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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06038-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06038-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada del 5 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-01 Demandante: Luis Enrique Payares Martínez 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06038-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

7 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-01
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06038-01
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral. Defectos
fáctico y sustantivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 5 de noviembre de 2025, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, que resolvió:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Enrique Payares
Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de septiembre de 2025, el señor Luis Enrique Payares Martínez interpuso acción
de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a ser elegido, a la igualdad, de acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva y el principio de confianza
legítima. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare que la Sentencia de junio 5 de 2025; dictada en segunda
instancia, por la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado, Magistrado Ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez, dentro del Radicado Nº 70001-23-33-000-2023-00219-01
(Principal), que declaró nula mi (sic) como Concejal del municipio de Buenavista (Sucre),
periodo 2024-2027, es violatoria de sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO;
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA; DERECHO A SER ELEGIDO CONFORME AL
MANDATO DEL ART. 316 DE NUESTRA CARTA POLÍTICA; TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA; DERECHO A LA IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA; por indebida valoración probatoria, al dar por probado, parentesco por
consanguinidad de hermanos, con el señor José Payares Martínez, sin reconocimiento
legal de los padres; ni sentencia judicial que así lo declarara.

SEGUNDA: Se declarará así mismo, que la sentencia de junio 5 de 2025, me conculcó
mi derecho fundamental al debido proceso y derecho a la igualdad, al sorprenderme el
fallo, con la citación de normas supuestamente infringidas, que el demandante no invocó
en la demanda. Quebrantándose, el principio de justicia rogada que opera en este tipo
de acción.

TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordenará a la
accionada, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado,
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

que dicte sentencia de reemplazo, declarando no estar acreditado legalmente el
parentesco inhabilitante que se me enrostró como causal de nulidad; y que en
consecuencia no se acceda a las súplicas de la demanda de nulidad de mi elección como
concejal del municipio de Buenavista (Sucre), periodo 2024-2027.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se comunicará a la
presidencia del Concejo Municipal de Buenavista, que quedó sin efecto la sentencia de
junio 5 de 2025, que anuló mi elección, y que en consecuencia reasuma mi condición de
concejal de esa corporación para el resto del periodo legal que vence el 31 de diciembre
de 2027.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

El 29 de octubre de 2023, el señor Luis Enrique Payares Martínez fue elegido concejal
de Buenavista (Sucre), para el periodo 2024-2027, con el aval del partido Alianza
Social Independiente (ASI).

Los señores Mary Sol Dávila Salcedo1, Adolfo Daniel Cerro Arrieta2, Humberto
Emiliani Amell Aguilera3, Armando Lozano Rodríguez4 y Jhon Sebastián García
Orellano5, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandaron la
nulidad del acto de elección del señor Payares Martínez. Como causales alegaron: (i)
la doble militancia porque, siendo candidato, apoyó públicamente al aspirante a la
alcaldía por el Partido Conservador, sin que existiera un acuerdo de coalición entre
ambas agrupaciones; e (ii) inhabilidad por parentesco, al ser hermano del intendente
jefe de la Policía Nacional y comandante de la Estación de Policía de Buenavista,
quien ejerció autoridad en el mismo municipio dentro de los 12 meses anteriores a la
elección hasta que fue retirado el 14 de julio de 2023.

En primera instancia, mediante sentencia de 30 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Sucre negó las pretensiones de las demandas porque: (i) no existió
doble militancia dado que el Partido Alianza Social Independiente (ASI) no inscribió
candidato a las elecciones a la alcaldía del municipio de Buenavista, por lo que el
demandado podía apoyar la candidatura del señor José Nicolás Arrieta Guzmán,
como consecuencia de la adhesión programática suscrita por ASI con los partidos
Conservador y Cambio Radical; y (ii) aunque se acreditó el parentesco del señor José
Payares Martínez con el demandado, no se demostró que quien desempeñó las
funciones de comandante de la Estación de Policía de Buenavista fuera la misma
persona al desconocerse su número de cédula de ciudadanía en el expediente, por lo
que no se probó que el pariente ostentara la calidad de funcionario público del 29 de
octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023.

El demandante Jhon Sebastián García Orellano apeló la anterior decisión para insistir
en que estaba probado que el señor José Payares Martínez (hermano del señor Luis
Enrique Payares Martínez) fue el comandante de la Estación de Policía de Buenavista.
Además, reiteró que el demandado incurrió en la causal de doble militancia al brindar
abierto apoyo político al candidato del Partido Conservador Colombiano, que aspiraba
a la alcaldía para el período 2024 – 2027.

