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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2024-00003-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2024-00003-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 16 de septiembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda, conforme con las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 17001-23-33-000-2024-00003-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de noviembre de 2024

Demandante: Simón Ramírez Alzate
Demandados: Concejales de Manizales (Caldas)
del partido Conservador
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00003-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Barranquilla, D.E.I.P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00003-01
Demandante: Simón Ramírez Alzate
Demandados: Concejales de Manizales (Caldas) del partido Conservador,
para el periodo 2024 a 2027

Temas: Violencia psicológica y sabotaje

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por el demandante
contra la sentencia del 16 de septiembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto
de elección de los concejales de Manizales (Caldas)1, para el periodo 2024 a 2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y el concepto de la violación

1. El señor Simón Ramírez Alzate demandó el acto de elección de los concejales
del partido conservador Luis Gonzalo Valencia González, Manuela Castaño
Rodríguez, José Humberto Duque Corrales y Jorge Eliécer Galeano Hernández,
para el periodo 2024 a 2027.

2. El demandante explicó que, el 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo
elecciones territoriales para elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejos
municipales y juntas administradoras locales y que, en estas, el señor Simón
Ramírez Alzate fue avalado por el partido Conservador como candidato al Concejo
de Manizales, a quien le correspondió el número 18 en la tarjeta electoral.

1 En la parte resolutiva de la sentencia se indican que estos fueron los elegidos: «MARÍN GARCÍA

HERNANDO, MORALES VÁSQUEZ CARLOS ANDRÉS, DELGADO LONDOÑO HÉCTOR FABIO,
RODRÍGUEZ CASTAÑO MANUELA, VALENCIA GONZÁLEZ LUIS GONZÁLO, DUQUE
CORRALES JOSÉ HUMBERTO, GALEANO HERNÁNDEZ JORGE ELIECER, GARCÍA CORTES
JULIÁN ANDRÉS, CAICEDO OSPINOSA VICTOR ALFONSO, DAZA CUARTAS JUANO, ÁLVAREZ
MORENO DUVERNEY, PINEDA LÓPEZ JULIAN ANDRÉS, MUÑOZ OSPINA JUAN CAMILO,
GALLEGO AGUIRRE YULI PAOLA, OSORIO MOLINA ANDRÉS MAURICIO, OROZCO CIRO
YHON EDUARD, OSORIO TORO JULIÁN ANDRÉS, MONTOYA NARANJO MARÍA CONSTANZA».

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Demandante: Simón Ramírez Alzate
Demandados: Concejales de Manizales (Caldas)
del partido Conservador
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00003-01

3. Indicó que otro candidato, Simón Ramírez González, también fue avalado por el
mismo partido y recibió el número 14 en la tarjeta. A partir de ello, sostuvo que ante
la similitud entre sus nombres y primer apellido, «se presentó el fenómeno
lingüístico de la homonimia».

4. Esgrimió que el día de las elecciones la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC) proporcionó un «cuadernillo electoral»2 guía al votante en las mesas de
votación para consulta de los electores, instrumento que en sus propias palabras
tiene un alcance pedagógico para el elector. Al respecto, agregó lo siguiente:

El instrumento cuadernillo electoral se encuentra de manera visible y público para los
electores que lo consulten con la finalidad de validar e identificar como (sic) y por cual
(sic) candidato dentro de su derecho libre al sufragio van a marcar y depositar su voto,
y además este instrumento electoral es entregado por los jurados a los ciudadanos
que lo requieren cuando se presentan a la mesa de votación a ejercer el voto, como
sucedió en las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la ciudad de Manizales –
Caldas.

5. Pese a lo anterior, sostuvo que aquel cuadernillo, suministrado a los votantes en
las referidas elecciones, contenía «una información falsa que afectó el derecho al
voto, libre de engaños y coacciones […]» y se transgredieron los principios de
eficacia del voto y pro electoratum. Dicha situación la desarrolló de la siguiente
manera y allegó una imagen explicativa de su dicho:

Esta información falsa consiste en que el cuadernillo en el recuadro correspondiente
a los candidatos al Concejo de Manizales se presentó a los electores en el número
14 la fotografía del candidato correspondiente al número 18, esto es, se identificó y
ubicó en tal material electoral con el número 14 a mi representado señor SIMÓN
RAMÍREZ ALZATE, como se aprecia visualmente a continuación:

2 Según lo refiere el demandante, dichos cuadernillos se definen en «[…]la Circular única electoral,

versión 2, en su numeral 23: “…La Registraduría del Estado Civil define los instrumentos electorales
propendiendo que faciliten el ejercicio del Derecho al sufragio por parte del ciudadano…”».

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Demandante: Simón Ramírez Alzate
Demandados: Concejales de Manizales (Caldas)
del partido Conservador
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00003-01

6. Según su parecer, dicha confusión en el material electoral generó una situación
que la parte demandante considera como «sabotaje electoral», toda vez que
múltiples electores que acompañaban su proyecto político «terminaron depositando
su voto por el candidato homónimo número 14 al Concejo de Manizales señor
SIMÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ».

7. Indicó que no puede considerarse como un hecho fortuito, la distribución y
divulgación de un cuadernillo electoral con un error que indujo a confusión en los
votantes. Por el contrario, sostuvo que ese yerro en la información electoral tuvo
una clara incidencia en los ciudadanos que, al consultar la guía en las mesas de
votación, buscaban ejercer su derecho al voto. En consecuencia, evidenció una falla
que afectó la claridad del proceso electoral.

8. Manifestó que, el 29 de octubre de 2023, durante las elecciones, se detectó la
irregularidad en el cuadernillo electoral, pues diversas personas, como el padre del
señor Simón Ramírez Alzate, advirtieron sobre esta situación en la mesa de
votación. En consecuencia, el accionante interpuso ese mismo día una denuncia
ante la mesa de justicia, donde puso en conocimiento de las autoridades la
irregularidad en el documento guía al votante, la cual podría constituir un delito
electoral, además, aportó un ejemplar de este como prueba.

