Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00057-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00057-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2025-00057-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
12 de febrero de 2026
Expediente número: 68001 23 33 000 2025 00057 01
Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00057 01
Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
Concejales: José Nicanor Vera Pedraza; Néstor Alexander Bohórquez Meza; José
Fernando Sánchez Carvajal; Alfredo Tarazona Matamoros; Édgar Enrique Gómez
Silva; Salvador Molina Saavedra; José Manuel Junior Sequeda Ortiz; Freddy Ávila;
Marlene Rincón Prada; Marcos Olarte Ramírez; Jorge Alberto Pinzón Medina;
Germán Durán Useda y Helio Torres Toloza
Tesis: No incurren en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos los 13 concejales demandados, al aprobar un acuerdo mediante
el cual se creó una empresa industrial y comercial del Estado con capital
proveniente del presupuesto del municipio, aunque tal acto haya sido declarado nulo
con posterioridad por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Primera decidir el recurso de apelación interpuesto por
Diego Waldrón Guerrero, contra la sentencia de 27 de marzo de 2025 proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
2. El señor Diego Waldrón Guerrero -en adelante el solicitante-, en ejercicio del
respectivo medio de control, pidió que se decrete la pérdida de investidura de los
señores: José Nicanor Vera Pedraza, Néstor Alexander Bohórquez Meza; José
Fernando Sánchez Carvajal; Alfredo Tarazona Matamoros; Édgar Enrique
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Expediente número: 68001 23 33 000 2025 00057 01
Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
Gómez Silva; Salvador Molina Saavedra; José Manuel Junior Sequeda Ortiz;
Freddy Ávila; Marlene Rincón Prada; Marcos Olarte Ramírez; Jorge Alberto
Pinzón Medina; Germán Durán Useda y Helio Torres Toloza, como concejales
del municipio de Floridablanca -Santander para el período 2020 – 2023, por indebida
destinación de dineros públicos, causal de pérdida de la investidura prevista en el
numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941 y en el numeral 4 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre de 20002.
3. Señaló que los concejales Néstor Alexánder Bohórquez Meza, Édgar
Enrique Gómez Silva, Marcos Olarte Ramírez y Germán Durán Useda fueron
reelegidos concejales para el periodo 2024-2027, razón por la cual solicitó extender
la pérdida de la investidura de los mencionados cabildantes para dicho periodo.
4. En síntesis, indicó que los concejales destinaron indebidamente recursos
públicos del presupuesto municipal porque deliberaron y aprobaron unánimemente
el Acuerdo 004 de 23 de abril de 2021, por el cual se creó la empresa industrial y
comercial del Estado denominada PROFLORIDABLANCA EICE (en adelante
Profloridablanca), con un aporte de capital inicial del municipio de Floridablanca -
Santander, por valor de mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000), acto
administrativo que se declaró nulo mediante sentencia de primera instancia
proferida el 19 de diciembre de 20223, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander por sentencia del 10 de octubre de 2024.
5. Sostuvo que los trece concejales demandados aprobaron ilegalmente la
creación de Profloridablanca, de manera que actuaron en contravía de los fines y
cometidos estatales, violando los principios básicos de la administración pública:
planeación, buena fe, moralidad, responsabilidad, eficacia y economía, entre otros,
contemplados en los artículos 209 y 313 de la Constitución, el artículo 3 de la Ley
1 Cfr. “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios […]”.
2 Cfr. “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional […]”.
3 Por el Juez Quince Administrativo de Bucaramanga dentro del medio de control de nulidad
identificado con el número único de radicación 68001333301520210012300.
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1437 del 2011 y los artículos 39, 50 y 69 de la Ley 489 de 1998, como lo corroboran
las decisiones judiciales del juzgado y del tribunal.
6. Señaló que incurrieron en causal de pérdida de la investidura porque con la
creación ilegal de la empresa destinaron indebidamente recursos del presupuesto
municipal y ocasionaron un detrimento en el patrimonio del Municipio de
Floridablanca -Santander, al autorizarle al alcalde municipal la transferencia de
capital inicial por $1.800.000.000.
7. En adición, manifestó que según jurisprudencia del Consejo de Estado
(transcrita sin citar radicado), una interpretación gramatical de las normas permite
concluir que la injusta, ilícita o inequitativa destinación de dineros públicos
constituye causal de pérdida de investidura y que la Sección Primera del Consejo
de Estado, en providencia del 3 de noviembre de 2011 (sin identificación de
radicado), estableció que la indebida destinación no requiere la comisión de un
delito, sino que basta con actuar en contra de los fines constitucionales y legales.
1.2. Los hechos en que se sustentó la solicitud fueron los siguientes:
8. El 9 de abril de 2021, la Alcaldía de Floridablanca radicó ante el Concejo de
Floridablanca -Santander, el Proyecto de Acuerdo 005 de 2021, para crear la
empresa industrial y comercial del Estado Profloridablanca, del orden municipal.
9. El primer debate del proyecto se llevó a cabo el 10 de abril de 2021 en la
Comisión Tercera Permanente del cabildo municipal y fue aprobado por unanimidad
el 17 de abril de 2021.
10. El proyecto fue aprobado en sesión plenaria del 23 de abril de 2021, por votación
unánime de los concejales.
11. El 27 de abril de 2021, la Alcaldía sancionó el Acuerdo 004 del 23 de abril de
2021.
12. El artículo noveno del Acuerdo 004 estableció un capital inicial de
$1.800.000.000 para la Profloridablanca, proveniente del presupuesto municipal.
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13. El Municipio transfirió un total de $2.120.000.000.42 a Profloridablanca,
discriminados en capital inicial ($1.800.000.000.42) y capital de transferencia
($320.000.000).
14. El Acuerdo 004 se declaró nulo mediante sentencia judicial ejecutoriada.
II. CONTESTACIONES
2.1. Los señores Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Nicanor Vera
Pedraza, Germán Durán Useda, Helio Torres Toloza, Marcos Olarte Ramírez y
Édgar Enrique Gómez Silva
15. A través de apoderado y dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
pidieron negar las pretensiones de la solicitud4, con fundamento en el artículo 183
constitucional, el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 4 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en el sentido de “[…] reconocer todos aquellos
hechos que configuren excepciones […]” de acuerdo a lo previsto en el artículo 187
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.2. El señor José Fernando Sánchez Carvajal
16. Mediante apoderado, oportunamente presentó escrito5 en el que solicitó negar
las pretensiones de la demanda. Manifestó que no se cumplen los requisitos que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado para que se configure la
indebida destinación de dineros públicos, ni se demostró una conducta atribuible a
título de dolo o culpa.
17. Explicó la naturaleza y la finalidad de la pérdida de investidura, para concluir
que no hubo indebida destinación de dineros públicos directa, porque no actuó como
ordenador del gasto; tampoco indirecta, puesto que los recursos públicos no se
desviaron a una finalidad distinta a la prevista en el Acuerdo 004 de 2021.
4 Cfr. SAMAI. Índice 039. EXPEDIENTE DIGITAL 68001233300020250005700.
5 Cfr. SAMAI. Índice 040. EXPEDIENTE DIGITAL 68001233300020250005700.
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18. Con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado, sostuvo que la
declaratoria de nulidad de un acto administrativo no constituye por sí misma la
indebida destinación de dineros públicos; insistió en que la configuración de la
causal requiere acreditar que con la aprobación del Acuerdo 004 de 2021, buscaba
un beneficio propio o ajeno, sin que el demandante lo hubiera demostrado;
asimismo, manifestó que “[…] las falencias en el trámite o en la documentación que
se exigen para la formación de un Acuerdo Municipal, no puede ser la causa
eficiente para derivar de ello una indebida destinación de dineros públicos […]”.
