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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2023-00219-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2023-00219-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia 30 de octubre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión negó las pretensiones 47 Ley 62 de 1993 «Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República». 29 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Mary Sol Dávila Salcedo y otros Demandado: Luis Enrique Payares Martínez Radicación: 70001-23-33-000-2023-00219-01 (principal) de las demandas de nulidad electoral promovidas contra el señor Luis Enrique Payares Martínez; en su lugar: Declárese nula la elección del señor Luis Enrique Payares Martínez, como concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo 2024-2027, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2023-00219-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de junio de 2025

Demandantes: Mary Sol Dávila Salcedo y otros
Demandado: Luis Enrique Payares Martínez
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00219-01 (principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00219-01 (principal)
70001-23-33-000-2023-00191-00
70001-23-33-000-2023-00180-00
70001-23-33-000-2024-00001-00
70001-23-33-000-2024-00003-00
Demandantes: MARY SOL DÁVILA SALCEDO Y OTROS
Demandado: LUIS ENRIQUE PAYARES MARTÍNEZ – CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE BUENAVISTA, SUCRE – PARA EL PERIODO
2024 -
2027

Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la sala resolver los recursos de apelación presentados por los
demandantes Jhon Sebastián García Orellano y Humberto Emiliano Amell
Aguilera contra la sentencia del 30 de octubre de 2024, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, negó las pretensiones
de las demandas de nulidad electoral, promovidas contra el señor Luis Enrique
Payares Martínez, como concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el
periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

1. Los ciudadanos Mary Sol Dávila Salcedo1, Adolfo Daniel Cerro Arrieta2,
Humberto Emiliani Amell Aguilera3, Armando Lozano Rodríguez4 y Jhon Sebastián
García Orellano5, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, previsto en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, instauraron demandas con el fin de
obtener la nulidad del acto de elección del señor Luis Enrique Payares Martínez

1
Proceso 70001233300020230021900 (radicación: 19 de diciembre de 2023).
2
Proceso 70001233300020230019100 (radicación: 18 de diciembre de 2023)
3
Proceso 70001233300020230018000 (radicación: 11 de diciembre de 2023).
4
Proceso 70001233300020240000100 (radicación: 11 de enero de 2024).
5
Proceso 70001233300020240000300 (radicación: 11 de enero de 2024).

1
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Demandantes: Mary Sol Dávila Salcedo y otros
Demandado: Luis Enrique Payares Martínez
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00219-01 (principal)

como concejal del municipio de Buenavista (Sucre) para el periodo 2024-20276.

1.2. Hechos sobre la supuesta doble militancia

2. Los demandantes expusieron que el señor Luis Enrique Payares Martínez
resultó elegido como concejal del municipio de Buenavista (Sucre) en los comicios
llevados a cabo el 29 de octubre de 2023, con el aval del Partido Alianza Social
Indígena (ASI).

3. Sostuvieron que el demandado participó en actos de proselitismo electoral del
candidato a la alcaldía de Buenavista, José Nicolás Arrieta Guzmán, quien fue
inscrito por el Partido Conservador, sin que existiera un acuerdo de coalición o
alianza, como lo exige la Ley 1475 de 2011 en su artículo 29, entre dicha
colectividad y la que había avalado su aspiración.

4. Refirieron que el accionado actuó en varios actos públicos de apoyo,
denominados «tarimazos», convocados por José Nicolás Arrieta Guzmán, en los
cuales, se presentó a la lista del Partido ASI, incluyendo al señor Payares
Martínez, ante la multitud, como integrantes de un solo equipo de trabajo electoral
y realizaron eventos a diario, tanto en la zona rural como urbana, en busca de
votos tanto para su aspiración personal al concejo como para la del candidato a la
alcaldía. En estos eventos, se invitaba a la multitud a votar por ambos candidatos.

5. Para probar sus afirmaciones, aportaron videos y enlaces a publicaciones en la
red social Facebook de los siguientes eventos:

6. Encuentro en el barrio La Cruz (11 de septiembre de 2023), en el que
participaron aspirantes al cabildo municipal de varias organizaciones, incluyendo
ASI, junto con los del Partido Conservador y levantaron el afiche de José Nicolás
Arrieta Guzmán. Refirieron que Luis Payares Martínez hizo presencia desde el
minuto 0:08:04.

7. Reunión en el barrio La Esperanza (22 de septiembre de 2023), en el que los
aspirantes al concejo aparecen al frente de la tarima con el afiche del candidato
José Nicolás Arrieta Guzmán. El animador llamó a los aspirantes del partido ASI,
incluyendo a Luis Enrique Payares Martínez y los presentó en «mutuo respaldo
electoral» por parte de la campaña conservadora.

8. Evento en el barrio La Paz (16 de octubre de 2023). En este video, afirman los
actores, que el candidato a la alcaldía aparece rodeado por varios aspirantes al
concejo de otros partidos que integraban «sus tres listas sin coaval», pues no
tenía coalición con ellos, entre quienes se encontraba Payares Martínez. El
animador hizo énfasis en que era «el único candidato que tiene tres listas

6
Expedientes radicados con los números: 700012333000-2023-00191-00, 700012333000-2023-
00180-00, 700012333000-2024-00001-00 y 700012333000-2024-00003-00 y 70001-23-33-000-
2023-00219-01.

2
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ganadoras al concejo».

9. Cierre de campaña en el parque principal (22 de octubre de 2023), afirmaron
que se mencionó a los aspirantes del partido ASI, incluyendo al demandado,
como la «fórmula ganadora».

10. Evento en la casa de José Nicolás Arrieta Guzmán en el barrio San José.
En este encuentro, según los demandantes, el aspirante Luis Enrique Payares
Martínez saludó y solicitó, públicamente, votar «ASI número 2» y por el candidato
a la alcaldía.

11. Caminata de cierre de campaña del Partido Conservador, en la que los
integrantes del partido ASI aparecieron con pancarta del partido.

12. Refirieron que, en dichos eventos, el demandado realizó actos de
presencia, participación e invitación pública a votar por un candidato no avalado
por su partido ni en coalición.

1.3. Hechos sobre la alegada inhabilidad por parentesco

13. De otro lado, señalaron que, para la fecha de inscripción de candidatos a
las distintas corporaciones públicas, que tenía como fecha límite el 29 de julio de
2023 y el posterior día de elección el 29 de octubre de 2023, el accionado se
encontraba inmerso en el régimen de inhabilidades, ya que su hermano José
Payares Martínez ostentaba la calidad de Intendente jefe de la Policía Nacional en
el municipio de Buenavista y a su vez comandante de la estación del respectivo
municipio, hasta el día 14 de julio de 2023, día en que se notificó su retiro por
llamamiento a calificar servicios, a través de la Resolución 2276 de 14 de julio de
2023, expedida por la Policía Nacional.