1
Exp. 70001233300020230021900 (demanda radicada: 19 de diciembre de 2023). A este proceso se acumularon los otros
cuatro, promovidos contra el mismo acto de elección (auto de 9 de junio de 2024).
2
Exp. 70001233300020230019100 (demanda radicada: 18 de diciembre de 2023)
3
Exp. 70001233300020230018000 (demanda radicada: 11 de diciembre de 2023)
4
Exp. 70001233300020240000100 (demanda radicada: 11 de enero de 2024)
5
Exp. 70001233300020240000300 (demanda radicada: 11 de enero de 2024).
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El señor Humberto Emiliano Amell Aguilera también apeló para advertir que debió
ponerse en duda la validez del acuerdo de adhesión suscrito por ASI y el Partido
Conservador, porque esa última colectividad certificó que no hubo un pacto
programático para apoyar candidatos a la alcaldía de Buenavista. Agregó que no se
aportaron oficios o actas que dieran fe, con fecha y hora, que los representantes de
esos partidos se habían reunido para efectos de la firma de ese documento.

En relación con la causal de inhabilidad, indicó que en la Resolución 2276 del 14 de
julio de 2023, consta que al «intendente jefe José Payares Martínez, identificado con
la cédula de ciudadanía […] le figura un tiempo de servicio de 20 años- 8 meses - 23
días» y en oficio GS-2023-DISPO-ESTPO-29.25 del 24 de diciembre de 2023, se
indicó que «el señor intendente jefe JOSÉ PAYARES MARTÍNEZ [...] fungió como
comandante de estación de policía Buenavista desde el día 09/10/2022 hasta el día
26/07/2023»

En sentencia de 5 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó
la decisión apelada y, en su lugar, declaró nula la elección del señor Payares Martínez.

Frente a la doble militancia, concluyó que el realizar actos de acompañamiento y
apoyo al candidato a la alcaldía, el demandado no incurrió en una conducta prohibida,
puesto que el partido que lo avaló no había inscrito candidato propio a la alcaldía, de
manera autónoma ni en coalición.

Respecto al segundo cargo, aclaró que no existía duda sobre la identidad del pariente,
pues la cédula de ciudadanía registrada en la Resolución 2276 de 2023 es la misma
que figura en el respectivo registro civil de nacimiento. Así, de la valoración conjunta
de los documentos aportados al expediente, concluyó que el señor José Payares
Martínez, hermano del demandado, ejerció autoridad civil (al tener poder de mando,
decisión e imposición sobre los habitantes) en su calidad de comandante de policía
de Buenavista desde el 9 de octubre de 2022 hasta el 26 de julio de 2023, es decir,
dentro del año anterior a los comicios. Por lo que se cumplían los elementos subjetivo,
objetivo, temporal y territorial de la inhabilidad, consagrada en el artículo 43, numeral
4º, de la Ley 136 de 1994.

El señor Payares Martínez solicitó aclaración de la anterior sentencia. Sin embargo,
en auto de 3 de julio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó esa
solicitud al advertir que no había lugar a hacer aclaraciones, precisar conceptos o
frases contenidas en la providencia.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Aseguró que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela. Frente a los requisitos específicos alegó que la sentencia de segunda instancia
incurrió en defecto fáctico, pues realizó una indebida valoración probatoria, lo que violó
los principios de imparcialidad e igualdad, de justicia rogada y el debido proceso.

Advirtió que el registro civil del señor José Payares Martínez no demostró el
parentesco en segundo grado de consanguinidad, porque no concurrieron en
diligencia de reconocimiento ninguno de los supuestos padres ni se acreditó
matrimonio entre estos, fue un tercero (el señor Juan Carlos Sequeda Dominguez),
quien realizó el registro.

3
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Indicó que los registros que figuraron en el expediente no se aportaron con el escrito
de demanda, por lo que, al contestarla, precisamente se opuso a las pretensiones con
el argumento de ausencia de prueba legal que acreditara el supuesto parentesco.
Explicó que esos registros los allegó la Registraduría del Estado Civil de Buenavista,
como consecuencia del requerimiento realizado por el juez de primera instancia, por
esa razón no pudo formular tacha de falsedad ni desconocimiento a esta prueba
documental.

Alegó que la conclusión a la que llegó el fallador implica un cambio jurisprudencial en
la justicia civil, de cómo opera la acreditación del parentesco entre padres e hijos que
no han concurrido a su reconocimiento al momento de hacer la inscripción en el
registro civil, y en que no se sentó partida de matrimonio, de la que se infiriera haber
sido concebido dentro del vínculo matrimonial. Tal actitud desconoce los artículos 5,
57, 58 y 60 del Decreto 1260 de 1970. Citó la sentencia T-1229 de 2001 de la Corte
Constitucional referida a la inoponibilidad del registro civil para demostrar parentesco.