19. Adujo que en la aprobación que le dio al Acuerdo 004 y por ende, en la
autorización de creación de la empresa industrial y comercial del Estado
PROFLORIDA, su único interés fue permitir la participación de entidades privadas,
el cual es acorde con el interés general y no tuvo intención dañina de destinar
recursos públicos.
2.3. La señora Marlene Rincón Prada y los señores Freddy Ávila y Jorge
Alberto Pinzón Medina
20. Por conducto de apoderado pidieron negar la pretensión de pérdida de
investidura6. Señalaron la ausencia de configuración de los presupuestos que exige
la indebida destinación de dineros públicos y la falta de pruebas que demuestren
que sus actuaciones fueron dolosas o gravemente culposas.
21. Enfatizaron en que el demandante no señaló ningún hecho concreto que se
materialice en alguna de las circunstancias delineadas por la jurisprudencia como
configurativas de la indebida destinación de dineros públicos, sino que dio por
sentado que la nulidad de un acto administrativo trae como consecuencia
automática la materialización de una indebida destinación de dineros públicos.
22. Insistieron en que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que
la causal de indebida destinación de dineros públicos exige la existencia de una
prohibición constitucional, legal o reglamentaria para el uso de los recursos, el
menoscabo del erario o que se hubiera constituido un incremento patrimonial en
6 Cfr. SAMAI. Índice 044. EXPEDIENTE DIGITAL 68001233300020250005700.
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favor de los concejales o de un tercero, sin que nada de lo anterior hubiese sido
acreditado por el demandante.
2.4. El señor José Manuel Junior Sequeda Ortiz
23. A través de apoderado, con fundamento en jurisprudencia del Consejo de
Estado pidió desestimar las pretensiones de la demanda7; para tal efecto, trajo a
colación el artículo 313 de la Constitución Política, en virtud del cual corresponde a
los concejos determinar la estructura de las empresas industriales y comerciales del
Estado.
24. Indicó que con la aprobación del Acuerdo 004 de 2021 no hubo indebida
destinación de dineros públicos, porque no existieron recursos previstos para otro
fin específico distinto al señalado en dicho acto administrativo, esto es, la creación
de la Profloridablanca con cargo a los ingresos corrientes de libre destinación del
municipio.
25. Aseveró que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de
Floridablanca, el 7 de abril de 2021 hizo constar que el proyecto de acuerdo de
creación de la empresa antemencionada estaba contemplado en el plan de
desarrollo 2020-2030 y asociado a un propósito y meta definidos.
26. Sostuvo que los documentos que acompañaron el trámite del proyecto
justificaron la aprobación del Acuerdo 004 de 2021 por el cabildo municipal, por lo
que la nulidad de dicho acto administrativo no resulta suficiente para sustentar la
prosperidad de desinvestidura.
27. Dijo que la autorización sobre los recursos, contenida en el Acuerdo 004 de
2021, no tuvo como finalidad obtener algún incremento patrimonial personal o de
terceros y que el solicitante no probó lo contrario, ni tampoco acreditó detrimento
del patrimonio público alguno.
7 Cfr. SAMAI. Índice 039. EXPEDIENTE DIGITAL 68001233300020250005700.
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3. Los demandados Alfredo Tarazona Matamoros y Salvador Molina Saavedra
no contestaron la demanda.
III. LA AUDIENCIA PÚBLICA
28. La audiencia pública tuvo lugar el 25 de marzo de 2025 8 con la asistencia y
participación del solicitante; los apoderados de los concejales demandados y la Agente
del Ministerio Público.
IV.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
29. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia
proferida el 27 de marzo de 20259 resolvió: “[…] NIÉGANSE las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia […]”.
30. Como fundamento de su decisión consideró en síntesis, lo siguiente:
31. En primer lugar, se refirió a los concejales Néstor Alexánder Bohórquez Meza,
Édgar Enrique Gómez Silva, Marcos Olarte Ramírez y Germán Durán Useda, para
señalar que, en efecto, como lo indicó el solicitante, fueron elegidos por el periodo
2020-2023 y luego reelegidos por el periodo 2024-2027, con lo cual, respecto de
ellos nada impedía adelantar el proceso de pérdida de la investidura, debido a que
este juicio es procedente incluso cuando se ha dejado de ejercer el cargo de
elección popular.
32. Adujo que el problema jurídico estaba orientado a determinar, si “[…] ¿Está
demostrada la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida
de investidura denominada «indebida destinación de recursos públicos»10, respecto de la
conducta desplegada por los demandados, en su calidad de concejales del Municipio de
Floridablanca durante el periodo constitucional 2020-2023, al aprobar el Proyecto de
Acuerdo Municipal núm. 005 del 2021, que dio lugar a la expedición del Acuerdo núm. 004
del 23 de abril de 2021, declarado nulo por esta jurisdicción y que, presuntamente, causó
8 Cfr. SAMAI. Índice 00076. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005700.
9 Cfr. SAMAI. Índice 00082. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005700.
.
10 Contemplada en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y del numeral 4 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000.
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un detrimento patrimonial al Municipio de Floridablanca por la destinación indebida de
$1.800.000.000 para la creación de la EICE PROFLORIDABLANCA? […]”.
33. Con fundamento en jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado, señaló los elementos que deben estar acreditados para que se configure el
factor objetivo de la causal de pérdida de la investidura por indebida destinación de
dineros públicos, así: “[…] i) que se ostente la condición de miembro de corporación
pública de elección popular; ii) que se esté frente a dineros públicos; y iii) que los dineros
públicos sean indebidamente destinados […]”11.
34. Puso de presente las hipótesis en que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha considerado que el elegido popularmente puede incurrir en una indebida
destinación de dineros públicos12, a saber: “[…] a.- Cuando destina los dineros públicos
a objetos, actividades o propósitos no autorizados; b.- Cuando los destina a objetos,
actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados; c.- Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. d.- Cuando esa
aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. f.- Cuando la destinación tiene
la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; g.- Cuando la
destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceros […]”.
35. En el caso concreto, atendiendo las pruebas documentales del expediente,
encontró acreditados los dos primeros elementos de la causal, esto es, que los
demandados ostentaban la calidad de concejales para la época de los hechos (año
2021) y que los dineros cuya destinación fue autorizada con la aprobación del
Acuerdo 004 de 23 de abril de 2021, son dineros públicos en tanto corresponden a
ingresos del municipio excluidos de las rentas de destinación específica 13 ;
asimismo, señaló que en este caso esos dineros se destinaron a los aportes de
11 Consejo de Estado. Sección Primera: sentencia de 21 de noviembre de 2024. MP. Nubia Margoth
Peña Garzón, expediente 25000231500020240051801; sentencia del 30 de enero de 2025. MP.
Hernando Sánchez Sánchez, expediente 81001233900020240004701.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: sentencia del 30 de mayo de
2000, expediente AC-9877; sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC- 12546; sentencia del
3 de octubre de 2000. MP. Darío Quiñones Pinilla, expedientes AC-10529 y AC-10968.
13 Entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado (art. 3 de
la Ley 617 de 2000).
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capital que realizaría el municipio para la creación de la empresa industrial y
comercial Profloridablanca.
36. Sin embargo, no encontró acreditado el tercer requisito exigido para que se
configure la causal, cual es, que esos dineros públicos fueran indebidamente
destinados; fundamentalmente, porque el aporte de capital que se le autorizó
realizar al alcalde municipal para la creación de la empresa industrial y comercial
Profloridablanca, resultaba ser un propósito autorizado por la Constitución y la ley.
