporta con el ARTICULO 70. LEY 136 DE
1994, para motivar el conflicto de interés en el caso de los concejales,
se hace entonces necesario traer a colación la jurisprudencia del Consejo
de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera (…).

En el caso bajo examen encontramos entonces que si bien es cierto el
recusante señala dos causales en las cuales considera se fundamenta su
recusación, no es menos cierto que no existe en todo el plenario prueba
demostrativa y argumentativa que los aquí recusados (…) con la
decisión que lleguemos a tomar produzcamos un beneficio
particular y concreto en favor nuestro, de nuestros cónyuges o
parientes y que además esa sea la situación por la cual no
manifestamos el impedimento alguno frente a la función que nos
tocaría cumplir dentro del concurso de méritos para el cargo de
personero del Municipio de Lloró y que se (sic) según el
cronograma correspondería al concejo municipal realizar la
entrevista con un porcentaje del 10%, pues es de conocimiento
público que producto del concurso público ya el 90% ha sido
calificado por otra entidad.

(…)

Analizadas cada una de las normas y conceptos traídos incluso por usted
como recusante, es claro que el conflicto de intereses se genera a partir
de ese conocimiento propio del servidor público, de ese interés personal
y/o familiar que pueda surgir y que produzca un beneficio particular.

(…)

Señor Moreno en nuestra condición de concejales del Municipio de Lloró,
dentro de esta actividad de elección de personero del Municipio de Lloró,
acorde al cronograma planteado no nos asiste ningún interés personal,
más que cumplir con el deber que el pueblo nos ha encomendado, tenga
la certeza que cumpliremos con nuestra función, independiente de quien
resulte elegido o elegida, pues es de su conocimiento que es un concurso
de méritos, el cual debe arrojar unos resultados acorde a los puntajes
obtenidos por cada participante en los cuales nosotros no hemos tenido
intervención y donde siempre debe resaltarse la transparencia e
imparcialidad. Así mismo es importante resaltar que entre la lista de
los aspirantes que existe dentro del concurso de personero del Municipio
de Lloró, el señor ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ, no es el único que existe
en la lista de aspirantes, razón por la cual existe pluralidad de oferentes
para hacer un estudio más objetivo de la prueba a presentar y que ha
generado tanta inquietud de su parte.

Por lo anterior entonces le reiteramos nuestra decisión de rechazar la
recusación y por su conducto el impedimento propuesto por usted acorde
a las razones expuestas.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).

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3.5. Se aportó respuesta dada el 9 de enero de 2024 por los señores Alipio
Rentería Rentería en calidad de presidente del concejo, Ruscelly Rentería
Rentería, primer vicepresidente del concejo, y Deiberth García Machado,
secretario ad hoc del concejo, dirigida al abogado Alfredo Potes Gamboa,
en donde se le informa lo siguiente:

“[…] Ref. Respuesta oficio de fecha 03 de enero de 2023 (sic)

En atención al oficio radicado por usted vía correo electrónico el día 03
de enero del corriente, donde se avizora que el mismo ha sido dirigido al
señor personero municipal de Lloró y no a esta corporación en el cual
usted solicita su intervención, esta colegiatura no tiene respuesta
pendiente al respeto (sic) puesto que en el contenido del mismo se
observa que su reclamación o solicitud va dirigida a ese Ministerio Público
sin copia para este concejo municipal.

Amén de ello usted adjunta oficio radicado por el señor Luis Fernando
Moreno Mena, dirigido a algunos concejales de esta corporación y de
quien no adjunta poder para actuar en su nombre, para lo cual le pongo
de presente que estos concejales le dieron respuesta oportuna al
reclamante, mediante oficio que fue leído en la sesión del concejo
municipal del día 05 de enero de 2024, por solicitud de los concejales
interesados debido a que el señor Moreno Mena no suministró una
dirección física o correo electrónico donde allegarle la respuesta-

[…]” .

3.6. Consta que, en la sesión del 6 de enero de 2024, según acta nro. 04
del concejo municipal de Lloró, Chocó, presidida por el concejal Alipio
Rentería Rentería, y en la que estuvieron presentes los acusados, se
discutió lo siguiente:

“[…] El secretario dio lectura al orden del día, seguidamente el
presidente lo somete a consideración, aprobación y fue aprobado sin
ninguna modificación.

El secretario hizo el llamado a lista y verificación del quórum y estaban
presentes los once (11) concejales, seguidamente se procede a darle
lectura a la respuesta de recusación interpuesta a los 6 concejales ya
que en el oficio recibido por ellos no tenía dirección para enviarlo al que
la interpuso entonces se hace lectura pública para que la plenaria tenga
conocimiento que ellos no están impedidos y que también van a anexar
copia del oficio como parte de la respuesta a la recusación, luego el
presidente procedió a hacer la aclaración de cómo se va a realizar el
proceso de la entrevista, también explica que la entrevista es individual

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y que cada miembro de la mesa directiva le correspondía hacer una
pregunta: del mismo modo se les concedió 5 minutos a cada participante
para que se presente ante la plenaria; de este modo se presentó YINETH
POTES RAMOS identificada con cedula (…), así mismo procede a
presentarse el señor ELVIN RENTERIA ALVAREZ identificado (…).

Así mismo, el presidente delega al primer y segundo vicepresidente para
realizar las preguntas a los aspirantes a personería; luego hace uso de
la palabra el h. Nancy Arcenio Rentería para manifestar que tiene una
resolución del mismo concejo donde dice que las preguntas las debe
realizar la plenaria del concejo, a lo que responde el presidente que los
citó en la secretaria del concejo para realizar las preguntas y el acudió.

Sigue haciendo uso de la palabra el h. Nancy Arcenio para decir que él
no va a realizar cosas en contra de la ley y que él se debe es al pueblo,
y propone que esas preguntas las hagan en plenaria.

Así mismo el presidente le cede la palabra al h. Bernardo Emiro Andrade
donde expresa que se aprobó el orden del día y ya es un acuerdo, no se
puede echar para atrás por que fue aprobado por todos los honorables
concejales.

Acto seguido, el h. José Luis blandón hace uso de la palabra para decir
que en el orden del día nunca escuche que las preguntas las iba a hacer
la mesa directiva.