Advirtió que en la demanda no se explicó el concepto de violación, concretamente que
no explicó que el cargo del presunto pariente era de ejercicio de autoridad civil ni
cuáles funciones administrativas cumplía. Por ejemplo, que estaba autorizado para
celebrar contratos o convenios; ordenación del gasto con cargo a fondos municipales;
conferir comisiones; licencias; decretar vacaciones; suspenderlas; trasladar horizontal
o verticalmente funcionarios; reconocer horas extras; vincular personal
supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que
hagan parte de las unidades de control interno, que es la forma como se ejerce el
concepto de autoridad. Sostuvo que ninguna de las anteriores facultades, le figuró y
se comprobó al cargo de quien se dice ser su pariente.

En este punto, advirtió que la sentencia de manera oficiosa incluyó nuevos cargos de
normas infringidas (numerales 134 a 143) al referirse a las normas del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sobre el poder de policía, función de
policía, actividad de policía y atribuciones de los comandantes de estación,
subestación, centros de atención inmediata (arts. 11, 16, 20 y 209).

Además, alegó que la sentencia atacada tuvo en cuenta pruebas que había excluido
en el proceso por ser extemporáneas. En concreto, señaló, que, en el auto de 28 de
febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de la
incorporación del Oficio GS-2025-DISPO-ESTPO-20.1 del 26 de febrero de 2025
como prueba en el proceso, formulada por la señora Mary Sol Dávila Salcedo. A pesar
de tal exclusión, observó que esa prueba y otras fueron valoradas y resultaron
determinantes para declarar la nulidad de la elección.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 1° de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y accionada, y al
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión; al Consejo Nacional
Electoral; a la Registraduría Nacional del Estado Civil; y a Mary Sol Dávila Salcedo,
Adolfo Daniel Cerro Arrieta, Humberto Emiliani Amell Aguilera, Armando Lozano
Rodríguez y Jhon Sebastián García Orellano, en calidad de terceros con interés.

5. Oposición

La Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que la presente acción de tutela
no supera el requisito de relevancia constitucional, por lo que debe declararse
improcedente.
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Sostuvo que el fallo cuestionado se sustentó en las pruebas legalmente aportadas al
expediente, en especial las que acreditaron el parentesco entre el actor y el funcionario
que ejerció autoridad civil en el periodo inhabilitante.

Observó que el actor lo que realmente pretende es reabrir el debate probatorio de
instancia, con el objetivo de obtener una valoración de los medios de convicción
distinta a la realizada por los jueces naturales, para efectos de adoptar una decisión
que sea favorable a sus intereses.

Informó que el señor Luis Enrique Payares Martínez fue requerido en auto de 25 de
julio de 2025 «[…] con el fin de que se abstengan (sic) de presentar peticiones impertinentes,
interponer recursos improcedentes y adelantar maniobras dilatorias dentro del presente
asunto, so pena de las consecuencias consagradas en el artículo 295 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]», con lo que se
demuestra que solo pretende hacer uso de todos los mecanismos judiciales a su
alcance para reabrir un debate que ya fue concluido mediante sentencia ejecutoriada.

6. Terceros con interés

El Consejo Nacional Electoral señaló que no tiene legitimación en la causa por
pasiva en la presente acción de tutela porque no ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor ni es el competente para satisfacer las pretensiones de la
solicitud de amparo. En consecuencia, pidió la desvinculación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil expresó que no tiene injerencia alguna,
porque los hechos y pretensiones se dirigen contra decisiones judiciales, dictadas en
el marco de la autonomía e independencia judicial. En ese orden, no es la responsable
por la presunta amenaza o violación de los derechos fundamentales del actor, por lo
que debe desvincularse del presente trámite de tutela.

El señor Adolfo Daniel Cerro Arrieta se opuso a las pretensiones de la demanda.
Advirtió que en el registro civil de nacimiento del señor José Payares Martínez no hay
información relevante de la madre (n.° de identificación, profesión), solo sus nombres
y apellidos que son los mismos que los de la madre del señor Luis Enrique Payares
Martínez, por lo que no se trata de una homonimia. En cuanto al nombre del padre,
Ramiro Payares Mercado, resaltó que es el mismo en ambos registros; sin embargo,
hay una disparidad en el n.° de documento del padre, ya que en el registro civil del
actor el que aparece es 810.078, mientras que en el registro civil del señor Jose
Payares Martínez es 6.810.078, lo que consideró un error de transcripción en este
último, dado que hay 6 dígitos que se repiten en el mismo orden.

Sostuvo que la solicitud de amparo es improcedente, porque lo que se busca es que
el juez de tutela revalore las pruebas y la interpretación legal que realizó la Sección
Quinta del Consejo de Estado, lo cual desborda su objeto y vulnera la autonomía e
independencia judicial.