37. Al respecto, indicó que el municipio de Floridablanca presentó ante el concejo
municipal el Proyecto de Acuerdo 005 de 2021, sustentado en el numeral 6 del
artículo 313 de la Constitución y 69 de la Ley 489 de 1994, con el objetivo de crear
una empresa industrial y comercial del Estado; iniciativa que buscaba implementar
la política estatal de reactivación económica frente a los efectos del Covid-19, y
respecto de la cual el Consejo de Política Fiscal municipal -en adelante CONFIS-
emitió concepto favorable el 7 de abril de 2021.
38. Además, tuvo en cuenta que en la misma fecha, el jefe de la Oficina Asesora
de Planeación municipal certificó que el Proyecto de Acuerdo 005 de 2021 estaba
acorde con el plan de desarrollo 14 , especialmente en lo relacionado con el
componente estratégico de desarrollo económico, así como que el aporte del
Municipio de Floridablanca. para la constitución y funcionamiento de la empresa,
por valor de $1.800.000.000 (ingresos de corrientes de libre destinación), no
afectaba las finanzas del ente territorial ni las metas de superávit primario
establecidas en el marco fiscal de mediano plazo de la entidad territorial, periodo
2020-2030.
39. Concluyó que, aun cuando el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
sentencia de 10 de octubre de 2024, confirmó la declaratoria de nulidad del Acuerd.
004 del 23 de abril de 202115, el solicitante no demostró que los concejales, al
14 “[…] En especial, «con el numeral 1.2.1. Objetivo del Plan […] al numeral 1.2.2. Propósitos […]
contenidos en el Capítulo 3 Componentes Estratégicos, numeral 3.7.4 Dinámica de Desarrollo
Económico» […]”.
15 La decisión del Tribunal se fundamentó en que el estudio demostrativo presentado por el municipio
no fue suficiente para justificar cómo la creación de la empresa contribuiría al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado.
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haberlo aprobado, destinaran los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados o a materias innecesarias; tampoco acreditó
que esos recursos se hayan aplicado a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento, o que
se aplicaran tales recursos con la finalidad de generar un beneficio para los
concejales o para terceros.
40. En punto de lo anterior, indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en
casos similares, ha dicho que la participación de un servidor público de elección
popular en la aprobación de actos administrativos que posteriormente son anulados,
no configura automáticamente la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de recursos públicos y que las pruebas recaudadas en el plenario,
demostraban que la destinación de los recursos públicos estuvo justificada, puesto
que los concejales autorizaron la creación de Profloridablanca con fundamento en
los estudios y documentos técnicos presentados por la administración municipal.
41. En adición, consideró que el Acuerdo 004 del 23 de abril de 2021 gozó de la
presunción de legalidad hasta que fue declarado nulo y por ende la transferencia
del capital inicial de la empresa industrial y comercial Profloridablanca, sufragada
por el municipio, estaba respaldada por el rubro presupuestal correspondiente y se
sustentó en los distintos elementos de juicio que aportó el ente territorial para
justificar su creación.
42. De acuerdo con todo lo anterior, concluyó que por la aprobación del Acuerdo
004 de 2021 los concejales demandados no incurrieron en la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos directa ni indirecta; en
consecuencia, se abstuvo de estudiar el aspecto subjetivo relativo a la culpabilidad,
y denegó las pretensiones de la solicitud.
V. RECURSO DE APELACIÓN
43. El demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia proferida el 27 de marzo 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, efecto para el cual luego de hacer una exposición de algunos apartes
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del mencionado fallo y traer a colación las normas que fueron violadas con la
creación de la empresa industrial y comercial del Estado Profloridablanca y que
dieron lugar a que se declarara la nulidad del Acuerdo 004 de 2021, en síntesis,
expuso los siguientes argumentos16:
44. La decisión impugnada desconoce y es contraria a la sentencia de la Sección
Primera del Consejo de Estado de 12 de febrero de 2015, “[…] radicada bajo el
número 2013–01077–01 […]”, conforme con la cual, “[…] es claro que los concejales
demandados incumplieron sus obligaciones constitucionales y legales al incurrir en
lo asentado en los literales c) y g) de la mencionada sentencia, referidos a que se
configura la indebida destinación de dineros públicos “[…] “(…) c.- Cuando aplica
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento. g.- Cuando la destinación tiene la finalidad de
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros»
[…]”.
45. Contrario a lo considerado por el Tribunal Administrativo de Santander, la
sentencia de 30 de mayo de 2024, proferida por la Sección Primera en el proceso
68001-23-33-000-2023-00746-01, no tiene similitud con lo planteado en su
demanda y por ende, no podía ser utilizada para concluir como lo hizo la sentencia
que “[…] la participación del servidor público de elección popular en un acto
administrativo que posteriormente es declarado nulo por esta jurisdicción, «no
comporta per se la configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos […]”.
46. La sentencia de 27 de marzo de 2025 “[…] hace referencia a que “los dineros,
más allá de que eran de libre destinación, fueron aplicados a un propósito
expresamente permitido por la Constitución y la ley”, cuando es claro que la
destinación indebida de recursos públicos no hace diferenciación en la aplicación
[…]”, en especial, si se tiene en cuenta que Profloridablanca nunca nació a la vida
jurídica y no pasó de ser una entidad privada que contrata con el municipio incluso
sin contar con el certificado de la Cámara de Comercio, a la que se le transfirieron
16 Cfr. SAMAI. Índice 00085. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005700. El recurso fue
concedido por el Tribunal Administrativo de Santander mediante auto de 9 de mayo de 2025: SAMAI.
Índice 00087 del mismo expediente digital.
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recursos del presupuesto municipal por valor de 2.120 millones de pesos. De esta
manera, la sentencia erró al considerar que no hubo indebida destinación de dineros
públicos porque las transferencias de los dineros públicos ocurrieron mientras el
Acuerdo 004 de 2021 gozaba de la presunción de legalidad, desconociendo que lo
solicitado en la demanda es la pérdida de investidura de los concejales con base en
la ilegalidad de la empresa que se creó y no por la nulidad declarada del Acuerdo
004 de 2021.
VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
47. El despacho admitió el recurso por auto de 20 de mayo de 202517 y ordenó
correr el traslado de ley.
48. Los concejales demandados descorrieron el traslado de la siguiente manera:
6.1. La señora Marlene Rincón Prada y los señores Freddy Ávila y Jorge
Alberto Pinzón Medina
49. Por conducto de apoderado, se opusieron 18 al recurso de apelación y
solicitaron confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025. En resumen,
concordaron con las consideraciones realizadas por el Tribunal Administrativo de
Santander para negar la pretensión de desinvestidura y alegaron que el recurso no
hace otra cosa que insistir en los mismos argumentos de la demanda, sin lograr
demostrar en primera instancia ni ahora en sede de apelación, que los dineros
públicos fueron destinados indebidamente o que su disposición se hubiera realizado
para el beneficio de los concejales o de un tercero.
6.2. Los señores Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Nicanor Vera
Pedraza, Germán Durán Useda, Helio Torres Toloza, Marcos Olarte Ramírez y
Édgar Enrique Gómez Silva
17Cfr. SAMAI. Índice 00008. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
18 Cfr. SAMAI. Índice 00010. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
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Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
50. A través de apoderado solicitaron 19 , en primer lugar, revocar la decisión
mediante la cual se admitió el recurso de apelación y en su lugar declararlo desierto,
por cuanto en su criterio la alzada no precisó ningún reparo concreto respecto de la
sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, como lo exige el artículo 322 del Código General del proceso. En
segundo orden y de no acogerse esa petición, negar el recurso de apelación en
razón a su vaga, abstracta y escasa argumentación justificativa.
