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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2023-00005-01

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2023-00005-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01 Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2023-00005-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 500012333000202300005011
Recurso de apelación contra la sentencia de 4 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

TESIS: NO SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE
CONCEJAL QUE SIENDO EMPLEADO DE COMPAÑÍA PRESTADORA DE
SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS Y SINDICALISTA AFILIADO A UNA
ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES AFINES A ESE SECTOR, CONFORMÓ
COMISIÓN ACCIDENTAL DE ASUNTOS PETROLEROS Y ADELANTÓ DEBATE DE
CONTROL POLÍTICO A LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DE ACACÍAS (META)
Y ECOPETROL S.A.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual
denegó la pérdida de investidura del señor ARNOLD MAURICIO
PINILLA TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta), por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01
Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del municipio de
Acacías (Meta), por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo
70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, esto es por violación al
régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Señaló que, durante el año 2020, el accionado ejerció
simultáneamente las siguientes actividades: (i) concejal electo del
municipio de Acacías (Meta) para el período 2020-2023; (ii)
integrante de la Comisión Accidental de Asuntos Petroleros del
Concejo Municipal de Acacías (Meta); (iii) vinculado como trabajador
de la empresa de servicios integrados de mantenimiento industrial
STORK LATAM L.S. SUCURSAL COLOMBIA3, en adelante STORK;
(iv) miembro sindical y secretario de Promoción Social del

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
3 Disponible [en línea]: [https://www.stork.com/es/colombia]: “[…] Stork en Colombia.

Ofreciendo un amplio espectro de servicios industriales, Masa & Stork es una de las
principales empresas de contratación de mantenimiento de Colombia. Los servicios
industriales multidisciplinarios especializados de Stork ofrecen una alta satisfacción al
cliente. Las expectativas y objetivos de nuestros clientes son clave para la forma en que
operamos en las industrias a las que servimos: las industrias de energía, petróleo y gas,
minería y refinación. Navegue a través de los servicios industriales a continuación para
obtener más información sobre nuestras capacidades […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01
Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESAS
OPERADORAS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS DE
SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO
PETROQUÍMICA Y SIMILARES, en adelante SINDISPETROL, filial
de la UNIÓN SINDICAL OBRERA, en adelante USO, en el área de
influencia de ese ente territorial; (v) citante a los debates de control
político, el 28 de febrero de 2020, a las agencias de empleo:
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO del municipio de Acacías (Meta),
Agencia de Empleo LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, en
adelante COFREM y a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
S.A., en adelante ECOPETROL S.A.

Indicó que lo anterior le generó al concejal ARNOLD MAURICIO
PINILLA TRIANA un conflicto de intereses, pues además de actuar
para su propio beneficio, con ocasión de sus vínculos y actividades
simultáneas antes descritas, abogaba de manera directa por sus
electores del “[…] área de influencia del sector petrolero […]” en
Acacías, Guamal y Castilla la Nueva.

Manifestó que de conformidad con la información y documentos
entregados al actor por el concejal ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO, mediante oficio de 8 de junio de 2020, está probado que
el accionado violó flagrantemente la prohibición contenida en las
leyes 136 y 617 de 6 de octubre de 20004, respecto del conflicto de
interés.

4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

Sostuvo que lo anterior pone de manifiesto que el concejal ARNOLD
MAURICIO PINILLA TRIANA violó los artículos 70 y 55, numeral
2, de la Ley 136 y 48 de la Ley 617, al igual que los numerales 8 y
10 del artículo 48 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), Acuerdo municipal núm. 427 de 9 de diciembre del
2016, razones de hecho y de derecho por las cuales debe decretarse
la pérdida de su investidura.

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a dicha
pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que en aquella el actor
hace una interpretación subjetiva, errada y desacertada por cuanto
las pruebas presentadas no pueden demostrar un conflicto de
intereses.

Anotó que sus actuaciones, en ejercicio del control político, obedecen
a intereses de carácter general y que jamás utilizó su investidura
para favorecer o direccionar asuntos a su favor o de sus familiares,
máxime que, adicionalmente, como miembro de SINDISPETROL,
nunca mencionó su condición de miembro de dicha organización.