Luego toma la palabra el presidente donde expresa que la entrevista
sería privada porque los ánimos estaban alterado[s] y se procede a hacer
la entrevista después de un corto receso.

Terminado el receso se procede el secretario Adoc (sic) a leerla
resolución # 048 dic. 2023 para dejar transparencia en el recinto, luego
toma la palabra el h. concejal JOSE LUIS BLANDÓN CÓRDOBA donde
expresa que en los documentos recibidos solo se leyó una sola recusación
y eran dos.

A lo que el presidente respondió que para dar respuesta a un oficio son
5 días hábiles y solo lleva un día de radicado.

Luego el presidente procede a decir que ya aprobado el orden del día
debemos continuar ya que teníamos un proceso muy importante para
desarrollar.

Luego se procede a realizar la entrevista por parte de la mesa directiva
en orden alfabético en referencia al primer apellido y procede a
responder YINETH POTES RAMOS identificada (…). la cual expresa que
antes de iniciar con la entrevista aquí en esta actuación administrativa
debemos regirnos por los principios porque estamos con servidores
públicos y que antes de ustedes realizar la actuación administrativa
deberían dar respuesta a la recusación presentada por el señor ALFREDO
POTES GAMBOA, dado que en ella se manifiesta que los h. concejales
hoy electos por partido liberal hicieron parte de la misma lista inscrita lo
cual está plasmado en el artículo 11 del CPACA código administrativo y

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de procedimiento administrativo a que no sea lea (sic) dado una
respuesta de fondo y teniendo en cuenta el E-26 del escrutinio de las
elecciones del 2019 que integran una misma lista cuerpo colegial por el
partido liberal, los señores recusados en este momento deben dar
respuesta antes de plasmarse la actuación administrativa.

Luego la mesa directiva procede a explicar cómo será la entrevista y su
método de calificación la cual se desarrolla haciendo pasar los
participantes en orden alfabético en referencia a su apellido, y de la
misma manera de parte del vicepresidente primero RUSCELY RENTERIA
RENTERÍA.

se procede a realizarse las preguntas a la participante YINETH POTES
RAMOS identificada (…).

Mientras se desarrolló las preguntas y posterior calificación a la
participante YINETH POTES RAMOS identificada (…) se aparecieron 12
hojas de calificación lo que aludió a entregar nuevas hojas de
clasificación a los honorables, ya que hubo un error a confusión entre los
concejales.

Acto seguido el vicepresidente segundo ALFONSO OBREGÓN URRUTIA
Procede a realizarle las preguntas al participante ELVIN RENTERIA
ALVAREZ (…) la cual se desarrolla sin ninguna salvedad tanto su
entrevista como su posterior calificación.

Dentro del desarrollo de la entrevista se hacen pasar a los participantes
al recinto, se guardan las calificaciones en una misma carpeta se
verifican que estén completa las 22 hojas de calificación de la entrevista
se declara la sesión permanente por el tiempo trascurrido.

El presidente h. concejal ALIPIO RENTERIA RENTERIA procede hacer leer
la resolución

#048 (DICIEMBRE DE 2028)
POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS DIRECTRICES PARA LLEVAR A
CABO LA PRUEBA DE ENTREVISTA EN EL CONCURSO PÚBLICO Y
ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO
MUNICIPAL DE LLORO EN VIRTUD Y DESARROLLO DE LA RESOLUCION
No. 022 de fecha 13 de julio de 2023 art. 568 (entrevista)

para dar claridad y transparencia al desarrollo de la entrevista, luego se
le sede (sic) la palabra a la participante YINETH POTES RAMOS la cual
expresa regirse bajo la convocatoria No. 020 del 5 de julio de 2023 y art.
56 que la citación estaba para el día 9 de enero y fue modificada para el
día 3 de enero 2024 y bajo que motivación fue modificada la citación,
que todo sea (sic) echo (sic) bajo la ley y que el debido proceso.

Luego el presidente da un recesó hasta las 4: p.m. para que cada
participante y la mesa directiva puedan buscar un asesor para los temas
de cómputo y porcentajes.

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Pasado el receso la mesa directiva en cabeza del presidente ALIPIO
RENTERÍA RENTERÍA determina dirigirse a la oficina de planeación con
el asesor de la mesa directiva y cada aspirante con su debido apoderado
para realizar la sumatoria del proceso bajo los parámetros establecidos.

La cual se desarrolló con la trasparencia en presencia de los participantes
y sus apoderados dando también a conocer nuevamente los porcentajes
del formato de calificación de la entrevista, siendo esta gra[b]ada por
audio y video que reposaran en archivos de la secretaria del concejo.

Agotado el orden del día se cita para el 8 de enero a las 10: am y se
levanta la sesión.

[…]” (mayúsculas originales)

3.7. Mediante Resolución nro. 007 del 11 de enero de 2024, firmada por
Alipio Rentería Rentería en calidad de presidente, Ruscelly Rentería
Rentería en calidad de primer vicepresidente y Alfonso Obregón Urrutia,
segundo vicepresidente, se publicó la lista de elegibles del concurso
público y abierto de méritos para la elección de personero municipal de
Lloró- Chocó.

3.8. Según consta en el acta nro. 07 de la sesión del 12 de enero de 2024
del concejo municipal de Lloró, Chocó, en la que estuvieron presentes los
acusados, se “confirmó la elección del personero”, allí se indicó:

“[…] La secretaría hizo el llamado a lista y verificación del quórum y
estaban presentes los once (11) concejales. Seguidamente el presidente
procede a dar lectura al acto administrativo mediante el cual se publica
los resultados finales del concurso de méritos para elegir personero
quedando de la siguiente manera:

(…)

Acto seguido hace uso de la palabra el h. Asnoraldo Mayoral para
presentar una proposición para que el acta final se aprobada por la mesa
directiva, luego se somete la cual obtuvo 8 votos a favor y 1 en contra.

Del mismo modo, el presidente procedió a confirmar la elección del
personero municipal de Lloró, de este modo quedó elegido el abogado
ELVIN RENTERÍA ÁLVAREZ (…) y debe posesionarse antes de 15 días
después de la elección y la debe hacer ante el juzgado 01 promiscuo
municipal de Lloro porque el concejo de Lloró queda en vacaciones el día
de hoy.

