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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00518-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00518-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00518 01 Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00518-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202400518011
Recurso de apelación contra la sentencia de 26 de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

TESIS: CONCEJALES DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) NO INCURREN
EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS, LUEGO DE
DECLARARSE LA NULIDAD DEL ACUERDO NÚM. 06 DE 29 DE
NOVIEMBRE DE 2022 “[…] POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE
GIRARDOT A DESTINAR PARCIALMENTE RECURSOS DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO (IPU) PARA LA OPERACIÓN DEL CATASTRO
MULTIPROPÓSITO […]”.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 26 de agosto de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se denegó la pérdida de investidura de los concejales del
municipio de Girardot (Cundinamarca), señores IVÁN ENRIQUE
SALGUERO HERNÁNDEZ, LINA MARCELA CABEZAS PORTELA,
VLADIMIR MATULEVICH OSPINA y JONATHAN GÓMEZ PARRA,
por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00518 01
Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura de los
concejales del municipio de Girardot (Cundinamarca), señores IVÁN
ENRIQUE SALGUERO HERNÁNDEZ, LINA MARCELA CABEZAS
PORTELA, VLADIMIR MATULEVICH OSPINA y JONATHAN
GÓMEZ PARRA, por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrieron en la causal
de pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3,
de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de
6 de octubre de 20003, esto es, por indebida destinación de dineros
públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes argumentos vinculados, exclusivamente, con la resolución
del presente asunto: que en el Acta núm. 190 de la sesión plenaria
ordinaria del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), consta
que se aprobó el Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022,
“[…] Por el cual se autoriza al alcalde de Girardot a destinar
parcialmente recursos del Impuesto Predial Unificado (IPU) para la
operación del catastro multipropósito […]”, siendo ponente el
concejal accionado JHONATAN GÓMEZ PARRA.

2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios”.
3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00518 01
Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

Refirió que mediante la Resolución núm. 1795 de 7 de diciembre de
2022, expedida por el alcalde municipal de Girardot (Cundinamarca),
se resolvió justificar la celebración del contrato interadministrativo
entre el municipio de Girardot (Cundinamarca) y la EMPRESA DE
DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, cuyo objeto sería que “[…]
La SEM operará el catastro multipropósito en el municipio de Girardot
[…]”.

Mencionó que ese mismo día, -7 de diciembre de 2022-, a través del
Decreto Acordal núm. 243, expedido por el alcalde municipal de
Girardot (Cundinamarca), se destinó a la EMPRESA DE
DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, encargada de la operación
del catastro multipropósito, las transferencias ordenadas por el
Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022, con el objeto de
financiar la operación catastral que se ejecutará en ese ente
territorial, recursos que serían administrados mediante un encargo
fiduciario constituido por esa SEM, conforme las órdenes que se le
impartan.

Señaló que fue celebrado el Contrato Interadministrativo núm. CTO-
1416-CD-CI-005-2022 de 9 de diciembre de 2022, entre el municipio
de Girardot (Cundinamarca) y la EMPRESA DE DESARROLLO
INTELIGENTE SAS SEM, en la que el ente territorial se obligó a
pagarle, por medio de la plataforma fiduciaria, el 12.7% del Impuesto
Predial Unificado destinado a financiar la operación catastral, -
cláusula tercera-, según lo establecido en el Acuerdo núm. 06 de
29 de noviembre de 2022, así como la suma de $4.000.000.000,
-cláusula séptima-, siendo el valor global de dicho contrato para
efectos fiscales y tributarios, la suma de $10.000.000.000.

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Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

Afirmó que el 30 de diciembre de 2022, el municipio de Girardot
(Cundinamarca) efectuó un giro por valor de $3.000.000.000 a la
EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM; y el 24 de
febrero de 2023, un nuevo giro por la suma de $1.000.000.000.

Comentó que la Gobernación de Cundinamarca allegó el escrito de
observaciones al Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022,
expedido por el Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), con
el fin de que se estudiara su legalidad ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el cual, mediante sentencia de 8 de junio de 2023
(Expediente con número único de radicación 25000-23-41-000-
2023-00182-00-, declaró su nulidad.

Recordó que el municipio de Girardot (Cundinamarca) y la EMPRESA
DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, suscribieron el
Modificatorio núm. 1 de 21 de diciembre de 2023 al Contrato
Interadministrativo núm. CTO-1416-CD-CI-005-2022 de 9 de
diciembre de 2022, en el que se convino que el valor de la
actualización por predio para el primer año sería de $177.905, monto
este que superaba el 12.7% inicialmente pactado.

Resaltó que el 25 de abril de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo y confirmó
la sentencia de tutela de 15 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Primera de la misma Corporación, por no encontrarse
superado el requisito general de relevancia constitucional.

Arguyó que los accionados autorizaron entregar un porcentaje del
valor del Impuesto Predial Unificado a una sociedad de economía

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Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

mixta, -EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM-,
como forma de pago, sin determinar el valor cierto por el servicio a
prestar; y que es en la misma exposición de motivos en la que se
evidencia la intención del promotor o promotores del proyecto de
acuerdo que derivó en el Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre
de 2022, al referirse a la destinación de un porcentaje del recaudo
para que con ello se pague la operación del catastro multipropósito,
lo que transgredió lo establecido en los artículos 5º y 10º de la Ley
819 de 9 de julio de 20034; 287 y 346 de la Constitución Política; 1º
de la Ley 1386 de 21 de mayo de 2010 5; 55, numeral 4, de la Ley
136; 137, 139 y 275 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 6; 48,
numeral 3, de la Ley 617; 2.2.2.5.12 del Decreto 1170 de 28 de
mayo de 20157; y 1º del Decreto 1983 de 31 de octubre de 20198.