9. El demandante sospecha que el sabotaje electoral pudo ser orquestado por las
directivas del partido Conservador en Caldas, debido a que, como militante y
exconcejal de esa colectividad, tuvo dificultades para obtener el aval como
candidato al Concejo de Manizales 2024 a 2027. Estos conflictos, según indicó,
surgieron a raíz de divisiones internas dentro de la colectividad.

10. Dentro del concepto de la violación se refirió a los artículos 258 de la
Constitución Política, 275 (numerales 1.° y 2.° de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), y
citó jurisprudencia3 de esta corporación respecto de la causal de nulidad electoral
del sabotaje.

11. Frente a ello, reiteró los argumentos esbozados con los hechos de la demanda
y afirmó que el «presente medio de control se encuadra o tipifica la causal de nulidad
electoral prevista en el numeral 2º del Artículo 275 CPACA, pero también la
señalada en el numeral 1º», y planteó como problema jurídico: «¿DE QUE MANERA
INCIDE EL INSTRUMENTO ELECTORAL DE CARTILLA PEDAGÓGICA PARA EL
SUFRAGANTE. DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA, EL “ERROR”,
¿PUEDE CONSTITUIR UNA MODALIDAD DE VIOLENCIA AL ELECTOR O
SABOTAJE DEL CERTAMEN ELECTORAL?». A efectos de responder a dicho
interrogante, puso de presente unas conclusiones con los peritajes aportados.

3 «CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA.

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Bogotá D.C., catorce (14) de
marzo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00051-00».
«Sentencia del 29 de septiembre de 2016. MP. Lucy Jeannette Bermúdez, radicado N. 05001-23-
33-000- 2015-02546-01 (acumulado con 05001-23-33-000-2015-02600-01 y 05001-23-33-000-2016-
00191-01)».

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Demandante: Simón Ramírez Alzate
Demandados: Concejales de Manizales (Caldas)
del partido Conservador
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00003-01

2. Trámite en primera instancia

2.1. Admisión de la demanda

12. Mediante auto del 25 de enero de 2024,4 el Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda5, dispuso las notificaciones y comunicaciones pertinentes a las
partes e intervinientes en el presente trámite de nulidad electoral.

2.2. Contestación e intervenciones

13. Admitida la demanda, se presentaron las intervenciones que se refieren a
continuación:

14. Los demandados, a través del mismo apoderado judicial,6 se opusieron a las
pretensiones del demandante porque, según lo refirieron, sus planteamientos
carecen de soporte probatorio.

15. Argumentaron que el demandante fincó su demanda en un aspecto netamente
subjetivo, sustentado en una fotografía incorrecta plasmada en la cartilla electoral
que le hizo perder votos, sin embargo, no tuvo en cuenta que dicha cartilla es de
consulta voluntaria y no forma parte de la tarjeta electoral donde finalmente se
deposita el voto.

16. Además, señalaron que el demandante no demostró un nexo causal entre algún
comportamiento de los demandados y la ocurrencia del supuesto sabotaje o
violencia, es decir, no identificó cómo, cuándo o quién cometió tales irregularidades
endilgadas como causales de nulidad electoral. Sostuvieron que la inconsistencia
en la fotografía, seguramente, pudo ocurrir por un error humano en la plataforma de
la autoridad electoral o en la impresión de la cartilla. A su vez, agregó que la
pluralidad de actores en el proceso electoral dificulta determinar las
responsabilidades de la organización electoral, las colectividades políticas o los
candidatos.

17. Finalmente, los demandados enfatizaron en que la cartilla guía al votante es un
elemento pedagógico de consulta voluntaria, que no incide en el resultado de la
votación, a diferencia de la tarjeta, el listado de sufragantes y el certificado electoral,
documentos electorales que, según sus dichos, no sufrieron alteración alguna.

4 Índice 3 Samai, documento «010ED_C01Principal_10ADMITEDEMANDAPDF.pdf».
5 En la parte resolutiva dispuso: «TERCERO: CÓRRASE traslado de la demanda a CONCEJALES

DEL PARTIDO CONSERVADOR LUIS GONZALO VALENCIA GONZÁLEZ, MANUELA CASTAÑO
RODRÍGUEZ, JOSÉ HUMBERTO DUQUE CORRALES Y JORGE ELIECER GALEANO
HERNÁNDEZ, al PARTIDO CONSERVADOR Y A TODOS LOS CIUDADANOS cuya elección fue
declarada mediante el acta de Escrutinio Municipal E-26 Concejo de Manizales de 4 de noviembre
de 2023, por el término de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 del CPACA y
el literal f) del artículo 277 ibidem». [Énfasis del original].
6 Índice 10 Samai del tribunal.

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18. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 (RNEC) se opuso a las
pretensiones de la demanda, pues, según lo anotó, el cuadernillo guía que se
entrega al votante, donde está el error alegado frente a la fotografía del
demandante, es solo un instrumento pedagógico y, desde tal connotación, carece
del alcance obligatorio del cual goza la tarjeta electoral.

19. Aclaró que fueron los partidos políticos quienes tuvieron a su cargo la
manipulación de la plataforma «IDCAN» para la inscripción de candidaturas,
incluyendo el cargue de las fotografías, y que dicha herramienta tecnológica estaba
parametrizada con las especificaciones técnicas para este proceso. Sobre este
aspecto, esbozó lo siguiente:

Para estos efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil actuó con la mayor
transparencia, dado que en la inscripción de los candidatos al concejo de Manizales
por el Partido Conservador Colombiano, fungió desde la óptica aprobatoria de la
documentación que fue cargada en la plataforma IDCAN; y no realizó ningún tipo de
manipulación o cambios, porque era totalmente imposible, de acceder al usuario
asignado para el Partido señalado, quien fue que realizó la inscripción de la lista, y
subió las fotografías, y que fue la que se utilizó para la impresión en el cuadernillo
electoral usado como guía pedagógica del elector.

