Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00282-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00282-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00282-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 50001 23 33 000 2025 00282 01
Solicitante: Diego Fernando Parra Jurado
Demandada: Nayi Najaiby Romero Gamboa
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Causal de conflicto de intereses
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta que negó la desinvestidura de la señora Nayi Najaiby Romero
Gamboa, concejal del municipio de Acacías (Meta) para el período constitucional 2024—
2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 1 de septiembre de 20251, el señor Diego Fernando Parra Jurado presentó demanda
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:
[…] PRIMERA: DECRETAR LA PERDIDA DE INVESTIDURA de la concejal NAYI
NAJAIBY ROMERO GAMBOA […] elegida para el periodo constitucional 2024 – 2027, por
quebrantar el numeral 2° del artículo 55, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136
de 1994, los numerales 1°, 4 y 10 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 1° del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, y el artículo 118 del Acuerdo No. 427 de 2016 (reglamento
interno del concejo municipal de Acacías).
SEGUNDA: ordenar notificar de la decisión al concejo municipal de Acacías-Meta, a la
Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia […]
[Mayúsculas y negritas originales].
1 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00282 01
Accionante: Diego Fernando Parra Jurado
Accionado: Nayi Najaiby Romero Gamboa
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3
La parte solicitante señaló que el 29 de octubre de 2023 la señora Nayi Najaiby Romero
Gamboa fue elegida concejal del municipio de Acacías (Meta) para el período constitucional
2024—2027.
Indicó que el 10 de diciembre de 2019, según el certificado de matrícula mercantil de la
Cámara de Comercio de Villavicencio, se registró la empresa Servicios y Suministros
Undertake S. A. S. con objeto social: «ofrecer bienes y servicios a la industria de los
hidrocarburos […]» y representante legal Oscar Felipe Carvajal Galeano. Que de este
documento se desprendía que «la concejal aquí demandada ejerce la posición dominante
de control subsidiario a través de la empresa matriz controlante de su propiedad sobre la
empresa subordinada/controlada Servicios y Suministros Undertake SAS; lo que la ubica
en la condición de socia principal de la empresa subordinada».
Informó que el 5 de febrero de 2024 el presidente del Concejo designó una comisión
accidental de asuntos petrolíferos con el objeto de hacer seguimiento a la problemática
generada por Ecopetrol y sus empresas contratistas; esa comisión fue integrada por la
concejal Nayi Najaiby Romero Gamboa. Que la concejal omitió declararse impedida para
ejercer esta designación, por cuanto le existía un conflicto de interés al ejercer control sobre
Servicios y Suministros Undertake S. A. S. Afirmó que el 20 de febrero de 2024 esa
comisión entregó a la plenaria el informe de su gestión sobre incumplimientos laborales,
momento en el que la accionada también debió declararse impedida por ejercer dicho
control dominante.
Expuso que, según la Resolución 016 de 28 de febrero de 2024, se inscribió la «veeduría
laboral para el sector hidrocarburos»4 cuya vocería le correspondió al señor Oscar Felipe
Carvajal Galeano, representante legal de Servicios y Suministros Undertake S. A. S.
Acotó que el 20 de marzo de 2024 la accionada fue designada nuevamente en la comisión
accidental para atender una queja por despido injustificado, precisando que «ante esa
designación, la demandada nuevamente omitió declararse impedida por cuanto le existía
un conflicto de interés […] con el factor adicional de que el representante legal […] ya hacía
parte de la veeduría».
Aseguró que el 6 de marzo de 2025, en la sesión plenaria, la accionada manifestó a la
plenaria un conflicto de interés por cuanto su pareja tiene una empresa de bienes y
servicios, que se retiró del recinto, la plenaria tramitó y negó el impedimento. Agregó que
la concejal asistió a una reunión de socialización para la contratación de bienes y servicios,
lo que probaría su conducta dolosa y sistemática de no manifestar su impedimento en
temas de hidrocarburos.
En virtud de las causales 1, 4 y 10 del artículo 11 del CPACA aseveró que la señora Nayi
Najaiby Romero Gamboa debió declararse impedida por su condición de «socia mayoritaria
y de control dominante» pues se encontraba en una posición de evidente interés respecto
de las decisiones del sector.
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
4
Ver artículo 15 de la Ley 850 de 2003 que establece las funciones de las veedurías
ciudadanas.
