Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06038-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06038-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06038-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06038-00
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Inhabilidad
por parentesco / Defecto fáctico
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud formulada por Luis Enrique Payares Martínez en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Luis Enrique Payares Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, y el principio de confianza
legítima, con ocasión de la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, en el expediente de nulidad electoral identificado con el
radicado 70001233300020230021901 (acumulado).
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Mary Sol Dávila Salcedo y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral, con el fin de obtener la nulidad de su acto de elección
como concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo 2024-2027, por
incurrir en doble militancia al realizar actos de proselitismo con un candidato de otro
partido político e inhabilidad por parentesco, en razón a que el comandante de la
Estación de Policía de Buenavista era su hermano.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-00
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
2.2. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 30 de octubre de 2024
negó las pretensiones de la demanda, en la medida en que no se demostró que
quien desempeñó las funciones de comandante de la Estación de Policía de
Buenavista fuera la misma persona que figuraba como hermano del concejal
demandado. Además, tampoco se incurrió en la prohibición de doble militancia, en
tanto el Partido Alianza Social Independiente (al cual pertenece) no inscribió
candidato a las elecciones a la Alcaldía del municipio Buenavista y, al suscribir con
los partidos Conservador y Cambio Radical adhesión programática y política para
apoyar la candidatura de José Nicolás Arrieta Guzmán, era claro que el demandado
estaba llamado apoyar dicha aspiración. La parte demandante interpuso recurso de
apelación contra esta decisión.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 5 de junio de 2025
revocó lo resuelto por el a quo para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda, con el argumento de que, si bien no se configuró el elemento modal de
la doble militancia, no se podía omitir que si se configuró la inhabilidad por
parentesco, en la medida en que se comprobó que José Payares Martínez era
hermano del demandado y ejerció como autoridad civil en el municipio de
Buenavista durante los 12 meses anteriores a su elección como concejal.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, en lo que respecta a la
acreditación de su parentesco por consanguinidad respecto de José Payares
Martínez, frente al cual no se acreditó el vínculo ante la ausencia de reconocimiento
como hijos de sus presuntos padres en el respectivo registro civil de nacimiento.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA: Se declare que la Sentencia de junio 5 de 2025; dictada en segunda
instancia, por la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado, Magistrado Ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez, dentro del Radicado Nº 70001-23-33-000-2023-00219-
01 (Principal), que declaró nula mi como Concejal del municipio de Buenavista (Sucre),
periodo 2024-2027, es violatoria de sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO;
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA; DERECHO A SER ELEGIDO CONFORME AL
MANDATO DEL ART. 316 DE NUESTRA CARTA POLÍTICA; TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA; DERECHO A LA IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA; por indebida valoración probatoria, al dar por probado, parentesco por
consanguinidad de hermanos, con el señor José Payares Martínez, sin reconocimiento
legal de los padres; ni sentencia judicial que así lo declarara.
SEGUNDA: Se declarará así mismo, que la sentencia de junio 5 de 2025, me conculcó
mi derecho fundamental al debido proceso y derecho a la igualdad, al sorprenderme el
fallo, con la citación de normas supuestamente infringidas, que el demandante no invocó
en la demanda. Quebrantándose, el principio de justicia rogada que opera en este tipo
de acción.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-00
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordenará a la
accionada, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado,
que dicte sentencia de reemplazo, declarando no estar acreditado legalmente el
parentesco inhabilitante que se me enrostró como causal de nulidad; y que en
consecuencia no se acceda a las súplicas de la demanda de nulidad de mi elección como
concejal del municipio de Buenavista (Sucre), periodo 2024-2027.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se comunicará a la
presidencia del Concejo Municipal de Buenavista, que quedó sin efecto la sentencia de
junio 5 de 2025, que anuló mi elección, y que en consecuencia reasuma mi condición de
concejal de esa corporación para el resto del periodo legal que vence el 31 de diciembre
de 2027. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo Nacional Electoral2 y la Registraduría Nacional del Estado Civil3
solicitaron su desvinculación del trámite de tutela al no tener injerencia alguna
respecto de las pretensiones expuestas, en la medida en que no se evidenció su
participación, responsabilidad ni relación directa respecto del proceso contencioso
cuestionado.