20. La Registraduría señaló que tanto la tarjeta como el cuadernillo electoral fueron
publicados con la advertencia de que podían estar sujetos a cambios, para que las
partes tuvieron oportunidad de realizar solicitudes de modificación hasta el 29 de
septiembre de 2023, sin que el demandante o el partido Conservador realizaran
manifestación alguna. Este aspecto se explicó en los siguientes términos:

Señala que se debe reiterar que, tanto la tarjeta y el cuadernillo electoral fueron
publicados el 19 de septiembre de 2023 Versión RNEC – 04, en la que se estipuló lo
siguiente: “Esta guía es provisional. puede estar sujeta a cambios por revocatoria de
inscripciones o por decisiones de carácter administrativo o judicial”; situación que fue
conocida por las partes objeto del presente litigio, las que, al parecer, no realizaron
solicitud alguna, hasta antes de cumplirse el período para las revocatorias de las
inscripciones por parte del Consejo Nacional Electoral dentro del calendario electoral,
es decir tuvieron oportunidad de hacerlo hasta el 29 de septiembre de 2023.

21. Finalmente, sostuvo que no existen pruebas suficientes para demostrar un
sabotaje o violencia en el material electoral y que la situación pudo ocurrir por un
error involuntario o impericia en el manejo de la plataforma por parte del partido
Conservador, por lo que concluyó que los resultados de la elección del Concejo de
Manizales se encuentran ajustados a la legalidad. Así lo esgrimió:

Para que se materialice el acto de sabotaje, es indispensable que existan pruebas
útiles, pertinentes y conducentes,8 pues, este concepto, se puede equiparar a una
conducta presuntamente delictuosa; y que revelen la certeza de la materialización y
verdad de la intención; pues, se olvida por parte del demandante, que en el caso
particular y concreto del supuesto cambio de fotografía en el cuadernillo guía electoral
de los candidatos del Partido Conservador Colombiano, surge de la manipulación que
se tuvo al momento de realizar el cargue de la inscripción en la plataforma IDCAN;

7 Índice 37 Samai del tribunal. Revisado su escrito, no propuso la excepción de falta de legitimación

en la causa por pasiva.
8 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A -

Radicación número: 25000-23-25-000-2007-01109-02(1732-10)».

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que podría haberse presentado por varios factores como el error involuntario,
equiparado a un caso fortuito, de falta de prudencia, en actuar con el mayor cuidado,
o la impericia de la manipulación de los medios tecnológicos, conduciendo todo ello,
además de una situación culposa9 a la posible figura jurídica del estado de duda
razonable10, esta última de calificación por jurisdicción diferente en la que se plantea
la presente Litis.

2.3. Audiencia inicial

22. El 8 de agosto de 2024,11 el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Caldas fijó el litigio en los siguientes términos:

De acuerdo a los hechos en los que coinciden las partes y a los extremos de la litis,
el problema jurídico del presente asunto se contrae a dilucidar los siguientes
interrogantes:

¿Por el hecho de que, en el cuadernillo electoral de las elecciones del 29 de octubre
de 2023, correspondiente a los candidatos al Concejo de Manizales se ubicara la
fotografía del candidato actor SIMÓN RAMÍREZ ALZATE, en el número 14, cuando a
este candidato se le había asignado el número 18, dio lugar a la configuración de las
causales señaladas en el numeral 1 y 2 del artículo 275 del CPACA, para declarar la
nulidad de la elección?

Se le otorga la palabra a las partes para que se pronuncien respecto de la fijación del
litigio. Las partes están de acuerdo con la fijación del litigio.

23. Luego, el magistrado sustanciador decretó las pruebas documentales aportadas
y solicitadas con la demanda y la contestación, así como las allegadas por la RNEC.
También a esta entidad le solicitó un informe12, en el que se le realizaron las
siguientes preguntas:

1. Si la fotografía de la cartilla electoral o cartilla guía tiene una incidencia de fondo
en las elecciones de corporaciones públicas.
2. Si la cartilla electoral o cartilla guía fue consultada por la totalidad de los votantes
en las mesas de votación del municipio de Manizales.
3. El porcentaje de abstención en el municipio de Manizales para la elección del
concejo municipal.
4. El porcentaje o grado de consulta de la cartilla electoral o cartilla guía por parte de
los votantes para el concejo de Manizales.
5. Cuántos candidatos habían inscritos en Manizales para el concejo municipal y
cuántos de ellos aportaron fotografía para el cuadernillo electoral o cuadernillo guía.
6. Si el sistema electoral para corporaciones públicas, debe predominar la fotografía
o el logo del partido y el número.

9 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P Pedro Pablo

Vanegas Gil, Rad. Radicado: 11001-03-28-000-2021-00050-00».
10 «Sentencia C-495/19».
11 Índice 82 Samai del tribunal. Antes de la audiencia inicial, mediante auto del 18 de julio de 2024,

declaró no probadas las excepciones de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales;
inexistencia del demandado: haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta
de la que fue demandada; no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios y falta
de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la parte demandada (índice 65 Samai).
12 Índice 91 Samai del tribunal, RNEC aportó el informe requerido.

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2.4. Audiencia de pruebas

24. El 13 de agosto de 2024,13 el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Caldas adelantó la diligencia y en el acta se adoptaron las consideraciones y
decisiones:

Continuando con el objeto de la audiencia se procede a recepcionar los testimonios
decretados como prueba de la parte demandante:

Se hace presente en la sala de audiencia 311 del Palacio Nacional “Fanny González
Franco” el señor ORIATNA MARÍN RONCANCIO a quien el Magistrado le toma las
amonestaciones de ley.

Se hace presente en la sala de audiencia 311 del Palacio Nacional “Fanny González
Franco” el señor MARIO HERMAN RAMÍREZ BOTERO a quien el Magistrado le toma
las amonestaciones de ley.

Se hace presente en la sala de audiencia 311 del Palacio Nacional “Fanny González
Franco” la señora JAIME ELÍAS FERNÁNDEZ LÓPEZ a quien el Magistrado le toma
las amonestaciones de ley.

