Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2024-00057-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 81001-23-39-000-2024-00057-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2024-00057-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 81001-23-39-000-2024-00057-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
29 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 810012339000202400057021
Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de febrero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
TESIS: NO SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE
CONCEJALES QUE EXPIDIERON LA RESOLUCIÓN DE
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS, A PESAR DE HABER
INCLUIDO UNA SESIÓN DE MÁS A FAVOR DE DOS CONCEJALES QUE
NO ASISTIERON A SENDAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 17 de febrero de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se
denegó la pérdida de investidura de los concejales del municipio de
Arauca (Arauca), señores YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ,
ANDRÉS FELIPE PALENCIA CÓRDOBA y BLADIMIR
FRANCISCO RIAY MILLÁN, por hechos ocurridos dentro del
período constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
2
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura de los concejales del municipio de Arauca (Arauca),
señores YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ, ANDRÉS FELIPE
PALENCIA CÓRDOBA y BLADIMIR FRANCISCO RIAY MILLÁN,
por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027,
al considerar que incurrieron en la causal de pérdida de investidura
establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de
junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de
20003, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis,
que en el Concejo de Arauca (Arauca) se realizaron sesiones
extraordinarias durante el mes de abril de 2024, a las que no
asistieron los concejales RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y
CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, los días 8 y 17 de dicho mes,
respectivamente; y que, sin embargo, la mesa directiva conformada
por YORLY VIVIANA DIAZA RAMIREZ, en calidad de presidente,
ANDRÉS FELIPE PALENCIA CÓRDOBA, como primer
vicepresidente, y BLADIMIR FRANCISCO RIAY MILLÁN, como
segundo vicepresidente de esa corporación, ordenó el
reconocimiento y pago de esos días a través de la Resolución
200.10.014 de 17 de abril de 2024, “[…] Por medio de la cual se
2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
ordena el pago de Honorarios a los Honorables Concejales que en
cumplimiento del Artículo 23 de la ley 136 de 1994 y 617 de 2000,
fueron convocados a sesiones extraordinarias realizadas entre el 08
al 17 de abril, mediante Decreto 041 del 05 de abril 2024 […]”.
Mencionó que ello se puede corroborar dentro del acto
administrativo expedido por la mesa directiva, en donde se ordenó
el reconocimiento y pago de los honorarios a favor de RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ
por 10 sesiones, cuando en realidad debió hacerse sobre 9 para
cada uno de ellos, en vista de la inasistencia de los mencionados
durante los días 8 y 17 de abril de 2024, respectivamente.
Indicó que la concejal YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ,
presidente del Concejo, junto con su mesa directiva (para la época
de los hechos), no pueden alegar que funcionario alguno los indujo
en el error al momento de proyectar las resoluciones de
reconocimiento y pago de las sesiones asistidas, pues de esta
manera dejaría de lado el análisis y aplicación de las funciones del
presidente del Concejo de Arauca (Arauca) y su mesa directiva,
previstas en el reglamento interno acerca de que actúa como
ordenador del gasto y presupuesto de la corporación.
Arguyó que los accionados inaplicaron lo ordenado en el artículo 65
de la Ley 136, en cuanto que los miembros de los concejos de las
entidades territoriales tienen derecho al reconocimiento de
honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias; y
que, contrario a lo anterior, la señora YORLY VIVIANA DÍAZ
RAMÍREZ como presidente del Concejo de Arauca (Arauca) y su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
mesa directiva para el año 2024, pagaron los honorarios de las
sesiones a las que no asistieron los concejales relacionados en la
presente solicitud de desinvestidura.
Manifestó que la conducta de los accionados resulta imputable a
título de dolo pues actuaron con el pleno conocimiento sobre la
existencia de la conducta objeto de reproche, ya que el
reconocimiento de los honorarios a favor de los concejales exige
que se compruebe la asistencia a las sesiones. Y que, les
correspondía expedir las resoluciones para efectos del
reconocimiento de los honorarios, actos administrativos que deben
ser publicados en los medios oficiales existentes en el respectivo
departamento, con el fin de que cualquier ciudadano pueda
impugnarlos, en cuyo caso, la autoridad competente debe dar
trámite a la investigación correspondiente.
Comentó que, desde tal óptica, la presidente del Concejo de Arauca
(Araca), como ordenadora del gasto, debió velar por el correcto uso
de los dineros públicos procedentes del tesoro, de tal manera que
cuando autoriza el pago de los honorarios sin que se encuentre
satisfecho el requisito constitucional y legal atinente a que se
demuestre la asistencia o inasistencia comprobada a las sesiones,
entiéndase ordinarias o extraordinarias, genera como consecuencia
que dichos recursos del Estado se destinan a un propósito no
autorizado por la Constitución Política y la ley.
I.3.- Los concejales, a través de un mismo apoderado, presentaron
escrito de contestación común en el que se opusieron a la
pretensión de la solicitud, para lo cual alegaron que, contrario a lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
manifestado por el solicitante, a los concejales RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA
LÓPEZ, al final, se les cancelaron honorarios por 9 sesiones
extraordinarias y no por 10.
Manifestaron que, si bien en principio en la Resolución 200.10.014
de 17 de abril de 2024, por medio de la cual se ordenó el pago de
honorarios a los concejales que habían sido convocados a sesiones
extraordinarias entre el 8 y el 17 de abril de 2024, se anotó que
RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO
ATAYA LÓPEZ asistieron a un total de 10 sesiones, lo cierto es
que, con posterioridad a ello, en vista de las actuaciones
adelantadas en cabeza de la presidencia de dicha corporación
pública, se advirtió el error en el número de sesiones, lo que dio
lugar a que el secretario general del Concejo expidiera certificación
aclarando que aquellos habían asistido a 9 y no 10 sesiones
extraordinarias y que el pago de los honorarios debía hacerse con
base en tal aclaración.
Resaltaron que, con relación al concejal CÉSAR ARMANDO ATAYA
LÓPEZ se ordenó el reintegro por la suma de $281.674,56, monto
que fue devuelto por él, tal y como consta en recibo de caja 007 de
2 de mayo de 2024. Y que, en cuanto al concejal RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA, no tuvo que ordenarse devolución
alguna, pues para el momento en que se advirtió el error, no se
había retirado de la Corporación el valor girado a través de cheque,
y se procedió a la expedición de uno nuevo por el monto
equivalente a 9 sesiones extraordinarias.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
Adujeron que, habiéndose corregido el error puesto en
conocimiento por parte de la presidenta del Concejo de Arauca
(Arauca), el pagador de dicha corporación remitió a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas Municipal, el cheque AB367880 de
Bancolombia por valor de $563.349,12, que correspondía a la
devolución de sendas sesiones extraordinarias reconocidas de más
a los concejales RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR
ARMANDO ATAYA LÓPEZ.
Señalaron que, luego de evidenciado el error involuntario, hubo un
comportamiento diligente de los accionados, a tal punto que se
realizó una solicitud urgente de revisión de actas, solicitudes de
devolución de dineros, abstenciones de pago, para luego hacer la
respectiva devolución a la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Municipal; y que, por lo mismo, no se actuó de forma dolosa ni
culposa, como lo plantea el actor.
Propusieron las excepciones de ‘inexistencia de pretensión clara que
conlleve a la procedencia de la perdida de investidura’, ‘ineptitud
sustantiva de la demanda’, ‘inexistencia de causa para demandar’,
‘falta de congruencia entre los hechos y las solicitudes’, ‘ausencia
de configuración de las causales de perdida invocada’, ‘ausencia de
pruebas’, ‘falta del elemento subjetivo como requisito de
procedencia del proceso de pérdida de investidura’ y
‘desconocimiento del principio constitucional de buena fe’ y ‘buena
fe exenta de culpa’.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
El Tribunal, a través de sentencia de 17 de febrero de 2025, denegó
la pérdida de investidura de los accionados, para lo cual indicó que
el Acuerdo 200.02.003 de 26 de febrero de 2013 “[…] Por el cual se
modifica el Acuerdo no. 008 de 2008 y se adopta el nuevo
reglamento interno del Concejo Municipal de Arauca […]”, prevé en
su artículo 35, que el presidente del Concejo Municipal tiene entre
otras funciones, la de “[…] Actuar como ordenador del gasto en
relación con el presupuesto de la corporación contenido en el
Presupuesto General del Municipio, con sujeción a la Ley Orgánica
del Presupuesto y a la reglamentación de la Mesa Directiva en
tratándose de pago a concejales […]”.