En lo referente al defecto fáctico, aseguró que la sentencia de nulidad electoral se
sustentó en un análisis riguroso de las pruebas documentales, como los registros
civiles de nacimiento que demostraron la filiación y el parentesco. El argumento del
actor es una discrepancia de valoración probatoria pero no un defecto fáctico
insuperable.

Sobre la inclusión de cargos que no fueron expuestos en la demanda, alegó que es
argumento falaz, dado que la autoridad judicial accionada se limitó a interpretar
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jurídicamente y subsumir el concepto de autoridad civil (el elemento objetivo de la
inhabilidad) dentro del marco legal ya invocado por los demandantes (art. 43, Ley 136
de 1994, modificado por Art. 40 Ley 617 de 2000). Así que, consideró que era deber
del juez de lo contencioso administrativo analizar el cargo de inhabilidad, para lo cual
debía determinar si el Intendente Jefe de la Policía en Buenavista (Sucre) ejercía o no
autoridad civil, política, administrativa o militar, para lo cual debía acudir a toda la
legislación aplicable (incluido el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Ley 1801 de 2016), como lo hizo en la sentencia, para diferenciar la
función de policía de la actividad de policía y concluir si existía autoridad civil. Esta es
una potestad de interpretación legal inherente al juez y no constituye una violación de
la justicia rogada.

En consecuencia, dijo que la sentencia atacada no incurrió en los defectos alegados.
Adicionalmente, pidió declarar la nulidad de todo lo actuado, al advertir que no se
vinculó a la presente acción de tutela a la señora Rosa Dávila Navarro, quien
actualmente ejerce el cargo de concejal del municipio de Buenavista (Sucre), en
reemplazo del actor. También consideró que debió vincularse a los integrantes del
Concejo Municipal de ese municipio.

7. Sentencia de primera instancia

El 5 de noviembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia, en la cual negó la solicitud de tutela.

En primer lugar, negó las solicitudes de vinculación y desvinculación del trámite de
tutela. Sostuvo que no existía irregularidad procesal alguna y que no era procedente
vincular a la concejal Rosa Dávila Navarro y al Concejo Municipal de Buenavista
porque esa solicitud no se formuló en el juicio contencioso-administrativo y al trámite
de tutela se vincularon quienes fueron parte del proceso de nulidad electoral.

Frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, advirtió que la vinculación al
presente asunto del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del
Estado Civil obedeció a la calidad de demandados en el proceso ordinario.

En segundo lugar, encontró superados los requisitos generales de procedibilidad de
la solicitud de amparo, por lo que procedió con el estudio del defecto fáctico planteado.

De la revisión del expediente con radicado 70001-23-33-000-2023-00219-01 y la
decisión acusada, estimó que se hizo una motivación suficiente y coherente que
justifica su sentido, en la que se resolvieron los argumentos de apelación que dio
origen a la controversia planteada.

Evidenció que la Sección Quinta del Consejo de Estado valoró acertadamente la
prueba documental pertinente; de manera que, con fundamento en los registros civiles
de nacimiento, se probó la identidad de los padres y, en consecuencia, el parentesco
de hermanos por consanguinidad del actor con José Payares Martínez, tal como lo
concluyó la sentencia de primera instancia. Por esa razón, observó que la corporación
judicial demandada analizó los demás elementos de la inhabilidad, en específico el
relacionado con que el hermano del tutelante ejerció como autoridad civil, durante los
12 meses anteriores a su elección.

Concluyó que la inconformidad del actor gira en torno a la acreditación de su
parentesco por consanguinidad respecto de José Payares Martínez, frente al cual
considera que no se probó el vínculo ante la ausencia de reconocimiento como hijos
de sus presuntos padres en el respectivo registro civil de nacimiento.
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En consecuencia, advirtió que la inconformidad con el resultado de la valoración
efectuada por el juez natural no es cuestionable vía tutela, en la medida en que aquella
visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con
soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, este mecanismo no
puede convertirse en una tercera instancia.

8. Impugnación

El actor impugnó la decisión de primera instancia para insistir en la procedencia de la
acción de tutela contra la sentencia de 5 de junio de 2025 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, para lo que transcribió en extenso el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que negó la
solicitud de tutela promovida por el señor Luis Enrique Payares Martínez contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir la sentencia de 5 de junio de 2025,
por la cual anuló el acto de elección del ahora actor, como concejal municipal de
Buenavista (Sucre) (rad. 70001-23-33-000-2023-00219-01-principal6).

Para realizar un estudio de fondo, respecto de la configuración de los defectos
específicos fáctico y sustantivo, de manera previa la Sala deberá analizar si la
presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela en el presente caso y (iii) los defectos fáctico y
sustantivo en el caso concreto.

