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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01757-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01757-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela para la protección del derecho de petición, por las razones anteriormente expuestas. SEGUNDO: NEGAR en los demás la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01757-00 TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01757-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Edgar Solier Millares Escamilla.
Parte accionada: Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01757-00.
Asunto: Acción de tutela contra autoridad judicial. Improcedencia de la
protección del derecho de petición cuando involucra un asunto judicial.
Inexistencia de la mora judicial alegada.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
y su Secretaría General.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Edgar Solier Millares Escamilla en ejercicio del medio de
control de pérdida de investidura presentó demanda contra la señora
Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, en su calidad de representante a
la Cámara por el Departamento de Santander.

1.2. La Sala Especial de Decisión de Pérdida de investidura núm. 26 del
Consejo de Estado, mediante providencia de 28 de marzo de 2025,
decretó la desinvestidura de la demandada por encontrar configurada la
causal prevista en el artículo 183.4 de la Constitución Política.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01757-00

1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte demandada
presentó recurso de apelación.

1.4. Mediante auto de 21 de julio de 2025, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por conducto del
Consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo, admitió el recurso de
apelación y corrió traslado a la parte demandante y al Ministerio Público
en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley
1881 de 2021.

1.5. El 29 de enero de 2026, el accionante solicitó impulso procesal.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada ha vulnerado sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y de petición, porque ha trascurrido un término superior al establecido
en los artículos 3 y 14 de la Ley 1881 de 2018 para decidir el recurso de
apelación, configurándose un retardo injustificado.

Asimismo, indicó que ha omitido su deber de atender la petición que fue
presentada el 29 de enero de 2026.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Declarar a la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – CONSEJO DE ESTADO, Despacho del Honorable
Magistrado Dr. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO, responsable de la
vulneración del derecho fundamental de PETICION, y del DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, en consonancia con el
derecho fundamental de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, al omitir de manera injustificada su deber de atender la
petición respetuosa que le fuere presentada el día 29 de enero de 2026,
para que en el marco de lo establecido en los artículos 23, 40, 107 y 183
de la Constitución Política, los artículos 13, 14, 143 y concordantes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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Administrativo – Ley 1437 de 2011, y los artículos 3º, 14º y concordantes
de la ley 1881 de 2018, se diera impulso procesal a la causa SEGUIDA
BAJO RADICADO 11001031500020240132201, puesta a su
conocimiento desde el día diez (10) de julio de 2025, sin que a la fecha
se haya proferido la correspondiente sentencia o se hayan adelantado las
actuaciones legales que fueren pertinentes para garantizar la resolución
de la petición presentada, y el acceso real a la administración de justicia,
profiriendo si fuere el caso, la decisión conclusiva de la actuación seguida
en instancia superior bajo el radicado precitado.

SEGUNDA: Ordenar a la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – CONSEJO DE ESTADO, Despacho del Honorable
Magistrado Dr. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO, atender la petición
respetuosa que le fuere presentada el día 24 de septiembre de 2025, para
que en el marco de lo establecido en los artículos 23, 40, 107 y 183 de la
Constitución Política, los artículos 13, 14, 143 y concordantes del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley
1437 de 2011, y los artículos 3º, 14º y concordantes de la ley 1881 de
2018, se diera impulso procesal a la causa de la referencia, puesta a su
conocimiento desde el día diez (10) de julio de 2025, sin que a la fecha
se haya proferido la correspondiente sentencia o se hayan adelantado las
actuaciones legales que fueren pertinentes para garantizar la resolución
de la petición presentada, y el acceso real a la administración de justicia,
profiriendo si fuere el caso, la decisión conclusiva de la actuación seguida
en instancia superior bajo radicado 11001031500020240132201 […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 9 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez y a la Sala
Especial de Decisión núm. 26 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en calidad de terceros con interés en el
resultado del proceso.

2. Mediante auto de 26 de marzo de 2026, esta Sección declaró infundado el
impedimento manifestado por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón, por no
encontrar configurada la causal 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal alegada.

3. Posteriormente, en escrito de 21 de abril de 2026, la Consejera de Estado
Nubia Margoth Peña Garzón manifestó encontrarse impedida bajo una nueva
causal de impedimento, esto es, la causal prevista en el numeral 6 del artículo

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56 del Código de Procedimiento Penal, la cual fue declarada fundada mediante
auto de 30 de abril de 2026.

