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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2024-00024-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00024-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00024-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda promovida contra el acto de elección del señor Álvaro Andrés Raad Forero como concejal de Cúcuta para el período 2024-2027, contenido en el formulario E- 26 CON del 16 de noviembre de 2023. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2024-00024-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de agosto de 2024

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Demandante: Justo Diez Galvis
Demandado: Álvaro Andrés Raad Forero – Concejal de
Cúcuta (Norte de Santander) Período 2024-2027
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00024-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00024-01
Demandante: JUSTO DIEZ GALVIS
Demandado: ÁLVARO ANDRÉS RAAD FORERO – CONCEJAL DE CÚCUTA
(NORTE DE SANTANDER) PERÍODO 2024-2027

Tema: Inhabilidad por parentesco con autoridad judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por el
demandante y el coadyuvante contra la sentencia de 25 de abril de 2024, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano Justo Diez Galvis instauró en nombre propio demanda en
ejercicio del medio del control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011, con la siguiente pretensión:

«DECLARAR la Nulidad de la elección y cancelación de la credencial expedida por
la Registraduría Nacional del Estado Civil del Señor ALVARO (sic) ANDRES (sic)
RAAD FORERO identificado (...) declarado elegido Concejal de Cúcuta para el
periodo 2024-2027, el 16 de noviembre del año 2023 como consta en el formulario E-
26 CON por el Partido Centro Democrático en las elecciones que se llevaron a cabo
el 29 de octubre del año 2023».

1.2. Hechos

2. El demandante relató que el señor Álvaro Andrés Radd Forero fue inscrito y
elegido concejal de Cúcuta por el partido Centro Democrático, en las elecciones del
29 de octubre de 2023.
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Demandante: Justo Diez Galvis
Demandado: Álvaro Andrés Raad Forero – Concejal de
Cúcuta (Norte de Santander) Período 2024-2027
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00024-01

3. Manifestó que la madre del demandado, la señora Constanza Forero de
Raad, es magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta desde hace varios años y
ocupaba dicho cargo el día de la elección de su hijo.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. La parte actora atribuyó a la elección del demandado la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 275 del CPACA, por encontrarse inhabilitado para ser elegido
como concejal.

5. En concordancia, invocó como infringido por el acto acusado el numeral 4,
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000, pues considera que la madre del demandado ejerce autoridad civil en el cargo
de magistrada de tribunal y, con tal calidad, es la autoridad nominadora de su
despacho, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.

6. Asimismo, interpreta que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 188
de la Ley 136 de 1994, ostenta autoridad civil el empleado oficial que tenga la
función de nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia.

7. Adicionalmente, advirtió que esta inhabilidad no requiere demostrar el
ejercicio material de las funciones por parte del pariente, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado1.

1.4. Contestación de la demanda

8. Dentro del plazo concedido en el auto de 25 de enero de 2024, que admitió
la demanda, se recibieron las intervenciones que se reseñan a continuación:

a) Registraduría Nacional del Estado Civil

9. La Registraduría Nacional del Estado Civil propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, «como quiera que no tiene injerencia en las
resultas o determinación de número de votos válidos que en últimas son los que
otorgan cargo de elección popular, ni avala inscripción alguna», de acuerdo con sus
funciones constitucionales y legales2.

1
Transcribió apartes de las sentencias de 17 de febrero de 2005, Rad. 27001-23-31-000-2003-
00764-02(3441), MP. María Nohemí Hernández Pinzón; 11 de junio de 2009, Rad. 68001-23-15-
000-2007-00677-02, MP. María Nohemí Hernández Pinzón; y «del 6 de mayo de 2013 radicado
interno 20110637 (acumulado)».
2
Mediante auto de 1º de marzo de 2024, el tribunal resolvió: «PRIMERO: DECLARAR que no hay
lugar a resolver la excepción de falta de legitimacion en la causa por pasiva propuesta por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al no fungir dicha entidad como parte demandada, conforme
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia».
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10. Con relación a este aspecto, señaló que las organizaciones políticas son las
responsables de verificar si los candidatos están incursos en inhabilidades y que
corresponde al Consejo Nacional Electoral decidir sobre la revocatoria de las
inscripciones realizadas en estas condiciones.

b) Demandado

11. El apoderado del concejal Álvaro Andrés Raad Forero se opuso a las
pretensiones de la demanda, sobre la convicción de que no estaba inhabilitado para
ser elegido.