Sostuvo que transgrediendo lo previsto en los artículos 1º de la Ley
1386 de 2010 y 55, numeral 3, de la Ley 136, que prevé que los
concejales perderán su investidura por indebida destinación de
dineros públicos, los accionados autorizaron el 12.7% del recaudo del
Impuesto Predial Unificado como pago de un contrato
interadministrativo con vigencia de 15 años, supeditado al principio
de anualidad presupuestal, autorizarse vigencias futuras porque se
estaba destinando el presupuesto de otras vigencias distintas para

4 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones […]”.
5 “[…] Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la

administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones […]”.
6 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.
7 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de

Información Estadística […]”.
8 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019

y se adiciona un capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, “Por medio
del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información
Estadística” […]”.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00518 01
Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

su ejecución, vulnerando, además, el principio de anualidad
presupuestal.

Indicó que a través del Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de
2022 los accionados entregaron a un tercero el cobro de un tributo,
acto administrativo que si bien fue declarado nulo, dicha
circunstancia no los exime de haber configurado la conducta
prohibida de aplicar dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el
reglamento o no autorizados por estos, pues la referida causal de
desinvestidura no exige un comportamiento de resultado.

I.3.- Los concejales, a través del mismo apoderado, presentaron
escrito de contestación común en el que se opusieron a la pretensión
de la solicitud, para lo cual alegaron que si bien fueron aprobados los
acuerdos municipales núms. 003 de 8 de abril de 2021, 020 de 25
de noviembre de 2021 y 023 de 29 de noviembre de 2021, ello lo
hizo la plenaria del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca),
es decir, sus quince miembros, y no únicamente los accionados.

Adujeron, con respecto al Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre
de 2022, que el concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA no fue el
ponente de dicho proyecto; y que, además, de conformidad con la
certificación expedida por la Secretaría del Concejo Municipal de
Girardot (Cundinamarca), éste lo votó negativamente.

Señalaron que no les consta lo relacionado con la Resolución núm.
1636 de 16 de diciembre de 2021, el Contrato de Concesión núm.
1025 de 22 de diciembre de 2021, el Contrato de Interventoría núm.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00518 01
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1027 de 31 de diciembre de 2021, el Contrato de Consultoría núm.
CTO-1224-2023 de 22 de agosto de 2023 y su otrosí, la Resolución
núm. 1733 de 25 de noviembre de 2022, el Contrato
Interadministrativo núm. CTO-1378-CD-CI-003-2022 de 2 de
diciembre de 2022, el Contrato núm. 1034 de 11 de julio de 2023,
licitación pública núm. 006 de 2022, la Resolución núm. 786 de 10
de junio de 2022, la Resolución núm. 964 de 12 de julio de 2022,
documento de constitución de la EMPRESA DE DESARROLLO
INTELIGENTE SAS SEM, la Resolución núm. 1795 de 7 de
diciembre de 2022, el Decreto Acordal núm. 243 de 7 de diciembre
de 2022, el Contrato Interadministrativo núm. CTO-1416-CD-CI-
005-2022 de 9 de diciembre de 2022, Modificatorio núm. 1 de 21 de
diciembre de 2023 al Contrato Interadministrativo núm. CTO-1416-
CD-CI-005-2022 de 9 de diciembre de 2022, toda vez que no fueron
actos expedidos ni contratos celebrados por el Concejo Municipal de
Girardot (Cundinamarca), ni contaron con la participación de los
accionados.

Manifestaron, en cuanto a los giros de dinero a la EMPRESA DE
DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, que no les constan, pues
no tuvieron injerencia alguna en dicha actuación y propusieron las
excepciones previas de: ‘inepta demanda por falta de requisitos
formales, por no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 162
del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo’ y ‘falta de litisconsorcio pasivo necesario’; y como
excepciones de fondo formularon la ausencia de configuración de las
causales de pérdida invocada y la falta del elemento subjetivo como
requisito de procedencia del proceso de pérdida de investidura.

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Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

Sostuvieron que el hecho de haberse aprobado un acuerdo mediante
el cual se autorizaba al alcalde municipal a destinar un impuesto para
garantizar el pago de la operación catastral no implica, per se, una
indebida destinación de dineros públicos, como quiera que no se
cubrieron objetos, actividades o propósitos no autorizados, pues de
conformidad con la información consignada en el proyecto de
acuerdo, en el municipio de Girardot (Cundinamarca) se presentaba
una relación inversa respecto del número de predios que debían
subsanarse, además era obligatorio cumplir con el Plan de Desarrollo
de Girardot 2020-2023 ‘Girardot es de todos, Visión 2040’, cuyo
objetivo es construir una sociedad en la que la calidad de vida del
ciudadano sea el centro de atención y acción del Estado, en los
mismos términos del estudio técnico elaborado para los efectos.

Mencionaron que no se costearon objetos, actividades o propósitos
que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos
para los cuales están previamente asignados, pues no se utilizó rubro
orientado a inversión y otro aspecto para darle cumplimiento al
acuerdo; y que el acuerdo autorizaba al alcalde municipal de Girardot
(Cundinamarca) a destinar un impuesto para garantizar el pago de
la operación catastral, pero nunca la dirección ni a quien ni cómo
debía hacerlo, habida cuenta que no era competencia de los
accionados.

Argumentaron que no se sufragaron objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento,
pues como indicaban los estudios técnicos, el municipio de Girardot
(Cundinamarca) tenía una necesidad que se pretendió subsanar con
los acuerdos suscritos en función del mandato constitucional que les

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fue otorgado a los concejales; y que no se pagaron por materias
innecesarias o injustificadas, no se destinaron los dineros públicos
con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, y con la expedición del acuerdo se buscó un beneficio, no
económico a favor de los accionados o de terceros, sino de la
comunidad en general en virtud del principio del interés general
establecido en la Constitución Política.

Recordaron que la nulidad del Acuerdo núm. 06 de 29 de
noviembre de 2022, declarada judicialmente, no significa que se
hayan destinado los dineros públicos a finalidades y cometidos
estatales prohibidos o distintos a los previamente establecidos en la
Constitución y en la ley, por cuanto no toda irregularidad que pueda
predicarse de la orden que implique gasto configura esta causal; y
aclararon que en el expediente no existía prueba del
aprovechamiento indebido o de falta de necesidad de lo allí acordado.

