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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00856-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00856-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alipio Rentería Renterí, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00856-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00856-00
Demandante: Alipio Rentería Rentería y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00856-00
Demandante: Alipio Rentería Rentería y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas: Contra providencia judicial – pérdida de investidura.
Relevancia constitucional.

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por el señor
Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral
Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta contra el
Consejo de Estado, Sección Primera, conforme a lo establecido en el artículo 1. °
del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de febrero de 2026, el señor Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería
Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade Córdoba y
Euclide Córdoba Cuesta, a través de apoderado, interpusieron acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Primera por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a elegir
y ser elegido y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a elegir y ser elegido y a la igualdad; vulnerados
con la sentencia de 31 de julio de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, dentro del expediente de pérdida de investidura con Radicado 27001-23-
33-000-2024-00031-01.

SEGUNDA: Que se deje sin efectos la sentencia de 31 de julio de 2025 proferida por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
dentro del expediente de pérdida de investidura con Radicado 27001-23-33-000-2024-
00031-01.

TERCERA: Que se ordene a la Sección Primera del Consejo de Estado dictar una
nueva sentencia dentro de ese mismo expediente que sea congruente con la protección
de los derechos fundamentales amparados, con sujeción estricta al principio de
legalidad y taxatividad de la pérdida de investidura y a la valoración integral y razonable
de la prueba.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00856-00
Demandante: Alipio Rentería Rentería y otros

Hechos que dieron origen al proceso de pérdida de investidura

Mediante la Resolución 022 del 23 de julio de 2023, el Concejo del municipio de
Lloró, Chocó, reglamentó el concurso público de méritos para la elección del
personero municipal correspondiente al período comprendido entre el 1 de marzo
de 2024 y el 28 de febrero de 2028.

En las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, el señor Elvin Rentería
Álvarez (quien posteriormente se inscribió como aspirante al cargo de personero de
Lloró) actuó como apoderado, en los escrutinios municipales, de los entonces
candidatos al concejo Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera,
Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Euclide Córdoba
Cuesta y Ruscelly Rentería Rentería, todos ellos resultaron elegidos concejales del
municipio de Lloró para el período constitucional 2024–2027.

El 2 de enero de 2024, el ciudadano Luis Fernando Moreno Mena presentó escrito
de recusación contra los seis concejales antes mencionados, con el propósito de
que se separaran del trámite de elección del personero municipal y se abstuvieran
de participar en la respectiva votación, en consideración a que el señor Elvin
Rentería Álvarez figuraba como aspirante al cargo. Posteriormente, el ciudadano
Alfredo Potes Gamboa formuló una segunda recusación por los mismos motivos.

El 5 de enero de 2024, en sesión ordinaria del Concejo Municipal de Lloró, los
concejales recusados manifestaron no estar incursos en causal de impedimento
alguna. En consecuencia, no se suspendió la sesión, ni se dio el trámite previsto en
el artículo 12 del CPACA, ni se remitieron las recusaciones a la Procuraduría
Regional del Chocó. En la misma sesión, los concejales entrevistaron a los
aspirantes al cargo de personero y expidieron la Resolución 003 del 5 de enero de
2024, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba.

El 11 de enero de 2024, mediante la Resolución 007, la mesa directiva del Concejo
de Lloró publicó la lista de elegibles. Al día siguiente, el 12 de enero de 2024, expidió
la Resolución 009, por la cual se protocolizó la elección del señor Elvin Rentería
Álvarez como personero municipal de Lloró para el período 2024–2028.

De la pérdida de investidura 27001-23-33-000-2024-00031-00/01

La señora Nayibe Quejada Bejarano, actuando en nombre propio, instauró ante el
Tribunal Administrativo del Chocó solicitud de pérdida de investidura contra los
concejales Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo
Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba, Euclide Córdoba Cuesta y
Ruscelly Rentería Rentería, por violación del régimen de conflicto de intereses, con
fundamento en el artículo 11 (numerales 4 y 14) de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000. El proceso se tramitó bajo el
radicado 27001-23-33-000-2024-00031-00.

