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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00177-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00177-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de agosto de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena que negó la solicitud de pérdida de investidura de la señora María del Socorro Charris Pizarro, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00177-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D. C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00177 01
Solicitante: Dalton Dominig Sarmiento Espíndola
Demandada: María del Socorro Charris Pizarro, diputada del departamento
de Magdalena
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Violación de los deberes inherentes al cargo, reconocida por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016
Decisión: Confirma la sentencia que negó la pérdida de investidura
porque no se fundamentó en causal

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia del 22 de agosto de 2025 proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Magdalena. En dicha providencia se negó la pretensión de pérdida
de investidura de la señora María del Socorro Charris Pizarro, diputada de ese
departamento para el período constitucional 2024― 2027.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 18 de julio de 20251, el señor Dalton Dominig Sarmiento Espíndola demandó la
pérdida de investidura de la señora María del Socorro Charris Pizarro (2024―2027) a
través del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La solicitud se fundamentó
en la violación de los deberes inherentes al cargo, causal que, a juicio del actor, fue
reconocida de manera autónoma por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424
de 2016.

1 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00177 01
Accionante: Dalton Dominig Sarmiento Espíndola
Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

El actor afirmó que la procedencia de esta causal se amparó en la cláusula de remisión
normativa contenida en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el
numeral 6 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022. Estas disposiciones, al consagrar las
«demás causales previstas en la ley» permiten integrar los eventos definidos en las
sentencias de unificación de la Corte Constitucional, las cuales ostentan fuerza material
de ley y carácter vinculante, superando así la taxatividad literal de los estatutos
territoriales.

El sustento fáctico radicó en que, en su condición de servidora pública (arts. 123 y 299
C. P.), la diputada ese encuentra obligada a acatar la Constitución y los deberes
consagrados en los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019. De manera específica,
adujo que la comisión de conductas como el falso testimonio (art. 442 del C. Penal)
implicó una transgresión directa a la lealtad y a la veracidad debidas a la administración
de justicia, lo cual configuró un incumplimiento grave de los deberes inherentes a su
dignidad.

Finalmente, invocó la sentencia SU-611 de 2017 para enfatizar el carácter vinculante
de los precedentes de las altas cortes en esa materia.

1.2. Los hechos que dan sustento a la solicitud

En el medio de control de nulidad electoral 11001032800020240005700 se emitió
sentencia que declaró la nulidad del acto de elección de Rafael Alejandro Martínez como
gobernador del departamento del Magdalena, por la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo, la cual se configuró respecto las entonces candidatas María Charris
Pizarro (a la Asamblea) y Miguelina Pacheco (al Concejo).

El actor informó que la señora Charris Pizarro, en el testimonio recaudado en dicho
proceso, faltó a la verdad e incurrió en contradicciones sobre el contenido del video
probatorio y su grado de amistad con el señor Martínez. Agregó que la diputada aseveró
con certeza hechos que no le constaban personalmente, careciendo así de fundamento
para justificar la razón de su dicho; todo lo anterior, afirmó el solicitante, con el propósito
de desvirtuar la acusación de doble militancia.

De lo anterior concluyó que la señora María del Socorro Charris Pizarro incurrió en un
incumplimiento grave de los deberes propios de su cargo como diputada, al faltar a la
verdad en una actuación judicial bajo juramento. Su conducta, la cual fue calificada por el
juez natural como contradictoria y tendiente a pervertir la verdad, constituyó una violación
directa a los mandatos del artículo 133 de la Constitución Política, porque priorizó el
interés particular de una alianza política sobre la lealtad institucional y la veracidad debida
ante la administración de justicia.

2. Posición de la parte demandada

La señora María del Socorro Charris Pizarro, actuando por conducto de apoderado,
manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda y como razones de defensa
expuso lo siguiente2:

Aseguró que la causal consistente en la presunta violación de los deberes inherentes
al cargo carece de consagración taxativa en el ordenamiento jurídico. Señaló que,

2 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

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Accionante: Dalton Dominig Sarmiento Espíndola
Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

aunque la demanda invocó la sentencia SU-424 de 2016 y las Leyes 617 de 2000 y
2200 de 2022, en materia de pérdida de investidura rige el principio de estricta
legalidad. Agregó que el numeral 6 del artículo 48 y, el mismo numeral 6 del artículo
60 de estas normas remiten a causales expresamente previstas en la ley, condición
que no se cumple en este caso, pues la Corte Constitucional no posee facultades para
crear causales, siendo esta una competencia exclusiva del Legislador en virtud del
principio de la separación de poderes.

Indicó que la accionada compareció al proceso electoral en calidad de ciudadana y
testigo, y no en ejercicio de sus funciones como diputada. Asimismo, resaltó que la
autoridad judicial no ordenó la compulsa de copias por falso testimonio, lo cual
desvirtúa la existencia de la falta. Por tanto, concluyó que no se configuraron los
elementos objetivos de la sanción al no adecuarse el comportamiento a una
descripción típica conforme a la Constitución y a la ley.

En el aspecto probatorio, la defensa se opuso a la práctica del interrogatorio de parte,
lo calificó de improcedente en juicios de naturaleza sancionatoria.

Finalmente, ante la ausencia de una causal autónoma y la falta de tipicidad de la
conducta, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

3. La sentencia de primera instancia3

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 22
de agosto de 2025 resolvió:

Primero. NEGAR la solicitud de pérdida de investidura de la diputada del departamento
del Magdalena, señora María del Socorro Charris Pizarro, elegida para el período
constitucional 2024-2027.

El tribunal concluyó que la «violación de los deberes inherentes al cargo» no constituye
una causal autónoma y taxativa de pérdida de investidura para diputados en el régimen
legal vigente (Leyes 617 de 2000 y 2200 de 2022).