III. INTERVENCIONES

1. El Consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo solicitó negar el
amparo invocado respecto del derecho de petición, por cuanto “[…] el escrito
del 29 de enero de 2026, al igual que los memoriales anteriores, no constituye
una petición ajena al litigio ni una solicitud administrativa separada de la
función jurisdiccional, sino un requerimiento dirigido a que el despacho impulse
y decida una actuación judicial en curso […]”.

Asimismo, solicitó negar el amparo respecto de los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, al considerar que no se configura
una mora judicial injustificada, “[…] ya que el proceso de pérdida de investidura
ha sido tramitado adecuadamente de conformidad con la complejidad del
asunto y los graves problemas de congestión judicial que afectan al despacho
sustanciador […]”.

2. La Secretaría General del Consejo de Estado rindió un informe de las
actuaciones surtidas en el trámite del medio de control de pérdida de
investidura y de los registros efectuados dentro de sus competencias de las
solicitudes de impulso procesal presentadas por la parte actora.

Además, solicitó negar el amparo de la acción de tutela, debido a que “[…] las
peticiones presentadas por el actor versan directamente sobre la definición de
aspectos del proceso, es posible establecer que su naturaleza es
inequívocamente judicial, motivo por el cual tales solicitudes invocadas con
fundamento en el régimen del derecho de petición no son procedentes […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

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Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) La procedencia de la protección del derecho de petición ante
autoridades judiciales.

B) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora, con ocasión de la presunta mora
judicial en el marco del proceso de pérdida de investidura con
radicado núm. 11001-03-15-000-2024-01322-01.

3. Caso concreto

3.1. La improcedencia del derecho de petición ante autoridades judiciales
cuando el asunto involucra un asunto judicial

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala2 ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta
procedente por vía de acción de tutela cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues
para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de diciembre de 2020, expediente número 11001-03-15-000-2020-04855-00. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre
de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00. Entre otras.

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De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de
determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

En el presente caso, el actor solicitó la protección del derecho de petición con
ocasión de la falta de respuesta a la solicitud de 29 de enero de 2026 mediante
la cual pidió impulso procesal del proceso de pérdida de investidura objeto de
estudio. Respecto de lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela
deviene improcedente toda vez que el contenido de tal escrito está dirigido a
que se promuevan actuaciones judiciales, por tanto, involucra un asunto de
carácter netamente judicial.

Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela para
pretender la protección del derecho de petición con ocasión de la falta de
respuesta a la solicitud de 29 de enero de 2026.

3.2. Análisis de la mora judicial

La mora judicial ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”3 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la
administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios
a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

La Corte Constitucional4 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos
procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los
derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la
autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable,
también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no
sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

3 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017,

M.P.: María Victoria Calle Correa.
4 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar
si esta es justificada o no, dado que es necesario que concurran determinadas
circunstancias para tenerla como injustificada5.

Para establecer si el desconocimiento de los términos procesales, en un
asunto particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el
debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible a la falta
de diligencia del funcionario encargado de la resolución del litigio.

Precisado lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales
adelantadas dentro del expediente con radicación 11001-03-15-000-2024-
01322-01, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada. Veamos:

• El 10 de julio de 2025, el expediente ingresó al despacho por reparto
para conocer del recurso de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia.

• Mediante auto de 21 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
y se corrió traslado a la parte demandante y al Ministerio Público en los
términos establecidos en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de
2021.

• Posteriormente, mediante comunicación núm. 102463 de 22 de julio de
2025, se notificó a las partes del traslado del recurso de apelación.

• El 29 de julio de 2025, el expediente ingresó al despacho para proferir
sentencia.

5 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017,

M.P.: María Victoria Calle Correa.

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Del anterior recuento procesal, la Sala advierte que no se ha configurado la
mora judicial alegada por la parte actora. Por el contrario, se observa que,
desde que el proceso le fue asignado a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado se han adelantado las actuaciones
correspondientes dentro de un término razonable.

Por lo anterior, la Sala no advierte “[…] falta de diligencia y omisión sistemática
de los deberes del funcionario judicial […]”, ya que el proceso se le ha
impartido el trámite correspondiente.

Si bien es cierto a la fecha no se ha resuelto el recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia dentro del proceso de pérdida de investidura,
ello no obedece a una mora judicial y mucho menos a la desidia o negligencia
de la autoridad judicial accionada, sino a causas externas como la complejidad
del asunto y la congestión judicial.

Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que la
autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial injustificada.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala negará el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela para la
protección del derecho de petición, por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NEGAR en los demás la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01757-00

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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