6.3. El señor José Fernando Sánchez Carvajal, a través de apoderado,
descorrió el traslado mediante escrito extemporáneo, en tanto fue presentado el 10
de junio de 2025, puesto que, el auto de 20 de mayo de 2025, por el cual se admitió
el recurso, se notificó por correo electrónico el 22 de mayo de 2025 y por estado el
26 de mayo de 2025, con lo cual, el término de traslado corrió los días 27, 28 y 29
de mayo de 202520. En consecuencia, la Sala no lo tendrá en cuenta para resolver
el presente asunto
6.4. Los señores Alfredo Tarazona Matamoros, Salvador Molina Saavedra y
José Manuel Sequeda Junior guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
6.5. El Magistrado Sustanciador manifestó impedimento en dos oportunidades,
siendo resueltos por medio de autos calendados el 28 de agosto de 202521 y el 4
de diciembre de esa misma anualidad22, en el sentido de declararlos infundados.
VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
51. El agente del Ministerio Público 23 solicitó la confirmación de la sentencia
proferida el 27 de marzo de 2025, considerando que el Tribunal Administrativo de
Santander acertó al concluir que la participación de los concejales en la discusión y
aprobación del Acuerdo 004 de 2021 no dio lugar a la indebida destinación de
recursos públicos endilgada en la demanda. Para sustentar lo anterior expuso los
siguientes argumentos:
19 Cfr. SAMAI. Índice 00012. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
20 Cfr. SAMAI. Índice 00014. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
21
Cfr. SAMAI. Índice 00020. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
22
Cfr. SAMAI. Índice 00034. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
23 Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, doctor José Darío Castro Uribe. Cfr.
SAMAI. Índice 00011. EXPEDIENTE DIGITAL: 68001233300020250005701.
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52. La declaratoria de nulidad del Acuerdo 004 de 2021, por medio del cual se creó
la Profloridablanca, sí fue determinante para que el demandante solicitara la pérdida
de investidura de los concejales, ya que ese hecho constituye, en la demanda, “[…]
la prueba del carácter indebido del incentivo económico creado a través de dicho
acto administrativo […]”.
53. No está comprometida la responsabilidad de los concejales porque se probó
que profirieron el acuerdo al amparo de los artículos 31 y 313 de la Constitución
Política y de la “[…] Ley 62 de 1993 […]”24, sumado a que el elemento de la causal
referido a la finalidad, que consiste en obtener un incremento patrimonial personal
o a favor de terceros, no fue acreditado en el proceso y no existen elementos que
indiquen el pago o desembolso efectivo de los recursos en cumplimiento de los
dispuesto en el Acuerdo 004 de 2021.
54. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en exigir la afectación del
patrimonio público como premisa ineludible para la adecuación típica de la causal
de indebida destinación de dineros públicos, esto es, que la destinación se concrete
materialmente en el objeto, actividad o propósito prohibido25; así como en señalar
que la declaratoria de nulidad de una ordenanza o un acuerdo no conlleva
necesariamente a que se decrete la pérdida de investidura de quienes lo
aprobaron26.
55. Concluye que los argumentos presentados por la parte demandante en el
recurso de apelación no pueden prosperar, dado que: (i) quedó demostrado que el
Acuerdo 004 de 2021 fue, hasta tanto se declarara su nulidad, un acto administrativo
presuntamente legal y válido y (ii) los concejales lo aprobaron bajo el marco jurídico
vigente y con base en informes técnicos y conceptos favorables, como el concepto
del CONFIS municipal que avaló la viabilidad financiera y técnica del proyecto. Por
lo tanto, sancionar a los concejales con base en una decisión judicial posterior sin
24 Cfr. “[…] “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la
República […]”.
25 Cfr. “[…] Sentencia número de radicado 01260 de 2016, Consejo de Estado – Sección Primera
[…]”.
26 Cfr. “[…] Sentencia de 11 de diciembre de 2015, Consejo de Estado – Sección Primera […]”.
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que haya existido dolo o mala fe, violaría el principio de seguridad jurídica y el debido
proceso.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
56. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de
acuerdo con el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201127 y el artículo
13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201928 sobre distribución de los procesos
entre las secciones del Consejo de Estado.
57. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resolverá el recurso de apelación atendiendo lo previsto en los artículos 320 y 328
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 29 y, en consecuencia, se pronunciará
únicamente sobre los argumentos y reparos formulados por el apelante contra la
sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal de Santander el 27 de marzo de
2025.
8.1. Cuestión previa
58. La Sala observa que uno de los argumentos del recurso de apelación se hace
consistir en que el Tribunal desconoció que la demanda no sustentó la configuración
de la indebida destinación de dineros públicos en la ilegalidad del Acuerdo 004 de
2021, derivada de la declaratoria de nulidad de dicho acto, sino en que los dineros
públicos fueron indebidamente destinados porque PROFLORIDABLANCA fue
creada ilegalmente, no cobró vida jurídica ni contó con registro mercantil y no
obstante, sí recibió recursos del erario municipal en la forma de aportes de capital y
de transferencias para la ejecución de contratos como si se tratara de un particular.
59. También advierte que el señor Diego Waldrón Guerrero presentó demanda en
ejercicio del medio de control de pérdida de investidura contra trece concejales del
27 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
28 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
29 Cfr. “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones […]”.
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municipio de Floridablanca con fundamento en la causal de indebida destinación de
dineros públicos, prevista en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y
en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en los siguientes términos:
“[…] RAZONES DE DERECHO
(…) I. PERTINENCIA DE LA ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
(…)
Así las cosas, mi propósito no es otro que hacer control político por las faltas en
las que incurrieron los trece (13) concejales del MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA (SANTANDER), elegidos para el periodo constitucional
2020–2023, que atentaron de manera flagrante, grosera y vulgar en contra del
Erario Municipal de Floridablanca, lo que los hace estar incursos en la causal
que contempla el numeral 4 de la Ley 617 del 2000 –INDEBIDA DESTINACIÓN
DE RECURSOS PÚBLICOS– por haber aprobado ilegalmente el PROYECTO
DE ACUERDO MUNICIPAL N° 005 DEL 9 DE ABRIL DE 2021, ordenando la
DESTINACIÓN INDEBIDA de $1.800.000.000 millones de pesos de capital
inicial para la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)
PROFLORIDABLANCA, recursos provenientes de las arcas del MUNICIPIO
DE FLORIDABLANCA, violando los principios básicos de la administración
pública: planeación, buena fe, moralidad, responsabilidad, eficacia y economía,
entre otros, que contemplan los artículos 209 y 313 de la CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA; el artículo 3 de la Ley 1437 del 2011; y los artículos
39, 50 y 69 de la Ley 489 de 1998, tal cual lo denunció el congresista FABIÁN
DÍAZ PLATA y lo confirmaron en sus fallos de primera instancia, el 19 de
diciembre de 2022, el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA a cargo del JUEZ DEL CIRCUITO ÉDWARD
AVENDAÑO BAUTISTA:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del “ACUERDO No. 004 del 23 de
abril del 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL, SE
FIJAN LAS NORMAS BÁSICAS DE SU FUNCIONAMIENTO Y SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES” de conformidad con las consideraciones
expuestas en el presente proveído”.
…y sentencia de segunda instancia N° 142 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER, con ponencia de la HONORABLE MAGISTRADA
CAROLINA ARIAS FERREIRA, el 10 de octubre de 2024, así:
“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha diecinueve (19) de
diciembre de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, por las razones
expuestas en esta providencia”
(…)
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2. PÉRDIDA DE INVESTIDURA – CAUSAL DE INDEBIDA DESTINACIÓN DE
DINEROS PÚBLICOS.
