Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2024-00011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2024-00011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 08001-23-33-000-2024-00011-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
19 de febrero de 2026
Demandante: Yair Alejandro Imitola Rivaldo
Demandado: Walberto Ayala Goenaga
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00011-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00011-01
Demandante: YAIR ALEJANDRO IMITOLA RIVALDO
Demandado: WALBERTO AYALA GOENAGA, EN SU CALIDAD DE
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PIOJÓ PARA EL PERÍODO
2024- 2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo. Elementos modal,
temporal y objetivo de la conducta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia del 20 de octubre de 2025, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de la elección del señor
Walberto Ayala Goenaga, como concejal del municipio de Piojó para el período
2024- 2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. Los hechos
1. El señor Yair Alejandro Imitola Rivaldo formuló el medio de control de nulidad
electoral contemplado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra el acto de
elección del demandado como alcalde de ese municipio para el período 2024-2027.
2. El demandante expuso que el señor Walberto Ayala Goenaga inscribió su
candidatura a la alcaldía del municipio de Piojó con el aval del Partido Alianza
Social Independiente (ASI) y bajo el eslogan «Piojó en Marcha» y obtuvo la
segunda votacion en los comicios llevados a cabo el 29 de octubre de 2023, por lo
que fue designado como concejal del municipio de Piojó en los comicios llevados a
cabo el 29 de octubre de 2023, en virtud del Estatuto de la Oposición.
3. Informó que el señor Marlon Daniel Utria Saltarín también se postuló a la alcaldía
municipal con el aval por el Partido Cambio Radical.
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Demandado: Walberto Ayala Goenaga
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4. Narró que, el 8 de octubre de 2023, ambos candidatos realizaron un acuerdo de
hecho y no una coalición amparada por la ley, consistente en realizar actos
proselitistas conjuntos para la aspiración a la alcaldía municipal, apartándose así,
de las directrices estatutarias de sus respectivas colectividades.
5. Aseguró que, mediante esa alianza, el demandado indujo a su electorado a votar
por un candidato ajeno a su partido y viceversa, con lo que configuraron un engaño
y una deslealtad partidista.
6. Relató que el demandado también estableció una relación de apoyo mutuo con
la señora Edilsa Gallardo García, quien aspiraba a la reelección por el Partido
Cambio Radical.
7. Señaló que este apoyo recíproco vulneró el régimen electoral, dado que el
Partido Cambio Radical contaba con una candidatura propia a la alcaldía, lo que
impedía legalmente cualquier respaldo del demandado hacia integrantes de dicha
colectividad durante el periodo de campaña.
8. Finalmente expuso, que el señor Fabián Molina Jiménez, candidato al concejo
municipal por el Partido Liberal, decidió no apoyar a su copartidario a la alcaldía
(Fernando Tejera1), para en su lugar, respaldar la candidatura del demandado,
quien recibió el respaldo y participó en diferentes actos conjuntos.
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
9. El accionante adujo que el acto de elección acusado infringe el artículo 107 de la
Constitución Política, los artículos 2° (inciso segundo) y 29 de la Ley 1475 de 2011
y los artículos 139 y 275 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
10. Sostuvo que la conducta observada por el demandado respecto a otro
candidato al mismo cargo al que aspiraba y a candidatos al concejo con el aval de
una colectividad política diferente a la suya, configura la doble militancia y
transgrede las normas citadas.
11. Adujo que dicha prohibición en la modalidad de apoyo tiene lugar cuando el
candidato respalda aspiraciones de miembros de otras colectividades,
especialmente, cuando su propio partido tiene candidatos inscritos para esas
corporaciones o cargos.
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Fernando Rafael Tejera Gonzalez del Partido Liberal Colombiano, alcalde electo según el
formulario E26AL.
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1.3. Admisión de la demanda
12. La demanda fue admitida mediante auto del 15 de febrero de 2024. El auto fue
notificado el 22 del mismo mes y año.
13. Mediante auto del 26 de abril de 2024 se denegó la solicitud de nulidad que
había instaurado el accionado, bajo el argumento de que en el auto admisorio se
consignó erróneamente que la elección demandada correspondía al Partido Liberal
y que no pudo acceder al expediente digital completo (específicamente a las
pruebas de video y fotografía) en la plataforma SAMAI para ejercer su defensa.
14. El magistrado sustanciador explicó, en esa providencia, que el error contenido
en los autos era de cambio de palabras ya que en la demanda se indicó que el
partido era ASI y procedió a corregir. Frente al expediente publicado en Samai,
indicó que, una vez verificado, comprobó que era accesible y consultable.
1.4. Contestaciones de la demanda
15. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, solamente contestó la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con los siguientes argumentos:
16. Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva en su
favor, con fundamento en que, su competencia se limita a la organización de las
elecciones.
17. Explicó que entre sus funciones no se encuentra la de determinar cuándo un
candidato se encuentra inhabilitado o impedido y, por ello, no puede establecer
cuando una persona puede aspirar o no, a un cargo de elección popular.
1.5. Otras actuaciones relevantes
18. Durante la audiencia inicial, llevada a cabo el 11 de septiembre de 2025, se fijó
el litigio de la siguiente manera:
(…) el análisis de las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que los sujetos
procesales que conforman el extremo pasivo no descorrieron el traslado de la
presente demanda, el litigio se circunscribe en determinar: Si hay lugar o no a decretar
la nulidad del acto que declaró la elección del señor Walberto Ayala Goenaga como
concejal del Municipio de Piojó (acta de escrutinio municipal E-26 de 7 de noviembre
de 2023), por haber incurrido el candidato electo en la prohibición de doble militancia,
al apoyar, presuntamente, candidatos de organización diferente a de la que es
miembro, esto es, apoyar y/o recibir apoyo de candidatos del partido cambio radical y
liberal respectivamente, a pesar de pertenecer y resultar electo en representación de
partido ASI; contraviniendo de esta manera lo preceptuado en la Ley 1475 de 2011,
Ley 1909 de 2018 y en el Núm. 8° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
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19. En la misma providencia, el despacho se pronunció sobre las pruebas; decretó
las documentales, las requeridas por oficio, el interrogatorio de parte y las
testimoniales solicitadas, además ordenó incorporar las aportadas con la demanda.
20. Entre las pruebas decretadas se encontraba la siguiente (solicitada por la parte
accionante): «Oficie a la plataforma Facebook y al administrador comercial BMID,
para que certifique el dominio de Walberto Ayala Goenaga, de sus redes sociales
de Walberto Ayala Goenaga y de Piojo en Marcha».