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Accionante: Diego Fernando Parra Jurado
Accionado: Nayi Najaiby Romero Gamboa
2. Posición de la parte demandada
La señora Nayi Najaiby Romero Gamboa, actuando por conducto de apoderado,
manifestó su oposición a las pretensiones y, expuso lo siguiente5:
Afirmó que era cierto que la sociedad Servicios y Suministros Undertake S. A. S. estaba
registrada como subordinada «a la demandada»; no obstante, aclaró que era «incorrecto
afirmar —como lo hace la parte actora— que ello implique necesariamente que la concejal
Romero Gamboa ostente la condición de socia principal o mayoritaria de la sociedad
subordinada». Lo anterior, por cuanto los artículos 266 y 277 de la Ley 222 de 1995 prevén
distintas presunciones de subordinación, y en el presente caso la parte actora no acreditó
cuál se configuró, limitándose a enunciar una supuesta calidad de socia mayoritaria que
carece de soporte probatorio.
Frente al informe presentado el 20 de febrero de 2024, adujo que la comisión accidental
se limitó a recopilar y trasladar a la plenaria las quejas e inquietudes comunitarias del
sector de hidrocarburos. Por lo tanto, no se adoptaron decisiones contractuales,
administrativas o de gestión económica que pudieran favorecer a la sociedad Servicios
y Suministros Undertake S.A.S. ni generar beneficio directo para la accionada.
Expuso que la designación de la concejal, el 20 de marzo de 2024, en la comisión
accidental se realizó para atender una queja por despido injustificado contra la empresa
UT Mantenimiento Estático VRO. Explicó que esta actuación estuvo circunscrita a un
asunto laboral, puntual y ajeno por completo a la actividad económica de Servicios y
Suministros Undertake S. A. S., por eso, no puede asegurarse que tuvo un interés directo
o indirecto en ese trámite.
Señaló que es cierto que el 1 de abril de 2025 asistió a una reunión de hidrocarburos,
pero no tiene respaldo probatorio la afirmación que en dicha reunión se «socializó la
contratación de bienes y servicios». Manifestó que del documento expedido por Metalpar
S. A. S. se deprendía que la reunión tuvo lugar «con ocasión de la intención del proveedor
Termo Tek de dar a conocer sus servicios, es decir, la actividad desarrollada correspondió
a una socialización de interés del referido proveedor y no a un proceso contractual en el
que tuviera participación alguna la sociedad Servicios y Suministros Undertake S.A.S».
5 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
6 «ARTÍCULO 26. SUBORDINACION. El artículo 260 del Código de Comercio quedará así:
Artículo 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre
sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente,
caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la
matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria».
7 «ARTÍCULO 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACION.
El artículo 261 del Código de Comercio quedará así:
Artículo 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por
intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se
computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos
constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número
de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un
acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones
de los órganos de administración de la sociedad».
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Para terminar, indicó que la circunstancia de que el nombre de la demandada figure en
una sociedad cuyo objeto social contempla múltiples actividades, entre esas «LA
DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL
PETRÓLEO», no constituye elemento suficiente para configurar un interés directo,
particular y actual en los temas concernientes a los informes derivados de las comisiones
accidentales para las que fue designada la concejal en febrero y marzo de 2024.
3. La sentencia de primera instancia8
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 30
de octubre de 2025, resolvió:
PRIMERO: NEGAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA solicitada por DIEGO FERNANDO
PARRA JURADO en contra de NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA, en su calidad de
concejal del Municipio de Acacías para el periodo 2024-2027, conforme a las razones
explicadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
El tribunal fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:
Constató el primer requisito para la configuración de la causal de conflicto de intereses,
con el formulario E–27 del 4 de noviembre de 2023 que declaró su elección como
concejal del municipio de Acacías (Meta).
En relación con el segundo requisito, esto es, existir un interés directo, particular y real,
precisó que los reproches del actor fueron dos: 1. La demandada fue designada en las
comisiones accidentales de hidrocarburos a pesar de ser socia mayoritaria y ejercer el
control dominante de la empresa Servicios y Suministros Undertake S. A. S. cuyo
representante legal tiene vínculo conyugal con la concejal. 2. La demandada participó en
la reunión del 1 de abril de 2025 sobre temas de la industria de hidrocarburos.
Respecto del primer reproche, sostuvo que la accionada, como persona natural, es la
controlante de la empresa Servicios y Suministros Undertake S. A. S., que su objeto
social incluye «la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo»
y el representante legal es Oscar Felipe Carvajal Galeano. Con fundamento en el Código
de Comercio (artículos 98, 260 y 261) explicó que no siempre, en la subordinación, el
controlante adquiere la calidad de socio. Aclaró que se logró acreditar el control sobre la
sociedad, «sin que ello implique, por sí solo, la existencia de una relación de socios»,
concluyendo que no estaban acreditados los supuestos de las causales de los numerales
1, 4 y 10 del artículo 11 del CPACA respecto a la calidad de socia mayoritaria.