4. El recurso de apelación4

4.1. El recurrente solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, al insistir en la
configuración de la causal de origen jurisprudencial denominada violación de los
deberes inherentes al cargo. A su juicio, el tribunal a quo desconoció que esta causal,
reconocida en la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, es plenamente
aplicable y suficiente para sancionar a los diputados, por lo que censuró que se haya
limitado la conducta reprochada únicamente a los ámbitos disciplinario y penal.

Sustentó su disenso argumentando que, en virtud del numeral 6 del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000 y del numeral 6 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022, resulta forzoso
concluir que pueden existir causales de pérdida de investidura distintas a las
consagradas en los artículos 48 y 60 de los citados estatutos normativos, las cuales se

3 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

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4 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

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Accionante: Dalton Dominig Sarmiento Espíndola
Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

pueden hallar, entre otras fuentes, en la jurisprudencia de las altas cortes y,
específicamente en la sentencia de unificación que sustentó su solicitud.

Bajo esta óptica, sostuvo que la expresión «las demás causales expresamente
previstas en la ley» habilita la integración de causales definidas en sentencias de
unificación de la Corte Constitucional, las cuales ostentan fuerza vinculante y gozan de
aplicación preferente. Por lo tanto, consideró que el juzgador tiene el deber ineludible
de aplicar preferentemente las providencias de la máxima judicatura. En consecuencia,
solicitó que se revoque la decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda.

4.2. El apoderado de la diputada presentó escrito de oposición al recurso de apelación,
tanto con posterioridad a su concesión5 como en el trámite de esta instancia6.

En su intervención, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia al
argumentar que la causal alegada por el actor, referente a la presunta violación de los
deberes inherentes al cargo, no se encuentra taxativamente consagrada en el
ordenamiento jurídico. Sostuvo que el demandante fundamenta su pretensión en una
interpretación de la sentencia SU-424 de 2016 y de las normas citadas que no se ajusta
al principio de legalidad, al señalar que el numeral 6 del artículo 60 de la Ley 2200 de
2022 exige que las causales adicionales estén expresamente previstas en una norma
legal. Por lo tanto, afirmó que no es procedente realizar analogías para configurar
causales de sanción no estipuladas por el legislador.

Precisó que la accionada compareció al proceso electoral en calidad de ciudadana
citada a rendir testimonio y no en ejercicio de sus funciones como diputada, por lo que
las declaraciones rendidas en dicha diligencia carecen de conexidad con los deberes
propios de su investidura. En consecuencia, concluyó que, ante la ausencia de una
causal tipificada y la falta de adecuación fáctica de la conducta, no se configuran los
elementos para decretar la pérdida de investidura.

4.3. Por su parte, el recurso de apelación fue concedido mediante auto de 22 de agosto
de 20257.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente le correspondió a este despacho mediante acta de reparto del 29 de
septiembre de 20258.

5.2. El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia se admitió mediante auto
del 13 de enero de 20269.

5 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

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6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00.
7 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00.
8 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00.
9 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Dalton Dominig Sarmiento Espíndola
Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

5.3. La parte demandada presentó10 argumentos de oposición al recurso formulado,
los cuales corresponden a los mismos de la primera instancia y que fueron resumidos
en el número 4.2.

5.2. El expediente ingresó al despacho para proferir fallo el 23 de enero de 202611.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de diputados, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200012 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
201913 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º
del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las
secciones14.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Se acreditó con el certificado E2815 de la Registraduría Nacional del Estado Civil que
la señora María del Socorro Charris Pizarro fue elegida diputada por el departamento
de Magdalena para el período constitucional 2024–2027. No se discutió que no haya
tomado posesión.

3. Hechos probados

En el proceso se acreditó16:

3.1. Que la señora Charris Pizarro rindió declaración en la nulidad electoral
11001032800020240005700 en cuya sentencia se declaró la nulidad del acto de elección
del gobernador del departamento del Magdalena por la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo.

10 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

23 33 000 2025 00177 00.
11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001

23 33 000 2025 00177 00.
12 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda
instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales
Administrativos.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el

1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. Acuerdo-No.-080-DE-12-DE-MARZO-DE-2019-
COMPILACION.pdf
14 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los

asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso
de apelación contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

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16 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00.

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Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

3.2. De acuerdo con las consideraciones de esa sentencia del 8 de mayo de 2025,
respecto de su testimonio se concluyó17 que:

3.2.1. «[E]l dicho de María Charris queda en entredicho debido a las múltiples
incoherencias y contradicciones de cara a la participación y a las
manifestaciones del demandado en la reunión política de la Villa Olímpica»18.

3.2.2. «Lo primero que se censura de este testimonio, es que la declarante afirma,
inicialmente, que la expresión de apoyo del demandado a la aspirante al
concejo no ocurrió, a renglón seguido, dice que, faltaba poco para que el
demandado terminara el discurso, pero ante la pregunta del magistrado
sustanciador sobre si ella estaba en el momento en el que el accionado
manifestó su discurso, ella tajantemente expuso que no. Esto quiere decir que
en un mismo espacio de tiempo ella estuvo, pero no presenció el discurso de
su amigo, lo cual advierte la contradicción de su manifestación y desdibuja su
credibilidad, pues no es convincente que se afirme que él no expresó respaldo
político, cuando no se tiene certeza de si en verdad la testigo estuvo en los
momentos en que duró el discurso de su coprotagonista»19.

3.2.3. «Finalmente, lo único verídico de su testimonio es que en efecto no compartió
tarima con el aquí accionado; situación que no es relevante»20.