(…)
Ya habiendo determinado que el estar incurso en la causal de PÉRDIDA DE
INVESTIDURA POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS no
solo está restringida al acaecimiento de conductas penalmente tipificadas, sino
que además cobija todas aquellas que van en contravía de los lineamientos
constitucionales, legales y reglamentarios, a continuación expondré cuáles son
las conductas y las normas superiores, legales y reglamentarias violadas por
los trece (13) concejales demandados del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
elegidos para el período constitucional 2020–2023.
(…)
3. INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS POR LA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CAPITAL INICIAL Y
TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO (EICE) PROFLORIDABLANCA – CASO
CONCRETO. Para el caso que es objeto de estudio, ya hemos determinado con
antelación dos aspectos importantes: el primero de ellos es que la acción
constitucional de PÉRDIDA DE INVESTIDURA tiene como objeto determinar la
responsabilidad política en razón al desempeño ético–disciplinario de los
miembros de corporaciones –del orden nacional o territorial– elegidas
popularmente; el otro aspecto de suma relevancia es que no solo es posible
estar incurso en la causal de INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PÚBLICOS por actuar conforme a una conducta penalmente tipificada, sino que
los trece (13) concejales que aprobaron ilegalmente la creación de la EICE
PROFLORIDABLANCA actuaron en contravía de los fines y cometidos
estatales plasmados en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, las
Leyes y demás normas reglamentarias.
Los trece (13) concejales demandados: (…) desconocieron y desatendieron el
ordenamiento constitucional y legal, ocasionando un detrimento en el patrimonio
del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, originado en la indebida destinación de
los recursos para el capital inicial y de transferencia de la recién creada EICE
PROFLORIDABLANCA, al autorizarle al ALCALDE DE FLORIDABLANCA,
(…) la transferencia de capital inicial por $1.800.000.000 […]” (negrillas del
texto original).
60. Se evidencia de lo anotado y de la relación de hechos en que se sustentó la
solicitud e indicada en los numerales 7 a 13 del primer acápite de antecedentes de
esta providencia30, que allí no menciona ninguno relativo a que la empresa industrial
30 Cfr. “[…] I.ANTECEDENTES (…) Los hechos en que se sustentó la solicitud fueron los
siguientes: 7. El 9 de abril de 2021, la Alcaldía de Floridablanca radicó ante el Concejo de
Floridablanca -Santander, el Proyecto de Acuerdo núm. 005 de 2021, para crear dicha empresa
industrial y comercial del Estado, del orden municipal. 8. El primer debate del proyecto se realizó el
10 de abril de 2021 en la Comisión Tercera Permanente del cabildo municipal, y fue aprobado por
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y comercial Profloridablanca no surgió a la vida jurídica ni contó con registro
mercantil, pero si recibió recursos del erario municipal en la forma de aportes de
capital y transferencias para ejecución de contratos como si se tratara de un
particular.
61. Al respecto, la Sala pone de presente que el artículo 281 del Código General
del Proceso, sobre congruencia establece lo siguiente: “[…] la sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley […]”; asimismo,
la norma establece que “[…] no podrá condenarse al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a
la invocada en esta […]”.
62. Esta Sección en diversas oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez
de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias o
cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del
concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera instancia
estudió […]”31, porque ello constituiría vulneración del principio de congruencia y en
consecuencia, de los derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de
la parte que resulte afectada (Negritas de la Sala)
63. Lo anterior cobra relevancia en los procesos de pérdida de la investidura en la
medida en que, por tratarse de un trámite sancionatorio, es imperiosa la necesidad
unanimidad el 17 de abril de 2021. 9. El proyecto fue aprobado en sesión plenaria del 23 de abril de
2021, por votación unánime de los concejales. 10. El 27 de abril de 2021, la Alcaldía sancionó el
Acuerdo núm. 004 del 23 de abril de 2021. 11. El artículo noveno del Acuerdo núm. 004 estableció
un capital inicial de $1.800.000.000 para la EICE PROFLORIDABLANCA, proveniente del
presupuesto municipal. 12. El Municipio transfirió un total de $2.120.000.000.42 a la EICE,
discriminados en capital inicial ($1.800.000.000.42) y capital de transferencia ($320.000.000). 13. El
Acuerdo núm. 004 se declaró nulo mediante sentencia judicial […]”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2015,
expediente: 2005-00270-00 y sentencia de 8 de junio de 2016, expediente 2006-00234-00. MP.
María Claudia Rojas Lasso, reiteradas en, entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, expediente 2024-00228-
01. MP. Hernando Sánchez Sánchez.
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Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
de velar por la protección de los derechos fundamentales del sujeto extremo pasivo
del litigio32, pues como lo explicado la Sección Primera33, “[…] la institución de la
pérdida de investidura tiene un evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones
de mucha gravedad. De una parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía
y es separado de las funciones que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad
permanente consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de
elección popular […]”.
64. Conforme con ello, la Sala observa que el argumento y los hechos planteados
por el solicitante en el recurso de apelación, se aducen por primera vez en el
proceso en sede de apelación, razón por la cual se trata de un replanteamiento
fáctico y jurídico del concepto por el que se pidió decretar la pérdida de la investidura
que, como se dijo, debió ser expuesto en la solicitud de pérdida de investidura con
el objeto de garantizar el derecho al debido proceso y de contradicción y defensa
de los concejales demandados, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política. En consecuencia, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento
respecto de ellos.
8.2. De la causal endilgada
65. Resuelto lo anterior, la Sala encuentra que el memorialista insiste en plantear
en segunda instancia la pretensión de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos de los 13 concejales demandados, en atención a
que aprobaron el Acuerdo 004 de 2021, mediante el cual se creó la empresa
industrial y comercial del Estado PROFLORIDABLANCA con capital proveniente del
presupuesto del municipio de Floridablanca, pero tal acto fue declarado nulo con
posterioridad por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo que evidencia
que fue creada ilegalmente y ello condujo a la transferencia de dineros públicos
mientras el acto se presumía ajustado al orden jurídico.
66. El numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 4 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, refieren la indebida destinación de dineros públicos, así:
32 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, expediente D-8658.
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de
octubre de 2016; MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 81001-23-39-000-2016-00014-
01.
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Expediente número: 68001 23 33 000 2025 00057 01
Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
“[…] Artículo 55.- Pérdida de la investidura de concejal: Los concejales perderán
su investidura por:
[…]
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”.
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales Municipales y
Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”.
67. De acuerdo con la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Corporación34,
la causal de pérdida de la investidura por indebida destinación de dineros públicos
es una norma abierta puesto que la Constitución y la ley no establecen el alcance
de la causal ni detallan un catálogo de conductas específicas que la configuran.
68. Esa naturaleza abierta se explica precisamente por la finalidad que tiene la
causal, cual es, censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no
previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las
leyes o el reglamento, porque con ello se traiciona, se cambia o se distorsionan los
fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto35.
69. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e independencia
34 Se puede ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
Sentencia de 9 de noviembre de 2016, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03117-
00(PI). MP. William Hernández Gómez. Sentencia de 29 de mayo de 2012. MP. Danilo Rojas
Betancourth, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI). Sentencia del 10 de
noviembre de 2009. MP. Martha Teresa Briceño, número único de radicación 11001-03-15-000-
2008-01180-00(PI)-20001367. Sentencia de 17 de octubre de 2000. MP. Mario Alario Méndez,
expediente AC-11116.
35 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia
de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000201900771-00, C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014,
consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del
28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-
00111-00 (PI).
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Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las conductas que
materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la causal de
pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas como delitos
[…]”36.