1.4. Normas violadas y concepto de la violación

14. Los actores argumentaron que el respaldo entre el aspirante del Partido
ASI, Luis Enrique Payares Martínez, y el candidato a la alcaldía del Conservador,
José Nicolás Arrieta Guzmán, constituyó una acción de doble militancia en la
modalidad de apoyo, en beneficio propio y del otro candidato.

15. Afirmaron que, pese a tener conocimiento de la prohibición de efectuar
adhesión o apoyo programático con otros partidos o movimientos políticos, el
demandado participó en actos de respaldo al candidato a la alcaldía sin que
primara un acuerdo de coalición y/o alianza entre los partidos que avalaban ambas
aspiraciones (ASI y Conservador), como lo exige la Ley 1475 de 2011 en su
artículo 29.

16. Añadieron que el accionado estaba inmerso en el régimen de inhabilidades,
consagrado en el artículo 179 superior y el artículo 43 de la Ley 136 de 1994,

3
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modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, dado que su hermano José
Payares Martínez ostentaba la calidad de Intendente jefe de la Policía Nacional y a
su vez comandante de la estación del municipio de Buenavista, presumiblemente
hasta el día 14 de julio de 2023, por lo que ejercía autoridad civil en dicho
territorio.

1.4. Contestaciones de la demanda

1.4.2. Luis Enrique Payares Martínez

17. El demandado se pronunció sobre los hechos y el concepto de la violación
expuesto en las demandas y solicitó que se negaran las pretensiones.

18. Afirmó que el Partido Alianza Social Indígena (ASI) no inscribió candidato
propio a la alcaldía de Buenavista para las elecciones del 29 de octubre de 2023,
pero suscribió con los partidos Conservador Colombiano y Cambio Radical, un
acuerdo de adhesión programática el 29 de agosto de 2023.

19. Dijo que el propósito de ese acuerdo de adhesión era apoyar y respaldar como
candidato único a la alcaldía municipal de Buenavista al señor José Nicolás Arrieta
Guzmán, quien estaba inscrito por el Partido Conservador.

20. Refirió que ese mecanismo de adhesión es legal para que distintos partidos
apoyen conjuntamente a un candidato ya inscrito, conforme lo establece la
Constitución Política, la Ley 130 de 1994 y Ley 1475 de 2011.

21. Sostuvo que el pacto tenía carácter vinculante y obligaba a los partidos
adherentes y sus directivos/candidatos a no apoyar personas distintas a la
designada en la adhesión.

22. Señaló que actuó en estricto cumplimiento de las directrices de su partido
(ASI), plasmadas en el acuerdo de adhesión y no apoyó a un candidato distinto al
que su partido decidió respaldar legalmente mediante dicho acuerdo.

23. Relató que, por medio de la Resolución 13440 del 19 de octubre de 2023, el
Consejo Nacional Electoral (CNE), negó la solicitud de revocatoria de inscripción
de la lista del ASI por la misma causal de doble militancia, al encontrar que no
había prueba de apoyo a un candidato distinto al que su partido había decidido
apoyar, mediante el acuerdo de adhesión.

24. Frente a la inhabilidad atribuida, argumentó que los demandantes no
cumplieron con la carga argumentativa de explicar jurídicamente por qué el cargo
de intendente de la Policía Nacional constituye el ejercicio de autoridad civil.
Frente al de comandante de estación señaló que no hay pruebas que lo acrediten.

25. Indicó que no existían pruebas que demostraran el supuesto de hecho

4
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alegado, como el acto administrativo de nombramiento que demuestre el ejercicio
del cargo durante el periodo de inhabilidad (los 12 meses anteriores a la elección),
certificaciones de las actuaciones administrativas y el elemento territorial.

26. Además, señaló que la fotocopia de una supuesta bitácora de la Estación de
Policía de Buenavista es informal, no un documento público, que carece de
certificación de autenticidad y no puede acreditar el ejercicio de un cargo.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

27. Mediante autos del 17 y 22 de febrero8 y 99 y 15 de mayo10 de 2024, previo
traslado de las solicitudes cautelares, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió
las demandas y negó la suspensión provisional del acto de elección; ordenó
notificar al señor Luis Enrique Payares Martínez, al Consejo Nacional Electoral, a
la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la agente del Ministerio Público.
Decisiones contra las que no se interpusieron recursos.

28. Al contestar la demanda, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral formularon la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.

29. A través de auto del 9 de junio de 2024, se ordenó la acumulación de las
demandas radicadas con los números: 700012333000-2023-00191-00,
700012333000-2023-00180-00, 700012333000-2024-00001-00 y 700012333000-
2024-00003-00 y 70001-23-33-000-2023-00219-01.

30. Mediante decisión del 17 de julio de 2024, el despacho sustanciador declaró
no probadas la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo
Nacional Electoral. Además, decidió dar al proceso el trámite de sentencia
anticipada, por lo que fijó el litigio de la siguiente manera:

Determinar si procede la nulidad del acto de elección del señor Luis Enrique
Payares Martínez como concejal del municipio de Buenavista (Sucre) para el
periodo 2024-2027, por encontrarse presuntamente incurso en las causales
subjetivas de inhabilidad establecida en el numeral 5 el Art. 275 de la Ley 1437 de
2011, en consonancia con el Numeral 2º del Art. 43de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y doble militancia prevista en el
artículo 107 de la Constitución Política, artículo 275 Num. 8 de la Ley 1437 del 2011
y art. 2 de la Ley 1475 de 2011.11

31. En la misma providencia, se pronunció sobre las pruebas; ordenó incorporar

7
Expediente 70001-23-33-000-2023-00219-00.
8
70-001-23-33-000-2023-00191-00.
9
70001-23-33-000-2023-00180-00 y 70001-2333-000-2024-00001-01.
10
70001-23-33-000-2024-00003-00.
11
Se transcribe con posibles errores gramaticales.

5
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las aportadas con la demanda y algunas de las solicitadas12 y, corrió traslado a las
partes, para alegar de conclusión.

1.6. Concepto del Ministerio Público

32. No realizó pronunciamiento.

1.7. Sentencia de primera instancia

33. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones de las demandas de nulidad electoral, mediante fallo del 30 de
octubre de 2024.

34. Luego de revisar el material probatorio aportado al proceso, determinó que no
se demostró que quien desempeñó las funciones de comandante de la Estación
de Policia de Buenavista fuera la misma persona que figura como hermano del
concejal demandado, quien también se denomina José Payares Martínez; pues,
en el expediente, se desconoce su número de cédula de ciudadanía.

35. De esa manera concluyó que no está acreditado que el pariente del accionado
ostentó la calidad de funcionario público del 29 de octubre de 2022 al 29 de
octubre de 2023.