En cuanto a la condición de compañeros permanentes, de la accionada y el
representante legal de la sociedad, el tribunal concluyó que el matrimonio no se llevó a
cabo según el proyecto escriturario entre Nayi Najaiby Romero Gamboa y Óscar Felipe
Carvajal Galeano que quedó en la etapa de otorgamiento (con radicado del 20 de junio
de 2024). Que así lo certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil al indicar que «no
se encontró información de inscripción del registro civil de matrimonio a nombre» de los
mencionados ciudadanos. Sin embargo, la Sala valoró «la póliza de seguro de vida, en
la que la propia demandada el 22 de enero de 2024 relaciona al señor Carvajal Galeano
8 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
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como su “ESPOSO”». Que «[c]on este material, “podría estar demostrada la relación al
menos de compañeros permanentes existente entre el 22 de enero (fecha de la póliza) y
20 de junio de 2024 (fecha del proyecto de matrimonio)”, período en el que se llevaron a
cabo las comisiones accidentales».
Señaló que no se acreditó al interés particular por la designación en las comisiones del
5 de febrero y el 20 de marzo de 2024 pues la comisión del 5 de febrero trató temas
urgentes del municipio y su informe fue «eminentemente descriptivo», sin provecho para
la concejal. Lo mismo se presentó con la comisión del 20 de marzo, cuya finalidad fue
«atender la situación particular del ciudadano Javier Andrés Carrillo Acosta» por un
despido. Entonces, explicó que la vinculación de la concejal con la empresa no configura
por sí sola la causal, porque no se acreditó un beneficio personal.
Agregó que tener vínculos con una empresa dedicada a la distribución minorista de
combustibles no demuestra el interés particular y real y que «no se aportaron pruebas
que muestren que la conducta de la demandada se apartó de los postulados
normativos». Frente al segundo reproche sostuvo que la sola participación, en
representación del Concejo, en la reunión del 1 de abril de 2025, no configura la causal,
toda vez que no se acreditó la existencia de un interés particular, directo y actual que
comprometiera la imparcialidad de la accionada.
4. El recurso de apelación9
4.1. La parte solicitante pidió la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se decrete la desinvestidura de la accionada, con sustento en que se incurrió en:
(i) «[E]rror de interpretación y desnaturalización del juicio de pérdida de investidura».
(ii) «[V]aloración indebida de las pruebas».
(iii) «[E]rror de subsunción jurídica y vulneración del principio pro elector».
(iv) «[R]esponsabilidad objetiva y carga ética del servidor público».
(i) En cuanto al «error de interpretación y desnaturalización del juicio de pérdida de
investidura»
Adujo que el tribunal interpretó la causal de manera extensiva para exonerar a la accionada,
puesto que condicionó su configuración a la demostración de un beneficio económico.
Indicó que «este razonamiento desconoce la esencia de la causal, que no requiere el
beneficio económico efectivo ni la participación contractual directa, sino la simple
concurrencia de un vínculo objetivo de interés entre la actividad privada del servidor y el
asunto sometido a su intervención».
(ii) En cuanto a la «valoración indebida de las pruebas»
Controvirtió que el tribunal incurrió en indebida valoración probatoria porque le restó mérito
a los documentos, en especial a la certificación de la Cámara de Comercio de Villavicencio,
que acreditaban el vínculo económico entre las empresas del sector hidrocarburos y la
sociedad controlada por la concejal. Que ese vínculo era suficiente para configurar un
interés directo, personal y actual porque constituye la participación en escenarios de control
político sobre actores económicos con los cuales tenía nexos comerciales.
9 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
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Precisó que, según las actas de designación, la concejal intervino en las comisiones
accidentales del 5 de febrero en la que estaba facultada para ejercer control político sobre
empresas petroleras como CONSORCIO INEMEC PYC, METALPAR S.A.S.,
CONCREMACK S.A.S. y BRASERV PETRÓLEO LTDA y de 20 de marzo de 2024.
Además, participó en la reunión de socialización de contratos de bienes y servicios de la
empresa MELPAR S. A. S. que se desarrolló el 1 de abril de 2025.