Se hace presente en la sala de audiencia 311 del Palacio Nacional “Fanny González
Franco” la señora YENIFFER ALEJANDRA SALAZAR MORALES a quien el
Magistrado le toma las amonestaciones de ley.

Ahora bien, respecto de los señores CARLOS ANDRÉS GALLEGO, HERBIN
DUPONT; PAOLA ANDREA SALAZAR; LINDELIA GIRALDO; JORGE WILLIAM
BETANCURT; JUAN MANUEL LONDOÑO y VALERIA MEJÍA CORTES quienes
estaban citados para rendir testimonio el Magistrado decidió limitar los testimonios y
en este sentido se prescinde de los testimonios de las personas antes mencionadas,
teniendo en cuenta que el objeto de la prueba se agotó en suficiencia.

No siendo más el objeto de la presente se da por terminada, informando que una vez
se allegue la prueba documental se dará el correspondiente traslado a las partes. [Sic
a toda la transcripción].

25. El 20 de agosto de 2024,14 el Tribunal Administrativo de Caldas corrió traslado
de las pruebas allegadas e incorporadas al expediente.

2.5. Sentencia de primera instancia

26. En fallo del 16 de septiembre de 2024,15 el Tribunal Administrativo de Caldas,
una vez valoradas en conjunto las pruebas aportadas y decretadas en el proceso,
negó las pretensiones de la demanda.

27. Explicó que el caso versa sobre una solicitud de nulidad electoral presentada
por un candidato, Simón Ramírez Álzate, quien alegó que un error en el cuadernillo
guía del votante afectó los resultados de las elecciones para el concejo de
Manizales (período 2024-2027).

13 Índice 93 Samai del tribunal.
14 Índice 94 Samai del tribunal.
15 Índice 110 Samai del tribunal.

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28. Según se anotó en la providencia, el error consistió en que la fotografía del
demandante como candidato a dicha corporación pública estaba ubicada en un
número diferente al que le correspondía en la tarjeta electoral.

29. Frente a ello, el tribunal anotó que la parte actora argumentó que dicho error
causó confusión entre los electores y los indujo a votar por otro candidato con un
nombre similar, lo que constituye una forma de violencia psicológica o sabotaje que
vició la elección cuya nulidad se depreca.

30. Al analizar el material probatorio, la primera instancia concluyó que, de las
pruebas allegadas al expediente, se evidenció que el cuadernillo electoral es solo
una guía que se entrega a los electores cuando la solicitan, de manera que no puede
catalogarse como un documento electoral obligatorio, como lo es la tarjeta electoral.

31. Desde esa perspectiva, la sentencia puso de presente que, «si bien está
probado que efectivamente se presentó un error en el cuadernillo electoral»,
también es cierto que en el expediente se demostró que i) dicha inconsistencia no
se presentó en los documentos electorales obligatorios y, por tal razón, ii) no se
configuró la incidencia a partir del supuesto ejercicio de la violencia y de conductas
de sabotaje.

32. Para ello, hizo énfasis en que uno de los declarantes advirtió que es reducido el
número de electores que solicita la mencionada cartilla con fines pedagógicos, tanto
así que solo una testigo admitió haber sido sugestionada por el cuadernillo electoral,
sin que se pierda de vista que su declaración deba ser matizada, en tanto adujo ser
«despistada». Así lo puso de presente la providencia:

Así las cosas, si bien está probado que efectivamente se presentó un error en
el cuadernillo electoral, consistente en ubicar en un número distinto al
asignado en el tarjetón al señor Simón Ramírez Álzate, ubicándose la misma
en el número asignado al candidato Simón Ramírez González, lo cierto es que
dicha inconsistencia no se presentó en alguno de los documentos electorales
que se deben entregar obligatoriamente a los electores, como el tarjetón
electoral, por lo que es dable deducir que una alteración o modificación en el
cuadernillo guía, no tuvo la incidencia que hace ver el actor, esto es de ejercer
violencia o sabotaje en el electorado, menos aun cuando conforme a los
mismos declarantes es muy reducido el número de electores que solicita este
documento pedagógico, tanto es así que solo uno de los testigos, afirmó haber
sido sugestionada por el cuadernillo electoral, pero matizada su declaración
,en que en su caso se trata de una persona despistada, puesto que, según su
relato, pese a conocer el número asignado al actor se guío (sic) por la
fotografía ubicada en el material pedagógico, sumado que no quedó probado
con certeza cuantas (sic) personas más incurrieron en error debido al
cuadernillo electoral al momento de votar por el señor Ramírez Alzate.

33. Incluso, el tribunal agregó que, si se asume que un porcentaje de los votos del
candidato con nombre similar fueron influenciados por el error, el candidato que
presentó la solicitud de nulidad no habría obtenido suficientes sufragios para ser
elegido en la referida corporación pública. Así lo señaló:

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Ahora bien, revisados los resultados de los comicios encuentra esta Sala que el
candidato Ramírez Álzate obtuvo 1.509 votos y el candidato Ramírez González
obtuvo 1.271 votos, y así de manera hipotética siguiéramos los argumentos del señor
padre del candidato, que fungió como gerente de campana (sic), señor Mario Ramírez
Botero, considera que este yerro pudo afectar que de los votos de su candidato se
fueran al del supuesto homónimo aproximadamente el 20% de los votos que obtuvo
el candidato Ramírez González, en realidad iban dirigidos al actor,-insistiendo que
ello no quedó probado- por lo que en teoría, el total de votos que hubiese obtenido el
candidato Ramírez Álzate era 1.763, los cuales teniendo en cuenta que el candidato
electo con menor votación del Partido Conservador obtuvo un número de 1.881, la
votación obtenida no le hubiera permitido obtener la elección como Concejal de la
entidad territorial, esto es que a pesar de ese yerro, el mismo no tiene la vocación de
afectar la eficacia del voto, esto es, no tiene la virtud de haber modificado los
resultados electorales.