Mencionó que, a pesar de que los concejales RAFAEL LEONARDO
PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, no
asistieron a las sesiones extraordinarias de 8 y 17 de abril de 2024,
respectivamente, el secretario general del Concejo Municipal de
Arauca (Arauca) suscribió certificación de 17 de abril de 2024 en la
que hizo constar que todos sus miembros habían asistido a las 10
reuniones, certificación con fundamento en la cual, a su vez, los
accionados expidieron la Resolución 200.10.014 de 17 de abril de
2024, con la que ordenaron una suma equivalente a $2.816.745,60
para cada uno de los 15 concejales, correspondiente al pago de
honorarios por 10 sesiones extraordinarias y se expidieron las
órdenes de pago.
Adujo que, con posterioridad a la expedición de dicho acto
administrativo, la presidenta del Concejo de Arauca (Arauca) e
integrante de la mesa directiva de dicha corporación, envió escrito
al secretario general con funciones de pagador, manifestándole
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
que, una vez revisadas nuevamente las actas de sesiones
extraordinarias de abril de 2024, junto con la certificación expedida
por esa dependencia el 17 de abril de 2024, se avizoró un error en
la liquidación de los honorarios cancelados a los concejales del
municipio, por lo que solicitó de manera urgente que se verificara
esa información para el trámite pertinente.
Señaló que, advertido de esa situación, el secretario general del
Concejo de Arauca (Arauca), a través de certificación de 3 de mayo
de 2024, hizo constar que, revisadas nuevamente las convocatorias
diarias de los concejales a las sesiones extraordinarias del 8 al 17
de abril de 2024, se había presentado un error involuntario en la
transcripción, por cuanto RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y
CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, faltaron cada uno a una
reunión, teniendo así derecho al reconocimiento y pago de
honorarios por 9 sesiones y no por 10 sesiones.
Recalcó que, en el caso del concejal RAFAEL LEONARDO PÉREZ
MOLINA, como su pago se realizó a través de cheque y este no
había sido cobrado, la corporación municipal lo anuló y, en su lugar,
se expidió uno nuevo, reconociéndole honorarios por 9 sesiones
extraordinarias durante el mes de abril de 2024, esto es, por la
suma de $2.535.071,04; y que, en cuanto al concejal CÉSAR
ARMANDO ATAYA LÓPEZ, a pesar de habérsele consignado
honorarios por valor de $2.816.745,60 correspondiente a 10
sesiones y no a 9, lo cierto es que el concejal procedió,
inmediatamente, a la devolución de la suma de $281.674,56, de tal
manera que, percibida la anomalía en el pago de honorarios, es
dable por la entidad afectada recuperar, -bajo descuento,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
devolución o compensación-, las sumas debidas, tal y como así
ocurrió en este caso.
Insistió en que, cosa distinta hubiese ocurrido si los integrantes de
la mesa directiva de la corporación, en cabeza de su presidenta, no
hubiesen ejecutado las actuaciones encaminadas a corregir la
inconsistencia y a recuperar los dineros públicos, que en ese
escenario sí daría lugar a un incremento patrimonial a favor de
terceros, esto es, de los concejales RAFAEL LEONARDO PÉREZ
MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ y, con ello, una
indebida destinación.
Concluyó que no se demostró el elemento objetivo en contra de los
accionados, que permitiera la configuración de la causal de pérdida
de investidura prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136
y 48, numeral 4, de la Ley 617, concerniente a la indebida
destinación de recursos públicos, por lo que denegó la
desinvestidura de los concejales YORLY VIVIANA DÍAZ
RAMÍREZ, ANDRÉS FELIPE PALENCIA CÓRDOBA y BLADIMIR
FRANCISCO RIAY MILLÁN.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 17 de
febrero de 2025, en el que solicita revocar la decisión del a quo y,
en su lugar, decretar la pérdida de investidura de los accionados,
con fundamento en que, en su calidad de miembros de la mesa
directiva del Concejo de Arauca (Arauca), entre ellos la presidenta y
ordenadora del gasto de esa corporación, dispusieron que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
efectuara el pago de los honorarios a favor de los concejales
RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO
ATAYA LÓPEZ, a pesar de que no asistieron a las sesiones
ordinarias de 8 y 17 de abril de 2024, respectivamente,
encontrándose demostrado, entonces, el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral
4 de la Ley 617, erogación que se hizo con culpa grave, quedando
así satisfecho el elemento subjetivo de la conducta bajo análisis.
Aduce que, en el caso del concejal RAFAEL LEONARDO PÉREZ
MOLINA, como su pago se realizó a través de cheque y este no
había sido cobrado, la corporación municipal lo anuló y, en su lugar,
se expidió uno nuevo, reconociéndole honorarios por 9 sesiones
extraordinarias durante el mes de abril de 2024, esto es, por la
suma de $2.535.071,04; y que, en cuanto al concejal CÉSAR
ARMANDO ATAYA LÓPEZ, a pesar de habérsele consignado
honorarios por valor de $2.816.745,60 correspondiente a 10
sesiones y no a 9, lo cierto es que el concejal procedió, de manera
inmediata, a la devolución de la suma de $281.674,56, razones que
no son suficientes para descartar la indebida destinación de dineros
públicos, pues la conducta se origina cuando el servidor público
distorsiona los fines prestablecidos por la Constitución Política y la
ley, con independencia de que se efectúe la devolución de los
dineros por parte de los concejales.
Manifiesta que no se explica cómo los accionados, teniendo tal
claridad sobre el tema, no existiendo evidencia de la asistencia de
los concejales RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR
ARMANDO ATAYA LÓPEZ a las sesiones de 8 y 17 de abril de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
2024, respectivamente, ni en la grabación, ni en el acta de la
sesión, ni en la certificación de la Secretaría, la que expresamente
deja clara la inasistencia de los prenombrados, aquellos decidieron
expedir la Resolución núm. 200.10.014 de 17 de abril de 2024 “[…]
Por medio de la cual se ordena el pago de honorarios a los
Honorables Concejales que en cumplimiento del artículo 23 de la
Ley 136 de 1994 y 617 de 2000, fueron convocados a sesiones
extraordinarias realizadas entre el 08 al 17 de abril, mediante
Decreto 041 del 05 de abril 2024 […]”, en la que se dispuso para
cada uno de los concejales, una suma equivalente a $2.816.745,60,
correspondiente al pago de honorarios por 10 sesiones
extraordinarias.
Invoca lo decidido por la Sección Primera en la sentencia de 10 de
diciembre de 2021, con número único de radicación
47001233300020210031001, en la que, luego de examinar un caso
análogo al del caso concreto, decretó la pérdida de investidura de
un concejal, luego de reconocer honorarios a otros concejales de la
corporación edilicia, a pesar de no haber asistido a ciertas sesiones.
Sostiene que, en gracia de discusión, podría afirmarse que, al
expedirse la referida resolución, no hubo intención o propósito de
destinar dineros públicos sin respaldo legal alguno que lo justificara,
pero lo que sí se evidencia es una negligencia de tal magnitud que
permite inferir que los accionados sí eran conscientes y conocían el
resultado de su conducta, razón que permite hacer un reproche
subjetivo como presupuesto para imponer una sanción a título de
culpa grave.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
Arguye que, en el caso concreto, no puede predicarse la existencia
de un error invencible que excluya de responsabilidad a los
accionados, toda vez que el error era vencible y superable, ante la
falta de aplicación de las diligencias que les eran exigibles. Y que la
expedición de la Resolución núm. 200.10.014 de 17 de abril de
2024, no puede catalogarse menos que de un comportamiento falto
de la diligencia debida que hubiera podido superarse de haber
aplicado el cuidado que le era exigible.
Menciona que la indebida destinación de recursos públicos es de
ejecución instantánea, es decir, que se consuma en el momento en
que se despliega cualquiera de las conductas que la constituyen,
independientemente del monto de lo destinado indebidamente, o
que se hubiesen ejecutado las actuaciones para corregir la
inconsistencia y recuperar los dineros públicos, sin que sea de
recibo introducir en el examen del dolo o de la culpa grave dicho
aspecto, como el elemento del reintegro de los recursos por parte
de los concejales RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR
ARMANDO ATAYA LÓPEZ, esto no justifica la ausencia de dolo o
culpa grave por parte de los demandados.