4. Análisis de la Sala

4.1. El tribunal negó la solicitud de desinvestidura de la acusada al considerar que no
incurrió en ninguna causal de pérdida de investidura, toda vez que la conducta
reprochada ―consistente en presuntas falsedades y contradicciones en su declaración
jurada― no encaja en el catálogo de motivos taxativos previstos en la Constitución y
la ley. Enfatizó que, aunque los hechos alegados podrían tener relevancia en
escenarios disciplinarios o penales, los mismos no están contemplados en el régimen
normativo aplicable.

4.2. En el recurso de apelación, el actor insistió en la revocatoria de la sentencia bajo
el argumento de que la causal de origen jurisprudencial denominada «violación de los
deberes inherentes al cargo» (reconocida en la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte
Constitucional) debe entenderse incorporada al ordenamiento. Lo anterior, con
fundamento en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 6 del
artículo 60 de la Ley 2200 de 2022, disposiciones que remiten a «las demás causales
previstas en la ley»; por ende, solicitó que sea aplicada para declarar la pérdida de
investidura de la señora Charri Pizarro.

La solicitud de pérdida de investidura se sustenta en la siguiente subregla de la Corte
Constitucional contenida en la sentencia SU-424 de 201621:

17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00.
Página 214 de los anexos de la demanda (página 49 de la sentencia).
18 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00. Página 212 de los anexos de la demanda (página 47 de la sentencia).
19 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00. Página 214 de los anexos de la demanda (página 49 de la sentencia).
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 23

33 000 2025 00177 00. Página 214 de los anexos de la demanda (página 49 de la sentencia).
21 SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia

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Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes conclusiones:

[…]

Son causales de pérdida de investidura22: el incumplimiento de los deberes
inherentes a su cargo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades23;
la indebida destinación de dineros públicos24; el conflicto de intereses25 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado26. (Destacado de la Sala).

4.3. Para resolver el recurso, la Sala se pronunciará sobre: (i) el carácter sancionatorio
de la acción de pérdida de investidura; (ii) el principio de legalidad de las causales de
pérdida de investidura; (iii) el principio de taxatividad de las causales de pérdida de
investidura; (iv) el principio de tipicidad de las causales de pérdida de investidura; (v) la
causal «violación de los deberes inherentes al cargo» establecida en la sentencia SU-
424 de 2016 de la Corte Constitucional, para luego abordar (vi) las conclusiones del
caso.

4.3.1. El carácter sancionatorio de la pérdida de investidura

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que «[…] la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución
y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas
que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la
dignidad del cargo que ostentan»27. En ese sentido, se trata de «un juicio sancionatorio,
que se efectúa en ejercicio del ius puniendi del Estado, previsto por el legislador como
un procedimiento jurisdiccional a cargo del juez contencioso administrativo […]»28.

En esa medida, la pérdida de investidura, con sus propias características, hace parte
del derecho sancionador, a través del cual el Estado ejerce el ius puniendi que está
destinado a reprimir aquellas conductas de los miembros de las corporaciones públicas
que se consideran contrarias al cargo que ocupan.

Todas las manifestaciones29 del ius puniendi (derecho de sanción) del Estado implican
una restricción sobre algún derecho constitucional. Tratándose del juicio de pérdida de

22 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
23 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y

183 de la Constitución Política.
24 Art. 183 de la Constitución Política.
25 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
26 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional. Sentencia C – 762 del 29 de octubre de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.
28 Corte Constitucional. Sentencia C – 762 del 29 de octubre de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.
29 “El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado puede

ejercer un derecho de sanción o ius puniendi, destinado a reprimir conductas que se consideran
contrarias al Derecho, es decir, a los derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro de
sus manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal delictivo, que por lo mismo que está
encaminado a proteger bienes jurídicos más preciados para el ordenamiento admite la punición más
severa, y de otro, los que representan en general poderes del derecho administrativo sancionador, como
es el caso del contravencional, del disciplinario y del correccional, en el que el derecho disciplinario
procura asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de servidores públicos o
profesionales de determinadas profesiones como médicos, abogados o contadores”. Corte
Constitucional. Sentencia C – 762 del 29 de octubre de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

investidura, la sanción impuesta es de carácter jurisdiccional30 e implica la separación
definitiva del cargo del acusado y la consecuente prohibición permanente de
desempeñar en el futuro cargos de igual o similar naturaleza31.

De modo que la sanción impuesta en el juicio de pérdida de investidura implica una
restricción de los derechos políticos del sancionado previstos por el artículo 40 de la
Constitución Política y que tienen carácter de fundamentales32, entre los que está el
derecho a ser elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

Por este motivo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, por la
naturaleza de la sanción impuesta, el trámite de pérdida de investidura «[…] debe ser
especialmente respetuoso del debido proceso”33. Igualmente, ha sostenido que, “en
razón de su naturaleza sancionatoria le son aplicables los principios del derecho
sancionatorio como el de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más favorable, non
bis in ídem y la presunción de inocencia hasta no ser declarado culpable”34, y ha
precisado que “las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable»35.

4.3.2. El principio de legalidad de las causales de pérdida de investidura

El principio de legalidad está previsto por el inciso segundo del artículo 29 de la
Constitución Política que dispone: «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa». Este principio, que forma parte de las garantías
mínimas del debido proceso36, exige la determinación precisa de las sanciones que
pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poder punitivo estatal.

La jurisprudencia constitucional ha explicado, en relación con el principio de legalidad,
que «[…] éste exige que la conducta que se va a sancionar, así como las sanciones,
los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición,
deben estar expresa y claramente definidos por la ley, y ello con carácter previo a la
aplicación e imposición de estas medidas. De conformidad con este principio, no es
posible adelantar válidamente un proceso, bien sea penal, disciplinario o de naturaleza
sancionadora, si el precepto -praeceptum legis- y su correspondiente consecuencia
jurídica -sanctio legis- no se encuentran previamente definidos de manera clara y
expresa en la ley»37.