En la solicitud se expuso, adicionalmente, que el señor Elvin Rentería Álvarez había
integrado, junto con varios de los concejales acusados, las listas al Concejo
Municipal de Lloró por el Partido Liberal Colombiano en los dos períodos electorales
inmediatamente anteriores: en las elecciones de 2015 (concejo período 2016–2019)
participó en el renglón 006 con Jorge Eliécer Rentería Mosquera (renglón 001),

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Bernardo Emiro Andrades Córdoba (renglón 002) y Asnoraldo Mayoral Bermúdez
(renglón 003); y en las elecciones de 2019 (concejo período 2020–2023) participó
en el renglón 003 con Jorge Eliécer Rentería Mosquera (renglón 001), Bernardo
Emiro Andrades Córdoba (renglón 002), Asnoraldo Mayoral Bermúdez (renglón
005), Euclide Córdoba Cuesta (renglón 006) y Alipio Rentería Rentería (renglón
009).

Mediante sentencia del 16 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó
decretó la pérdida de investidura de los seis concejales acusados, al considerar
configurada la causal de violación del régimen de conflicto de intereses.

Consideró que los citados ciudadanos actuaron con dolo, por lo que se configuró la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley
136 de 1994. Concluyó que los concejales Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer
Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrade
Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta tenían conocimiento previo de que su
participación en la entrevista a los aspirantes a la Personería de Lloró los situaba
en una causal de conflicto de intereses, conforme al numeral 14 del artículo 11 de
la Ley 1437 de 2011. Pero, pese a las advertencias formuladas tanto por el
recusante como por una concursante, continuaron con la diligencia sin declararse
impedidos ni dar el trámite legal a la recusación.

Finalmente, frente al concejal Ruscelly Rentería Rentería, dijo que no se demostró
dentro del proceso que estuviera incurso en una causal de impedimento generadora
de conflicto de intereses.

Inconformes con la decisión, los concejales Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer
Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades
Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta interpusieron recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos: (i) falta de tipicidad y vulneración al
debido proceso; (ii) indebida valoración probatoria; (iii) ausencia de elemento
subjetivo; (iv) solicitaron incorporar un concepto jurídico como prueba documental
en segunda instancia, con el propósito de acreditar un actuar diligente y de buena
fe ante las imputaciones formuladas.

Mediante sentencia del 31 de julio de 2025, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de primera
instancia.

En primer lugar, frente al elemento objetivo y la naturaleza del interés, precisó que
la causal por conflicto de intereses ostenta una textura abierta, capaz de abarcar el
ámbito moral. En consecuencia, basta la configuración material de la prohibición
para viciar la imparcialidad, sin requerir la demostración de un beneficio concreto.
Además, advirtió que la intervención de los referidos concejales resultó
determinante para elegir al candidato de su misma colectividad política, motivo por
el cual resultaba imperativa la declaración del respectivo impedimento.

De otra parte, descartó aplicar la analogía in bonam partem invocada con base en
la Ley 2200 de 2022. Lo anterior, toda vez que la elección evaluada prescindió del
voto secreto y dicha normativa rige de manera exclusiva para los diputados.

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Finalmente, al analizar el elemento subjetivo, concluyó que los acusados actuaron
con dolo tras participar intencionalmente en la fase de entrevista. Así, enfatizó que
los implicados carecían de una buena fe calificada originada en un error invencible,
pues la simple asesoría jurídica resulta insuficiente para excusar la inobservancia
de una norma clara.

3. Argumentos de la acción de tutela

Adujo la parte demandante que la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera incurrió en un defecto sustantivo al vulnerar los principios de
legalidad y taxatividad, esenciales del debido proceso sancionatorio. Por ello,
consideró que, en lugar de ceñirse a causales expresas de pérdida de investidura,
la providencia cuestionada construyó una sanción a partir de interpretaciones
extensivas no autorizadas por el ordenamiento jurídico.