36. En consecuencia, señaló que no concurre el elemento modal de la inhabilidad
para ser concejal prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1996,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

37. Frente a la prohibición de doble militancia, en la que, según las demandas
incurrió el accionado, consideró que no se configura el elemento modal de la
conducta, dado que como el Partido Alianza Social Independiente no inscribió
candidato a las elecciones a la Alcaldía del municipio Buenavista y, al haber
suscrito con los partidos Conservador y Cambio Radical adhesión programática y
política para apoyar la candidatura del señor José Nicolás Arrieta Guzmán, era
claro que el demandado estaba llamado apoyar dicha aspiración.

38. Agregó que esta conclusión concordaba con lo dispuesto en la Resolución
13440 del 19 de octubre de 2023 del Consejo Nacional Electoral (CNE), que negó
la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista del ASI por la misma causal de
doble militancia, al encontrar que «no obra material probatorio en el plenario que
permita inferir que los integrantes de la lista al concejo de Buenavista- Sucre,

12
En la providencia se dispuso: «OFICIAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que
remita con destinó a este expediente copia de los registros civiles de nacimiento de los señores
José y Luis Enrique Payares Martínez, identificados con cédula de ciudadanía No. 9.022.666 y
18.761.349, respectivamente. - OFICIAR a la Registraduría Municipal de Buenavista, para que
remita con destinó a este expediente los Formularios E-6 CO y E-7 CO, que acreditan "la
inscripción de los candidatos al concejo de Buenavista por el partido cambio radical y en especial
la del LUIS ENRIQUE PAYARES MARTÍNEZ».

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inscrita por el PARTIDO POLÍTICO ALIANZA SOCIAL INDENPENDIENTE (ASI)
trasgredieran lo normativo y se vislumbre doble militancia en cuanto al posible
apoyo manifestado al señor JOSE NICOLÁS ARRIETA GUZMÁN, en su
candidatura a la Alcaldía del mencionado municipio, por tanto, no existe mérito
para activar a través de la figura de revocatoria la facultad de control otorgada al
Consejo Nacional Electoral en este caso, como suprema autoridad administrativa
de la Organización Electoral colombiana».

1.8. Recurso de apelación

39. Los demandantes Jhon Sebastián García Orellano y Humberto Emiliano Amell
Aguilera, en escritos diferentes, presentaron recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia.

40. El primero expuso que el señor José Payares Martínez, hermano probado del
señor Luis Enrique Payares Martínez, fue el comandante de la Estación de Policía
Buenavista.

41. Adujo que el tribunal tenía todas las facultades, mecanismos e instrumentos
para solicitar más claridad sobre el señor intendente jefe José Payares Martínez,
puesto que la Policía Nacional no podía entregar los números de cédula de
ciudadanía a cualquier ciudadano que lo solicite, al tratarse de datos sensibles y
que están revestidos de confidencialidad, razón por la cual en la respuesta dada
por el comandante de la Estación de Buenavista al señor Adolfo Cerro, solo le
entregó el nombre.

42. Agregó que estas dudas nunca fueron debatidas o controvertidas por la parte
demandada dentro del proceso.

43. Expuso que esta corporación, respecto al concepto de autoridad civil, sostuvo:

La autoridad civil confiada a un servidor público por razón de sus funciones consiste
en la potestad de mando, de imposición, de dirección que se ejerce sobre la
generalidad de las personas. Su expresión puede ser diversa y puede consistir en
competencias reglamentarias, o de designación y remoción de los empleados, o en
potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de sanciones distintas, o
de control que comporte poder de decisión sobre los actos o sobre las personas
controladas. Por ejemplo, el comandante de la Estación es el competente para
imponer y decidir sobre las ordenes de comparendo impuestas por los
comportamientos contrarios a la convivencia establecidos en la Ley 1801 de
2016 Código Nacional de Seguridad Ciudadana».(negrilla del texto original)13

44. Aseguró que el demandado incurrió en la causal de doble militancia al
brindarle abierto apoyo político al candidato del Partido Conservador Colombiano,
que aspiraba a la alcaldía para el período 2024 - 2027, pese a que era su deber

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero Ponente:
Ricardo Hoyos Duque, en sentencia de fecha: 1 de febrero de 2000, Radicado número: AC-7974,
Actor: Manuel Alberto Torres Ospina.

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apoyar únicamente a los candidatos integrantes de su partido político, Partido
Alianza Social Indígena, donde milita y del cual recibió el aval para participar en la
contienda electoral del pasado 29 de octubre del 2023 «puesto que la Ley sobre
la Doble Militancia en ninguno de sus apartes predica que siendo candidato
de un partido al concejo puedo apoyar candidatos a la alcaldía de otro
partido porque el mío no lleva candidato a la alcaldía, la norma solo manifiesta
que comete doble militancia quien apoya candidatos diferentes a los de su
partido». (negrilla fuera de texto original)

45. El señor Humberto Emiliano Amell Aguilera manifestó que debió ponerse en
duda la validez del acuerdo de adhesión suscrito por ASI y el Partido Conservador,
puesto que, esta última colectividad certificó que no hubo un pacto programático
para apoyar candidatos a la alcaldía de Buenavista.

46. Afirmó que no se aportaron oficios/o actas que dieran fe, con fecha y hora, que
los representantes de esos partidos se habían reunido para efectos de la firma de
dicho documento.

47. Sobre la causal de inhabilidad alegada expresó que, en la Resolución núm.
2276 del 14 de julio de 2023, consta que al «intendente jefe José Payares
Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 9.022.686 le figura un
tiempo de servicio de 20 años- 8 meses - 23 días» y en oficio No. GS-2023-
DISPO-ESTPO-29.25 del 24 de diciembre de 2023, se indicó que «el señor
intendente jefe JOSÉ PAYARES MARTÍNEZ (...) fungió como comandante de
estación de policía Buenavista desde el día 09/10/2022 hasta el día 26/07/2023»
(SIC).

1.9. Trámite en segunda instancia

48. Mediante auto del 28 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación y
se ordenó poner a disposición de la parte demandada el memorial del recurso y,
que posteriormente, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.10. Traslado del recurso de apelación

49. Durante el término de traslado, la parte accionada no realizó ninguna
manifestación.

1.11. Alegatos de conclusión

50. La parte accionante no presentó alegatos de conclusión.

51. La parte demandada presentó escrito en el que manifestó que la calidad de
funcionario, para efectos de la inhabilidad por parentesco que le fue atribuida, se
refiere a empleados públicos o trabajadores oficiales y que los demandantes no

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demostraron que un intendente jefe de la Policía, en su rol de Comandante de
Estación, ostente dicha calidad en los términos requeridos por la norma.

52. Adujo que la bitácora de la Estación de Policía de Buenavista con una
supuesta firma del intendente José Payares Martínez es informal y carece de
autenticidad y veracidad; además, que la prueba legalmente idónea para acreditar
la calidad de funcionario y el ejercicio del cargo son el acto de nombramiento, la
posesión y las certificaciones oficiales que gobiernan las actuaciones
administrativas.