34. Por lo tanto, en primera instancia se concluyó que no se acreditó la supuesta
violencia psicológica ejercida sobre los electores, la cual, junto con el error en la
guía al votante, careció de la suficiente relevancia para afectar los resultados de las
elecciones, porque «de haber sido así hubiera resultado electo el candidato Ramírez
González, el cual al igual que el actor, no obtuvo los votos necesarios para salir
electo como concejal del municipio de Manizales».

2.6. Recurso de apelación

35. El 26 de septiembre de 2024,16 el abogado del demandante solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, conforme los siguientes
argumentos:

a) Se refirió al análisis de incidencia del tribunal con el fin de señalar que la
nulidad electoral no persigue «probar cuantos (sic) votos no obtuvo el accionante
como consecuencia del error y datos falsos plasmados en el cuaderno guía
electoral, sino acreditar la ocurrencia de las causales «violencia mental y
psicológica contra el elector y sabotaje», sin que ello implique reducir el juicio a
una simple inconsistencia.

Anotó que la declaración de «ORIANA MARÍN RONCANCIO» hace evidente que
se le afectó su voluntad como sufragante, por cuenta del error en el cuadernillo
guía electoral, por tal razón, afirmó que era procedente la nulidad parcial de la
elección y la orden de corregir el cómputo de votos en el puesto donde ejerció su
derecho. Lo anterior, según su juicio, supone redimensionar el alcance de la
incidencia y el principio de eficacia del voto.

b) Probar cuántas personas incurrieron en el error debido al cuadernillo electoral
al momento de votar por el demandado, se trata de un argumento aislado y poco
integral que no analiza los demás hechos de la demanda y «la real incidencia en
el electorado de la información visual que se transmite a través del cuadernillo
electoral acireditada (sic) y analizada con la prueba pericial y el fenómeno de la
violencia electoral», lo cual propicia «que las causales de nulidad invocadas,
únicamente opere cuando se acredite “cuantas más personas incurrieron en el

16 Índice 113 Samai del tribunal.

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error debido al cuadernillo electoral. Este aspecto, de la valoración judicial,
lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, genera indefensión y un aura de
impunidad electoral».

c) En la sentencia no se realiza una valoración integral del material probatorio,
en particular de la prueba pericial aportada y practicada en el proceso. En este
acápite el apelante se refirió nuevamente al error endilgado a la cartilla
pedagógica y se pronunció nuevamente frente a las causales de nulidad con el
fin de que se reformulara el análisis de la incidencia por las condiciones
particulares de este caso.

En el orden de ideas, sometió a consideración el dictamen pericial de la experta
Constanza Fraume Restrepo y citó los resultados y conclusiones de dicho
documento, aportado en el trámite de primera instancia, en el cual, como consta
en el mismo, se advierte el yerro en que incurrió la autoridad electoral.

Luego, hizo énfasis en los testimonios practicados en el proceso (Oriana Marín
Roncancio, Mario Hernán Ramírez Botero, Jaime Elías Fernández López,
Jennifer Alejandra Salazar Morales), a efectos de sostener que la alegada
irregularidad del cuadernillo pedagógico sí tuvo incidencia directa en el resultado
de las elecciones al concejo de Manizales, en lo que respecta al señor Simón
Ramírez Alzate.

Puso de presente otro dictamen pericial rendido por la experta Paulina Muller
Ugarte, también aportado en el trámite de primera instancia, cuyo objeto fue
«INCIDENCIA DEL INSTRUMENTO ELECTORAL DE LA CARTILLA
PEDAGÓGICA PARA EL SUFRAGANTE DESDE UNA PERSPECTIVA
PSICOLÓGICA, EL “ERROR”,¿PUEDE CONSTITUIR UNA MODALIDAD DE
VIOLENCIA AL ELECTOR O SABOTAJE DEL CERTAMEN ELECTORAL?» (sic
a toda la cita). Conforme a ello, citó textualmente las siguientes conclusiones:

1.- El error manifiesto en la Cartilla al incluir erróneamente la fotografía de un
determinado candidato sobre el nombre de otro candidato interfirió en la percepción,
la emoción y finalmente en la decisión final al emitir el sufragio por el elector,
infringiendo un definitivo daño a la transparencia del acto eleccionario.

2.- Por tanto se declara que dicha alteración intencional o accidental en la información
tenida a la vista en la Cartilla electoral por el votante, constituye una intervención y/o
manipulación sobre su decisión, (con posibles implicancias legales de comprobarse
dolo), y por ende es un acto violento sobre el elector, teniendo presente que se trata
de una acción encubierta en que no hay conciencia explicita del engaño o
manipulación de su decisión y a través de la que se vulnera el legítimo derecho a
emitir el sufragio con información veraz.

3.- Respecto de la calificación de “sabotaje electoral”, no es posible pronunciarse por
cuanto el significado del término “sabotaje” implica una acción dolosa, cuya
calificación no corresponde ni forma parte del presente estudio.

d) Posteriormente, introdujo un acápite en el que se refirió nuevamente al marco
legal y jurisprudencial de los cargos de nulidad, la incidencia y la eficacia del voto

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versus el derecho al sufragio, la transparencia electoral y el funcionamiento de la
democracia.

En este aparte, señaló que «los dictamenes (sic) periciales cobraron plena
firmeza, ya que los mismos no fueron objeto de contradicción efectiva y oportuna
por los demandados, en segundo orden, probar cuantas personas votaron de
manera concreta por el señor SIMÓN RAMÍREZ GONZALEZ (sic)- número 14 en
el tarjetón- constituye como tal la exigencia de una prueba que de manera directa
involucraría contar con el testimonio de un universo considerable de sufragantes,
por lo que, claramente al proceso se han aportado medios de convicción
documentales como el análisis efectuado por mi representado de la base de
datos de sus seguidores, líderes y militantes en contraste con los certificados de
votación electoral, prueba documental que no fue tachada o controvertida por los
demandantes».