5. Adolfo Daniel Cerro Arrieta4 se opuso a las pretensiones de la demanda, por
cuanto la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos que se le atribuyeron.
Además, solicitó declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la
demanda o, en subsidio, vincular a la concejal Rosa Dávila Navarro y al Concejo
Municipal de Buenavista.
6. El Consejo de Estado, Sección Quinta5 pidió declarar la improcedencia o, en su
defecto, negar el amparo, pues no se observaron motivos que permitieran concluir
que el asunto reviste de relevancia constitucional, en tanto el demandante se limitó
a exponer su desacuerdo con las consideraciones de la sentencia cuestionada, sin
que materialmente refiriera una verdadera situación que conllevara la transgresión
de sus garantías superiores.
6.1. Así, el trámite de la nulidad electoral se adelantó en sus respectivas formas y
con el respeto de las garantías procesales, pues, cuya decisión se adoptó conforme
al análisis de las pruebas aportadas en la oportunidad legal y la normativa aplicable,
en concordancia con las manifestaciones de los sujetos procesales, todo con lo cual
se desvirtuó la violación del debido proceso endilgada.
7. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio 6.
2 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
3 Ver índice 13 de Samai.
4 Ver índice 14 de Samai.
5 Ver índice 8 de Samai.
6 Mediante auto del 1.° de octubre de 2025, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular
al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión; y a Mary Sol Dávila Salcedo,
Humberto Emiliani Amell Aguilera, Armando Lozano Rodríguez y Jhon Sebastián García Orellano.
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La vinculación de terceros
10. Al presente asunto fue vinculado Adolfo Daniel Cerro Arrieta, en calidad de
demandante en uno de los procesos electorales que fue acumulado a la causa
2023-00219-01, de tal manera, solicitó declarar la nulidad de lo actuado desde el
auto admisorio de la demanda o, en subsidio, vincular a la concejal Rosa Dávila
Navarro y al Concejo Municipal de Buenavista.
11. No obstante, esta Sala de decisión no considera procedente la referida solicitud,
en la medida en que al trámite del presente asunto fueron vinculados quienes
hicieron parte del proceso de nulidad electoral cuyo pronunciamiento de fondo se
cuestiona en esta oportunidad. En concordancia con ello, dicha solicitud no fue
efectuada al interior de la referida causa contencioso-administrativa, de tal manera,
mal puede alegarse irregularidad procesal alguna en tal sentido que afecte el debido
proceso, en razón a la debida conformación del contradictorio en esta oportunidad.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
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De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]». (sic)
14. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron su desvinculación del trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho
fundamental alguno del demandante y tampoco hay una relación directa entre lo
pretendido y las acciones que puedan desplegar para su cumplimiento.
15. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, al figurar como demandados en el proceso contencioso en
cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón
por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:
7 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
18. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
19. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
22. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los
derechos fundamentales de Luis Enrique Payares Martínez con ocasión de la
sentencia del 5 de junio de 2025, en la que se declaró la nulidad de su acto de
elección como concejal de Buenavista al incurrir en la causal de inhabilidad
relacionada con el parentesco, con la que incurrió, presuntamente, en defecto
fáctico?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
23. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto fáctico
24. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.
25. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
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26. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.3. Sobre el caso concreto
27. Luis Enrique Payares Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta que, en segunda instancia, declaró la nulidad de su acto de elección como
concejal de Buenavista (Sucre) al encontrado incurso en la causal de inhabilidad de
parentesco, por cuanto su hermano ejerció como autoridad civil al fungir como
comandante de la Estación de Policía del mismo ente territorial.
28. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, pues, se dio por acreditado el supuesto
parentesco por consanguinidad entre él y José Payares Martínez, pese a que los
registros civiles de nacimiento evidenciaban la ausencia de reconocimiento como
hijos de sus presuntos padres.
29. Al descender al caso en concreto, de la revisión del expediente contentivo del
radicado 70001233300020230021901 y la decisión acusada, se observa una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, en la que se desarrollaron
cada uno de los argumentos de impugnación que dio origen a la controversia
planteada. En la que, respecto de los certificados de nacimiento y otros elementos
probatorios aportados, se consideró:
«[…] 124. De lo señalado precedentemente se sigue que, el juez de primera instancia
solo encontró demostrado el elemento subjetivo que configura la inhabilidad consagrada
en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; puesto que, aunque determinó
que los señores José Payares Martínez43 y Luis Enrique Payares Martínez son
hermanos, conforme a los registros civiles de nacimiento allegados al proceso, concluyó
que no era posible establecer si la persona a que se hace alusión en los demás
documentos corresponde al hermano del accionado.