53. Frente a la Resolución 2276 del 14 de julio de 2023, si bien demuestra el retiro
del referido intendente, no establece el lugar donde estaba asignado, lo que
implica que hace falta prueba del elemento territorial (ejercicio del cargo en el
municipio de Buenavista) y el elemento temporal (ejercicio durante el periodo
inhabilitante de 12 meses anteriores a la elección en ese municipio).

54. En lo que refiere a la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo,
argumentó que el apoyo brindado al candidato a la alcaldía José Nicolás Arrieta
Guzmán no constituye doble militancia, en consideración al Acuerdo de Adhesión
Programática y Política suscrito entre el Partido Conservador Colombiano, Cambio
Radical y el Partido Alianza Social Independiente (ASI), para respaldar a José
Nicolás Arrieta Guzmán como candidato único.

1.12. Concepto del Ministerio Público

55. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto en
el que solicitó que se revoque la sentencia apelada.

56. Señaló que la causal de anulación por doble militancia no tiene vocación de
prosperar, pues el partido del demandado, Alianza Social Independiente (ASI), se
adhirió a la candidatura de José Nicolás Arrieta Guzmán, avalado por el partido
Conservador para la Alcaldía de Buenavista-Sucre, por lo que, el apoyo brindado
por Luis Enrique Payares Martínez a esa candidatura, no le hace incurrir en la
misma, en tanto, cumple las directrices de su organización de origen.

57. Frente a la inhabilidad por parentesco del demandado con funcionario que
ejerció autoridad, prescrita en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
consideró que, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario sí se encuentra
acreditada, al configurarse la totalidad de los elementos requeridos para ello, esto
es, el vínculo o parentesco entre el demandado y el comandante de Estación de
Policía (hermano), y el ejercicio de autoridad en este caso civil, por parte de aquel,
dentro de los 12 meses anteriores a la elección (entre el 29 de octubre de 2022 al
27 de julio de 2023), en la circunscripción donde resultó electo el demandado
(municipio de Buenavista-Sucre).

II. CONSIDERACIONES

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Demandado: Luis Enrique Payares Martínez
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00219-01 (principal)

2.1. Competencia

La sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado contra la
sentencia con la cual el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de
la demanda de nulidad del acto de elección del señor Luis Enrique Payares
Martínez, como concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo
2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15014, 152 numeral 7,
literal a),15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el artículo 1316 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación17 modificado por el Acuerdo 434 del 2024.

2.2. El acto acusado

El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la
elección del señor del señor Luis Enrique Payares Martínez, como concejal del
municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo 2024-2027, contenida en el
Formulario E-26 CON.

2.3. Problema jurídico

58. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 30 de octubre de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo
de Sucre negó las pretensiones de la demanda.

14
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. (…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de
vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
15
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y
jueces de reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)
16
ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
Sección Quinta:
(…)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
17
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

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59. Para el efecto, se deberá determinar: i) si se encuentra acreditado el elemento
modal, para considerar que el señor Luis Enrique Payares Martínez incurrió en
doble militancia en la modalidad de apoyo por haber realizado actos de respaldo a
un candidato diferente al que inscribió su partido Alianza Social Independiente
(ASI), de conformidad con las pruebas allegadas al proceso por la parte
demandante y; ii) si el demandado incurre en la causal de inhabilidad consagrada
en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000 porque su hermano ejerció autoridad civil en el municipio
donde resultó elegido.

60. Para resolver los cuestionamientos planteados, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; (iii)
los elementos que configuran la prohibición de doble militancia y; (iv) el caso
concreto.

2.4. De la prohibición de doble militancia

61. La prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento jurídico
colombiano con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.

62. Sobre el particular, el artículo 107 de la Constitución Política dispone:

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que
rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio (…).

63. Así mismo, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 establece:

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o
movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la

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respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se
adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes
en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar
candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual
se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió
mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente
elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos como candidatos.

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción.

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de
sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con
personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (Se resalta)

64. Conforme con lo anterior, es claro que la doble militancia tiene varias
manifestaciones, algunas de ellas consagradas en la misma Carta Política, otras
introducidas por la Ley 1475 de 2011, las cuales han sido consolidadas por la
jurisprudencia de esta Sección en cinco modalidades, según sus destinatarios,
así18:

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo
2 de la Ley 1475 de 2011).

ii) Quienes participen en consultas: «Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro
en el mismo proceso electoral.» (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución
Política).

iii) Miembros de una corporación pública19: «Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido

18
Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
19
En desarrollo del artículo 107 constitucional, la Ley 1475 de 2011, estableció: Los candidatos
que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a

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distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día
de inscripciones». (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra
organización: «Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan
sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no
podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos,
siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si
deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político
distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer
día de inscripciones.» (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

v) Directivos de organizaciones políticas: «Los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de
ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar
al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o
ser inscritos como candidatos» (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).

65. De igual forma, resulta del caso reiterar que a partir de la entrada en vigor de
la Ley 1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de
nulidad electoral, consagrada expresamente en el numeral 8 del artículo 275 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los
siguientes términos:

Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:
(…)

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble
militancia política.20

2.4.1. De la doble militancia bajo la modalidad de apoyo

66. Frente a la configuración de la modalidad de apoyo en materia de doble
militancia, esta Sección ha sido clara al identificar los elementos para su
configuración, así:

a. Elemento subjetivo

la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
20
Al momento de su inscripción según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-
334 de 2014.

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67. El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia
en su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de
dirección, gobierno, administración o control en los partidos y movimientos
políticos, a los miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o
aspiran a serlo en cargos o corporaciones de elección popular.

68. Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia
exige que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.

b. Elemento objetivo

69. La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos,
grupo significativos y movimientos políticos que difieren de aquél al que pertenece
el accionado.

70. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta sala como la ayuda,
asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o medida a un
candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.

71. En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, se ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos
que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización.

72. Asimismo, la Sección Quinta ha hecho referencia a la frecuencia con la que
deben producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de
acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo,
sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de
la doble militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en
el contexto de la campaña política.

73. Finalmente, la sala ha expresado que la probanza del comportamiento
prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de
convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la
ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista
de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político
del que hace parte el accionado.

c. Elemento temporal

74. Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al período o plazo en el que deben
producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma
lleva a aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el
contexto de la campaña política, toda vez que «… solo durante ese lapso se
puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»; término que se
extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración
y va hasta la fecha de la elección.

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d. Elemento modal de la conducta

75. La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo
exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado
haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en este evento puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.

76. Recientemente, esta sala21reiteró que, para acreditar el presupuesto modal de
la prohibición, «es necesario que el partido o movimiento político que avaló la
postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede
exigírsele al demandado una lealtad hacia su colectividad» (Se resalta).

77. De manera que, se precisó el alcance del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011,
en el sentido de que «lo cierto es que la nulidad electoral solo procede, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, al brindar
apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al que se encuentran afiliados, y como en este caso el movimiento
AICO no tenía candidatos inscritos para la asamblea departamental, no puede
declararse la nulidad del acto de elección demandado por doble militancia» (Se
resalta).

