Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00007-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00007-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 15001-23-33-000-2024-00007-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
6 de febrero de 2025
Demandante: John Anderson Valderrama Lombana
Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
Demandante: JOHN ANDERSON VALDERRAMA LOMBANA
Demandado: GUILLERMO ANDRÉS REYES MARTÍNEZ COMO CONCEJAL
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA EL PERÍODO 2024-2027
Temas: Inhabilidad del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Autoridad civil y administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 11 de septiembre de 2024, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 1, denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las pretensiones
1. Las pretensiones de la demanda fueron del siguiente tenor:
PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto de elección Acta de Escrutinio Municipal
CONCEJO formulario “E-26 CON” DEL CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTITRÉS (2023), expedida por la COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE
DUITAMA (BOYACÁ), ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARÓ LA ELECCION
COMO CONCEJAL AL SEÑOR GUILLERMO ANDRES REYES MARTINEZ, mayor
de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.018.459.325, en EL
MUNICIPIO DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA, PERIODO
CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, por haber estado en curso el Señor GUILLERMO
ANDRES REYES MARTINEZ, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 1.018.459.325, en conductas el régimen de inhabilidades de la Ley 136 de 1994.
SEGUNDA: Solicito Honorable Magistrado (a), se ORDENE la cancelación de la
credencial expedida al Señor GUILLERMO ANDRES REYES MARTINEZ, mayor de
edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.018.459.325, COMO CONCEJAL
DEL MUNICIPIO DUITAMA, DEPARTAMENTO BOYACA PERIODO
CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, en los términos indicados en el Numeral 3° del
Artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.
1
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Demandante: John Anderson Valderrama Lombana
Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
TERCERA: Solicito Honorable Magistrado (a), se OFICIE al CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL, LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y demás
entidades para lo de su cargo. (sic a lo transcrito)
1.2. Hechos
2. El demandante narró que el señor Guillermo Andrés Reyes Martínez resultó
elegido como concejal del municipio de Duitama en los comicios electorales
llevados a cabo el 29 de octubre de 2023.
3. Sostuvo que, en esa fecha, el señor Reyes Martínez se encontraba incurso en la
causal de inhabilidad señalada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y que, por consiguiente,
la elección está viciada de nulidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.1
2. Refirió que la madre del concejal, la señora Lizbeth Martínez Flórez, se ha
desempeñado desde el 2 de julio de 1996 hasta la actualidad2, como profesional
especializada, código 222 grado 09 adscrita a la Secretaría de Hacienda del
municipio de Duitama, cargo que se conoce como: «secretaria técnica del
COMFIS».
3. Indicó que el COMFIS es «el rector de la política fiscal y coordinador del
sistema presupuestal del Municipio de Duitama» y está integrado por el alcalde
municipal, el secretario de hacienda, el jefe de la oficina asesora de planeación, el
tesorero municipal, el profesional especializado de presupuesto y contabilidad, el
gerente de Empoduitama, el gerente del IERD y el secretario de educación.
4. Expresó que las funciones de la señora Lizbeth Martínez Flórez se
encuentran definidas en el artículo 7 de la Resolución 712 de 20213, en los
siguientes términos:
Funciones de la Secretaría Técnica:
a) Programar la agenda anual y de cada sesión del COMFIS.
b) Presentar a consideración del COMFIS los temas de cumplimiento legal.
c) Presentar para aprobación del COMFIS las recomendaciones de política
presupuestal, fiscal, económica y social que sea conveniente adoptar.
d) Citar a los miembros COMFIS a las sesiones ordinarias, extraordinarias.
e) Invitar a los funcionarios de la administración municipal cuando sea requerido.
f) Elaborar, en colaboración con las entidades, los informes que solicite el Consejo
para el desarrollo de sus funciones.
g) Coordinar con la Secretaría de Hacienda y las entidades encargadas de los
asuntos económicos y sociales, el estudio y preparación de documentos relacionados
1
En adelante CPACA.
2
El escrito de reforma de la demanda fue radicado el 28 de febrero de 2024.
3
Reglamento Interno del Comité de Política Fiscal del Municipio de Duitama.
2
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Demandante: John Anderson Valderrama Lombana
Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
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con temas económicos, discales, sociales y territoriales que sirvan de base al
COMFIS para fijar políticas en estas materias.
h) Preparar y comunicar las decisiones adoptadas por el COMFIS.
i) Elaborar las actas de cada una de las sesiones y responder por el archivo de las
mismas.
5. Aseguró que en cumplimiento de esas funciones, la señora Martínez Flórez
ejerció autoridad civil y administrativa en el municipio de Duitama, dentro del
periodo inhabilitante.
6. Expuso que el señor Guillermo Andrés Reyes Martínez, concejal de esa
municipalidad, pertenece a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto,
Hacienda Pública y Crédito Público de la corporación.
7. Manifestó que el 22 de febrero de 2024, solicitó al Concejo de Duitama que
le informara, entre otras cosas, cuáles son las dependencias que tiene a cargo la
Secretaría de Hacienda del municipio y quienes son o fueron los jefes de cada una
de estas, para el año 2022, 2023 y 2024, pero hasta la radicación de la demanda
no había recibido respuesta.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
8. El demandante alegó que el señor Guillermo Andrés Reyes Martínez incurrió
en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, según la cual, no
puede ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital, quien
tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil, con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito.
9. Argumentó que, según el registro civil de nacimiento del concejal, el
demandado es hijo de la señora Lizbeth Martínez Flórez, lo que significa que tienen
vínculo en primer grado de consanguinidad.
10. Relató que, de acuerdo con las certificaciones y respuestas emitidas por la
alcaldía municipal, la señora Martínez Flórez ha ocupado, de manera
ininterrumpida, el cargo de profesional especializada código 222 grado 09 del
municipio desde 1996 y, desde 2009, también ha sido secretaria del Comité de
Política Fiscal.
11. Refirió que, en ejercicio de esa labor, ejerce actividades de dirección y
control dentro de la administración municipal, entre ellas, planear, organizar,
coordinar y ejecutar los procesos presupuestales y contables del municipio,
garantizando la correcta utilización de los recursos públicos y el normal
funcionamiento de la administración.
3
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12. Sostuvo que la señora Martínez Flórez actúa como jefe de presupuesto del
municipio de Duitama, firma los certificados de disponibilidad presupuestal y
participa en decisiones clave sobre el manejo de los recursos municipales.
13. Indicó que, en este caso, se presentaban todos los elementos establecidos en
la jurisprudencia, que configuran la inhabilidad del señor Guillermo Andrés Reyes
Martínez para ser concejal; puesto que, su señora madre es funcionaria de la
administración municipal con funciones de mando, en el mismo ente territorial en el
que resultó elegido.
14. Arguyó, que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la
determinación de si un servidor público ejerce o no autoridad debe hacerse
partiendo del contenido de sus funciones4.
15. Añadió que la colegiatura también ha precisado que el elemento referente a la
autoridad debe interpretarse de manera objetiva, es decir, que «no requiere la
verificación efectiva de que haya hecho uso de algunas de las atribuciones que le
otorga la ley, sino que basta con que aquel tenga la virtualidad o potencialidad de
desarrollarlas, para afirmar que ejerció autoridad»5.
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. Guillermo Andrés Reyes Martínez6
16. El demandado se pronunció sobre los hechos y el concepto de la violación
expuesto en la demanda y solicitó que se negaran las pretensiones.
17. Planteó que, conforme a los lineamientos jurisprudenciales de esta corporación,
la autoridad se ostenta cuando se puede: i) ejercer la compulsión o coacción por
medio de la fuerza pública, ante la desobediencia de un particular; ii) nombrar y
remover libremente empleados subordinados; iii) imponer suspensiones, multas y
destituciones a los empleados.