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Luego el presidente expresa que en los once días de prórroga fue elegida
la mesa directiva, quedando como presidente Alipio Rentería, 1°
vicepresidente Ruscelly Rentería Rentería, 2° vicepresidente Alfonso
Obregón Urrutia y secretaria Esther Yoana Rentería Bejarano y el
personero Elvin Rentería Álvarez.

[…]”.

3.9. Por medio de la Resolución nro. 009 del 12 de enero de 2025 firmada
por la mesa directiva del concejo municipal de Lloró, Chocó, se protocolizó
la elección del personero municipal, en cuyo resuelve se lee:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR como personero municipal de
Lloró, para el período comprendido entre el 2024- 2028, al doctor ELVIN
RENTERÍA ÁLVAREZ identificado (…) por haber superado las etapas del
concurso de méritos previsto por esta corporación, para ocupar el cargo
de personero municipal de Lloró, para el período constitucional
comprendido entre el 01 de marzo siguiente a su elección y concluirá el
último día del mes de febrero del cuarto año […]” (mayúsculas y negrillas
originales)

4. Examen de los motivos de la apelación

El tribunal, en la sentencia de primera instancia, negó la solicitud de
pérdida de investidura del concejal Ruscelly Rentería Rentería y declaró
la desinvestidura de los demás acusados. Esta última decisión fue objeto
de apelación y, para ello, se destaca que los siguientes son los puntos de
inconformidad:

(i) El tribunal de instancia, para decretar la pérdida por la causal de
conflicto de intereses, consideró que estaban probados los presupuestos
de la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 11 del
CPACA. A su turno, la parte recurrente alega que el citado artículo 11 no
es aplicable al asunto porque allí no se establece la sanción de
desinvestidura, en tanto que las únicas que tienen tal consecuencia son
las normas señaladas para el cargo de concejal, pues las generales tienen

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un tratamiento para otro tipo de procesos. Bajo el mismo entendimiento
de la indebida aplicación del artículo 11 del CPACA, la parte recurrente
alegó que el tribunal confundió las funciones administrativas con las
electorales y precisó que el artículo 11 solo es predicable de actuaciones
administrativas.

(ii) El tribunal tuvo por configurado el segundo presupuesto de la causal
de pérdida, esto es, la existencia de un interés directo, particular y actual,
y precisó que en este caso el interés era de tipo moral porque el
participante en el concurso de personero integró con los acusados la lista
para el concejo municipal de Lloró en los años 2015 y 2019,
demostrándose una estrecha relación con uno de los concursantes a
personero municipal.

La parte recurrente alegó que no estaba demostrado plenamente el
interés directo, particular y concreto, lo que desvirtuó en que: la elección
de personero estuvo precedida por un concurso de méritos en la que no
tienen injerencia; el puntaje de la entrevista solo equivalía a un 10%, y
acotó que el aspirante a personero, quien había sido compañero de lista,
no fue quien obtuvo la puntuación más alta en la entrevista; no está
probado que los acusados obtuvieran provecho alguno o un beneficio
directo por llevar a cabo la entrevista. A lo anterior, agregó que se tuvo
por probado un inexistente interés de tipo moral que, además, no está
tipificado en la causal de conflicto de interés.

(iii) La parte recurrente controvirtió que las causales de pérdida de
investidura son de aplicación restrictiva, lo que se impone sobre una
interpretación extensiva o analógica, por lo que, si el numeral 2 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994 establece que la investidura de concejal
puede perderse por violación al régimen de conflicto de intereses, su

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complementación no puede ser otra que acudir al artículo 70 de la misma
ley, de modo que, al no estar demostrado el interés, lo que procedía era
negar la solicitud de desinvestidura.

(iv) Los concejales acusados en el recurso de apelación solicitaron la
aplicación del principio de favorabilidad y analogía in bonam partem en el
sentido que el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 establece para los
diputados que no habrá conflicto de intereses cuando participen en la
elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto; por lo que,
en observancia al precitado principio, no era procedente la declaratoria
de pérdida de investidura.

(v) Los recurrentes consideraron que con la decisión del a quo se
afectaron los derechos políticos, el debido proceso, así como el derecho
de audiencia y de defensa de los concejales acusados por cuanto se
adoptó con fundamento en una norma que no es causal de pérdida de
investidura, y en un supuesto interés moral que, además de no estar
probado, tampoco está tipificado.

(vi) En la apelación se indicó que la sentencia de primera instancia es
contradictoria, puesto que el tribunal reconoce la falta de tipicidad de la
conducta reprochada y, pese a ello, el a quo aseguró “que el interés moral
pese a no estar tipificado sí constituye un factor importante para el
conflicto de intereses”.

(vii) Por último, en cuanto al elemento subjetivo, estimó que tampoco
estaba acreditado, y cuestionó que el tribunal haya exigido una causa
extraña para no incurrir en la conducta prohibida, “pues para no cometer
una conducta, resulta suficiente su inexistencia”. Acotó que se omitió el

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análisis particular de las situaciones personales de los acusados, quienes
no tienen como profesión la de abogados.

Precisado los reparos que la parte recurrente expuso, la Sala abordará el
examen de cada uno, estudiando en primer lugar aquellos que persiguen
desvirtuar la configuración del elemento objetivo, y de estar acreditado,
pasará a los reproches que tienen que ver con el elemento subjetivo.

4.1. Frente al elemento objetivo

(i) El primer reparo que formuló la parte recurrente tiene que ver con que
el numeral 14 del artículo 11 del CPACA no aplica para la acción de pérdida
de investidura, dado que las únicas disposiciones que prevén la
desinvestidura son las establecidas para el cargo de concejal, mientras
que las normas generales tienen un tratamiento para otro tipo de
procesos, por ejemplo, el disciplinario.

Sin embargo, en reiterada jurisprudencia31, esta Sección ha señalado que
el artículo 11 del CPACA enlista las circunstancias de conflicto de interés
y causales de impedimento y recusación para todo servidor público, luego,
como el artículo 12332 de la Constitución establece que los concejales son
servidores públicos, les asiste el deber de manifestar su impedimento

31 Alrespecto, pueden verse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 13001 23 33 000 2018 00738 01;
sentencia del 3 de marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 25 000 23 15 000 2022 01015 01; sentencia del 14 de septiembre de
2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 25 000 23 15 000
2022 01014 01.