Señala que las acciones encaminadas a corregir o subsanar el error
no se produjeron voluntariamente por los accionados, sino con
ocasión de la reclamación que realizó el concejal RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA, quien recibió el monto adicional, se
percató, les devolvió el cheque con el pago de la sesión de más y
les indicó que le habían pagado más de lo que merecía, adicional al
escándalo en redes sociales que se suscitó por ese error; y que, de
lo contrario, hubiesen seguido con el error y no habrían corregido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
nada, evidenciando la falta de diligencia, cuidado y la culpa grave
por parte de los concejales, lo que que da lugar a declarar la
pérdida de investidura.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- A través de auto de 13 de febrero de 2025, el Despacho
sustanciador decidió el recurso de apelación oportunamente
interpuesto por el solicitante contra el auto de 6 de diciembre de
2024, proferido por el Tribunal, por medio del cual se denegó una
solicitud de medida cautelar.
Para confirmar la providencia recurrida, se consideró que la medida
cautelar solicitada por el actor no cumplió el requisito previsto en el
artículo 230 del CPACA, toda vez que no tenía relación directa con
la pretensión invocada en este asunto, cuyo objeto, se insiste, es
determinar si los accionados incurrieron o no en la causal de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral
4, de la Ley 617.
Y agregó que, en lo que tiene que ver con la acreditación del
perjuicio irremediable, lo expresado por el recurrente sobre las
presuntas implicaciones que conllevaba la permanencia de los
accionados en el Concejo de Arauca (Arauca), no cumplió las
exigencias previstas en los artículos 230 y 231 del CPACA, pues
correspondían a suposiciones sin fundamento ni pruebas de tal
situación; y que tampoco demuestra sucintamente la afectación del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
interés general ni que la negativa del decreto de la medida cautelar
tornara ineficaz la sentencia que pusiera fin al proceso.
IV.2.- El traslado del recurso de apelación formulado contra la
sentencia de 17 de febrero de 2025, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido por los accionados a
través de su apoderado, con escrito en el que reiteran íntegramente
los argumentos de la defensa, haciendo especial énfasis en que no
se demuestra ni dolo ni culpa, ni hay prueba que demuestre que
actuaron contra la ley, ya que no se logra ver cómo se configura el
elemento subjetivo en este asunto, en tanto el ejercicio de una
función constitucional no puede conllevar a indebida destinación de
dineros públicos.
IV.3.- El Agente del Ministerio Público guardó silencio durante el
traslado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
17 de febrero de 2025.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
En los precisos términos de la solicitud de desinvestidura, en
consonancia con lo sostenido tanto en su contestación como en el
recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala
establecer si los concejales del municipio de Arauca (Arauca),
señores YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ, ANDRÉS FELIPE
PALENCIA CÓRDOBA y BLADIMIR FRANCISCO RIAY MILLÁN,
durante el ejercicio de su período constitucional 2024-2027,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
incurrieron en la comisión de la causal de pérdida de investidura de
indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos
55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617,
únicamente, a partir de la expedición de la Resolución 200.10.014
de 17 de abril de 2024, a pesar de la ausencia de los concejales
RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO
ATAYA LÓPEZ, a las sesiones extraordinarias de 8 y 17 de abril de
2024, respectivamente.
V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal4
Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de
la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el
siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación
50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de
3 de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con relación a los congresistas, pertinente también
para los restantes miembros de corporaciones públicas de elección
popular, como los concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias
o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”5 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de
2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
De igual forma, ha explicado que:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha
delimitado los presupuestos para que se configure. En este
sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un
congresista destina los dineros públicos a unas finalidades
y cometidos estatales distintos a los establecidos en la
Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede
utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no
autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no
correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos
prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos
no está definida en la Constitución ni en las normas legales
que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura.
Es, entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con
que esta Corporación le ha definido. La causal de
indebida destinación de dineros públicos se configura
cuando el concejal destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”6 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20037 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal
de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de
que el congresista, en su condición de servidor público, que
lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de
marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros
sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los
eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien
puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de
ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra
muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los
reglamentos’ […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o haya destinado o utilizado los recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o
perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar
su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado
que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii)
el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 20058 señaló: “[…]
Para la configuración de la causal de indebida destinación
de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183
de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º
del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o
requieren dos elementos como son la conducta y el fin […]”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre
de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio
Cáceres Toro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,
no necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm.
AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura “[…]
está en el hecho de que el Congresista, en su condición de
servidor público, con su conducta funcional al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales,
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando aplica tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas […]”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo9 y también por
la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194,
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de
noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero
ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009
(Expediente núm. 2008-00700, Consejera ponente doctora Martha
Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (Expediente núm.
2009-00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011
(Expediente núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth
García González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-
00151, Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”10
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]”11, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su
9 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de
septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de
julio de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de
2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael
Francisco Suárez Vargas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
indebida destinación12 son aquellos en los que un miembro de la
corporación pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales
están previamente asignados.
iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.
vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en
su favor o en el de terceros.
Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos13.
V.3.- Del caso concreto
V.3.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso14, y que guarda estrecha relación con la resolución del
problema jurídico, pudo verificar lo siguiente:
Los accionados, señores YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ, -
Nueva Fuerza Democrática-, ANDRÉS FELIPE PALENCIA
CÓRDOBA, -Partido Centro Democrático-, y BLADIMIR
FRANCISCO RIAY MILLÁN, -Partido Alianza Verde-, fueron
elegidos concejales del municipio de Arauca (Arauca), para ejercer
el período constitucional 2024-2027, de conformidad con el
Formulario E-26CON de 5 de noviembre de 2023, expedido por los
miembros de la Comisión Escrutadora de la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, circunstancia por la cual
permanece demostrada su calidad de concejales para la época de
los hechos.
El Acuerdo 200.02.003 de 26 de febrero de 2013 “[…] Por el cual se
modifica el Acuerdo No. 008 de 2008 y se adopta el nuevo
reglamento interno del Concejo Municipal de Arauca […]”, prevé:
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de
2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.
14 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice 00002, con
descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2. zip”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
“[…] Artículo 23. Estructura Orgánica Interna: En ejercicio de
sus funciones normativas y de control político, el Concejo Municipal
de Arauca, con sujeción a las disposiciones legales vigentes,
determina la siguiente estructura orgánica:
(…)
23.2) La Mesa Directiva del Concejo Municipal: Es el órgano de
dirección y de gobierno. Estará integrada por los siguientes
miembros elegidos por la plenaria de la corporación para períodos
fijos de un (1) año: Un presidente, un primer vicepresidente y un
segundo vicepresidente.
(…)
Artículo 32. Presidencia y Vicepresidencia: En cumplimento
de lo estipulado en el Artículo 28 de la Ley 136 de 1994, el
Concejo Municipal tendrá un presidente y dos vicepresidentes
quienes en conjunto integrarán la Mesa Directiva, cuyas funciones
se enuncian en los artículos siguientes.
Artículo 35. Funciones del presidente del Concejo: (Texto
agregado según el Acuerdo No. 200.02.002 de 21 de febrero de
2011 en el numeral 32.25 "en negrilla"). Son funciones del
presidente del Concejo:
(…)
35.11) Cuidar que el secretario y los demás empleados de la
corporación cumplan debidamente con sus funciones y deberes.
(…)
35.18) Presidir la Mesa Directiva.
(…)
35.19) Actuar como ordenador del gasto en relación con el
presupuesto de la corporación contenido en el Presupuesto
General del Municipio, con sujeción a la Ley Orgánica del
Presupuesto y a la reglamentación de la Mesa Directiva en
tratándose de pago a concejales.
(…)
Artículo 38. Funciones de los vicepresidentes del Concejo:
Las funciones de los vicepresidentes primero y segundo consisten
en formar parte de la Mesa Directiva y, en su orden, remplazar al
presidente cuando éste incurra en falta temporal, pues cuando
incurra en falta absoluta habrá una nueva elección y quien salga
electo asumirá para el resto del período correspondiente.
Desempeñarán, además, otras funciones que les encomienden el
presidente o la Mesa Directiva.
El vicepresidente primero hará las veces del presidente cuando
éste incurra en faltas transitorias; a petición de este o cuando ello
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
sea indispensable para el adecuado funcionamiento de la
corporación.
(…)
Artículo 40. Funciones de la Mesa Directiva: Como órgano de
orientación y dirección del concejo, le corresponde:
(…)
40.10) Dictar las resoluciones para el efecto de
reconocimiento de honorarios a los que tengan derecho los
concejales por su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias y ordenar su publicación en el medio oficial de
información del Concejo (Art. 65, inciso final, Ley 136 de 1994).