70. Conforme con lo anterior, el Consejo de Estado tiene sentado que la
configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos requiere la prueba de los siguientes tres elementos,
a saber: (i) que se ostente la condición de miembro de corporación pública de
elección popular; (ii) que se esté frente a dineros públicos; y (iii) que los dineros
públicos sean indebidamente destinados.
71. Sobre el alcance de la expresión “dinero público”, la jurisprudencia ha dicho
que se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el Estado,
sin estar restringido a un concepto monetario y en cuanto a que los dineros sean
indebidamente destinados, ha indicado que ello ocurre en los siguientes casos:
a) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
b) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales
esos dineros se encuentran asignados.
36 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia
de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las
sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de
octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002.
MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-024801 y concluye que la
autonomía entre las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente con lo señalado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se declaró la
inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba la
procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida
destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal
condenatoria.
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Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
c) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
d) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros y/o cuando tiene la finalidad de derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
72. Nótese que el desarrollo jurisprudencial de la causal, contrario a lo afirmado
por el demandante en el recurso, sí ha definido como parte de su alcance la
necesaria determinación de la destinación o aplicación de los dineros de acuerdo a
los parámetros ya consignados.
73. Asimismo, la jurisprudencia ha decantado que para tales efectos no es
indispensable que el miembro de la corporación pública de elección popular sea
ordenador del gasto, “[…] pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos […]” 37
(Subrayas de la Sala), lo que significa que en el primer evento la indebida destinación
de dineros públicos es directa, mientras que en el segundo es indirecta.
74. Hechas las anteriores precisiones, atendiendo a que en el sub examine están
probados y no se discuten los dos primeros elementos que configuran la causal,
estos son: (i) la calidad de concejales de los demandados y (ii) la naturaleza pública
de los dineros, la Sala abordará el estudio de los cargos de la apelación y que están
referidos, exclusivamente, al tercer elemento que configura el elemento objetivo de
la causal, este es: (iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
75. Al respecto, la Sala advierte que en este caso fue probado y no discutido en
el proceso que el proyecto de Acuerdo 005 de 2021 se presentó por el alcalde
municipal junto con: (i) el estudio demostrativo que justificaba la creación de
37 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 21 de noviembre de 2024. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón. Rad. 25000231500020240051801.
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Profloridablanca; (ii) el concepto favorable del CONFIS municipal para su creación
y el consecuente aporte de capital; (iii) la certificación expedida por el secretario de
hacienda, dando cuenta de que el aporte dinerario del municipio provendría de los
ingresos corrientes de libre destinación del municipio sin afectar las finanzas de la
entidad y las metas del superávit primario establecidas en el MARCO FISCAL
MEDIANO PLAZO 2020 – 2030; y (iv) la constancia de la jefe de la Oficina Asesora
de Planeación del municipio indicando que el proyecto de acuerdo estaba en
armonía con el plan de desarrollo 2020-2023.
76. Lo anterior verifica que los recursos que le fueron transferidos a
Profloridablanca provinieron de los ingresos corrientes de libre destinación del
municipio, los cuales están definidos en los incisos primero y segundo del parágrafo
1º del artículo 3º de la Ley 617 de 2000 de la siguiente manera:
“[…] Artículo 3. Financiación de los gastos de funcionamiento de las
entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento de las entidades
territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación,
de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones
corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos
parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
Parágrafo 1º- Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de
destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto
administrativo a un fin determinado.
Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad
con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos
de:
“[…]
b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de
forzosa inversión;
c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o
convencional, las entidades territoriales, estén encargadas de administrar,
recaudar o ejecutar;
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación
financiados con recursos de destinación específica;
e) Los recursos de cofinanciación;
f) Las regalías y compensaciones;
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g) Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se
establezcan en las leyes especiales sobre la materia;
[…]
i) La sobretasa al ACPM;
[…]
k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter
transitorio, y
l) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica
[…]”.
77. En atención a que los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales
se financian con ingresos de libre destinación y siguiendo la definición de estos
indicada supra, para la Sala no existe duda de que la naturaleza de libre disposición
de los dineros públicos en este caso sí determinaba que esos dineros no fueron
aplicados a un objeto o a un propósito prohibido por la Constitución o la ley, en
especial, porque no corresponden a ninguno de aquellos que se prohíbe destinar al
funcionamiento de la entidad territorial, y porque el actor no demostró que la
aplicación de esos dineros públicos hubiera sido otra distinta a la prevista en el
Proyecto de Acuerdo 005 de 2021, aprobado por los concejales demandados, y que
en lo correspondiente señalaba lo siguiente:
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78. En adición, debe tenerse en cuenta que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander precisó y así lo corroboró esta Sala con su lectura, que
la declaratoria de nulidad del Acuerdo 004 de 2021 realizada en el fallo de segunda
instancia de 10 de octubre de 202438 no obedeció a la falta de competencia del
Concejo de Floridablanca para la creación de Profloridablanca ni se acreditó que los
concejales que aprobaron el Proyecto de Acuerdo 005 de 2021 lo hicieran
apartándose o traicionando la finalidad para la cual fue prevista esa facultad, como
sí ocurrió en el asunto resuelto por la Sección Primera en la sentencia de 12 de
febrero de 2015, sino que fue producto de la insuficiencia del estudio demostrativo
que acompañó la iniciativa. Así lo señalo el a quo en la sentencia de 27 de marzo
de 2025 apelada:
«[…] A continuación, se transcriben las principales consideraciones que
sirvieron de fundamento para adoptar esa decisión:
«Considera esta Sala que el acápite de necesidad planteado dentro del
estudio demostrativo resulta insuficiente, pues no se identificaron de manera
clara cuáles eran las necesidades, carencias o dificultades que tiene la Entidad
Territorial y por las cuales resultaba absolutamente necesaria la creación de
PROFLORIDABLANCA como empresa industrial y comercial del Municipio de
Floridablanca.
[…]
Así las cosas, este Tribunal resalta que con atención a los principios de
eficacia y economía, no se estipuló dentro del documento estudio demostrativo
la razón por la cual resultaba más beneficioso crear una empresa industrial y
comercial del municipio de Floridablanca, frente a la toma de cualquier otra
decisión administrativa, ello bajo una la óptica del por qué la creación de
PROFLORIDABLANCA contribuía a maximizar el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y su relación de análisis costo – beneficio de dicha
creación frente a otras opciones que tuviera el Municipio.
[…]
Con lo cual es claro entre otras, que el estudio demostrativo realmente no
demostró por qué PROFLORIDABLANCA era la opción más eficiente en
términos económicos para el logro de los fines esenciales del Municipio y
el cumplimiento del plan de desarrollo propuesto.
[…]
Finalmente, entendiendo que una de las finalidades del proyecto de creación
de la EICE PROFLORIDABLANCA fue la de contribuir la reactivación
38 Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia del 10 de octubre de 2024. MP. Carolina Arias
Ferreira, que reposa en el índice 003 de SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL
6800123330002025000500.
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económica, y el estudio mismo planteó como criterios de justificación la
reducción del número de empresas, planteando como datos para el año 2020
un total de 12.031 y 11.306 en 2021. Así, asumiendo que en el Municipio de
Floridablanca se presentó diminución total del 6.03% en el número de empresas
para el año de propuesta del proyecto (2021), no se explicó nada acerca de
cómo esa reducción porcentual afectaba la economía del municipio, así como
tampoco el impacto que dicha empresa (PROFLORIDABLANCA) tendría sobre
la reactivación económica».
Se sigue de lo anteriormente transcrito, que esta Colegiatura en esa
oportunidad encontró que el estudio demostrativo presentado por el Municipio
de Floridablanca al concejo municipal, resultó insuficiente y no justificó de
manera clara cómo la creación de la empresa contribuiría a maximizar el
cumplimiento de los fines esenciales del estado, entre otras cosas […]”
(negrilla fuera de texto).