Anotó que, según los certificados de la Cámara de Comercio y de la Secretaría de Hacienda
municipal, estas compañías mantenían relaciones contractuales (durante 2023, 2024 y
2025) con Servicios y Suministros Undertake S. A. S., empresa controlada por la concejal
a través de su sociedad matriz y representada por su pareja sentimental, Óscar Felipe
Carvajal Galeano. Adujo que esto evidencia su intervención directa en debates sobre
actores económicos con los cuales tenía nexos comerciales comprobados.
(iii) En cuanto al «error de subsunción jurídica y vulneración del principio pro elector»
Explicó que el error de subsunción jurídica ocurre cuando se exige probar dolo, lucro o
perjuicio económico para reconocer el conflicto de intereses, desconociendo que su
naturaleza es objetiva y preventiva. Aclaró que el tribunal, al exigir acreditar «una ventaja
material concreta», desnaturalizó la finalidad constitucional del proceso, que busca
constatar la vulneración del principio de imparcialidad y no demostrar culpa. Finalmente,
precisó que el principio pro elector (artículo 40 de la Constitución) impone que las dudas
interpretativas se resuelvan a favor del interés público, la pureza del mandato
representativo y la confianza ciudadana.
(iv) En cuanto a la «responsabilidad objetiva y carga ética del servidor público»
Adujo que el tribunal ignoró que la pérdida de investidura se rige por un régimen de
responsabilidad objetiva, fundado en el incumplimiento del deber funcional, sin que sea
necesario acreditar intención o beneficio.
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 27 de noviembre de 202510.
5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto de 4 de diciembre de
202511.
5.2. Por auto de 21 de enero de 2026 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
la parte solicitante12.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 30 de enero de 202613.
10 Visto en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001
2333 000 2025 00282 00.
11 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 01.
12 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 01.
13 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 01.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 14 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo 201915
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º del
Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones16.
2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Con el formulario E-26 de la Registraduría Nacional del Estado Civil se acreditó que la
señora Nayi Najaiby Gamboa Romero fue elegida concejal del municipio de Acacías
(Meta) para el período constitucional 2024―2027. No se discutió que no haya tomado
posesión del cargo17.
3. Análisis de la Sala
Al fundamentar el recurso de apelación, el impugnante formuló cuatro reparos concretos
contra la sentencia de primera instancia. Para su resolución, la Sala emprenderá el
análisis conjunto, por identidad temática, de los cargos primero, tercero y cuarto,
denominados: «error de interpretación y desnaturalización del juicio de pérdida de
investidura», «error de subsunción jurídica y vulneración del principio pro elector» y
«responsabilidad objetiva y carga ética del servidor público». Posteriormente, se desatará
la censura restante, relativa a la «valoración indebida de las pruebas».
3.1. «[E]rror de interpretación y desnaturalización del juicio de pérdida de
investidura», «error de subsunción jurídica y vulneración del principio pro elector» y
«responsabilidad objetiva y carga ética del servidor público»
El primer reparo que abordará la Sala radica en que, para el solicitante, el tribunal incurrió
en los precitados errores por cuanto interpretó la causal invocada de manera extensiva,
en la medida en que, condicionó su configuración a la acreditación de un beneficio
económico. Sostuvo que no se requiere la demostración de dicho provecho económico
«sino la simple concurrencia de un vínculo objetivo de interés entre la actividad privada
del servidor y el asunto sometido a su intervención». Estas afirmaciones son las que
soportan el cargo por presunto error de interpretación y desnaturalización del juicio
de pérdida de investidura.
14 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
17 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 01.
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En este aspecto, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Sección Primera ha
establecido que la configuración del conflicto de intereses exige acreditar los siguientes
elementos18: (i) la calidad de concejal; (ii) la existencia de un interés directo, particular y
actual del concejal o de sus parientes señalados en la ley en el asunto sometido a
consideración de la plenaria; (iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido
separado del conocimiento del asunto por recusación; y (iv) haber conformado el quorum
y participado el concejal en el debate o votación de un asunto de competencia del
Concejo.
En cuanto al primer elemento (i), este se encuentra plenamente acreditado, tal como se
expuso en el numeral 2 de esta providencia; a su turno, los elementos (iii) y (iv) no fueron
controvertidos por el recurrente. Así, el debate jurídico se circunscribe a determinar la
configuración del segundo elemento (ii), esto es, la existencia de un interés directo,
particular y actual que comprometa la imparcialidad de la funcionaria.
La Sala inicia el estudio de este cargo con la presentación de los presupuestos que
configuran el conflicto de intereses a la luz del inciso primero del artículo 70 de la Ley
136 de 1994:
[…] ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo
en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o
de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas
[…].