A su vez, esgrimió que «el problema jurídico planteado en la audiencia inicial no
contempla el determinar o cuantificar cuantos votos fueron fraudulentos o
manipulados, pues los cargos en la demanda de nulidad electoral y como tal los
hechos constitutivos de violencia y sabotaje electoral se presentaron en la etapa
preelectoral- diseño del cuadernillo electoral- y en el día de las votaciones cuando
circuló, se distribuyó, fue puesto a disposición de los electorales el precitado
cuadernillo y no se retiró de la (sic) mesas de votación».

Sostuvo que las pruebas allegadas al proceso y los criterios de la sana crítica es
factible inferir que el error grave del cuadernillo electoral, si tuvo injerencia en la
decisión de los electores.

Finalmente, se refirió al artículo 258 constitucional y al artículo 1.º del Código
Electoral17, y concluyó lo siguiente:

La «situación puesta en conocimiento de los jueces electorales, se encuentran
probadas la causales de anulación electoral descritas en los numerales 1º y 2º del
Artículo 275 del CPACA, pues la irregularidad y anormalidad que se presentó en el
cuadernillo guía electoral elecciones territoriales 2024 en la lista por voto preferente
del partido conservador al Concejo de Manizales, tuvo claramente la potencialidad e
incidencia de afectar el derecho al voto de los ciudadanos, y que en el caso específico
debe indicarse que no se planteó una demanda de nulidad electoral invocando o
probando la afectación del derecho al voto de un porcentaje determinado, como por
ejemplo, el previsto en el inciso 2º, numeral 1º del Artículo 288 del CPACA, razón por
la cual, se solicita se revoque la sentencia impugnada, se declare la nulidad parcial
del acta de escrutinios […]».

2.7. Trámite del recurso de apelación

36. Mediante auto del 30 de septiembre de 2024,18 el Tribunal Administrativo de
Caldas concedió la apelación contra la sentencia.

17 Citó el pronunciamiento del «febrero de 2018, Radicación número: 11001-03-28-00-2014-00117-

00» y «05001-23-33-000- 2015-02546-01 de 29 de septiembre de 2016».
18 Índice 115 Samai del tribunal

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37. El 11 de octubre de 2024,19 el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite de los artículos 292 y 293 del CPACA.

2.8. Traslado del recurso e intervenciones

38. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público20, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.
Dentro de dichos términos se presentaron las siguientes intervenciones:

2.8.1. RNEC21

39. En los alegatos destacó la imparcialidad de la entidad y su compromiso con la
transparencia del proceso electoral. Asimismo, explicó que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral, realizó una debida valoración probatoria y no encontró configuradas las
causales de nulidad alegadas.

40. Insistió en que el cuadernillo electoral es una guía pedagógica y no hace parte
del material electoral obligatorio que se les entrega a los ciudadanos para ejercer el
derecho al voto. Aclaró que dicho documento es facilitado solo cuando es solicitado
por los ciudadanos.

41. Finalmente, afirmó que el tribunal llevó a cabo un análisis juicioso y
objetivamente de las pruebas que fueron practicadas y no encontró demostradas
las causales de anulación alegadas. Por lo tanto, solicitó que se confirme la decisión
apelada.

2.8.2. Demandante22

42. Reiteró los argumentos dados en la apelación.

2.8.3. Demandado: Jorge Eliecer Galeano Hernández23

43. Afirmó que se debe confirmar el fallo apelado ante la falta de pruebas suficientes
para demostrar el supuesto sabotaje del material electoral alegado por el
demandante. Asimismo, discute su idoneidad y pertinencia para acreditar el
sabotaje y la violencia psicológica.

44. Cuestionó el argumento del demandante sobre la importancia del cuadernillo
electoral y recordó que es solo un elemento de apoyo y consulta voluntaria.
También, mencionó el testimonio de un jurado de votación, Jaime Elías Fernández
López, que confirmó el bajo porcentaje de consulta del cuadernillo.

19 Índice 5 Samai.
20 Entre el 24 al 28 de octubre de 2024 (índice 12 Samai) y desde el día siguiente hasta el 5 de

noviembre del mismo año (índice 13 Samai), respectivamente.
21 Índice 11 Samai.
22 Índice 13 Samai.
23 Índice 15 Samai.

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45. De igual manera, cuestionó la validez de los dictámenes periciales aportados
por el demandante, porque, según su parecer, «se soportó única y exclusivamente
en la teoría, sin ir a la práctica, sin verificar los hechos concretos que rodean nuestro
sistema electoral y nuestro día de elecciones, sin realizar un análisis de campo con
los electores directamente, lo que, a todas luces, arroja un informe sin los
fundamentos necesarios para aseverar la violencia sobre el elector».

46. En ese sentido, destacó la confianza en la capacidad de discernimiento de los
electores, quienes de antemano conocen el número y posición en el tarjetón del
candidato por el que van a sufragar.

47. Finalmente, señaló la falta de intención dolosa y la presunción de buena fe,
sosteniendo que no se ha probado la intención deliberada de cometer fraude o
alterar el proceso electoral, al sostener:

La perito NO logra establecer con claridad si el error en la cartilla fue intencional o
accidental (Factor determinante para el caso que nos reúne y teniendo en cuenta la
base jurídica de la demanda). Para que se configure el sabotaje, es fundamental
probar la existencia de dolo, es decir, la intención deliberada de cometer fraude o
alterar el proceso electoral. Sin esta prueba, no se puede calificar el error como un
acto de sabotaje.

Durante el proceso quedo (sic) claro que la parte demandante no tenía conocimiento
de cuál y como era el proceso para que la fotografía se plasmara en la cartilla, pues
como (sic) se aprecia en el libelo introductor, procuraron ver al Comité Departamental
de Caldas del Partido Conservador y a la Representante a la Cámara Juana Carolina,
como aquellos que interfirieron en dicha acción, pero que claramente no es así pues,
como se observa en las pruebas aportadas por el mismo demandante, desde la
campaña del candidato Ramírez Álzate remitieron directamente la fotografía a la sede
Nacional del Partido Conservador.