12. En tal sentido, reconoció que su madre es magistrada de la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior de Cúcuta desde 1990, pero negó que dicho cargo
estuviese revestido de autoridad civil, política, administrativa o militar, conforme a lo
dispuesto en los artículos 188, 189, 190 y 191 de la Ley 136 de 1994.

13. Destacó que estas normas relacionan la autoridad civil y la administrativa con
las atribuciones de los «empleados oficiales», mientras que la autoridad política se
predica del alcalde, secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, y la militar, de los miembros de la fuerza pública.

14. Asimismo, adujo que el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 solo otorga a los
jueces facultades jurisdiccionales, las cuales son distintas de la autoridad civil, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación3, en consonancia con los
conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública4.

15. Igualmente, resaltó que la autoridad jurisdiccional no está contemplada
dentro de los presupuestos que de forma taxativa establece el numeral 4 del artículo
43 de la Ley 136 de 1994. Por lo tanto, concluyó que el demandante no demostró
la infracción normativa que alega, sino que se limitó a hacer «apreciaciones de
carácter subjetivo».

16. Finalmente, manifestó que, dados los pronunciamientos del Consejo de
Estado en la materia, el demandado actuó de buena fe al concretar su aspiración
política.

1.5. Coadyuvante

17. El señor Germán Ernesto Escobar Higuera presentó escrito de apoyo a la
parte actora, debido a la inhabilidad del demandado, emparentado en primer grado
de consanguinidad con una magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta, según la
hipótesis descrita en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994.

3
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de 2010, Rad. 88001-23-31-
000-2010-00006-01, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
4
Citó los conceptos 167761 de 2019 y 260491 de 2022.
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Cúcuta (Norte de Santander) Período 2024-2027
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18. Alineado con el demandante, el coadyuvante considera que la madre del
concejal Raad Forero «ejerce autoridad civil y administrativa», de acuerdo con la
descripción del concepto que trae el artículo 188 de la citada ley, del que destaca la
atribución de «[s]ancionar a los empleados con suspensiones, multas o
destituciones». Además, señaló que esta prerrogativa se manifestó dentro de los 12
meses anteriores a la elección y en el mismo municipio donde fue elegido el
demandado.

1.6. Sentencia de primera instancia

19. Mediante sentencia de 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que no
se configuraba la causal de inhabilidad del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, toda vez que la madre del demandado «no ejerce autoridad civil sino
jurisdiccional» (negrillas del original).

20. A partir del problema jurídico definido en la fijación del litigio5, explicó que «la
autoridad civil es aquélla (sic) que se le confía a un servidor público por razón de
sus funciones y consiste en la potestad para producir actos de poder y mando, que
se expresan y se hacen cumplir respecto de los ciudadanos y la comunidad en
general», a partir del concepto definido por el artículo 188 de la referida ley y la
jurisprudencia del Consejo de Estado6.

21. Concretamente, acudió a un precedente de esta corporación7 que analizó si
el ejercicio de funciones jurisdiccionales comporta autoridad civil, para concluir que
«los fiscales, jueces, y en este caso los magistrados, ejercen autoridad jurisdiccional
lo cual difiere [de] la autoridad civil».