De la norma transcrita se desprende que el conflicto se materializa cuando la decisión
sometida a consideración del concejal le afecta directamente a él o a sus familiares en
el grado señalado por la ley. Ese es el alcance que le ha dado la Sección Primera19:
[…] 107. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el asunto que
se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma personal o a
alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus socios.
108. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento entre
su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben guiar el
ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento para efectos
de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida de investidura […].
En idéntico sentido, la Sala Plena de esta Corporación explicó que el interés debe ser
entendido como «una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita
para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación
y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen»20; y también definió el interés
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de
noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2024 00175 02. C.P.: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 1996.
Expediente radicación núm. AC-3300. C.P.: Joaquín Barreto Ruiz.
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Accionante: Diego Fernando Parra Jurado
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como «el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto»21.
Asimismo, la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha
indicado que las características del referido interés son las siguientes22:
[…] debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se plantea a
través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin
intermediación alguna”23, en el entendido de que esa connotación se puede predicar para
el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992” 24.
El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la
decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración25;, debe ser real, no hipotético
o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico resultante
de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la virtualidad de
configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera de actos, hechos,
o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal”26.
El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser
económico o moral:
“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los
fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de
impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se refiere
el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe entenderse también
la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado racional puede
derivarse de la decisión correspondiente” […]27.
En el contexto jurisprudencial descrito, para la Sala es claro que el recurrente yerra
cuando afirma que la causal invocada se configura con «la simple concurrencia de un
vínculo objetivo de interés entre la actividad privada del servidor y el asunto sometido a
su intervención». Lo anterior, porque, como se explicó, el conflicto de intereses se
estructura únicamente cuando la concejal tiene un interés directo en el asunto, en la
medida en que la decisión la beneficia o afecta de forma personal o a alguno de sus
parientes o socios. Ello impone a la parte actora la carga de argumentar y probar cuál es
el provecho especifico que está en cabeza de la concejal y que se desprende
inequívocamente del asunto sometido a su consideración.
Además, como se decantó en precedencia, ese interés tiene unas particularidades
especiales, pues debe ser directo, particular, actual y real, lo que implica que el asunto
sometido a consideración del cabildo conlleve, por sí mismo, la configuración de un
provecho o beneficio autónomo. Por consiguiente, se descarta de plano para la
verificación de la causal, el interés meramente hipotético o aleatorio.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre de 2000.
Expediente radicación núm. AC-1116. C.P.: Mario Alario Méndez.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de noviembre de 2011.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2011 00404 00 (PI). C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
23 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P.
Dr. Diego Younes Moreno.
24 Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.
25 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas
B.
26 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
27 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
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En este punto, resulta imperativo señalar que el tribunal descartó la configuración de las
causales de impedimento previstas en los numerales 4 y 10 del artículo 11 del CPACA
con fundamento en que no se acreditó que entre la accionada y la sociedad Servicios y
Suministros Undertake S. A. S. existiera una relación de socios conforme con el artículo
98 del Código de Comercio. Al respecto, es oportuno mencionar que esa negativa no fue
cuestionada con el recurso de apelación, pues el solicitante no hizo referencia a esas
causales ni a calidad de socios, sino que el cuestionamiento se enfiló en que «la simple
concurrencia de un vínculo objetivo de interés entre la actividad privada del servidor y el
asunto sometido a su intervención» configuraba la causal, por lo que debía declararse
impedida en las comisiones accidentales y en la reunión de 1 de abril de 2025.
Seguidamente, el tribunal examinó la causal de impedimento establecida en el numeral
1 del artículo 11 del CPACA que prevé:
[…] ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando
el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y
directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que
deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar
pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto,
o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio
o socios de hecho o de derecho […].
Frente a esta normativa, el tribunal también concluyó en la ausencia de prueba para la
configuración de la referida causal porque no se acreditó que la accionada tuviera un
interés particular y real en las comisiones accidentales y reuniones relacionadas con los
asuntos del sector de hidrocarburos, puesto que, la mera vinculación de la concejal con
la empresa Servicios y Suministros Undertake S.A.S, no configura, por sí sola, la causal
de pérdida de investidura por conflicto de intereses.
De modo que el criterio expuesto por el tribunal, en el sentido de que debía acreditarse
el interés particular y directo en el asunto sometido a consideración de la concejal, está
en consonancia con lo previsto por el numeral 1 del artículo 11 del CPACA, el artículo 70
de la Ley 136 de 1994 y la jurisprudencia unificada y pacífica de la Corporación. Por lo
tanto, este cargo de apelación carece de vocación de prosperidad.