18. Refirió que la autoridad civil que ejerce un servidor público en razón a sus
funciones, implica «la facultad de mando, de imposición o de dirección y se ve
materializada en competencias reglamentarias, o de designación y remoción de los
empleados, o en potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de
sanciones distintas, o de control que comporte poder de decisión sobre los actos o
sobre las personas controladas».
4
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de julio de 2015.
C.P. Gerardo Arenas Monsalve Rad. 11001-03-15-000-2014-02130-00(PI).
5
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de
2019. C.P. Doram Marcela Chamarro Chamarro Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00.
6
Índice 041 de Samai.
4
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19. Advirtió que los preceptos que imponen inhabilidades, según la jurisprudencia
de esta colegiatura, deben interpretarse de forma estricta y restringida respecto de
los supuestos expresamente tipificados en la norma, toda vez que las causales
constituyen una limitante al ejercicio del derecho político de elegir y ser elegido.
20. Señaló que el Decreto 448 de 2011, que fija las funciones del profesional
especializado código 222 Grado 009 adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal
de Duitama y la Resolución 712 de 2021 que define las funciones como secretaria
técnica del COMFIS, no establecen la de reglamentar procesos, designar o remover
empleados, imponer sanciones o tomar decisiones sobre actos o personas.
21. Arguyó que, a diferencia del concepto de autoridad y administrativa no fue
definido expresamente por la Ley 136 de 1994, en su artículo 190, por lo que, esta
colegiatura ha considerado que es aquella que ejercen quienes desempeñan cargos
de la administración que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre
los subordinados o la sociedad.
22. Aseguró que la señora Lizbeth Martínez Flórez no tiene funciones que le
permitan nombrar o remover trabajadores de la administración, celebrar contratos,
vigilar la prestación de algún servicio o imponer sanciones.
23. Citó sentencias proferidas por esta corporación, según las cuales, afirmó, para
que opere la causal prevista en el numeral 4º del artículo 43 de la ley 136 de 1994
es necesario que «la autoridad ejercida conlleve poderes decisorios de mando o de
imposición sobre los subordinados o la sociedad, al punto de tener la capacidad o
potencialidad de alterar el derecho que tienen todos los candidatos a competir en
igualdad, toda vez que está sana competencia es lo pretendido por la norma
mencionada».
24. Expresó que el hecho de que, dentro de las funciones de la servidora, se
encuentre la de firmar los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), no
implica una autoridad administrativa, puesto que se trata de un documento con el
cual se garantiza la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de
afectación para la asunción de compromisos en el presupuesto general de la
entidad, para que el ordenador del gasto, dentro del ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, pueda crear obligaciones a nombre del municipio,
conforme al artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 568 de
1996.
25. Aclaró que la ejecución de los gastos del presupuesto debe hacerse a través
del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, instrumento mediante el cual se
define el monto máximo mensual de fondos disponibles y el monto máximo mensual
de pagos, razón por la cual, estos se deben hacer teniendo en cuenta el PAC, que
se expide únicamente a solicitud escrita del ordenador del gasto y no obedece a la
liberalidad o discrecionalidad de la funcionaria, por cuanto dentro de sus funciones
5
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no está la de comprometer el presupuesto a través de los diferentes actos o
negocios jurídicos.
26. Enfatizó en que la ejecución del presupuesto se concreta con la asunción de
compromisos con cargo a las apropiaciones contenidas en el presupuesto de gastos
de la entidad territorial, por tal razón es que las normas orgánicas establecen la
obligación de contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la
existencia de apropiación suficiente para atender el gasto.
27. Afirmó que, suscribir un CDP no implica, de manera alguna, el ejercicio de
autoridad administrativa, pues con ello solo se está garantizando que tal gasto está
previsto en el PAC con una apropiación presupuestal para el mismo y así se lo hace
saber la funcionaria al ordenador del gasto para que tome las determinaciones
legales, como suscribir un contrato o expedir una orden de servicios.
28. Finalmente manifestó que la señora Martínez Flórez no es jefe de presupuesto
como se asegura en la demanda, conforme al Decreto 447 de 2011 «Por el cual se
adopta la planta de personal del municipio de Duitama en el Sector Central».
1.4.2. Consejo Nacional Electoral
29. No realizó ningún pronunciamiento.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
30. El demandante radicó el escrito introductorio el 11 de enero de 2024, el
despacho de la magistrada sustanciadora, mediante auto del 18 de enero siguiente,
inadmitió la demanda7. El 23 de enero del mismo año, el actor subsanó los defectos
señalados8. El 1 de febrero, se corrió traslado de la medida cautelar al señor
Guillermo Andrés Reyes Martínez, al Consejo Nacional Electoral, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público9.
31. Mediante providencia del 20 de febrero de 2024 el tribunal admitió la demanda,
negó la medida cautelar solicitada y dispuso la notificación al demandado y al
Ministerio Público10, la cual tuvo lugar el 26 de febrero siguiente11. Dentro del trámite
procesal, la demanda se contestó dentro del término12. El actor allegó escrito, por
medio del cual, se pronunció al respecto y aportó otros documentos.13 El 27 de
febrero, el agente del Ministerio Público presentó solicitud de pruebas.14
7
Índice 005 y 006 de Samai.
8
Índice 010 de Samai.
9
Índice 012 de Samai.
10
Índice 022 de Samai.
11
Índice 026 y 027 de Samai.
12
Índice 033 de Samai.
13
Índice 034 de Samai.
14
Índice 029 de Samai.
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32. El 28 de febrero siguiente, el accionante allegó escrito de reforma a la
demanda15, que fue admitida el 5 de abril de 2024,16 y se notificó el 9 del mismo
mes y año.17 El 17 de abril, el demandado contestó el escrito de reforma, pero no
formuló excepciones previas18.
33. Por auto del 26 de abril de 202419, el despacho decidió dar al proceso el trámite
de sentencia anticipada, por lo que fijó el litigio de la siguiente manera:
¿El señor Guillermo Andrés Reyes Martínez fue elegido concejal del municipio
de Duitama para el periodo 2024-2027, pese a encontrarse inhabilitado por
configurarse la causal que prevé el artículo 43-4 de la Ley 136 de 1994 (tener
vinculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad, con funcionario
que dentro de los 12 meses anteriores a la elección ejerció autoridad civil y
administrativa en el respectivo municipio)?
34. En la misma providencia se pronunció sobre las pruebas solicitadas por las
partes y el Ministerio Público. Negó la solicitud probatoria realizada por el actor en
el escrito por el cual se pronunció frente a la contestación de la demanda; negó las
pruebas testimoniales, decretó las documentales solicitadas y ordenó oficiar a
algunas autoridades y dependencias municipales.
35. Mediante proveído del 7 de junio de 2024, el tribunal negó la solicitud
presentada por el actor, a través de memorial del 20 de mayo de 2024, con la cual
pidió que se oficiara a la Alcaldía de Duitama para que allegara una documentación.
Determinó el despacho sustanciador, que la entidad no allegó los documentos que,
según señalaba el demandante, daban cuenta de que varias personas que
estuvieron a cargo de la señora Lizbeth Martínez Flórez bajo la figura de la
supervisión, en virtud de contratos de prestación de servicios.20
36. Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto desfavorablemente, por medio de auto del 12 de julio de 202421.
Mediante auto de 8 de agosto de 2024 se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión.
1.6. Alegatos de conclusión
1.6.1. Parte demandante
15
Índice 028 de Samai.