78. De acuerdo con lo señalado, la prohibición de doble militancia se circunscribe
a los precisos eventos de la norma que la consagra, así:

La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble militancia,
que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los términos en
que han sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la conducta que se
estudia y, por tanto, no puede extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011 a situaciones ajenas a las allí reguladas.

Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la prohibición,
sino que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que consagra la norma.

En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble
militancia cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos
respaldados por la agrupación que avaló al demandado. (Se resalta)

e. Elemento territorial

79. De los precedentes de la Sección es posible advertir que el respaldo
recriminado por el legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de
una misma circunscripción electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un
candidato al concejo a la aspiración proselitista de un candidato a la a

21
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-
33-000-2023-00463-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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80. lcaldía de la misma municipalidad–, pero también en el escenario de
circunscripciones territoriales diversas.

81. De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la
coincidencia o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través
de actos positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado
por una organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso
a un cargo de elección popular.

2.5. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular

82. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo.

El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de
las personas a la función pública. Dentro de estas limitaciones encontramos el
régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar
que a los cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de
antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten
condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que
desequilibren la contienda electoral».

83. En esa misma línea argumentativa, la Sección Quinta de esta corporación22 ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta
forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los
personales del aspirante». Así mismo, en la realización del principio democrático
esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad «prevenir
afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los

22
Sentencia del 21 de enero de 2021, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra que
hace eco de las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en las providencias C-564
de 1997, con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, C-558 de 1994 con ponencia del
magistrado Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998 con ponencia del magistrado José Gregorio
Hernández Galindo.

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procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes»23.

84. La Corte Constitucional ha indicado24:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de
eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades,
facultades o cargos.

85. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras propenden por conservar el
equilibrio que debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el
ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes
de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.

2.5.1. De la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994

86. La Corte Constitucional25 ha considerado que el régimen de inhabilidades se
relaciona con una circunstancia fáctica, cuya verificación le impide al individuo
acceder a determinado cargo público y tienen como finalidad la de asegurar la
primacía del interés general sobre el del particular.

87. También esta sala26 ha indicado que con las inhabilidades se «persigue que
quienes aspiren a acceder a la función pública para realizar actividades vinculadas
a los intereses públicos o sociales de la comunidad posean ciertas calidades o
condiciones que aseguren la gestión de esos intereses con arreglo a criterios de
igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y
antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad».

88. En virtud de tal finalidad, la Ley 136 de 199427, modificada por la Ley 617 de
2000, dispuso para los concejales la siguiente causal:

23
Sentencia del 3 de diciembre de 2020, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
24
Sentencia C-564 del 6 de noviembre de 1997, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
25
Sentencia C-037 del 9 de mayo de 2018, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo
Schlesinger.
26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, rad. 2007-00966-02,
ponencia de la magistrada María Nohemí Hernández Pinzón.
27
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».

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ARTÍCULO 40.- De las inhabilidades de los concejales. El Artículo 43 de la Ley 136
de 1994 quedará así:

ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; (…).

89. Esta Sección al interpretar dicha causal de inhabilidad dispuso la concurrencia
de los siguientes elementos estructuradores28:

a) Elemento subjetivo: La existencia del vínculo por matrimonio, unión marital o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, entre el elegido y el funcionario.

b) Elemento temporal: Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12
meses anteriores a la elección.

c) Elemento objetivo: Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil,
política, administrativa o militar.

d) Elemento territorial: Que estos ocurran en el municipio donde resultó elegido el
concejal.

2.5.2. Del ejercicio de autoridad civil

90. El artículo 188 de la Ley 136 de 1994, establece textualmente:

ARTÍCULO 188. Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en
esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de
desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la
fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

91. De acuerdo con la norma transcrita, la autoridad civil se manifiesta en el poder
público de mando, es decir, que se puede imponer a los ciudadanos su
cumplimiento, gracias a atribuciones coercitivas y al apoyo de la fuerza pública,
con el que cuenta para hacer respetar sus mandatos, sin que se determinara,
específicamente, qué cargos públicos la ostentan.

28
Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio,
sentencia de 24 de enero de 2021, radicado 76001-23-33-000-2020-00013-01; concepto reiterado
en las sentencias de esta Sección, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, del 18
de julio de 2024, radicado 05001-23-33-000-2024-00039-01 y 8 de agosto de 2024, radicado 5001-
23- 33-000-2023-00125-01.

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92. Además, conforme con la disposición en estudio, se observa autoridad civil
cuando su titular tiene potestad de mando, sancionatoria y facultad de nominación
de servidores públicos, incluso por delegación.

93. En línea con los parámetros legales, de antaño, esta Sección ha definido la
autoridad civil como «el poder que uno tiene para gobernar y poner en ejecución
las leyes», que ostenta, por ejemplo, «quien reconoce y declara los derechos
civiles de las personas».29

94. Es el típico caso de los personeros30, inspectores de policía31, comisarios de
familia32, alcaldes encargados33, alcaldes locales34, directores de institutos
descentralizados35, rectores de establecimientos educativos36, integrantes de los
órganos de regulación del gobierno37, entre otros.

95. En providencias más recientes, la Sala ha definido la autoridad civil como «la
potestad de dirección o mando que tiene determinado servidor público sobre los
civiles o particulares, la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la
coacción, esto es, incluso contra la voluntad de estos».38

96. A su turno, la Sala Plena del Consejo de Estado39, se refirió al contenido de
esta, en los siguientes términos: «… en sentido positivo, considera la Sala que la
remisión que se ha hecho al artículo 188 de la ley 136 de 1994, para construir en parte el
concepto de autoridad civil –donde se incluye la potestad de nombrar y remover
funcionarios, así como la de sancionarlos, e igualmente la potestad de mando e
imposición sobre los particulares-, ha significado un recurso interpretativo válido, pues
existiendo en la ley esta noción, que por cierto no contraviene la Constitución, resulta

29
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 18 de febrero de 1965, Rad. 483-CE SP-1965-02-
MP. Guillermo González Charry.
30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1990, Rad. 0434, magistrado
ponente Amado Gutiérrez Velásquez.
31
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de abril de 1991, Rad. 0516, magistrado
Jorge Penen Deltieure.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de febrero de 2005, Rad. 23001-23-31-
000-2004-00217-01, magistrado ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 1993, Rad. CE-SEC5-EXP1993-
N0968, magistrado ponente Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de
2001, Rad. AC-12300, magistrada ponente Ana Margarita Olaya Forero.
35
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1994, Rad. CE-SEC5-
EXP1994-N1108, magistrado ponente. Amado Gutiérrez Velásquez. Ver, además, sentencia de 5
de junio de 2003, Rad. 73001-23-31-000-2000-0365302, magistrado ponente Darío Quiñones
Pinilla.
36
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de agosto de 2004, Rad. 50001-23-31-
000-2004-00008-01, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
37
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1º de febrero de 2000, Rad. AC-7974, magistrado
ponente Ricardo Hoyos Duque.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 52001-23-33-000-
2019-00638-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, reiterada en la sentencia del 8 de agosto de 2024,
con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, Rad. 54001-23-33-000-2024-00024-
01.
39
Consejo de Estado, Sentencia Sala Plena del 11 de febrero de 2008, MP Enrique Gil Botero,
Rad. 11001-03-15-000-2007-00287-00. Reiterado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
en Sentencia del 15 de febrero de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)-, MP Enrique
Gil Botero.