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“ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas,
los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios (…)”.

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cuando se encuentren incursos en las circunstancias previstas en el
mencionado artículo 11 del CPACA.

A este respecto, la Sala observa que tal remisión resulta oportuna, no
simplemente porque en ella se establezca una causal de impedimento,
sino también porque le indica al juez en qué momento puede un servidor
encontrar su imparcialidad comprometida para actuar, que es
presupuesto de la configuración del conflicto de intereses que tiene como
consecuencia la pérdida de investidura. Entonces, lo que debe tenerse en
cuenta en el caso que se analiza, es que la remisión que se hace al
numeral 14 del artículo 11 del CPACA no lo es simplemente porque sea la
disposición aplicable al caso que ha de resolverse, sino también porque
deja clara la circunstancia en que puede encontrarse cualquier servidor
público cuando su interés particular entra en conflicto con el interés
general, por intervenir en una actuación, no obstante “Haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas
o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores”.

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sección Primera ha explicado que
el artículo 11 del CPACA es aplicable a los concejales en su calidad de
servidores públicos porque el inciso tercero del artículo 2 ibidem establece
que las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que
se prevén en dicho código “sin perjuicio de los procedimientos regulados
en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las
disposiciones” del CPACA. Valga anotar en este punto que la parte
recurrente no controvirtió la existencia de una disposición especial frente
a la manifestación de impedimentos para la elección de personero

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municipal, específicamente, en lo relación con la entrevista y la
correspondiente evaluación.

En línea con la inconformidad anterior, la Sala advierte que la parte
recurrente alega que el artículo 11 del CPACA no es aplicable a los
concejales para efectos de decretar la pérdida de investidura porque
abarca situaciones de carácter administrativo, y no electoral, como la
elección de personeros municipales, por lo que el a quo, al hacer
referencia a la precitada disposición, confundió las funciones
administrativas con las de tipo electoral.

Frente a este aspecto, se recuerda que el inciso final del artículo 39 de la
Ley 489 de 1998 establece que las “asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de
elección popular que cumplen las funciones que les señalan la
Constitución Política y la ley” y, adicionalmente, la jurisprudencia de la
Sección Primera ha considerado que “los procedimientos relacionados con
la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas
municipales y distritales son procedimientos administrativos
especiales”33, razón por la cual, como se indicó previamente, ante la falta
de regulación en la ley especial sobre las causales de impedimento, es
procedente la aplicación de lo previsto en el CPACA.

Por lo tanto, el reproche formulado por los recurrentes no tiene vocación
de prosperidad, en la medida que parte de la base que el artículo 11 del
CPACA se refiere a “actuaciones administrativas” y aquello lo contrapone
a que comprenden que llevar a cabo la entrevista y la correspondiente

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 26 de septiembre de 2024. Expediente radicado nro. 05001 2333 000 2024 00237
01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

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evaluación es una función de tipo electoral y no administrativa, pasando
por alto lo previsto en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 que define la
naturaleza de los concejos y, adicionalmente, que en el actualidad la
elección de personeros municipales se desarrolla a través de un concurso
público de méritos, por lo que se trata de un procedimiento administrativo
especial.

En efecto, el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política
establece que a los concejos le corresponde elegir personero y, a su vez,
el Decreto 1083 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”, en los artículos 2.2.27.1 y
siguientes, señala que el personero municipal o distrital será elegido de
la “lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado
por el concejo municipal o distrital”, y que “el concurso de méritos en
todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de
objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta
la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones”.

(ii) El segundo reproche alude a que, para la parte recurrente, no existe
el interés directo, claro y concreto en la supuesta actuación administrativa
por parte de los concejales, dado que el a quo no analizó las pruebas que
permitan inferir que se configuraba un interés por llevar a cabo la
entrevista o algún trámite en la elección del personero municipal.

En ese contexto, la Sala advierte que, en el recurso de apelación, la parte
demandante no controvierte los hechos que están probados en el
expediente, consistentes en que, con los formularios E 26 -CON de las
elecciones territoriales llevadas a cabo el 25 de octubre de 2015 y el 27
de octubre de 2019, resultaron elegidos por el Partido Liberal Colombiano
y como concejales del municipio de Lloró los aquí acusados, y que, al

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mismo tiempo, el señor Elvin Rentería Álvarez fue compañero de lista por
el mismo Partido Liberal Colombiano para el concejo municipal de Lloró,
quien posteriormente participó en el concurso para elegir personero
municipal para el período 2024 – 2028 resultando elegido.

Luego, las circunstancias que están demostradas en el expediente
encuadran en la causal de impedimento prevista por el numeral 14 del
artículo 11 del CPACA que establece que, “cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y
directo del servidor público, éste deberá declararse impedido. Todo
servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento
por: (…) 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en algunos de los dos períodos anteriores”.

Del contenido de la precitada disposición se desprende que los servidores
públicos, de los cuales hacen parte los concejales, tienen el deber de
declararse impedidos cuando se encuentren en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 11 del CPACA, pues, como lo ha
explicado la jurisprudencia de la Sección Primera, la ley prevé que frente
a las situaciones allí enlistadas “se encuentra comprometida la
imparcialidad y objetividad de los servidores públicos, entendiendo que
se presenta conflicto de intereses ante la existencia de intereses
personales y directos en relación con la decisión que se pretende

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adoptar”34. Explicado en otras palabras, el legislador enlistó
objetivamente unas situaciones en las que se entiende que los servidores
públicos tienen comprometida su imparcialidad, de ahí se deriva que al
estar incurso en alguna de las circunstancias señaladas por el legislador,
implica que deban apartarse de la decisión.

Lo dicho se corrobora con lo expuesto en el artículo 70 de la Ley 136 de
1994 que previó que “cuando para los concejales exista interés directo en
la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil,
o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas// Los concejos
llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica
privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano
que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,
que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo
ante ella”.

Por lo anotado, la Sala considera que no le asiste razón a la parte
recurrente cuando manifiesta que no existía un interés directo, claro y
concreto, en la medida que la ley prevé de manera objetiva las
circunstancia que se entienden ocasiona el conflicto de interés y que, por
ende, constituye causal de impedimento.

34Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de
septiembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro.
13 001 23 33 000 2018 00738 01 (PI).

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Ahora, si bien la Sala reconoce que, no obstante, la existencia objetiva de
la causal cabe la posibilidad de que el concejal acredite que en efecto no
tenía interés porque su imparcialidad no resultaba comprometida, para
que tal defensa prosperara, le correspondía entonces a la apelante
acreditar las circunstancias que permitieran darle sustento. Pero la
evidencia recaudada en el proceso no permite concluir que ello haya sido
así, pues, no obstante que se argumenta que el mayor puntaje en la
entrevista lo obtuvo la candidata adversaria, lo cierto es que el elegido
fue finalmente el candidato del mismo partido político, lo que implica que
la calificación que le dieron a su entrevista era suficiente para alcanzar el
fin que se buscaba.

En esa línea, se advierte que, no es de recibo argumentar que la
intervención de los concejales acusados era inocua, como quiera que el
proceso de selección es reglado y corresponde al mérito, pues ello no
desvirtúa la importancia que tiene la entrevista en la decisión final, ni está
acreditado dentro del proceso que no tuvo incidencia en la elección del
candidato. Y si ello hubiere sido así, nada explica entonces la razón por la
cual los acusados no declararon su impedimento, no obstante que habían
sido recusados, pues en tales circunstancias lo que se evidencia es que
tenían interés en participar, precisamente porque con ello tenían
injerencia en el proceso de selección; proceso en el cual, valga recordar,
concluyó con la elección del candidato sobre el cual pesaba el conflicto.

La misma circunstancia desvirtúa el argumento de la apelante, de
conformidad con el cual no estaban reunidos los elementos de la causal
de pérdida de investidura porque no podía predicarse la existencia de un
interés personal por parte de los concejales acusados frente a la elección
de personero municipal, puesto que estuvo precedida por una valoración
de mérito en la que no tienen injerencia y en la cual el puntaje de la

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entrevista solo equivale a un 10%. A lo que agregó que tampoco existe
en el proceso prueba en la que se constate que los acusados obtuvieron
provecho o beneficio por llevar a cabo la entrevista o algún trámite
efectuado en el proceso de elección de personero municipal. Por los
motivos ya anotados se evidencia que no le asiste razón a la parte
recurrente, dado que, como se indicó, el artículo 11 del CPACA previó
unas causales en las que se entiende que existe un conflicto entre el
interés particular y el interés general del servidor público, que la
recurrente no logra desvirtuar.

Igualmente, en el recurso de apelación se reprochó que el a quo tuvo por
probado, sin estarlo, un interés de tipo moral, por lo que insistió en que
la decisión de decretar la desinvestidura carece de la verificación de un
interés real o verdadero que pugne con el interés público; a lo que
controvirtió que el interés moral no está tipificado en la normativa del
conflicto de intereses.

Al respecto, se precisa que la causal de conflicto de intereses es de
naturaleza abierta, lo que se traduce en que el legislador, para el caso de
diputados, concejales y ediles, no señaló expresamente los requisitos para
su configuración. Por lo tanto, le ha correspondido a la jurisprudencia
determinar para este tipo de casos cuando se configura la causal. En ese
sentido, esta Corporación ha señalado que el interés debe ser directo, el
cual puede ser de cualquier orden como económico o incluso moral35.

Frente al interés de naturaleza moral, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha explicado que, a diferencia del interés económico,

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 30 de junio de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1). Expediente
radicación nro. 66001 23 33 002 2016 00291 01 (PI).

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resulta ser indeterminado, por lo que se lo ha asociado a la moralidad
administrativa, la protección a la confianza legítima de los electores y el
correcto ejercicio de la función pública36. De manera que no le asiste
razón a la parte recurrente cuando argumenta que el interés moral es
inexistente en el marco normativo de conflicto de interés, pues la
jurisprudencia lo ha reconocido, teniendo en cuenta que la causal es de
textura abierta y por lo tanto corresponde al juez delimitarla.

Una discusión diferente constituye calificar el interés en cabeza de los
acusados, es decir, si era de tipo moral, económico o de otro orden; sin
embargo, para la Sala no es relevante, en este caso, la connotación del
interés, dado que, se insiste, la razón de la decisión por la cual se tiene
por acreditado el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses
es que la ley previó de manera expresa los eventos en los cuales para un
servidor público existe conflicto de interés y, en consecuencia, debe
declarar su impedimento.

Por la misma razón, no tiene relevancia que la parte recurrente
argumente que no obtuvieron ningún provecho o beneficio directo con
ocasión de la entrevista o por algún trámite adelantado en el proceso de
elección de personero municipal; en efecto, como quiera que la ley ha
establecido que, en el caso que aquí se analiza, se configura el conflicto
de interés, ha de presumirse entonces que hay provecho o beneficio
directo, cuando se interviene en el proceso respectivo y se obtiene como
resultado la elección de la persona que integra las listas del mismo
partido; y ello es así, precisamente porque el cargo que se ocupa en esos
términos proviene precisamente de la intervención de quienes deben

36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 23 de

noviembre de 2021. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Expediente radicado nro. 11001
03 15 000 2020 04535 01.

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elegir, y si se favorece al candidato del partido, deriva sin duda en la
ventaja política que ello supone para el ejercicio de la función pública a
todos sus integrantes.

(iii) Otro de los reproches que formula la parte recurrente alude a que se
debe aplicar de manera restrictiva la causal de pérdida de investidura y
que ello debe primar sobre una interpretación extensiva o analógica. En
ese sentido, reprochó que el numeral 2 del artículo 55 prevé que la
pérdida de investidura procede por la violación al régimen de conflicto de
intereses, por lo que su complementación no puede ser otra que el artículo
70 de la misma ley.

La Sala considera que tampoco le asiste razón a la recurrente por cuanto
la causal se ha previsto en la ley de manera abierta o indeterminada, y
para el caso de los concejales, el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136
de 1994 ha establecido de manera general que se perderá la investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses, sin que la misma
disposición enliste los eventos que constituyen tal transgresión.