Explicó que el fallo había equiparado indebidamente las reglas de impedimentos y
recusaciones previstas en el CPACA, de naturaleza preventiva y garantista, con una
causal de pérdida de investidura, desnaturalizando dichas normas y
transformándolas en fundamento punitivo sin respaldo legal expreso.

Recordó que la pérdida de investidura constituía una sanción de máxima gravedad,
asimilable a una muerte política, que restringía de manera intrínseca los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido. Por esa razón, este juicio debía regirse por
legalidad estricta, tipicidad cerrada e interpretación restrictiva, sin admitir analogías
en perjuicio del sancionado.

Consideró constitucionalmente inadmisible que el juez hubiera ampliado el alcance
de normas administrativas generales o acudido a conceptos indeterminados como
el denominado interés moral, los cuales no satisfacían el estándar exigido en
materia sancionatoria.

Recordó que la Corte Constitucional, desde la sentencia C-590 de 2005 y reiterada
en las SU-448 de 2011 y SU-424 de 2020, había definido el defecto material o
sustantivo como aquel que surgía cuando el juez decidía con base en normas
inexistentes, inaplicables o mediante interpretaciones contraevidentes,
especialmente cuando se afectaban derechos fundamentales.

Reprochó que la sentencia hubiera creado tipicidad sancionatoria por vía
interpretativa, sustituyendo al legislador y desconociendo el principio de separación
de poderes al introducir una causal de pérdida de investidura no prevista de manera
expresa en la Constitución ni en la ley.

Indicó que el propio Consejo de Estado había reiterado que la acción de pérdida de
investidura era un juicio de derecho estricto, sometido al principio de taxatividad, lo
que excluía cualquier extensión analógica o construcción jurisprudencial expansiva
de las causales sancionatorias.

Afirmó que ni el impedimento previsto en el artículo 11 del CPACA ni la alusión
genérica a un supuesto interés moral cumplían los requisitos normativos necesarios
para sustentar válidamente una sanción de desinvestidura, al carecer de tipicidad
expresa y cerrada.

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Concluyó que la providencia vulneró gravemente la seguridad jurídica, pues
permitió que una sanción dependiera de interpretaciones abiertas e indeterminadas,
incompatibles con el estándar reforzado que rige los procesos sancionatorios que
afectan derechos políticos.

Agregó que existió defecto fáctico, dado que la sentencia atribuyó a la entrevista
una incidencia que objetivamente no tenía, pues se trataba de un componente
marginal del concurso (apenas el 10 % de la calificación final) y, además, el máximo
puntaje en esa fase no fue otorgado al señor Elvin Rentería Álvarez, lo que desvirtúa
la tesis según la cual la intervención de los concejales fue determinante en su
elección.

Indicó que la providencia presumió, sin sustento probatorio, la existencia de un
interés directo, particular, actual e inmediato en cabeza de los acusados,
deduciéndolo de la sola circunstancia de haber integrado, junto con el aspirante
elegido, las listas al concejo en las elecciones de 2015 y 2019.

Insistió que esa coincidencia no acredita vínculo de consanguinidad, afinidad, civil
o societario, ni prueba un beneficio moral o económico concreto, requisito
indispensable para que la causal de conflicto de intereses pueda configurarse en
sede sancionatoria.

Reprochó, igualmente, que la sentencia hubiera presumido el beneficio político por
la mera pertenencia al mismo partido, sustituyendo el deber de prueba por una
inferencia genérica que invierte la carga probatoria en perjuicio del sancionado,
contrariando la presunción de inocencia que rige el juicio de pérdida de investidura.

Finalmente, sostuvo que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, derivado del rechazo de la prueba documental oportunamente
solicitada en sede de apelación con sustento en el numeral 2 del artículo 14 de la
Ley 1881 de 2018, consistente en el concepto jurídico que un profesional del
derecho rindió a los recusados al momento de pronunciarse sobre las recusaciones.