21. Posteriormente, en la audiencia de pruebas, celebrada los días 9 y 10 de
octubre y 27 de noviembre de 2024, incorporó al expediente los documentos
requeridos mediante oficio, recepcionó los testimonios de Edilsa Gallardo
(candidata al concejo por el Partido Cambio Radical) y Fabián Molina (aspirante al
concejo por el Partido Liberal Colombiano) y aceptó el desistimiento del testimonio
de Juan David Hernández. También llevó a cabo el interrogatorio de parte al
demandado. Por auto del 29 de julio de 2025, corrió traslado de las respuestas
allegadas por META PLATFORMS, INC. ("Meta").
22. El demandado, mediante un memorial allegado el 6 de agosto de 2025,
descorrió traslado y manifestó: «se tacha de falsedad estas pruebas de las cuales
se dio traslado, ya que no se logró siquiera demostrar su existencia». (SIC2)
23. Finalmente, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran por escrito sus
alegatos de conclusión y concepto.
1.6. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante fallo del 20 de octubre de 2025
declaró la nulidad del acto de elección del señor Walberto Ayala Goenaga como
concejal del municipio de Piojó.
25. El a quo decidió no dar trámite a la tacha de falsedad formulada por el
apoderado de la parte demandada durante la audiencia, dado que la oportunidad
para instaurarla era en la contestación de la demanda.
26. Precisó la distinción entre un mensaje de datos (que requiere requisitos técnicos
estrictos) y una reproducción física (como una captura de pantalla impresa o en
PDF). Frente a los últimos señaló que, conforme al artículo 244 del CGP, estos
documentos se presumen auténticos si no son tachados en el momento procesal
oportuno.
2
SIC a lo transcrito por contener errores gramaticales.
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27. Frente a los enlaces a redes sociales señaló que, al no funcionar no podían
analizarse, pero en todo caso, indicó que fue el demandado quien admitió, al rendir
interrogatorio de parte, que el perfil que lleva su nombre en Facebook era suyo y
que el denominado «PiojoEnMarcha» era utilizado para publicidad de la campaña.
28. Luego de realizar una revisión de cada medio de prueba consideró que las
imágenes y el contexto de campaña demostraban una actividad proselitista conjunta
entre el accionado y otro de los candidatos a la alcaldía (Marlon Daniel Utria
Saltarín).
29. Valoró todas las imágenes aportadas, apuntó que en una de estas aparecía el
accionado estrechando las manos con un mensaje explícito de gratitud por el
«respaldo y confianza»; en otra, figuraba con el puño en alto (símbolo de unidad),
con textos como: «gracias por el respaldo y la confianza en el proyecto político que
estamos liderando», en una tercera, el texto: «estamos liderando».
30. A partir del análisis del contenido de las referidas capturas de pantalla y los
textos que las acompañaban concluyó que el uso del plural denotaba una unión
política y un compromiso visible ante el electorado entre ambos candidatos.
31. Además, del estudio de otras fotografías en las que se encontraban el
accionado y Fabián Molina (candidato al concejo), consideró que el demandado
manifestó su apoyo hacia esa candidatura pese a que estaba avalado por una
colectividad distinta a la suya.
1.7. Recurso de apelación
32. La parte demandada apeló la anterior decisión, con fundamento en que las
pruebas digitales no cumplieron con los principios de originalidad, integridad y
trazabilidad, además, que no se respetó la cadena de custodia ni se contó con un
dictamen de informática forense que validara la autenticidad de la información, dado
que la evidencia digital es volátil y fácilmente alterable.
33. Alegó que simples capturas de pantalla no son medios válidos si no permiten
identificar al iniciador del mensaje ni garantizan que el contenido no fue modificado.
Afirmó que los enlaces (links) aportados en la demanda no conducían a ninguna
parte o no funcionaban al momento de la verificación.
34. Refirió que tachó de falsas dichas pruebas e indicó que el tribunal erró al
otorgarles valor probatorio basándose únicamente en indicios y en la confesión del
demandado sobre la propiedad de sus cuentas, sin que existiera certeza técnica
sobre la existencia y fecha de las publicaciones específicas. Al respecto manifestó:
«el Tribunal pasó por alto la tacha de falsedad».
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35. Argumentó que la conducta imputada al señor Ayala Goenaga es atípica, pues
no encuadra en los elementos configurativos de la prohibición de doble militancia
dado que no se probaron actos positivos, concretos e inequívocos de apoyo por
parte del demandado hacia candidatos de otros partidos.
36. Alegó que la norma sanciona el dar apoyo, no el recibirlo, y que las acciones de
terceros (como la concejal Edilsa Gallardo o el candidato Fabián Molina) son actos
autónomos de esas personas y no pueden ser imputados al demandado como una
falta de lealtad de su parte.
37. Frente a las fotografías con el candidato a la alcaldía Marlon Utria manifestó
que aparecer juntos o usar la palabra «unión» en un contexto social no implica
automáticamente una coalición ilegal ni un llamado al electorado a votar por el
contrincante, máxime cuando no hubo manifestaciones abiertas de
acompañamiento electoral.
38. Subrayó que no se valoró adecuadamente la ubicación temporal y contextual
de las evidencias fotográficas pues algunas de las fotografías (específicamente una
publicada el 14 de julio de 2023) corresponden a fechas anteriores al cierre de
inscripciones, por lo que estarían fuera del marco temporal sancionable de la
campaña electoral.
39. Resaltó que en las imágenes se observa un conglomerado de personas, pero
no se avizora publicidad política, logotipos, camisetas, pancartas ni elementos
proselitistas que confirmen que se trataba de reuniones de carácter electoral.
40. Afirmó que no se pudo establecer con certeza la fecha de captura de las
imágenes, el lugar exacto ni el motivo de dichas reuniones, por lo que podrían ser
encuentros sociales sin trascendencia política.
41. Finalmente expuso que el partido ASI no inscribió candidatos propios al concejo
en el municipio de Piojó, de modo que la conducta reprochada resultaría atípica,
pues no existía un candidato de la misma colectividad a quien el accionado hubiese
dejado de apoyar en favor de otro, factor que desdibuja la ilicitud de la conducta.
1.8. Trámite en segunda instancia
42. Mediante auto del 15 de diciembre de 2025 el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y ordenó poner a disposición de la parte demandada el
memorial del recurso y, que posteriormente, se corriera traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
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1.9. Traslado del recurso de apelación y alegatos en segunda instancia
43. Durante el término de traslado del recurso, la parte accionante no realizó
manifestación.
44. Luego, presentó escrito de alegatos finales, en el que reiteró, en esencia, los
argumentos expuestos en la demanda. Insistió en que se probó la existencia de una
alianza de hecho o unión entre el demandado (Partido ASI) y el candidato a la
alcaldía Marlon Daniel Utria Saltarín (Partido Cambio Radical), bajo el eslogan
«Juntos por Piojó en Marcha», lo cual constituyó un apoyo indebido a un candidato
de una colectividad distinta,.