6
Al que se acumularon los expedientes 70001-23-33-000-2023-00191-00, 70001-23-33-000-2023-00180-00, 70001-23-33-000-
2024-00001-00 y 70001-23-33-000-2023-00180-00, 70001-23-33-000-2024-00001-00 y 70001-23-33-000-2024-00003-00.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-01
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

Al respecto, es del caso precisar que, dada la íntima relación fáctica y argumentativa
que existe entre los reproches formulados por la parte actora, los defectos fáctico y
sustantivo serán abordados y resueltos de manera conjunta.

(i) Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 7, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales8 y específicas9 de procedencia de la
acción de tutela.

(ii) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de derechos fundamentales como el debido proceso,
igualdad y de acceso a la administración de justicia, sustenta con suficiencia las
razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta esos derechos, no se trata
de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver
con la ratio decidendi.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que la decisión de primera instancia del proceso ordinario negó las
pretensiones de la demanda, y fue con ocasión de la providencia de segunda
instancia, acá cuestionada, que se revocó la decisión inicial y, en su lugar, se accedió
a las pretensiones de la demanda.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra la providencia judicial cuestionada, impactaría directamente los derechos
invocados, en la medida en que quedaría sin efecto la sentencia que anuló la elección
como concejal de Buenavista (Sucre).

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
7
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
8
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
9
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06038-01
Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
porque el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia se profirió el 5 de junio de 202510 y el ejercicio de la
acción de tutela se dio el 26 de septiembre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados; (v)
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se
cuestionan sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

(ii) Los defectos fáctico11 y sustantivo12 en el caso concreto

El señor Luis Enrique Payares Martínez dirige la acción de tutela contra la sentencia
de 5 de junio de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual
revocó la decisión de 30 de octubre de 2024 del Tribunal Administrativo de Sucre que
negó las pretensiones de nulidad electoral y, en su lugar, declaró la nulidad de la
elección del actor como concejal del municipio de Buenavista (Sucre), para el periodo
2024-2027 (rad. 70001-23-33-000-2023-00219-00/01).

En la referida sentencia se estudiaron dos cargos de nulidad: (i) incurrir en doble
militancia y (ii) estar incurso en la causal de inhabilidad por tener parentesco con una
persona que ejercía autoridad civil en el mismo municipio en el que quedó elegido
como concejal. El primer cargo quedó desvirtuado. Diferente suerte corrió el segundo
cargo, que si se tuvo como acreditado y es respecto de este que se dirigen los
argumentos de la solicitud de tutela.

El actor sostiene que la sentencia atacada incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria del registro civil de nacimiento del señor José Payares Martínez,
y en defecto sustantivo por fundamentar su decisión en normas no invocadas en la
demanda, específicamente las del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Para estudiar la presunta infracción, esta Sala acude a las consideraciones expuestas
en la sentencia de 5 de junio de 2025, en relación con el cargo de inhabilidad
consagrada en el artículo 43, numeral 4 de la Ley 136 de 1994:

10
Una vez resuelta la solicitud de aclaración, por auto de 3 de julio de 2025.
11
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre
cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora
u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
12
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

La Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que el a quo tuvo por probado el
parentesco de los señores José y Luis Enrique Payares Martínez (hermanos)
conforme a los registros civiles de nacimiento. Sin embargo, el tribunal erró al concluir
que no era posible establecer si la persona que figuraba como comandante de la
Estación de Policía correspondía realmente al hermano del demandado, debido a que
no constaba su número de cédula en el expediente.

Para resolver este punto y desvirtuar dicha conclusión, la autoridad judicial accionada
procedió a valorar en conjunto los siguientes documentos:

i) Oficio No. GS-2023-DISPO-ESTPO-29.25 del 24 de diciembre de 2023 del
Departamento de Policía de Sucre – Estación de Policía Buenavista, firmado por el
comandante de la Estación de Policía de Buenavista, Mario Alfonso Hernández Huertas,
en el que informó que el «señor intendente jefe JOSE PAYARES MARTINEZ, una vez
realizada la verificación ante los archivos de esta unidad policial, demuestra que el antes
mencionado fungió como comandante de estación de policía Buenavista desde el día
09/10/2022 hasta el día 26/07/2023.
ii) Resolución 2276 del 14 de julio de 2023 de la Dirección General de la Policía Nacional,
mediante la cual, se retira del servicio activo por llamamiento a calificar servicios a un
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, entre quienes se encuentra el señor
José Payares Martínez.
iii) Página de apertura del libro de minuta del servicio de la estación de policía del municipio
de Buenavista, manuscrito el 7 de julio de 2023 y firmado por el comandante de la
estación José Payares Martínez.

