Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04529-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04529-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04529-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04529-01
Demandante: Mauricio Ruiz Ciceri
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad
electoral. Régimen de inhabilidades de diputados. Parentesco
con autoridad municipal. Defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial.
Decisión: Revoca improcedencia y niega el amparo
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
Sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por la Sección Primera de esta
corporación, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 22 de julio de 2025, Mauricio Ruiz Ciceri, por intermedio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y elegir y ser elegido. En consecuencia, solicitó declarar la
cesación de los efectos jurídicos de la Sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral No.
18001-23-33-000-2023-00170-01 (18001-23-33-000-2023-00174-00 acumulado).
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que fue elegido diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá para el
periodo constitucional 2024-2027, lo cual fue formalizado mediante el Formulario E-
26 del 4 de noviembre de 2023.
3. Andrés Eduardo Peña Aragón y Fredman Hernández Anturí promovieron,
de forma separada, demanda de nulidad electoral contra su acto de elección, puesto
que se encontraba presuntamente inhabilitado para ejercer el cargo al ser hermano
de Luis Antonio Ruiz Ciceri, quien fungió como alcalde del municipio de Florencia
durante el período constitucional 2020-2023.
4. El 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que el artículo 33 de la Ley 617 de
2000, había sido derogado por la Ley 2200 de 2022. Además, señaló que la
inhabilidad por parentesco prevista en la nueva legislación, específicamente, en el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, aplicaba únicamente cuando el
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vínculo se tenía con funcionarios que ejercieran autoridad a nivel departamental y
no municipal.
5. Adicionalmente, precisó que cualquier inaplicación de esta norma debía
producir efectos únicamente hacia el futuro, conforme a los precedentes del propio
Consejo de Estado en casos similares. En este sentido, sostuvo que la autoridad de
un alcalde municipal no se extendía al ámbito departamental para efectos de la
configuración de la inhabilidad, razón por la cual, bajo la normativa aplicable y su
interpretación, Mauricio Ruiz Ciceri se encontraba habilitado para el cargo.
6. Los demandantes presentaron recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual indicaron que, contrario a lo señalado por el Tribunal, en las
demandas se indicó como norma violada el artículo 33.5 de la Ley 617 de 2000, que
hace referencia a las inhabilidades de diputados, específicamente, la relacionada
con el vínculo de parentesco con funcionario que dentro de los 12 meses anteriores
a la elección haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo departamento.
7. Así, sostuvo que, con los registros civiles de nacimiento, se probó el
segundo grado de parentesco entre Mauricio Ruiz Ciceri con el entonces alcalde de
Florencia, Luis Antonio Ruiz Ciceri, emitidos por la Notaría Única del Círculo de
Belén de los Andaquíes (Caquetá), el 15 de noviembre de 2023. Además, señaló
que se acreditó que el demandado fue electo diputado del Caquetá y que Luis
Antonio Ruiz Ciceri ostentó la calidad de alcalde de Florencia para el periodo
constitucional 2020-2023.
8. En ese sentido, consideró errada la decisión, en el sentido de que limitó la
inhabilidad endilgada por parentesco respecto de los servidores públicos del orden
departamental y omitió los del municipal, sin revisar la exposición de motivos de la
norma.
9. El 22 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección,
al considerar que se configuraron todos los presupuestos de la causal de
inelegibilidad para ser diputado por parentesco con funcionario que ejerció
autoridad, consagrada en el artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022.
10. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que la Sentencia del
22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió
en defecto sustantivo, al inaplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
20221 norma que se encontraba vigente al momento de las pasadas elecciones de
autoridades regionales y que le era favorable, por lo que, en su criterio, se realizó
una interpretación extensiva y retroactiva del alcance territorial de la inhabilidad por
parentesco con funcionario que ejerció autoridad administrativa en el respectivo
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«Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el
Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado: […] Parágrafo. Interprétese para
todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus
institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la
respectiva entidad territorial».
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municipio, si se tiene en cuenta que se integró ese ente territorial dentro de la
categoría de departamento.