45. Resaltó que las pruebas documentales (fotografías y videos) demuestran la
participación activa del demandado en eventos proselitistas conjuntos. Subrayó que
el propio demandado, en interrogatorio de parte, confesó tener el dominio y control
de los perfiles de Facebook (Walberto Ayala Goenaga y Piojó Enmarcha) donde se
publicaron dichas evidencias.
46. La parte accionada insistió en sus alegatos de conclusión, en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
47. Expresó que a las pruebas digitales (capturas de pantalla de Facebook)
carecían de cadena de custodia, metadatos y fecha cierta. Alegó que no se podía
determinar si las reuniones fotografiadas ocurrieron dentro del periodo de campaña
o si tenían fines proselitistas, dado que no se observaban logos ni publicidad política
explicita en ellas.
48. Sostuvo que la simple aparición en fotografías no constituye un acto positivo,
concreto e inequívoco de apoyo electoral, requisito sine qua non exigido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado para configurar la doble militancia.
49. Afirmó que las acusaciones se basaban en suposiciones, sin demostrar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta conducta prohibida.
1.10. Concepto del Ministerio Público
50. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto.
Después de analizar cada uno de los elementos probatorios practicados en el
proceso concluyó que no se acreditaron los elementos constitutivos de la doble
militancia en la modalidad de apoyo, en especial, los elementos modal y objetivo.
51. Recordó que el último de estos elementos consiste en acreditar actos positivos,
inequívocos y probatoriamente suficientes de apoyo político por parte del
demandado a candidatos de otras colectividades en contravía a lo dispuesto por su
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colectividad de origen.
52. Refirió que en este caso no se configuró la causal de doble militancia prevista
en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA, razón por la cual, la sentencia que
declaró la nulidad de su elección como concejal de Piojó para el periodo 2024–2027,
debe ser revocada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
53. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado contra
la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 20 de octubre de 2025, que
declaró la nulidad del acto de elección del señor Walberto Ayala Goenaga, como
concejal del municipio de Piojó para el período 2024- 2027, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1503, 152 numeral 7, literal a),4 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 135
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación6.
2.2. El acto acusado
54. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la
elección del señor Walberto Ayala Goenaga, como concejal del municipio de Piojó
para el período 2024- 2027, contenido en el E26 CON.
3
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
4
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración
(…)». (Subrayado fuera del texto original)
5
ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
6
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.3. Problema jurídico
55. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 20 de octubre de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró la nulidad de la elección demandada.
56. Para el efecto, se deberá determinar si se encuentran acreditados los elementos
temporal, modal y objetivo, para considerar que el señor Walberto Ayala Goenaga
incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo por haber realizado actos de
respaldo a dos candidatos diferentes a los que avaló su partido político.
57. En consecuencia, la sala estima pertinente realizar un estudio general de la
conducta prohibida y atribuida al accionado, para luego proceder al análisis del
fondo del asunto.
2.4. Cuestión previa: Falta de legitimación en la causa de la RNEC
58. En consideración a que el Tribunal Administrativo de Atlántico no resolvió la falta
de legitimación en la causa por pasiva que propuso la RNEC, en la contestación de
la demanda; se resolverá dicho medio exceptivo, conforme al inciso segundo del
artículo 187 del CPACA7.
59. Sobre este punto se advierte que en el presente proceso se demandó el acto
de elección del señor Walberto Ayala Goenaga como concejal del municipio de
Piojó, con fundamento en una causal subjetiva de nulidad, relacionada con
circunstancias que atañen a condiciones propias del candidato y elegido, como lo
sería la de estar presuntamente incurso en la causal de nulidad de la doble
militancia.
60. En tal sentido, si bien es cierto la RNEC tiene la función de recibir y tramitar la
inscripción de los aspirantes a cargos de elección popular y, en consecuencia,
puede aceptar o rechazarla mediante acto motivado, conforme los artículos 90 del
Código Electoral y 32 de la Ley 1475 de 2011, esta competencia no se extiende a
efectos de verificar el aspecto de nulidad reprochado en la demanda objeto de
estudio.
61. Por lo señalado, esta Sala encuentra procedente declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC y, por tanto, ordenará su
desvinculación.
7
«En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
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2.5. De la prohibición de doble militancia
62. La prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento jurídico
colombiano con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.
63. Sobre el particular, el artículo 107 de la Constitución Política dispone:
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley.
En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen
para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio (…).
64. Así mismo, el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 establece:
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento
político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva
organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para
tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de
protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió
mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente
elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
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estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos como candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de
sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con
personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (Se resalta)
65. Conforme con lo anterior, es claro que la doble militancia tiene varias
manifestaciones, algunas de ellas consagradas en la misma Carta Política, otras
introducidas por la Ley 1475 de 2011, las cuales han sido consolidadas por la
jurisprudencia de esta Sección en cinco modalidades, según sus destinatarios, así8:
i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2° de la
Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: «Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo
proceso electoral.» (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política).
iii) Miembros de una corporación pública9: «Quien siendo miembro de una corporación
pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar
a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones». (Inciso 12 del
artículo 107 de la Constitución Política e inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización:
«Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos
o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos
por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que
resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.» (Inciso
2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: «Los directivos de los partidos y movimientos
políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro
partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los
8
Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
9
En desarrollo del artículo 107 constitucional, la Ley 1475 de 2011, estableció: Los candidatos que
resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a
la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
11
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órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de
postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos» (Inciso 3º del
artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
66. De igual forma, resulta del caso reiterar que a partir de la entrada en vigor de la
Ley 1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad
electoral, consagrada expresamente en el numeral 8° del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes
términos:
Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos
en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:
(…)
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia
política.10
2.6. De la doble militancia bajo la modalidad de apoyo
67. Frente a la configuración de la modalidad de apoyo en materia de doble
militancia, esta Sección ha sido clara al identificar los elementos para su
configuración, así:
a. Elemento subjetivo
68. El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en
su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
69. Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
b. Elemento objetivo
70. La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos, grupo
significativos y movimientos políticos que difieren de aquél al que pertenece el
accionado.
71. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta sala como la ayuda,
asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o medida a un candidato
distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.
10
Al momento de su inscripción según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-334
de 2014.
12
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72. En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, se ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos
que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización.
73. Asimismo, la Sección Quinta ha hecho referencia a la frecuencia con la que
deben producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de
acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino
instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de la doble
militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el
contexto de la campaña política.