16
Índice 036 de Samai.
17
Índice 037 de Samai.
18
Índice 041 de Samai.
19
Índice 044 de Samai.
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Indice 54 de Samai.
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Indice 61 de Samai.
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Demandante: John Anderson Valderrama Lombana
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Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
37. Expuso que, según el documento OTH-1091-31-360-24 de 15 de mayo de 2024,
expedido por la profesional especializada de talento Humano Diana Evelsy León
Mesa, en respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal Administrativo de
Boyacá; la Secretaría de Hacienda del municipio de Duitama cuenta con dos
dependencias: tesorería municipal y presupuesto y contabilidad, y la señora
Martínez Flórez es la jefe de la segunda y a su cargo se encuentran la secretaria y
dos profesionales que laboran ahí.
38. Indicó que las funciones del cargo de profesional especializado código 222
grado 09 de la Secretaria de Hacienda, están establecidas en el Decreto 448 de 15
de noviembre de 2011 «por el cual se adopta el manual especifico de funciones y
competencias laborales para los empleos que conforman la planta de personal en
el sector central del municipio de Duitama», entre las cuales se encuentran varias
que generan autoridad: i) coordinar, supervisar, señalar y presentar los estados
financieros e informes, de acuerdo al sistema integrado de información financiera,
a las entidades y órganos del sector público en su conjunto, con sus anexos y notas
explicativas, estableciendo la prioridad, estructura y características que deben
cumplir; ii) coordinar con los institutos descentralizados, la consolidación de la
entrega de la información financiera, en los términos y formatos establecidos por la
Contraloría General de la Nación para consolidar la contabilidad municipal; iii)
proyectar los actos administrativos para las modificaciones presupuestales, la
constitución de las reservas presupuestales y el PAC, de conformidad con las
normas legales vigentes y la política municipal. Verificar, analizar y consolidar la
ejecución presupuestal de ingresos y egresos de la administración municipal sector
central con su correspondiente imputación; iv) proyectar, con el secretario de
hacienda y la jefe de la oficina asesora de planeación, el plan de inversión del
municipio de acuerdo con la política gubernamental
39. Afirmó que la servidora, en el año 2023, fue la supervisora de varios contratos
de prestación de servicios para el apoyo a la oficina de contabilidad y presupuesto,
frente a los cuales tuvo la facultad de: i) controlar y aprobar la calidad de prestación
del servicio; ii) velar por el soporte presupuestal del contrato y solicitar las adiciones
cuando se requieran para la continuidad de este; iii) solicitar al contratista efectuar
los correctivos pertinentes cuando considere que este no está cumpliendo
cabalmente con el objeto contractual; si no se dan los correctivos, solicitar la
aplicación de la caducidad, si el incumplimiento lo amerita; iv) expedir certificado del
cumplimiento de las obligaciones contractuales; v) presentar por escrito todas las
ordenes, autorizaciones que se deban dar al contratista.
40. Refirió que por tanto, tiene voz y voto en las reuniones del Consejo de Política
Fiscal del municipio de Duitama (COMFIS).
41. Narró que dicho organismo, de conformidad con el Acuerdo 053 de 2009 realiza
la autorización para la ejecución de proyectos financiados con recursos de crédito,
hace modificaciones presupuestales al valor total de los gastos de funcionamiento,
8
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de operación, servicios de la deuda y gastos de inversión de las empresas sociales
y comerciales del Estado y empresas sociales del Estado del orden municipal.
42. Indicó que, conforme a las actas del COMFIS, No. 2023-005 del 03 de marzo
de 2023, No. 2023-006 del 14 de marzo de 2023, 2023-011 del 19 de mayo de 2023,
2023-014 del 12 de septiembre de 2023, la señora Lizbeth Martínez Flórez intervino
y dio su voto en las sesiones.
43. Argumentó que, según la Resolución 712 de 2021, la secretaria técnica del
COMFIS, firma junto con el presidente, las resoluciones aprobatorias y
modificatorias del presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y
comerciales del municipio, así como de la empresa social del estado. Igualmente
suscribe circulares de decisión que deben ser conocidas por el conjunto de
entidades de la administración, incluyendo el nivel local, situación que genera
autoridad administrativa.
44. Expuso que, conforme al Acuerdo 053 de 2009, el profesional especializado de
presupuesto y contabilidad tiene funciones de secretario del Consejo Municipal de
Política Fiscal del municipio de Duitama, como lo certificó la secretaria de hacienda
del municipio de Duitama, en oficio del 11 de diciembre de 2023.
1.6.2. Parte demandada
45. Resaltó que las funciones esenciales de la señora Lizbeth Martínez Flórez como
profesional especializado código 222 grado 09 de la planta global de la Secretaría
de Hacienda de la Alcaldía de Duitama, están establecidas en el Decreto Municipal
448 de 2011, según lo señalado en el oficio No. OTH-1081-31-627-23 del 11 de
diciembre de 2023, no otorgan poderes decisorios de mando o de imposición sobre
los subordinados o la sociedad que le permitan nombrar o remover funcionarios,
celebrar contratos o castigar infracciones.
46. Explicó que, la autoridad civil es el género y la autoridad administrativa la
especie, si no se ostenta la primera, no se puede llegar a tener la segunda, y en el
caso de la madre del demandado, sus facultades, al no ser de mando, imposición o
dirección no se consideran autoridad civil.
47. Advirtió que expedir la disponibilidad presupuestal no implica ejercer una
autoridad administrativa, toda vez que, según el artículo 71 del Decreto 111 de 1996,
el CDP es un documento con el cual se garantiza la existencia de la apropiación
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos por
parte del ordenador del gasto.
48. Aseguró que la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal no
implica ejercer autoridad civil y/o administrativa, pues ello no conlleva manejo de
recursos públicos.
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Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
49. Frente a la certificación No. SHA-100-026-2024 del 6 de febrero de 2024, a
través de la cual, se indicó que la Secretaría de Hacienda hace parte del nivel
directivo de la administración municipal y se encarga de dirigir, organizar y controlar
los procesos de presupuesto, tesorería y contabilidad; precisó que es el titular de tal
despacho quien da las directrices para dichos procesos y no la profesional
especializado código 222 grado 09, que solo atiende las directrices de la política
municipal.
50. Adujo que la labor de la señora Martínez Flórez es de naturaleza técnica, para
proyectar las reservas presupuestales, el PAC y el plan de inversión del municipio,
actos que están sujetos a la revisión del secretario de hacienda y del alcalde
municipal, quienes los suscriben.
51. Referenció el oficio No. SHA-1070-024-2024 del 30 de enero de 2024 suscrito
por la secretaría de hacienda de Duitama, en el que se certifica que una vez
revisados los presupuestos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, dichos
documentos están firmados por el ordenador del gasto, es decir por el alcalde
municipal y el secretario de hacienda, ya que estos funcionarios ostentan la calidad
de autoridades.
52. Agregó que en tal documento se certificó que no existen presupuestos firmados
por la señora Martínez Flórez ya que ella no tiene la calidad de autoridad civil ni
administrativa, como lo acreditan también, las copias de certificados de
disponibilidad presupuestal.
1.6.3. Concepto del Ministerio Público22
53. El procurador 46 judicial I delegado ante jueces administrativos de Tunja expuso
que, por tratarse de unas limitaciones a los derechos políticos que se derivan de las
inhabilidades e incompatibilidades, respecto de su aplicación, era necesario
observar los criterios de interpretación restrictiva y no la analógica o extensiva.
54. Indicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que se
configure el concepto de autoridad administrativa, las funciones se deben ejercer no
solo con poder de mando, sino con autonomía decisoria, características que no
tienen las funciones de la secretaria técnica del COMFIS.
55. Señaló que de las labores de la servidora no se advierten poderes coercitivos
sobre sus dependientes y los ciudadanos en general, atribuciones para expedir
reglamentos, designar o remover empleados o disciplinar en la secretaria técnica
del COMFIS del municipio de Duitama.
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Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
56. Explicó que, la emisión de CDP simplemente es indicativa de que existen unos
recursos destinados a un gasto previamente indicado por la ley, el reglamento, un
acto administrativo o en materia contractual, por el ordenador del gasto, cosa
distinta a tener el poder decisorio de asumir un compromiso.
1.7. Sentencia de primera instancia
57. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 1, mediante fallo
del 11 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda23.
58. Al respecto consideró que, las funciones asignadas a la madre del demandado
en el cargo profesional especializado código 222 grado 09, no comportan dirección
sobre la generalidad de las personas, o sobre los servidores o procesos internos;
tampoco representan la posibilidad de imponer mando o poder o de nombrar y
remover libremente a servidores de la entidad, ni emitir algún tipo de sanción o
medida correccional con respecto a los mismos.
59. Determinó que la funcionaria no ejerció autoridad administrativa en virtud de su
empleo como secretaría técnica del COMFIS del Municipio de Duitama, porque este
no está enlistado dentro de los cargos que, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley
136 de 1994, ostentan dirección administrativa, que corresponden a la
administración nacional, departamental, municipal; que implican poderes decisorios
o imposición, como es el caso, por ejemplo, de los alcaldes, secretarios de la
alcaldía, jefes de entidades descentralizadas, como superior de los servicios
municipales, gerentes de establecimientos públicos, entre otros.
60. El tribunal analizó las funciones asignadas a la Secretaría Técnica del COMFIS
y encontró que no corresponden a alguna de las señaladas en el artículo 190 de la
Ley 136 de 1994, para que se considere que los empleados oficiales ejercen
autoridad administrativa.
61. Señaló que ni de las funciones del cargo y tampoco de las atribuidas al
secretario del COMFIS, se infiere que se le haya autorizado para celebrar contratos,
ordenar gasto, conferir comisiones, tomar decisiones relacionadas con el talento
humano de la entidad (como por ejemplo conceder vacaciones, comisiones,
permisos, traslados de funcionarios, vincular personal, entre otras), o ejercer
funciones de control interno disciplinario.
62. Precisó que los documentos económicos, fiscales y sociales que se elaboran
en coordinación por la secretaria técnica del COMFIS, la Secretaría de Hacienda y
demás entidades del municipio corresponden a documentos técnicos que sirven de
soporte al consejo, que fija las políticas correspondientes.
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Índice 086 de Samai.
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Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
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63. Expuso que la acción de expedir los CDP no es una facultad autónoma de la
profesional de presupuesto y contabilidad, sino la consecuencia de decisiones
adoptadas por el ordenador del gasto frente a los recursos de la entidad territorial,
que son comprometidos.
64. Indicó que de las pruebas obrantes en el expediente no se advierte que la
señora Lizbeth Martínez Flórez ejerciera poderes coercitivos sobre dependientes o
ciudadanos en general, atribuciones relacionadas con la expedición de reglamentos
o designación o remoción de empleados o disciplinarias.
65. Concluyó que, pese a que la secretaria técnica presenta a consideración del
COMFIS los temas de cumplimiento legal y la presentación, es ese organismo el
que finalmente decide sobre su cumplimiento o aprobación.
66. Tampoco advirtió autoridad administrativa en las funciones relacionadas con la
programación de agenda y sesiones del COMFIS, citación a los miembros a las
sesiones de este, elaboración de informes, preparación y comunicación de
decisiones que adopte y elaboración de actas de las sesiones, porque corresponden
a su buen funcionamiento operativo y organización.
67. Sostuvo que actuar como miembro de un cuerpo colegiado no implica ejercicio
de autoridad administrativa, trajo a colación un caso decidido por esta sección, en
la que se estudió la elección de un concejal, quien, como asesor del despacho de
un gobernador, fue delegado como miembro de la junta directiva de una ESE, por
haber ejercido supuesta autoridad administrativa y se resolvió que las decisiones
adoptadas por el cuerpo colegiado se trataban de una voluntad colectiva que no
configuraba autoridad que generara inhabilidad para ser elegido.
1.7. Recurso de apelación24
68. La parte demandante apeló la anterior decisión. Sostuvo que se realizó una
indebida valoración de los elementos de prueba practicados en el proceso que
demuestran que la señora madre del demandado ejerce autoridad civil y
administrativa en el municipio de Duitama.
69. Refirió que el tribunal debió estimar, que según informó la Secretaría de
Hacienda del ente territorial, la señora Martínez Flórez, tiene personas a su cargo,
lo que prueba que en la realidad, tiene mando.
70. Advirtió que además, fue la supervisora de varios contratos de prestación de
servicios de apoyo a la oficina de contabilidad y presupuesto, que ella preside, frente
respecto de los cuales tenía la facultad de: i) controlar y aprobar la calidad de
prestación del servicio; ii) velar por el soporte presupuestal del contrato y solicitar
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Indice 091 de Samai.
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Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
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las adiciones cuando se requieran para la continuidad de este; iii) solicitar al
contratista, efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que este no está
cumpliendo cabalmente con el objeto contractual; iv) si no se dan los correctivos,
solicitar la aplicación de la caducidad, si el incumplimiento lo amerita.
71. Frente a la autoridad administrativa, señaló que, según el criterio orgánico, esto
es, el que busca establecer la autoridad a partir de la ubicación jerárquica del
empleo y la dirección administrativa que lo caracteriza, el cargo de la servidora no
está enlistado dentro del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, pero que no concuerda
con ese análisis, porque una cosa es la dirección administrativa de que habla dicha
norma y otra la autoridad administrativa.
72. Explicó que el Consejo de Política Fiscal del municipio de Duitama (COMFIS),
del cual hace parte la señora Martínez Flórez, de conformidad con el Acuerdo 053
de 2009, ejerce autoridad administrativa para el manejo de los recursos, dado que,
emite la autorización para la ejecución de proyectos financiados con los de crédito,
realiza modificaciones presupuestales al valor total de los gastos de funcionamiento,
de operación, servicios de la deuda y gastos de inversión de las empresas sociales
y comerciales y Empresas sociales del Estado del orden municipal.
73. Informó que la servidora participó en 18 de las 19 reuniones que realizó el
COMFIS en el año 2023, en las cuales intervino y en algunas votó a favor o en
contra de los asuntos sometidos a discusión.
74. Expresó que el tribunal no analizó las pruebas correctamente, al señalar que los
documentos presentados por la servidora eran solo de apoyo, sin tener en cuenta
que el articulo 26 del Acuerdo 053 de 2009 establece que el COMFIS tiene
funciones de asesorar, aprobar, revisar, modificar, evaluar, analizar, conceptuar,
autorizar y validar los recursos del municipio de Duitama.
75. Señaló que la Resolución 712 de 27 de agosto de 2021, por la cual se expide el
reglamento interno del Consejo de Política Fiscal del municipio de Duitama, en su
artículo segundo reitera que está integrado también por el profesional especializado
de presupuesto y contabilidad, es decir, por la señora madre del concejal y
menciona que ejerce funciones de secretario.