79. Tampoco fue acreditado que los concejales hayan destinado esos recursos del
presupuesto municipal para derivar un beneficio en su favor o en el de terceros. La
Sala observa que el actor no aportó elementos de prueba útiles, pertinentes y
conducentes que demuestren que los concejales acusados, al haber votado
positivamente el Proyecto de Acuerdo núm. 005 de 2021, hayan actuado con el
ánimo de obtener un beneficio para sí o en favor de terceras personas o con el
propósito de distorsionar las finalidades para las que fue dispuesto dicho gasto, de
tal suerte que no hay mérito para revocar la sentencia por las razones aducidas.
8.3. De la sentencia invocada en el fallo recurrido y su aplicación al caso
concreto
80. Al respecto la Sala deberá definir si fue adecuada la invocación del
precedente contenido en la sentencia proferida por la Sección Primera el 20 de
mayo de 202439, según la cual, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
expedido por una corporación pública de elección popular, “[…] no comporta per se la
configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos […]”, por el Tribunal Administrativo de Santander.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 20 de
mayo de 2024. MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, expediente 680012333000202300746-
01(PI).
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81. Al respecto, la Sala observa que le asiste razón al recurrente cuando afirma
que la sentencia proferida por la Sección Primera de 20 de mayo de 2024 estudió
un caso que no coincide de forma exacta con los supuestos del presente asunto,
pues aquel caso sustentó la indebida destinación de dineros públicos en la
aprobación, por parte de la mesa directiva del cabildo, de una resolución mediante
la cual se hizo un encargo de contralor municipal que posteriormente fue anulada,
circunstancia que en criterio del actor había dado lugar a la indebida destinación de
dineros públicos con ocasión del pago de los salarios y prestaciones sociales
realizados a quien fue contralor encargado, en tanto dicho nombramiento en
encargo no estuvo ajustado a la normatividad.
82. Sin embargo, el apelante no acierta al concluir que la decisión contenida en
la sentencia de 27 de marzo de 2025 se fincó en esa sentencia previa, puesto que
lo considerado por el Tribunal Administrativo de Santander para resolver el caso
concreto, es decir, la razón de la decisión40, se hizo consistir en que “[…] la conducta
de los concejales no se subsume en ninguna de las hipótesis que dan lugar a la indebida
destinación de dineros públicos, puesto que, no se demostró que se hayan destinado los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o, a materias
innecesarias y mucho menos que se hayan aplicado esos recursos a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento […]”.
83. Ahora bien, al leer la providencia impugnada, la Sala encuentra que el a quo
trajo a colación la sentencia de 20 de mayo de 2024, para recalcar que el Consejo
de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción, ha sostenido de forma pacífica
y reiterada que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos no es fuente
automática de pérdida de la investidura por indebida destinación de dineros
públicos, respecto de aquellos de sus miembros que participan de la deliberación y
aprobación de los actos administrativos anulados.
84. Así las cosas, para la Sala es diáfano que la declaratoria de nulidad del
Acuerdo 004 de 2021, traída a colación como supuesto de hecho en la solicitud de
pérdida de la investidura, probado y debatido en el proceso, requería de un
40 La ratio decidendi es el fundamento o razón esencial y vinculante de una decisión judicial, es decir,
el principio jurídico sin el cual la sentencia no podría haberse dictado.
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pronunciamiento que complementara la razón de la decisión en el sentido en el que
lo hizo el Tribunal Administrativo de Santander, pues lo cierto es que la indebida
destinación de dineros públicos no se configura por la sola declaratoria de nulidad
del acto administrativo que dio lugar a la aplicación de los recursos públicos a un fin
o propósito determinado.
85. En consecuencia, este último argumento del primer cargo de la apelación no
resulta avante.
8.4. Del precedente invocado en el recurso
86. La Sala deberá determinar si el fallo proferido por la Sección Primera el 12
de febrero de 201541, es un precedente aplicable al caso que nos ocupa.
87. Para resolver el planteamiento del apelante, en lo que es relevante a este
(configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura por
indebida destinación de dineros públicos), la Sala realizará un paralelo entre las
decisiones indicadas en el recurso, a partir del cual podrá verificarse si le asiste
razón al apelante en sus afirmaciones, o no. Veamos:
Sentencia de 12 de febrero de 2015 Sentencia de 20 de mayo de 2024
Rdo. 680012333000201301077-01 Rdo. 680012333000202300746-01
Sección Primera Sección Primera
Causal invocada: Causal invocada:
Indebida destinación de dineros públicos Indebida destinación de dineros públicos.
Art. 48, numeral 4, Ley 617 de 2000. Art. 48, numeral 4, Ley 617 de 2000 y
Art. 55, numeral 3, Ley 136 de 1994.
Síntesis del caso: Síntesis del caso:
Se solicitó revocar el fallo de primera Se solicitó revocar el fallo de primera
instancia y en su lugar decretar la PI de los instancia y en su lugar decretar la PI de los
concejales, porque al aprobar los concejales que integraban la mesa
Acuerdos Municipales núms. 002 de 14 de directiva del cabildo, porque expidieron la
enero, 006 de 25 de febrero y 019 de 21 Resolución núm. 197 de 19 de diciembre
de julio de 2008, autorizaron el pago de de 2019, “Por la cual se hace un encargo
una prestación social consistente en una de contralor municipal de Bucaramanga",
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 12 de
febrero de 2015. MP. María Claudia Rojas Lasso, expediente 680012333000201301077-01(PI).
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prima técnica a favor del alcalde, el el cual fue declarado nulo por la Sección
personero y el contralor del municipio, Quinta en sentencia de 17 de marzo de
para lo cual no estaban facultados por la 2022, en cuanto fue expedido sin
Constitución o la ley, y, por ende, en competencia, y, en consecuencia el pago
cumplimiento de los citados acuerdos se de salarios y factores prestacionales
destinaron recursos del erario a objetos y realizados con fundamento en dicho acto
propósitos prohibidos por la Constitución y administrativo, constituye una indebida
la Ley. destinación de dineros públicos.
Ratio decidendi: Ratio decidendi:
Elemento objetivo: se configuró la causal Elemento objetivo: No se configuró la
de PI por indebida destinación de dineros causal de PI por indebida destinación de
públicos puesto que con la expedición de dineros públicos puesto que, aunque la
los Acuerdo núms. 002, 006 y 009 de Resolución núm. 197 de 2019 fue
2008, el concejo municipal creó una prima declarada nula, hasta que no se produjo la
técnica, pese a que dicha materia está decisión judicial anulatoria dicho acto
reservada al legislador y es indelegable a administrativo se presumía legal. Se
las corporaciones públicas del orden demostró que los referidos pagos se
territorial (art. 150 de la CP); además de realizaron por unos servicios que se
que solo está autorizada respecto de los prestaron a la entidad como consecuencia
empleados públicos del orden nacional y del acto de nombramiento y los mismos se
de carácter permanente, y, solo en casos encuentran respaldados en la partida
excepcionalísimos, procede para presupuestal correspondiente. No se
servidores municipales, eventos en los demostró el menoscabo al erario o que
cuales el reconocimiento y pago está en con dicha actuación los accionados
cabeza de los Alcaldes, previa pretendieron obtener un beneficio
autorización por parte del Concejo económico a su favor o para favorecer a
Municipal (art. 184 42 de la Ley 136 de un tercero.