Agregaron que no hay elementos que indiquen el pago o desembolso
efectivo de los recursos, tal como se observa en las pruebas que se
aportaron; y que para el desarrollo del Acuerdo núm. 06 de 29 de
noviembre de 2022, fue el municipio de Girardot (Cundinamarca),
y no los accionados, quien contrató una consultoría con el
CONSORCIO GIRARDOT CIUDAD INTELIGENTE, -Contrato de
prestación de servicios núm. CPS-908-MC-051-2021 de 26 de
octubre de 2021-, con el fin de estructurar el proyecto empresarial
para la operación del catastro multipropósito y presentar el proyecto
de acuerdo, es decir, que los concejales en ejercicio de sus funciones
actuaron cobijados bajo el principio de la buena fe, seguridad jurídica
y confianza legítima en el desarrollo del debate y aprobación del

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acuerdo conforme a los documentos aportados por la Alcaldía
Municipal de Girardot (Cundinamarca).

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 26 de agosto de 2024, denegó
la pérdida de investidura de los accionados, para lo cual indicó que
si bien el actor en sus alegatos de conclusión se refirió a la causal de
indebida destinación de dineros públicos derivada de la expedición,
tanto del Acuerdo núm. 023 de 29 de noviembre de 2021, “[…] Por
medio del cual se autoriza al alcalde municipal para constituir una
sociedad de economía mixta para iniciar la transformación de
Girardot, en una ciudad inteligente y sostenible […]”, como del
Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022, “[…] Por el cual
se autoriza al alcalde de Girardot a destinar parcialmente recursos
del Impuesto Predial Unificado (IPU) para la operación del catastro
multipropósito […]”, lo cierto es que en la solicitud inicial, dentro del
acápite que denominó ‘concepto de violación’, se advierte que la
causal fue sustentada en que los promotores del proyecto, que derivó
en el citado Acuerdo núm. 06, entregaron a un tercero el cobro del
Impuesto Predial Unificado a la sociedad de economía mixta,
EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, aspecto
este último abordado en el estudio de la sentencia apelada.

Señaló que en la sentencia de 8 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
declararon fundadas las observaciones de la Gobernación de
Cundinamarca contra el Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre
de 2022, expedido por el Concejo Municipal de Girardot

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(Cundinamarca) y, en consecuencia, se declaró la nulidad de dicho
acto administrativo, se concluyó que no hubo un estudio adecuado y
planeación detallada por parte de ese Concejo en torno a la
afectación del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial.

Mencionó, en tal sentido, que si bien ese fallo anuló el Acuerdo núm.
06 de 29 de noviembre de 2022, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado que la indebida destinación de dineros públicos
se configura siempre que los recursos del erario se apliquen a
propósitos o actividades prohibidas por la Constitución, la ley u otra
disposición normativa, o cuando se pretenda un incremento
patrimonial personal o de otra persona, ya que deben analizarse
otros aspectos como si existió la afectación al patrimonio, -caso que
en este asunto no se presentó-, si el dinero iba dirigido a un
particular, -en este caso era a la sociedad de economía mixta del
municipio-, y aunado a que la decisión fue colegiada.

Adujo que con la participación en la aprobación y votación del
Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022, los accionados
actuaron en cumplimiento de las funciones que corresponden a los
concejos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 313 Superior, sin
que se hubiere probado que los recursos del erario se aplicaron a
propósitos o actividades prohibidas por la Constitución, la ley u otra
disposición normativa, o que hubieren pretendido con ello un
incremento patrimonial personal o de un tercero.

Reiteró, como ha sostenido la jurisprudencia, que la declaratoria de
nulidad del acto administrativo no puede servir como fundamento
para decretar la pérdida de investidura, debido a que el juicio de

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legalidad que se realizó del Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre
de 2022, no hizo el análisis de la causal de pérdida de investidura
prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, y mal haría en
deducirse que la invalidez de un acto expedido por una corporación
pública comporta la incursión de sus miembros en indebida
destinación de dineros públicos, toda vez que prevalecen otros
aspectos que deben ser dilucidados en el juicio de pérdida de
investidura, tal como la efectiva aplicación de los recursos y el
menoscabo del erario o el beneficio económico del acusado o de un
tercero, lo que no fue probado en el proceso de la referencia.

Argumentó que, mediante memorial núm. SHDA 110-47-Oficio núm.
676 de 17 de julio de 2024, suscrito por el Secretario de Hacienda
de la Alcaldía Municipal de Girardot (Cundinamarca), en respuesta a
una petición de los accionados, y que fue allegada con su
contestación, se hace constar que verificado el Sistema de
Información Financiera SINFA, fue acreditado que la administración
municipal, durante las vigencias 2022, 2023 y 2024, no giró ningún
dinero o porcentaje recaudado del Impuesto Predial Unificado para
garantizar el pago de la operación catastral multipropósito con base
en el Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El actor, esta vez a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia, en el que solicita revocar la
decisión del a quo y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura
de los accionados, con fundamento en que avizora un interés

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indebido de los accionados en la aprobación del Acuerdo núm. 06
de 29 de noviembre de 2022, pues autorizaron al alcalde
municipal de Girardot (Cundinamarca) a destinar por quince años el
12.7% del recaudo anual del Impuesto Predial Unificado para
garantizar el pago de la operación catastral; y que así el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca hubiese anulado tal acuerdo, la
administración municipal con la misma autorización otorgada por el
Concejo, suscribió el Modificatorio núm. 1 de 21 de diciembre de
2023 al Contrato Interadministrativo núm. CTO-1416-CD-CI-005-
2022 de 9 de diciembre de 2022, incluyendo el parágrafo quinto,
para establecer que el valor de la actualización para el primer año
sería de $177.905 por predio, es decir, transformó ese 12.7% del
Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022 por aquel valor.