22. De manera más específica, sobre el poder de nominación que la ley reconoce
a los magistrados razonó lo siguiente:

[S]obre la facultad nominadora respecto de los cargos de los determinados
despachos judiciales a cargo de los magistrados o la facultad de participar en las
salas para la elección de los jueces del distrito de determinada jurisdicción, no puede

5
De acuerdo con el auto de 1º de marzo de 2024, el litigio quedó fijado en los siguientes términos:
Si hay lugar a declarar la nulidad de la elección del señor ÁLVARO ANDRÉS RAAD FORERO como
concejal electo del Municipio de San José de Cúcuta (...) por la causal subjetiva de anulación
invocada en la demanda contemplada en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA, de encontrarse
incurso en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000; o si por el contrario, la misma debe
conservar su presunción de legalidad conforme a los argumentos de defensa del señor Álvaro Andrés
Raad Forero.
6
Hizo referencia a la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 29 de
enero de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00, MP. Rocío Araújo Oñate y por la Sección
Primera, el 8 de junio de 2017, Rad. 44001-23-33-000-2016-00096-01, MP. Hernándo Sánchez
Sánchez.
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de 2010, Rad 88001-23-31-000-
2010-00006-01(PI), MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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entenderse que su ejercicio revista una naturaleza tal que permita tener influencia
en el electorado, pues precisamente con dichas causales de inhabilidad lo que se
busca es impedir que la influencia sobre el electorado proveniente del poder del
Estado se pueda utilizar en provecho propio o en beneficio de parientes o allegados,
sin que dicha facultad nominadora comporte la magnitud de influir en el electorado.

23. Para finalizar, señaló que la causal de inhabilidad del caso concreto no
incluye el ejercicio de autoridad jurisdiccional, de modo que el cargo de magistrada
que ocupa la madre del demandado no se adecúa a los presupuestos contemplados
en la norma.

1.7. Recursos de apelación

1.7.1. Del demandante

24. Apeló la decisión de primera instancia, pues estima que la inhabilidad por
ejercicio de autoridad del pariente del elegido, en sus diferentes modalidades, se
determina en consideración a las funciones que desempeña el servidor público.

25. En ese sentido, subrayó que la madre del demandado, es decir, la magistrada
Constanza Stella Forero Neira, «ejerce la función de AUTORIDAD CIVIL al poder
nombrar a sus funcionarios de conformidad con el artículo 131 numeral 4 de la Ley
270 de 1996», lo cual concuerda con la atribución que contempla el numeral 2 del
artículo 188 de la Ley 136 de 1994.

26. Por lo tanto, consideró que el tribunal incurrió en un yerro y una contradicción,
pues la facultad de nombrar y remover a los empleados de su dependencia «no es
ejercitar la AUTORIDAD JURISDICCIONAL», sino «sin lugar a equívocos el
ejercicio de AUTORIDAD CIVIL».

1.7.2. Del coadyuvante

27. El señor Germán Escobar Higuera solicita que se revoque el fallo del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, porque, a su juicio, «no existe lugar a
discusión sobre las autoridades investidas legalmente de potestad
nominadora al interior de la Rama Judicial y su ámbito de aplicación» (destacado
del original).

28. Frente al punto, manifestó aportar la respuesta que recibió sobre las
funciones que ejerce la madre del demandado como magistrada del Tribunal
Superior de Cúcuta8.

8
Se trata del oficio No. 0384 del 14 de marzo de 2024, suscrito por el presidente del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta.
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29. Asimismo, con base en los conceptos legales de la autoridad civil y
administrativa, resaltó «el estatus, mando, jerarquía, jefe y dirección en su
Honorable despacho como Magistrada», desde hace más de tres décadas. También
destacó que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, los
magistrados tienen potestad sancionatoria frente a sus subalternos.

30. Siguiendo esa línea argumentativa, advirtió que dichos actos «no son de
Jurisdicción», sino que «son propios como autoridad que asume dentro de la Rama
Judicial». Por consiguiente, interpretó que la magistrada Forero Neira ejerce
autoridad civil, desde el criterio orgánico, por el nivel de su cargo, y «desde la
perspectiva Funcional-Nominadora», sumado a su «autonomía con poder en
función de mando».