En ese sentido, es que la parte recurrente asegura que la causal invocada
solamente puede complementarse con el artículo 70 de la Ley 136 de
1994; no obstante, si bien la precitada disposición es aplicable porque
señala que, “cuando para los concejales exista interés directo en la
decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o a su socio
o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas”, lo que cierto es que tampoco
establece los eventos en que se configura el conflicto de intereses, sino
que más bien impone el deber de manifestar el impedimento.

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Sin perjuicio de lo anotado, el inciso segundo de la misma disposición
establece que “cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal
de impedimento de algún concejal que no se lo haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella”, aparte que, como se
indicó en acápites precedentes, la jurisprudencia de la Sección Primera ha
entendido que se trata de una razón adicional para que se apliquen las
causales de impedimento del artículo 11 del CPACA en los casos en los
que haya lugar.

(iv) La parte recurrente alegó que con la decisión del a quo se afectaron
los derechos políticos, el debido proceso y el derecho de audiencia y de
defensa de los concejales aquí acusados, por cuanto la sanción fue
impuesta con fundamento en una normatividad que no es causal de
pérdida de investidura y en un supuesto interés moral que, además de no
existir, no se encuentra tipificado.

Frente a este reparo, la Sala advierte que la parte recurrente insiste en
que no estaba probado el conflicto de interés en circunstancias que, como
ya se ha señalado, resultan irrelevantes en el examen para su
configuración, puesto que las causales de impedimento enlistadas en el
artículo 11 del CPACA están previstas de manera objetiva, de modo que,
al verificar por parte del concejal que están reunidos los presupuestos que
ocasionarían el impedimento, su deber, en principio, es manifestarlo,
puesto que aquella es la forma en la que la ley podría garantizar la
imparcialidad y transparencia de las decisiones que se adopten en las
corporaciones públicas de elección popular. Luego, lo que la parte
recurrente debía controvertir y no lo hizo es que los elementos de la
causal de impedimento del numeral 14 del citado artículo 11 no estaban
cumplidos, o que no comprometieron su imparcialidad, pues sería la única
forma en que los acusados se exoneraran del deber de apartarse del

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desarrollo y evaluación de la entrevista que se hizo a los candidatos a
personero municipal.

Siendo ello así, no podría predicarse una vulneración de los derechos
políticos de los aquí acusados, dado que, si bien es cierto que la
Constitución Política, en los numerales 1 y 7 del artículo 40, establece,
respectivamente, el derecho a ser elegido y acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos, también lo es que la misma disposición, en
el numeral 6, prevé el derecho a interponer acciones públicas en defensa
de la Constitución y la ley, tal como lo es la acción de pérdida de
investidura, de modo que, al estar comprobados los presupuestos para
imponer la sanción que de aquella acción pública se deriva, no se podría
predicar una afectación a los derechos políticos que sea contraria al
ordenamiento jurídico.

A su turno, en cuanto a la afectación del debido proceso, así como del
derecho de audiencia y de defensa, no se advierten los motivos por los
cuales la parte recurrente considera que resultaron afectados, dado que
su reproche radica en que no estaba demostrado el interés y que se
impuso la sanción de desinvestidura con sustento en una norma que no
da lugar a ello; sin embargo, las garantías que componen del derecho al
debido proceso no guardan relación con lo alegado en la apelación, en la
medida en que ellas se circunscriben a los derechos a la jurisdicción, al
juez natural, a la defensa, a que el proceso sea público y desarrollado en
un tiempo razonable y a la independencia e imparcialidad del juez37.

(v) La parte recurrente alegó que la decisión de primera instancia es
contradictoria debido a que el mismo tribunal reconoció la falta de
tipicidad de la conducta y, pese a ello, la convirtió en típica, en la medida

37 Corte Constitucional. Sentencia C- 341 del 4 de junio de 2014.

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en que aseguró que “el interés moral pese a no estar tipificado sí
constituye un factor importante en el conflicto de intereses”, de tal modo
que el a quo acomodó la argumentación para concluir que la conducta
cumplía con el requisito de tipicidad.

La Sala recuerda que la tipicidad en los procesos de pérdida de investidura
se refiere a que debe determinarse si la conducta del acusado se adecúa
o no a las causales taxativamente señaladas en la ley. En este caso la
causal invocada corresponde a la violación del régimen de conflicto de
intereses que, como se ha mencionado, no fue determinada para los
concejales por el legislador en la misma norma que lo previó. Por ello, ha
sido la jurisprudencia la que ha explicado que para su configuración debe
estar acreditado un conflicto de interés que puede ser de cualquier orden,
incluso moral. El tribunal señaló que el interés que en este caso se
configuraba era moral y, por su parte, los recurrentes sostienen que ese
interés no está tipificado en la norma y que además no está probado.

Para determinar la tipicidad de la conducta, la Sala considera que lo
relevante es que la parte demandante invocó para sustentar la violación
del régimen de inhabilidades, la causal de impedimento enlistada en el
numeral 14 del artículo 11 del CPACA; luego, al estar reunidos los
presupuestos de hecho de la causal de impedimento deviene que se
configuró objetivamente el conflicto de intereses en cabeza de los
concejales y, al ser este el fundamento para decretar la pérdida en
primera instancia, no se advierte la contradicción endilgada por los
recurrentes.

(vi) En relación con lo señalado por la parte recurrente que intituló
“principio de favorabilidad y analogía in bonan partem o analogía
favorable”, la Sala advierte que la inconformidad tiene que ver con que

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solicita la aplicación por analogía in bonam partem del literal e) del
artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 que, en efecto, establece que los
diputados no incurren en conflicto de interés “cuando el diputado participa
en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se
exceptúan los casos en que se presente inhabilidades referidas al
parentesco con los candidatos”.