Sostiene que, en su condición de servidores públicos, al ejercer las
competencias de las que han sido revestidos, los accionados
pretendieron derivar un beneficio económico a una tercera persona
cuando autorizaron al alcalde municipal de Girardot (Cundinamarca)
para que, a su vez, destinara un recaudo que garantizara el pago de
la operación catastral; y que prueba de ello es que se aportaron los
certificados de disponibilidad presupuestal de estos giros al tercero
por valor de $3.000.000.000 y por $1.000.000.000,
respectivamente, contrario a lo que manifiesta el Secretario de
Hacienda de esta vigencia respecto de que no se giró dinero o
porcentaje recaudado del Impuesto Predial Unificado.

Luego de transcribir los salvamentos de voto de algunos magistrados
del Tribunal que discreparon de la providencia apelada, concluyó que
la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura,

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en términos de ley e interpretación jurisprudencial, cuando se incurre
en actos de ordenación, determinación o aplicación de los recursos
públicos a un fin distinto al previsto en la ley, o contrario o ajeno al
que la ley autoriza, o cuando se ordena, determina o aplica a
materias expresamente prohibidas en la norma legal. Y que en este
caso se ordenó un gasto con cargo al presupuesto municipal sin causa
legal, por lo que no se puede exonerar de la sanción de
desinvestidura, pues el legislador no previó causales de justificación
de esa conducta.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido por los accionados a través
de su apoderado, con escrito en el que reiteran íntegramente los
argumentos de la defensa, haciendo especial énfasis en que la
invalidez del Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022,
expedido por el Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), no
configura la indebida destinación de dineros públicos de los
concejales que intervinieron en su aprobación.

IV.2.- El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

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En los precisos términos de la solicitud de desinvestidura, en
consonancia con lo sostenido tanto en su contestación como en el
recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala establecer
si los concejales del municipio de Girardot (Cundinamarca), señores
IVÁN ENRIQUE SALGUERO HERNÁNDEZ, LINA MARCELA
CABEZAS PORTELA, VLADIMIR MATULEVICH OSPINA y
JONATHAN GÓMEZ PARRA, durante el ejercicio de su período
constitucional 2020-2023, incurrieron en la comisión de la causal de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral
4, de la Ley 617, únicamente, a partir de la expedición del Acuerdo
núm. 06 de 29 de noviembre de 2022, “[…] Por el cual se autoriza
al alcalde de Girardot a destinar parcialmente recursos del Impuesto
Predial Unificado (IPU) para la operación del catastro multipropósito
[…]”.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal9

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación
50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.

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Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales
Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas
Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales
y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.

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d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”10 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”11 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de

2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de

junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.

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Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 200312 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de

marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.

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Sentencia del 1 de noviembre de 200513 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de

2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres
Toro.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo14 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García
González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”15
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

14 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de

septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de julio
de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.

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Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]”16, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación17 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de

2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de

marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.

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vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos18.

V.3.- Del caso concreto

V.3.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso19, pudo verificar lo siguiente:

Que los accionados, señores IVÁN ENRIQUE SALGUERO
HERNÁNDEZ, -Partido Cambio radical-, LINA MARCELA CABEZAS
PORTELA, -Movimiento Alternativo Indígena y Social-, VLADIMIR
MATULEVICH OSPINA, -Partido Social de Unidad Nacional Partido
de la U-, y JHONATAN GÓMEZ PARRA, -Partido Colombia
Renaciente-, fueron elegidos concejales del municipio de Girardot
(Cundinamarca), para ejercer el período constitucional 2020-2023,
de conformidad con el Formulario E-26CON de 6 de noviembre de
201920, expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, circunstancia

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,

número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.
19 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice 00002, con
descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2. zip”.
20 Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/historico-resultados.html].

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por la cual permanece demostrada su calidad de concejales para la
época de los hechos.

Que en el Acta núm. 190 de la sesión plenaria ordinaria del Concejo
Municipal de Girardot (Cundinamarca), consta que se aprobó el
Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022, “[…] Por el cual
se autoriza al alcalde de Girardot a destinar parcialmente recursos
del Impuesto Predial Unificado (IPU) para la operación del catastro
multipropósito […]”, cuyo ponente fue el concejal JUAN CARLOS
ORTIZ ARIAS, -no es accionado en el presente proceso de pérdida
de investidura-, trámite en el que estuvieron presentes los
accionados, señores LINA MARCELA CABEZAS PORTELA,
VLADIMIR MATULEVICH OSPINA y JONATHAN GÓMEZ PARRA,
quienes votaron positivamente su aprobación y participaron, en
efecto, en su expedición; con relación al concejal IVÁN ENRIQUE
SALGUERO HERNÁNDEZ, quien actuó en calidad de presidente del
Concejo de Girardot (Cundinamarca) durante esa reunión plenaria,
consta que votó negativamente dicho proyecto, lo que, en principio,
lo exime de responsabilidad alguna en las resultas de este proceso.

Que mediante la Resolución núm. 1795 de 7 de diciembre de 2022,
“[…] Por la cual se justifica la celebración de un contrato bajo la
modalidad de contratación directa […]”, expedida por el alcalde
municipal de Girardot (Cundinamarca), se resolvió justificar la
modalidad de contratación directa establecida en los artículos 2º,
numeral 4, literal C, inciso primero, de la Ley 1150 y 2.2.1.2.1.4.4.
del Decreto 1082 de 2015, para la celebración del contrato
interadministrativo entre el municipio de Girardot (Cundinamarca) y
la EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, cuyo

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objeto sería “[…] La SEM operará el catastro multipropósito en el
municipio de Girardot, desarrollando labores operativas en los
procesos de formación, actualización, conservación y difusión
catastral, conforme a la regulación expedida por el Gobierno Nacional
(…) Parágrafo segundo. La SEM prestará el servicio de apoyo a la
gestión del recaudo de la cartera del impuesto predial unificado
(IPU), sin que genere erogación adicional al municipio de Girardot;
dicho apoyo, se realizará automáticamente en la instrumentalización
que pueda ser adelantada por terceros. En todo caso, la Secretaría
de Hacienda y/o Tesorería conserva la función y competencia del
recaudo de la cartera […]”.