(…)
Artículo 45. Funciones del secretario del Concejo: Son
funciones del secretario de la corporación:
45.1) Asistir a todas las sesiones.
(…)
45.3) Llevar y firmar las actas, de acuerdo con la sana
costumbre y el reglamento, así como certificar la fidelidad
de su contenido, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo
16 de la Ley 1551 de 2012.
(…)
45.15) Los demás deberes que señale la corporación, la mesa
directiva o el presidente, y las inherentes a la naturaleza de su
cargo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En el Acta No. 200.01.001 del 2 de enero de 2024 consta que se
decidió, entre otros asuntos, la elección del presidente, primer y
segundo vicepresidente del Concejo de Arauca (Arauca) para el
primer período del 2024 y, para tal efecto, se eligieron a los
concejales YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ, ANDRES FELIPE
PALENCIA CÓRDOBA y BLADIMIR FRANCISCO RIAY MILLÁN.
A través de certificación de 17 de abril de 2024, el secretario
general del Concejo de Arauca (Arauca) hizo constar, una vez
revisadas las actas de sesiones del primer periodo de sesiones de
febrero de 2024, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de 136,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
la Ley 617 y el Decreto 041 de 5 de abril de 2024, mediante el cual
se convocó al Concejo a sesiones extraordinarias del 8 al 17 de abril
de 2024, que todos los concejales, incluidos los señores RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA
LÓPEZ, asistieron a 10 sesiones objeto de honorarios.
Los accionados, en calidad de concejales miembros de la mesa
directiva del Concejo de Arauca (Arauca), e invocando
expresamente en su motivación la certificación de 17 de abril de
2024 suscrita por el secretario general, expidieron la Resolución
200.10.014 de 17 de abril de 2024, “[…] Por medio de la cual se
ordena el pago de honorarios a los honorables concejales que en
cumplimiento del artículo 23 de la Ley 136 de 1994 y 617 de 2000,
fueron convocados a sesiones extraordinarias realizadas entre el 08
al 17 de abril, mediante Decreto 041 del 05 de abril 2024 […]”, con
la que ordenaron pagar la suma de $2.816.745,60, tanto para
RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA, como para CÉSAR
ARMANDO ATAYA LÓPEZ, por concepto de honorarios de las 10
sesiones extraordinarias efectuadas el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 y 17 de abril de 2024, con cargo al presupuesto del Concejo de
esa vigencia fiscal, código 2.1.1.01.03.006, ‘Remuneraciones no
contributivas salarios - Honorarios Concejales’.
En tal sentido, aparecen las órdenes de pago a favor de los 15
concejales del Municipio de Arauca (Arauca), por concepto de
dichas sesiones extraordinarias llevadas a cabo del 8 al 17 de abril
de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
Con escrito de 26 de abril de 2024, la accionada YORLY VIVIANA
DÍAZ RAMÍREZ, en su calidad de presidenta de la mesa directiva
del Concejo de Arauca (Arauca)-, le manifestó al secretario general
con funciones de pagador de dicha corporación, que:
“[…] Como presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Concejo
Municipal de Arauca Arauca, en uso de las facultades
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la
Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de
2012 y Acuerdo No. 200.02.003 26 de febrero de 2013 y
considerando que,
Revisadas las actas de las sesiones extraordinarias realizadas el
pasado mes de abril de la anualidad que avanza, al igual que la
certificación expedida por su dependencia de fecha 17 de abril de
2024, se observa error en la liquidación sobre los
honorarios cancelados a los concejales de municipio de
Arauca, por asistencia a sesiones extraordinarias del
primero período de 2024.
Solicito muy respetuosamente, realice de manera URGENTE
un arqueo entre los honorarios devengados y lo cancelado
por concepto de honorarios a los 15 concejales, ya que se
observa inconsistencias en el número de sesiones
canceladas respecto de las actas de asistentes de los
corporados a las sesiones extraordinarias del pasado mes
de mayo (sic) del año en curso […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
Luego, mediante certificación de 30 de abril de 2024 suscrita por el
secretario general del Concejo de Arauca (Arauca), hizo constar lo
siguiente:
“[…] Que revisados los documentos que reposan en la oficina del
concejo municipal de Arauca, se pudo verificar que el cheque
emitido por la oficina pagadora no fue entregado al
concejal Rafael Leonardo Pérez Molina, y por consiguiente
no fue cobrado en la entidad bancaria, por cual se procedió
a su anulación, y de igual manera se expidió un nuevo
cheque a favor del concejal Rafael Leonardo Pérez Molina
por concepto de honorarios de las sesiones extraordinarias
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
del mes de abril de 2024 […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
A través de la certificación de aclaración de 3 de mayo de 2024, el
secretario general del Concejo Municipal de Arauca también hizo
constar que, revisada las actas de sesiones del primer periodo de
sesiones extraordinarias de abril de 2024, en cumplimiento del
artículo 23 de la Ley de 136, la Ley 617 y Decreto 041 de 5 de abril
de 2024, mediante el cual se convocó al Concejo a sesiones
extraordinarias del 8 al 17 de abril de 2024, así como las
convocatorias diarias de los concejales, se encontró un error
involuntario (transcripción), por lo que, con fundamento en ello,
ajustó la asistencia de los concejales RAFAEL LEONARDO PÉREZ
MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, a 9 sesiones
extraordinarias, que no a 10.
Así se lo hizo ver el secretario general del Concejo de Arauca
(Arauca) al concejal CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, a través
de Oficio 200.06.02.089 de 2 de mayo de 2024:
“[…] Debido a un error involuntario (trascripción) en la certificación
de asistencia de los concejales a las sesiones extraordinarias del
mes de abril de 2024, convocadas por el señor alcalde del
municipio de Arauca, se pudo evidenciar que a usted se le
pagaron 10 días de sesiones, cosa contraria ya que
únicamente asistió a 9 de ellas faltando el día de las
sesiones de clausura (17 de abril de 2024).
Por lo anterior y con el debido respeto solicito la devolución
del valor de la sesión a la tesorería del concejo a la mayor
brevedad posible por valor de 281,674.56, monto fijado
para el año 2024 por cada sesión, lo anterior para devolver
dicho dinero a la tesorería del municipio.” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
Se observa el recibo de caja 007 de 2 de mayo de 2024, en que se
hizo constar que CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ hizo un “[…]
Reintegro de mayor valor girado en la planilla 002 de sesiones
extraordinarias, al concejal CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ,
convocadas por el alcalde municipal de Arauca, mediante Decreto
041 del 05 de abril de 2024, correspondiente a una 1) sesión.
Celebradas del 08 al 17 de abril de 2024 […]”, por valor de
$281.674,56.
Con Oficio 200.06.02.090 de 6 de mayo de 2024, suscrito por el
secretario general del Concejo de Arauca (Arauca), dirigido a la
secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio de Arauca
(Arauca), se indicó:
“[…] REFERENCIA: DEVOLUCIÓN DE DINERO
Debido a un error involuntario de nuestra parte (trascripción) en la
certificación de asistencia de los concejales a las sesiones
extraordinarias del mes de abril de 2024, convocadas por el señor
Alcalde del municipio de Arauca, se pudo evidenciar que a los
honorables Concejales CESAR ARMANDO ATAYA LOPEZ y
RAFAEL LEONARDO PEREZ MOLINA se les canceló 10 días
de sesiones, cosa contraria ya que únicamente asistieron a
9 de ellas, faltando el Concejal Cesar Armando Ataya López,
el día de la sesión de clausura (17 de abril de 2024), y el
concejal Rafael Leonardo Pérez Molina el día 13 de abril de
2024.
Por lo anterior y con el debido respeto me permito realizar
la devolución del dinero el cual equivale a la suma de $
563.349.12, de dos sesiones, cheque No. AB367880 de
Bancolombia, lo anterior para que se realice lo de su
competencia […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Aparece orden de pago 200.08.088 a favor del municipio de Arauca
(Arauca) por valor de $563.349,12, por concepto de “[…] Reintegro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
del valor de dos (02) sesiones extraordinarias, del periodo
correspondiente a 10 sesiones, celebradas del 08 al 17 de abril,
convocadas por el Alcalde Municipal de Arauca, mediante Decreto
041 del 05 de abril, a nombre de los concejales CESAR ARMANDO
ATAYA LOPEZ Y RAFAEL LEONARDO PEREZ MOLINA, por el valor de
$281.674.56 cada una, monto que no les fue cancelado a dichos
Concejales y recibido por parte de la Tesoreria Municipal de Arauca.