Frente a la aplicación por analogía in bonam partem en los procesos de
pérdida de investidura, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, siguiendo los pronunciamientos de la Corte Suprema
de Justicia, ha explicado lo siguiente38:

“[…] La pérdida de investidura es un proceso jurisdiccional que hace
parte de lo que genéricamente se ha denominado el “derecho punitivo
del Estado”, es decir, de las manifestaciones del poder represivo y
sancionador por conductas atribuibles o reprochables de un sujeto. La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia explicó con especial claridad
y sindéresis el género antes mencionado y sus características esenciales:

Precísese además, a manera de corolario de los presupuestos ya
enunciados, que el DERECHO PUNITIVO es una disciplina del orden
jurídico que absorbe o recubre como género cinco especies, a saber: el
derecho penal delictivo (reato), el derecho contravencional, el derecho
disciplinario, el derecho correccional y el derecho de punición por
indignidad política (impeachment), y que por lo tanto son comunes y
aplicables siempre a todas estas modalidades específicas del derecho
punible, y no sólo respecto de una de ellas ni apenas de vez en cuando,
las garantías señaladas en la Constitución y en la legislación penal
sustantiva y procesal que las desarrolle, las cuales, en sustancia, son las
que siguen:

1. El principio de la estricta y preexistente legalidad punitiva o de la
certidumbre normativa previa (…) 2. El del debido juez competente (…)
3. El del debido proceso y del derecho de defensa, los cuales exigen el
respeto a las formas normadas también prexistentes de procedimiento
para cada juicio, la carga de la prueba para el Estado y no para el
sindicado, la controversia probatoria plena y previa a la evaluación y
decisión y la prohibición no solo de la penalidad sino también del
juzgamiento ex-post-facto, (…) 4. La cláusula general de permisibilidad

38 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de

febrero de 2020. C.P. Maria Adriana Marín. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000
2019 00911 01.

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y el principio de mayor favorabilidad y por lo tanto la prohibición de
aplicar la analogía juris, la analogía legis, o la interpretación extensiva,
“in malam partem” o para desfavorecer y en cambio la permisión para
hacerlo “in bonam partem” o para favorecer. 6. (sic) La garantía del “non
bis in idem”… . Lo anterior deja entender entonces que siendo del mismo
género punible el procedimiento penal y el procedimiento disciplinario,
no son de la misma especie, pero que, por lo mismo, por ser especies
diferentes de un mismo género, tienen no sólo rasgos propios que los
caracterizan y diferencian, sino, además, elementos comunes que los
aproximan.

Ciertamente, como ya lo ha sostenido la Corte en jurisprudencia anterior,
la Constitución no sigue ni impone escuela o doctrina alguna del derecho
punible. Pero lo que sí es claro es que aquélla no admite teoría alguna
que desconozca los principios y garantía enunciados atrás39.

[…]”.

En otra oportunidad, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, refiriéndose al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, indicó que “en tanto limitan la libertad y los derechos
de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus
causas, vigencias, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación
es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en
lo favorable”40.

Teniendo en cuenta el contexto descrito, debe precisarse que, si bien esta
Corporación ha señalado que las causales de pérdida de investidura no
permiten una interpretación analógica o extensiva, en la medida en que
esta acción implica el ejercicio del ius puniendi del Estado y, por ende, se
sustenta en el principio de legalidad en el sentido que las causales de
pérdida de investidura deben estar expresamente previstas en la
Constitución o en la ley, también lo es que la analogía in bonam partem,

39 Corte Suprema de Justicia – Sala Plena, sentencia de constitucionalidad del 7 de marzo

de 1985, exp. 1259, M.P. Manuel Gaona Cruz. Extracto tomado de “Jurisprudencia y
Doctrina”, Edit. Legis S.A., Tomo XIV, N. 161, mayo de 1985, págs. 428 y 429. Mediante
esta sentencia se juzgó la constitucionalidad de algunas de las normas del Decreto-ley
1835 de 1979, contentivo del régimen disciplinario para la Policía Nacional.
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de febrero de 2011.

C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Expediente radicado nro. 11001 0315 000 2010 00990 00 (PI).

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o, en otros términos, aquella analogía que resulta ser favorable al
acusado, resulta procedente en los procesos de pérdida de investidura,
dado que esta última no limita los derechos fundamentales de los
acusados ni implica una vulneración al principio de legalidad, pues aquel
está fundamentado en la necesidad de contener el poder del Estado
respecto de las sanciones que implican una restricción de los derechos de
los asociados.

Ahora, en la sentencia C- 083 de 1995, la Corte Constitucional explicó que
la analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas
expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en
aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, aquellos que explican y
fundamentan la ratio iuris o razón de ser de la norma, a lo que agregó
que “discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde
luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que
ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso
particular es o no subsumible en una norma de carácter general”.

Así las cosas, la Sala considera que no es procedente aplicar el literal e)
del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022; lo anterior, por cuanto la precitada
disposición regula el supuesto en el que el diputado participa en la
elección de servidores públicos mediante el voto secreto, aspecto este
último que se entiende relevante para que no exista la configuración de
intereses; mientras que, en este caso, el fundamento del conflicto de
interés radica en que los acusados llevaron a cabo la entrevista de los
aspirantes a personero municipal, así como la correspondiente
evaluación.

A estos efectos, la Sala observa que del literal e) del artículo 56 de la Ley
2200 se desprende que el aspecto relevante para que no opere el conflicto

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de interés en cabeza de los diputados es que la participación en la elección
se haga mediante el voto secreto, lo que en este caso no ocurrió; además,
tampoco puede perderse de vista que la Ley 2200 de 2022, por ser norma
especial para los diputados, no puede ser aplicable al presente asunto;
por lo tanto, este reproche tampoco tiene vocación de prosperidad.

En consecuencia, como la parte recurrente no logró desvirtuar los
requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal, la Sala
descenderá al estudio del elemento subjetivo.

4.2. El elemento subjetivo

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso son aplicables en
estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan”41.

En la referida sentencia la Corte precisó que “los principios del derecho
sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la
ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no
ser declarado culpable. De este último principio, se ha derivado el
principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace referencia a la

41 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.

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necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en la comisión de
un delito”42. (destacado en la providencia)

El elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva de la presunción
de inocencia, que tiene su fundamento en el artículo 29 Superior; la
culpabilidad implica entonces que deba estar acreditada la
responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de la causal.
Por tal razón, la culpabilidad, consiste en efectuar un juicio de reproche
sobre la conducta del implicado43.

Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

En este caso, la demanda se radicó el 22 de febrero de 202444 y, por
ende, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019,

42
Ibídem.
43
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
44 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 27001 23 33 000 2024 00031 01.

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que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de 201845, que dispuso que el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva, y que la acción se ejercerá contra los
congresistas [léase para el caso concejal] que con su conducta dolosa o
gravemente culposa hubieran incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura previstas en la Constitución.