11. Indicó que esta reinterpretación del régimen de inhabilidades, de forma
retroactiva, creó un obstáculo inexistente durante el proceso electoral y terminó
anulando injustificadamente un mandato popular. Agregó, que conforme a la
jurisprudencia constitucional, modificar ex post las reglas electorales afecta
directamente derechos fundamentales y la legitimidad del proceso democrático.
12. Por otro lado, manifestó que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al apartarse injustificadamente de una
línea jurisprudencial previa del Consejo de Estado, sin ofrecer motivación suficiente
ni sólida que explicara dicho cambio.
13. Al respecto, mencionó que la Sección Primera de la referida corporación,
en la Sentencia del 9 de septiembre de 2021 (Rad. 54001-23-33-000-2020-00606-
01), sostuvo que cualquier inaplicación judicial de una norma con incidencia
electoral debía surtir efectos únicamente hacia el futuro, como salvaguarda de la
buena fe, la estabilidad normativa y la integridad del sufragio, de manera que al no
acoger este criterio ni ofrecer una motivación reforzada que justificara su cambio de
rumbo, la autoridad judicial accionada quebrantó la coherencia jurisprudencial
exigida en materia de derechos políticos.
14. Igualmente, aseveró que la providencia acusada contradijo abiertamente la
Constitución al vulnerar sus derechos al debido proceso, por su carácter sorpresivo
y retroactivo; la igualdad, por tratar de manera distinta casos similares sin
justificación; y a elegir y ser elegido, al anular una elección con base en una
inhabilidad inexistente al momento del voto, lo cual hace que la decisión judicial
carezca de validez y habilite la intervención del juez de tutela
Intervenciones2
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado afirmó que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, ya que no puede utilizarse
como una instancia adicional del proceso ordinario para discutir aspectos
probatorios o la forma en la que el juez realiza la interpretación de la normativa
aplicable al caso concreto. Agregó que si bien se señaló que se configuraron los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que no se expuso
concretamente la razón por la que la que estimó que la providencia cuestionada se
apartó del ordenamiento jurídico.
16. Sin perjuicio de lo anterior, frente al fondo del asunto, indicó que en la
sentencia censurada se expusieron con claridad cada uno de los fundamentos
normativos y jurisprudenciales que sustentaron la decisión de declarar la nulidad del
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El 28 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra de la Sección Quinta
del Consejo de Estado y, además, vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Tribunal Administrativo del Caquetá
y Andrés Eduardo Peña Aragón, Fredman Hernández Anturí, Luis Alfredo Silva Neira, por tener interés directo en los
resultados del proceso.
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acto de elección demandado, por lo que no se estructuraron ninguna de las causales
específicas de procedibilidad invocadas.
17. Al respecto, explicó que no se configuró el defecto sustantivo, por cuanto
si bien en la demanda de nulidad electoral se planteó como causal de inhabilidad la
prevista en el artículo 33, numeral 5 de la Ley 617 de 2000, a pesar de que fue
derogada por la Ley 2200 de 2022, razón por la cual Tribunal Administrativo del
Caquetá negó las pretensiones, pues no podía realizar el estudio oficioso de la
inhabilidad atribuida, lo cierto es que en el fallo objeto de cuestionamiento se advirtió
que el contenido de ambas normas era idéntico.
18. Además, señaló que el Tribunal no podía abstenerse de efectuar el estudio
de la inhabilidad atribuida, toda vez que, en aplicación del derecho de acceso a la
administración de justicia y del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, debía interpretar la demanda a partir de criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, y emprender el juicio de legalidad del acto de elección acusado
con base en la normativa vigente.
19. Ahora, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial, esclareció que
la providencia citada por el actor fue proferida en el marco de un proceso de pérdida
de investidura, el cual es de naturaleza distinta al electoral. Además, precisó que
los efectos a futuro frente a la excepción de inconstitucionalidad se hicieron respecto
del parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, en el sentido de señalar que
resultaría aplicable esa excepción, en materia de pérdida de investidura, a partir del
próximo proceso electoral, es decir, del periodo 2024-2027. Con todo, resaltó que
ese aparte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia C-396 de 2021. En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo invocado.
20. El Tribunal Administrativo del Caquetá solo allegó copia digital del
expediente de nulidad electoral requerido en el auto admisorio, sin realizar algún
pronunciamiento frente al fondo del asunto.
21. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, dado que, en el contexto de sus competencias
y funciones, no tiene injerencia en las decisiones que tomen en derecho las
autoridades judiciales. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente
trámite.
22. Andrés Eduardo Peña Aragón, Fredman Hernández Anturí y Luis Alfredo
Silva Neira guardaron silencio, a pesar de que fueron debidamente notificados.
Sentencia impugnada
23. El 18 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraba
acreditado el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que la
autoridad accionada se pronunció sobre los aspectos que la parte actora alude
como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
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abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial. Distinto es que el accionante no comparta la tesis allí dispuesta, lo cual no
significa que la decisión sea arbitraria.
24. En ese sentido, estimó que no existe una discusión de «verdadera
relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de los derechos
fundamentales de la parte actora, sino una divergencia que obedece a la
interpretación dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso,
en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de
tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales
y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
25. De otra parte, negó la solicitud de desvinculación formulada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, comoquiera que esta fue vinculada al
proceso, debido a que actuó como parte accionada en el medio de control de nulidad
electoral, razón por la que le asiste interés directo en la decisión que se adopte en
este mecanismo de amparo.
Impugnación
26. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
afirmó que el fallo recurrido cometió un error de apreciación insalvable al calificar la
presente controversia como una simple «divergencia de interpretación carente de
verdadera relevancia constitucional», conclusión que pasó por alto que el núcleo del
debate no es una discusión sobre la exégesis de una norma legal, sino la
vulneración directa y flagrante de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y elegir y ser elegido. Añadió que la decisión cuestionada desconoció estos
derechos al aplicar de manera retroactiva un cambio interpretativo restrictivo que no
existía al momento de la elección, por lo que generó quebrantamiento constitucional
que trascendió cualquier visión meramente formal del caso.
27. Manifestó que el asunto no solo goza de importancia constitucional, sino
que demanda la intervención urgente del juez de tutela porque la medida adoptada
por la Sección Quinta, al anular la elección, es a todas luces desproporcionada,
pues se impuso la sanción más gravosa posible en el derecho electoral a un
ciudadano que actuó con la máxima diligencia y buena fe.
28. Precisó que se amparó en el tenor literal de una norma vigente (el parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022) y que proactivamente consultó al
Departamento Administrativo de la Función Pública, por lo que sacrificar de manera
absoluta sus derechos políticos, para hacer prevalecer una nueva interpretación
judicial de forma retroactiva, constituye una medida que carece de toda
proporcionalidad y razonabilidad.
29. Además, señaló que la arbitrariedad de la providencia se configuró al
apartarse de su propio precedente (Sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad.
54001-23-33-000-2020-00606-01) sin una carga argumentativa suficiente y
transparente, y, sobre todo, al aplicar de manera retroactiva un cambio de criterio
que restringe derechos.
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30. Indicó que el razonamiento efectuado frente al anterior pronunciamiento
refleja un formalismo excesivo que termina sacrificando la protección de los
derechos fundamentales en favor de una distinción meramente procesal, en abierta
contradicción con el artículo 228 de la Constitución, que ordena dar prevalencia al
derecho sustancial sobre las formas, pues si bien es cierto que ambos procesos
tienen finalidades y características distintas, también lo es que debe analizarse la
razón de la decisión, la cual no era proteger a los diputados en procesos de pérdida
de investidura, sino una regla mucho más amplia y de raigambre constitucional:
«proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima de los ciudadanos que
participan en contiendas electorales, ordenando que los cambios jurisprudenciales
que restrinjan derechos se apliquen de manera prospectiva (pro futuro)».