Sostiene que la actividad del concejal esta direccionada por una
política de Estado que procura por la protección de los derechos de
las personas al trabajo en zonas de influencia petrolera, por lo que
no es posible atribuirle una conducta contraria a la ley, cuando es
precisamente esta y sus decretos expedidos quienes han diseñado
estrategias que garanticen los derechos de los trabajadores.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, denegó la
pérdida de investidura del señor ARNOLD MAURICIO PINILLA
TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta), para lo cual
señala, luego de hacer un recorrido del acervo probatorio obrante en
el expediente, que el accionado se desempeñó como operador de
facilidades de superficie para la empresa STORK desde el 24 de
noviembre de 2017 hasta el 13 de enero de 2022. Que en ese período
el accionado tomó posesión de su cargo de concejal, 22 de enero de
2020, y al día siguiente, -23 de enero-, inició en el cargo de secretario
de Promoción Social de SINDISPETROL hasta el 17 de diciembre de
2020.

Indicó que el 12 de febrero de 2020 el concejal fue designado
miembro de la Comisión Accidental de Asuntos Petroleros, siendo a
la vez trabajador de la compañía STORK y, además,
desempeñándose como secretario de Promoción Social de
SINDISPETROL; que el 28 de febrero de 2020, fungiendo como
miembro de esa Comisión Accidental, el concejal intervino en el
debate de control político llevado a cabo con presencia de la
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO del municipio de Acacías (Meta) y
ECOPETROL S.A.

Sostuvo que del material probatorio no se desprende que el concejal
haya tenido un interés particular y real en las intervenciones
realizadas con relación a los asuntos petroleros, sino que
simplemente estas hacen parte de la defensa del interés general de

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los habitantes del municipio de Acacías (Meta), por lo que no se
configuraba la causal invocada de conflicto de intereses.

Agregó que la simple vinculación del accionado a la empresa STORK
y al sindicato es un hecho que por sí solo no configura dicha causal,
como quiera que debió acreditarse, fehacientemente, que su
actuación no obedecía a la defensa del interés general sino que
perseguía intereses privados, lo que no ocurrió en el caso concreto;
y que, además, no se indicó ni se allegó prueba que demostrara que
el accionado se benefició con su actuar, ni de qué manera lo hizo,
por lo que las afirmaciones de la solicitud no pasan del terreno de las
meras conjeturas sin ningún sustento probatorio.

Manifestó que observada con detenimiento la intervención del
concejal en el debate de control político llevado a cabo el 28 de
febrero de 2020, se tiene acreditado que su actuación no tenía otro
fin diferente al de la defensa de los intereses de la comunidad de
Acacías (Meta) frente a la actividad petrolera de la región; y que lo
mismo ocurre con el contenido del informe final de la Comisión
Accidental de Asuntos Petroleros, en el que se encuentra una
descripción de los temas antes referidos frente a la comunidad en
general.

Concluyó que el concejal no tenía la obligación o deber legal de
manifestar su impedimento frente a la designación realizada por el
presidente del Concejo Municipal como miembro de la Comisión
Accidental para Asuntos Petroleros, pues el hecho de laborar para
una empresa y pertenecer a un sindicato del sector petrolero, por sí
solo no son constitutivos de esta causal, pues se requiere que la

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conducta desplegada en su cargo persiga un interés diferente al
general, lo cual no se acreditó por el solicitante.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El solicitante interpuso recurso de apelación en el cual pretende que
se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a la
pérdida de investidura del señor ARNOLD MAURICIO PINILLA
TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta), para lo cual
sostiene, como argumento novedoso, que aquel era trabajador de la
empresa STORK en el municipio de Acacías (Meta), contratada y
contratante de ECOPETROL S.A., a quien obligatoriamente se le
debía pagar con recursos públicos por ser esta última una Empresa
Industrial y Comercial del Estado donde la Nación tiene la mayor
participación, la que a su vez le pagaba salarios al concejal con dichos
recursos, violándose así la prohibición de percibir recursos públicos
al mismo tiempo por dos vías distintas.

Reitera que el accionado era integrante de la Comisión Accidental de
Asuntos Petroleros del Concejo Municipal de Acacías (Meta) durante
todo el año 2020 y miembro sindical de SINDISPETROL, con
jurisdicción en Acacías (Meta) y toda el área de influencia del sector
petrolero, por lo que era deber legal del concejal haber declarado,
previamente, su impedimento ante su inmediato superior jerárquico
que es la plenaria del Concejo, para que en esa instancia se hubiera
resuelto el mismo, bien aprobándolo o bien negándolo, pero debía
haber cumplido con ese requisito y no lo hizo.