En relación con los anteriores documentos, de los que insertó pantallazo, la Sección
Quinta del Consejo de Estado advirtió que se aportaron en copia con una de las
demandas acumuladas y que estos no se tacharon ni se desconocieron ni se solicitó
el cotejo de su contenido o firma. Y que la decisión de tenerlos como prueba no se
recurrió, por lo que los presumió auténticos y fiel copia del original, en consecuencia,
les dio pleno valor probatorio, conforme al artículo 244 del CGP. Y sostuvo lo siguiente:

128. Revisados los referidos elementos de convicción, se advierte que no le asistió razón
al tribunal cuando señaló que no quedó demostrado que el hermano del accionado tuvo
la calidad de servidor público.

129. En primer lugar, la Resolución No. 2276 del 14 de julio de 2023 identificó José
Payares Martínez con la cédula de ciudadanía 9.022.666, mismo número del NUIP que
figura en el registro civil de nacimiento con el que se demuestra su parentesco con el
concejal, supuesto que conduce a determinar que el hermano del accionado laboró al
servicio de la Policía Nacional durante más de 20 años y se retiró al momento de
expedición de dicho administrativo.

130. Sumado a este hecho se encuentra que, en el oficio expedido por la estación de
policía de Buenavista se indica que el señor José Payares Martínez, se desempeñó
como comandante de esa estación, desde el 9 de octubre de 2022 hasta el 26 de julio
de 2023; y, el solo hecho de que no se indicara el número de cédula de ciudadanía no
es suficiente para concluir que no se trata del hermano del demandado, puesto que, en
este documento y en la mencionada resolución coinciden dos datos primordiales: el
nombre y el nivel que ocupaba en la institución.

131. Finalmente, se puede observar que la copia hoja del libro de la estación de policía
aportada al plenario fue suscrita por el señor José Payares Martínez en calidad de
comandante de la estación de policía de Buenavista el día 7 de julio de 2023, documento
que se presume idéntico al original, conforme al artículo 244 del CGP.

A continuación, se refirió a los demás elementos de la inhabilidad. Indicó que la
elección cuestionada fue el 29 de octubre de 2023, por lo que el período inhabilitante
se configuró dentro de los 12 meses anteriores a esa fecha, es decir, desde el 29 de
octubre de 2022.
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

En ese orden, de la valoración conjunta de los documentos aportados al proceso
concluyó que el señor José Payares Martínez, hermano del demandado, ejerció
funciones de comandante de policía en el municipio de Buenavista desde el 9 de
octubre de 2022 hasta el 26 de julio de 2023, es decir, dentro del año anterior a las
elecciones, por lo que «se cumplen los elementos subjetivo, temporal y territorial de
la inhabilidad.»

En relación con el elemento objetivo, referido en concreto a si las funciones que ejercía
el pariente del demandado implicaban el ejercicio de autoridad civil, advirtió que,
según otros pronunciamientos, los presupuestos conceptuales de esa figura consisten
en: la posibilidad de tomar decisiones en materia de policía administrativa,
materializarlas en actos administrativos y hacerlas cumplir incluso en contra de la
voluntad de los destinatarios. Transcribió los artículos 11 (poder de policía), 16
(función de policía) y 20 (actividad de policía) del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana e hizo las siguientes precisiones:

136. A diferencia de la actividad de policía, la función de policía es función administrativa
y se ejerce a través de órdenes de policía y medidas correctivas:

La función de policía corresponde ya no al dictado de las normas generales de
policía, sino a la gestión administrativa concreta del poder de policía, ejercida por
las autoridades administrativas a través de los medios de policía autorizados por el
legislador y dentro del marco fijado por éste (…) En esa medida, las autoridades
administrativas tendrán los medios de policía autorizados por el legislador, tales
como órdenes, prohibiciones, medidas correctivas, permisos y reglamentos de
policía, entre otros, en cualquier caso dentro de los límites fijados por la misma ley
para su utilización. (…). (subrayado fuera del texto) 13.

137. Para lo que interesa al caso objeto de análisis, la diferencia entre la función de
policía y la actividad de policía radica en que la primera implica una facultad de decisión
mientras que la segunda solamente encierra el cumplimiento de ordenes o decisiones
proferidas en ejercicio de la función y el poder de policía.

138. Recientemente, la Sala de Consulta y Servicio Civil explicó que, en materia de
policía, cuando las autoridades toman decisiones a través de actos jurídicos, de acuerdo
con la jurisprudencia, cumplen función de policía y por tanto una función administrativa.
Por el contrario, cuando realizan actuaciones materiales, ya no adelantan una función
administrativa, sino una actividad meramente administrativa14.

139. De esta manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que, aunque el
comandante de estación no ejerce función de policía, sino actividad de policía, al limitarse
su actuación a actos materiales y no jurídicos, excepcionalmente podría presentarse el
caso en el que cumpla funciones de policía, es decir, una función administrativa; en
palabras de la sala:

Bajo los criterios señalados por la doctrina es dable concluir que los comandantes
de policía ejercen una función administrativa al determinar una medida correctiva.