Como segundo cargo de censura, el recurrente alegó la configuración de un error de
subsunción jurídica y la vulneración del principio pro elector, derivado del artículo 40
de la Constitución Política. Para sustentar este último, explicó que las dudas interpretativas
deben resolverse a favor del interés público y la pureza del mandato representativo,
garantizando la confianza ciudadana en la moralidad de sus elegidos.
En cuanto al principio «pro electoratem» o «por el electorado», la jurisprudencia de la
Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera28:
[…] 177. No existe la posibilidad de que el juzgador, bajo el criterio de interpretación
restrictiva ignore la remisión legal a que se refiere el literal c) del artículo 163 de la Ley 136
28Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 18 de
noviembre de 2021. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2021 00312 02. C.P.: Luis Alberto Álvarez
Parra.
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de 1994, pues no es facultativo aplicar o no las causales de inhabilidad a los destinatarios
de los preceptos legales y constitucionales.
178. Ahora, si bien ante dos interpretaciones posibles, se debe dar aplicación a la que
menos restrinja el derecho de acceder a los cargos públicos, en el caso particular no se
encuentran las dos posibilidades a que aducen los apelantes, sino que se advierte solo una
posible, que corresponde con el principio pro electoratem o por el electorado, según la cual
el derecho del electorado ha de prevalecer sobre el de una persona para postularse y ser
elegida para el empleo estatal, toda vez que la remisión que el artículo 163 de la Ley 136
de 1994 hace al artículo 95 ibídem, es clara, al igual que el contenido de la causal de
inelegibilidad, pues no evidencia ninguna dificultad ni duda en su interpretación y aplicación,
por esta razón no resulta pertinente invocar los principios de proporcionalidad o pro homine
[…].
Descendiendo al caso, la Sala no advierte, ni el apelante expuso, cuál era la disposición
normativa aplicable al caso que admitía diferentes interpretaciones, ni a qué
hermenéuticas se refería para justificar la aplicación del principio pro electoratem. Al no
haberse superado esta mínima carga argumentativa, el cargo carece de vocación de
prosperidad.
Desestimada la censura anterior, y frente al presunto error de subsunción jurídica por
exigir acreditar «una ventaja material concreta», la Sala reitera lo expuesto en
precedencia: de conformidad con el numeral 1 del artículo 11 del CPACA, el artículo 70
de la Ley 136 de 1994 y la jurisprudencia de esta Corporación, para la configuración de
la causal invocada es imperativo señalar y acreditar cuál es el interés directo, particular
y actual en cabeza de la concejal.
Toda vez que dicho interés debe materializarse a partir de la decisión sometida a
consideración del cabildo, la exigencia probatoria efectuada por el tribunal fue
jurídicamente atinada y ajustada a derecho, desvirtuando así el supuesto error de
subsunción alegado.
Por último, frente al cargo denominado responsabilidad objetiva y carga ética del
servidor público, el recurrente aseveró que el tribunal ignoró que la pérdida de
investidura se rige por un régimen de responsabilidad objetiva, fundado en el
incumplimiento del deber funcional, sin que sea necesario acreditar intención o beneficio.
Al respecto, la Sala precisa, inicialmente, que al no haberse configurado el requisito
objetivo de la causal invocada —esto es, el interés directo, personal y actual que exige
la norma— el juez de primera instancia quedó relevado de examinar el elemento
subjetivo de la conducta reprochada.
Aunado a lo anterior, la tesis del apelante resulta abiertamente contraria a derecho, toda
vez que desconoce que el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 establece, de forma diáfana,
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. Lo anterior implica que no solo deben estar acreditados los requisitos para la
configuración objetiva de la causal, sino también el elemento subjetivo; es decir, que el
disciplinable haya actuado con dolo o culpa grave, proscribiendo de tajo cualquier forma
de responsabilidad objetiva.
3.2. La «valoración indebida de las pruebas»
En el último cargo de censura que se analiza, el apelante controvirtió que el tribunal
incurrió en indebida valoración probatoria al restarle mérito a los documentos que, en su
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sentir, acreditaban el vínculo económico y la materialización de un interés directo,
personal y actual. Para sustentar su reparo, enlistó los siguientes medios de convicción:
(i) Actas que acreditan su participación en las comisiones accidentales de
hidrocarburos que se desarrollaron el 5 de febrero y 20 de marzo de 202429.