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Insiste en que al concejal le pareció fácil ser citante de un debate de
control político de tal envergadura, sin declarar que podía tener un
conflicto de intereses por los resultados a obtener y, efectivamente
obtenidos, de los que se benefició al punto que pudo mantener su
vínculo laboral hasta casi todo el año 2022, en desarrollo de una
competencia que les otorga la ley en dicha corporación pública,
control político al cual no pueden rehusarse quienes sean citados so
pena de ser objeto de investigaciones; que en este caso el accionado
fungió como: a) concejal electo de Acacías (Meta) 2020-2023, b)
empleado de STORK y se beneficiaba de esa condición, como la de
ser también c) líder sindical de SINDISPETROL, d) integrante de la
Mesa Directiva del Concejo de Acacías (Meta), e) integrante de la
Comisión de Asuntos Petroleros, -creada para esos asuntos
exclusivamente-, pergaminos todos que le daban la exaltación ante
los citados y, por eso, al ser ‘juez y parte’ debió declararse impedido
para no incurrir en el conflicto de interés que regula y señala la Ley.

Anota que el objeto del control político es claramente un juicio que
se le hace a quienes son allí citados con ocasión de sus actividades,
por lo que al ser el Concejo y los concejales los voceros de la
ciudadanía, deben mantener total independencia para que sus
actuaciones puedan mantenerse al margen de cualquier interés
personal, como evidentemente quedó probado con su actuación; y
que al ser citante del control político, ejerció un poder intimidante
ante las empresas petroleras, la estatal Ecopetrol, las agencias de
empleo y la misma comunidad que lo advirtieron como el promotor
de la defensa de sus derechos, desconociendo la mayoría de las
empresas y ciudadanos, durante ese día de la sesión de control
político, las cinco condiciones de privilegio que mantenía el concejal.

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IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, no fue descorrido
por el accionado ni por el Agente del Ministerio Público.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Respecto del nuevo cargo incluido por el apelante en su recurso,
relativo a que el accionado violó la prohibición de recibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, por cuanto el salario que
recibía en la empresa STORK provenía del pago de los contratos
suscritos por esta con ECOPETROL S.A., Empresa Industrial y
Comercial del Estado en la que la Nación tiene una participación
mayoritaria, lo que significa, presuntamente, que también percibía
recursos públicos por esta vía, además de los correspondientes a su
labor de concejal municipal de Acacías (Meta), la Sala advierte que
se abstendrá de proferir pronunciamiento alguno por tratarse de un
argumento no expuesto en la solicitud de desinvestidura inicial, por
lo que su formulación en el escrito de alzada resulta extemporáneo
e impide su oportuna discusión y debate probatorio, ello en garantía
de los principios del debido proceso, contradicción y congruencia.

Dicho lo anterior, le corresponde a la Sala establecer, en los precisos
términos del recurso de apelación interpuesto y en consonancia con

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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la solicitud inicial, si el concejal municipal de Acacías (Meta), señor
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, en concordancia
con el artículo 70 de la Ley 136, esto es la violación del régimen de
conflicto de intereses al haber citado a debate de control político a la
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL
S.A., así como haber participado en su realización el 28 de febrero
de 2020, -sin declararse impedido-, con el fin de atender la
problemática laboral en el área de influencia de ese ente territorial,
ostentando para ello sus condiciones simultáneas de miembro de la
Comisión Para Asuntos Petroleros de esa corporación pública,
empleado de la empresa STORK y secretario de Promoción Social del
sindicato SINDISPETROL.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales6

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único
de radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de
radicación 05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de
radicación 25000231500020190021701.

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“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al
conflictos de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar

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investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

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ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena7, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala8, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de
noviembre de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre

de 2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 20089, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates10, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el

9 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones

respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007
Senado, porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una
investigación preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo
con los fundamentos normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la Sala
considera recomendable que proceda a declarar su impedimento ante la respectiva
Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En caso de hacerlo y de votar
el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo, ¿qué
consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su
impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del
proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría
dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se configurara una causal para
un eventual proceso de pérdida de investidura […]”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril

de 2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero
ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.

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tema respectivo11.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”12.

A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones13:

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto

de 2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero
ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril

de 2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero
ponente Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-
000-2012-00-00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver
también, en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencias de 6 de junio de 2017, número único de radicación 11001-03-
15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o.
de febrero de 2018 número único de radicación 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación
85001233300020200001602, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que

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comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.