1.8. Trámite en segunda instancia

31. Mediante auto de 21 de mayo de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera instancia y
corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.

32. Adicionalmente, en esta providencia se rechazó la prueba aportada por el
coadyuvante, por haber sido allegada por fuera de las oportunidades indicadas en
el artículo 212 del CPACA y por no cumplir las condiciones para el decreto de
pruebas en segunda instancia que establece la misma norma.

1.8.1. Alegatos de conclusión

a) Parte demandante

33. Se ratificó en la inhabilidad que atribuye al demandado y en los motivos que
soportan su apelación, en cuanto al ejercicio de autoridad civil de su madre, como
magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta.

b) Coadyuvante

34. Reiteró el contenido del recurso de apelación.

c) Demandado

35. Señaló que la ley, la jurisprudencia y los conceptos del Departamento
Administrativo de la Función Pública son claros en cuanto a que «los Magistrados
de Tribunal Superior, son funcionarios judiciales que sólo ostentan autoridad
jurisdiccional, la cual bajo ninguna óptica puede confundirse con los tipos de
autoridad taxativamente contemplados para que se configure la inhabilidad
alegada». En consecuencia, consideró que la sentencia de primera instancia debe
confirmarse.
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1.8.2. Concepto del Ministerio Público

36. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó confirmar el
fallo apelado, pues, en su concepto, la madre del demandado «no desarrolla
funciones ni ejerce autoridad civil», lo que descarta la inhabilidad del numeral 4 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

37. Específicamente sobre el elemento objetivo de dicha causal, explicó que la
facultad nominadora que la Ley 270 de 1996 asigna a los magistrados se ejerce en
desarrollo de la función jurisdiccional en la Rama Judicial, lo cual interpreta como
una atribución diferente al ejercicio desarrollado por una autoridad civil.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38. La Sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
por la parte actora y el coadyuvante contra la sentencia de 25 de abril de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la nulidad
del acto de elección del señor Álvaro Andrés Raad Forero como concejal de Cúcuta,
para el período 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1509 y
152, numeral 7, literal a)10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación11.

2.2. El acto acusado

39. El acto cuya nulidad se pretende corresponde a la elección del señor Álvaro
Andrés Raad Forero como concejal de Cúcuta (Norte de Santander) para el período
2024-2027, contenida en el Formulario E-26 CON del 16 de noviembre de 2023.

9
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…)».
10
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de
los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces
de reconsideración (…)» (Subrayado fuera del texto original).
11
«ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
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2.3. Problema jurídico

40. Con base en los argumentos presentados en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 25 de abril de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda.

41. Para el efecto, se deberá determinar si el demandado fue elegido concejal,
pese a estar incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. De acuerdo
con los apelantes, esta causal se configura porque su madre ejerció autoridad civil
en el municipio de la elección, toda vez que, como magistrada del Tribunal Superior
de Cúcuta, tiene poder de mando y, en particular, goza de la facultad de nombrar y
sancionar a los empleados de su despacho.

42. En consecuencia, la Sala estima pertinente realizar un estudio general de la
conducta prohibida, para luego proceder al análisis del fondo del asunto.

2.4. La inhabilidad para ser concejal por parentesco con funcionario que
ejerce autoridad civil

43. Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se
justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos
del Estado accedan en igualdad de condiciones a los cargos públicos y orienten su
desempeño hacia el interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin
consideración a motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la
función pública.

44. Por ello, esta corporación ha advertido que las inhabilidades «buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»12.

45. Tratándose de cargos de elección popular, se convierten en restricciones
válidas al derecho fundamental a ser elegido, que deben ser evitadas previamente
por las organizaciones políticas y los ciudadanos interesados en ser candidatos, so
pena de que las autoridades competentes revoquen la inscripción o anulen la
elección realizada en esas circunstancias.