Dijo que esa prueba era determinante para acreditar la buena fe calificada y, con
ella, descartar el dolo o la culpa grave exigidos por la Ley 2003 de 2019 como
elemento subjetivo de la causal. De modo que, su exclusión, decidida por auto del
30 de septiembre de 2024, impidió un pronunciamiento de fondo sobre el eximente
de responsabilidad alegado y comprometió el derecho de defensa.

Aunado a lo anterior, dijo que a ello se sumó el descarte de la buena fe calificada
con un argumento que calificó como meramente retórico (que la asesoría no suple
la falta de diligencia) sin valorar los elementos de juicio que demostraban una
actuación diligente, pues los acusados, ciudadanos sin formación jurídica,
atendieron las recusaciones, se asesoraron jurídicamente y dieron trámite al asunto
conforme al artículo 12 del CPACA.

4. Trámite previo

En providencia del 9 de marzo de 20261, se admitió la tutela, ordenó notificar al actor
y al Consejo de Estado, Sección Primera en calidad de demandado, y como terceros

1
El 16 de febrero de 2026, se inadmitió la tutela, por cuanto los demandantes no habían prestado juramento en el escrito de
demanda. Subsanación que se surtió en debida forma el 19 de febrero de 2026.

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interesados en las resultas del proceso a la señora Nayibe Quejada Bejarano y al
Tribunal Administrativo del Chocó.

5. Oposiciones

La Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que la acción carece del
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende reabrir el debate
probatorio y jurídico resuelto previamente en el litigio ordinario. Al proceder de tal
forma, transforma este mecanismo de amparo en una tercera instancia.
Adicionalmente, advirtió que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la tutela
carece de idoneidad para controvertir asuntos de mera legalidad o para reemplazar
el criterio del juez natural.

En esa línea, expuso que la providencia proferida el 31 de julio de 2025 goza de
debida motivación, tras efectuar un análisis claro de los elementos objetivo y
subjetivo del conflicto de intereses. Dentro de dicha decisión, la Sala reiteró que el
artículo 11 del CPACA resulta aplicable a los concejales dada su calidad de
servidores públicos. De igual forma, precisó que la causal de conflicto de intereses
ostenta una textura abierta, capaz de comprender intereses de orden moral. En
adición a ello, sostuvo que los corporados participaron intencionalmente en la
entrevista, ante la falta de acreditación de una buena fe calificada o un error
invencible.

Por los motivos expuestos, y ante la inexistencia de vulneración a derechos
fundamentales o de arbitrariedad judicial alguna, calificó la queja de la accionante
como una simple discrepancia frente a la valoración jurídica y probatoria. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo debido a la
carencia de relevancia constitucional.

6. Intervención de terceros

El Tribunal Administrativo del Chocó informó que, tras examinar el trámite del
medio de control de pérdida de investidura (radicado 27001-33-33-000-2024-00031-
00), constató el desarrollo de todas las actuaciones conforme a las normas
procesales vigentes. Lo anterior, con absoluto respeto hacia los principios de
legalidad, imparcialidad, contradicción, publicidad y derecho de defensa, libre de
cualquier irregularidad procesal imputable a ese estrado judicial.

A partir del análisis del acervo probatorio, sostuvo la ausencia de actuaciones
arbitrarias al proferir la sentencia de primera instancia. Ello, por cuanto dicho fallo
encontró asidero en una valoración razonada de las pruebas, una correcta
aplicación normativa y el estudio integral de los argumentos expuestos por los
sujetos procesales.

Asimismo, recordó que el mecanismo de amparo carece de idoneidad como
herramienta alternativa o tercera instancia apta para controvertir decisiones
judiciales adversas o para reabrir debates clausurados por el juez natural.

Finalmente, advirtió que acceder a la petición de revocar una providencia
debidamente notificada, ejecutoriada y jurídicamente razonada implicaría
desconocer la cosa juzgada, así como los principios de seguridad jurídica y
autonomía judicial.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Primera
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a elegir y ser elegido y a la igualdad invocados por los
tutelantes, al declarar la pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1437 de

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

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2011, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 dentro del proceso
2024-00031-00/01.