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c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”14.

A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección15 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004,

radicación núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 30 de mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número
único de radicación 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González.

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de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
, y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es

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decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos16.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI),
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general17
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena18 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”19 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”20.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que

17 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm.

único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De
modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés
público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de
intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación.
En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de
la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés
privado o particular del congresista no subordine al interés público […]”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio

de 2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero
ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación
11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas
Lasso.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de

marzo de 1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de

octubre de 2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”21.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del

21 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004,

consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y
reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de
agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade
y de 22 de marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso.

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interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,

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ese debate o esa decisión […]”22 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos

22 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
consejero ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26
de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo
de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996,
consejero ponente Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001,
consejero ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002,
Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda;
y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-00286 (PI), consejero ponente
Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,
surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento23;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.3.- Del caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso24, pudo verificar lo siguiente:

El señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA fue elegido
concejal del municipio de Acacías (Meta), por el Partido Cambio
Radical, para el período constitucional 2020-2023, según se
desprende del formulario E26CON de 13 de noviembre de 2019.

Laboró en la compañía STORK desde el 24 de noviembre de 2017
hasta el 13 de enero de 2022 en el cargo de ‘operador de facilidades
de superficie’, de conformidad con el certificado de 13 de abril de
2023, suscrito por el líder de nómina de esa empresa.

23 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23
marzo de 2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI),
consejero ponente Hugo Fernando Bastidas.
24 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 2, con descripción del documento: “PROCESO DESCARGADO DEL APLICAT IVO
SAMAI(.rar) NroActua 2”.

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Como trabajador de la empresa STORK, se afilió a SINDISPETROL
y en dicha organización ejerció el cargo de secretario de Promoción
Social durante el período comprendido entre el 23 de enero y el 17
de diciembre de 2020, cuyas funciones inherentes fueron:

“[…] Artículo 31º. De las secretarías. Las Secretarías de los
cargos suplentes tendrán las siguientes funciones:

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL:

a. Desarrollar los planes de bienestar social del afiliado, su familia y
la comunidad, por medio del acercamiento social entre los
trabajadores con actos que tiendan a su integración sociocultural,
ya sea con eventos sociales, deportivos y culturales.

b. Promover la creación de Fondo de Ahorros, Crédito, de ayuda
mutua, servicios médicos y asistenciales que beneficien en forma
directa y práctica a los trabajadores, creando la mentalidad de
solidaridad y ayuda entre los miembros.

c. Estudiar y plantear planes y programas de desarrollo para el
avance de los afiliados en torno a la seguridad social integral.

d. Cumplir y hacer cumplir os presentes estatutos y el Plan de
trabajo ordenado por las Comisiones en la Asamblea Nacional de
Delegados […]”.

“[…] Artículo 39º. Funciones y obligaciones de los miembros
de la Junta Directiva de las Subdirectivas:

Tendrán las mismas funciones y obligaciones de los miembros de la
Junta Directiva Nacional, limitadas en cuanto a su jurisdicción y
competencia. Serán nulas, por consiguiente, las determinaciones
que las Subdirectivas tomen a nombre de la Organización y que
comprometan su nombre y responsabilidad, sin el visto bueno de la
Junta Directiva Nacional, o de la Asamblea Nacional de Delegados
[…]”.

Después de tomar posesión de su cargo de concejal, el 2 de enero
de 2020, según quedó plasmado en Acta núm. 01, fue elegido y
asumió como segundo vicepresidente de la Corporación para la
vigencia 2020.

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A través del Acta núm. 17 de 12 de febrero de 2020, se registró la
sesión del Concejo Municipal de Acacías (Meta) en la que su
presidente designó al accionado, entre otros concejales, para
integrar la Comisión Accidental de Asuntos Petrolíferos, así:

“[…] TERCER PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. El
presidente concejal ORLANDO GRANADOS informa a los concejales,
que tenían un tema pendiente era designar la comisión
accidental de Asuntos Petrolíferos, es un tema sin lugar a dudas
que durante los 4 años va a tener mucho movimiento, hechos que
se van a generar no solo en el tema laboral, sino en el tema
ambiental y la idea es, al menos en la presidencia del 2020, es ir
rotando y ojalá durante el cuatrienio también se puedan ir rotando
para que todos los concejales puedan pasar por esta comisión
accidental, entonces me permito designar en esta comisión
accidental durante un período de 5 meses, para que nos
entreguen un informe detallado de la misma, a los
concejales JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA, FARLEY CARVAJAL
REY, ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA y JHONNY ANDRÉS
BASTO HERNÁNDEZ, para que por favor, concejales, se reúnan y
en término de 15 días nos entreguen a la Presidencia y a los
concejales, el plan de acción sobre el cual van a trabajar durante
estos 5 meses y vayan informando periódicamente cada una de las
actividades y para el segundo semestre, estaremos modificando o
ratificando la comisión e incluimos al concejal GILDARDO SANTOS
CHAPARRO y dejamos 5 en la comisión […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

El artículo 53 del Acuerdo núm. 427 de 9 de diciembre de 2016, “[…]
Por medio del cual se adopta el reglamento interno del
Concejo Municipal de Acacías y se dictan otras disposiciones
[…]”, prevé, respecto de las comisiones accidentales, lo siguiente:

“[…] TÍTULO VI
COMISIONES

CAPÍTULO PRIMERO
CLASES DE COMISIONES

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ARTÍCULO 53.- COMISIONES ACCIDENTALES. Además de las
Comisiones Permanentes, el Concejo podrá integrar
Comisiones Accidentales. El Presidente nombrará Comisiones
Accidentales para el cumplimiento de asuntos específicos como
protocolo, asuntos de ética, acreditación documental, transmisión
de mensajes, escrutinio de las votaciones internas, primer debate a
proyectos cuando no se hayan constituido las Comisiones
Permanentes, estudio de objeciones, presentación de informes
a la plenaria sobre asuntos de interés para la Corporación,
entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, serán funciones específicas
de las Comisiones Accidentales, las siguientes:

• Recibir sectores de la comunidad para el conocimiento de
situaciones y problemas relacionados con el Municipio en
sus diferentes aspectos.
• Presentar a la plenaria del Concejo o a las Comisiones
Permanentes informe escrito sobre la gestión
adelantada.
• Escrutar el resultado de las votaciones.
• Recibir dignatarios o personalidades que invite el Concejo
Municipal.
• Presentar Informe escrito sobre las objeciones del Alcalde
Municipal a los proyectos de acuerdo.
• Preparar proyectos de acuerdo de especial interés para la
Corporación y el Municipio.
• Llevar a cabo las funciones que le sean asignadas por el
respectivo Presidente de la Corporación y de las
Comisiones Permanentes.

Parágrafo. Dichas Comisiones deberán ser integradas por dos (2)
Concejales, máximo cinco (5) asegurando la representación de las
diferentes bancadas. En su designación, el Presidente definirá el
término para la presentación del informe sobre el tema, el cual
deberá ser por escrito y radicado en la Secretaria General para su
lectura en plenaria […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con acta núm. 30 de 28 de febrero de 2020, el Concejo Municipal de
Acacías (Meta) dejó constancia del debate de control político
realizado en torno a la actividad petrolera en ese ente territorial. El
presidente de esa corporación abrió la sesión, así:

“[…] El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO,
presenta un cordial saludo a todos los presentes, manifiesta que de
parte de Ecopetrol está presente el ingeniero EDUAR RIVEROS,
gerente del Campo Chichimene, voy a empezar en ponerlos en

