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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00090-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00090-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó la pérdida de investidura del señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz, diputado de la asamblea departamental del Magdalena, período constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00090-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Inhabilidad por celebración de contratos
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 20 de junio de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
del Magdalena, por medio de la cual se negó la pérdida de investidura del señor Édgar
Jerónimo Arias Ortiz, diputado de la asamblea departamental del Magdalena para el
período constitucional 2024 – 2027.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 25 de abril de 20251, la señora Patricia del Rosario Conrado Torres presentó demanda
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:

[…]Primero. Que se decrete la pérdida de investidura del diputado a la Asamblea
Departamental del Magdalena, señor Edgar Jerónimo Arias Ortiz, período 2024- 2027, por
haber incurrido en la violación de los artículos 49 numeral 5 de la Ley 2200 de 2022,
concordante con el artículo 60 numeral 1º, de la citada norma.

Segundo. Que, como consecuencia de la anterior decisión, a partir de la ejecutoria de la
sentencia, ordenar la cancelación de su credencial como diputado a la Asamblea
Departamental del Magdalena […].

1
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00090 00.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00090 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada

La parte solicitante señaló que el señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz fue elegido el 29 de
octubre de 2023 como diputado de la asamblea departamental del Magdalena, para el
período constitucional 2024 – 2027.

Argumentó que el demandado estaba inhabilitado para ser elegido diputado porque era
arrendatario de la terminal de transportes terrestre del municipio de El Banco, (Magdalena).
Agregó que dicho inmueble es de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos Municipal
de El Banco, (Magdalena). Además, puso de presente que, según lo registrado en la hoja
de vida del demandado, estuvo vinculado con la precitada empresa hasta agosto del año
2023.

Acotó que el demandado incurrió en la causal de violación al régimen de inhabilidades,
específicamente, en la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022. Al respecto, explicó que:

[…] 1) Celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel. Sobre el caso
en concreto, se tiene que la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco es una
entidad pública, que se rige por el Código de Comercio y su régimen de contratación por el
derecho privado, según lo indica el artículo 84 de la Ley 489 de 1998.

2) Durante el año anterior a la elección. En efecto, se supone que el señor Edgar Jerónimo
Arias Ortiz (hoy diputado elegido) en las elecciones de octubre 31 de 2023, estuvo vinculado
a dicha empresa como arrendatario gerenciando la Terminal de Transporte Terrestre
Municipal de ese municipio durante el período inhabilitante.

3) Dicho contrato fue celebrado y ejecutado en el citado municipio de El Banco (Magdalena),
y

4) En interés propio […]

Expuso que «[…] si el contrato en mención no aparece fue porque lo desaparecieron de los
archivos de las entidades tal como se ha podido demostrar con los derechos de petición a
las distintas entidades y sus respuestas sin fundamentos jurídicos, lo que demuestran su
falta de responsabilidad en el manejo de la administración pública y el desorden
administrativo de ese ente territorial // Sin embargo, el hecho que no aparezca el citado
documento no significa la imposibilidad de una demanda, pues se puede acudir a otros
mecanismos probatorios contemplados en el estatuto procesal».

2. Posición de la parte demandada

El señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz, actuando por conducto de apoderado, manifestó su
oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente3:

Alegó que no estaba inhabilitado para ser candidato a la asamblea y que en los anexos
de la demanda no se allegó documento contractual de arriendo que acreditara que, para
la fecha de las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023, fuere arrendatario de la
terminal de trasporte terrestre del municipio de El Banco (Magdalena), propiedad de la
Empresa de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena).

3 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00090 00.

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Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

Reprochó que la parte actora se ampara «[…] solo en una información consignada en la
hoja de vida de mi poderdante, que sencillamente obedece a un error de digitación en el
año de terminación de contrato de arriendo que suscribió en calidad de arrendatario con
la entidad pública y que se adjunta por este apoderado el cual terminó el 31 de agosto
del año 2022».

Aseguró que el «[…] único contrato de arriendo existente entre mi prohijado y dicho ente
público es uno suscrito en enero del año 2022 y terminando el 31 de agosto del 2022,
sin que se encuentre en el lapso expresado por la ley como causal de perdida de
investidura esto es 12 meses antes de las respectivas elecciones».

Afirmó que «[…] el demandante no logra demostrar por ningún medio que mi prohijado
hubiera suscrito contrato de arrendamiento con la Empresa de Servicios Públicos del
Municipio del Banco (Magdalena) dentro de los 12 meses anteriores a la celebración de
las elecciones a la duma departamental, tal cual lo establece el artículo 49 numeral 5 de
la ley 2200 del 2022».

Precisó que «[…] el contrato que es aportado con la demanda tiene como período de
ejecución del 3 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2022, a más de que el mismo, fue
firmado en fecha del 3 de enero de 2022, razón por la cual, de ninguna forma se entiende
como el contrato firmado con el Municipio de El Banco Magdalena en enero de 2022
pueda estructurar la causal de perdida de investidura alegada. Lo anterior en la medida
que acto contractual tuvo lugar por fuera de los 12 meses que señala la norma».

3. La sentencia de primera instancia4

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida
el 20 de junio de 2025, resolvió:

[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura del
diputado del departamento del Magdalena Edgar Jerónimo Arias Ortiz por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]

Expuso que en el expediente está probado y no es objeto de discusión, que el señor
Édgar Jerónimo Arias Ortiz, previo al 29 de octubre de 2023, fecha en la que fue elegido
diputado, para el periodo 2024 - 2027, celebró los siguientes contratos con la Empresa
de Servicios Públicos de El Banco, para lo cual aclaró que los contratos suscritos entre
el señor Arias Ortiz y la Empresa de Servicios Públicos del municipio de El Banco fueron
aportados por la actual gerente de dicha entidad, quien, bajo la gravedad del juramento,
certificó que reposan en los archivos institucionales y corresponden a contratos de
arrendamiento celebrados en distintos periodos:

(i) Contrato de arrendamiento celebrado con la Empresa de Servicios Públicos
Municipal de El Banco, (Magdalena) el 1 de febrero de 2016 y con fecha de
terminación el 31 de diciembre de 2016. Precisó que el objeto contractual era:
«arrendamiento del inmueble donde funciona la Terminal de Transporte
Terrestre Municipal que se encuentra ubicado en el municipio de El Banco, junto

4 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333

000 2025 000 90 00.

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Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

con todas las instalaciones, mejoras, dependencias y elementos para su goce y
administración».

(ii) Agregó que «[…] así mismo suscribió diversos contratos con la Empresa de
Servicios Públicos de El Banco en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y
2022 con la misma entidad contratante, por diferentes periodos y con el mismo
objeto contractual, consistente en el arrendamiento del inmueble donde
funciona la Terminal de Transporte Terrestre del municipio».