Que el 7 de diciembre de 2022, a través del Decreto Acordal núm.
243, “[…] Por el cual se reglamentan y se disponen los recursos para
garantizar la operación catastral en el municipio de Girardot […]”,
expedido por el alcalde municipal de Girardot (Cundinamarca), se
destinó a la EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM,
encargada de la operación del catastro multipropósito, las
transferencias ordenadas por el Acuerdo núm. 06 de 29 de
noviembre de 2022, con el objeto de financiar la operación
catastral que se ejecutará en ese ente territorial, recursos que serían
administrados mediante un encargo fiduciario constituido por esa
SEM, conforme las órdenes que se le impartan.

Que el 9 de diciembre de 2022, se celebró el Contrato
Interadministrativo núm. CTO-1416-CD-CI-005-2022 entre el
municipio de Girardot (Cundinamarca) y la EMPRESA DE
DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, en la que el ente territorial
se obligó a pagarle, por medio de la plataforma fiduciaria, el 12.7%

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del Impuesto Predial Unificado destinado a financiar la operación
catastral, -cláusula tercera-, según lo establecido en el Acuerdo
núm. 06 de 29 de noviembre de 2022, así como la suma de
$4.000.000.000, -cláusula séptima-, siendo el valor global de dicho
contrato para efectos fiscales y tributarios, la suma de
$10.000.000.000.

Que la Gobernación de Cundinamarca allegó el escrito de
observaciones al Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022,
expedido por el Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), con
el fin de que se estudiara su legalidad ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el cual, mediante sentencia de 8 de junio de 2023
(Expediente con número único de radicación 25000-23-41-000-
2023-00182-00), declaró su nulidad, previas las siguientes
consideraciones:

“[…] el mismo Acuerdo N.° 006 de 2022 observado estableció
expresamente que el Informe técnico financiero hace parte
integrante del mismo, además de servir de instrumento para la
aplicación de su artículo 1.°. Por lo tanto, esta Sala de Decisión
advierte que el referido acuerdo del Concejo Municipal de Girardot
observado efectivamente dispuso entregar un aspecto de
administración de un tributo a un tercero, esto es, concretamente,
la facultad de cobro del IPU a la SEM.

Así las cosas, esta Sala declarará fundada la observación respecto
del artículo 1o. de la Ley 1386 de 2010.
(…)

Para esta Sala de Decisión, si bien las razones y hechos que la
administración consideró para adoptar la decisión contenida en el
Acuerdo N.° 006 de 2022 se relacionan con la necesidad de
adelantar la gestión catastral por medio de un operador catastral
propio y la forma de financiación, tanto del servicio catastral
multipropósito como del operador catastral que la llevaría a cabo y
dichos fundamentos fueron ampliamente expuestos tanto en la
parte motiva del acuerdo observado como en el Anexo técnico

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financiero, se debe reiterar que este informe no solo servía como
“soporte” del acuerdo – según la denominación que se le dio en el
mismo–, es decir, como soporte de la motivación del Acuerdo, sino
que además se le dio carácter normativo. Esto por cuanto el inciso
segundo del artículo 1.° del acuerdo dispuso que la determinación
del 12.7% del recaudo por concepto del impuesto predial unificado
(IPU) se realizaría conforme al anexo técnico financiero, pero, como
se explicó ampliamente, este se circunscribió hacia el contrato de
gestión catastral entre el municipio de Girardot, como gestor
catastral, y la SEM constituida por dicho municipio con un socio
privado.

Así, se evidencia que el anexo denominado Anexo técnico financiero
se construyó expresamente para sustentar y determinar el pago del
municipio de Girardot a la SEM por la operación catastral, lo que
evidentemente difiere de la decisión de autorizar el 12.7% del
recaudo del IPU como pago de un contrato interadministrativo,
supeditado –que como lo dispone la ley 1955 de 2019 citada, se
debe realizar mediante un contrato–.

Para la Sala, esta observación esta llamada a prosperar, por cuanto,
como se precisó al resolver la primera observación, el acuerdo
observado no se circunscribió única y exclusivamente a disponer la
destinación específica de una renta, sino que, por una parte, el
artículo 1.° del Acuerdo N.° 006 de 2022 autorizó al Alcalde
Municipal de Girardot a destinar por el término de 15 años el 12,7%
del recaudo anual del impuesto predial unificado (IPU), para
garantizar el pago de la operación catastral a cargo del Municipio y,
por otra parte, adicionalmente, estableció en su inciso segundo que
esa porción del recaudo por concepto del impuesto predial unificado
(IPU), se determina conforme al anexo técnico financiero, en el cual,
específicamente, sobre la referida cifra porcentual del 12.7%
concluyó que: “En resumen, estos serían los valores proyectados
anuales que destinaría el municipio de su IPU a la SEM, en
contraprestación por los servicios prestados. El costo a destinar
corresponde al 12,7% del IPU, durante el horizonte del contrato
interadministrativo”.
(…)

Por lo tanto, le asiste razón al observante en el sentido de que el
Acuerdo N.° 006 de 2022 autorizó la remuneración de un contrato
de servicios catastrales con una SEM, constituida por el municipio
de Girardot y un socio privado, aprobando y determinando que se
realizaría con los recursos recaudados de varias vigencias, con un
horizonte de 15 años. Por ello, para la Sala, efectivamente se
incurrió en falsa motivación por la evidente divergencia entre la
realidad fáctica o jurídica que induce a la expedición del acto

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(decisión de disponer la destinación específica de una renta y la
metodología para su determinación) y los motivos de hecho o de
derecho que la Administración tuvo en cuenta para adoptar la
decisión objeto de cuestionamiento (Anexo técnico financiero
soporte del acuerdo mediante el cual se determina la remuneración
del contrato de servicios catastrales que prestará la SEM).