30 Corte Constitucional. Sentencia C – 254A del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
31 Corte Constitucional. Sentencia C - 247 del 1 de junio de 1995. M.P.: José Gregorio Hernández
Galindo.
32 Ver sentencia T – 369 del 6 de septiembre de 2018. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
33 Corte Constitucional. Sentencia SU 073 del 20 de febrero de 2020. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
34 Corte Constitucional. Sentencia SU 073 del 20 de febrero de 2020. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
35 Corte Constitucional. Sentencia SU 073 del 20 de febrero de 2020. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
36 “De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política, el debido proceso

constitucional se integra por las siguientes garantías: (i) el principio de legalidad; (ii) el principio del juez
natural; (iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; (iv) el principio de
favorabilidad; (v) el derecho a la presunción de inocencia; (vi) el derecho a la defensa; (vii) el derecho a
la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilación injustificada de las mismas; (viii) el derecho
a presentar y controvertir pruebas; (ix) el derecho a impugnar las providencias judiciales; (ix) el principio
de non bis in idem; (x) el principio de non reformatio in pejus; (xi) el derecho a no declarar contra sí mismo
o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; (xii) el principio de independencia
judicial; y (xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia”. [Se destaca] Corte Constitucional.
Sentencia T – 248 del 27 de junio de 2018. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
37 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

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En el derecho sancionatorio, el principio de legalidad comprende una doble garantía 38;
material, que se refiere a la predeterminación normativa de las conductas infractoras y
las sanciones; y formal, relacionada con la exigencia de que éstas deben estar
contenidas en una norma con rango de ley, la cual podrá hacer remisión a un
reglamento, siempre y cuando en la ley queden determinados los elementos
estructurales de la conducta antijurídica39.

Por ende, el principio de legalidad de las sanciones exige que: (i) el señalamiento de la
sanción lo haga directamente el legislador; (ii) este señalamiento sea previo al momento
de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii)
la sanción se determine no sólo previamente, sino también plenamente, es decir que
sea determinada y no determinable40.

Por último, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de legalidad
persigue las siguientes finalidades: «(i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta
y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento
directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a las
autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; (iii)
constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la
libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la
igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado»41.

4.3.3. El principio de taxatividad de las causales de pérdida de investidura

En observancia de la naturaleza sancionatoria que reviste el proceso de pérdida de
investidura, resulta imperativo señalar que su aplicación se encuentra estrictamente
supeditada al principio de taxatividad, el cual exige que las causales de desinvestidura
sean interpretadas de forma restrictiva y limitadas exclusivamente a los supuestos
previstos por el constituyente y el legislador.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido de manera uniforme
que, en virtud de los principios de legalidad y tipicidad cerrada, el operador judicial no
puede extender o crear figuras de responsabilidad por analogía o bajo criterios de
violación general de deberes que no se hallen expresamente tipificados en el
ordenamiento jurídico.

A continuación, se exponen pronunciamientos de la Sección Primera que han
consolidado esta postura, reafirmando que cualquier decisión que afecte el derecho
fundamental de participación democrática debe fundarse en un catálogo cerrado de
faltas previamente determinadas:

38 En otra oportunidad, la Corte Constitucional explicó que el principio de legalidad comprende una doble

garantía: “(…) la primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que
existan preceptos jurídicos anteriores (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza
(lex certa) aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las
sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y
existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en
manos de la Administración”. Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.:
Luis Ernesto Vargas Silva.
39 Corte Constitucional. Sentencia C – 412 del 1 de julio de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
40 Corte Constitucional. Sentencia C – 475 del 18 de mayo de 2014. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
41 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

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Sentencia del 12 de mayo de 202242:

“[...] No sobra advertir que la interpretación y aplicación de las causales del
proceso sancionatorio de pérdida de investidura, entre estas las de inhabilidades,
son restrictivas y taxativas, lo cual no solo conduce a una reserva constitucional o
legal respecto de su fuente normativa, -lo que implica la prohibición de adaptarlas
por vía analógica-, sino que también le imponen al solicitante el deber
procesal de señalarla e invocarla, expresa e inequívocamente, así como
formular su debida explicación argumentativa y comprobación fáctica. […]
(Negrillas y subrayas fuera de texto)43.

Sentencia del 30 de mayo de 202444:

Es menester insistir en que tanto las causales de pérdida de investidura de
un congresista, como las inhabilidades de los mismos, están consagradas
de manera expresa y taxativa en la Constitución Política; es decir, dada la
naturaleza de estas últimas de limitación al ejercicio de un derecho político,
como lo es el de ser elegido, deben ser aplicadas en forma estricta y
restringida a los supuestos expresamente tipificados […]”(Negrillas y
subrayas fuera de texto)45.

Sentencia del 9 de agosto de 202446:

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria
de la pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías
dentro de las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se
configuren las causales son de aplicación restrictiva36; lo anterior en atención a
que las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas,
son de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus
causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es
restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.
(Destacado de la Sala).

38. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado
el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del
castigo, así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a
él le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio,
dentro de las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva
legal, taxatividad y favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…]
son de orden público, de interpretación restrictiva y “que no cabe su

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo

de 2022, radicado 5000231500020210142501, consejera sustanciadora Nubia Margoth Peña Garzón.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de marzo

de 2022, número único de radicación 25000231500020200258501, consejera ponente Nubia Margoth
Peña Garzón.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo

de 2024, radicado 700012333000-2024-00006-01, consejera sustanciadora Nubia Margoth Peña
Garzón.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

diciembre de 2016, número único de radicación 15001 23 33 000 2015 00842 01, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado

680012333000202400242-01. Sentencia del 9 de agosto de 2024. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

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aplicación por analogía ni por extensión”, ya que tienen por consecuencia
una sanción “que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos
políticos en el futuro y a perpetuidad […]” y reiteró que “[…] el legislador está
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o
ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda
alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción
[…]” (Destacado fuera de texto). (Destacado con subraya de la Sala).