Así: i) bajo el criterio orgánico o subjetivo la decisión la adopta un ente del ejecutivo,
ii) a la luz del criterio residual o negativo, la imposición de la medida restrictiva no
corresponde a una actuación ni judicial ni legislativa, y iii) finalmente, desde el punto
de vista material, a través de la medida se aplica la ley y se conserva el orden
público.

140. En est[a] línea se advierte que, la Ley 1801 de 2016 (Código de Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana) dispone:

13
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias del 13 de febrero de 2017. Radicación número:
11001-03-06-000-2016-00232-00(C).
14
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente: Oscar Darío Amaya Navas, providencia del veinte
(20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 11001-03-06-000-2017-00140-00(C).
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ARTÍCULO 209. Atribuciones de los comandantes de estación, subestación,
centros de atención inmediata de la Policía Nacional. Compete a los
comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la
Policía Nacional o sus delegados, conocer:

1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas.
a) Amonestación.
b) Remoción de bienes.
c) Inutilización de bienes.
d) Destrucción de bien.
e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no
complejas.
f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
3. Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal
de la actividad.

141. Vale la pena señalar que estas funciones se distinguen de las atribuidas al resto del
personal uniformado, porque contemplan las de «disolución de reunión o actividad que
involucra aglomeraciones de público no complejas» y «conocer en primera instancia la
aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad».

142. De otra parte, el parágrafo 2 del artículo 86 ibidem faculta a los comandantes de
policía para «ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el
fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o
municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan».

143. Revisadas las funciones asignadas al comandante de estación de policía se advierte
que algunas de estas comportan el ejercicio de autoridad civil, pues en ciertas
circunstancias, de manera excepcional, como lo ha precisado la Sala de Consulta y
Servicio Civil, tienen la potestad de desplegar actos de autoridad o mando hacia los
particulares.

144. Este es el caso de la función de disolución de actividades, con la cual puede imponer
medidas correctivas a los establecimientos que incumplan horarios o conocer de la
medida de suspensión temporal de actividad; en estos eventos, no se limita a ejecutar la
voluntad emanada de actos u órdenes expedidas en ejercicio de la función de policía,
sino que tienen un margen decisorio.

145. De manera que, aunque el comandante de estación está subordinado a sus
superiores y tiene el deber de cumplir las órdenes que provienen del alcalde, como
primera autoridad del municipio15, también cuenta con un margen de autonomía que le
permite, de forma excepcional, adoptar medidas correctivas y hacerlas cumplir.

146. Es decir, el comandante de la estación de policía del municipio de Buenavista podía,
en casos puntuales, impartir órdenes, dictar instrucciones o adoptar medidas coercitivas
de obligatorio acatamiento para los habitantes de ese territorio.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró
que algunos de los actos podían ser de decisión y mando y su acatamiento podría
imponerse por la fuerza, por lo que cumplían los presupuestos de la autoridad civil. En
ese entendido, concluyó que «las funciones descritas atribuidas al comandante de policía
de estación, ejercido por el señor José Payares Martínez comportaban poder de mando y de
imposición sobre los habitantes del municipio de Buenavista, lo que configura el elemento
objetivo y el territorial de la inhabilidad.»

Entonces, del anterior estudio y de las pruebas valoradas, el fallador de segunda
instancia advirtió acreditado que el hermano del señor Luis Enrique Payares Martínez
ejerció autoridad civil en el municipio de Buenavista, durante los 12 meses anteriores

15
Ley 62 de 1993 «Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad
social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de
facultades extraordinarias al Presidente de la República».
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a su elección como concejal y, que, en consecuencia, estaban demostrados los
supuestos fácticos que configuraban la inhabilidad para ser elegido concejal,
contenida en el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Teniendo en cuenta el anterior contexto, la Sala encuentra que la autoridad judicial
demandada no incurrió en defecto fáctico porque su decisión de revocar la sentencia
de primer grado y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda no fue
resultado de una omisión arbitraria o caprichosa en la valoración probatoria, sino de
una apreciación razonada y coherente de los elementos que obraban en el
expediente, concretamente los soportes documentales, los cuales fueron
oportunamente aportados en primera instancia.

No es cierto, como lo alega el actor, que se valoraron pruebas que habían sido
expresamente excluidas por el despacho sustanciador en segunda instancia en el auto
de 28 de febrero de 2025. Al consultar esa providencia, se observa que se admitieron
los recursos de apelación interpuestos por los demandantes (del medio de control de
nulidad electoral) Jhon Sebastián García Orellano y Humberto Emiliano Amell
Aguilera.