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contextos, a aclararle a la comunidad y a los invitados, que por
disposiciones de orden legal el Concejo tiene dos facultades, una es
de citar y la otra de invitar a los funcionarios de la Administración,
tenemos la competencia legal de citarlos y ellos tienen la misma
obligación legal de asistir, en el caso de Ecopetrol por ser una
entidad del orden Nacional no tenemos la competencia de citarlos,
sino de invitarlos, en ese orden de ideas agradecemos que Ecopetrol
se haya hecho presente a esta invitación que se le hiciera por parte
del Concejo Municipal, segundo, contarle a la comunidad que lo que
se busca con estos debates de control político, no es más que
conocer de primera mano cuáles son las situaciones reales con las
cuales al menos estamos recibiendo nosotros como Concejales y
ustedes como comunidad un hecho determinado, por este mes de
febrero hemos hecho diferentes debates de control político, y
ustedes han visto por las redes sociales que se han dilucidado y se
han detectado hechos demasiados graves, los cuales una vez
terminen los debates el día de mañana serán puestos en
conocimiento de los organismos de control, el Concejo Municipal es
el cuarto organismo de control, la Fiscalía hace su control penal, la
Procuraduría hace el control disciplinarlo, y la Contraloría hace el
control fiscal, la competencia legal del Concejo es el control político,
vamos abrir el libro de participación de la comunidad para que se
inscriba, quiero advertirle a la comunidad que va a intervenir que
estos son debates que tiene carácter de audiencia pública y como
tal todo queda grabado, se expiden las respectivas actas y cualquier
documento de esos tiene valor probatorio en cualquier proceso que
se adelante, por favor sean muy prudentes en lo que vayan a hablar,
a decir, si van a hacer denuncias les recomiendo que lo hagan a
título personal que lo hagan con soportes y con pruebas porque
después se pueden ver inmersos en mismas situaciones, la idea es
que sepan lo que se va a hacer aquí. Tercero, las reglas del debate
ya están establecidas en el reglamento interno y no es más que las
funciones que la ley les da a los Concejos Municipales enmarcadas
en la ley 136, la 1551 y la 617 es un compendio de funciones de los
Concejales, primero intervienen los concejales citantes para este
caso los concejales JAIR ECHEVERRY OSPINA, FARLEY CARVAJAL
REY quien tuvo que ausentarse porque es abogado penalista y tenía
una audiencia en Villavicencio, por lo cual no nos puede acompañar,
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA y VÍCTOR JULIO RAMOS
CUBILLOS, tiene un espacio de 20 minutos para hacer su
intervención de acuerdo con el cuestionario, seguido se le dará el
uso de la palabra a la funcionaria de la administración y al delegado
de Ecopetrol, quienes tienen espacio de 1 hora y media, 45 minutos
para cada uno, para que hagan sus intervenciones de respuesta a
los cuestionarios previos, una vez terminen los dos funcionarios se
le dará el uso de la palabra a la comunidad que se haya inscrito a
quienes se les dará un espacio dependiendo del número de personas
que se inscriban, si el número es inferior a 10 hasta de 5 minutos,

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si el número aumenta a 20 hasta de 3 minutos, luego intervendrán
cada uno de los Concejales, luego intervendrán los funcionarios
citados e invitados y terminamos con las conclusiones de los
Concejales citantes […]”.

A renglón seguido, el accionado durante su intervención, en síntesis,
se dirigió a ECOPETROL S.A. y la AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO
de Acacías (Meta), pidiendo que se volviera a implementar un
formato ya utilizado, para evitar que las empresas manipulen la
información. Además, denunció que en una reunión llevada a cabo el
día 23 de febrero no se le dejó intervenir, cuando lo único que quería
era defender los derechos de la comunidad.
Así mismo, expresó que ECOPETROL S.A. “[…] es el papá de los
pollitos, es el que tiene que recibir palo […]”, pues hay muchas
empresas que están contratando personas de Villavicencio y Neiva.
También manifestó que se creó la ‘Comisión de Hidrocarburos’ con el
fin de recibir todas las querellas que se tienen frente a las inquietudes
y necesidades de las empresas contratistas, expresando la existencia
de la posibilidad de citar a quienes estuvieran cometiendo la
infracción con la comunidad presente “[…] para que no se preste para
suspicacias […]”.

También abordó el tema de inversión social, en lo relacionado con el
fortalecimiento del campo y habló sobre el impacto ambiental que
está generando el vertimiento de aguas, pidiéndole a ECOPETROL
S.A. la creación de una planta de tratamiento de agua potable para
suministrar agua a las veredas. Igualmente, se refirió a la seguridad
en la zona rural, para indicar que ECOPETROL S.A. se enfoca en su
infraestructura, pero se descuida a la población; y en cuanto a los
estudiantes del SENA, pide que sean contratados por ECOPETROL
S.A. para darles una oportunidad de empleo.

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Agregó que cuando se publican las vacantes de un cargo se está
contratando personal extranjero, sin pensar en el colombiano, por lo
que pidió prestar atención a esto y al asunto de las madres cabeza
de hogar.