La Sala anticipa que, en el presente caso, declarará improcedente el amparo por
falta de relevancia constitucional, porque los tutelantes insisten en los mismos
argumentos expuestos dentro del proceso de pérdida de investidura, por lo tanto,
pretende configurar una tercera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; y, (ii) el análisis del caso concreto.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación

5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.

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con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como
un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

Alipio Rentería Rentería, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral
Bermúdez, Bernardo Emiro Andrades Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta, a través
de apoderado, interpusieron la presente acción de tutela contra la sentencia del 31
de julio de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del
expediente 27001-23-33-000-2024-00031-01, mediante la cual se confirmó el fallo
del 16 de mayo de 2024 del Tribunal Administrativo del Chocó que decretó la
pérdida de su investidura como concejales del municipio de Lloró para el período
2024-2027.

Como se explicó anteriormente, la demanda de pérdida de investidura fue
promovida por la ciudadana Nayibe Quejada Bejarano, con fundamento en la causal
de violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el artículo 48 de la Ley
617 de 2000, en concordancia con los numerales 4 y 14 del artículo 11 de la Ley
1437 de 2011. Sostuvo la demandante que los concejales acusados intervinieron
en la elección del personero municipal pese a que el aspirante elegido, señor Elvin
Rentería Álvarez, había sido su apoderado en los escrutinios de las elecciones del
29 de octubre de 2023 e integrado con varios de ellos las listas al concejo en los
comicios de 2015 y 2019, vínculos que, a su juicio, configuraban un interés directo
que les imponía declararse impedidos.

Mediante sentencia del 16 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó
accedió a las pretensiones y decretó la pérdida de investidura de los acusados, al
considerar acreditados tanto el elemento objetivo como el subjetivo de la causal
invocada, conducta que calificó como dolosa.

Los demandados apelaron la decisión del Tribunal bajo los siguientes argumentos:

(i) Falta de tipicidad de la conducta: Sostuvieron que el interés moral sobre
el cual el Tribunal edificó la causal no se encuentra tipificado en el
régimen de pérdida de investidura, y que la decisión vulneró los principios
de taxatividad y de prohibición de analogía, así como el principio de

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favorabilidad y la analogía bonam partem, en concordancia con el artículo
56 de la Ley 2200 de 2022, conforme al cual no se configura conflicto de
intereses cuando el cargo se elige mediante voto secreto.
(ii) Indebida valoración probatoria: Argumentaron que el solo hecho de haber
integrado, junto con el aspirante a la personería, las listas al concejo en
las elecciones de 2015 y 2019, no acredita un interés directo, particular,
actual o inmediato, ni un vínculo de consanguinidad, afinidad, civil o
societario, ni un beneficio moral o económico concreto en cabeza de los
acusados.
(iii) Inexistencia del elemento subjetivo (dolo o culpa grave): Señalaron que
los acusados, ciudadanos sin formación jurídica, atendieron la
recusación, se asesoraron, le dieron trámite ante la Procuraduría
conforme al artículo 12 del CPACA, y que su intervención en la entrevista
no alteró el resultado del concurso, pues el máximo puntaje en esa fase
no lo obtuvo el señor Elvin Rentería Álvarez sino otra aspirante.
(iv) Violación de las garantías de debido proceso, defensa y derechos
políticos, así como contradicción interna y falta de soporte jurídico de la
sentencia de primera instancia, la cual (según los recurrentes) reconoció
la atipicidad y, pese a ello, declaró la sanción más grave en materia
política.
(v) Adicionalmente, con sustento en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley
1881 de 2018, los apelantes solicitaron tener como prueba documental,
en segunda instancia, el concepto jurídico que un profesional del derecho
les habría rendido al momento de pronunciarse sobre las recusaciones,
el cual sustentaba el actuar diligente y de buena fe alegado como
eximente de responsabilidad.
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, así:

Indicó que la sentencia efectuó una interpretación errada del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, del artículo 11 (numerales 4 y 14) de la Ley 1437 de 2011 y del artículo
70 de la Ley 136 de 1994, así como de los artículos 29, 40 y 183 de la Constitución
Política, pues construyó la causal de pérdida de investidura a partir de una categoría
abierta (el denominado interés moral) y de una equiparación entre las reglas de
impedimentos y recusaciones, de naturaleza preventiva, con un tipo sancionatorio
que exige legalidad estricta y tipicidad cerrada, contrariando los principios de
legalidad, taxatividad y proscripción de la analogía que rigen el derecho
sancionatorio y, particularmente, el juicio de pérdida de investidura por su carácter
de máxima gravedad y restricción intrínseca de los derechos políticos a elegir y ser
elegido.

Insistió en que la causal de conflicto de intereses no se configura por la sola
coincidencia de los acusados con el aspirante elegido en las listas al concejo de los
años 2015 y 2019, ni por su intervención previa como apoderado en los escrutinios
del 29 de octubre de 2023, pues estas circunstancias no acreditan vínculo de
consanguinidad, afinidad, civil o societario, ni un beneficio moral o económico
directo, particular, actual e inmediato, requisitos sin los cuales no puede imponerse
la sanción más grave en materia política. Adujo, además, que la negativa a aplicar
la analogía in bonam partem del literal e) del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022
desconoció la regla de favorabilidad propia del régimen sancionatorio.
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Frente al defecto fáctico, señaló que el proceso no contiene prueba alguna que
acredite la existencia de un interés directo, particular, actual e inmediato en cabeza
de los acusados, pues la sentencia sobredimensionó el peso de la entrevista
(apenas el 10 % de la calificación final del concurso) y omitió valorar que el máximo
puntaje en esa fase no fue otorgado al señor Elvin Rentería Álvarez, dato objetivo
que, a su juicio, desvirtúa la tesis según la cual la intervención de los concejales fue
determinante en su elección.

Agregó que la providencia presumió, sin sustento probatorio, un beneficio político
derivado de la sola pertenencia al mismo partido, invirtiendo la carga de la prueba
en perjuicio del sancionado y contrariando la presunción de inocencia que rige el
juicio de pérdida de investidura.

Frente al defecto procedimental, sostuvo que la Sección Primera incurrió en exceso
ritual manifiesto al rechazar, por auto del 30 de septiembre de 2024, la prueba
documental oportunamente solicitada con sustento en el numeral 2 del artículo 14
de la Ley 1881 de 2018 (el concepto jurídico que un profesional del derecho rindió
a los acusados al momento de pronunciarse sobre las recusaciones), prueba que
era determinante para acreditar la buena fe calificada y, con ella, descartar el dolo
o la culpa grave exigidos por la Ley 2003 de 2019 como elemento subjetivo de la
causal. Su exclusión impidió un pronunciamiento de fondo sobre el eximente de
responsabilidad alegado y comprometió el derecho de defensa de los tutelantes.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada en el
marco del proceso ordinario ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en sentencia del 31 de julio de 2025, que confirmó el fallo del 16 de mayo
de 2024 del Tribunal Administrativo del Chocó.

Para ello, la autoridad judicial accionada identificó y organizó los cargos formulados
por los apelantes y precisó que los reproches se dirigen tanto a la configuración del
elemento objetivo como del subjetivo de la causal de conflicto de intereses, razón
por la cual los estudió de manera secuencial y diferenciada, así:

(i) Sobre el elemento objetivo, sostuvo que los artículos 11 del CPACA y 70
de la Ley 136 de 1994 enlistan de manera objetiva los eventos en que se
entiende comprometida la imparcialidad del servidor público, por lo que
basta la existencia objetiva de la causal, sin que sea necesario demostrar
un beneficio concreto. Agregó que el alegato de los apelantes según el
cual su intervención fue inocua no era de recibo, toda vez que el resultado
del concurso (la elección como personero del candidato del mismo partido
político) evidencia que la calificación otorgada a la entrevista era
suficiente para alcanzar el fin perseguido y que, si efectivamente la
actuación de los concejales no tenía incidencia, no se explicaba por qué,
pese a haber sido recusados, no declararon su impedimento.
(ii) Sobre la naturaleza del interés, precisó que la causal de conflicto de
intereses es de textura abierta y que, conforme a la jurisprudencia de la
Corporación, el interés directo puede ser de cualquier orden, incluido el
moral, asociado a la moralidad administrativa, la confianza legítima de los
electores y el correcto ejercicio de la función pública. En cualquier caso,
añadió, la connotación del interés era irrelevante en este asunto, pues el

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beneficio o ventaja política se presume cuando, con la intervención del
concejal, resulta elegido el candidato que integró las listas de su mismo
partido.
(iii) Sobre la analogía in bonam partem con el literal e) del artículo 56 de la
Ley 2200 de 2022, descartó su aplicación bajo dos consideraciones: que
en este caso no hubo voto secreto sino entrevista y evaluación de los
aspirantes, y que la Ley 2200 de 2022, por ser norma especial para
diputados, no es aplicable a los concejales.

(iv) Sobre el elemento subjetivo, con apoyo en la Ley 1881 de 2018
(modificada por la Ley 2003 de 2019) y en las sentencias SU-424 de 2016
y C-181 de 2016 de la Corte Constitucional, concluyó que los acusados
actuaron con dolo, por cuanto participaron de manera intencional en la
entrevista y calificación de los aspirantes, sin que su conducta estuviera
justificada en una buena fe calificada producto de un error invencible.
Sostuvo que la mera asesoría jurídica no suple la falta de diligencia
cuando la causal es clara y que la ignorancia de la ley no excusa su
transgresión.
En este contexto, la Sala evidencia que la solicitud de amparo se dirige a cuestionar
una decisión proferida dentro de un proceso de pérdida de investidura, en el cual
los reproches de los actores ya fueron debatidos y resueltos.

Adicionalmente, el reproche de los accionantes en cuanto al rechazo del concepto
jurídico rendido por un profesional del derecho (solicitud probatoria denegada
mediante auto de ponente del 30 de septiembre de 2024) tampoco habilita la
procedencia del amparo. Lo anterior, por cuanto dicha providencia, era susceptible
del recurso de súplica previsto en el artículo 246 del CPACA. Sin embargo,
conforme obra en el expediente, los accionantes no hicieron uso de dicho recurso.

A lo anterior se suma que la mera invocación de derechos fundamentales no da por
satisfecho, de manera automática, el requisito de relevancia constitucional. Para
superarlo es necesario que se proponga un genuino debate constitucional, ajeno a
apreciaciones subjetivas y referido al contenido, alcance y goce de derechos
fundamentales, sin que se reduzca a una discusión de estricta legalidad.

En el presente caso, los reproches formulados por los aquí accionantes evidencian,
antes que un genuino debate de derechos fundamentales, el propósito de reabrir,
por la vía de la acción de tutela, la misma discusión jurídica y probatoria que ya fue
surtida y decidida por el juez natural dentro del proceso de pérdida de investidura.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto los accionantes reiteraron los
argumentos que expuso en el marco del proceso de pérdida de investidura y lo que
realmente se evidencia es su inconformidad con las conclusiones a las que llegó el
juez natural.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte demandante. Por todo lo anterior,
el presente caso no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, por lo
tanto, se impone declarar la improcedencia del amparo.

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Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos
en que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación,
la Corte Constitucional6 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el
sentido que se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alipio
Rentería Renterí, Jorge Eliécer Rentería Mosquera, Asnoraldo Mayoral Bermúdez,
Bernardo Emiro Andrade Córdoba y Euclide Córdoba Cuesta.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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