En ese mismo proveído se negó tener como prueba en segunda instancia la
comunicación GS-2025-DISPO-ESTPO-20.1 del 26 de febrero de 2025, que amplía la
respuesta dada por la Policía Nacional en el Oficio GS-2023-DISPO-ESTPO-29.25 del
24 de diciembre de 2023, aportado con la demanda 2023-00191-00. Esa
comunicación la aportó la demandante Mary Sol Dávila Salcedo.

Significa que solo respecto de la comunicación GS-2025-DISPO-ESTPO-20.1 del 26
de febrero de 2025 existió pronunciamiento en segunda instancia, en el sentido de
que no procedía su incorporación como prueba, por no cumplir con los presupuestos
del artículo 212 del CPACA. Y en efecto, se observa que esa comunicación no fue
valorada y que los documentos determinantes para demostrar que el señor José
Payares Martínez sí ostentó el cargo de comandante de la Estación de Policía de
Buenavista en el año anterior a las elecciones fueron el Oficio GS-2023-DISPO-
ESTPO-29.25 del 24 de diciembre de 2023, la Resolución 2276 del 14 de julio de 2023
y la página de apertura del libro de minuta del servicio de la estación de policía del
municipio de Buenavista, relacionados en párrafos precedentes.

No es aceptable entonces, que en la demanda de tutela se sostenga que el fallador
de segunda instancia valoró pruebas que previamente habían sido excluidas del
plenario. Por ello, queda desvirtuado el defecto fáctico.

Por otro lado, en cuanto a la presunta configuración de defecto sustantivo, esta Sala
observa que la Sección Quinta de esta Corporación realizó un estudio de las normas
del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual resultaba
imperativo y necesario a partir de los argumentos expuestos en los recursos de
apelación y de las pruebas obrantes en el expediente.

En efecto, dado que el debate de la alzada exigía determinar si el pariente del
demandado ostentaba autoridad civil, y las pruebas demostraban que fungía como
comandante de estación, el juez natural tenía el deber ineludible de analizar el marco
legal que rige las funciones de dicho cargo.

Ese escrutinio normativo era el camino jurídico idóneo para concluir que entre las
atribuciones de los comandantes de estación de la Policía Nacional están algunas que
comportan el ejercicio de autoridad civil. En consecuencia, encontró acreditado el
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elemento objetivo de la inhabilidad del artículo 43, numeral 4, de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

La anterior conclusión por sí sola no resulta irrazonable ni desproporcionada, sino que,
se reitera, obedece a la valoración de todos los elementos probatorios recaudados en
el proceso ordinario, además del estudio normativo y jurisprudencial aplicable al caso
exigido por los propios motivos de inconformidad de los apelantes.

En los anteriores términos, resultan insuficientes los argumentos con los que se
sustentó el defecto sustantivo, referidos a que la autoridad judicial demandada incluyó
nuevos cargos de normas infringidas y que en la demanda debieron indicarse las
funciones concretas que implicaban ejercicio de autoridad civil. Esas alegaciones son
simples inconformidades frente a la conclusión a la que llegó el fallador en ejercicio
de su autonomía interpretativa y de subsunción normativa.

En consecuencia, la sentencia cuestionada resulta razonable. Quedan desvirtuados
los argumentos que sustentaban los defectos fáctico y sustantivo contra la sentencia
de 5 de junio de 2025, por la cual se anuló la elección como concejal de Buenavista
(Sucre) del señor Luis Enrique Payares Martínez.

Por último, la Sala se abstendrá de analizar los argumentos dirigidos a restarle validez
al registro civil de nacimiento del señor José Payares Martínez, toda vez que se trata
de reproches novedosos que no fueron debatidos durante el proceso ordinario de
nulidad electoral.

En efecto, la estrategia defensiva del señor Payares Martínez en el proceso electoral
no se enfocó en desvirtuar el parentesco ni en cuestionar dicho registro. Por el
contrario, tanto en la contestación de la demanda como en sus alegatos de segunda
instancia, su defensa se limitó exclusivamente a argumentar que no se había
explicado por qué el cargo de intendente de la Policía constituía ejercicio de autoridad
civil, y a cuestionar las pruebas (como la minuta y la falta de acto de nombramiento)
que acreditaban el ejercicio de dicho cargo en el periodo inhabilitante.

En consecuencia, al haber omitido discutir la legalidad y alcance probatorio del registro
civil en las etapas procesales correspondientes ante su juez natural, resulta
improcedente formular este cargo por primera vez a través de la presente acción de
tutela.

En consecuencia, al quedar desvirtuados los defectos alegados y la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados, se confirmará el fallo de
primera instancia que negó la solicitud de tutela promovida por el señor Luis Enrique
Payares Martínez, por las razones previamente expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada del 5 de noviembre de 2025, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Luis Enrique Payares Martínez

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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