31. En esos términos, solicitó (i) admitir la impugnación formulada; (ii) revocar
en su integridad el fallo de primera instancia; en su lugar; (iii) amparar las garantías
fundamentales invocadas; y, como consecuencia de esa declaración, (iv) dejar sin
efectos la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
32. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el de relevancia constitucional, si
la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia del 22 de mayo
de 2025, incurrió en los defectos (i) sustantivo, al interpretar de forma inadecuada
el artículo 49 de la Ley 2200; y/o (ii) desconocimiento del precedente judicial, al
inobservar el pronunciamiento invocado por la parte accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
34. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, Mauricio Ruiz Ciceri es el titular
de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y la Sección
Quinta del Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (2) se encuentra acreditada la exigencia de
subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que
tenía para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela se presentó
el 22 de julio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
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la Sentencia del 22 de mayo de 20253; (4) no se cuestionó una irregularidad
procesal; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
35. (7) En relación con la relevancia constitucional, contrario a la tesis adoptada
por el juez de primer grado, logró advertirse que se satisfizo la exigencia de
procedencia mencionada, toda vez que (a) el debate gira en torno a la presunta
transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, debido y elegir y ser
elegido; (b) se argumentaron los reparos alegados, los cuales se encuadraron en la
causales de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, y (c) no
se trata de un asunto estrictamente económico o de mera legalidad.
36. Así las cosas, la Subsección concluye que la acción de tutela es procedente,
por lo que revocará la decisión de primera instancia y, en ese sentido, estudiará el
fondo de la controversia.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos
37. La Sala negará el amparo solicitado por la parte actora, con fundamento en
las razones que a continuación se exponen:
38. El accionante afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y elegir y ser elegido, al
expedir la Sentencia del 22 de mayo de 2025, comoquiera que incurrió en defecto
sustantivo, al inaplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, norma
que, a su juicio, le era favorable y se encontraba vigente para la época de la
elección, y realizar una interpretación extensiva y retroactiva de la inhabilidad por
parentesco respecto del ámbito territorial.
39. Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo, la Sala considera ineludible
analizar los argumentos expuestos por la Sección Quinta de esta corporación en la
providencia cuestionada. Así, se observa que la autoridad judicial accionada, en
primer lugar, aclaró que aunque la demanda de nulidad electoral mencionó como
norma vulnerada el artículo 33.5 de la Ley 617 de 2000, disposición derogada por
la Ley 2200 de 2022, el contenido material de ambas normas es idéntico, para lo
cual elaboró el siguiente cuadro comparativo:
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Notificada por mensaje de datos el 22 de mayo de 2025.
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40. En segundo lugar, la accionada constató que en la demanda de nulidad
electoral se describieron de forma precisa los hechos y argumentos que
estructuraban la causal de inhabilidad por parentesco de cuarto grado de
consanguinidad con funcionario que ejerció autoridad administrativa dentro de los
12 meses anteriores a la elección. Para tal efecto, explicó que Luis Antonio Ruiz
Ciceri es hermano del demandado, de acuerdo con los registros civiles de
nacimiento aportados con la demanda, emitidos por la Notaría Única del Círculo de
Belén de los Andaquíes, el 15 de noviembre de 2023, y que fungió como alcalde de
Florencia, en el periodo 2020-2023.
41. Por lo anterior, concluyó que no le era dable al tribunal, so pretexto de la
derogatoria del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, abstenerse de efectuar el estudio
de la inhabilidad atribuida al demandado, toda vez que, en aplicación del derecho
de acceso a la administración de justicia y del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, debía interpretar la demanda a partir de criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, y emprender el juicio de legalidad del acto de
elección acusado con base en la normativa vigente. Así, procedió a analizar los
elementos de la inhabilidad, con base en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022.
42. Sobre el factor territorial, señaló que el parágrafo del artículo 49 de la Ley
2200 de 2022 flexibiliza el régimen de inhabilidades de los diputados, respecto al de
los congresistas, en abierta contradicción con el artículo 299 de la Constitución
Política, según el cual el régimen de los diputados no puede ser menos riguroso que
el de los congresistas, previsto en el artículo 179 ibidem.
43. Lo anterior, porque configura el elemento territorial de las causales, en
particular, aquella por vínculo o parentesco con un funcionario que ejerce autoridad,
únicamente cuando el familiar ocupa un cargo en la administración departamental
o alguna de sus entidades adscritas o vinculadas, mientras que, para los
congresistas, específicamente los representantes a la Cámara, se estructura
también cuando el respectivo cargo pertenece a alguno de los municipios del
departamento. Además, trajo a colación las decisiones adoptadas por esa Sección
el 8 de julio de 2021 (Rad. 85001-23-33-000-2020-00007-02) y el 18 de julio de 2024
(Rad. 05001-23-33-000-2024-00039-01).