(ii) Acta que demuestra su asistencia, como representante del Concejo, el 1 de abril
de 2025, en la que se socializaron contratos de bienes y servicios de la empresa
METALPAR S. A. S. Que en estos documentos se acreditó la intervención directa
de la concejal en debates relativos a dichas empresas30.
(iii) El certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio que acredita el control
empresarial ejercido por la concejal sobre Servicios y Suministros Undertake S.
A. S31.
(iv) El certificado de la Secretaría de Hacienda municipal, que acredita las relaciones
contractuales desde 2023 hasta 2025 entre Servicios y Suministros Undertake
S. A. S. y las principales firmas del sector de hidrocarburos32.
De manera preliminar, la Sala verificará lo ocurrido en las citadas reuniones y, por último,
se pronunciará sobre las demás pruebas documentales.
3.2.1. La comisión accidental del 5 de febrero de 2024
Está acreditado que mediante comunicación 200-08-01-057 de 5 de febrero de 2024, el
presidente del Concejo de Acacías (Meta) designó, entre otros, a la concejal Nayi Najaiby
Romero Gamboa para integrar la «comisión accidental en la problemática relacionada
con el sector de hidrocarburos», cuyo propósito era poner a disposición de la plenaria
«los temas de empleabilidad, residencia, remisiones de la agencia pública de empleo y
[…] Cofrem y las demás afectaciones sociales, ambientales y económicas»33 del
municipio.
El 20 de febrero de 2024, la comisión accidental presentó el informe34 con conclusiones
eminentemente descriptivas tras reunirse con líderes sociales y gremios. En estas se
documentaron, a modo de diagnóstico, diversas quejas comunitarias: el incumplimiento
de las empresas petroleras en la contratación de mano de obra local, problemas
operativos con los certificados de residencia, falta de oportunidad para mujeres y jóvenes,
y la inobservancia de compromisos por parte de Ecopetrol y sus contratistas.
Presentada las gestiones y el informe final, la Sala concluye que acertó el tribunal cuando
determinó que de esta actuación no era posible desprender un provecho para la
accionada. Como se evidenció, el objeto de la comisión fue acopiar información sobre
empleabilidad y afectaciones socioeconómicas para ponerla en conocimiento del
29 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
30 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
31 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
32 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001
2333 000 2025 00282 00.
33 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
34 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
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Concejo, sin que de ello se derive un interés directo que la afecte o beneficie a ella, a su
pareja o a sus socios.
La parte actora omitió explicar cuál era el interés concreto que se desprendía de esta
participación, limitándose a señalar genéricamente que la accionada debía declararse
impedida por controlar la sociedad Servicios y Suministros Undertake S. A. S.
3.2.2. La comisión accidental del 20 de marzo de 2024
Está acreditado que mediante comunicación 200-08-01-156, el presidente del Concejo
designó a la concejal en una nueva comisión accidental, cuyo propósito exclusivo era
analizar la «inconformidad con la decisión de la empresa UT Mantenimiento Estático VRO
por la terminación del contrato, sin tener en cuenta su estado de salud» del ciudadano Javier
Andrés Carrillo Acosta35.
En este aspecto, la Sala considera que también le asiste razón al tribunal cuando sostuvo
que la finalidad específica de esta designación era atender una situación particular de índole
laboral. Por lo tanto, no es cierto que se hubiere orientado «a favorecer los intereses
económicos de la sociedad […] o su compañero permanente», ni tuviera «una conexión
directa con sus actividades comerciales ordinarias». Se reitera que el solicitante no explicó
cómo este análisis de un despido consolidaba un interés en cabeza de la accionada.
3.2.3. La reunión del 1 de abril de 2025
Frente a esta reunión, obra en el expediente obra la respuesta de la empresa METALPAR
del 14 de mayo de 202536, en la cual certificó que: i) la convocatoria fue efectuada por la
Oficina de Enlace de Hidrocarburos, en virtud de la intención del proveedor Termo Tek de
poner a disposición sus servicios, ii) que la concejal Nary Romero asistió al encuentro en
calidad de representante del Concejo, sin ostentar vínculo alguno con empresas privadas
y que, iii) no se ejerció presión directa ni indirecta respecto de decisiones contractuales o
de prestación de servicios.