74. Finalmente, la sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido
en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más
allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar
a través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura
extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el
accionado.
c. Elemento temporal
75. Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2 de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al período o plazo en el que deben producirse
los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva a
aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el contexto
de la campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede hablar de
candidatos en el sentido estricto de la palabra»; término que se extiende desde el
momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y va hasta la fecha
de la elección.
d. Elemento modal de la conducta
76. La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo
exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en este evento puede reprocharse la defraudación a la lealtad
partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad electoral.
77. Recientemente esta sala11, reiteró que para acreditar el presupuesto modal de
la prohibición «es necesario que el partido o movimiento político que avaló la
postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede
exigírsele al demandado una lealtad hacia su colectividad» (Se resalta).
11
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-33-
000-2023-00463-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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78. De manera que, se precisó el alcance del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011,
en el sentido de que «lo cierto es que la nulidad electoral solo procede, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, al brindar
apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al que se encuentran afiliados, y como en este caso el movimiento AICO
no tenía candidatos inscritos para la asamblea departamental, no puede declararse
la nulidad del acto de elección demandado por doble militancia» (Se resalta).
79. De acuerdo a lo señalado, la prohibición de doble militancia se circunscribe a
los precisos eventos de la norma que la consagra, así:
La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble militancia,
que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los términos en
que han sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la conducta que se estudia
y, por tanto, no puede extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a
situaciones ajenas a las allí reguladas.
Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la prohibición,
sino que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que consagra la norma.
En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble
militancia cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos
respaldados por la agrupación que avaló al demandado. (Se resalta)
e. Elemento territorial
80. De los precedentes de la Sección es posible advertir que el respaldo
recriminado por el legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de
una misma circunscripción electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un
candidato al concejo a la aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la
misma municipalidad–, pero también en el escenario de circunscripciones
territoriales diversas.
81. De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la
coincidencia o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través
de actos positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado
por una organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a
un cargo de elección popular.
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2.7. Las diferencias en los presupuestos de autenticidad de los documentos y
los mensajes de datos para ser valorados como elementos de prueba
82. Esta Sección ha señalado, de forma pacífica y reiterada12, que las fotografías,
audios o videos en algún tipo de formato que permita su reproducción, se presumen
auténticos mientras no prospere la tacha de falsedad, dado que constituyen una de
las tipologías de documentos a que hace referencia el artículo 243 del CGP13;
contrario a los mensajes de datos que deben cumplir con los criterios de integridad
y conservación del mensaje, para que tengan fuerza probatoria, conforme los
artículos 247 del CGP y 9 a 12 de la Ley 527 de 1999.
83. Frente al valor probatorio de las fotografías, videos e impresiones de pantalla,
el artículo 243 del Código General del Proceso dispone:
Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos,
fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en
general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las
inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares (…).
84. De acuerdo con esta norma, las fotografías, videograbaciones y capturas de
pantalla son documentos. Frente a la autenticidad de los documentos, el artículo
244 ibid. establece:
Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
12
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20
de junio de 2024, expediente 68001-23-33-000-2023-00758-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra y
sentencia del 5 de septiembre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00010-01 (principal), MP.
Luis Alberto Álvarez Parra (ente otras).
13
ARTÍCULO 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos,
impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo,
y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario
público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento
otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste
en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es
autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo,
se denomina escritura pública.
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También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos
para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o
en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando
al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se
presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y
en todas las jurisdicciones.
85. Según lo expuesto, los documentos se presumen auténticos siempre y cuando
no hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No obstante, deben analizarse
en contexto, conforme con las reglas de la sana crítica.
86. Frente a los enlaces que conducen a publicaciones de redes sociales, esta
sección en decisiones recientes14, ha considerado que según la Ley 527 de 1999,
en armonía con las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional, que se entiende por mensaje de datos, toda
información «generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares» y, además, los reconoció como medios de prueba
en el marco de cualquier actuación administrativa y judicial.
87. Los mensajes de datos pueden ser: correos electrónicos, fotos y videos subidos
a las redes sociales, leyendas que acompañan los «post» de Instagram y Facebook.
La Corte Constitucional15, con fundamento en la lectura de la referida norma, ha
establecido, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de dichos medios de
convicción digitales, unos requisitos ineludibles para su apreciación, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica y sus particularidades propias, así:
Es decir que, a la luz del parámetro jurisprudencial reproducido, quien aduce este tipo
de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que la información contenida
en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta; (ii) la identificación del
iniciador del mensaje –quien lo genera– artículo 7°; (iii) la integralidad de su contenido,
esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera
vez en su forma definitiva –artículos. 8° y 9°48.
2.8. Caso concreto
88. La decisión recurrida se sustentó en que se encuentran demostrados todos los
elementos de la conducta a que se ha hecho referencia en el anterior acápite,
puesto que hubo actos positivos, inequívocos y contundentes de respaldo por parte
14
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-2333-
000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de agosto de 2023. Expediente
11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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del demandado a dos candidatos avalados por organizaciones políticas diferentes
a la que lo postuló: el señor Fabián Molina Jiménez quien aspiraba al Concejo
Municipal de Piojó con el aval del partido Liberal Colombiano y Marlon Daniel Utria
Saltarín aspirante de Cambio Radical a la alcaldía del mismo lugar. La conducta se
descartó en relación con el respaldo hacia la candidata al concejo Edilsa Gallardo
García.
89. Como quiera que los argumentos del accionado se orientan a desvirtuar todos
los elementos modal, temporal y objetivo de la prohibición, para desatar la alzada
es menester estudiar la configuración de cada uno de ellos con base en las pruebas
practicadas en primera instancia; llegados a cada punto se estudiará, además, la
oportunidad y procedencia de los reparos elevados por el apelante frente a las
pruebas valoradas por el juez de primera instancia. Sin embargo, previo a abordar
el objeto de la apelación, se harán algunas precisiones frente al origen de la elección
cuestionada.
90. En primer lugar, para dar claridad al contexto fáctico del caso, se recuerda que
el señor Walberto Ayala Goenaga se presentó a los comicios llevados a cabo 29 de
octubre de 2023, para la alcaldía del municipio de Piojó (Atlántico) y no resultó
elegido, pero obtuvo la segunda votación, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el
Acto Legislativo 02 de 2015, por el cual se adoptó la reforma al equilibrio de poderes,
accedió a una curul en el concejo municipal de esa ciudad, como consta en el
formulario E26CON del 29 de octubre de 2023:
91. La Sección Quinta ha señalado, que acceder a ese espacio en las
corporaciones de elección popular corresponde a un derecho personal que se
materializa con el acto que declara la elección del cargo uninominal, pues es allí
donde se evidencia la voluntad popular a través del escrutinio público en el que se
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establece el orden de votación obtenido por cada opción política, es decir,
corresponde a una garantía con origen popular que no se surte por la vía del voto
directo sino de forma indirecta.
92. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la prohibición de la doble militancia en
estos casos, la Sección Quinta también ha precisado que este derecho personal
que tiene el candidato en virtud de dicho mecanismo de garantía a la oposición
política, no puede tenerse como excepción al régimen de la doble militancia, dado
que el acceso al cargo a través de esta modalidad debe estar liberado de cualquier
situación irregular que pueda afectar la aspiración del candidato y las normas
constitucionales y legales no establecieron ninguna limitación en este sentido16.
93. En este punto debe aclararse que la prohibición de la doble militancia no es una
inhabilidad17, sino que por el contrario es una causal autónoma de nulidad electoral,
que busca proteger unas finalidades específicas. La Corte Constitucional ha dicho
que esta prohibición no está contemplada en la Constitución o en la ley
estatutaria como una inhabilidad, sino que se trata de una figura autónoma,
aplicable a todos los militantes de un partido o movimiento político, que genera una
consecuencia clara para los candidatos a un cargo de elección popular en caso de
incurrir en ella: la revocatoria de su inscripción o la anulación de la elección18.
94. Así mismo la Corte Constitucional en la sentencia SU-209 de 2021, al estudiar
en sede de revisión unos fallos de tutela, que se expidieron con ocasión de la acción
de tutela que interpuso la señora Ángela María Robledo contra la Sección Quinta
de esta Corporación, dijo:
Al respecto y atendiendo las razones expuestas por la demandante para alegar que
la decisión demandada es contraria a la Carta Política, considera la Corte que el
derecho personal contemplado en el artículo 112 superior no tiene carácter
absoluto y una interpretación en tal sentido también involucraría una vulneración
16
Consejo de Estado, Sala d lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente:
Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019),
radicación número: 11001-03-28-000-2018-00074-00, actor: Juan Carlos Calderón España y otros,
demandado: Ángela María Robledo Gómez – Representante a la Cámara por Bogotá – periodo 2018-
2022
17
En cuanto a este derecho personal, recientemente esta Sala de manera mayoritaria ha dicho que
el régimen de inhabilidades aplicable a quien resulta designado en esas circunstancias corresponde
al del cargo al que accedió por derecho propio y no al cargo uninominal al que inicialmente aspiró,
pues para ese momento era conocedor de la expectativa que tenía de ocupar ducha curul si quedaba
de segundo en la votación En esta providencia el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez salvó el
voto al considerar que: «Es preciso recordar que el objeto de las inhabilidades es preservar el
equilibrio de la contienda electoral frente a los demás candidatos, así que el estudio respectivo solo
puede realizarse respecto del cargo al cual se haya inscrito, ya que corresponde al régimen que
debía atender para poder participar en los comicios». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil, Veintiséis (26) de
junio de dos mil veinticinco (2025). Referencia: Nulidad Electoral. Radicación: 25000-23-41-000-
2024-00284-01. Demandante: Luis Humberto Guidales García. Demandado: Juan Daniel Oviedo
Arango como concejal de Bogotá D. C., para el periodo 2024-2027.
18
SU-209 de 2021.
18
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directa de la Constitución. Además, es claro que: (i) la prohibición de doble militancia
consagrada en el artículo 107 tiene el mismo nivel jerárquico que el citado derecho
personal y (ii) la prohibición está estrechamente ligada con la vigencia del principio
democrático representativo. En primer lugar, la Carta Política no la contempla y de
conformidad con las reglas generales de interpretación no es viable hacer
excepciones donde la Constitución no lo ha previsto. En segundo lugar, aceptar que
en eventos como el analizado, en los que se aspira a los cargos de presidente y
vicepresidente de la República, no opera la prohibición de la doble militancia frustraría
el objetivo del constituyente al modificar el mencionado artículo 107, es decir, la
despersonalización de la política, como se explicó en las consideraciones sobre esta
materia.
En ese escenario, que los miembros elegidos de corporaciones públicas o los
directivos de los partidos y movimientos políticos actúen de manera individual
y opten por partidos o movimientos diferentes por los cuales fueron electos no
es compatible con la Constitución. Pues como se indicó, estos ciudadanos
representan los objetivos programáticos, los principios ideológicos y las decisiones
políticas internas democráticamente adoptadas por los partidos y movimientos
políticos a los que pertenecen y, en virtud de dicha representación y de su adscripción
a tales parámetros, obtienen el respaldo electoral entre los ciudadanos.
Así las cosas, no se observa un desconocimiento del derecho constitucional
que le asistía a la demandante Robledo Gómez por ocupar el segundo lugar en
las elecciones pasadas. Para el Consejo de Estado esta situación no estaba
exceptuada de la prohibición legal y constitucional de doble militancia. Esta
interpretación tampoco resulta arbitraria o vulneradora de la Carta Política.
En este contexto, con el fin de proteger el mandato representativo la Carta Política
impone limitaciones, como la prohibición de la doble militancia, a los ciudadanos que
son titulares del derecho político a ser elegidos.
Teniendo en cuenta lo expuesto, no se advierte configurado el defecto de violación
directa de la Constitución en la providencia proferida por el Consejo de Estado dentro
del proceso de nulidad electoral. (Negrillas fuera del texto original)
95. Así las cosas, en esta oportunidad la Sala ratifica, que las normas relacionadas
a la doble militancia se aplican en estos casos, sin excepción alguna, puesto que su
finalidad, como se dijo con antelación busca fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas para evitar que sus militantes desplieguen conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.
96. Expuesto lo anterior, se realizará el análisis de los elementos de la conducta
atribuida al accionado, con excepción del subjetivo en la medida en que no fue
objeto de apelación y desde primera instancia se tiene por acreditado que el
accionado accedió a la curul de concejal del municipio de Piojó por ocupar el
segundo lugar en la votación a la alcaldía municipal de esa entidad territorial y, por
consiguiente, es sujeto de la prohibición de doble militancia.
97. Establecido como está el primer presupuesto de la figura, para determinar el
cumplimiento del elemento modal de la conducta es necesario detenerse en la
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premisa conceptual que orientó el análisis realizado el a quo.
98. Como se expuso en el acápite normativo y jurisprudencial, este elemento
busca determinar si existía para el accionado, la obligación de respaldar una
candidatura específica, bien sea porque el partido que avaló su postulación la
inscribió de manera individual o en coalición.
99. Solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista
exigida al candidato sometido al juicio electoral pues, de lo contrario, no existiría el
deber de apoyo que se le acusa de desconocer.
100. En el presente caso se cuestiona al señor Walberto Ayala Goenaga de haber
apoyado las candidaturas: i) de otro candidato a la alcaldía, Marlon Daniel Utria
Saltarín por el Partido Cambio Radical y, ii) del aspirante al concejo municipal
Fabián Molina Jiménez, inscrito por el Partido Liberal Colombiano.