Lo anterior, deja claramente sin sustento cualquier manipulación que el accionante
quería endilgar al comité departamental de la colectividad mencionada anteriormente,
así como a los concejales electos, teniendo en cuenta, que ni Luis Gonzalo Valencia,
Manuela Rodríguez, José Humberto Duque y Jorge Eliecer (sic) Galeano, pues no
probaron tampoco que estos hacían parte del comité departamental del partido
Conservador. Mucho menos los demás concejales demandados y a los cuales
represento, teniendo en cuenta que hacen parte de otras colectividades y no tienen
incidencia en las decisiones que el conservadurismo tome, ni local, ni regional y
menos en materia nacional.

2.8.4. Procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado24

48. Explicó que el recurso de apelación se sustentó en la causal de violencia
psicológica, la cual, según el demandante, se originó por un error en el cuadernillo
electoral pedagógico que identificó la foto del candidato Simón Ramírez Álzate con
el número 14 en lugar del 18.

49. Explicó que la violencia psicológica al elector es una causal de nulidad electoral
que incluye cualquier situación que anule su libertad de elección. En vista de ello,
citó los requisitos jurisprudenciales para su configuración, como lo son: las

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circunstancias de tiempo, modo y lugar, propósito de la dádiva, cantidad de votantes
afectados y potencialidad de modificar el resultado electoral.25

50. Argumentó que el demandante no demostró el impacto del error en el resultado
electoral ni ha delimitado la ocurrencia del hecho a zonas, puestos y mesas de
votación específica, por lo que resaltó la necesidad de probar que la violencia afectó
al menos el 25 % de los ciudadanos inscritos para repetir la elección, conforme con
la jurisprudencia del Consejo de Estado.

51. Finalmente, concluyó que no se acreditaron los elementos cuantitativos y
cualitativos para materializar la causal de nulidad, ni la participación de los
demandados en el error del cuadernillo. En consecuencia, consideró que no existen
suficientes pruebas para que prosperen los argumentos del apelante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

52. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
por el demandante, de conformidad con los artículos 15026 y 152, numeral 7.º, literal
a)27 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Caso concreto

53. El señor Simón Ramírez Alzate demandó la elección de los concejales elegido
por el partido Conservador en Manizales, esto es, de los señores Luis Gonzalo
Valencia González, Manuela Castaño Rodríguez, José Humberto Duque Corrales y
Jorge Eliécer Galeano Hernández, debido a un error en el cuadernillo de guía al
votante del 29 de octubre de 2023, lo que, según lo refirió, constituyó violencia
psicológica y sabotaje.

54. Manifestó que, en dicha elección, el demandante (n.° 18 en la tarjeta) y otro
candidato con nombre similar (n.° 14) fueron avalados por el mismo partido, lo que
generó confusión en el electorado a raíz de la homonimia, según lo anotó.

55. Sostuvo que el cuadernillo mostraba la foto del señor Ramírez Alzate junto al
número 14, que era distinto al 18, guarismo que sí le correspondió. A su juicio, dicha
circunstancia constituyó un sabotaje electoral que lo perjudicó y generó violencia
psicológica en el elector. Agregó que tal anomalía fue detectada el mismo día de las

25 Citó aportes del «Concejo de Estado. Sección Quinta. Rad 11001-03-28-000-2014-00030-00 M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 21 de enero de 2016».
26 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerán segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
27 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7.

De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […]
de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […]».

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elecciones y denunciada ante la mesa de justicia28 y sustentada con un ejemplar del
cuadernillo.

56. Como se explicó en los antecedentes, el Tribunal Administrativo de Caldas negó
las pretensiones de la demanda, en tanto no encontró probados la violencia
psicológica o el sabotaje que alegó el accionante.

57. La autoridad judicial de primera instancia explicó que, si bien el error existió,
este no se presentó en los documentos electorales obligatorios, por lo que no se
configuró la violencia psicológica o sabotaje alegados.

58. Además, se evidenció que pocos electores usan el cuadernillo y solo una testigo
admitió haber sido influenciada, aunque reconoció que era «despistada». Incluso,
el tribunal calculó que, aun asumiendo que un porcentaje de votos del otro candidato
fueron a parar a Ramírez Alzate por el error, este no habría obtenido los votos
necesarios para ser elegido.

59. Por ende, concluyó que no se acreditó la violencia psicológica ni la incidencia
del error en los resultados, toda vez que ninguno de los dos candidatos con nombres
similares obtuvo la votación requerida para ser concejal.

60. El demandante solicitó la revocatoria de la sentencia, según lo refirió, porque el
tribunal se enfocó en la cantidad de votos y no en el error en el cuadernillo,
ignorando su incidencia real y la prueba pericial aportada. A su juicio, el informe de
la pericia hace evidente que se configuró la violencia psicológica.

61. Además, censuró que no se valoraran los testimonios, pues, a su juicio, estos
confirman la influencia del error en los resultados. Concluyó que se probó la
afectación del derecho al voto y solicitó la reformulación jurisprudencial de la
incidencia en este tipo de casos.

62. En el orden de los antecedentes expuestos, con el fin de determinar si se
confirma, modifica o revoca la sentencia apelada, la Sala, a partir del estudio de
las pruebas allegadas oportunamente al expediente, establecerá si el error de la
fotografía en el cuadernillo guía de votante, configura las causales primera y
segunda del artículo 275 del CPACA, invocadas por el demandante y si ello tiene
la incidencia suficiente para afectar la elección de los concejales de Manizales,
período 2024-2027.