Soportado por el Registro presupuestal Nro.050 de 2024 […]”. Pago
que se hizo a través del cheque 7880 de la cuenta 371-061948-43
de Bancolombia.
Se tienen las grabaciones de las sesiones extraordinarias
celebradas del 8 al 17 de abril de 2024, así como los testimonios
rendidos por RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA, FREDDY
ALEJANDRO MARTÍNEZ ROMERO, JUAN MANUEL SALGUERO
ÁVILA, NICOLÁS CRUZ RUIZ, CÉSAR ARMANDO ATAYA
LÓPEZ, ÁNGEL ROBINSON CARRILLO SANGUINO y JHONY
JAIR EPIA PINZÓN, quienes, en su calidad de concejales del
municipio de Arauca (Arauca), declararon sobre los hechos materia
de discusión.
A su vez, el testimonio de LUIS ENRIQUE GUEDES GÁMEZ,
secretario general del Concejo de Arauca (Arauca), quien declaró
sobre el error en el acto administrativo a través del cual se ordenó
el reconocimiento de los honorarios. Y, además, relató el trámite
de la devolución de las sumas reconocidas a favor de los concejales
RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO
ATAYA LÓPEZ, por una sesión extraordinaria, a la cual no
asistieron, respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
De igual forma, la declaración de parte rendida por los accionados
como miembros de la mesa directiva del Concejo de Arauca
(Arauca), quienes manifestaron que, a pesar de haberse ordenado
el pago a favor de dos concejales por 10 sesiones, lo cierto es que,
con posterioridad a ello, se procedió a la corrección del error,
cancelándoseles 9 sesiones15.
Es a partir de lo examinado que la Sala observa que, si bien con la
expedición de la Resolución 200.10.014 de 17 de abril de 2024, los
accionados incurrieron en un error al ordenar el pago a dos
concejales de honorarios por concepto de una sesión extraordinaria
de más, de aquellas celebradas entre el 8 y el 17 de abril de 2024
en el Concejo de Arauca (Arauca), por cuanto RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA y CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ
se ausentaron el 13, -que no el 816-, y 17 de abril,
15 En este punto, conviene destacar que si bien en la primera instancia se decretó y practicó la
declaración de parte de los concejales accionados, señores YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ,
ANDRÉS FELIPE PALENCIA CÓRDOBA y BLADIMIR FRANCISCO RIAY MILLÁN, lo cierto es
que esta Sección, siguiendo el derrotero de la Sala Plena del Consejo de Estado -de manera
uniforme- ha señalado que tratándose de procesos sancionatorios como el juicio de pérdida de
investidura debe acudirse a la regulación que trae el Código de Procedimiento Penal en materia de
pruebas, y en este sentido, se advierte que el artículo 8° de la Ley 906 de 31 de agosto de 2004,
prevé la prohibición de autoincriminación. Siguiendo los antecedentes jurisprudenciales prohijados,
esta Sala de Decisión se abstendrá de valorar las citadas declaraciones de parte pues, si bien fue
practicada en la primera instancia, la misma pudo provocar la confesión de los accionados sobre
ciertos hechos planteados en la solicitud inicial que eventualmente podrían perjudicarles. Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2021, radicado: 81001-23-39-000-2020-00127-01, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón y providencia de 2 de noviembre de 2021, radicado: 15001-23-33-000-
2018-00344-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
16 Revisados el video y audio de la sesión extraordinaria de 8 de abril de 2024, la Sala pudo
determinar que, si bien el concejal RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA no contestó el llamado
a lista inicial, sí concurrió a esa reunión plenaria minutos después de comenzada, tal como consta
en minuto 0:04:37 del archivo de video [76_INDICE
054_Recepcionmemor_1Sesionextraord8abri_0_20250130155835730] y minuto 0:05:43 del
archivo de audio [66_INDICE
054_Recepcionmemor_SESIONINSTEXT0804202_0_20250130154720071]. En este sentido, la
Sala pudo comprobar que la sesión extraordinaria a la que no asistió el concejal RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA fue la de 13 de abril de 2024, como se corrobora en el video y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
respectivamente, tal como se evidencia en las grabaciones de video
y audio allegadas al expediente, se debe advertir lo siguiente:
V.3.1.- Respecto de las circunstancias que giran en torno al
concejal RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA, y tal como lo
estableció el Tribunal, no se configuró objetivamente la causal de
indebida destinación de dineros públicos, toda vez que la erogación
nunca fue materializada, luego de que: (i) no tuviera lugar el cobro
de los honorarios en exceso por parte de su beneficiario, (ii) se
procediera a anular el cheque inicialmente expedido por la oficina
pagadora y (iii) se emitiera un nuevo cheque a favor del
mencionado concejal, esta vez, por la cifra correcta equivalente a 9
sesiones extraordinarias.
V.3.2.- Con relación al pago efectivo y reintegro de la sesión
extraordinaria de más al concejal CÉSAR ARMANDO ATAYA
LÓPEZ, la Sala encuentra, contrario al evento anterior, que sí
quedó materializada objetivamente la indebida destinación de
dineros públicos toda vez que hubo desembolso material de estos,
el que no se pudo detener a tiempo, sumado a que la devolución
del dinero pagado irregularmente no da lugar a enervar la
configuración de esa causal, al margen de quién haya notado y
avisado la anomalía, pues la conducta reprochada a los accionados
se ejecutó y es claro que el régimen jurídico que regula la pérdida
de investidura no prevé el retorno de los recursos indebidamente
destinados como eximente de responsabilidad.
audio de dicha reunión plenaria, y lo manifiesta el cabildante en la recepción de su declaración
rendida en la diligencia de 6 de febrero de 2025, que fuere practicada por el Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
De igual forma, se insiste en que esta Sección ha señalado que los
dineros con los cuales se realiza el pago de los honorarios de los
concejales por la asistencia a sesiones son públicos 17, y que, de
acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Política, en
consonancia con el artículo 65 de la Ley 136, aquellos solo tienen
derecho a percibir honorarios por su asistencia comprobada a
sesiones ordinarias y extraordinarias.
No obstante, la Sala no observa la configuración del elemento
subjetivo en este evento, pues la conducta de los accionados
permanece exonerada de responsabilidad alguna ante la actuación
decisiva y determinante del secretario general del Concejo de
Arauca (Arauca) en la consumación del error, quien, con la
expedición de la certificación de 17 de abril de 2024, los indujo a
una equivocación de cómputo de asistencias con alcance
presupuestal.
Al respecto, la Sala procederá a citar, in extenso, las
consideraciones y estudio probatorio que le impidieron encontrar
configurado el elemento subjetivo en un proceso similar, y que
ahora se prohíjan en su integridad en el caso concreto:
“[…] Siguiendo las actuaciones anteriormente mencionadas
y el parámetro normativo expuesto, es posible admitir que
el concejal acusado actuó bajo la convicción de que la
información suministrada por el secretario general del
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2021, número único de radicación 47001-23-33-000-2021-00310-01, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencias de 14 de julio de 2022, número único de radiación
76001-23-33-000-2022-00294-01, consejera ponente Nubia Margoth peña Garzón y de 17 de
febrero de 2022, número único de radiación 50001-23-33-000-2020-00032-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
concejo municipal era acertada, no obstante, este habría
incurrido en error en la verificación de las asistencias, lo
que querría decir que fue inducido a error por aquel
servidor público.
Es más, de la comunicación de 19 de diciembre de 2017 citada
anteriormente, resulta evidente que no solo el acusado fue
inducido a error sino que lo fue, igualmente, el concejal Jorge
Hernán Loaiza Murgueitio, puesto que la reclamación de los
emolumento se hace «[D]e acuerdo con lo indicado por el
secretario general de la corporación, en el sentido de que se
me adeuda el pago de cuatro sesiones extraordinarias».
La premura para cancelar dichos emolumentos por parte de la
Mesa Directiva de la Corporación y del mismo secretario general
de la Corporación, que puede ser la causa de los errores que se
presentaron en el reconocimiento y pago de las sesiones
extraordinarias al concejal Jorge Hernán Loaiza Murgueitio, se
puede explicar por la aplicación de las normas presupuestales y,
en particular, del principio de anualidad fiscal previsto en el artículo
14 del Decreto n.° 111 de 199618, cuya consecuencia, conforme lo
ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación19, consiste en que, por regla general ─que admite
excepciones20─, «(…) las partidas o apropiaciones contenidas en el
presupuesto solo pueden ser utilizadas como autorización máxima
de gasto dentro de la vigencia anual respectiva, vencida la cual
expiran», atendiendo que la reclamación del concejal fue
presentada el 19 de diciembre de 2017 y la Resolución n.° 077 fue
expedida el 21 de diciembre de 2017, esto es a unos días de
expirar precisamente la anualidad21.