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adecuado servirse de ella para entender que por lo menos en eso consiste la autoridad
civil…».

97. En conclusión, la autoridad civil «…es una especie de la autoridad pública –como
lo es la jurisdiccional, la política, la militar, la administrativa, entre otras, y consiste en el
ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante típicos actos de
autoridad, así como a través de la definición de la orientación de una organización
pública, y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que
cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad
en general -expresión exógena de la autoridad civil- como al interior de la organización
estatal -expresión endógena de la autoridad civil».40

98. En otras palabras, implica la posibilidad de tomar decisiones en materia de
policía administrativa, materializarlas en actos administrativos y hacerlas cumplir
incluso en contra de la voluntad de los destinatarios.41

2.6. Caso concreto

99. Como se señaló en el acápite de antecedentes, los demandantes pretenden la
nulidad del acto de elección del señor Luis Enrique Payares Martínez, como
concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo 2024-2027.

100. Las demandas acumuladas fundan sus pretensiones en dos cargos: i) que
el demandado estaba inhabilitado porque su hermano, José Payares Martínez,
Intendente jefe de la Policía Nacional y comandante de la Estación de Policía de
Buenavista, ejerció autoridad en el mismo municipio dentro de los 12 meses
anteriores a la elección hasta que fue retirado el 14 de julio de 2023; ii) que el
accionado, en calidad de candidato a concejal por el partido ASI actuó en público
apoyo al candidato a la alcaldía por el Partido Conservador, sin que existiera un
acuerdo de coalición entre ambas agrupaciones que le permitiera brindar tal
respaldo.

101. El Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que no se encontraba acreditado que el pariente del concejal electo
sea un empleado público por no estar probado «que quien desempeñó las
funciones de Comandante de la Estación de Policia de Buenavista sea la misma
persona que figura como hermano del concejal demandado, quien también se
denomina José Payares Martínez; pues, en el expediente se desconoce su
número de cédula de ciudadanía».

102. Además, sostuvo, que no se configuró el elemento modal de la prohibición
de doble militancia en la modalidad de apoyo, dado que el partido Alianza Social
Independiente no inscribió candidato a las elecciones a la alcaldía de dicho
municipio.

40
Ídem.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016. Expediente: 54001-23-
33-000-2016-00008-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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103. Frente a la doble militancia, los demandantes justificaron su inconformidad
con la aludida decisión en dos aspectos: i) afirmaron que era deber del accionado
apoyar a los aspirantes integrantes de su partido político, así no hubiera inscrito
candidato a determinado cargo; ii) pusieron en duda la validez del acuerdo de
adhesión suscrito entre los partidos ASI y Conservador para apoyar al señor José
Nicolás Arrieta Guzmán.

104. En lo que tiene que ver con la presunta inhabilidad por parentesco
sustentaron sus reparos en torno a que: i) en la Resolución No. 2276 del 14 de
julio de 2023 y el oficio núm. GS-2023-DISPO-ESTPO-29.25 del 24 de diciembre
de 2023 está identificado el señor José Payares Martínez; iii) frente al número de
cédula no se suscitaron dudas en el proceso, las cuales, de haber existido,
podrían haberse aclarado con el decreto de pruebas; iii) la información brindada al
demandante en el oficio en mención no contiene el número de cédula porque se
trata de información sensible que no podría entregarse a cualquier peticionario.

105. Expuesto el marco decisivo de esta providencia, demarcado por los
argumentos elevados por los accionantes contra la decisión recurrida, se resolverá
cada uno, en primer lugar, se abordará el estudio de la prohibición de doble
militancia y, en caso de que aquellos no prosperen, los relativos a la inhabilidad
por parentesco atribuida al demandado.

106. Refirieron los actores, que el accionado incurrió en la referida prohibición
prevista en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, según la cual,
quien aspire a ser elegido en un cargo o corporación de elección popular no puede
brindar su respaldo a candidatos distintos a los de su colectividad política, incluso
si aquella no inscribió postulantes a otros cargos.

107. Como se expuso en el acápite anterior, la doble militancia en la modalidad de
apoyo requiere de la concurrencia de cinco elementos: subjetivo, objetivo,
temporal, modal y territorial.

108. Teniendo como marco de decisión el recurso de alzada, la sala se ceñirá a
las inconformidades planteadas por los recurrentes, que, en este caso, recaen
todos en la forma como se estudió la configuración del elemento modal de la
conducta reprochada.

109. Para la parte actora, este presupuesto está dado por el solo hecho de que el
partido que avaló al demandado fuera distinto al que pertenece el aspirante a la
alcaldía del mismo municipio, a quien el primero le brindó apoyo.

110. El demandante aportó con su escrito de demanda, entre otros documentos: i)
la copia del acta general de escrutinio formulario E-26CON, a través del cual se
declaró la elección del demandado, como concejal del municipio de Buenavista y,
ii) el acuerdo de adhesión celebrado entre el Partido ASI y el Conservador.

21
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111. En primer lugar, pese a que sobre este aspecto no se plantearon dudas en el
recurso de apelación, para facilitar el estudio del caso, se recuerda que el señor
Luis Enrique Payares Martínez fue elegido concejal del municipio de Buenavista
con el aval de Alianza Social Independiente.

112. Ahora bien, entre las pruebas allegadas al plenario no se encuentra el
formulario de inscripción de listas y constancia de aceptación de candidatos E6,
mediante el cual, el partido ASI inscribió candidato propio a la alcaldía municipal,
hecho que, además, se tuvo por acreditado en la sentencia de primera instancia y
no fue objeto de controversia en el recurso de apelación.

113. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, los
candidatos que aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección
popular no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados.

114. Esta sección señaló, en pronunciamiento reciente, que «la nulidad electoral
solo procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, al brindar apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al que se encuentran afiliados»42.

115. En esa ocasión, también precisó que «(…) el objetivo constitucional de la
prohibición de doble militancia, que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se
puede asegurar en los términos en que han sido previstas en la ley las diferentes
modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto, no puede extenderse el
alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a las allí
reguladas. Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor
a la prohibición, sino que su interpretación debe ser restringida a los supuestos
que consagra la norma» (negrilla fuera del texto original).