Sentencia del 22 de enero de 202647:

[L]a Sala destaca que la finalidad constitucional de la acción de pérdida de
investidura -esto es, la defensa del orden jurídico, la moralidad pública y el
respeto por las reglas del ejercicio del cargo- no habilita al juez para desconocer
los principios que gobiernan el debido proceso sancionatorio. La naturaleza
excepcional de esta acción impide la aplicación de causales no previstas
taxativamente en la ley. (Destacado de la Sala).

En definitiva, la pérdida de investidura exige una aplicación restrictiva fundamentada en
los principios de taxatividad y tipicidad. El juez de la pérdida de investidura sancionador
tiene estrictamente vedado el uso de la analogía o la interpretación extensiva para
restringir derechos políticos. Por consiguiente, toda decisión de desinvestidura debe
sustentarse de manera exclusiva en las causales consagradas de forma expresa por el
legislador.

4.3.4. El principio de tipicidad de las causales de pérdida de investidura

El principio de tipicidad, como desarrollo del principio de legalidad, implica que «[…] la
norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e
inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de
las infracciones, así como la correlación entre unas y otras […]»48.

De este modo, el principio de tipicidad se refiere a la «[…] obligación que tiene el
legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutiva
de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita a las
personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de
la misma las implicaciones que acarrea su transgresión (…)»49.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de tipicidad
«[…] se compone de dos aspectos, (i) que “exista una ley previa que determine la
conducta objeto de sanción” y (ii) “la precisión que se emplee en ésta para determinar
la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse”. Este último
aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la
administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio […]»50.

Así también lo ha indicado esta Sección Primera: «[e]n relación con este reparo, la Sala
reitera que, el carácter sancionatorio de la acción de pérdida de investidura impone la

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de enero

de 2026. M.P.: Carlos Fernando Mantilla Navarro.
48 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva y

Corte Constitucional C – 818 del 9 de agosto de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
49 Corte Constitucional. Sentencia C – 412 del 1 de julio de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
50 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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aplicación estricta del principio de tipicidad, lo que exige verificar si la conducta atribuida
al acusado se subsume en la hipótesis normativa descrita por el legislador»51.

En consecuencia, para decretar la pérdida de investidura resulta ineludible que la
conducta enjuiciada se subsuma con absoluta exactitud en una disposición
constitucional o legal previa, clara e inequívoca. Este principio se erige como una
garantía inquebrantable que suprime la discrecionalidad del juzgador, asegurando que
la sanción únicamente proceda frente a las acciones u omisiones que el legislador haya
definido y reprochado con total especificidad.

4.3.5. La causal «violación de los deberes inherentes al cargo» establecida en la
sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional.

De manera preliminar, la Sala precisa que el cargo invocado como causal de pérdida
de investidura en este trámite corresponde a la «violación de los deberes inherentes al
cargo».

Dicha premisa fue extraída de una de las conclusiones que la Corte Constitucional
presentó en su sentencia SU-424 de 2016 en la que resolvió la revisión de los fallos
adoptados «(i) por la Sección Segunda, Subsección B -Sala de Conjueces- del Consejo
de Estado, el 22 de noviembre de 2012, que declaró improcedente la tutela en el
proceso promovido por el señor Noel Ricardo Valencia Giraldo contra la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; y (ii) por la Sección Primera del
Consejo de Estado, el 31 de julio de 2014, que negó el amparo en el proceso de tutela
promovido por Héctor Javier Vergara Sierra, contra la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado»52.

En esa oportunidad, precisó dicha Corporación:

33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública53, que comporta un juicio de naturaleza
ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros
de cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un
congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver
a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las
causales de procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

Son causales de pérdida de investidura54: el incumplimiento de los deberes
inherentes a su cargo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades55;
la indebida destinación de dineros públicos56; el conflicto de intereses57 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado58. […] (Destacado de la Sala).

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de enero

de 2026. M.P.: Carlos Fernando Mantilla Navarro.
52 Corte Constitucional. Sentencia SU424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado,

hoja 4.
53 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
54 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
55 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y

183 de la Constitución Política.
56 Art. 183 de la Constitución Política.
57 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
58 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Para entender el alcance de esa conclusión, considera la Sala indispensable determinar
los fundamentos jurídicos que motivaron dicha aseveración, con el propósito de
establecer si corresponde a una referencia general sobre los deberes de los servidores
públicos o si, en estricto sentido, constituye una causal de sanción autónoma para este
tipo de procesos, como lo asegura el solicitante.

Pues bien, en la parte considerativa de esa decisión, la Corte Constitucional precisó su
competencia para estudiar, en sede de revisión, las acciones de tutela acumuladas;
presentó los casos de estudio, expuso los problemas jurídicos, descendió a los
requisitos excepcionales de la tutela contra providencias judiciales (procedencia y
procedibilidad), se ocupó de la naturaleza y el marco normativo de la acción de pérdida
de investidura y presentó los principios aplicables a este tipo de proceso.

En específico, cuando abordó el marco normativo, precisó que la Constitución y las
leyes 144 de 1994 (vigente para 2016, fecha en la que se expidió la sentencia de
unificación) y 617 de 2000 se ocuparon de regular el proceso jurisdiccional
sancionatorio de pérdida de investidura, las dos primeras aplicables a congresistas y la
última a diputados, concejales y ediles.