76. Refirió que, según el artículo 5 de la citada disposición la progenitora del
concejal suscribe junto con el presidente del COMFIS, las resoluciones aprobatorias
y modificatorias del presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales
y comerciales del municipio, así como de la empresa social del estado y las
circulares de decisión que deban ser conocidas por el conjunto de entidades de la
administración, incluyendo el nivel local; circunstancia que, a su juicio, genera
autoridad administrativa.
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Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
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77. Refirió que el CDP es un requisito sine qua non para la contratación estatal,
por lo que «ella en el término que indica la inhabilidad y a sabiendas de las
postulaciones de su hijo al Concejo Municipal de Duitama, pudo utilizar su posición,
su poder, para no otorgar o presionar a los futuros contratistas, para hacer
proselitismo político en favor de su hijo».
1.9. Trámite en segunda instancia
78. Por auto del 22 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se
ordenaron los traslados correspondientes25.
1.9.1. Alegatos de conclusión
1.9.1.1. Parte demandante
79. No presentó alegatos de conclusión.
1.9.1.2. Parte demandada
80. Reiteró lo dicho en la demanda y, añadió que, la funcionaria ostenta la calidad
de profesional especializado código 222 grado 009 adscrita a la Secretaría de
Hacienda de Duitama, en carrera administrativa.
81. Informó que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No 785 del 17 de
marzo de 2005 «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación
y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales
que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2024», el nivel al que
pertenece el cargo de la señora Martínez Flórez es profesional, cuya naturaleza
jurídica, descrita en el citado decreto (articulo 3° numeral 4.3), refiere a que: «agrupa
los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de conocimientos
propios de cualquier carrera profesional (...) reconocida por la ley y que según su
complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los
planes, programas y proyectos institucionales».
82. Alegó que, partiendo de la norma citada, ninguna de las funciones legales de la
servidora le permite tener poder alguno para sancionar, nombrar o remover al
personal de la dependencia en la cual labora.
1.1.10. Concepto del Ministerio Público
83. La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
de la siguiente manera:
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84. Explicó de conformidad con las funciones de la secretaria técnica del COMFIS
consagradas en la Resolución 712 de 23 de agosto de 2021 del municipio de
Duitama, la madre del demandado no tiene poderes para expedir reglamentos,
designar, remover o disciplinar empleados.
85. Señaló que la emisión del CDP simplemente es fedataria de que existen unos
recursos destinados a un gasto previamente indicado por la Ley, el reglamento, un
acto administrativo o en materia contractual, por lo que, no es una facultad
autónoma de la profesional de presupuesto y contabilidad, sino la consecuencia de
decisiones adoptadas por el ordenador del gasto frente a los recursos de la entidad
territorial, que son comprometidos.
86. Advirtió que según el oficio SHA1070-660-2023 del 11 de diciembre de 2023
librado por la Secretaría de Hacienda «(...) se puede evidenciar que la Secretaria
Técnica, Profesional Especializada de Presupuesto y Contabilidad, no se encuentra
relacionada dentro de las personas que participaron en la votación respecto de la
decisión adoptada, al finalizar firma como secretaria técnica», la madre del
demandado no participó en las votaciones del COMFIS.
87. Por lo anterior, solicitó que se confirme la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
88. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión núm. 1, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo establecido en los artículos 15026 y 152 numeral 7, literal a) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo27, en
26
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
27
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
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concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
89. El demandante presentó, en su recurso de apelación, argumentos referentes
a la labor que, según afirma, realizó la señora Martínez Flórez, en calidad de
supervisora de algunos contratos para apoyo de la Secretaría de Hacienda del
municipio de Duitama celebrados durante el año 2023.
90. Revisado el expediente se advierte que este cuestionamiento no fue
desarrollado en el escrito de reforma a la demanda. El actor solo vino a presentarlo
con el memorial de alegatos de conclusión de primera instancia. Por tal motivo, en
la sentencia apelada el tribunal señaló que no decidiría sobre ese punto.
91. Conviene aclarar que los demás sujetos procesales solo tuvieron la oportunidad
de pronunciarse sobre los cargos que se sometieron a debate desde el inicio de la
actuación y el debate probatorio se desarrolló en torno a estos, en ese mismo
sentido, el juez de primera instancia se fundamentó en los cuestionamientos
efectuados por el actor en su solicitud introductoria para llegar a la determinación
objeto de apelación.
92. De manera que, un pronunciamiento sobre argumentos nuevos desconocería el
principio de congruencia de la sentencia y vulneraría el derecho al debido proceso,
a la defensa y a la contradicción de las partes.
93. En consecuencia, los señalamientos en mención no serán objeto de estudio,
por haber sido expuestos por fuera de las oportunidades legales establecidas en el
ordenamiento jurídico para hacerlo.
2.3. Problema jurídico
94. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 11 de septiembre de 2024,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda; para ello, se deberá
determinar si, en este caso, se reúnen los elementos que determinan la causal de
inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración;
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95. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidades invocadas y;
(iii) el caso concreto.
2.4. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular
96. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho
a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:
Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo.
El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de
las personas a la función pública. Dentro de estas limitaciones encontramos el
régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar
que a los cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de
antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten
condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren
la contienda electoral».
97. En esa misma línea argumentativa, la Sección Quinta de esta corporación28 ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta
forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los
personales del aspirante». Así mismo, en la realización del principio democrático
esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad «prevenir
afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los
procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes»29.
28
Sentencia del 21 de enero de 2021, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra que
hace eco de las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en las providencias C-564 de
1997, con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, C-558 de 1994 con ponencia del
magistrado Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998 con ponencia del magistrado José Gregorio
Hernández Galindo.
29
Sentencia del 3 de diciembre de 2020, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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98. La Corte Constitucional ha indicado30:
(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de
eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades,
facultades o cargos.
99. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato,
que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena
privativa de la libertad, y otras propenden por conservar el equilibrio que debe guiar
la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la
celebración de contratos por parte del candidato antes de las elecciones, que
otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.
2.5. De la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994
100. La Corte Constitucional31 ha considerado que el régimen de inhabilidades se
relaciona con una circunstancia fáctica cuya verificación le impide al individuo
acceder a determinado cargo público y tienen como finalidad la de asegurar la
primacía del interés general sobre el del particular.
101. También esta sala32 ha indicado que con las inhabilidades se «persigue que
quienes aspiren a acceder a la función pública para realizar actividades vinculadas
a los intereses públicos o sociales de la comunidad posean ciertas calidades o
condiciones que aseguren la gestión de esos intereses con arreglo a criterios de
igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y
antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad».
102. En virtud de tal finalidad, la Ley 136 de 199433, modificada por la Ley 617 de
2000, dispuso para los concejales la siguiente causal:
30
Sentencia C-564 del 6 de noviembre de 1997, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
31
Sentencia C-037 del 9 de mayo de 2018, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo
Schlesinger.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, rad. 2007-00966-02,
ponencia de la magistrada María Nohemí Hernández Pinzón.
33
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».
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ARTÍCULO 40.- De las inhabilidades de los concejales. El Artículo 43 de la Ley 136
de 1994 quedará así:
ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; (…).
103. Esta Sección al interpretar dicha causal de inhabilidad dispuso la
concurrencia de los siguientes elementos estructuradores34:
a) Elemento subjetivo: La existencia del vínculo por matrimonio, unión marital o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil,
entre el elegido y el funcionario.
b) Elemento temporal: Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12
meses anteriores a la elección.
c) Elemento objetivo: Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar.
d) Elemento territorial: Que estos ocurran en el municipio donde resultó elegido el
concejal.