101. Se estudiará el elemento modal respecto a las dos acusaciones, para ello, se
verificará si el la organización política que avaló al demandado había inscrito
candidatos al: i) Alcaldía Municipal de Piojó y ii) Concejo Municipal del mismo lugar.
102. Como ya se ha dicho, el elemento modal exige la inscripción de candidatura
propia, por parte del partido del demandado, a la corporación o cargo a la que
aspira el candidato que recibió el presunto respaldo.
103. Las pruebas aportadas acreditan que el Partido Alianza Social Independiente
inscribió como candidato a la alcaldía de Piojó al demandado, como consta en los
formularios E6 y E8 AL, aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil:
104. Es claro que el elemento modal se cumple en relación con la inscripción de
un candidato propio por parte del Partido ASI a la alcaldía municipal. Vale la pena
anotar que está acreditado que el señor Walberto Ayala Goenaga (demandado)
aspiró a la alcaldía del mismo lugar con el aval del partido ASI, de modo que, no
habría sido posible que dicha agrupación hubiera podido inscribir dos candidatos al
mismo cargo.
20
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Demandante: Yair Alejandro Imitola Rivaldo
Demandado: Walberto Ayala Goenaga
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00011-01
105. En cuanto al concejo municipal, el recurrente señaló que ASI no presentó
una candidatura propia a esa corporación. Revisado el expediente se advierte que
no se aportaron los formularios E6CON y E8CON que acreditan si la organización
que avaló la postulación del demandado había inscrito alguna candidatura al
concejo municipal.
106. En ese sentido, no se acreditó que el partido del señor Walberto Ayala
Goenaga hubiese realizado postulación, de manera autónoma ni en coalición, al
concejo municipal, de donde surgiera la obligación para el accionado de respaldar
determinada candidatura al concejo municipal y, por tanto, no se estudiarán los
demás presupuestos de la conducta atribuida, que apuntan a determinar el
incumplimiento del deber de lealtad partidista.
107. En conclusión, no se configura la doble militancia en la modalidad de apoyo
frente al aspirante al concejo municipal Fabián Molina Jiménez, inscrito por el
Partido Liberal Colombiano.
108. Descartado este presupuesto respecto de los cuestionamientos por apoyo
indebido a un candidato al concejo municipal, esta Sala se adentrará en el análisis
de los elementos temporal y objetivo de la conducta atribuida al demandado frente
al candidato a la alcaldía Marlon Daniel Utria Saltarín, a partir de los argumentos
que sustentan los reparos.
109. Para efectos metodológicos, el estudio de esos elementos se efectuará
desde dos puntos: i) la autenticidad de las capturas de pantalla o fotografías de
imágenes provenientes de redes sociales; ii) el análisis de cada elemento
probatorio.
110. Como lo señaló el a quo y se precisó en el acápite normativo y jurisprudencial
de esta providencia, esta sección ha comprendido, de forma pacífica y reiterada19,
que las fotografías, audios o videos en algún tipo de formato que permita su
reproducción, se presumen auténticos mientras no prospere la tacha de falsedad,
dado que constituyen una de las tipologías de documentos a que hace referencia el
artículo 243 del CGP20; contrario a los mensajes de datos que deben cumplir con
19
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20
de junio de 2024, expediente 68001-23-33-000-2023-00758-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra y
sentencia del 5 de septiembre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00010-01 (principal), MP.
Luis Alberto Álvarez Parra (ente otras).
20
ARTÍCULO 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos,
impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo,
y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario
público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento
otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste
21
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los criterios de integridad y conservación del mensaje, para que tengan fuerza
probatoria, conforme los artículos 247 del CGP y 9 a 12 de la Ley 527 de 1999.
111. En ese mismo sentido ha explicado21 que, a través de la tacha, dicha
presunción puede desvirtuarse en varios aspectos, como demostrar que la imagen
en un registro fílmico, magnetofónico y/o fotográfico, no corresponde a la persona a
quien se le atribuye, que fue alterada en la identidad, fecha o contexto, que no es el
autor de las expresiones mostradas en dichos documentos o, en el caso de capturas
de pantalla de sucesos registrados en redes sociales, que estas no equivalen a una
publicación realizada en esos medios.
112. Revisado el trámite surtido en primera instancia se advierte que, con el escrito
introductorio se aportaron: i) capturas de pantalla y fotografías; ii) enlaces a redes
sociales (Facebook). El accionado señaló, dentro del término de traslado de otras
pruebas documentales allegadas en el curso procesal, que tachaba de falsas las
imágenes y enlaces que conducían a redes sociales, con sustento en que no
cumplían los «principios probatorios de conducencia, pertinencia, utilidad, licitud,
legitimidad, y originalidad (…) la cadena de custodia, la disponibilidad de la
información, la integridad y autenticidad de la prueba»22.
113. Estas manifestaciones se hicieron por fuera de la oportunidad procesal, esto
es, con la contestación de la demanda, conforme al artículo 269 del CGP; como
acertadamente lo apuntó el tribunal en la sentencia recurrida. De modo que, no le
asiste razón al apelante cuando indica que no se resolvió la tacha formulada.
114. En todo caso, al momento de valorar los mensajes de datos, el tribunal
advirtió que no podía visualizarse el sitio web al que presuntmaente conducían, es
decir, no eran accesibles. De manera que, no fueron valorados porque no reunian
los presúestos de originalidad, integridad y trazabilidad exigidos por la Ley 527 de
1999.
115. Así las cosas, como quiera que las capturas de pantalla e imágenes
aportadas no fueron objeto de tacha por la parte accionada de manera oportuna,
debían valorarse como documentos auténticos de manera integral y conjunta, con
en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es
autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo,
se denomina escritura pública.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-
000-2019-00074-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Consejo de Estado. Sección Quinta.
Sentencia del 1º de agosto del 2024. Radicación 27001-23-33-000-2023-00118-02. M.P. Gloria
María Gómez Montoya.
22
Escrito presentado por la parte accionada el 6 de agosto de 2025, mediante el cual descorrió el
traslado de la respuesta allegada por la sociedad Meta Platforms Inc., empresa administradora de
los servicios de Facebook; de la que el despacho sustanciador del tribunal había corrido traslado el
29 de julio de 2025.
22
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los demás medios de prueba obrantes en el expediente, en los términos del inciso
segundo del artículo 24423 del Código General del Proceso.