A su turno, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible
a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.

De contera, el caso debe de estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez
que este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio
de responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de
la culpabilidad del investigado46.

En el asunto bajo examen, la Sala considera que el elemento subjetivo
está cumplido, dado que los acusados participaron de manera intencional
en la entrevista y calificación de los candidatos a personero municipal y
su conducta no está justificada en la buena fe calificada producto de un
error invencible.

En esa medida, la Sala precisa que lo que debe tenerse en cuenta frente
al hecho de si los acusados conocían o no que al participar y evaluar las
entrevistas de los candidatos que aspiraban a ser personero municipal
incurrían en la causal de conflicto de interés, es que la ignorancia de la

45
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
46
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).

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ley no sirve de excusa para su transgresión; y, por lo tanto, lo que les
correspondía era acreditar que incurrieron en esa transgresión por un
error que es común a muchos.

Lo anterior, por cuanto, aunque, al tenor del artículo noveno del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su infracción, hay por
lo menos dos eventos en los cuales se configura una razón que puede
justificar la conducta prohibida, porque implican que el accionado actúa
con buena fe calificada y en presencia de un error invencible, verbigracia:
(i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y
luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza
legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la
persona se asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja mal; ello
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute
para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si
ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un
concepto.

Cabe mencionar que la buena fe calificada se desprende del principio
general “error communis facit ius” que implica la existencia de un error
que además de ser invencible debe ser común a la colectividad. Al
respecto, la Corte Constitucional ha explicado que “el principio general
según el cual el error común e invencible crea derecho constituye uno de
los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se
admite que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un
acto, se puedan derivar consecuencias jurídicas avaladas por el propio
ordenamiento. La ficción de que nadie ignora la ley no tiene alcance
absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se le reconoce
relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho,
aunque en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como

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en el caso del matrimonio putativo), el error colectivo o común genera
efectos aún más significativos, pues puede convalidar situaciones
generales que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es el caso
del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente
generadora de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de
este principio exigiendo, para su aplicabilidad, que el error sea
“invencible”, queriendo significar con ello que, además de ser común a
muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido
cometerlo”47.

En ese escenario, es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la
Corporación ha explicado que una conducta que desde el punto de vista
objetivo es contraria al ordenamiento jurídico, puede estar justificada
cuando una persona busca asesoría jurídica idónea y el profesional del
derecho le aconseja mal, pero ha precisado, como se indicó en líneas
precedentes, que dicha circunstancia justifica la conducta siempre y
cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si esta es
clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello
es así, porque si los elementos para la estructuración de la causal son
claros, no se trataría de un error que es común a la colectividad, principio
del cual se desprende la buena fe calificada.

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de

47 Corte Constitucional. Sentencia T- 090 de 1995.

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verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la
cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de conocimiento, el
acusado no alegue simplemente que obró de buena fe, sino que debe
acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un error
invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró́
adecuadamente de abogados idóneos, no obstante, lo cual incurrió en la
conducta reprochable.

En este caso, los acusados no expusieron ningún argumento para
demostrar que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiesen solicitado conceptos y asesorías y éstas
fueran idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la
buena fe calificada proveniente de un error invencible.

En este punto, la Sala pone de presente que, con el recurso de apelación,
la parte recurrente solicitó que se tuviera como prueba el concepto
rendido a los concejales por un profesional del derecho; sin embargo, la
solicitud probatoria fue rechazada por auto del 30 de septiembre de 2024,
por lo que, con las pruebas que fueron regular y oportunamente allegadas
al proceso, no se acreditó que el actuar de los concejales estuviese
amparado en la buena fe calificada.

Igualmente, por lo hasta aquí expuesto, no le asiste razón a la parte
recurrente cuando señaló que el tribunal omitió el análisis particular de
las situaciones personales de los acusados “quienes no ostentan la
profesión de abogados, ni mucho menos son doctos del derecho. Se trata
a decir verdad de ciudadanos con bachillerato y sin educación
profesionalizante”.

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Lo anterior, dado que, como se explicó en precedencia, conforme a
nuestro ordenamiento jurídico, la ignorancia de la ley no sirve de excusa
para su transgresión, acorde con lo señalado por los artículos 6 y 95 de
la Constitución Política, y 9 y 18 del Código Civil. Además, siguiendo la
lógica del reproche formulado, se llegaría al absurdo de considerar que
solo los letrados pueden incurrir en la conducta prohibida, “pues el
iletrado queda exonerado, en la medida que no actúa con conocimiento
de lo que el ordenamiento jurídico dice”48.

Tampoco es de recibo lo dicho en el recurso de apelación en el sentido
que era absurdo que el tribunal haya exigido una causa extraña para no
incurrir en la conducta prohibida, pues “no se requiere de un hecho
externo para considerar su buen actuar”, dado que resulta suficiente la
inexistencia de la conducta. En ese entendimiento, adujo que no era
procedente exigirles a los acusados la comprobación de una causa externa
para acreditar que actuaron conforme al ordenamiento jurídico, ya que no
se demostró que su obrar fuera en beneficio de un interés privado.

Ello, por cuanto, lo que se advierte es que la parte recurrente en su
argumentación no distingue entre el elemento objetivo y subjetivo de la
pérdida de investidura, dado que, una vez se supera el examen del
primero, se entiende que existe una conducta que es contraria al
ordenamiento jurídico y, por su parte, lo que supone, el análisis del
elemento subjetivo es determinar si se incurrió en aquella con dolo o culpa
grave, y si la conducta prohibida está justificada en la buena fe calificada.
De este modo, contrario a lo señalado por la parte recurrente, sí puede
existir un comportamiento que es contrario a derecho, no obstante estar

48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 20 de junio de 2024.C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 54 001
23 33 000 2024 00050 01.

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justificado en el principio de error communis facit ius, de donde se
desprende que no habrá lugar a declarar la responsabilidad.

Por las consideraciones anotadas, la Sala confirmará la sentencia
proferida el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó
que decretó la pérdida de investidura de los señores Alipio Rentería
Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez,
Bernardo Emiro Andrades Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta, elegidos
concejales del municipio de Lloró, Chocó, para el período constitucional
2024 – 2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Chocó, atendiendo los motivos
explicados en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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