116. De acuerdo con lo expuesto, contrario a lo manifestado por el accionado, el
aspecto modal de la prohibición exige que se acredite que el partido que avaló al
candidato de quien se predica la conducta, tuviese otro aspirante inscrito para el
cargo; presupuesto que no se cumple en el caso objeto de estudio, puesto que no
existen pruebas de la inscripción de postulantes para la Alcaldía municipal de
Buenavista por el Partido ASI.

117. De otra parte, fue aportado al proceso el acuerdo de adhesión suscrito por
los Partidos: Alianza Social Independiente, Cambio Radical y Conservador; para
respaldar la candidatura del señor José Nicolás Arrieta Guzmán a la Alcaldía
municipal de Buenavista.

118. Este documento, según el actor, contradice lo señalado por el Partido

42
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-
33-000-2023-00463-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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Conservador, pues dicha colectividad, en respuesta a una petición elevada por el
accionante, indicó que el referido candidato fue inscrito, únicamente, por esa
colectividad sin que mediara coaval.

119. En este punto, se debe precisar que no le asiste razón al accionante puesto
que, el hecho de que el candidato a la alcaldía fuera avalado únicamente por el
partido Conservador y no en coalición con otras colectividades, como lo indicó
dicha agrupación, no impedía que, con posterioridad, se adhirieran a esa
candidatura los otros partidos como, en efecto, lo hizo la Alianza Social
Independiente.

120. En todo caso, al realizar actos de acompañamiento y apoyo al referido
candidato, el señor Luis Enrique Payares Martínez no incurrió en una conducta
prohibida, puesto que, el partido que lo avaló no había inscrito candidato propio a
la alcaldía, de manera autónoma ni en coalición.

121. Por consiguiente, no se estudiarán los demás elementos de la conducta
atribuida, que apuntan a determinar el cumplimiento de dicho deber, cuando este
existe, lo que no ocurre en este caso, dado que no fueron objeto de apelación.

122. En conclusión, no se encuentra acreditado el elemento modal de la doble
militancia, motivo por el cual, se confirmará la sentencia de primera instancia, en lo
que respecta a este cargo

123. Descartado el primer cargo de violación, la sala se ocupará del atinente a la
inhabilidad que se atribuye al demandado porque su hermano ejerció autoridad
civil en el mismo municipio donde resultó elegido.

124. De lo señalado precedentemente se sigue que, el juez de primera instancia
solo encontró demostrado el elemento subjetivo que configura la inhabilidad
consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; puesto que,
aunque determinó que los señores José Payares Martínez43 y Luis Enrique
Payares Martínez son hermanos, conforme a los registros civiles de nacimiento
allegados al proceso, concluyó que no era posible establecer si la persona a que
se hace alusión en los demás documentos corresponde al hermano del accionado.

125. Los documentos valorados por la corporación para llegar a esa conclusión y
frente a los cuales la parte actora plantea sus inconformidades son los siguientes:

i) Oficio No. GS-2023-DISPO-ESTPO-29.25 del 24 de diciembre de 2023,
librado por el Departamento de Policía de Sucre – Estación de Policía
Buenavista, dirigido a Adolfo Cerro Arrieta, suscrito por el comandante de la
Estación de Policía de Buenavista, Mario Alfonso Hernández Huertas:

43
Identificado con cédula de ciudadanía 9.022.666.

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ii) Resolución 2276 del 14 de julio de 2023, proferida por la Dirección
General de la Policía Nacional, mediante la cual, se retira del servicio activo
por llamamiento a calificar servicios a un personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, entre quienes se encuentra el señor José Payares
Martínez; en el aparte pertinente dicho acto señala:

126. Adicionalmente, obra en el plenario un documento manuscrito que
corresponde a la página de apertura del libro de minuta del servicio de la estación
de policía del municipio de Buena Vista, manuscrita el 7 de julio de 2023, firmada
por el comandante de la estación, José Payares Martínez.

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127. Sobre estos documentos conviene aclarar que fueron aportados en copia
con una de las demandas acumuladas e incorporados al proceso en primera
instancia y, contra ellos, no se interpuso tacha ni desconocimiento, ni se solicitó el
cotejo de su contenido o firma, además, la decisión de decretarlos no fue objeto de
recurso por parte del accionado, por lo que se presumen auténticos y fiel copia del
original, en consecuencia, tienen pleno valor probatorio, conforme al artículo 244
del CGP.

128. Revisados los referidos elementos de convicción, se advierte que no le
asistió razón al tribunal cuando señaló que no quedó demostrado que el hermano
del accionado tuvo la calidad de servidor público.

129. En primer lugar, la Resolución No. 2276 del 14 de julio de 2023 identificó
José Payares Martínez con la cédula de ciudadanía 9.022.666, mismo número
del NUIP que figura en el registro civil de nacimiento con el que se demuestra su

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parentesco con el concejal, supuesto que conduce a determinar que el hermano
del accionado laboró al servicio de la Policía Nacional durante más de 20 años y
se retiró al momento de expedición de dicho administrativo.

130. Sumado a este hecho se encuentra que, en el oficio expedido por la
estación de policía de Buenavista se indica que el señor José Payares Martínez,
se desempeñó como comandante de esa estación, desde el el 9 de octubre de
2022 hasta el 26 de julio de 2023; y, el solo hecho de que no se indicara el número
de cédula de ciudadanía no es suficiente para concluir que no se trata del
hermano del demandado, puesto que, en este documento y en la mencionada
resolución coinciden dos datos primordiales: el nombre y el nivel que ocupaba en
la institución.

131. Finalmente, se puede observar que la copia hoja del libro de la estación de
policía aportada al plenario fue suscrita por el señor José Payares Martínez en
calidad de comandante de la estación de policía de Buenavista el día 7 de julio de
2023, documento que se presume idéntico al original, conforme al artículo 244 del
CGP.

132. Establecido lo anterior, se estudiarán los demás elementos de la inhabilidad
alegada. De esta manera, se tiene que la elección cuestionada tuvo lugar el 29 de
octubre de 2023, por lo que el período inhabilitante se configuró dentro de los 12
meses anteriores a esa fecha, es decir, desde el 29 de octubre de 2022.

133. En resumen, la valoración conjunta de los documentos aportados al
plenario permite concluir que el señor José Payares Martínez, hermano del
demandado, ejerció funciones de comandante de policía en el municipio de
Buenavista desde el 9 de octubre de 2022 hasta el 26 de julio de 2023, es decir
que, dentro del año anterior a los comicios, el pariente del accionado se
encontraba en pleno ejercicio del referido cargo; por lo tanto, se cumplen los
elementos subjetivo, temporal y territorial de la inhabilidad.