Por lo anterior, se declararán fundadas las observaciones por falsa
motivación del Acuerdo N.° 006 de 2022.
(…)

Sin embargo, al descender al análisis del Acuerdo N.° 006 de 2022
se observa que de manera expresa en su artículo tercero se señaló
que “lo normado en el presente Acuerdo no constituye autorización
al Alcalde Municipal de Girardot, para comprometer vigencias
futuras”. Esto permite concluir que, en efecto, nunca se efectuó el
trámite, ni se autorizó el uso de vigencias futuras que permitiera
comprometer un porcentaje de IPU durante 15 años para la
operación catastral y, mucho menos, que con parte de este recaudo
se financiara el servicio prestado por el operador catastral.

En coherencia con lo anterior, es claro de igual manera que el
Concejo de Girardot desconoció el principio de anualidad del
presupuesto, al autorizar al alcalde del municipio a comprometer
recursos correspondientes a vigencias futuras, lo que la ley solo
permite, como se expresó en precedencia, en casos excepcionales.
No se demostró que hubiera mediado autorización previa para este
fin, ni en el anexo técnico, ni en las demás documentales aportadas
al plenario se logra evidenciar el trámite previsto en la ley para
comprometer esos recursos, pues, por el contrario, el anexo técnico
y las demás documentales allegadas al plenario, entre ellas, el acta
CONFIS del 11 de noviembre de 2022, lo que justifican es la
necesidad de efectuar la gestión catastral en el municipio, la
necesidad de contar con un operador catastral del municipio y de
donde saldrían los recursos para su financiación, sin que haya
evidencia de los trámites necesarios para comprometer vigencias
futuras.

Por lo anterior, esta Sala declarará fundadas las observaciones en
cuanto a los artículos 346 de la Constitución y los artículos 10.° y
12.° de la Ley 819 de 2003.
(…)

Así las cosas, acudiendo a la normativa transcrita, se concluye que,
en efecto, si se vulneró este MFMP (Marco Fiscal de Mediano Plazo
para Entidades Territoriales), como quiera que de la documental
allegada al plenario se logra evidenciar cuales fueron las razones

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para sobrepasar este marco, el cual está previsto por un término de
10 vigencias fiscales, mediante la autorización de destinación del
12,7% del IPU para el pago del contrato de gestión catastral con la
referida SEM por un lapso de 15 años.

Debe destacarse que, dentro del proceso, se extraña tanto en la
exposición de motivos del Acuerdo 006 de 2022, del anexo técnico
del acuerdo, así como del acta CONFIS del 11 de noviembre de
202216, que se haya efectuado un análisis del MFMP tanto en
ingresos como en egresos, ni obra certificación que permita
evidenciar como se ve afectado este marco, dado que las entidades
territoriales cuentan con una proyección presupuestal tanto de
ingresos como egresos. Ahora, si bien es cierto, conforme al anexo
técnico se puede observar que se prevé que con la gestión del
operador catastral se va a recaudar más IPU, también lo es que la
destinación del 12.7% del IPU podría llegar a afectar el MFMP, al
disponerse la destinación específica por un tiempo superior al de 10
años de unos recursos que pueden llegar a suplir otros gastos o
egresos que tenga el municipio.

Sumado a lo anterior, sea del caso aclarar que, si bien se señala
dentro de los escritos de intervención que se efectuó por parte del
Municipio de Girardot y el asesor financiero de la Secretaría de
Hacienda, el análisis respecto de las incidencias del Acuerdo 006 de
2022 en el MFMP, lo cierto es que no obra prueba que permita
observar cuál fue el análisis de ingresos y egresos que se efectuó.
Por lo anterior, no puede evidenciarse que efectivamente se haya
efectuado un estudio adecuado y planeación detallada por parte del
Concejo de Municipio de la afectación del MFMP para la correcta
expedición del Acuerdo objeto de observación.

En este contexto, para la Sala de Decisión, le asiste razón a la
Gobernación del Departamento de Cundinamarca en sus
observaciones al Acuerdo 006 de 2022 expedido por el Concejo
Municipal de Girardot (Cundinamarca), por cuanto fue expedido
vulnerando el principio de anualidad presupuestal y las reglas
fiscales de vigencia futura y MFMP.
(…)
RESUELVE:

1.°) Decláranse fundadas las observaciones de la Gobernación del
Departamento de Cundinamarca contra el Acuerdo Municipal No.
006 del 29 de noviembre de 2022 expedido por el Concejo Municipal
de Girardot (Cundinamarca), “Por medio del cual se autoriza al
Alcalde de Girardot a destinar parcialmente recursos del impuesto
predial unificado (IPU) para la operación del catastro
multipropósito”, respecto de los artículos 2.2.2.5.12 del Decreto

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1170 de 2015, artículo adicionado por el Decreto 1983 de 2019; el
artículo 1.° de la Ley 1386 de 2010; los artículos 5.°, 10.° y 12.° de
la Ley 819 de 2003; el artículo 346 de la Constitución; y por falsa
motivación y, en consecuencia, declárase la nulidad del acuerdo.

2.°) Notifíquese esta providencia al Concejo y el alcalde Municipal
de Girardot (Cundinamarca) así como también al director de
asuntos municipales de la Gobernación del Departamento de
Cundinamarca.

3.°) En firme esta providencia, archívese el expediente previas las
respectivas constancias secretariales […]”.

Que el 7 de diciembre de 2023, el municipio de Girardot
(Cundinamarca) presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que se protegiera su derecho
fundamental al debido proceso, la cual fue declarada improcedente
ante lo cual el municipio presentó impugnación que le correspondió
resolver al Consejo de Estado.

Que el alcalde municipal de Girardot (Cundinamarca) y la EMPRESA
DE DESARROLLO INTELIGENTE SAS SEM, suscribieron el
Modificatorio núm. 1 de 21 de diciembre de 2023 al Contrato
Interadministrativo núm. CTO-1416-CD-CI-005-2022 de 9 de
diciembre de 2022, en el que se convino que el valor de la
actualización por predio para el primer año sería de $177.905.

Que el 25 de abril de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo y confirmó la
sentencia de tutela de 15 de febrero de 2024, proferida por la Sección
Primera de la misma Corporación, por no encontrarse superado el
requisito general de relevancia constitucional.