Puso de presente que, verificado el contenido de los documentos obrantes en el
expediente, se constata la existencia de siete contratos de arrendamiento suscritos entre
el señor Édgar Arias Ortiz y la Empresa de Servicios Públicos de El Banco, en los cuales
el demandado intervino de forma directa y en interés propio, en calidad de contratista,
con una entidad pública que actuó como contratante.

Por lo tanto, aseguró que, con base en el acervo probatorio recaudado, estaba acreditado
el primer elemento estructural de la causal de inhabilidad, esto es, la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o de terceros.

En cuanto al elemento temporal, es decir, que la celebración del contrato tuviese lugar
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de elección del diputado, indicó que el
período inhabilitante corresponde al lapso comprendido entre el 29 de octubre de 2022
y el 29 de octubre de 2023, fecha esta última en la que se llevó a cabo la elección del
demandado.

Aseguró que «[…] teniendo en cuenta la fecha en la que se celebraron los contratos entre
el señor Edgar Arias Ortiz con la Empresa de Servicios Públicos de El Banco fue desde
el 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2022, se concluye que no está probado
el elemento temporal de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49
de la Ley 2200 de 2022, toda vez que los citados contratos se celebraron antes del 29
de octubre de 2022, es decir, por fuera del término de los doce (12) meses previos a la
fecha de la elección como diputado».

Mencionó que la parte actora sostuvo que existen elementos de juicio que permitían
inferir que existió un vínculo contractual con posterioridad al contrato de arrendamiento
finalizado el 31 de agosto de 2022, como, por ejemplo: i) en la hoja de vida que obra en
la asamblea se indica que el diputado mantuvo un vínculo contractual con la Empresa
de Servicios Públicos hasta el 31 de agosto de 2023, y ii) en el certificado del censo
bomberil que señala al señor Arias Ortiz como propietario del inmueble donde funciona
la Terminal de Transportes de El Banco, (Magdalena).

Al respecto, consideró que las precitadas documentales no constituían prueba idónea
para acreditar la existencia de un vínculo contractual, ya que se trata de manifestaciones
unilaterales o registros de terceros que no tienen fuerza para acreditar la existencia de
un contrato celebrado con una entidad pública dentro del período inhabilitante.

Agregó que, por el contrario, obran en el expediente medios de prueba contundentes que
desvirtúan las afirmaciones de la parte solicitante, en particular, la gerente de la Empresa
de Servicios Públicos de El Banco aportó, bajo gravedad de juramento, copia del contrato
de arrendamiento suscrito con la señora Eliana Esther Mieles Martínez, con fecha de
inicio 1 de septiembre de 2022 y finalización el 31 de diciembre del mismo año. A ello se

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Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

suma el testimonio rendido por el señor Marlon Adrián Patiño Cuenca, quien, en su
calidad de gerente de la entidad durante los años 2022 y 2023, afirmó que «[…] el
inmueble donde funciona la Terminal de Transportes fue arrendado en el año 2023 a la
señora Mieles y no al señor Arias Ortiz. Como sustento de su declaración, aportó copia
del contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de 2023, con fecha de finalización
el 31 de diciembre del mismo año, en el que igualmente figura como arrendataria la
señora Mieles Martínez».

Señaló que estaba desvirtuada la pretensión de la parte actora de acreditar una
vinculación contractual posterior al 31 de agosto de 2022 entre el señor Arias Ortiz y la
Empresa de Servicios Públicos, pues no solo no aportó medios de prueba suficientes
que respalden esa afirmación, sino que existen pruebas directas y válidas que
demuestran que el inmueble fue arrendado a un tercero durante el periodo en cuestión,
excluyendo cualquier vínculo jurídico del demandado con la entidad contratante dentro
del año anterior a la elección. En consecuencia, sostuvo que no se configuró el elemento
temporal de la causal de inhabilidad alegada, por lo que negó la solicitud de pérdida de
investidura.

4. El recurso de apelación5

4.1. La parte demandante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se decretara la desinvestidura, con sustento en lo siguiente:

Alegó que la decisión de primera instancia no valoró de manera racional las pruebas y
negó a la parte actora «[…] la realización de la una inspección judicial tanto a la Empresa
de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena) y a la Terminal de Transporte Terrestre
de ese municipio, donde seguramente se descubriría la verdad sobre el papel que
desempeñó el Diputado Edgar Jerónimo Arias Ortiz, como administrador de dicho
Terminal y su actuación como arrendatario del mismo».

Afirmó que «[…] no aparece el contrato de arriendo a nombre del diputado en mención
suscrito con la citada empresa de servicios públicos municipal, durante el año 2023, en
su período inhabilitante». No obstante, aseguró que se podían comprobar los siguientes
aspectos:

[…] 1. La manifestación escrita del señor Diputado Arias Ortiz, consignada en su hoja de
vida, donde señala su vinculación con la empresa de servicios públicos municipal, hasta
agosto de 2023.

2. Su actuación ante la empresa bomberil sobre el censo, cuya constancia expide el
Cuerpo de Bomberos del municipio El Banco (Magdalena), a nombre del señor Edgar
Arias Ortiz.

3. Un informe rendido por la Contraloría Departamental del Magdalena, por requerimiento
de ese despacho, envían un documento de 37 páginas, titulado ACTA DE VERIFICACIÓN
001, suscrito por la ESP de El Banco (Magdalena), donde a folios 36 y 37 aparece el
nombre del señor Edgar Arias, con un contrato de arriendo en julio 2023, relacionado en
el AZ- 7. Lo que demuestra que si hubo el vínculo contractual del diputado Edgar Jerónimo
Arias Ortiz con la empresa ESP municipal de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena)

5 Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333

000 2025 000 90 00.

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durante el año 2023, lo que daría la violación del régimen de inhabilidades que constituye
una causal de pérdida de investidura […]

Controvirtió que:

[…] Dado la complejidad probatoria del proceso era obligatorio acudir a las pruebas de
oficio, además de ordenar las pedidas por la parte actora, pues se trataba de llegar a la
verdad procesal, teniendo en cuenta también el texto del artículo 176 del CGP cuyo
contenido poca importancia tuvo por parte del a quo. Vale aclarar, según el tratadista Parra
Quijano, que el fin de la prueba judicial es producir certeza en el juez sobre la existencia
de determinados hechos o sobre la inexistencia de ellos […].

Agregó que «[…] aparece el manejo [de] la Terminal de Transporte Terrestre de El Banco,
inmueble de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos Municipal, dos contratos de
arriendo de la ESP municipal de El Banco (Magdalena) suscrito con la señora Eliana Esther
Mieles Martínez, uno durante el segundo semestre de 2022 y otro por todo el año de 2023».
Sin embargo, alegó que tales documentos no tenían ningún valor probatorio por los
siguientes aspectos:

[…] 1. No fueron publicados en el SECOP tal como lo exige la Ley 2195 de 2022 en su
artículo 53, que modificó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

2. No fueron registrados en la plataforma SIA según lo dispone la Resolución Orgánica
#008 de 2020 de la Auditoría General de la República.