Posteriormente, el 23 de abril de 2020, el accionado presentó el
documento que denominó ‘RECHAZO POR DESPIDO MASIVO
INJUSTIFICADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, POR
PARTE DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE ECOPETROL’, dirigido al
vicepresidente regional Orinoquía de ECOPETROL S.A., a la líder
gestión social regional Orinoquía y al Ministerio de Trabajo, cuya
respuesta fue brindada por los distintos destinatarios. En aquel
documento, en medio de la coyuntura de la pandemia causada por el
COVID-19, el concejal preguntó: “[…] ¿Por qué ECOPETROL está
terminando y suspendiendo órdenes de servicio a las empresas
contratistas, si el Decreto 457 de 2020, contempla que sí pueden
trabajar, máxime si se cuenta con un plan de acción para prevenir el
contagio del COVID 19? […]”; “[…] ¿Qué inversión social aparte de
los mil mercados, ha contribuido en nuestro municipio para ayudar a
combatir el coronavirus, hasta el momento no tenemos conocimiento
de su responsabilidad social y también de sus empresas contratistas
quienes son las que se benefician de la producción que el municipio
de Acacías genera? […]”; y “[…] ¿Se podría conformar una mesa
interinstitucional entre gobiernos locales, concejos municipales,
líderes sociales, comunidades, gremios y ECOPETROL, donde se
aborden las inconformidades de las comunidades, se necesitan
mayor inversión social productiva, mayor comunicación con la
ciudadanía, renovación de la parte social, apoyar a las empresas

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locales, mayor acompañamiento de los gobiernos y concejos
municipales, aumentar la participación de las mujeres, personas con
discapacidad, personas con avanzada edad, apoyo económico para
los estudiantes, aumentar la protección al medio ambiente, generar
una economía alterna a los hidrocarburos? […]”.

El 2 de julio de 2020, el accionado junto con otros concejales,
presentaron ante ECOPETROL S.A. una solicitud de reunión con el
fin de tratar asuntos relacionados con irregularidades laborales y de
sanidad por la COVID-19, además de que las empresas al servicio de
la estatal petrolera estaban subcontratando el servicio de alquiler de
grúa sin el cumplimiento de los requisitos, lo cual según se indica va
en contravía de los compromisos adquiridos y firmados en acta de la
subcomisión laboral debido a que quedó acordado que el personal no
hacía parte para tercerizar el servicio de alquiler del equipo y que
debía ser contratado directamente por la contratista.

Finalmente, el 17 de julio de 2020, la Comisión Accidental de Asuntos
Petroleros, conformada por el accionado, rindió informe final al
presidente del Concejo, indicando lo siguiente:

“[…] Se realizó control político a la empresa Ecopetrol el día 28 de
febrero, en donde se le formularon una serie de preguntas de interés
dentro del cuestionario, el informe fue radicado en la secretaría del
Concejo el día 28 de febrero de 2020, se concretaron cifras claras
de los puestos de trabajo en Ecopetrol en mano de obra local con
fecha de diciembre de 2019, se hizo la vinculación de 3497
trabajadores de empresas contratistas que representa el 10% de la
mano de obra a nivel Nacional.
(…)

Conclusión: Nos toca hacer seguimiento minucioso y no permitir que
los foráneos puedan obtener este certificado de residencia, que la

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administración municipal adelante un seguimiento más detallado en
todos los casos de corrupción.
(…)

Conclusión: Los aliados y contratistas de Ecopetrol deben ver con
buenos ojos este tema porque nada ganan las familias
emprendedoras locales en sacrificarse para emprender y no se les
da la oportunidad, se debe hacer un seguimiento minucioso para
que todos cumplan con este compromiso.
(…)

Conclusión: Hay que hacer unos compromisos efectivos de
seguimiento que la administración municipal actual presione y se
haga un comité de seguimiento donde esté la Personería Municipal,
la Administración Municipal, el Concejo Municipal y la comunidad
para hacer efectiva de una buena inversión de los recursos.
(…)

Conclusiones:
• Faltó engranaje en lo que se dice y lo que se hace, como resultante
de las reuniones que se adelantaron tanto con Ecopetrol como con
otros entes concernientes al tema.
• Observamos que se realiza un esguince a la contratación de mano
de obra calificada y no calificada local.
• No hay herramientas efectivas para la comunidad, ni para los
representantes de ellas.
• Poco compromiso de Ecopetrol frente al incumplimiento de sus
empresas contratistas aliadas “[…]”.