La Sala estima que la sola participación en dicho espacio no configura la causal de conflicto
de intereses, puesto que allí no se sometió a discusión, debate y/o votación ningún asunto
de conocimiento funcional del Concejo. Por el contrario, se trató de un escenario de
relacionamiento institucional donde un tercero expuso su portafolio. En un asunto similar,
esta sección indicó (sentencia del 25 de agosto de 2023)37 que el mero ejercicio del
control político o la asistencia a debates sobre el sector en el que se tienen vínculos no
prueba, por sí solo, un interés que colisione con la función pública. De esta manera se
estableció esa conclusión:
[…] De conformidad con todo lo anterior, la Sala observa que al momento de citar a debate
de control político a la AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL
S.A., -el cual tuvo lugar el 28 de febrero de 2020 en las instalaciones del Concejo Municipal,
y elaborar y presentar el informe final que le fue solicitado por el presidente de dicha
corporación, -el 17 de julio de 2020-, el accionado, en efecto, tenía la calidad de concejal
municipal de Acacías (Meta), empleado de la compañía STORK y afiliado del sindicato
35 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
36 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de agosto
de 2023. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2023 00005 01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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SINDISPETROL, -organización en la que se desempeñó como secretario de Promoción
Social-, todo ello de forma simultánea.
No obstante, debe advertirse que de ello no se desprende ni resulta probado que el concejal
ostentara un interés directo, particular y actual, o de su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, de orden
moral o económico, que colisionara con la función pública a su cargo de citar e intervenir
en la labor del control político de las actividades llevadas a cabo por la AGENCIA PÚBLICA
DE EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL S.A. en las zonas de influencia de ese ente
territorial […].
3.2.4. Las demás pruebas que se califican indebidamente valoradas
El apelante adujo indebida valoración del certificado de la Cámara de Comercio (que
demuestra el control sobre la empresa) 38 y del certificado de la Secretaría de Hacienda (que
acredita relaciones contractuales con firmas petroleras durante 2023-2025)39. Al respecto,
la sola circunstancia de subordinación societaria a favor de la accionada no configura la
causal, por cuanto esta se consolida solo cuando el asunto sometido a consideración del
cabildo le afecta o beneficia directamente. El solo hecho del control empresarial no acredita
la existencia de dicho interés.
En cuando a la información exógena tributaria reportada por la Secretaria de Hacienda40,
también acertó el tribunal al indicar que, si bien esta prueba acredita la existencia de
relaciones comerciales entre Servicios y Suministros Undertake S. A. S. y terceros, dicho
documento, valorado en conjunto, no es suficiente para demostrar un provecho particular
en las comisiones accidentales ni en la reunión del 1 de abril.
Finalmente, se recuerda que la carga de la recae sobre el solicitante de la pérdida de
investidura, quien debe acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la causal41 Bajo el
principio de libre apreciación y sana crítica, no basta con aportar indicios de una actividad
comercial paralela si no se demuestra el nexo probatorio directo con el asunto debatido.
En aquella oportunidad, indicó esta Corporación:
[…] En cuanto al sistema probatorio que enmarca los procesos de pérdida de investidura,
debe decirse que, por regla general, corresponde al de la libertad probatoria y libre
apreciación, de manera que, en aplicación de dicho principio, cualquier medio de prueba
puede ser utilizado para acreditar los hechos y circunstancias que son objeto de debate,
siempre que se respeten las garantías constitucionales y los requisitos de pertinencia,
conducencia y utilidad de la prueba. Por su parte, el juzgador debe valorar los medios de
prueba que integran el material probatorio a partir de la sana crítica, “sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos” -
artículo 176 del CGP-.
Sobre la carga de la prueba, igualmente ha considerado la jurisprudencia de esta Sala que
esta recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura, quien debe acreditar los
38 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
39 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001
2333 000 2025 00282 00.
40 Visto en los índices 21 y 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
50001 2333 000 2025 00282 00.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12 de septiembre de 2023.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2023 00145 01. C.P.: Marta Nubia Velasquez Rico.
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elementos objetivo y subjetivo de la causal que invoca, incluso sin que sea dable afirmar
que opera una inversión de dicha carga, dado el carácter sancionatorio del proceso y la
aplicación de la presunción de inocencia […]. (Destacado de la Sala).
Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no acreditó la existencia de un conflicto
de intereses. Por consiguiente, al no estar acreditado el elemento objetivo de la causal,
resulta inoficioso descender en el examen del elemento subjetivo. Conforme con todo lo
expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia que negó la desinvestidura de la
accionada.
4.Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas fuera
de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta que negó la solicitud de pérdida de investidura
de la concejal Nayi Najaiby Romero Gamboa, período constitucional 2024 – 2027, por
las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 5 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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