46. Atendiendo a las consecuencias que pueden acarrear, las causales de
inhabilidad se reservan al legislador y su interpretación es restringida, en virtud del

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009,
Rad. 2007-00581(PI), MP. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-02 (Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate.
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principio de capacidad electoral13. De manera que el operador jurídico no está
autorizado para aplicar la analogía ni extenderlas a hipótesis no previstas al cargo
que corresponda.

47. Particularmente, el régimen de inhabilidades para ser concejal está regulado
en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, que establece la siguiente causal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (...) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; (...).

48. De acuerdo con la jurisprudencia de esta sección, la inhabilidad para ser
concejal por cuenta de un familiar que ejerce autoridad se configura por la
verificación conjunta de los factores que se exponen a continuación:

i) Parentesco: vínculo por matrimonio o unión permanente o parentesco en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un funcionario del
municipio por el cual resultó electo el concejal.

ii) Elemento temporal: que el funcionario haya ejercido autoridad en cualquier
momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

iii) Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o
distrito por el cual resultó electo el concejal.

iv) Elemento objetivo: que haya un ejercicio de autoridad civil, política, administrativa
o militar en las condiciones anteriores14 (negrillas del original).

49. En lo que atañe al elemento objetivo, debe revisarse si el funcionario ejerció
desde su cargo alguna de las modalidades de autoridad relacionadas en la norma,
es decir, civil, política, administrativa o militar, a partir del criterio orgánico y
funcional. Ello implica el análisis de la ubicación jerárquica del empleo dentro de
una entidad pública y de las competencias que le atribuyen la ley o el reglamento.

50. Para el caso de la autoridad civil, con el fin de dilucidar quiénes la ejercen y
cómo se manifiesta, siempre debe acudirse como referente al artículo 188 de la Ley
136 de 1994, que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

13
Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
14
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de julio de 2021,
Rad. 05001-23-33-000-2019-02965-01, MP. Rocío Araújo Oñate (E).
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Demandante: Justo Diez Galvis
Demandado: Álvaro Andrés Raad Forero – Concejal de
Cúcuta (Norte de Santander) Período 2024-2027
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00024-01

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si (sic) o
por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

51. La norma transcrita inicia señalando que este concepto de autoridad civil
sirve para los efectos previstos en ella y la reconoce en los «empleados oficiales»
con determinadas atribuciones, sin referirse específicamente a algún cargo público.
En lugar de este criterio, se decanta por el funcional, para precisar que la autoridad
civil se manifiesta en el poder público, de mando, es decir, que se puede imponer a
los ciudadanos su cumplimiento, gracias a atribuciones coercitivas y al apoyo de la
fuerza pública, con el que cuenta para hacer respetar sus mandatos.

52. Además, de acuerdo con la misma disposición, se observa la autoridad civil
cuando su titular tiene facultad de nominación de servidores públicos, incluso por
delegación, y potestad sancionatoria.

53. En línea con los parámetros legales, de antaño esta sección ha definido la
autoridad civil como «el poder que uno tiene para gobernar y poner en ejecución las
leyes»15, que ostenta, por ejemplo, «quien reconoce y declara los derechos civiles
de las personas»16.

54. Es el típico caso de los personeros17, inspectores de policía18, comisarios de
familia19, alcaldes encargados20, alcaldes locales21, directores de institutos
descentralizados22, rectores de establecimientos educativos23, integrantes de los
órganos de regulación del gobierno24, entre otros cargos.