Los dos audios y tres videos aportados con la solicitud en formatos
‘.MP3’ y ‘.MP4’, respectivamente, dan cuenta de: (i) el desarrollo de
la referida sesión de control político de 28 de febrero de 2020; (ii)
las intervenciones realizadas por el concejal en esa ocasión; y (iii)
las imágenes correspondientes a la entrega de insumos médicos para
la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en
el municipio de Acacías (Meta).

De conformidad con todo lo anterior, la Sala observa que al momento
de citar a debate de control político a la AGENCIA PÚBLICA DE
EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL S.A., -el cual tuvo lugar

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el 28 de febrero de 2020 en las instalaciones del Concejo Municipal-
, y elaborar y presentar el informe final que le fue solicitado por el
presidente de dicha corporación, -el 17 de julio de 2020-, el
accionado, en efecto, tenía la calidad de concejal municipal de
Acacías (Meta), empleado de la compañía STORK y afiliado del
sindicato SINDISPETROL, -organización en la que se desempeñó
como secretario de Promoción Social-, todo ello de forma simultánea.

No obstante, debe advertirse que de ello no se desprende ni resulta
probado que el concejal ostentara un interés directo, particular y
actual, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o
de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su socio
o socios de derecho o de hecho, de orden moral o económico, que
colisionara con la función pública a su cargo de citar e intervenir en
la labor del control político de las actividades llevadas a cabo por la
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL
S.A. en las zonas de influencia de ese ente territorial.

En efecto, no se evidencia la presencia de una inclinación de
naturaleza privada, en cabeza del accionado, que le subyaciera a su
actuación durante ese debate de control político en defensa de los
intereses de aquellas comunidades y grupos de trabajadores,
posiblemente afectados con las decisiones adoptadas por las
entidades citadas, que se alejara, en cualquier caso, de la obtención
del bien general y afectara así la transparencia y objetividad de su
proceder beligerante.

Precisamente, el sindicalismo es, por antonomasia, una forma de

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organización que procura la defensa y promoción de los intereses
mancomunados de sus trabajadores, lo que, en principio, sitúa a sus
representantes en el campo de las consignas y objetivos
comunitarios y sociales, que no individuales o particulares, por lo que
la condición convergente de concejal integrante de una comisión
accidental de asuntos petroleros y sindicalista del mismo sector, no
es, por sí misma, una circunstancia que le impidiera al señor
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA ejercer el citado control
político en el seno de la corporación pública.

Así es como, en el caso concreto, el concejal sirvió de vocero activo
de los reclamos y necesidades recogidas en los grupos comprendidos
en las áreas del municipio de Acacías (Meta) que están influenciadas
por ECOPETROL S.A., en aras de discutir asuntos como la
contratación de personal calificado extranjero en desmedro del local
y nacional, la inversión social en lo relacionado con el fortalecimiento
del campo, el impacto ambiental que está generando el vertimiento
de aguas, seguridad en la zona rural, oportunidades de primer
empleo a los estudiantes del SENA, priorización de las madres
cabeza de hogar en la vinculación laboral, entre otros, en el marco
de la defensa del interés general de los habitantes de ese ente
territorial.

No se indica ni se allega prueba que demuestre que el concejal se
benefició de forma particular con su actuar, ni de qué manera lo hizo,
sumado a que, en los términos del artículo 28, numeral 1, de la Ley
617, si bien el accionado laboraba en una empresa y estaba afiliado
a un sindicato cuyas actividades están relacionadas con el sector
petrolero, siendo este el tema objeto de la comisión accidental a la

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que fue designado, lo cierto es que se descarta la presencia de un
interés propio que riña con los intereses públicos cuya protección
lideró en el pluricitado debate de control político seguido a la
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL
S.A., los cuales obedecían, en algunos de los aspectos citados, a
asuntos que también lo afectaban en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general.

Por ello, la Sala considera que el concejal accionado no tenía el deber
legal de manifestar impedimento alguno frente a la designación
realizada por el presidente del Concejo Municipal como miembro de
la Comisión Accidental para Asuntos Petroleros, para suscribir los
requerimientos de información que sustentaron los cuestionamientos
que elevó a los citados, ni para llevar a cabo, con su intervención,
los respectivos debates e informe final.

Por lo precedente, la Sala procederá a confirmar la sentencia
impugnada mediante la cual se denegó la pérdida de investidura del
señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del
municipio de Acacías (Meta).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

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SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 25 de agosto de 2023.

OSWALDOGIRALDOLÓPEZ NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
Presidente

HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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