Respecto de los congresistas, asunto central de su escrutinio por tratarse de acciones
de amparo formuladas por quienes fueron electos Representantes a la Cámara por los
departamentos de Risaralda y Sucre, la Corte señaló:

En particular, el artículo 183 de la Constitución establece que los congresistas perderán
su investidura:

“1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen del
conflicto
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en
las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. (…)”

Del mismo modo, varios artículos de la Carta describen conductas reprochables que son
causales de pérdida de investidura. Por ejemplo, la violación a los topes de financiación
en las campañas (artículo 109)59, los aportes a candidaturas por parte de quienes
desempeñan funciones públicas (artículo 110)60, o el ejercicio de otro cargo público de
forma simultánea a la pertenencia a una corporación pública de entidades territoriales
(artículo 291)61.

59 El artículo 109 de la Constitución dice: “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del

presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas,
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley
reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.”
60 El artículo 110 de la Constitución dice: “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer

contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las
excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal
de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.
61 El primer inciso del artículo 291 de la Constitución dice: “Los miembros de las corporaciones públicas

de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren
perderán su investidura.”

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Todo lo anterior resulta de la mayor relevancia para referir que, en el desarrollo del
marco normativo de las pérdidas de investidura, la Corte Constitucional:

• Transcribió las causales de pérdida de investidura de congresistas consagradas
en la Constitución Política, esto es, el artículo 183.

• Relacionó otros artículos de la Carta que describen otras conductas reprochables
que igualmente constituyen causales de pérdida de investidura. A manera de
ejemplo, indicó:

• La violación a los topes de financiación en las campañas (artículo 109)62.

• Los aportes a candidaturas por parte de quienes desempeñan funciones
públicas (artículo 110)63.

• El ejercicio de otro cargo público de forma simultánea a la pertenencia a
una corporación pública de entidades territoriales (artículo 291)64.

Lo anterior significa que la Corte Constitucional acudió al texto superior para presentar
la lista de causales de pérdida de investidura para los congresistas.

Ahora, se destaca que cuando presentó las conclusiones, en las que se incluyó la que
es objeto de estudio en este caso, luego del análisis de varios elementos, expuso lo
que, en el entender de esta Sala, corresponde con la tipología general de las causales
de pérdida de investidura, a saber:

• Son causales de pérdida de investidura65:

• El incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo
• La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades66
• La indebida destinación de dineros públicos67
• El conflicto de intereses68 y
• El tráfico de influencias debidamente comprobado69.

Cada enunciado (excepto, precisamente, el que sirve de sustento a esta solicitud:
«incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo») está acompañado de un pie de

62 El artículo 109 de la Constitución dice: “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del

presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas,
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley
reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.”
63 El artículo 110 de la Constitución dice: “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer

contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las
excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal
de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.
64 El primer inciso del artículo 291 de la Constitución dice: “Los miembros de las corporaciones públicas

de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren
perderán su investidura.”
65 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
66 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y

183 de la Constitución Política.
67 Art. 183 de la Constitución Política.
68 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
69 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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página que indica el sustento normativo y jurisprudencial que lo soporta. Eso permite
concluir que los enunciados corresponden a la descripción tipológica que el
Constituyente definió como fundamento de la sanción de pérdida de investidura:

1. Refirió que los artículos 179, 180, 181 y 183 corresponde a la violación del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En efecto, en esas normas
constitucionales se reguló quiénes no podrán ser congresistas, qué actividades no
podrán realizar, el factor temporal de las incompatibilidades de los congresistas y
las causales de pérdidas de investidura de estos servidores.

2. Mencionó el artículo 183 superior para soportar el enunciado de indebida
destinación de dineros públicos.

3. Referenció los artículos 182 y 183 del mismo estatuto para soportar la causal
de conflicto de intereses.

4. Invocó el artículo 183, en concordancia con la interpretación de la sentencia C-
207 de 2003, para incluir el tráfico de influencias debidamente comprobado.

Aunque la Corte Constitucional indicó otros artículos que contienen otras causales,
estas no se incluyeron en el listado donde aparece el incumplimiento de los deberes
inherentes a su cargo, sustento de este trámite sancionatorio.

Ahora bien, se observa que en esta causal en particular no se indicó una remisión
normativa expresa. Por consiguiente, corresponde a la Sala adelantar un análisis de
fondo para precisar su alcance legal y determinar los supuestos fácticos a los que atañe
la expresión «el incumplimiento de los deberes| inherentes a su cargo» como causal de
pérdida de investidura, tal como se abordará a continuación:

El «incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo», como categoría
agrupadora y no como causal autónoma de pérdida de investidura.

Al contrastar las causales consagradas en el artículo 183 de la Constitución Política con
los supuestos enunciados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016,
se evidencia que las causales correspondientes a los numerales 1, 4 y 5 fueron
individualizados de manera expresa. Por el contrario, los numerales 2 y 3 no figuraron
de forma literal en dicho catálogo, tal como se ilustra a continuación:

Supuesto enunciado por la Corte
Causal del artículo 183 de la C. P.
Constitucional (SU-424 de 2016)
1. Por violación del régimen de La violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o inhabilidades e incompatibilidades y,
del régimen de conflicto de intereses. el conflicto de intereses
2. Por la inasistencia, en un mismo
período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos [No se enunció textualmente]
de acto legislativo, de ley o mociones
de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo
dentro de los ocho días siguientes a la
fecha de instalación de las Cámaras, o [No se enunció textualmente]
a la fecha en que fueren llamados a
posesionarse.

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4. Por indebida destinación de dineros La indebida destinación de dineros
públicos. públicos
5. Por tráfico de influencias El tráfico de influencias debidamente
debidamente comprobado. comprobado

Al analizar la naturaleza de las dos causales que no se mencionaron en la enumeración
literal de la Corte —esto es, la inasistencia a las plenarias (numeral 2) y la falta de
posesión en el término legal (numeral 3)—, la Sala advierte que ambas tipifican, en
estricto rigor, infracciones a deberes propios y esenciales de la representación política.
En efecto, la obligación primaria de todo congresista radica en asumir la investidura y
concurrir a las sesiones de la Corporación.