[…]
127. Sobre estos documentos conviene aclarar que fueron aportados en copia con una
de las demandas acumuladas e incorporados al proceso en primera instancia y, contra
ellos, no se interpuso tacha ni desconocimiento, ni se solicitó el cotejo de su contenido
o firma, además, la decisión de decretarlos no fue objeto de recurso por parte del
accionado, por lo que se presumen auténticos y fiel copia del original, en consecuencia,
tienen pleno valor probatorio, conforme al artículo 244 del CGP.
128. Revisados los referidos elementos de convicción, se advierte que no le asistió razón
al tribunal cuando señaló que no quedó demostrado que el hermano del accionado tuvo
la calidad de servidor público.
[…]
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
133. En resumen, la valoración conjunta de los documentos aportados al plenario
permite concluir que el señor José Payares Martínez, hermano del demandado, ejerció
funciones de comandante de policía en el municipio de Buenavista desde el 9 de octubre
de 2022 hasta el 26 de julio de 2023, es decir que, dentro del año anterior a los comicios,
el pariente del accionado se encontraba en pleno ejercicio del referido cargo; por lo tanto,
se cumplen los elementos subjetivo, temporal y territorial de la inhabilidad.
[…]
149. Así las cosas, las pruebas aportadas por la parte actora acreditan que el hermano
del señor Luis Enrique Payares Martínez ejerció autoridad civil en el municipio de
Buenavista, durante los 12 meses anteriores a su elección como concejal y, por tal
motivo, están demostrados los supuestos fácticos necesarios para que se configure la
inhabilidad para ser elegido concejal, que consagra el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. […]» [sic].
30. Así pues, de la lectura del expediente se observa que la discusión planteada en
sede de tutela se centra únicamente en el elemento parental como inhabilitante para
aspirar al cargo de concejal, en la medida en que en la segunda instancia se
confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda por el cargo de doble
militancia.
31. De tal manera, se evidencia que la inconformidad del demandante gira en torno
a la acreditación de su parentesco por consanguinidad respecto de José Payares
Martínez, frente al cual considera que no se probó el vínculo ante la ausencia de
reconocimiento como hijos de sus presuntos padres en el respectivo registro civil de
nacimiento.
32. Contrario a lo afirmado por el demandante, se evidencia que el Consejo de
Estado, Sección Quinta valoró de manera acertada la prueba documental
pertinente, es decir, los registros civiles de nacimiento, en la medida en que con
sustento en aquellos encontró probada la identidad de sus padres y, en
consecuencia, el parentesco de hermanos por consanguinidad con José Payares
Martínez, de manera que los argumentos del demandante constituyen una simple
discrepancia en la valoración probatoria y no un defecto fáctico.
33. Así pues, en relación con el vínculo consanguíneo, se observa que en la
sentencia cuestionada se arribó a la conclusión de que este sí existía, tal y como lo
tuvo por acreditado el tribunal de primera instancia conforme a los registros civiles
de nacimiento aportados al expediente, así, la corporación judicial demandada se
ocupó de analizar los demás elementos de la inhabilidad, en específico el
relacionado con que el hermano del tutelante ejerció como autoridad civil, durante
los 12 meses anteriores a su elección.
34. Por ello, debe precisarse que, más allá de concretarse las razones por las cuales
se configuraba el supuesto defecto fáctico o alguna interpretación irrazonable de los
elementos probatorios obrantes en el proceso contencioso-administrativo, lo que se
evidencia en esta oportunidad es el desacuerdo del demandante con las
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretendió que se
realizara un nuevo estudio de legalidad y probatorio que no procede en sede de
tutela.
35. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
36. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
fáctico, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la
materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario,
el cual permitió concluir que se acreditó la causal de inhabilidad alegada.
37. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
38. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Luis Enrique Payares Martínez, en la solicitud de
tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Enrique
Payares Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-00
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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