3. Igualmente la parte demandada debe acreditar también que el contratista canceló su
valor mediante consignación bancaria en favor de la entidad arrendadora. Nada de estos
documentos aparecen en los archivos de la ESP de El Banco (Magdalena).

4. No se dio cumplimiento a las obligaciones que tiene todo contratista en Colombia sobre
el pago de la seguridad social y parafiscales, según lo dispone el artículo 50 de la Ley 789
de 2002 y el artículo 18 del Decreto 510 de 2003 y la Ley 1122 de 2007.

5. Un informe rendido por la Contraloría Departamental del Magdalena, por requerimiento
de ese despacho, envían un documento de 37 páginas, titulado ACTA DE VERIFICACIÓN
001, suscrito por la ESP de El Banco (Magdalena), donde a folios 36 y 37 aparece el
nombre del señor Edgar Arias, con un contrato de arriendo en julio 2023, relacionado en
el AZ- 7. […].

Con fundamento en lo indicado, solicitó utilizar las precitadas documentales como
pruebas indiciarias, tal y como lo dispone el artículo 240 del CGP, así:

[…] Hecho indicador
Tomamos como tal lo manifestado por el diputado Edgar Jerónimo Arias Ortiz, período
2024- 2027, en su hoja de vida presentada al tomar posesión en la Asamblea
Departamental del Magdalena, prueba incorporada al proceso.

Primer indicio

Constancia bomberil expedida por el Cuerpo de Bomberos de El Banco (Magdalena),
tramitada por el señor Edgar Arias Ortiz, en su condición de administrador de la Terminal
de Transporte de Terrestre del citado municipio, en el año 2023.

Segundo indicio

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

Documento de 37 páginas, titulado ACTA DE VERIFICACION 001, suscrito por la ESP
de El Banco (Magdalena), donde a folios 36 y 37 aparece el nombre del señor Edgar Arias,
con un contrato de arriendo en julio 2023, relacionado en el AZ- 7. Lo que demuestra que
si hubo el vínculo contractual del diputado Edgar Jerónimo Arias Ortiz con la empresa
ESP municipal de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena) durante el año 2023.

Este contrato, como documento físico, tampoco aparece en los archivos de la Contraloría
Departamental del Magdalena. No hay pronunciamiento de esa entidad sobre esta falla
administrativa.

Ante la gravedad de estos hechos, tampoco hubo actuación alguna del Tribunal
Administrativo del Magdalena, en verificar la información y requerir a la entidad de control,
en busca de la verdad procesal.

Tercer indicio
Los contratos suscritos con la señora Eliana Esther Mieles Martínez, uno durante el
segundo semestre de 2022, y otro por todo el año de 2023, no tienen valor probatorio
alguno que demuestre que el señor Edgar Jerónimo Arias Ortiz no fue contratista con la
ESP municipal de El Banco (Magdalena). Por el contrario, sus errores se convierten en
indicios favorables a lo expresado por la parte actora en este proceso […]. [Negrillas del
texto]

4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 25 de agosto de 20256.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. La parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto proferido el 4 de junio
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó el decreto de la
inspección judicial con exhibición de documentos y con intervención de peritos contables.
El recurso de apelación fue asignado al despacho de conocimiento de la Sección Primera
del Consejo de Estado por acta de reparto del 16 de septiembre de 20257 y resuelto en
por auto de 28 de enero de 20268 en el sentido de confirmar la decisión del a quo, con
fundamento en lo siguiente:

[…] En el caso sub examine, la parte solicitante pidió la práctica de inspección judicial con
el fin de acreditar la presunta vinculación del señor Edgar Jerónimo Arias Ortiz como
gerente o administrador de la Terminal de Transporte Terrestre del municipio de El Banco
(Magdalena) durante el año 2023 y periodos anteriores. En la sustentación del recurso,
expuso varios elementos indiciarios que, a su juicio, justificarían la necesidad de la prueba:
(i) un contrato de arrendamiento suscrito en 2022; (ii) una relación laboral consignada en
su hoja de vida con vigencia hasta agosto de 2023; (iii) su registro como representante
legal en el censo bomberil de enero de 2023; (iv) publicaciones en redes sociales que lo
presentan como gerente de la Terminal durante 2023; y (v) la ausencia de documentación
oficial en los archivos de la Alcaldía y de la Empresa de Servicios Públicos sobre la
administración de la Terminal en los periodos referidos.

Analizados los argumentos de la apelación, confrontados con la decisión impugnada y el
material probatorio que reposa en el plenario, el Despacho considera procedente

6 Visto en el índice 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333

000 2025 000 90 00.
7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 000 90 02.
8
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 000 90 02.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

confirmar la decisión adoptada por el a quo, consistente en negar la inspección judicial
con exhibición de documentos y la intervención de peritos contables, por cuanto el
supuesto fáctico que se pretende acreditar ya se encuentra demostrado mediante pruebas
documentales obrantes en el expediente.

[…]

[R]eposan en el proceso los contratos de arrendamiento suscritos entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco y el señor Edgar Jerónimo Arias Ortiz durante
el periodo 2016–2022, los cuales refuerzan la acreditación de la relación jurídica existente
entre las partes.

En cuanto al argumento del recurrente según el cual la prueba pretendía establecer quién
administró la Terminal durante 2022 y 2023, este Despacho advierte que dicha
circunstancia puede ser determinada a partir de los contratos de arrendamiento antes
referidos. Estos documentos permiten identificar con claridad al responsable de la
administración de la Terminal en los periodos mencionados, satisfaciendo el objeto de la
prueba propuesta. De su contenido se desprende de manera inequívoca la naturaleza
jurídica, duración y objeto de la relación entre el señor Arias Ortiz y la Empresa de
Servicios Públicos, lo que descarta la necesidad de una prueba adicional.

Por otra parte, el artículo 266 del CGP exige que quien solicita la exhibición indique la
clase de documento cuya exhibición persigue, su poseedor y la relación con los hechos
que pretende probar. En el presente caso, la parte solicitante no identificó los documentos
cuya exhibición pretendía ni explicó su relación con los hechos relevantes, limitándose a
pedir la práctica de una inspección judicial con exhibición de documentos de manera
genérica, sin individualizarlos ni precisar su ubicación.

Igualmente, se advierte que la pericia contable fue solicitada de manera accesoria a la
inspección judicial, sin que se hubieran precisado los puntos específicos a examinar como
periodos, partidas contables, estados financieros o cruces de ingresos ni se explicó por
qué dichos aspectos no podían acreditarse mediante los documentos obrantes en el
expediente o mediante otros medios de prueba menos gravosos.

Aunado a lo anterior, el inciso final del artículo 236 del Código General del Proceso faculta
al juez para negar la inspección cuando exista otro medio de prueba suficiente, y de igual
manera permite negar la pericia cuando los puntos sometidos a análisis sean
eminentemente documentales o jurídicos, o cuando no se delimiten con claridad los
aspectos técnicos a evaluar. En el presente caso, la solicitud carece de delimitación
técnica y no satisface el estándar mínimo de pertinencia exigido por la norma.