15
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 18 de febfrero de 1965, Rad. 483-CE-SP-1965-02-
18, MP. Guillermo González Charry.
16
Id.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1990, Rad. 0434, MP. Amado
Gutiérrez Velásquez.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de abril de 1991, Rad. 0516, MP. Jorge
Penen Deltieure.
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de febrero de 2005, Rad. 23001-23-31-000-
2004-00217-01, MP. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 1993, Rad. CE-SEC5-EXP1993-
N0968, MP. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de
2001, Rad. AC-12300, MP. Ana Margarita Olaya Forero.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1994, Rad. CE-SEC5-
EXP1994-N1108, MP. Amado Gutiérrez Velásquez. Ver, además, sentencia de 5 de junio de 2003,
Rad. 73001-23-31-000-2000-0365302, MP. Darío Quiñones Pinilla.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de agosto de 2004, Rad. 50001-23-31-000-
2004-00008-01, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1º de febrero de 2000, Rad. AC-7974, MP. Ricardo
Hoyos Duque.
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55. Este concepto se ha mantenido en el tiempo y así lo demuestra la
jurisprudencia más reciente de esta sección, que define la autoridad civil como la
«potestad de dirección o mando que tiene determinado servidor público sobre los
civiles o particulares, la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción,
esto es, incluso contra la voluntad de los mismos»25.

2.5. Caso concreto

56. La parte actora y el coadyuvante controvirtieron la sentencia de primera
instancia, partiendo de la convicción de que el demandado estaba inhabilitado para
ser elegido concejal. En tal sentido, han alegado a lo largo del proceso que su madre
es magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta y, según su criterio, ejerce autoridad
civil, principalmente porque entre sus funciones está el nombramiento de los
empleados de su despacho y su cargo tiene una jerarquía que le otorga poder de
mando.

57. Adicionalmente, el coadyuvante resalta que la magistrada tiene potestad
sancionatoria sobre sus subalternos, de conformidad con el numeral 3 del artículo
188 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 115 de la Ley 270 de 1996. Sin embargo,
esta parte de la censura no guarda relación con el planteamiento del demandante
ni fue analizada por el tribunal en la decisión apelada, razones que impiden que
haga parte del estudio en esta instancia. Al respecto, baste recordar que la
competencia del superior en la apelación está limitada a los reparos concretos al
fallo, de conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso, sumado
a que el coadyuvante no puede disponer del litigio ni proponer argumentos
adicionales a la parte que apoya, con arreglo al artículo 71 del mismo código.

58. Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal pertinente a este asunto
está prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que es ilustrativo
reiterar:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (...) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; (...).

59. De acuerdo con los elementos relacionados en la norma y la jurisprudencia
que se ha ocupado de ellos, en primer lugar, está probado con el correspondiente
registro civil de nacimiento que la señora Constanza Stella Forero de Raad es la
madre del señor Álvaro Andrés Raad Forero26.

25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 52001-23-33-000-
2019-00638-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
26
Documento visible en la anotación 26 de SAMAI en la primera instancia.
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60. En segundo lugar, obra el oficio OSG-0139 del 7 de febrero de 2024, por el
cual la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia transcribió la parte
pertinente del Acta No. 2 de la sesión ordinaria de la Sala Plena del 31 de enero de
1991, en la que se eligió en propiedad a la señora Constanza Stella Forero Neira
como magistrada de la Sala Familia (hoy Civil Familia) del Tribunal Superior de
Cúcuta. También se aportó el acta de posesión en dicho cargo, que data del 1º de
marzo del mismo año, junto con la certificación del coordinador de Talento Humano
de la Administración Judicial de Cúcuta, fechada 6 de febrero de 2024, con la
relación de cargos que había ocupado a esa fecha la señora Forero Neira27.

61. Hasta aquí, igual a como lo constató el tribunal, están acreditados los factores
de parentesco, temporalidad y espacialidad que configuran la inhabilidad. Por lo
tanto, la controversia se centra en determinar si se revela el elemento objetivo,
referido al ejercicio de autoridad, para el caso, del tipo civil, conforme a lo que alegan
el demandante y el coadyuvante.