44. En ese sentido, explicó que Luis Antonio Ruiz Ciceri fue alcalde de
Florencia, municipio comprendido en el departamento del Caquetá, de manera que
la autoridad que se atribuye fue ejercida «en el respectivo departamento», como lo
exige el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
45. Ahora, en cuanto al elemento objetivo de la inhabilidad, afirmó, sin duda
alguna, que el cargo de alcalde implica el ejercicio de autoridad política y
administrativa, según los artículos 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, en tanto se
trata al empleo del máximo nivel decisorio del municipio (el jefe de la administración
en la respectiva entidad territorial), el cual fue ejercido por Luis Antonio Ruiz Ciceri,
hermano del demandado, durante el año anterior a la elección.
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46. Por todo lo anterior, concluyó que se configuraron todos los presupuestos
de la causal de inelegibilidad para ser diputado por parentesco con funcionario que
ejerció autoridad, consagrada en el artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022,
razón por la cual revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró la nulidad del
acto de elección demandado.
47. De lo expuesto en precedencia, la Sala considera que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada, no realizó una interpretación
arbitraria e irrazonable del régimen de inhabilidades, puesto que la decisión de no
aplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, se debió a que dicho
precepto reprodujo el contenido material del parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871
de 2017, declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-396
de 2021, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 243 de la Constitución
Política.
48. Adicionalmente, la autoridad accionada explicó que el parágrafo
mencionado flexibilizaba injustificadamente el régimen de inhabilidades de los
diputados frente al de los representantes a la Cámara, en contravía del artículo 299
superior, al restringir indebidamente el elemento territorial, pues para los diputados,
la expresión «departamento» se asimilaría únicamente a la organización
administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el régimen de
estos últimos.
49. Por tanto, estimó que se encontraba acreditado que el hermano del
accionante ejerció el cargo de alcalde del municipio de Florencia, autoridad
administrativa ejercida dentro del respectivo departamento del Caquetá, de manera
que la causal prevista en el numeral 6 del artículo 49 se encontraba plenamente
configurada.
50. Así las cosas, la inaplicación del parágrafo mencionado lejos de ser
arbitraria, inadecuada o caprichosa, se fundamentó en la aplicación directa de la
Constitución Política y en la observancia de la jurisprudencia constitucional que ya
había expulsado del ordenamiento una norma con idéntico contenido, por lo que,
contrario a lo manifestado por la parte accionante, no se le otorgó un alcance distinto
a la norma y, en ese entendido, no se estructuró el defecto sustantivo invocado.
51. Ahora, en cuanto a la causal de desconocimiento del precedente judicial
discutida por la parte actora, la Sala precisa que la Sentencia del 9 de septiembre
de 2021 emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso No.
54001-23-33-000-2020-00606-01, no guarda similitud fáctica y jurídica con el caso
que aquí se discute, pues fue dictada en el marco de un proceso de pérdida de
investidura, procedimiento que, sus finalidades, difiere sustancialmente de los
procesos de naturaleza electoral.
52. Sumado a esto, debe precisarse que los efectos a futuro frente a la
excepción de inconstitucionalidad se hicieron respecto del parágrafo del artículo 6
de la Ley 1871 de 2017, en el sentido de señalar que resultaría aplicable esa
excepción, en materia de pérdida de investidura, a partir del próximo proceso
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04529-01
Demandante: Mauricio Ruiz Ciceri
electoral, es decir, del periodo 2024-2027. En efecto, en el mencionado
pronunciamiento, textualmente se expuso:
«SEGUNDO: ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia respecto del alcance del parágrafo del artículo 6° de la
Ley 1871 de 2017, en virtud de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
que frente al mismo se hace, tendrá efectos a partir del próximo proceso electoral que
se surta para la elección de diputados».
53. Además, dicho aparte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-396 de 2021. Por tanto, no existe identidad normativa ni
fáctica entre los asuntos comparados, ni puede predicarse la existencia de una regla
jurisprudencial obligatoria desconocida por la Sección Quinta.
54. En suma, la Sala concluye que no se estructuraron los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que la autoridad accionada
adoptó su decisión con base en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso,
razón por la cual se negará el amparo solicitado por Mauricio Ruiz Ciceri.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por Mauricio Ruiz Ciceri,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
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