En consecuencia, la inspección judicial resulta improcedente por innecesaria, dado que
los hechos cuya demostración se pretende ya se encuentran acreditados en el expediente;
la solicitud de exhibición documental no cumple con las exigencias del artículo 266 del
CGP; y la intervención de peritos contables se torna improcedente al no haberse definido
los puntos objeto de examen ni justificado su necesidad técnica […].

5.2. De otro lado, el expediente fue asignado a la Sección Quinta de la Corporación por
acta de reparto de 2 de septiembre de 20259 para resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia y por auto de 3 de septiembre de
2025 se ordenó remitir el proceso a la Sección Primera para lo de su competencia10.

9 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333

000 2025 000 90 01.
10 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333

000 2025 000 90 01.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

5.3. El expediente fue nuevamente asignado a la Sección Primera por acta de reparto de
10 de septiembre de 202511.

5.4. Por memorial radicado el 21 de noviembre de 202512, el apoderado del diputado
demandado señaló que, con los medios de pruebas allegados al plenario, no era posible
concluir que, dentro de los doce meses anteriores a la elección, el acusado hubiese
celebrado contrato con el municipio de El Banco (Magdalena).

5.5. Por auto de 6 de febrero de 2026, el despacho de conocimiento de la Sección
Primera de la Corporación corrió traslado de la solicitud de nulidad formulada con el
recurso de apelación.

5.6. Por memorial radicado el 12 de febrero de 202613, el apoderado de la parte
demandante descorrió el traslado con el fin de «reiterar las irregularidades observadas
en el proceso de la referencia» e insistió en la solicitud de nulidad.

5.7. Por auto de 18 de marzo de 202614, el despacho de conocimiento de la Sección
Primera de la Corporación negó la solicitud de nulidad propuesta por la parte recurrente.

5.8. Por auto de 14 de abril de 202615, el despacho de conocimiento admitió el recurso
de apelación.

5.9. Por memorial radicado el 21 de abril de 202616, el Procurador Delegado de
Intervención 10 Quinto ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que señaló que,
conforme al material probatorio obrante en el proceso, estaba acreditado que el
demandado sí celebró varios contratos de arrendamiento con la ESP Municipal de El
Banco, (Magdalena); sin embargo, dichos contratos no fueron suscritos dentro del año
inhabilitante como lo establece la ley. Concluyó que, en este caso, no estaba cumplido
el elemento temporal de la inhabilidad invocada, por lo que, afirmó no era posible
decretar la pérdida de investidura.

5.10. El expediente ingresó a despacho para fallo el 23 de abril de 202617.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sección

11 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.
12 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.
13 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.
14 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.
15 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.
16 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.
17 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 01.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200018 y con
base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones20.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Se acreditó con el formulario E – 26 ASA que el señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz fue
elegido diputado de la asamblea departamental del Magdalena para el período
constitucional 2024 - 2027. En el presente asunto no se discute que no haya tomado
posesión del cargo21.

3. Análisis de la Sala

La parte actora, en el escrito inicial, alegó que el demandado incurrió en la causal de
violación al régimen de inhabilidades por la celebración de un contrato de arrendamiento
con la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena) y precisó que
«si el contrato en mención no aparece fue porque lo desaparecieron de los archivos de
las entidades».

El tribunal de instancia negó la solicitud de desinvestidura porque consideró que al
plenario se allegaron siete contratos de arrendamiento suscritos entre el señor Édgar
Jerónimo Arias Ortiz y la Empresa de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena), pero
como «[…] la fecha en la que se celebraron los contratos […] fue desde el 1 de febrero
de 2016 hasta el 31 de agosto de 2022, se concluye que no está probado el elemento
temporal de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley
2200 de 2022, toda vez que los citados contratos se celebraron antes del 29 de octubre
de 2022, es decir, por fuera del término de los doce (12) meses previos a la fecha de la
elección como diputado».

La parte actora apeló la precitada decisión con fundamento en que, si bien «no aparece
el contrato de arriendo a nombre del diputado en mención suscrito con la citada empresa
de servicios públicos municipal, durante el año 2023, en su período inhabilitante» sí era
posible tener en cuenta que: (i) el demandado consignó en su hoja de vida que estuvo
vinculado con la Empresa de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena) hasta agosto de
2023; (ii) «su actuación ante la empresa bomberil sobre el censo» y (iii) el informe rendido
por la Contraloría Departamental del Magdalena. Además, solicitó que la precitadas

18 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
19 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
20 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
21 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333

000 2025 000 90 00.

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10

Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

documentales sean utilizadas como pruebas indiciarias y, por último, también reprochó que
el tribunal no haya decretado pruebas de oficio.

Para resolver, la Sala recuerda que el solicitante invocó como causal de pérdida de
investidura la violación el régimen de inhabilidades prevista en el numeral 1 del artículo
60 de la Ley 2200 de 2022, así:

[…] ARTÍCULO 60. Pérdida de la investidura. Se decretará la pérdida de investidura en
los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […].

Lo anterior, en concordancia con la inhabilidad señalada en el numeral 5 del artículo 49
de la Ley 2200 de 2022:

[…] ARTÍCULO 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades
establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser
inscrito como candidato, ni elegido diputado:

[…]

5. Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.
Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento […]

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la precitada disposición establece
tres supuestos fácticos que pueden configurar la inhabilidad22:

[…] El primero, relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado
quien dentro de los doce meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel departamental, en interés propio o de terceros.

El segundo, en el cual se fundamenta la causal de pérdida de investidura del caso sub
examine, consistente en que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado
quien dentro de los doce meses anteriores a la elección haya intervenido en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.

Y, el tercero, según el cual, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien
dentro de los doce meses anteriores a la elección haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento […] [Negrillas en la providencia]

22Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de
noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 47001 2333 000 2025 00040 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

En el asunto bajo examen, la Sala precisa que, de lo alegado en la demanda y en el
recurso de apelación, el solicitante invocó el segundo supuesto para la configuración de
la inhabilidad, esto es, la celebración de contratos doce meses antes de la elección.

Frente a este segundo supuesto, esto es la celebración de contratos, la jurisprudencia de
la Sección Primera ha señalado que «[…] las etapas subsiguientes tales como su
ejecución y liquidación no son relevantes a la configuración de la inhabilidad por
intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que
era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la
inhabilidad únicamente se tipifica por la celebración de contratos en interés propio o de
terceros»23.

Igualmente, siguiendo la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación y
atendiendo la literalidad de la inhabilidad de los diputados por celebración de contratos,
se advierte que, para su configuración, deben estar reunidos los siguientes requisitos24:
(i) la condición de diputado; (ii) que la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel sea en interés propio o de terceros; (iii) que la celebración de contratos se
haga dentro del año anterior a la elección; y (iv) que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo departamento.