116. En primer lugar se observa que la inscripción de Marlon Daniel Utria Saltarín
candidato (presuntamente apoyado) a la alcaldía municipal por el Partido Cambio
Radical no fue objeto de reproche por el recurrente y es un hecho que se tuvo por
demostrado en la primera instancia. Además, obran en ese sentido, la tarjeta
electoral y la certificación de la RNEC acerca de que dicho candidato no renunció a
la contienda:
117. Frente al presunto apoyo conferido por el accionado a Utria Saltarín, el
tribunal estudió, entre otros elementos de prueba, el contenido de cuatro imágenes
de publicaciones realizadas en las redes sociales del demandado y el señor Utria
Saltarín. Previo a ello, aclaró que, durante el interrogatorio de parte, el accionado
manifestó que los dominios de la red social Facebook llamados Walberto Ayala
Goenaga y Piojó Enmarcha se encontraban bajo su gestión, el primero era de su
resorte personal y el segundo estaba destinado para la administración de su
campaña política. Hecho que se tiene por acreditado y no fue objeto de reproche en
el recurso de apelación.
23
«Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso».
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118. Luego señaló que todas las publicaciones tenían un elemento en común, y
es la consignación de las frases: «#JuntosporPiojóenMarcha», «#PiojóEnmarcha»
y el eslogan «Piojó En marcha»; que demuestran un «acuerdo contentivo de
deberes que por regla general resulta exigible para los contrayentes y, que en el
marco de las campañas electorales, acredita el acompañamiento y la cercanía de
quienes hacen parte de él; cristalizando relaciones proselitistas que, dirigidas a
candidatos distintos de los inscritos por las colectividades de los demandados,
llevan a la configuración de la doble militancia por apoyo».
119. Consideró, además, que las imágenes mostraban una «dupla aspiracional»,
que «trabajando en conjunto, falseaban las intenciones del partido político Alianza
Social Independiente - ASI, como colectividad matriz que había avalado su campaña
política y, por ende, en contravía del régimen de partidos defendido por el instituto
de la doble militancia».
120. Después de leer las frases que acompañaban las imágenes determinó que,
aunque en estas «no se revele una formulación expresa atribuible al accionado con
la que invite a votar por el señor Marlon Daniel Utría Saltarín, la declaración de una
tarea conjunta entre los aspirantes, la entusiasta exaltación del respaldo y en un
proyecto político conjunto, sobrepasaban los límites de la cordialidad y las buenas
maneras…».
121. La parte accionada reprocha la valoración realizada por el juez de primera
instancia, entre otros porque: i) el hecho de aparecer juntos o usar la palabra
«unión» en un contexto social no implica automáticamente una coalición ilegal ni un
llamado al electorado a votar por el contrincante, además porque no hubo
manifestaciones abiertas de acompañamiento electoral; ii) algunas de las
fotografías corresponden a fechas anteriores al cierre de inscripciones, por lo que
estarían fuera del marco temporal sancionable de la campaña electoral; iii) en las
imágenes no se avizora publicidad política, logotipos, camisetas, pancartas ni
elementos proselitistas que confirmen que se trataba de reuniones de carácter
electoral.
122. En primer lugar se dirá que, como lo indicó el tribunal, en el interrogatorio de
parte, el señor Walberto Ayala Goenaga manifestó que el perfil de Facebook es su
página personal de esa red y que el perfil Piojó en Marcha «manejaba publicidad o
alguna información de mi campaña».
123. En este orden, al no existir cuestionamientos relacionados con que las
personas que aparecen en las imágenes no corresponden al demandado y el
entonces candidato o con que los perfiles de Facebook en los que se publicaron no
eran administrados por quien figura en el texto, las fotografías serán valoradas.
124. Las imágenes, que en concepto del tribunal daban cuenta de la doble militancia
24
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por parte del accionado, en el mismo orden seguido en el fallo recurrido, son las
siguientes:
125. La imagen corresponde a una captura de pantalla de la red social Facebook
publicada en el perfil del usuario Walberto Ayala Goenaga, el día 17 de octubre de
2023. En la imagen aparecen un total de 11 personas quienes realizan un gesto
coordinado con el brazo hacia el frente. El demandado (conforme a otras imágenes
aportadas, a la tarjeta electoral y el video de la audiencia de interrogatorio de parte)
es quien se encuentra de cuarto de izquierda a derecha y Utria Saltarín el sexto en
el mismo orden.
126. El texto que acompaña la publicación es el siguiente: «Seguimos sumando y
haciendo la tarea, hoy con los lideres Rafael Imitola Gallardo, Marlon Daniel Utria
Saltarín y demás amigos del grupo del diputado Gonzalo Baute de municipio de
Piojó, gracias por el respaldo y la confianza en el proyecto político que estamos
liderando como candidato a la alcaldía de Piojó». Además tiene etiquetas (hashtags)
como #JuntosporPiojóenMarcha y #PiojóEnmarcha.
127. El primer elemento para analizar es el temporal. El inciso 2° del artículo 2° de
la Ley 1475 de 2011 no determinó el periodo de la prohibición, pero esta Sección
ha señalado que la materialización de la conducta debe ocurrir en el contexto de la
campaña electoral de acuerdo con el plazo regulado en los artículos 34 y 35 de la
Ley 1475 de 2011.
25
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128. De acuerdo a lo expuesto la fotografía se difundió dentro del periodo de
campaña, puesto que, para el 17 de octubre de 2023, ya estaba vencido el periodo
de inscripción y modificación de las inscripciones de candidatos.
129. El texto que enmarca la imagen habla en primera persona y plural
«Seguimos», «estamos liderando», acerca de liderar un trabajo con otras personas
y reconoce a Marlon Daniel Utria Saltarin como uno de los «líderes» y, luego,
agradece «por el respaldo y la confianza», hacia dicho proyecto político (el del autor
del mensaje).
130. Es decir, la frase indica que se realizó una reunión con líderes locales y grupos
políticos, a quienes el demandado les agradece el apoyo a su candidatura.
131. Es importante precisar que la conducta prohibida por la norma es brindar
apoyo, más no recibirlo24, de modo que, el hecho de agradecer las manifestaciones
de respaldo a su campaña no constituye un acto prohibido en el contexto de la
contienda electoral.
132. En todo caso, la concurrencia de otro candidato a la alcaldía, a una reunión
para conocer otro proyecto político, no significa que se hubiese realizado una
convergencia de fuerzas políticas de manera engañosa hacia el electorado.
133. El contexto de una campaña electoral implica la realización de reuniones y
acercamientos para la difusión de programas de gobierno, lo que encierra la
posibilidad de que coincidan en los mismos espacios candidatos de diferentes
partidos. Además, es propio del ejercicio democrático, que los ciudadanos escuchen
las propuestas de diferentes aspirantes, tengan o no, afinidad con sus propuestas,
para contar con más elementos para ejercer su derecho al voto.