1994), condiciones que no se dan
respecto del alcalde, personero y contralor Se reitera la jurisprudencia de la Sección
del municipio; asimismo, se probó que por Primera en casos fácticos similares, según
concepto de esa prestación social creada la cual, “[…] per se, no hay lugar a la
en los acuerdos mencionados, en el año configuración de la causal de pérdida de
2008 el alcalde de la época recibió la suma investidura de indebida destinación de
de $49’200.408, la Contralora dineros públicos con ocasión de los
$39’632.309, y el Personero $21’63.960, salarios y prestaciones pagados a favor de
lo cual pone en evidencia la indebida un servidor público, cuyo acto
destinación de dineros públicos, porque a administrativo de nombramiento haya sido
pesar de contar con el correspondiente declarado nulo […]”.
registro presupuestal y encontrarse los
recursos autorizados para el pago de
prima técnica, se destinaron a objetos y
propósitos no autorizados por la
Constitución y la Ley.
Decisión: Decisión:
42 Cfr. “[…] ARTICULO 184. ESTIMULOS AL PERSONAL: Mediante acuerdo los concejos
municipales podrán facultar a los alcaldes para que, en casos excepcionales hagan el
reconocimiento y pago de primas técnicas a los servidores municipales altamente calificados que
requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos
técnicos, científicos o especializados. // Los municipios adelantarán programas que aseguren a sus
servidores la capacitación necesaria para cumplir a cabalidad las nuevas responsabilidades de esta
entidad territorial, procurando el aumento de su capacidad de gestión […]”.
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“[…] REVÓCASE el fallo impugnado y, en CONFIRMAR la sentencia de 27 de
su lugar, se dispone: DECRÉTASE la febrero de 2024, por medio de la cual el
pérdida de investidura de los Concejales Tribunal Administrativo de Santander
demandados […]. denegó la solicitud de pérdida de
investidura de los señores Uriel Ortiz Ruiz,
Wilson Manuel Mora Cadena y Nelson
Mantilla Blanco, concejales del municipio
de Bucaramanga, período constitucional
2016-2019.
88. Queda en evidencia que en esa decisión se resolvió un asunto que no guarda
similitud fáctica ni jurídica con el que ahora se examina, salvo en lo referente a que
la causal de pérdida de que se invocó, esta es, por indebida destinación de dineros
públicos.
89. En efecto, dicha providencia concluyó que se configuró la indebida
destinación de dineros públicos porque el Concejo de Floridablanca se arrogó una
competencia que se encuentra reservada al Legislador y en esa medida, la
aprobación de los acuerdos municipales que crearon las primas técnicas y las
consecuentes erogaciones con cargo a los recursos del presupuesto municipal,
materializaron la indebida destinación de dichos dineros habida cuenta que se
destinaron a un objeto y propósito no autorizado por la Constitución y la ley,
consistente en el pago de esa prestación al alcalde, al personero y al contralor
municipales, cuya creación está vedada a los concejos municipales según lo
previsto en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Política43.
90. De igual forma, consideró que los concejales traicionaron, distorsionaron o
tergiversaron la finalidad para la cual habían sido previstos los recursos públicos del
presupuesto municipal destinados a pagar salarios y prestaciones sociales de los
servidores públicos municipales, puesto que la prima técnica creada y efectivamente
pagada al alcalde, el personero y el contralor de la entidad territorial, “[…] está
prevista para los empleados públicos del orden nacional, que estén nombrados con carácter
43 Cfr. “[…] Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: […] 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […] e) Fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública; f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas
funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las Corporaciones públicas
territoriales y éstas no podrán arrogárselas […]”.
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permanente, como un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del
Estado a funcionarios altamente calificados que se requiera para el desempeño de cargos
cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos
especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de
acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo, presupuestos que no
concurren en el sub lite, dado que los cargos de Alcalde, Contralor y Personero Municipal
son del orden territorial y de período fijo […]”44.
91. Precisado lo anterior, no hay duda de que la sentencia que se viene
mencionando no constituye precedente judicial para resolver el asunto sub examine,
puesto que el numeral 6º del artículo 313 de la Constitución Política45 sí faculta a
los concejos municipales la creación de empresas industriales o comerciales del
Estado46 a iniciativa del alcalde, y, en armonía, el artículo 69 de la Ley 489 de 29 de
diciembre de 200847 establece que el proyecto de acuerdo deberá acompañarse del
estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, circunstancia modal que,
44 Cfr. En la sentencia se consideró: “[…] La Ley 60 del 28 de diciembre de 1990, revistió al
Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de
remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas
en relación con los "empleos del sector público del orden nacional". […] Una interpretación
gramatical, sistemática, coherente, histórica y teleológica de los anteriores preceptos, lleva a
establecer que cuando el artículo 9° del Decreto 1661 de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima
técnica de las entidades descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden
nacional, habida cuenta que, se reitera, la Ley de facultades en su epígrafe es diáfana al
respecto. […] Cabe resaltar que el Decreto núm. 1724 de 4 de julio de 1997, “por el cual se modifica
el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado”, en su artículo 1° señaló
que “La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por
cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un
cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y
Ramas del Poder Público.” (Negrilla y subraya fuera de texto); que a su vez fue modificado por el artículo
1° del Decreto 1336 de 2003 […]. Esta última norma prevé lo siguiente: “[…] La prima técnica establecida
en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a
quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina
Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes
funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y
Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del
Poder Público […]”.
45 «Artículo 313. Corresponde a los concejos: […] // Determinar la estructura de la administración
municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta».
46 Actuación núm. 45 de SAMAI – Archivo núm. 46 – Folios 10-11.
47 Cfr. “[…] por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones […]”.
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para efecto del estudio y aprobación del Proyecto de Acuerdo 005 de 2021, fue
cumplida en su momento por el alcalde municipal de Floridablanca.
92. De esta manera, se tiene que los concejales al votar positivamente la
aprobación del Proyecto de Acuerdo 005 de 2021, ejercieron una competencia
expresamente autorizada al cabildo municipal y en virtud de ella, crearon la empresa
industrial y comercial del Estado del orden municipal, Profloridablanca, destinándole
un capital inicial de mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000) del
presupuesto municipal de libre destinación; es decir, destinaron esos dineros
públicos a cumplir un objeto y propósito autorizado por la Constitución y la ley.
93. Como esta última hipótesis es la que quedó probada en el proceso, siendo
evidentemente opuesta a la que se acreditó en el proceso sentenciado por la
Sección Primera en el año 2015, la Sala concluye que la sentencia proferida el 27
de marzo de 2025 no incurrió en yerro alguno al considerar no configurada la
indebida destinación de dineros públicos en tanto éstos no fueron destinados o
aplicados a un propósito prohibido o no autorizado por la Constitución o la ley.
94. En consecuencia, este planteamiento del primer cargo de la apelación no
puede prosperar.
8.5. Conclusión
95. La Sala encontró que ninguno de los planteamientos presentados en el recurso
de apelación tiene vocación de prosperidad, razón por la cual confirmará la
sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se denegó la pérdida de investidura de los trece
concejales de Floridablanca, por no haberse configurado la causal de pérdida de la
investidura por indebida destinación de dineros públicos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se denegó la pérdida de
investidura de los señores José Nicanor Vera Pedraza; Néstor Alexander Bohórquez
Meza; José Fernando Sánchez Carvajal; Alfredo Tarazona Matamoros; Édgar
Enrique Gómez Silva; Salvador Molina Saavedra; José Manuel Junior Sequeda
Ortiz; Freddy Ávila; Marlene Rincón Prada; Marcos Olarte Ramírez; Jorge Alberto
Pinzón Medina; Germán Durán Useda y Helio Torres Toloza, como concejales del
municipio de Floridablanca, Santander, por el periodo 2020-2023, conforme con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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