Para determinar si la inhabilidad invocada por celebración de contratos dentro del año
anterior a la elección del diputado está o no configurada, se advierte que en el expediente
está probado lo siguiente:

3.1. Al proceso fueron allegados los contratos de arrendamiento que el demandado
suscribió con la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco, (Magdalena) y
que se relacionan a continuación25:

(i) Contrato de arrendamiento suscrito el 1 de febrero de 2016 entre la Empresa
de Servicios Públicos Municipal de El Banco, (Magdalena), como arrendador,
y Édgar Jerónimo Arias Ortiz, como arrendatario, con fecha de inicio el 1 de
febrero de 2016 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2016, cuyo objeto
contractual fue: «el arrendamiento del inmueble donde funciona la Terminal del
Transporte Terrestre Municipal que se encuentra ubicado en el municipio de El
Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras, dependencias y elementos
para su goce y administración».

(ii) Contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de 2017 entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco, (Magdalena) y Édgar Jerónimo Arias
Ortiz con fecha de inicio el 2 de enero de 2017 y fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2017, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble
donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de
noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 47001 2333 000 2025 00040 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de

noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 47001 2333 000 2025 00040 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
25 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 00.

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Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras,
dependencias y elementos para su goce y administración».

(iii) Contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de 2018 entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena) y Édgar Jerónimo Arias
Ortiz con fecha de inicio el 2 de enero de 2018 y fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2018, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble
donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra
ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras,
dependencias y elementos para su goce y administración».

(iv) Contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de 2019 entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena) y Édgar Jerónimo Arias
Ortiz con fecha de inicio el 2 de enero de 2019 y fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2019, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble
donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra
ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras,
dependencias y elementos para su goce y administración».

(v) Contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de 2020 entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena) y Édgar Jerónimo Arias
Ortiz con fecha de inicio el 2 de enero de 2020 y fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2020, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble
donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra
ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras,
dependencias y elementos para su goce y administración».

(vi) Contrato de arrendamiento suscrito el 4 de enero de 2021 entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco, (Magdalena) y Édgar Jerónimo Arias
Ortiz con fecha de inicio el 4 de enero de 2021 y fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2021, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble
donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra
ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras,
dependencias y elementos para su goce y administración».

(vii) Contrato de arriendo celebrado el 3 de enero de 2022 entre la Empresa de
Servicios Públicos Municipal de El Banco, (Magdalena) y Édgar Jerónimo Arias
Ortiz con fecha de inicio el 3 de enero de 2022 y fecha de terminación el 31
de agosto de 2022, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble
donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra
ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras,
dependencias y elementos para su goce y administración».

3.2. De otro lado, también obra en el expediente el contrato de arrendamiento celebrado
el 1 de septiembre de 2022 entre la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco
(Magdalena) y Eliana Esther Mieles Martínez con fecha de inicio el 1 de septiembre de
2022 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 202226, cuyo objeto contractual fue:
«[…] el arrendamiento del inmueble donde funciona la Terminal del Transporte Terrestre

26
La Sala destaca que la señora Eliana Esther Mieles Martínez fue la persona que, luego de que se finalizó
el contrato con el señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz, fungió como la arrendataria de la Terminal de
Transporte Terrestre Municipal de El Banco (Magdalena).

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Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

Municipal que se encuentra ubicado en el municipio de El Banco, junto con todas las
instalaciones, mejoras, dependencias y elementos para su goce y administración»27.

3.3. Igualmente, al proceso se allegó el contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de
2023 entre la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena) y la señora
Eliana Esther Miles Martínez, con fecha de inicio el 2 de enero de 2023 y de terminación el
31 de diciembre de 2023, cuyo objeto contractual fue: «el arrendamiento del inmueble donde
funciona la Terminal del Transporte Terrestre Municipal que se encuentra ubicado en el
municipio de El Banco, junto con todas las instalaciones, mejoras, dependencias y
elementos para su goce y administración»28.

3.4. El 12 de junio de 2025, el magistrado de conocimiento de primera instancia recibió
el testimonio del señor Marlon Adrián Patiño Cuenca, quien fungió como gerente de la
Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco, (Magdalena). De dicha
declaración se destaca lo siguiente29:

[…] Preguntado por la magistrada de conocimiento sobre si ha trabajado con la Empresa
de Servicio Público Municipal de El Banco, (Magdalena), respondió que sí y que fue
nombrado mediante Decreto 001 de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2023. Preguntado
sobre que sabía sobre la vinculación del señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz con dicha
empresa, contestó que, durante el tiempo que estuvo, el señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz
ha suscrito unos contratos de arrendamiento con la empresa de servicios públicos y el
último fue hasta el 31 de agosto de 2022 y que posterior a eso se realizó otra
contratación con otro particular.

Preguntado por el apoderado de la parte demandada, sobre si después de la suscripción
de dicho contrato, entre la fecha de 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022,
suscribió otro contrato de arrendamiento de la terminal de transportes de El Banco,
contestó, sí señor, con la señora Eliana Esther Mieles Martínez por un término de cuatro
meses que inició el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Preguntado
si para la vigencia 2023 suscribió otro contrato, contestó que el 2 de enero de 2023 se
suscribió el contrato con la señora Eliana Esther Mieles Martínez por un término de 12
meses y con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023 […] [Negrillas fuera de texto].

Del material probatorio obrante en el proceso, la Sala observa que, tal como lo señaló el
tribunal de primera instancia, ninguno de los contratos celebrados entre el demandado y la
Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena) lo fueron dentro del año
anterior a la elección. En efecto, está probado que el señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz fue
elegido diputado de la asamblea departamental del Magdalena para el período 2024 – 2027
el día 29 de octubre de 2023, es decir, que el período inhabilitante comenzó desde el 29 de
octubre de 2022; no obstante, todos los contratos allegados al proceso, celebrados por el
demandado, se suscribieron antes del 29 de octubre de 2022, por lo que no están reunidos
los supuestos de hecho del numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 para la
configuración de la inhabilidad.

Cabe señalar que, el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso señala
que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el

27 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 00.
28 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 00.
29 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 00.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

efecto jurídico que ellas persiguen». Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que quien tiene la carga de probar, tanto el
elemento objetivo y subjetivo de la causal, es la parte solicitante y que en esta clase de
procesos no aplica una inversión de la carga probatoria30:

[…] Sobre la carga de la prueba, igualmente ha considerado la jurisprudencia de esta Sala
que esta recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura31, quien debe acreditar los
elementos objetivo y subjetivo de la causal que invoca32, incluso sin que sea dable afirmar
que opera una inversión de dicha carga, dado el carácter sancionatorio del proceso y la
aplicación de la presunción de inocencia […].