62. Al respecto, destacan que la misma ley estatutaria de administración de
justicia asigna a los magistrados la función de nombrar y remover a sus empleados.
La norma citada sobre este punto dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las
autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son: (...) 4. Para los cargos del
despacho de los Magistrados: El respectivo Magistrado.

63. En concordancia, los recurrentes remiten al artículo 188 de la Ley 136 de
1994, según el cual «se entiende por autoridad civil la capacidad legal y
reglamentaria que ostenta un empleado oficial para», entre otras atribuciones,
«[n]ombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si (sic) o
por delegación».

64. En tales condiciones, está claro que los magistrados tienen asignadas
algunas funciones administrativas, entre las que se encuentra la nominación de los
empleados de sus despachos. Sin embargo, la Sala no comparte la interpretación
de los apelantes, en cuanto a que aquella atribución, por sí sola, permita equiparar
a los magistrados de los tribunales con los funcionarios que ejercen autoridad civil
a los que se refiere la norma que consagra la inhabilidad, por las siguientes razones.

65. En primer lugar, la jurisdicción no es un ingrediente contemplado en la causal
del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, a diferencia del numeral 2 de
la misma disposición, que previene sobre una inhabilidad similar, pero por el
ejercicio directo, como empleado público, de «jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar».

27
Ver anotación 10 de SAMAI en la primera instancia.
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66. Esta particularidad ha sido interpretada de tiempo atrás por esta corporación
como una omisión deliberada, que permite distinguir entre aquellos conceptos. Así,
al estudiar las prohibiciones que de forma equivalente están establecidas a nivel
constitucional para los congresitas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
expuso el siguiente razonamiento:

Algún sentido lógico, jurídico o de justicia debe tener que el constituyente
diferenciara expresamente en el numeral 2º el ejercicio de la jurisdicción del ejercicio
de la autoridad civil, política, administrativa y militar, para prohibir que quienes las
ejercieran pudieran ser congresistas, y que en el numeral 5º omitiera precisamente
mencionar a las autoridades jurisdiccional, administrativa y militar para señalar la
misma prohibición, pero sólo respecto de los allegados de quienes ejercen
exclusivamente “autoridad civil o política”.

Considera la Sala que el constituyente tuvo suficiente claridad al distinguir, que una
es la autoridad civil, otra la política y otra la jurisdiccional, como en efecto lo
evidencia la confrontación de los numerales 2 y 5 del artículo 179 de la Carta
Fundamental. En tales condiciones, la pretensión de confundirlas que se plantea en
la demanda, con el sólo ánimo de desfavorecer, carece de asidero constitucional y
jurídico.

(...)

Para la Sala resulta claro entonces que si el constituyente mencionó a la
“jurisdicción” y a la “autoridad administrativa”, en el No. 2 del artículo 179, para
efectos de establecer la prohibición, y hubiese querido que ambas categorías fueran
parte también del ordinal 5º, así expresamente lo hubiera prescrito. Pero, al no
hacerlo, le dijo claramente al intérprete que en materia de inhabilidades e
incompatibilidades una es la autoridad jurisdiccional, otra es la autoridad civil, otra
la autoridad militar, otra la autoridad administrativa y otra la autoridad política
(subrayado del original)28.

67. Por lo tanto, el carácter taxativo de las inhabilidades para ocupar cargos de
elección popular impide que se traslade un concepto previsto para una causal, a
otra hipótesis que no lo contempla.

68. En segundo lugar, esta Sección ha distinguido entre ejercer autoridad civil y
tener jurisdicción, en los siguientes términos:

Se desprende de las definiciones legales, así como también de las interpretaciones
jurisprudenciales y de la doctrina referidas anteriormente, que la autoridad civil es
ejercida por los funcionarios públicos encargados de establecer y ejecutar las
directrices gubernamentales para la atención de las funciones públicas, con facultad
de mando y dirección, y que los jueces ejercen jurisdicción, que también
constituye una manifestación del poder público, de imposición y mando, pero
no derivada de la autoridad civil, en los términos y para los efectos de la
disposición invocada por el demandante, sino de los principios fundamentales y la
organización política del Estado Colombiano29 (negrillas adicionales).