Esta categorización encuentra pleno respaldo normativo en el Reglamento del
Congreso (Ley 5 de 1992). Al respecto, la citada ley preceptúa:

ARTÍCULO 268. Deberes. Son deberes de los Congresistas:

1. Asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras legislativas y las Comisiones
de las cuales formen parte. […]

En idéntico sentido, la Ley 1828 de 2017 (Código de ética y disciplinario del congresista)
remite en su artículo 8 a los deberes consagrados en la Carta Política y en la Ley 5 de
1992, sin establecer deberes adicionales que coincidan con los numerales 2 y 3 en
estudio, que serían relevantes para el estudio que está presentando la Sala.

Bajo este hilo conductor lógico y sistemático, la Sala arriba a las siguientes
conclusiones:

1. Cuando la Corte Constitucional empleó la expresión «el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo», no estaba creando una causal nueva, abierta o
de origen jurisprudencial. Por el contrario, utilizó una fórmula descriptiva para
agrupar y referirse exclusivamente a las causales 2 y 3 del artículo 183 de la
Constitución Política.

2. Al verificar el artículo 183 constitucional, los numerales 2 (inasistencia) y 3 (no
posesión) fueron los únicos supuestos que no se transcribieron de forma aislada
en la sentencia de unificación.

3. Por su naturaleza jurídica, estas dos causales sancionan precisamente la
inobservancia de los deberes esenciales y primarios del legislador.

La sentencia del 15 de mayo de 202570 de la Sección Primera

Las conclusiones presentadas guardan plena armonía con el precedente
jurisprudencial de esta sección, que resolvió el mismo punto de debate del presente
asunto, en el cual se analizó la causal de pérdida de investidura por «el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo», con fundamento en las conclusiones de la
Sentencia SU-424 de 2016:

86. Con todo, se debe aclarar que, si bien es cierto que en la citada sentencia de
unificación se indicó de manera expresa que “[…] Son causales de pérdida de

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Germán Eduardo

Osorio Cifuentes, sentencia del 15 de mayo de 2025, radicado: 25000-2315-000-2024-00691-01.

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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00177 01
Accionante: Dalton Dominig Sarmiento Espíndola
Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

investidura71: el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, la violación del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades72; la indebida destinación de dineros
públicos73; el conflicto de intereses74 y el tráfico de influencias debidamente
comprobado75. […]”, del referido aparte jurisprudencial no se deduce que la Corte
Constitucional haya señalado, como lo entiende el accionante, que la violación de las
normas disciplinarias trae como consecuencia la pérdida de investidura.

87. En efecto, en esta sentencia, este Alto Tribunal reconoció que las causales de los
congresistas se encuentran previstas en el artículo 183 de la Constitución Política, a
saber: i) por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen
del conflicto; ii) por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura;
iii) por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse; iv) por
indebida destinación de dineros públicos y v) por tráfico de influencias debidamente
comprobado, las cuales no pueden aplicarse de manera extensiva o analógica.

88. Así las cosas, en razón a que las conductas que se invocan en la demanda no
generan la consecuencia de la pérdida de investidura, la Sala queda relevada del análisis
del aspecto subjetivo.

En estricto apego a esta línea jurisprudencial, resulta palmario que la presunta
transgresión de deberes generales o la incursión en conductas reprochables desde el
ámbito disciplinario o penal, carece de la virtualidad para configurar una causal de
desinvestidura si no se encuentra expresamente tipificada en el catálogo constitucional.
Bajo esta premisa, la imputación fáctica estructurada por el solicitante desborda la
naturaleza de este medio de control jurisdiccional.

Asimismo, respecto al argumento que se sustenta en que los numerales 6 de las leyes
617 de 2000 y 2200 de 2022 en sus artículos 48 y 6 habilitan que la causal de pérdida
de investidura enlistada por la Corte Constitucional se aplique, la referida sentencia del
15 de mayo de 202576 lo desestimó en los siguientes términos:

82. Para la Sala, el hecho de que el numeral 6.° del artículo 48 de la Ley 617, señale que
procede la pérdida de investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas
en la ley. […]”, como lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades, no implica que
“[…] puedan hacerse interpretaciones extensivas o por fuera de lo reglado en el
ordenamiento jurídico. […]77”.

Carácter vinculante de las sentencias de las altas cortes

Aunque resulta indiscutible el carácter vinculante de las decisiones de las altas cortes,
tal como se previó en la sentencia SU-611 de 2017 que se mencionó en la demanda,

71 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
72 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y

183 de la Constitución Política.
73 Art. 183 de la Constitución Política.
74 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
75 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Germán Eduardo

Osorio Cifuentes, sentencia del 15 de mayo de 2025, radicado: 25000-2315-000-2024-00691-01.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo

López, sentencia de 8 de febrero de 2018), radicación número: 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI).

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la propia sentencia SU-424 de 2016 —de la que se pretende derivar una nueva causal
de sanción—, refirió lo siguiente sobre su alcance:

71. El carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la jurisprudencia
emanada de las altas cortes en sus respectivas jurisdicciones y de la Corte Constitucional
en todo el ordenamiento jurídico, está ampliamente reconocido hoy en día. Así, en
sentencia C-816 de 201178, esta Corte explicó que “la fuerza vinculante de las decisiones
de las denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos
jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación
jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación
jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una
orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y
aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las
personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.” (Negrilla
fuera del texto)

En síntesis, los órganos judiciales de cierre cumplen el papel fundamental de unificar la
jurisprudencia, con base en los fundamentos constitucionales invocados de igualdad,
buena fe, seguridad jurídica y necesidad de coherencia del orden jurídico.