De otro lado, en el recurso de apelación, la parte actora alegó que «[…] aparece el manejo
[de] la Terminal de Transporte Terrestre de El Banco, inmueble de propiedad de la Empresa
de Servicios Públicos Municipal, dos contratos de arriendo de la ESP municipal de El Banco
(Magdalena) suscrito con la señora Eliana Esther Mieles Martínez, uno durante el segundo
semestre de 2022 y otro por todo el año de 2023», sin embargo, sostuvo que tales
documentos no tenían ningún valor probatorio por (i) «la manifestación escrita del señor
Diputado Arias Ortiz, consignada en su hoja de vida, donde señala su vinculación con la
empresa de servicios públicos municipal, hasta agosto de 2023»; (ii) la actuación del
demandado «ante la empresa bomberil» y (iii) el informe rendido por la Contraloría
Departamental del Magdalena.

Al respecto, la Sala advierte que las pruebas a las que refiere la solicitante y con las que
pretende desvirtuar la suscripción de los contratos celebrados por la señora Eliana Esther
Mieles Martínez son las siguientes:

(i) Con la solicitud de pérdida de investidura se allegó el formato único de la hoja de vida
del señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz, en la que se evidencia lo siguiente frente a lo
señalado por la parte actora33:

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12 de septiembre de 2023.

Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2023 00145 01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
31 La carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura recae sobre el actor; esta es la regla

general en los procesos de que conoce la justicia contenciosa administrativa, así: “La referida norma legal
desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit
probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso
Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho
de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que
sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar
los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple
con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su
causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos
fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos
de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de diciembre de 2007, Radicación: 11001-
03- 15-000-2006-01308-00(PI), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
32 “[L]a aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del C.G.P., mueve

a decir que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración de la conducta que
reprocha al congresista acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos objetivos, como en lo referente al
elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 8 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01(PI). C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
33 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00090 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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15

Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

(ii) Igualmente, en el recurso de apelación, la parte solicitante refirió que los contratos de
arriendo suscritos con la señora Eliana Esther Mieles Martínez no tenían ningún valor
probatorio por la actuación del demandado «ante la empresa bomberil sobre el censo,
cuya constancia expide el Cuerpo de Bomberos del municipio El Banco (Magdalena), a
nombre del señor Edgar Arias Ortiz». La Sala, en este punto, observa que la parte actora
allegó la siguiente prueba documental34:

34 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00090 00.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

(iii) Por último, la parte actora alegó que los contratos de arriendo suscritos con la señora
Eliana Esther Mieles Martínez no tenían ningún valor probatorio con fundamento en:

[…] 3. Un informe rendido por la Contraloría Departamental del Magdalena, por
requerimiento de ese despacho, envían un documento de 37 páginas, titulado ACTA DE
VERIFICACION 001, suscrito por la ESP de El Banco (Magdalena), donde a folios 36 y 37
aparece el nombre del señor Edgar Arias, con un contrato de arriendo en julio 2023,
relacionado en el AZ- 7. Lo que demuestra que si hubo el vínculo contractual del diputado
Edgar Jerónimo Arias Ortiz con la empresa ESP municipal de Servicios Públicos de El
Banco (Magdalena) durante el año 2023, lo que daría la violación del régimen de
inhabilidades que constituye una causal de pérdida de investidura […]

Sobre este punto, la Sala advierte que la jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría
Departamental del Magdalena, atendiendo al requerimiento hecho por el magistrado de
conocimiento de primera instancia, indicó lo siguiente35

[…] En atención al requerimiento presentado ante este ente de control el día doce (12)
de junio de 2025, en el que se indica:

“me permito poner en su conocimiento que la información allegada por su parte
mediante correo electrónico el día 10 de junio de 2025, se encuentra incompleta
y, no cumple con los presupuestos señalados en el requerimiento efectuado el día
05 de junio de 2025, en cumplimiento al auto proferido de fecha 04 de junio de
2025, que aperturó el periodo probatorio.

Se observa que, en el inventario documental remitido, en la casilla denominada
concepto, no se consignó ninguna información relacionada con los archivos
contables, contractuales y de ejecución presupuestal, relacionados con la Terminal
de Transporte Terrestre de El Banco (Magdalena), durante los años 2020, 2021,
2022 y 2023, en los cuales no se evidencia información adicional del contrato de
arriendo referido, ubicado en la AZ #7, tal como se evidencia a continuación:

35 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

2333 000 2025 000 90 00.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00090 01
Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

Debe este despacho aclarar y precisar que lo trasladado a su despacho fue la
única información allegada por parte de la Empresa de Servicios Públicos de El
Banco – Magdalena vigencia 2023, en los descargos a las observaciones
presentadas en el proceso auditor adelantado; la relación descrita como
“INVENTARIO DOCUMENTAL ENCONTRADO EN LOS ARCHIVOS DE LA
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA”, no fue allegado por la Empresa de
Servicios Públicos de El Banco – Magdalena a esta Contraloría, solo la menciona
indicando que fue la información que ellos encontraron en los archivos al recibir la
entidad. Por lo anterior, y bajo lo indicado en el ACTA DE VERIFICACIÓN N°001
que se allego a su despacho, la información solicitada, reposa en los archivos de
la Empresa de Servicios Públicos de El Banco – Magdalena y reiteramos, no fue
trasladada a este ente de control, solo enunciada en el acta en comento […].

Frente a este reproche, la Sala advierte que lo perseguido por la parte solicitante es
restarle valor probatorio a los contratos que se allegaron al proceso y que aparecen
suscritos por la señora Eliana Esther Mieles Martínez; sin embargo, dicha argumentación
no resulta relevante para la configuración de la inhabilidad invocada, en la medida que,
en el escenario propuesto por la parte actora, lo que debe tenerse en cuenta es que, el
debate probatorio sobre si la señora Eliana Esther Mieles Martínez suscribió o no los
contratos de arrendamiento con la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco,
(Magdalena), no tiene relación con la controversia del presente asunto, aunado al hecho
de que no acredita que el demandado hubiera celebrado con la referida empresa
contratos dentro del período inhabilitante.

Adicionalmente, ninguna de las tres pruebas documentales señaladas por la solicitante
acredita el supuesto de hecho para la configuración de la inhabilidad prevista en el
numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, esto es, la celebración de contratos
con entidades públicas dentro de los 12 meses anteriores a la elección del diputado y que
el contrato se haya ejecutado en el respectivo departamento.

En efecto, en la hoja de vida del señor Édgar Jerónimo Arias Ortiz consta que estuvo
vinculado con la Empresa de Servicios Públicos de El Banco, (Magdalena) desde el 1 de
enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2023, pero con dicha información no es posible
acreditar que el demandado haya suscrito un contrato y la fecha en la que lo hizo; y, por
el contrario, al plenario fueron allegados los siete contratos que el demandado celebró
con la referida empresa y ninguno de ellos fue en el período inhabilitante previsto en el
numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

Sobre el particular, es de anotar que el mismo demandado es quien sostiene que en la
información consignada en la hoja de vida aparece un «error de digitación en el año de
terminación de contrato de arriendo», pues, si bien se diligenció en la casilla
correspondiente el año 2023, en realidad dicho negocio jurídico terminó el 31 de agosto
de 2022, como se demostró con la copia de todos y cada uno de los contratos suscritos
por el demandado.