28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 1998,
Rad. AC-5779, MP. German Rodríguez Villamizar.
29
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de marzo de 2005, Rad. 76001-23-31-000-
2003-04240-01 (3397), MP. Filemón Jiménez Ochoa. Criterio reiterado por la Sección Primera en la
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69. Al respecto, es pertinente señalar que los principios de división de los
poderes públicos y la colaboración armónica entre las autoridades se traducen,
entre otros aspectos, en que no hay una distribución inflexible de competencias
entre ellas. Por el contrario, la estructura estatal que define la Constitución Política
permite que los titulares de las funciones clásicas (ejecutiva, legislativa y judicial)
desempeñen algunas que son propias de una distinta.

70. Esto explica que, por ejemplo, el Congreso de la República tenga asignadas
funciones jurisdiccionales frente a determinados altos funcionarios del Estado30, que
el presidente de la República pueda promulgar normas con fuerza de ley31, y que,
para el caso bajo análisis, los jueces y magistrados tengan competencias
administrativas.

71. Sin embargo, este diseño institucional no puede conducir a interpretar que,
por el hecho de nombrar empleados, un magistrado ejerza autoridad civil, con el
enfoque que describe el artículo 188 de la Ley 136 de 1994 y en el contexto de las
inhabilidades relacionadas para los concejales en el artículo 43 ibidem.

72. Sobre el punto, es imposible negar que los jueces y magistrados tienen poder
de mando y de corrección, al igual que capacidad para hacer cumplir sus decisiones,
como lo indica la citada norma. No obstante, son atribuciones esenciales para el
correcto cumplimiento de la función pública de administrar justicia, que les
corresponde por mandato constitucional y legal y que jamás se desmarcan de
aquella.

73. En cuanto a la nominación de personal, que también ostentan, se trata de
una función administrativa para el funcionamiento óptimo del despacho, justamente
en el contexto de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Pero no por ello
dejan de ser autoridades judiciales, para transformarse en funcionarios que ejercen
autoridad civil, especialmente para los fines de la norma que define este concepto.
En tal sentido, el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 dispone que «[L]a función
jurisidccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las
corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo» .

74. Sumado a esto, es igualmente dicente que el «gobierno y administración de
la Rama Judicial» no es un asunto que concierna de ordinario a los jueces y
magistrados. Por el contrario, la Constitución Política lo asignó al Consejo Superior
de la Judicatura, con atribuciones para administrar la carrera judicial, elaborar el
proyecto de presupuesto para el funcionamiento de todos los despachos judiciales
del país, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos, entre otras32.

sentencia de 2 de diciembre de 2010, Rad. 88001-23-31-000-2010-00006-01(PI), MP. Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta.
30
Constitución Política, artículos 174 y 175.
31
Constitución Política, artículo 150, numeral 10.
32
Ver: Constitución Política, artículos 256 y 257.
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75. Finalmente, es notorio que los ejemplos que se constatan en la jurisprudencia
especializada de esta sección, varios de ellos expuestos previamente en esta
providencia, se centren en cargos de la administración pública, desde orillas
distintas al poder jurisdiccional.

76. Considerando el estudio que antecede, la Sala concluye que el demandado
no estaba inhabilitado para ser elegido concejal, pues su pariente no ejercía
autoridad civil en el municipio, en los términos del numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994. Siendo así, no se acoge la postura de los apelantes y, en
consecuencia, se confirmará el fallo apelado, que negó la pretensión de nulidad de
la elección acusada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de abril de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda promovida contra el acto de elección del señor Álvaro Andrés Raad Forero
como concejal de Cúcuta para el período 2024-2027, contenido en el formulario E-
26 CON del 16 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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