2.5.1. Del ejercicio de autoridad civil
104. El artículo 188 de la Ley 136 de 1994, establece textualmente:
ARTÍCULO 188. Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende
por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado
oficial
para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
105. De acuerdo con la norma antes transcrita, la autoridad civil se manifiesta en
el poder público, de mando, es decir, que se puede imponer a los ciudadanos su
cumplimiento, gracias a atribuciones coercitivas y al apoyo de la fuerza pública, con
el que cuenta para hacer respetar sus mandatos, sin que se determinara
específicamente que cargos públicos la ostenta.
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio,
sentencia de 24 de enero de 2021, radicado 76001-23-33-000-2020-00013-01; concepto reiterado
en las sentencias de esta Sección, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, del 18 de
julio de 2024, radicado 05001-23-33-000-2024-00039-01 y 8 de agosto de 2024, radicado 5001-23-
33-000-2023-00125-01.
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106. Además, de acuerdo con la disposición en estudio, se observa autoridad civil
cuando su titular tiene potestad sancionatoria y facultad de nominación de
servidores públicos, incluso por delegación.
107. En línea con los parámetros legales, de antaño, esta Sección ha definido la
autoridad civil como «el poder que uno tiene para gobernar y poner en ejecución las
leyes», que ostenta, por ejemplo, «quien reconoce y declara los derechos civiles de
las personas»35
108. Es el típico caso de los personeros36, inspectores de policía37, comisarios de
familia38, alcaldes encargados39, alcaldes locales40, directores de institutos
descentralizados41, rectores de establecimientos educativos42, integrantes de los
órganos de regulación del gobierno43, entre otros.
109. En providencias más recientes, la Sala ha definido la autoridad civil como «la
potestad de dirección o mando que tiene determinado servidor público sobre los
civiles o particulares, la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción,
esto es, incluso contra la voluntad de estos.»44
2.5.2. Del ejercicio de la autoridad administrativa
110. Frente a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de Estado45
ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio funcional
que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo,
permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía
decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico, que se ocupa de
35
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 18 de febrero de 1965, Rad. 483-CE SP-1965-02-
MP. Guillermo González Charry.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1990, Rad. 0434, magistrado
ponente Amado Gutiérrez Velásquez.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de abril de 1991, Rad. 0516, magistrado
Jorge Penen Deltieure.
38
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de febrero de 2005, Rad. 23001-23-31-000-
2004-00217-01, magistrado ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 1993, Rad. CE-SEC5-EXP1993-
N0968, magistrado ponente Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de
2001, Rad. AC-12300, magistrada ponente Ana Margarita Olaya Forero.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1994, Rad. CE-SEC5-
EXP1994-N1108, magistrado ponente. Amado Gutiérrez Velásquez. Ver, además, sentencia de 5 de
junio de 2003, Rad. 73001-23-31-000-2000-0365302, magistrado ponente Darío Quiñones Pinilla.
42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de agosto de 2004, Rad. 50001-23-31-000-
2004-00008-01, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
43
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1º de febrero de 2000, Rad. AC-7974, magistrado
ponente Ricardo Hoyos Duque.
44
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 52001-23-33-000-
2019-00638-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, reiterada en la sentencia del 8 de agosto de 2024,
con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, Rad. 54001-23-33-000-2024-00024-01.
45
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01
acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
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Demandante: John Anderson Valderrama Lombana
Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de
la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de
mando.
111. Esto, siguiendo la línea de pensamiento de la decisión del 9 de septiembre de
200546, mediante la cual esta Sala dispuso:
Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que
de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla fuera de texto)
112. Desde el enfoque funcional, la jurisprudencia47 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones
y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede
al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.
113. Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de
funciones que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado,
siempre y cuando, las competencias analizadas cumplan las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
[…]aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia».48 (Se resalta).
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-
31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-
000- 2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
48
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03 15-000-2001-
0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
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Demandado: Guillermo Andrés Reyes Martínez
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
2.4. Caso concreto
114. El demandante afirmó que el señor Guillermo Andrés Reyes Martínez está
incurso en la inhabilidad alegada porque su progenitora ejerció autoridad civil y
administrativa en el municipio de Duitama, donde fue elegido como concejal, dentro
de los 12 meses anteriores a la elección.
115. Justificó su posición en que, desde el 2 de julio de 1996, la progenitora del
demandado desempeña el cargo de profesional especializada, código 222 grado 09
adscrita a la Secretaría de Hacienda del municipio de Duitama, en virtud del cual
tiene asignadas las funciones de dirección y control dentro de la administración
municipal, entre ellas, planear, organizar, coordinar y ejecutar los procesos
presupuestales y contables del municipio, garantizando la correcta utilización de los
recursos públicos y el normal funcionamiento de la administración; además, firma
los certificados de disponibilidad presupuestal.
116. Adicionalmente refirió que, desde el 9 de diciembre de 2009, la servidora
también cumple el papel de secretaria técnica del COMFIS, en virtud del cual, tiene
a su cargo las actividades consagradas en el artículo 7 de la Resolución 712 de
2021 que generan autoridad.
117. Expuso que dicho organismo es «el rector de la política fiscal y coordinador
del sistema presupuestal del Municipio de Duitama» y ejerce autoridad
administrativa para el manejo de los recursos, dado que, emite la autorización para
la ejecución de proyectos financiados con recursos de crédito, realiza
modificaciones presupuestales al valor total de los gastos de funcionamiento, de
operación, servicios de la deuda y gastos de inversión de las empresas sociales y
comerciales del Estado y Empresas sociales del Estado del orden municipal.
118. Las pruebas aportadas al proceso acreditan los siguientes supuestos:
i) Conforme a la certificación del 24 de noviembre de 2023, expedida por la
Secretaría de Hacienda de Duitama, la señora Lizbeth Martínez Flórez,
labora al servicio del municipio de Duitama desde el 2 de julio de 1996, en el
cargo de profesional especializado Código 222 Grado 09 en la Secretaría de
Hacienda, y está debidamente inscrita y escalafonada en carrera
administrativa49.
ii) Conforme al oficio del 11 de diciembre siguiente, librado por la secretaria
de hacienda, la referida señora hace parte del COMFIS, por ostentar el cargo
de profesional especializado de presupuesto y contabilidad, y actúa en dicho
cuerpo colegiado ejerciendo como secretario técnico, cuyas funciones están
49
Documento aportado con la demanda.
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taxativamente definidas en el artículo 70 de la Resolución No. 712 de 202150.
iii) De acuerdo con registro civil de nacimiento No. 93041524209, entre el
demandado y la señora Lizbeth Martínez Flórez existe parentesco en el
primer grado de consanguinidad.
119. La discusión que se suscita en esta instancia está relacionada con el
elemento objetivo, el cual, de acuerdo con los cuestionamientos realizados por el
demandante, conducen a establecer que la progenitora del concejal ejerció
autoridad administrativa o civil dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
120. Las inconformidades del actor con el fallo de primera instancia giran en torno
a que, la señora Lizbeth Martínez Flórez ejerció autoridad administrativa, porque así
lo demuestran las certificaciones emitidas por el ente territorial en las que se indicó
que actuaba como jefe de su dependencia.
121. En segundo lugar, refiere el demandante, que la progenitora del concejal
Reyes Martínez integra el COMFIS, organismo que tiene funciones de asesorar,
aprobar, revisar, modificar, evaluar, analizar, conceptuar, autorizar y validar los
recursos del municipio y que, en esa calidad, intervino durante las sesiones e incluso
emitió su voto, según figura en las actas de las reuniones llevadas a cabo durante
el año 2023.
122. Finalmente, el accionante insistió en que el CDP, es un documento que
demuestra la autoridad que ejerce la servidora para definir los gastos y presupuesto
de la entidad, facultad que podía usar en beneficio de su hijo.