18 “[…] Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo
a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no
afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10) […]”.
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 5 de julio de 2016, número
único de radicación 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), consejero ponente Germán Bula
Escobar (E).
20 “[…] Tal concepto indica que: Lo anterior no significa que solo se pueden comprometer recursos
apropiados en una vigencia fiscal para ser ejecutados en la misma vigencia, pues la legislación
orgánica reguló la posibilidad de comprometer recursos de vigencias presupuestales futuras
diferentes a aquella en que se realiza el compromiso.
Este mecanismo denominado vigencias futuras es de dos clases: las vigencias futuras ordinarias,
respecto de la asunción de obligaciones que comprenden recursos de la vigencia fiscal en curso20,
y las vigencias futuras excepcionales, cuando se asumen obligaciones sin apropiación en el
presupuesto del año en que se concede la autorización20[…]”.
21 El no pago de dichos emolumentos y que daría lugar a que, conforme al artículo 89 del Decreto
n.° 111 de 1996, se procediera a la constitución de reservas presupuestales. El citado artículo
indica: «ARTICULO 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas
durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
La Sala, entonces, descarta la existencia del dolo en el
obrar del concejal Álvarez Mejía, en la medida en que, de la
valoración de las pruebas que obran en el expediente, no
es posible deducir una intención positiva del acusado para
desplegar la conducta proscrita por el ordenamiento
jurídico, esto es, la indebida destinación de dineros
públicos.
En segundo lugar, y en cuanto atañe a la culpa grave, es de anotar
que de acuerdo con el citado artículo 63 del Código Civil, tal
modalidad de culpa está asociada a una negligencia, imprudencia
o impericia extremas, por lo que solo se configura cuando la
conducta que se analiza está «desprovista de un mínimo de
cuidado y diligencia en el ejercicio de sus deberes, al punto que ni
siquiera una persona descuidada o “de poca prudencia” la hubiera
ejecutado».
Lo anterior implica que, aunque es cierto, como lo indican los
apelantes, que la función de ordenación del gasto, -en cabeza de
la mesa directiva del concejo municipal-, no se limita a suscribir los
documentos que le son proyectados, la realidad es que no
resulta evidente que el acusado, concejal Víctor Alfonso
Álvarez Mejía, hubiese desplegado una conducta
desprovista de un mínimo de cuidado y diligencia en el
ejercicio de sus deberes.
Se observa que aquel siguió el procedimiento que se
encontraba previsto en las normas internas del concejo
municipal para el reconocimiento de los honorarios al
concejal Jorge Hernán Loaiza Murgueitio, trámite en el cual
se certificó por parte del funcionario competente, -el
secretario general de la corporación-, que resultaba
procedente el reconocimiento y pago de tales
emolumentos, con lo que el acusado, al suscribir la
autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni
contracreditarse.
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestases los
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando y
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas
presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron
origen.
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las
obligaciones correspondientes a los anticipas pactados en los contratos y a la entrega de bienes y
servicios.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el
cumplimiento del presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, artículo 38, Ley 225/95,
artículo 8o.)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
Resolución n° 77 de 21 de diciembre de 2017, tenía el
convencimiento de que la información que le fue
suministrada era veraz y soportada en los archivos que
reposaban en la corporación y que por ello se debía acceder
al pago de las sesiones solicitado por el concejal Loaiza
Murgueitio.
La Sala encuentra que la conducta desplegada por el acusado, si
bien, reitera, configuró objetivamente la causal de pérdida de
investidura que se le atribuye, esto es, la indebida destinación de
dineros públicos, -lo cual evidenció la primera instancia y no fue
objeto de debate-, no se adecua, de acuerdo con el artículo
63 del Código Civil, al grado de culpabilidad exigido por
artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el
artículo 4° de la Ley 2003 de 201922, esto es, el dolo y la
culpa grave.
En efecto, el análisis de los hechos juzgados daría lugar a
encuadrar su conducta, siguiendo la citada disposición del Código
Civil, a la «Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella
esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa
se opone a la suma diligencia o cuidado», puesto que, si bien la
exigencia de validar la información certificada por el
secretario general de la corporación es el reflejo de suma
diligencia o cuidado, a lo cual debe sumarse, como se
señaló líneas atrás, que el acusado fue inducido a error por
parte del entonces secretario general del concejo
municipal.
Es importante resaltar el papel de la confianza en el
ejercicio de la función pública en la medida en que hace
posible la distribución de funciones en la administración
toda vez que no es viable que se escudriñe todos y cada
una de las actuaciones y tareas que realizadas por los
servidores públicos, no obstante, no resulta acertado
esgrimir tal predicamento como excluyente de la
culpabilidad en el presente asunto, en la medida en que,
como se advirtió líneas atrás, no se cumplieron a cabalidad
ciertos deberes de vigilancia y control.
En este caso, de acuerdo con la Resolución n.° 052 de 1 de
septiembre de 201623, le correspondía al «(…) Secretario General
22 Diario Oficial núm. 51.142 de 19 de noviembre 2019.
23 “[…] Por medio del cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales
para los empleos de la planta de personal del Concejo Municipal de Cartago, Valle del Cauca […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
(…) Código (…) 054 (…) Grado 05 (…) Dependencia (…) Concejo
Municipal (…) Cargo del jefe inmediato (…) Presidente», entre
otras funciones, las de «III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ESENCIALES (…) 9. Recibir y dar trámite a todo documento o
petición que llegue al Concejo con destino a la Secretaría General
de la Corporación (…) 12. Registrar y certificar la asistencia de los
Concejales a las sesiones plenarias (…) 22. Ser jefe administrativo
de los empleados al servicio de la Corporación»24.
El acusado, entonces, confió en que el secretario general de
la corporación, -y sus subalternos pues aquel es jefe
administrativo de los empleados al servicio de la
Corporación-, desarrolló las funciones que le son asignadas
de manera correcta, estimando, se reitera, de buena fe, que
la información suministrada respondía a las evidencias que
reposaban en los archivos de la entidad, presumiendo por
ello que se estaban cumpliendo las previsiones legales que
impiden el reconocimiento de un número mayor de 20
sesiones extraordinarias al año.
Los apelantes exigen, entonces, que esta Sala evalúe la conducta
del acusado bajo un parámetro distinto de aquel que se requiere
para acreditar el elemento subjetivo en el medio de control de
pérdida de investidura, esto es, la culpa levísima, cuya
existencia no es suficiente para configurar el elemento
subjetivo en este tipo de medios de control.
Cabe precisar que el asunto que se debate en este proceso resulta
ser distinto del que dio lugar a que se profiriera la sentencia de 10
de diciembre de 2021 en el expediente n.° 47001 2333 000 2021
00310 0125, toda vez que en aquel proceso el asunto juzgado era
determinar si el acusado había incurrido:
[e]n la conducta descrita en el artículo 48.4 de la Ley 617 de 2000,
norma que consagra la indebida destinación de dineros públicos
como causal de pérdida de investidura de los concejales. Ello en
razón a que el señor Edgardo Enrique López Vergara, como
presidente de la corporación político-administrativa de
Aracataca, Magdalena, ordenó el reconocimiento de unos
honorarios a favor de unos concejales pese a que no
asistieron a las sesiones realizadas los días 19 y 24 del mes
de febrero de 2021.
24 ‘RESOLUCION 052 MANUAL DE FUNCIONES.pdf’
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2021, número único de radiación 47001233300020210031001, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
En aquella decisión judicial, frente al análisis del elemento
subjetivo, se mencionó lo siguiente:
“[…] 128. En relación con el examen del elemento subjetivo de la
conducta del accionado resulta de gran relevancia el análisis de los
testimonios de los señores Heriberto Ropero Padilla y Alfonso
Fabián Vargas de Ávila, secretarios de Desarrollo Social y de Salud,
quienes fueron coincidentes en indicar que las sesiones
celebradas los días 17 y 24 de febrero de 2021 fueron
presenciales. Así mismo, el primero de los testigos indicó
que era fácil identificar los concejales ausentes pues el
concejo municipal de Aracataca está integrado por tan solo
trece (13) concejales. En igual sentido, resulta diciente el
testimonio de la secretaria cuando indicó que el concejal
acusado conocía sobre las ausencias de los mencionados
servidores públicos (…) 129. En el sub examine se advierte que
el señor Edgardo Enrique López Vergara, en su condición de
presidente del concejo municipal de Aracataca y, por ello,
ordenador del gasto de esa corporación, dispuso que se efectuara
el pago de los honorarios a favor de los concejales Yoelmi Alberto
Jiménez Cantillo, Luis Alberto López Visbal y José Artemo Marín
Marulanda, develando con ello que no actuó con la diligencia
debida en el cumplimiento de sus funciones en tanto permitió el
reconocimiento de honorarios injustificados, dando lugar así a la
configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos en la modalidad indirecta (…) 130.