134. En relación con la determinación del elemento objetivo, esto es, si las
funciones que ejercía el pariente del demandado comportaban el ejercicio de
autoridad civil, es necesario acudir a otros pronunciamientos que han indicado los
presupuestos conceptuales de esa figura consistentes en: la posibilidad de tomar
decisiones en materia de policía administrativa, materializarlas en actos
administrativos y hacerlas cumplir incluso en contra de la voluntad de los
destinatarios.44

135. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana consagra:

ARTÍCULO 11. Poder de Policía. El poder de Policía es la facultad de expedir las
normas en materia de Policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto,
ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los

44
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016. Expediente: 54001-23-
33-000-2016-00008-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios
y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento.
ARTÍCULO 16. Función de Policía. Consiste en la facultad de hacer cumplir las
disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de
reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia.
Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía.
ARTÍCULO 20. Actividad de Policía. Es el ejercicio de materialización de los
medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales,
legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para
concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función
de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor
estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.

136. A diferencia de la actividad de policía, la función de policía es función
administrativa y se ejerce a través de órdenes de policía y medidas correctivas:

La función de policía corresponde ya no al dictado de las normas generales de
policía, sino a la gestión administrativa concreta del poder de policía, ejercida por las
autoridades administrativas a través de los medios de policía autorizados por el
legislador y dentro del marco fijado por éste (…) En esa medida, las autoridades
administrativas tendrán los medios de policía autorizados por el legislador, tales
como órdenes, prohibiciones, medidas correctivas, permisos y reglamentos de
policía, entre otros, en cualquier caso dentro de los límites fijados por la misma ley
para su utilización. (…). (subrayado fuera del texto) 45.

137. Para lo que interesa al caso objeto de análisis, la diferencia entre la función
de policía y la actividad de policía, radica en que la primera implica una facultad de
decisión mientras que la segunda solamente encierra el cumplimiento de ordenes
o decisiones proferidas en ejercicio de la función y el poder de policía.

138. Recientemente, la Sala de Consulta y Servicio Civil explicó que, en materia
de policía, cuando las autoridades toman decisiones a través de actos jurídicos, de
acuerdo con la jurisprudencia, cumplen función de policía y por tanto una función
administrativa. Por el contrario, cuando realizan actuaciones materiales, ya no
adelantan una función administrativa, sino una actividad meramente
administrativa46.

139. De esta manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que, aunque el
comandante de estación no ejerce función de policía, sino actividad de policía, al
limitarse su actuación a actos materiales y no jurídicos, excepcionalmente podría
presentarse el caso en el que cumpla funciones de policía, es decir, una función
administrativa; en palabras de la sala:

Bajo los criterios señalados por la doctrina es dable concluir que los comandantes
de policía ejercen una función administrativa al determinar una medida correctiva.

45
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 13 de
febrero de 2017. Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00232-00(C).
46
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente: Oscar Darío Amaya
Navas, providencia del veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), radicación número:
11001-03-06-000-2017-00140-00(C).

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Así: i) bajo el criterio orgánico o subjetivo la decisión la adopta un ente del ejecutivo,
ii) a la luz del criterio residual o negativo, la imposición de la medida restrictiva no
corresponde a una actuación ni judicial ni legislativa, y iii) finalmente, desde el punto
de vista material, a través de la medida se aplica la ley y se conserva el orden
público.

140. En estea línea se advierte que, la Ley 1801 de 2016 (Código de Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana) dispone:

ARTÍCULO 209. Atribuciones de los comandantes de estación, subestación,
centros de atención inmediata de la Policía Nacional. Compete a los
comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la
Policía Nacional o sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas.
a) Amonestación.
b) Remoción de bienes.
c) Inutilización de bienes.
d) Destrucción de bien.
e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no
complejas.
f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
3. Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal
de la actividad.

141. Vale la pena señalar que estas funciones se distinguen de las atribuidas al
resto del personal uniformado, porque contemplan las de «disolución de reunión o
actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas» y «conocer en
primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la
actividad».

142. De otra parte, el parágrafo 2 del artículo 86 ibidem faculta a los
comandantes de policía para «ingresar a los establecimientos mencionados en el
presente artículo con el fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por
los alcaldes distritales o municipales y para imponer las medidas correctivas que
correspondan».

143. Revisadas las funciones asignadas al comandante de estación de policía
se advierte que algunas de estas comportan el ejercicio de autoridad civil, pues en
ciertas circunstancias, de manera excepcional, como lo ha precisado la Sala de
Consulta y Servicio Civil, tienen la potestad de desplegar actos de autoridad o
mando hacia los particulares.

144. Este es el caso de la función de disolución de actividades, con la cual
puede imponer medidas correctivas a los establecimientos que incumplan
horarios o conocer de la medida de suspensión temporal de actividad; en estos
eventos, no se limita a ejecutar la voluntad emanada de actos u órdenes
expedidas en ejercicio de la función de policía, sino que tienen un margen
decisorio.

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Demandantes: Mary Sol Dávila Salcedo y otros
Demandado: Luis Enrique Payares Martínez
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00219-01 (principal)

145. De manera que, aunque el comandante de estación está subordinado a sus
superiores y tiene el deber de cumplir las órdenes que provienen del alcalde,
como primera autoridad del municipio47, también cuenta con un margen de
autonomía que le permite, de forma excepcional, adoptar medidas correctivas y
hacerlas cumplir.

146. Es decir, el comandante de la estación de policía del municipio de
Buenavista podía, en casos puntuales, impartir órdenes, dictar instrucciones o
adoptar medidas coercitivas de obligatorio acatamiento para los habitantes de ese
territorio.

147. En efecto, algunos de sus actos podían ser de decisión y mando y su
acatamiento podría imponerse por la fuerza, por tanto, cumple los presupuestos
de la autoridad civil al denotar mando sobre la ciudadanía o los bienes del Estado,
porque en determinados casos podía impartir órdenes y hacerlas cumplir
mediante la coacción sobre particulares.

148. En conclusión, las funciones descritas atribuidas al comandante de policía
de estación, ejercido por el señor José Payares Martínez comportaban poder de
mando y de imposición sobre los habitantes del municipio de Buenavista, lo que
configura el elemento objetivo y el territorial de la inhabilidad.

149. Así las cosas, las pruebas aportadas por la parte actora acreditan que el
hermano del señor Luis Enrique Payares Martínez ejerció autoridad civil en el
municipio de Buenavista, durante los 12 meses anteriores a su elección como
concejal y, por tal motivo, están demostrados los supuestos fácticos necesarios
para que se configure la inhabilidad para ser elegido concejal, que consagra el
numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000.

150. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar la nulidad de la elección del señor Luis Enrique Payares Martínez,
como concejal del municipio de Buenavista periodo 2024-02027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia 30 de octubre de 2024, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión negó las pretensiones

47
Ley 62 de 1993 «Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al
Presidente de la República».

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de las demandas de nulidad electoral promovidas contra el señor Luis Enrique
Payares Martínez; en su lugar:

Declárese nula la elección del señor Luis Enrique Payares Martínez, como
concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo 2024-2027, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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