123. Para resolver, se precisa que se estudiarán los reparos formulados, en el
orden descrito, en tal sentido, se observa que, entre las funciones asignadas al
cargo de profesional especializado código 222 grado 09, en el Decreto No. 448 del
15 de noviembre de 2011 «por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones
y de Competencias Laborales para los Empleos que Conforman la planta de
personal en el sector central del Municipio de Duitama», se encuentran:
1 Estudiar y consolidar técnicamente los proyectos de presupuesto presentados por
las distintas dependencias y entidades descentralizadas, para la consolidación y
preparación del anteproyecto de presupuesto del Municipio en coordinación con el
Secretario de Hacienda.
2 Coordinar, supervisar, señalar y presentar los estados financieros e informes, de
acuerdo al sistema integrado de información financiera, a las entidades y órganos del
sector público en su conjunto, con sus anexos y notas explicativas, estableciendo la
prioridad, estructura y características que deben cumplir.
3 Coordinar con los institutos descentralizados, la consolidación de la entrega de la
información financiera, en los términos y formatos establecidos por la Contraloría
General de la Nación para consolidar la contabilidad municipal.
50
Documento aportado con la demanda.
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4 Proyectar los actos administrativos para las modificaciones presupuestales, la
constitución de las reservas presupuestales y el PAC, de conformidad con las normas
legales vigentes y la política municipal.
5 Verificar, analizar y consolidar la ejecución presupuestal de ingresos y egresos de
la Administración Municipal sector central con su correspondiente imputación.
6 Proyectar con el Secretario de Hacienda y la Jefe de la oficina Asesora de
Planeación el plan de inversión del municipio de acuerdo con la política
gubernamental.
7 Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato acordes con el
propósito principal del cargo.
124. Frente al ejercicio de autoridad civil, se advierte que las funciones que
comprenden el cargo que ejerce la madre del demandado, como profesional
universitario adscrita a la Secretaría de Hacienda, no otorgan la posibilidad de
imponer a los ciudadanos el cumplimiento de normas o el respeto de derechos,
puesto que entre ellas no existe alguna con atribuciones coercitivas, de dirección
frente a la fuerza pública, potestad sancionatoria o facultad de nominación de
servidores públicos, de manera que, se descarta esta facultad.
125. Ahora, partiendo de la noción de autoridad administrativa y de sus
características, de la sola lectura de las funciones numeradas en el manual de
funciones citado, no se puede extraer alguna que se oriente a imponer ordenes
sobre los particulares, ejercer facultad de decisión, definir situaciones
administrativas de otros empleados, investigar o sancionar faltas disciplinarias,
ordenar el gasto, trasladar empelados, conceder licencias, vincular personal
supernumerario, ni ninguna otra que se asemeje a las que jurisprudencialmente se
han establecido, sin que ello implique se trate de un listado taxativo.
126. En efecto, la autoridad administrativa puede determinarse a partir de dos
criterios: orgánico y funcional; el tribunal consideró, con base en el primero, teniendo
en cuenta la ubicación jerárquica del empleo, el cargo de profesional universitario
que ocupa la señora Martínez Flórez no hace parte del gobierno municipal, como si
lo conforman el alcalde, los secretarios y los jefes de departamentos administrativos.
127. Por su parte, el criterio funcional exige un análisis casuístico de las funciones
desempeñadas por la servidora, que permita dilucidar dos elementos puntuales: el
instrumental y el finalístico.
128. El primero hace alusión a «las herramientas de dominio o, como lo ha
expresado la Sala en otras oportunidades, de potestades que le permitan
imponerse, decretar, mandar y hacerse obedecer, denotando, en general, un grado
de autonomía decisoria en el ejercicio de las funciones que le son confiadas a los
servidores». El segundo se refiere al fin que deben perseguir dichas atribuciones,
esto es, el funcionamiento efectivo de la administración pública51.
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad. N° 41001-23-31-
000- 2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 9 de septiembre de 2005.
12 Instrumental. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad. N°
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Radicación: 15001-23-33-000-2024-00007-01
129. Conforme al Manual de Funciones del ente territorial, la señora Martínez
Flórez realiza labores relacionadas con: i) estudiar y consolidar técnicamente los
proyectos; ii) coordinar, supervisar, señalar y presentar los estados financieros
e informes; iii) coordinar con los institutos descentralizados, la consolidación de la
entrega de la información financiera; iv) proyectar los actos administrativos; v)
verificar, analizar y consolidar la ejecución presupuestal de ingresos y egresos;
vi) proyectar con el secretario de hacienda y la jefe de la oficina asesora de
planeación el plan de inversión del municipio.
130. Como se puede observar, los verbos rectores de las tareas asignadas a la
servidora refieren un trabajo de coordinación, supervisión, proyección de actos,
análisis y consolidación de información. Ninguna de estas acciones pueden
asimilarse a la facultad de direccionar, decidir, adoptar lineamientos u ordenar
gastos, tampoco se refieren a la capacidad de adquirir obligaciones a nombre del
ente territorial o celebrar contratos.
131. Las labores de la progenitora del demandado corresponden a un nivel
profesional, es decir, que contribuyen al funcionamiento de la organización, en la
medida en que aportan a la ejecutan los objetivos, planes y políticas fijados en las
disposiciones o lineamientos que orientan la misión del ente territorial. Sin embargo,
las tareas que desarrolla la servidora siempre están sujetas a las directrices y
órdenes que otros funcionarios, con competencias para decidir y direccionar; por
ejemplo, el secretario de hacienda o el jefe de la oficina asesora de planeación el
plan de inversión del municipio; como lo establece el manual de funciones.
132. Ahora bien, el actor adujo que las certificaciones expedidas por la Secretaría
de Hacienda (oficio TTH-1081-13-360-24 del 15 de mayo de 202432 y certificación
SHA-1070-0217-2024), según las cuales, la señora Martínez Flórez es la jefe de la
dependencia de Presupuesto y Contabilidad y tiene como personal a cargo: 1
secretaria y 1 profesional; acreditan el ejercicio de atribuciones de mando52.
133. Al respecto debe precisarse que, las afirmaciones contenidas en las
certificaciones a que hace alusión el accionante no logran demostrar que la
servidora tenía facultad de ejercer autoridad, pues en ellas no se hizo una
descripción de las tareas que realizaba en ejercicio de la jefatura que ostentaba en
la oficina a la cual está adscrita.
134. En efecto, los referidos documentos no explicaron qué significa, en ese
contexto, el rol de jefe, es decir, si se trata de una simple actividad de revisión o
supervisión de la labor que realizan los otros servidores o si en realidad comprendía
la facultad para nominarlos, decidir sobre sus situaciones administrativas, o
27001-23-31-000- 2000-0934-01(2804). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 28 de febrero de
2002.
52
Indice 51 de samai, paginas 6-7 y 168.
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investigar sus conductas.
135. Tampoco se aportaron otros documentos como contratos, actos
administrativos o de trámite o cualquier otra actuación en la que se demostrara que
la servidora, en calidad de jefe de la oficina, inició investigaciones, impuso
sanciones, nombró, encargó, trasladó o concedió horas extras, licencias no
remuneradas, etc., a los empleados que supuestamente estaban a su cargo.