También debe resaltarse que no reposa elemento de prueba
alguno encaminado a demostrar que el accionado haya desplegado
una conducta diligente dirigida a descontar las sumas de dinero
pagadas en exceso, antes de ordenar el pago de los honorarios a
favor de los concejales para evitar encontrarse incurso en la causal
de pérdida de investidura y así garantizar que tales erogaciones se
realicen a la luz de las disposiciones constitucionales y legales;
todo ello a pesar de que debía conocer de las ausencias en
las sesiones de los miembros de la corporación pública que
él mismo presenció de forma directa y era fácil su
identificación por tratarse de un concejo municipal
integrado tan solo por trece (13) cabildantes (…) 131. En
este punto, la Sala destaca que en la contestación de la demanda
la defensa del concejal acusado se circunscribió en señalar que la
función concerniente al llamado a lista y verificación de la
asistencia recaía en la secretaria general del concejo municipal, la
señora Margarita Rosa Villalobos Arrieta, de conformidad con lo
previsto en el numeral 3° del artículo 40 del Reglamento Interno
del concejo municipal de Aracataca, Magdalena, y por ende, tal
funcionaria fue quien efectuó el llamado a lista y comprobación del
cuórum en las aludidas fechas. Sin embargo, se insiste en que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
el accionado fue quien presidió las sesiones en un concejo
integrado por trece (13) concejales donde fácilmente se
puede advertir las ausencias de los concejales y por tanto
pudo constatar de manera directa este hecho (…) 133. Para
la Sala, no resulta de recibo el argumento del accionado según el
cual su comportamiento resulta excusable, tras señalar que actuó
bajo la convicción que le otorgó la certificación y las actas suscritas
por la secretaria general, documentos en los cuales se había
indicado que habían asistido la totalidad de los concejales a las
sesiones celebradas los días 17 y 24 de febrero de 2021. Lo
anterior, por cuanto era su deber actuar de manera diligente en
orden a verificar la autenticidad y veracidad de lo consignado en
dichos documentos, pues en su condición de jefe de la corporación
política-administrativa y ordenador del gasto debe velar por el
correcto uso de los dineros públicos; cumplir y hacer cumplir el
reglamento y cuidar que el secretario y los demás empleados de la
corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes; lo que
implica que su actuar no estuvo amparado por la buena fe. Por tal
motivo, el acusado estaba en el deber de efectuar los descuentos
correspondientes a los concejales que no asistieron a las reuniones
celebradas en tales fechas […]”.
Como se puede evidenciar, la conducta del acusado resulta
cuestionada en la medida en que debió conocer de las ausencias
de los concejales a quienes se les reconocieron las sesiones allí
enunciadas puesto que aquel presenció tales sesiones y resultaba
relativamente fácil advertir tal situación ─la ausencia a las
sesiones─, lo cual no ocurre en este asunto, puesto que, no
se cuestiona si el acusado asistió o no a las sesiones
extraordinarias realizadas por el concejo de Cartago en el
año 2017, por lo que la regla jurídica expuesta en tal fallo
no resulta aplicable a la presente controversia.
Ahora bien, no sobra advertir que la responsabilidad del acusado
frente a los hechos que son juzgados no solo puede ser discutida
en este medio de control sino que, por el contrario, puede ser
ventilada en los ámbitos penal, disciplinario y fiscal, de acuerdo a
las normas sustanciales y procesales que dichos ámbitos le son
aplicables, por lo que el hecho de que, conforme a las normas que
gobiernan este medio de control, se haya encontrado que no se
estuvo en presencia del grado de culpabilidad requerido para
aplicar la respectiva sanción no implica la violación del principio de
responsabilidad.
En efecto, como lo indica el mismo artículo 3° numeral 7° de la
Ley 1437, las autoridades y sus agentes asumen la
responsabilidad por sus decisiones, omisiones o extralimitación de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
funciones, de acuerdo precisamente a la Carta Política, a las leyes
y reglamentos.
Lo expuesto se confirma con el contenido del artículo 15 de la Ley
1873 que luego de establecer la prohibición de tramitar actos
administrativos y obligaciones que afecten el presupuesto de
gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren
como hechos cumplidos, afirma que «El representante legal y
ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado,
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo
establecido en esta norma».
Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala pone de
presente que, si bien está demostrado que el elemento objetivo de
la conducta se configuró, en tanto ciertamente el concejal del
municipio de Cartago para el período 2016 – 2019, Víctor
Alfonso Álvarez Mejía, como ordenador del gasto, efectivamente
permitió que dineros públicos se destinaran para los fines
indebidos que se han puesto de presente en esta providencia, la
realidad es que al momento de analizar el elemento
subjetivo de la conducta en cuestión, se aprecia que la
misma no alcanza la gradación exigida por el artículo 1° de
la Ley 1881 -modificado por el artículo 4° de la Ley 2003-,
para efectos de decretar la pérdida de investidura, puesto
que no se encuentra que el acusado haya obrado con dolo o
con culpa grave […]”26 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La Sección admitió en ese caso que el accionado, en su condición
de presidente del Concejo y ordenador del gasto, actuó bajo la
convicción de que la información suministrada por el secretario
general era cierta y que tal confianza se apoyaba en la certificación
expedida por dicho funcionario, quien tenía la función legal de
registrar y verificar la asistencia de los concejales. Esta inducción a
error, a su vez, fue advertida en la reclamación hecha por el otro
concejal afectado con el desembolso, al expresar que su solicitud
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, número único de radicación 76001-23-33-000-2021-01006-01, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022, número único de radiación
76001-23-33-000-2022-00294-01, consejera ponente Nubia Margoth peña Garzón
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
también se fundaba en lo indicado por el secretario general, lo que
dio cuenta de una actuación generalizada bajo supuestos erróneos.
Allí se descartó que el acusado hubiese actuado dolosamente, pues
no se demostró una intención positiva de causar detrimento
patrimonial o de eludir deliberadamente las normas que regulan el
uso de los recursos públicos. Por el contrario, se constató una
actuación basada en la confianza depositada en la información
institucional provista por un funcionario competente y en el
seguimiento del procedimiento establecido internamente.
Tampoco se acreditó la existencia de culpa grave en los términos
del artículo 63 del Código Civil porque la conducta desplegada por
el concejal no se apartó del estándar mínimo de diligencia exigible y
no pudo sostenerse que su proceder haya estado desprovisto de
todo cuidado, al punto de ser equiparable al de una persona
imprudente o negligente en extremo. Por el contrario, se siguió el
procedimiento formalmente establecido, con base en certificaciones
oficiales, y no se identificó omisión flagrante de deberes que
revelara desprecio por el cumplimiento de sus funciones.
Regresando al caso concreto resulta igualmente evidente que si
bien el deber de control exige una validación rigurosa de los
soportes que fundamentan el acto administrativo que ordena el
gasto, lo cierto es que bajo los particulares hechos que rodearon la
comisión objetiva de la indebida destinación de dineros públicos que
envuelve a los accionados como miembros de la mesa directiva,
debe advertirse que fue el secretario general del Concejo,
encargado de verificar, registrar y certificar la asistencia de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
concejales, quien les hizo constar a aquellos una información
equívoca que influyó y determinó la orden de un pago de más al
concejal CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ.
La mesa directiva llevó a cabo las funciones del reglamento interno
del Concejo de Arauca (Arauca) para atender su obligación legal y
reglamentaria de reconocer y ordenar el pago de las sesiones
extraordinarias, lo cual, en criterio de la Sala, resultó alterado por
el dato inexacto contenido en la certificación de 17 de abril de
2024, por lo que, bajo ninguna circunstancia, ello puede ser
evidencia constitutiva de un comportamiento doloso o gravemente
culposo de los accionados, quienes tuvieron el convencimiento
justificado y razonable de no estar incurso en una conducta
configurativa de indebida destinación de dineros públicos.