134. Así lo ha dicho en otras oportunidades esta Sección: «[Las reglas de la sana
crítica, que parten del correcto entendimiento de una conducta y de la lógica y
experiencia del juez, conducen a concluir que durante las campañas electorales
pueden acontecer diferentes situaciones que hacen coincidir a candidatos de
diferentes organizaciones políticas en un mismo escenario y ante un mismo público,
lo cual, por sí solo, no configura la doble militancia. De manera que la prueba del
respaldo político de un candidato a otro requiere un material probatorio sólido, que
no deje dudas sobre su ocurrencia y de los términos en que fue brindado, por fuera
de cualquier suposición, presunción o deducción».25
135. Imagen 2:
24
Sentencia del 20 de agosto de 2019, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio,
dentro del expediente 11001-03-28-000-2019-00088-00.
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1o de agosto de 2024, Rad. 05001-23-33-000-
2023-01198-00, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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136. Este documento corresponde a una captura de pantalla de una publicación en
la red social Facebook (historia), en el perfil de Marlon Daniel Utria Saltarín, según
se observa en el encabezado del registro. En la que aparecen abrazados el
demandado (derecha) y el señor Utria Saltarín (izquierda).
137. La fotografía original ha sido intervenida digitalmente mediante un marco
circular de color verde que contiene una leyenda: «Juntos por Piojó en Marcha».
138. El registro indica que la imagen fue visualizada una hora después de su
publicación, pero no contiene ningún elemento del que pueda establecerse cuando
fue difundida en la red social o la fecha en que se tomó la fotografía.
139. En el lugar no se aprecian objetos de campaña electoral y los candidatos no
portan el número asignado en el tarjetón. Salvo la gorra que luce el demandado, en
la que se advierten las iniciales del partido: ASI, junto con su nombre con otras letras
ininteligibles. Lo que llevaría a considerar que para el momento en que se tomó la
fotografía, el accionado ya había recibido el aval de dicha agrupación. Sin embargo,
no significa que para ese momento ya hubiese inscrito su candidatura.
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140. Vale la pena anotar que de los artículos 107 de la Constitución y 28 de la Ley
1475 de 2011 se desprende que el aval se otorga por los partidos y movimientos
políticos, previo a la inscripción del candidato, de modo que, la foto pudo haberse
tomado en el interregno entre el otorgamiento del aval y la inscripción. Además,
tampoco se tiene prueba de la fecha en que se confirió el respaldo del partido para
acompañar la aspiración del demandado, por lo que no es posible tener certeza de
la fecha de publicación de la imagen.
141. Con todo, revisada de forma minuciosa la prueba, se puede observar que no
contiene ninguna muestra que pueda interpretarse como apoyo por parte del
accionado al otro candidato a la alcaldía municipal.
142. El abrazo entre ambos no transmite un mensaje de respaldo por parte del
señor Ayala Goenaga a otra candidatura que no es la suya porque, de una parte,
ambos se encuentran en la contienda y, además, proyecta un gesto que puede
indicar amistad o fraternidad, pero no una clara e inequívoca invitación al electorado
a votar en un determinado sentido.
143. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el accionado no fue quien publicó la
foto y no es posible determinar si el mensaje que se agregó al difundirla fue de su
autoría, si permitió que se utilizara o si se trató de un recurso utilizado por el señor
Utria Saltarín para validar su propio liderazgo en el marco de la campaña. Tema que
no es objeto de análisis en el presente proceso.
144. Frente a la siguiente imagen cabe llegar a la misma conclusión:
145. Como se aprecia, tampoco aparece una fecha o algún elemento que permita
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establecer la fecha en que fue tomada y colgada en los perfiles de redes sociales
del demandado (Piojó Enmarcha y Walberto Ayala Goenaga) o en la que tuvo lugar
el encuentro, por lo que puede haberse tratado de una publicación anterior a la
inscripción de la candidatura.
146. Ahora, en la publicación aparece la siguiente frase: «tenemos un candidato
que da garantías…». Lo que podría llevar a considerar que se trata de una
publicación posterior al cierre de inscripciones.
147. Lo anterior lleva a concluir que no es posible determinar si esta publicación
tuvo lugar antes o después de la inscripción de la candidatura del demandado, lo
que impide tener por demostrado el elemento temporal de la conducta prohibida.
148. Frente a la última imagen se tiene:
149. Se trata de una captura de pantalla de una publicación en la red social
Facebook en el perfil de la usuaria Jennyfer Charry Tejera, con el siguiente
encabezado: «Juntos por Piojó en marcha». El texto superpuesto en la imagen
señala: «Hibacharo, el corregimiento hoy hace historia». No tiene una fecha de
publicación.
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150. Lo primero que se advierte es que la publicación no se hizo desde un perfil del
demandado, por lo que no se le puede endilgar la intención de difundir propaganda
política hacia el electorado.
151. Se observa una manifestación pública masiva; en la primera fila están:
Walberto Ayala Goenaga y Marlon Daniel Utria Saltarin, con los brazos en alto. En
la sección de comentarios, se observa un mensaje de Margarita Rojas Molina: «A
conquistar el municipio y el resto de los corregimiento y sus veredas».
152. La marcha muestra el uso predominante de camisetas de color verde y blanco
entre los asistentes. Por lo que pudo tratarse de un evento realizado en campaña
electoral o para festejar su cierre. De cualquier modo, no contiene un texto o
discurso explícito donde Walberto Ayala Goenaga sugiera una invitación directa a
votar por Marlon Utria Saltarín.
153. Es decir, en la imagen no se advierte más que una coincidencia en el lugar
pues ni siquiera se muestran los colores del partido que avaló a Utria Saltarín, por
tanto, no demuestra la conducta prohibida, que se refiere al apoyo que se concede
a otro aspirante con miras a que obtenga la curul para la cual se postuló.
154. En este orden, las pruebas aportadas no ofrecen elementos de convicción
sobre un comportamiento prohibido por parte del demandado, dentro del periodo
determinado por la ley, por lo que no se da por cumplido el elemento modal respecto
del candidato al concejo y, frente al aspirante a la alcaldía municipal, no se
acreditaron los ámbitos temporal y objetivo de la doble militancia.
155. En este sentido, la Sala no encuentra configurada la prohibición de la doble
militancia, en consideración a que no fue acreditado un apoyo por parte del señor
Walberto Ayala Goenaga a un candidato diferente al respaldado por el partido
político que lo avaló y con quien tenía el deber de lealtad partidista.
156. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO: Revócase la sentencia del 20 de octubre de 2025, por medio de la cual,
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el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de la elección del señor
Walberto Ayala Goenaga, como concejal del municipio de Piojó para el período
2024- 2027; en su lugar, niéguense las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
31
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