Ahora bien, aunque la fuerza vinculante de las sentencias de unificación es innegable,
su función hermenéutica no sustituye al Constituyente ni al legislador. El mandato de
unificar jurisprudencia permite a los órganos de cierre interpretar y fijar el alcance de
las normas vigentes, mas no crear ni adicionar causales sancionatorias.

Dada la severidad de la pérdida de investidura, en este proceso imperan de forma
absoluta el principio de legalidad y la estricta tipicidad. Por ende, extraer de la sentencia
SU-424 de 2016 causales novedosas —como el genérico «incumplimiento de deberes
inherentes al cargo» — desnaturaliza la función del precedente. En definitiva, las altas
cortes interpretan el catálogo de causales, pero no lo extienden por analogía; dicha
configuración es competencia exclusiva del poder constituyente y legislativo, lo que
hace jurídicamente inviable la pretensión de desinvestidura formulada.

La sentencia SU-424 de 2016 no fijó una subregla aplicable a los diputados

Para finalizar, resulta pertinente precisar que el estudio de las acciones de tutela
acumuladas en la referida providencia de unificación se centró exclusivamente en
asuntos relacionados con la investidura de congresistas y no de diputados, calidad que
ostenta la señora María del Socorro Charris Pizarro en el departamento del
Magdalena.

En efecto, al revisar los presupuestos fácticos de los expedientes acumulados que
dieron origen a la sentencia, se advierte que ambos debatían las inhabilidades
(consagradas en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución) de representantes a
la Cámara, tal como se sintetiza a continuación:

Expediente de tutela Cargo del accionante
Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda
T3331156
(período 2010-2014).
Representante a la Cámara por el departamento de Sucre (período
T4524335
2010-2014).

78 M. P. Mauricio González Cuervo. Cfr. 5.4.2. Fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos

judiciales de cierre de las jurisdicciones -jurisprudencia constitucional-.

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En consecuencia, resulta diáfano que la Corte Constitucional no abordó en dicha
oportunidad ningún aspecto fáctico o jurídico relacionado con el régimen sancionatorio
de las asambleas departamentales, lo que impide extender o aplicar de manera análoga
sus conclusiones a los diputados.

Aunado a lo anterior, el examen normativo territorial ratifica esta postura. Al acudir a la
Ordenanza 16279 del 26 de diciembre de 2023 —por medio de la cual se modifica la
Ordenanza No. 132 del 31 de julio de 2022 que establece el reglamento interno de la
Asamblea Departamental del Magdalena— se observa que su artículo 78 consagró el
catálogo de deberes de los diputados.

En dicho listado no se incluyeron nuevas causales de pérdida de investidura, como
quiera que esta es una potestad exclusiva del Constituyente y del legislador. Por el
contrario, el reglamento departamental se limitó a disponer en su numeral 8 el deber de
«Abstenerse de incurrir en alguna de las causales de pérdida de la investidura 80»,
efectuando así una remisión directa y estricta al ordenamiento legal vigente que rige la
materia para diputados81.

4.3.6. Conclusiones del caso

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala arriba a las siguientes conclusiones:

(i) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, dada la severidad de
la sanción de pérdida de investidura —la cual implica una restricción permanente de los
derechos políticos—, la causal imputada debe atender estrictamente los principios de
legalidad, taxatividad y tipicidad, como garantías infranqueables del debido proceso.

(ii) De este modo, el principio de legalidad exige la determinación precisa de las
sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poder punitivo
estatal. Por consiguiente, como se advirtió en líneas precedentes, no es posible
adelantar válidamente un proceso de naturaleza sancionatoria si el precepto y la
consecuencia jurídica no están definidos previamente y de manera clara y expresa en
la ley. En esa misma línea, el principio de tipicidad —operando como una regla estricta
de subsunción— implica que la norma sancionatoria debe describir de forma clara,
expresa e inequívocamente las conductas reprochables.

(iii) La expresión «incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo» que expuso la
Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016 no desarrolló una causal
autónoma; por el contrario, constituyó una fórmula descriptiva para la agrupación de las
causales 2 y 3 del artículo 183 de la Constitución Política.

(iv) Si bien resulta indiscutible el carácter vinculante de las sentencias de las altas
cortes, la sentencia SU-424 de 2017 no fijó una subregla aplicable a los diputados, ni

79 Asamblea Departamental del Magdalena. Ordenanza No. 162 del 26 de diciembre de 2023. Publicada

en la gaceta oficial de la corporación.
http://www.asamblea-magdalena.gov.co/normatividad/ordenanza-no-162-del-26-de-diciembre-de-
2023-por-medio
16272_reglamento-interno-asamblea-departamental-del-magdalena--ordenanza-162-del-26-de-
diciembre-de-2023.pdf
80 Artículo 48 Ley 617.
81 En concordancia con el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que consagra las causales taxativas de

pérdida de investidura para los diputados.

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faculta al operador judicial para crear causales por vía de analogía, manteniendo
incólume el monopolio sancionatorio en cabeza del legislador.

Toda vez que no se estructuró el elemento objetivo de la causal invocada dentro del
proceso de pérdida de investidura, la Sala queda relevada de examinar el componente
subjetivo de la conducta reprochada.

Por las razones explicadas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 22 de agosto
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó la desinvestidura de la
diputada del Magdalena, señora María del Socorro Charris Pizarro para el período
constitucional 2024–2027.

5. Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal [Negrillas fuera
de texto].

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de agosto de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena que negó la solicitud de pérdida de
investidura de la señora María del Socorro Charris Pizarro, por las razones señaladas
en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de
origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 05
de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

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Accionada: María del Socorro Charris Pizarro

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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