Se puede inferir que, por lo mismo, en condiciones normales de
diligencia y prudencia, los accionados tuvieron la certeza y
convicción necesarias para expedir la Resolución 200.10.014 de 17
de abril de 2024, con el ánimo de acertar y reconocer lo que el
secretario general les había certificado, quienes confiaron en este, -
y sus subalternos pues aquel es jefe administrativo de los
empleados al servicio de la Corporación-, estimando así, de buena
fe, que la información suministrada respondía a los soportes que
reposaban en los archivos de la entidad, asumiendo por ello que se
estaban cumpliendo las previsiones legales que solo permiten
reconocer y pagar las sesiones efectivamente asistidas.
Por lo tanto, no se demostró que con la expedición de la Resolución
200.10.014 de 17 de abril de 2024, los concejales accionados
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
YORLY VIVIANA DÍAZ RAMÍREZ, ANDRÉS FELIPE PALENCIA
CÓRDOBA y BLADIMIR FRANCISCO RIAY MILLÁN, tuvieran el
propósito soslayado de obtener un incremento patrimonial personal
o de un tercero o derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, o que con su
conducta gravemente culposa hubiera propiciado tales eventos.
Esta conclusión no resulta alterada con lo desarrollado durante la
sesión plenaria extraordinaria de 17 de abril de 2024, audio y video
en el que se oye el llamado a lista del concejal CÉSAR ARMANDO
ATAYA LÓPEZ, y se constata la omisión en contestar de este, pues
fue una actividad llevada a cabo de viva voz, exclusivamente, por el
secretario general de la corporación, y no hay un hecho o actuación
que evidencie que los accionados pudiesen haber evitado los
efectos erráticos de la información certificada por ese funcionario,
correspondiente a las asistencias de todos los concejales entre el 8
y el 17 de abril de 2024.
Asimismo, de las declaraciones recibidas durante la diligencia de 6
de febrero de 202527, practicada por el Tribunal, la Sala no advierte
ni el solicitante argumentó, una circunstancia relevante que restara
trascendencia a la actuación del secretario general en la
certificación errónea de esta asistencia, que pudiera superar la
27 Disponible [en línea]:[https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des03taarc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fdes03taarc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrab
aciones%2FPROCESO%5F%2081001233900020240005700%20AUDIENCIA%20DESPACHO%5F
%20810012333003%20Despacho%20003%20del%20Tribunal%20Administrativo%20de%20Ara
uca%20810012333003%20ARAUCA%20%2D%20ARAUCA%2D20250206%5F093041%2DGraba
ci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZ
XJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsIn
JlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&ga=1&ref
errer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eae2125c6%2D6
d09%2D4136%2D96d2%2D2a70d535e1a5].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
mencionada exoneración de responsabilidad y evidenciar el dolo o
culpa grave de los accionados respecto de la ausencia del concejal
CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, pues, en lo que guarda relación
con la situación bajo análisis, se limitaron a reiterar los hechos que
ya fueron corroborados por la Sala con las pruebas aportadas al
expediente.
El solicitante, además, invocó lo decidido por la Sección Primera en
la sentencia de 10 de diciembre de 2021, con número único de
radicación 47001233300020210031001, en la que, luego de
examinar un caso análogo al del caso concreto, decretó la pérdida
de investidura de un concejal, después de reconocer honorarios a
otros concejales de la corporación edilicia, a pesar de no haber
asistido a ciertas sesiones.
Cabe precisar que el asunto que se debate en este proceso resulta
distinto al que dio lugar a que se profiriera la sentencia de 10 de
diciembre de 2021, puesto que frente al análisis del elemento
subjetivo se mencionó lo siguiente:
“[…] 128. En relación con el examen del elemento subjetivo de la
conducta del accionado resulta de gran relevancia el análisis de los
testimonios de los señores Heriberto Ropero Padilla y Alfonso
Fabián Vargas de Ávila, secretarios de Desarrollo Social y de Salud,
quienes fueron coincidentes en indicar que las sesiones
celebradas los días 17 y 24 de febrero de 2021 fueron
presenciales. Así mismo, el primero de los testigos indicó
que era fácil identificar los concejales ausentes pues el
concejo municipal de Aracataca está integrado por tan solo
trece (13) concejales. En igual sentido, resulta diciente el
testimonio de la secretaria cuando indicó que el concejal
acusado conocía sobre las ausencias de los mencionados
servidores públicos (…) 129. En el sub examine se advierte que
el señor Edgardo Enrique López Vergara, en su condición de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
presidente del concejo municipal de Aracataca y, por ello,
ordenador del gasto de esa corporación, dispuso que se efectuara
el pago de los honorarios a favor de los concejales Yoelmi Alberto
Jiménez Cantillo, Luis Alberto López Visbal y José Artemo Marín
Marulanda, develando con ello que no actuó con la diligencia
debida en el cumplimiento de sus funciones en tanto permitió el
reconocimiento de honorarios injustificados, dando lugar así a la
configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos en la modalidad indirecta (…) 130.
También debe resaltarse que no reposa elemento de prueba
alguno encaminado a demostrar que el accionado haya
desplegado una conducta diligente dirigida a descontar las sumas
de dinero pagadas en exceso, antes de ordenar el pago de los
honorarios a favor de los concejales para evitar encontrarse
incurso en la causal de pérdida de investidura y así garantizar que
tales erogaciones se realicen a la luz de las disposiciones
constitucionales y legales; todo ello a pesar de que debía
conocer de las ausencias en las sesiones de los miembros
de la corporación pública que él mismo presenció de forma
directa y era fácil su identificación por tratarse de un
concejo municipal integrado tan solo por trece (13)
cabildantes (…) 131. En este punto, la Sala destaca que en la
contestación de la demanda la defensa del concejal acusado se
circunscribió en señalar que la función concerniente al llamado a
lista y verificación de la asistencia recaía en la secretaria general
del concejo municipal, la señora Margarita Rosa Villalobos Arrieta,
de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 40 del
Reglamento Interno del concejo municipal de Aracataca,
Magdalena, y por ende, tal funcionaria fue quien efectuó el
llamado a lista y comprobación del cuórum en las aludidas fechas.
Sin embargo, se insiste en que el accionado fue quien
presidió las sesiones en un concejo integrado por trece
(13) concejales donde fácilmente se puede advertir las
ausencias de los concejales y por tanto pudo constatar de
manera directa este hecho […]”28.
Como se puede evidenciar, en ese caso la Sección concluyó que la
conducta del acusado resultaba cuestionada, luego de darle peso a
dos testimonios que señalaron que era fácil identificar los
concejales ausentes, así como al testimonio de la secretaria cuando
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2021, número único de radicación 47001233300020210031001, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
indicó que el concejal acusado sí conocía sobre las ausencias de los
mencionados servidores públicos, realidad probatoria que no
coincide con la del caso concreto, razón por la que tal
discernimiento elaborado en el marco del examen subjetivo de la
conducta del implicado en ese fallo no resulta aplicable a la
presente controversia.
V.3.4.- De conformidad con los argumentos expuestos en esta
providencia la Sala constató, por una parte, que no se configuró el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista
en los artículos 55, numeral 3 de la Ley 136 y 48, numeral 4 de la
Ley 617, esto es, por indebida destinación de dineros públicos,
respecto de los hechos que involucraron a los accionados con el
reconocimiento de una sesión de más al concejal RAFAEL
LEONARDO PÉREZ MOLINA; y, por la otra, que si bien se
configuró objetivamente la misma causal respecto al
reconocimiento y pago efectivo de una sesión de más al concejal
CÉSAR ARMANDO ATAYA LÓPEZ, permanece descartado el
elemento subjetivo de la indebida destinación de dineros públicos,
todo lo cual determina la confirmación de la sentencia de 17 de
febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca,
pero por las razones expuestas en esta providencia.
V.3.5.- Por último, ante la petición del solicitante en su recurso de
apelación, la Sala se abstendrá de compulsar copias a la fiscalía
general de la Nación, Procuraduría General de la Nación y
Contraloría General de la República, toda vez que luego de efectuar
el examen de los hechos comprendidos en este proceso, no se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 81001 23 39 000 2024 00057 02
Solicitante: CARLOS ALBERTO MERCHÁN ESPÍNDOLA
observa la posible comisión de delitos o faltas disciplinarias, ni se
evidencia un presunto detrimento fiscal que así lo sugiera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.