En cuanto a la prueba del «censo bomberil», ocurre una situación similar, y es que de su
contenido tampoco puede acreditarse los supuestos de hecho de la inhabilidad invocada,
esto es, la celebración de un contrato por parte del demandado. Adicionalmente, se
evidencia que quien firmó dicho documento como «propietario y/o administrador» anotó
la cédula de ciudadanía núm. 39019567, la cual figura como la cédula de ciudadanía de
la señora Eliana Esther Mieles Martínez en virtud de los contratos que suscribió con la
Empresa de Servicios Públicos Municipal de El Banco (Magdalena).

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Solicitante: Patricia del Rosario Conrado Torres
Demandado: Édgar Jerónimo Arias Ortiz

Igualmente, del informe rendido por la Contraloría Departamental del Magdalena tampoco
se acredita que el demandado haya suscrito contratos dentro del período inhabilitante y
no puede pasarse por alto que, en la casilla relacionada con la fecha, se indicó que era
el período «2020-2023», ello, por cuanto, como quedó probado en el proceso, el
demandado sí suscribió contratos con la Empresa de Servicios Públicos Municipal de El
Banco (Magdalena), pero entre los años 2016 a 2022.

Asimismo, la parte actora, en el recurso de apelación alegó que «aparece el manejo [de]
la Terminal de Transporte Terrestre de El Banco, inmueble de propiedad de la Empresa de
Servicios Públicos Municipal, dos contratos de arriendo de la ESP municipal de El Banco
(Magdalena) suscrito con la señora Eliana Esther Mieles Martínez, uno durante el segundo
semestre de 2022 y otro por todo el año de 2023»; sin embargo, alegó que tales
documentos no tenían ningún valor probatorio porque (i) no fueron publicados en el
SECOP; no fueron registrados en la plataforma SIA; (iii) «la parte demandada debe
acreditar también que el contratista canceló su valor mediante consignación bancaria en
favor de la entidad arrendadora»; (iv) «no se dio cumplimiento a las obligaciones que tiene
todo contratista en Colombia sobre el pago de la seguridad social y parafiscales» y (v)
reiteró lo señalado frente al informe de la Contraloría Departamental del Magdalena.

No obstante, dicha argumentación resulta irrelevante para acreditar el supuesto de hecho
de la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, puesto
que, de un lado, no se refiere a la celebración de un contrato suscrito por el aquí demandado
y, por el otro, lo que alega busca desvirtuar los contratos que suscribió la señora Eliana
Esther Mieles Martínez, debate que tampoco acreditaría la celebración de contratos por
parte del diputado dentro del período inhabilitante.

Ahora bien, en relación con el argumento de la apelación dirigido a que las pruebas relativas
a «la manifestación escrita del señor Diputado Arias Ortiz, consignada en su hoja de vida,
donde señala su vinculación con la empresa de servicios públicos municipal, hasta agosto
de 2023»; la actuación del demandado «ante la empresa bomberil», el informe rendido
por la Contraloría Departamental del Magdalena y los contratos suscritos por la señora
Eliana Esther Mieles Martínez sean apreciadas a título de indicios, tal y como lo dispone
el artículo 240 del CGP, la Sala considera necesario realizar las siguientes precisiones:

Al parecer de la parte solicitante, en el caso sub exámine concurren tres indicios a saber:

[…] Hecho indicador
Tomamos como tal lo manifestado por el diputado Edgar Jerónimo Arias Ortiz, período
2024- 2027, en su hoja de vida presentada al tomar posesión en la Asamblea
Departamental del Magdalena, prueba incorporada al proceso.

Primer indicio

Constancia bomberil expedida por el Cuerpo de Bomberos de El Banco (Magdalena),
tramitada por el señor Edgar Arias Ortiz, en su condición de administrador de la Terminal
de Transporte de Terrestre del citado municipio, en el año 2023.

Segundo indicio

Documento de 37 páginas, titulado ACTA DE VERIFICACION 001, suscrito por la ESP
de El Banco (Magdalena), donde a folios 36 y 37 aparece el nombre del señor Edgar Arias,
con un contrato de arriendo en julio 2023, relacionado en el AZ- 7. Lo que demuestra que

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si hubo el vínculo contractual del diputado Edgar Jerónimo Arias Ortiz con la empresa
ESP municipal de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena) durante el año 2023.

Este contrato, como documento físico, tampoco aparece en los archivos de la Contraloría
Departamental del Magdalena. No hay pronunciamiento de esa entidad sobre esta falla
administrativa.

Ante la gravedad de estos hechos, tampoco hubo actuación alguna del Tribunal
Administrativo del Magdalena, en verificar la información y requerir a la entidad de control,
en busca de la verdad procesal.

Tercer indicio
Los contratos suscritos con la señora Eliana Esther Mieles Martínez, uno durante el
segundo semestre de 2022, y otro por todo el año de 2023, no tienen valor probatorio
alguno que demuestre que el señor Edgar Jerónimo Arias Ortiz no fue contratista con la
ESP municipal de El Banco (Magdalena). Por el contrario, sus errores se convierten en
indicios favorables a lo expresado por la parte actora en este proceso […]. [Negrillas del
texto]

A la luz del ordenamiento jurídico, los indicios se constituyen en un medio de prueba
autónomo, integrado por los siguientes elementos: (i) los hechos indicadores; (ii) el hecho
que se pretende demostrar; y (iii) la relación lógica entre aquellos y este, cimentada en
las reglas de la experiencia, la técnica, la lógica o la ciencia. Dicho medio probatorio se
encuentra regulado en los artículos 240, 241 y 242 del Código General del Proceso36.

En ese orden, para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar
debidamente probado en el proceso y, además, tener relación con el objeto de la
controversia, esto es, para el caso concreto, la inhabilidad predicada respecto del señor
Édgar Jerónimo Arias Ortiz y no con la actuación desplegada por otra persona como lo
es la señora Eliana Esther Mieles Martínez, quien suscribió los contratos de arrendamiento
luego del vencimiento del plazo del último negocio jurídico que celebró el accionado en el
sub lite.

La jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha explicado lo siguiente frente
a los indicios como pruebas37:

[…] 190. Las decisiones judiciales de esta Corporación han señalado que:

«[…] La doctrina ha entendido el “indicio” como aquel hecho conocido a partir del cual se
infiere de forma lógica la existencia o inexistencia de otros hechos desconocidos. De este
modo, el “indicio” es el punto de inicio del razonamiento lógico que conduce a probar el
hecho que se pretende demostrar, ante la inexistencia de pruebas directas o de la
exigencia de pruebas particulares para su comprobación, pero no suple el hecho a

36
Artículo 240. Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá
estar debidamente probado en el proceso.
Artículo 241. La conducta de las partes como indicio. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal
de las partes.
Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren
en el proceso.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de junio
de 2021. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2019 01747 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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corroborar38. Bajo ese entendimiento, el indicio es una prueba eficaz, una vez el hecho
inferido ha sido establecido procesal y probatoriamente por medios válidos e idóneos39
[…]»40

«[…] La jurisprudencia de esta Sala se ha ocupado de señalar cuáles son las
características de la prueba indiciaria, así como los parámetros que deben ser tenidos en
cuenta por el Juez tanto para la construcción como para la valoración de indicios,
atendidos los referentes normativos que se han dejado transcritos:

[…]

Al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con su
naturaleza jurídica (si son medio de prueba o si son objeto de prueba), puede afirmarse
que el indicio está integrado por los siguientes elementos:

i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos, los rastros o huellas
que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un
suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso;

ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, es el instrumento
que se utiliza para la elaboración del razonamiento;

iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que
hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho
desconocido que se pretende probar;

iv) El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental.

Así las cosas, una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en
cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios de
prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha
clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios,
aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que
se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación
de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por
lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como
contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto.
Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho
indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata […]»41.

191. El indicio, entonces, como medio probatorio autónomo, se concibe como un hecho
conocido del cual se infiere otro desconocido, por virtud de una operación lógico-analítica
sustentada en las reglas de la experiencia o en principios técnico o científicos y se integra

[38] Sentencia del 12 de noviembre 2015. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 19999. C.P. Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez.
[39] Sentencia del 12 de diciembre 2014. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 19121. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.
[40] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA.

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020).
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-00038-01(24128). Actor: ALLAM ANNETH CORREA
ÁLVAREZ.
[41] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA.

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil once
(2011). Radicación número: 27001-23-31-000-1997-03012-01 (18722). Actor: ASOCIACIÓN DE
PISCICULTORES Y COMERCIALIZADORES LA ESPERANZA.

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por los siguientes elementos: (1) los hechos indicadores; (2) el hecho que se pretende
demostrar; y (3) la relación lógica entre aquél y éste, cimentada en las reglas de
experiencia, de la técnica, de la lógica o de la ciencia, construida por el operador jurídico
mediante una inferencia que permite tener como cierto o probable, la existencia del hecho
que se quiere acreditar […].

Atendiendo lo explicado por la jurisprudencia, la Sala advierte que, en el recurso de
apelación, la parte actora sostuvo que el hecho indicador es lo consignado por el
demandado en su hoja de vida; sin embargo, en su argumentación, no señaló cuál era el
razonamiento o juicio lógico que le permitía establecer o definir el hecho que pretendía
demostrar, ni mucho menos aludió a éste último, es decir, el apelante omitió referir las
razones por las que del indicio se podía inferir de forma lógica la existencia de otros hechos
que no estaban probados directamente en el proceso.

En todo caso, se insiste que del hecho indicador señalado por la parte solicitante en el
recurso de apelación, es decir, lo consignado en la hoja de vida, o en todo caso, de los
hechos relacionados en los títulos de «primer indicio, segundo indicio, tercer indicio» del
recurso de apelación, no es posible inferir de manera lógica que el demandado haya
suscrito un contrato con la Empresa de Servicios Públicos de El Banco (Magdalena)
durante los doce meses anteriores a su elección como diputado; además, valorado en su
conjunto el hecho que la parte actora señaló como «indicador» y los hechos que denominó
«primer indicio, segundo indicio, tercer indicio» junto con las demás pruebas aportadas al
proceso, lo que está acreditado en el proceso es que el demandado sí suscribió siete
contratos con la referida empresa, pero antes del 29 de octubre de 2022.

Ahora bien, es de anotar que el carácter sancionatorio de la pérdida de investidura limita la
interpretación del juez en torno a las causales para su configuración.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Primera, con fundamento en los principios de
legalidad y tipicidad que rigen al proceso de pérdida de investidura, ha señalado de forma
enfática que las causales son taxativas y de interpretación restrictiva42, lo que se traduce en
el deber de la parte solicitante de invocar la causal y formular su debida explicación
argumentativa y comprobación fáctica43:

[...] No sobra advertir que la interpretación y aplicación de las causales del proceso
sancionatorio de pérdida de investidura, entre estas las de inhabilidades, son restrictivas
y taxativas, lo cual no solo conduce a una reserva constitucional o legal respecto de su
fuente normativa, -lo que implica la prohibición de adaptarlas por vía analógica-, sino que
también le imponen al solicitante el deber procesal de señalarla e invocarla, expresa
e inequívocamente, así como formular su debida explicación argumentativa y
comprobación fáctica […] [Negrillas y subrayas fuera de texto].

De manera que, en atención a los principios de legalidad y tipicidad, así como la aplicación
taxativa y restrictiva de las causales de pérdida de investidura, no es posible para el juez de
esta acción sancionar a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular si
los supuestos de hecho exigidos por el legislador para la configuración de la causal no están
debidamente acreditados en el proceso.

42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de marzo

de 2026. Expediente radicación núm. 47001 2333 000 2025 00177 01. C.P.: Carlos Fernando Mantilla
Navarro.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de marzo

de 2022. Expediente radicación núm. 25000 2315 000 2020 02585 01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

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Por último, la parte solicitante reprochó que «dado la complejidad probatoria del proceso
era obligatorio acudir a las pruebas de oficio, además de ordenar las pedidas por la parte
actora, pues se trataba de llegar a la verdad procesal, teniendo en cuenta también el texto
del artículo 176 del CGP»

Al respecto, en materia de pruebas de oficio, el artículo 213 del CPACA dispone:

[…] Artículo 213. En cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberá decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes […].

De conformidad con las actuaciones adelantadas en el proceso y lo demostrado en el
presente asunto, no es posible ejercer la facultad oficiosa prevista en el artículo 213 del
CPACA, toda vez que solo se permite en el caso de que se consideren necesarias para
el esclarecimiento de la verdad, lo que no ocurrió en el presente asunto.

A lo anterior se agrega que tanto el Tribunal en primera instancia como esta Corporación
en la segunda instancia resolvieron cada una de las peticiones probatorias elevadas por
las partes. Además, la parte recurrente con la alzada no identificó qué pruebas eran
requeridas por el recurrente, incluso para que fueran consideradas de forma oficiosa.

Ahora bien, ante las solicitudes probatorias le corresponde al juez verificar el
cumplimiento de los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia, para que puedan
ser decretadas como tales, incluso de oficio, sin que ello se considerara en el sub lite.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el decreto
de la pérdida de investidura al no estar acreditado que el demandado suscribió contratos
doce meses antes de la fecha de su elección y, se advierte que, al no cumplirse los
requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal, resulta innecesario
descender al estudio del elemento subjetivo.

4. Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que negó la pérdida de investidura del señor Édgar
Jerónimo Arias Ortiz, diputado de la asamblea departamental del Magdalena, período
constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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