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Que a través del memorial núm. SHDA 110-47-Oficio núm. 676 de
17 de julio de 2024, suscrito por el Secretario de Hacienda de la
Alcaldía Municipal de Girardot (Cundinamarca), en respuesta a
petición elevada por los accionados, y que fue allegada con su
contestación, consta que, una vez verificado el Sistema de
Información Financiera SINFA, está acreditado que la administración
municipal, durante las vigencias 2022, 2023 y 2024, no giró ningún
dinero o porcentaje recaudado del Impuesto Predial Unificado para
garantizar el pago de la operación catastral multipropósito con base
en el Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre de 2022.

V.3.1.- Conforme se indicó con anterioridad, el elemento tipificador
de la causal de indebida destinación de dineros públicos se encuentra
en el hecho de que el servidor público de elección popular, en este
caso, un concejal, con su conducta funcional al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o
distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros
sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la
finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas21.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de

marzo de 2022, número único de radicación 13001 2333 000 2021 00252 00, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En el mismo sentido que lo consideró el Tribunal en la sentencia
apelada, la sola declaratoria de invalidez de un acto administrativo
no permite configurar, por sí mismo, la desinvestidura de los
accionados, pues la jurisprudencia de esta Corporación22 ha sido
uniforme al señalar que la nulidad de un acuerdo no comporta dicho
efecto judicial por no estar prevista de forma taxativa dentro de las
causales establecidas por la Constitución y la ley23.

Al respecto, la jurisprudencia pacífica ha señalado que no toda
irregularidad que pueda predicarse de la aprobación de una norma
que implique gasto, configura entonces indebida destinación de
dineros públicos ni acarrea la pérdida de investidura24. Sobre el
particular, en sentencia de 24 de noviembre de 201625, esta Sección
arribó a la siguiente conclusión:

“[…] 5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad del Acuerdo
005 de 2012, se tiene que esa circunstancia fue determinante para
que el tribunal decretara la pérdida de investidura ya que ese hecho
constituyó, en el sentir del a quo, prueba del carácter indebido del
incentivo económico creado a través de dicho acto administrativo.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de

junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02614-01, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de

julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02241-01(PI), consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez. Reiterada en sentencia de 30 de mayo de 2019, número único
de radicación 76001-23-33-000-2018-01065-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

junio de 2004, radicación número: 25000-23-15-000-2002-03005-01(PI), consejero ponente
Camilo Arciniegas Andrade.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de

radicación 05001-2333-000-2015-01260-01, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala. Entre otras
consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 1o. de septiembre de 2016, número único de radicación 54001-323-
33-000-2016-00069-01, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso; de 10 de noviembre de
2016, número único de radicación 54001-23-33-000-2016-00067-01(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González; de 14 de noviembre de 2016, número único de radicación 54001-23-33-
000-2016-00068-01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 1° de diciembre de 2016,
número único de radicación 54001-23-33-000-2016-00135-01(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés (e).

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Sobre el particular la Sala ha reiterado pacíficamente que el hecho
de que un acuerdo sea declarado nulo no conlleva necesariamente
a que se decrete la pérdida de investidura de quienes lo aprobaron,
tesis que ha sido prohijada en los siguientes términos:

“La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 201526 al
analizar la demanda de pérdida de investidura de los
concejales del municipio de Dosquebradas, precisó que el
hecho de haberse declararse nulo por parte del Tribunal
Administrativo de Risaralda, el Decreto 369 de 200827 por
considerar que se crearon obligaciones que excedían el monto
global fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialmente aprobado; no significa que lo concejales hubieran
destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados o aplicado
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas o con la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros o para derivar
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas. Dijo la Sala:

“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue declarado
nulo por crear obligaciones que excedían el monto global
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente
aprobado, también lo es que los concejales no devengaron
sumas de dinero a las que no tuvieran derecho, como se
acaba de exponer, pues el citado decreto intentaba completar
la remuneración que conforme al ordenamiento jurídico
debían recibir y, en esa medida, no puede decirse que
incrementaron su patrimonio indebidamente. […]. La Sala,
entonces, no evidencia que los concejales de Dosquebradas
(Risaralda), en su condición de servidores públicos, al ejercer
la facultad de entregar funciones que a ellos corresponde al
alcalde municipal, hubieren destinados dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados o aplicado tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o con
la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o
de terceros o para derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.”

26 (Cita es original de la providencia): Expediente: PI 2013-00419, Actor: Veeduría Ciudadana por

Dosquebradas, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
27 (Cita es original de la providencia): “POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL

PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008”.

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Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar de
haberse votado el proyecto de Acuerdo contemplando en su
articulado el traslado de los recursos obtenidos o recaudados
del impuesto de alumbrado público a la cuenta bancaria del
fideicomiso de la concesión de alumbrado público y, que
posteriormente, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander lo hubiesen declarado nulo por considerarlo
contrario a lo establecido en los artículos 1º de la Ley 1386
de 2010 y 6 (numeral 6) de la Resolución 122 de 2011 de la
CREG, no es dable concluir que los hechos mencionados,
tanto en la demanda como en el recurso de apelación, se
enmarquen dentro de la causal de pérdida de la investidura
descrita en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000,
pues no aparece acreditado en el proceso que el
concejal cuya investidura se cuestiona, haya obrado
movido por un interés dañino. La ilegalidad de los
Acuerdos en que intervino el acusado no constituye en
principio perdida de investidura.

En efecto, no obra en el expediente ningún medio de prueba
que acredite que su participación en la discusión y aprobación
del Acuerdo No. 023 de 11 de mayo de 2012, haya estado
motivada por el deseo de obtener un beneficio en cabeza
propia o de terceras personas y, mucho menos, aplicar o
destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos
del servicio público como lo prescribe el artículo 42 numeral
2 de la Ley 136 de 1994 anteriormente transcrito.