136. Aunado a lo anterior, la Resolución 847 del 7 de noviembre de 2006,
determinó que la Secretaría de Hacienda está conformada por 4 oficinas (despacho,
contabilidad y presupuesto, tesorería y fiscalización) cada una integrada por
profesionales de diferente grado, auxiliares administrativos y secretarios. Además,
señaló que el secretario de hacienda, los secretarios de despacho y jefes de oficina
asesora «asignarán las responsabilidades y tareas dentro del personal asignado a
cada dependencia, con el fin de cumplir con las funciones propias y los objetivos y
metas establecidas». De manera que, la función de mando o dirección sobre los
empleados de cada oficina recae exclusivamente en los referidos funcionarios53.
137. En suma, los elementos de juicio obrantes en el plenario no son suficientes
para concluir que la funcionaria tenía la facultad para adoptar decisiones referentes
al personal a su cargo, como nominarlos, investigarlos, sancionarlos, o para celebrar
contratos, contraer obligaciones en nombre de la entidad o adelantar otras
actuaciones que denotaran facultad de mando y capacidad decisoria.
138. Frente a la labor de la progenitora del concejal como secretaria técnica del
Consejo Municipal de Política Fiscal, se advierte que, este órgano fue creado por el
artículo 25 del Acuerdo 053 del 200954, está adscrito a la Secretaría de Hacienda
municipal y es el rector de la política fiscal y coordinador del sistema presupuestal
del Municipio de Duitama.
139. Conforme a la Resolución 712 del 23 de agosto de 202155, el referido consejo
está integrado por los siguientes funcionarios:
1. Alcalde Municipal, quien lo presidirá
2. Secretario de Hacienda,
3. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.
4. Tesorero Municipal
5. Profesional Especializado de Presupuesto y Contabilidad, quien ejercerá las
funciones de Secretario
6. Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama
7. Gerente de lERD, como delegado de los establecimientos públicos
8. Secretario de Educación, delegado de las Instituciones educativas Oficiales.
53
Índice 51 de Samai.
54
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Duitama.
55
Por la cual se expide el reglamento interno del comité de política fiscal del municipio de Duitama.
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140. Adicionalmente, conforme a la Resolución No. 712 de 202156 como secretaria
técnica del COMFIS, ejerce las siguientes funciones:
ARTICULO SÉPTIMO: Funciones de la Secretaría Técnica:
1 . Programar la agenda anual y de cada sesión del COMFIS.
2 . Presentar a consideración del COMFIS los temas de cumplimiento legal.
3 . Presentar para aprobación del COMFIS las recomendaciones de política
presupuestal, fiscal, económica y social que sea conveniente adoptar.
4 . Citar a los miembros COMFIS a las sesiones ordinarias, extraordinarias.
5 . Invitar a los funcionarios de la Administración Municipal cuando sea requerido.
6 . Elaborar, en colaboración con las entidades, los informes que solicite el Consejo
para el desarrollo de sus funciones.
7 . Coordinar con la Secretaría de Hacienda y las entidades encargadas de los asuntos
económicos y sociales, el estudio y preparación de documentos relacionados con
temas económicos, fiscales, sociales y territoriales que sirvan de base al COMFIS
para fijar políticas en estas materias.
8 . Preparar y comunicar las decisiones adoptadas por el COMFIS.
9 . Elaborar las Actas de cada una de las sesiones y responder por el archivo de las
mismas.
141. Las funciones consagradas en ambas disposiciones no encierran un poder
decisorio y ni siquiera denotan autonomía en sus actuaciones, pues todas ellas se
refieren, bien sea a estudiar o proyectar junto con otros funcionarios, actos,
informes o estados financieros; a presentar o rendir documentos o información a
otras entidades o servidores y a coordinar o supervisar otras actividades.
142. Las labores ante el COMFIS, son calificadas por la referida resolución como
meramente secretariales, es decir, que se distinguen por la ausencia de facultad de
mando, como pueden ser: convocar a las sesiones, preparar los documentos que
ahí se soliciten, rendir informes, presentar los temas durante las reuniones y
elaborar las actas.
143. En síntesis, las tareas que desarrolla la progenitora del concejal tienen como
finalidad, apoyar las sesiones que celebra el COMFIS, es decir, que se lleven a cabo
de manera exitosa, para ello cita a los miembros y organiza la agenda, además
desarrolla labores previas, entre las que se encuentran la elaboración de informes
y preparación de documentos que serán presentados en las sesiones como insumo
para que el organismo fije las políticas correspondientes.
144. Ninguna de las labores asignadas a la señora Martínez Flórez equivalen a
manifestaciones propias de la autoridad administrativa sino que se restringen a las
tareas que realiza un funcionario del nivel profesional que no adopta decisiones,
suscribe contratos o actos ni compromete los destinos de la entidad.
145. De otro lado, obra en el plenario, la certificación expedida el 30 de julio de
56
Por la cual se expide el reglamento interno del Comité de Política Fiscal del Municipio de Duitama.
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2024, por la secretaria de hacienda del municipio que indica: «Por lo tanto como se
puede observar en la Composición del COMFIS, se encuentra la Profesional
Especializada de Presupuesto y Contabilidad y no se encuentra dentro del
Reglamento ninguna excepción para esta en las decisiones de dicho comité (…).
Sin embargo, al verificar las actas del COMFIS realizadas, se puede evidenciar que
la Secretaria Técnica, Profesional Especializada de Presupuesto y Contabilidad, no
se encuentra relacionada dentro de las personas que participaron en la votación
respecto de la decisión adoptada, al finalizar firma como secretaria técnica».57
146. Por su parte, el accionante refirió que en dos de las sesiones celebradas en
el año 2023 por el COMFIS58, la progenitora del concejal demandado intervino y dio
su voto negativo a las iniciativas discutidas. Información que aparece plasmada en
dichos documentos.
147. No obstante, al analizar esta prueba documental con los demás medios de
convicción aportados y revisarla en el marco de las funciones conferidas a la
secretaria técnica del comité, se encuentra que, la señora Martínez Flórez ejerce
labores secretariales para el COMFIS, que implican que intervenga durante las
sesiones, ello no puede desconocer las labores asignadas en la norma que regula
el funcionamiento del organismo.
148. De manera que, pese a que la secretaría de hacienda señaló en su
certificación que la funcionaria puede votar, lo cierto es que dentro de las funciones
de la servidora dicha facultad no se encuentra prevista conforme a las pruebas
obrantes en el proceso.
149. En conclusión, la servidora no está habilitada para adoptar de manera
autónoma decisiones relacionadas con la política fiscal y el sistema presupuestal
del municipio, competencias que las normas territoriales le han asignado al
COMFIS; su función, se insiste, apenas llega hasta las labores técnicas que le
encomendó la Resolución No. 712 de 2021.
150. Finalmente, se advierte que, la función de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal no otorga facultades para contraer obligaciones o
adquirir compromisos presupuestales en nombre de la entidad, mucho menos para
expedir actos o celebrar contratos; dado que es el instrumento a través del cual se
da cuenta de la existencia de recursos para que la administración, en cabeza de los
funcionarios con poder decisorio, asuma obligaciones futuras; es decir, es una
certificación de que existe apropiación presupuestal suficiente para atender una
prestación económica que se asumirá mediante una decisión o acuerdo.
151. Así las cosas, está demostrado que la señora Lizbeth Martínez Flórez no
57
Indice 64 de samai.
58
Indice 51 de samai.
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ejerció autoridad administrativa o civil en el municipio de Duitama, en ejercicio del
cargo que desempeña en la Secretaría de Hacienda de la administración municipal,
durante los 12 meses anteriores a la elección del señor Guillermo Andrés Reyes
Martínez como concejal.
152. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, en consideración a que
no se configuró la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 4 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 11 de septiembre de 2024, por medio de
la cual, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 1, negó las
pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la parte considerativa
de este fallo.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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