La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el caso
de los concejales o de una Ordenanza en el caso de los
diputados per se no produce la pérdida de investidura,
puesto que no está consagrada como tal dentro de las
causales taxativamente establecidas como de pérdida
de investidura.
[…].”28

5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede
entonces servir como fundamento para decretar la pérdida de
investidura dado que el juicio de legalidad que se realizó del acuerdo
municipal no contempla el análisis de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de
2000. Al amparo de lo dicho, mal podría deducirse que la

28 (Cita es original de la providencia): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Primera. Sentencia de 1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. P.
María Claudia Rojas Lasso.

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invalidez de un acto proferido por una corporación pública
comporta la incursión de sus miembros en indebida
destinación de dineros públicos, ya que al margen del
resultado en el proceso ordinario de nulidad están otros
aspectos que deben ser dilucidados en el juicio de pérdida
de investidura, tal como la efectiva aplicación de los
recursos, el efectivo menoscabo del erario o el beneficio
económico del acusado o de un tercero […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Precisamente, advierte la Sala que no existe prueba en el expediente
en torno a que, con la actuación de los acusados, se hubieren
destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados, o haya aplicado tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, o para derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.

De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso que
acrediten que con la aprobación del Acuerdo núm. 06 de 29 de
noviembre de 2022, los accionadas hubieren actuado con el ánimo
de obtener un beneficio para sí o para el de terceras personas o de
distorsionar las finalidades del gasto, como presupuesto exigido para
que se configure la causal de pérdida de investidura. Al respecto,
esta Sección29 ha señalado que la distorsión del gasto constituye uno
de los presupuestos que se requieren para su configuración, al
señalar lo siguiente:

29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de

octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 85001 23 33 000
2017 00223 01. (PI).

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“[…] Esta Sección30 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
la causal de pérdida de investidura sub examine, y, mediante
sentencia proferida el 29 de agosto de 2013, consideró lo siguiente:

“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se
configura la causal endilgada, pues, los demandados, en
su condición de Concejales del Municipio de
Dosquebradas (Risaralda), al expedir los Acuerdos
001 de 9 de enero y 006 de 12 de junio de 2008, a
través de los cuales se autorizó a la Alcaldesa de dicho
Municipio para celebrar toda clase de contratos y
convenios, hasta por un monto de veinte mil salarios
mínimos legales vigentes, fijando como término el 31
de diciembre de 2009, no hicieron otra cosa distinta
que ejercer las facultades que en materia de
competencia les señala la Constitución y la Ley a
dichas Corporaciones Edilicias, autorización, que,
como quedó visto, se otorgó de manera general y no
específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo
precisó la Sala en un asunto similar, en sentencia de 2 de
mayo de 2013 (Expediente núm. 2012-00006-01 (Pl),
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), que
ahora se prohíja, no constituye por sí sola el supuesto fáctico
de la causal de indebida destinación de dineros públicos,
dado que no implica distorsión de las finalidades del
gasto, uno de los presupuestos que se requieren para
que se configure la misma […].” (Negrillas y subrayas
fuera de texto original).

En este sentido, si bien el Acuerdo núm. 06 de 29 de noviembre
de 2022 no superó el examen de legalidad objetiva adelantado por
el Juez, por cuanto, como se anotó, con su expedición se encontraron
vulnerados los artículos artículo 2.2.2.5.12 del Decreto 1983 de
2019; 1o de la Ley 1386; 5°, 10º y 12 de la Ley 819; y 346 de la
Constitución Política, lo que, como está visto, acarreó su nulidad y
desaparición del ordenamiento jurídico del municipio de Girardot

30 (Cita es original): Sentencia de 29 de agosto de 2013, consejera ponente María Elizabeth García

González, Rad.: 2012 00027 02. Fuente tomada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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(Cundinamarca), también es cierto que ello no implicó distorsión de
las finalidades del gasto, y se correspondió al cumplimiento de sus
funciones en esa corporación pública territorial, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 313 Superior, que prevé que: “[…]
Corresponde a los concejos (…) Autorizar al alcalde para celebrar
contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden al Concejo […]”.

Por ello, el solicitante se equivoca al pretender traslapar, sin más, las
consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco de las observaciones efectuadas por la
Gobernación de Cundinamarca contra el Acuerdo núm. 06 de 29
de noviembre de 2022, -resueltas mediante la sentencia de 8 de
julio de 2023-, al escenario de la verificación de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, toda vez
que aquel responde a un examen judicial de validez sustancialmente
distinto al requerido para constatar la presencia del elemento objetivo
en este, procesos que, al atender a naturalezas disímiles, exigen el
consecuente esfuerzo probatorio de quien pretende despojar de su
investidura al miembro de la corporación pública territorial.

A su vez, como dato no menor, permanece certificado dentro del
expediente que la administración municipal, durante las vigencias
2022, 2023 y 2024, no giró ningún dinero o porcentaje recaudado del
Impuesto Predial Unificado para garantizar el pago de la operación
catastral multipropósito con base en el Acuerdo núm. 06 de 29 de
noviembre de 2022, conforme se desprende del memorial núm.
SHDA 110-47-Oficio núm. 676 de 17 de julio de 2024, suscrito por el

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Secretario de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Girardot
(Cundinamarca).

Bajo tal escenario, no existe duda que, en el presente caso, no se
configuró ninguno de los eventos desarrollados por la jurisprudencia
para entender configurado el aspecto objetivo de la conducta
endilgada al acusado, como quiera que no cubrió objetos, actividades
o propósitos no autorizados; no costeó objetos, actividades o
propósitos que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a
aquellos para los cuales están previamente asignados; no sufragó
objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento; no pagó por materias
innecesarias o injustificadas; no destinó los dineros públicos con la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros; y tampoco con la finalidad de derivar un beneficio, no
necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.

Al no probarse el elemento objetivo, no es posible continuar con el
análisis del elemento subjetivo de la conducta, motivo por el cual la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00518 01
Solicitante: FERNANDO ZÚÑIGA SANTOS

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 21 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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