63. Lo anterior, se abordará estrictamente a partir de los argumentos planteados en
la apelación, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso (CGP)29, que prescriben que este medio de impugnación tiene

28 Así se puso de presente en la demanda: «Mi representado señor SIMÓN RAMÍREZ ALZATE, el

mismo día de las elecciones de 29 de octubre de 2023, interpuso denuncia penal ante la mesa de
justicia que opera el día de las votaciones en la cual puso en conocimiento de las autoridades la
situación presentada, la misma que puede encontrarse tipificada dentro de los delitos electorales
previstos dentro de nuestro ordenamiento penal, aportando con la denuncia un ejemplar del
cuadernillo electoral». [Énfasis del original].
29 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

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por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con
los reparos formulados por la parte recurrente.30

64. Previo a resolver la apelación, la Sección realizarán unas breves
consideraciones sobre i) las causales de anulación invocadas y ii) abordará la
solución al problema jurídico.

65. A efectos de emprender lo anterior, se propone el siguiente orden de temas
sujetos a análisis: i) causal de violencia psicológica (art. 275.1 de CPACA) y ii)
causal de sabotaje (art. 275.2 idem).

2.1. Causal de anulación por violencia psicológica

66. El numeral 1.º del artículo 275 del CPACA establece la causal de nulidad
relacionada con el ejercicio de la violencia, en los siguientes términos:

[…] Los actos de elección o de nombramiento son nulos […] cuando: Se haya
ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales.

67. Respecto de dicha causal, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado ha precisado que «[esta] comprende no solo las físicas sino también las
psicológicas, el constreñimiento, la coacción o cualquier tipo de situación que anule
su libertad de escoger libremente la opción para ejercer el derecho al voto»31.

68. Acerca de la tipología psicológica, la Sala Electoral32 explicó que es una forma
de violencia y la relaciona con aquella que surge por el uso deliberado de otros tipos
de fuerzas distintas a la física, como sería el caso de las amenazas, coerciones e
intimidaciones derivadas por ejemplo de posiciones de poder o subordinación, y que
tiene una injerencia directa en la psiquis del individuo en tanto lo conmina a realizar
algún acto en contra de su voluntad original. Al respecto, se ha manifestado lo
siguiente:

Cuando se alude terminológicamente a la violencia se cae en el riesgo de delimitar
este concepto a su acepción más general, acotándolo a la mera realización de un

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de

septiembre de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra,
sobre el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de
presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley».
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de

enero de 2016, expediente 11001-03-28-000-2014-00030-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de

agosto de 2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00001-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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acto directo corporal de agresión cometido en detrimento de alguien, y que por lo tanto
reviste un carácter exclusivamente físico.

Sin embargo, esta definición resulta restrictiva y desdibuja el alcance adecuado ante
las diversas formas que puede adoptar y desencadenar un hecho violento. De esta
manera, la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su informe “Violencia y Salud”
amplió este concepto, y dio luces sobre los diversos rostros que puede adoptar la
violencia.

Así, sostiene que este fenómeno no solo puede contraer efectos sobre la integridad
física de un individuo, sino que también sobre su integridad sicológica. En efecto en
este informe se señala como concepto de violencia: “El uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte o daños psicológicos33.

De esta manera, se puede establecer la violencia sicológica como una tipología
concreta de violencia que puede, fácticamente generar consecuencias negativas
sobre la psiquis34 de un individuo, por lo que la violencia sicológica, así como cualquier
otro tipo de violencia, surge de una acción deliberada e intencional de un agente –
persona, grupo, autoridad, etc- contra otro”.

69. En ese orden, la violencia psicológica incluye la intimidación, amenazas o
constreñimiento que busca un resultado de algún sujeto, sin el uso de la fuerza
física, y que influye en sus psiques hasta el punto de lograr que ceda a las
exigencias del agresor, con el fin de evitar daños graves a su vida, integridad,
libertad o derechos fundamentales, propios o de sus allegados.35

70. Dichos elementos particulares de la violencia psicológica han servido a la
jurisprudencia36 de esta corporación para definir su ámbito de prosperidad de cara
a que el juez electoral adopte la decisión que corresponda en el marco del medio
de control de nulidad electoral. Así, se han definido los siguientes elementos:

A) La ocurrencia del hecho violento (elemento objetivo);
B) La afectación de la voluntad de quien es violentado (elemento subjetivo) y/o la
vulneración de la existencia física de los elementos electorales (elemento material);
C) La modificación del resultado electoral (elemento consecuencial).

71. Además, la jurisprudencia de esta Sala37 ha indicado que se deben determinar
las zonas, puestos y mesas de los ciudadanos que fueron objeto de la violencia
psicológica o constreñidos para ejercer su derecho al voto, al considerar:

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha pasado de considerar que la violencia
al elector era irrelevante para la acción de nulidad electoral, a aceptarla como causal

33 «Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra. 2002.

Publicaciones OMS».
34 «Conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana, en oposición a

los que son puramente orgánicos».
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de

julio del 2018, expediente 11001-03-28-000-2017-00024-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de

septiembre de 2024, expediente 23001-23-33-000-2023-00180-01, MP. Gloria María Gómez
Montoya, en la que se reiteró.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de

enero de 2016, expediente 11001-03-28-000-2014-00030-00, MP. Lucy Jeannette Bermudez
Bermudez.

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de nulidad, aún antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 - CPACA,
que la estableció expresamente, y dicha violencia comprende no solo las físicas sino
también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o cualquier tipo de situación
que anule su libertad de escoger libremente la opción para ejercer el derecho al voto,
lo cual incluye el otorgamiento de dádivas considerado por el derecho penal como
delito de corrupción al sufragante, conducta que se enmarcaría en la descrita en el
caso sub judice

Así mismo, frente a los requisitos para que se estructure la causal alegada de
violencia psicológica relacionada con la corrupción al elector, la jurisprudencia de esta
Sección38 ha establecido que es necesario que se pruebe: i) las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la violencia alegada,
lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos ejercieron
el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo, es decir
que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas;
ii) que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los
demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir
la voluntad del elector, iii) cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido
un pago o una promesa de dádiva; iv) que el fraude de esos votantes tuvo la
potencialidad de modificar el resultado electoral39:

(…) no obstante, no concretó ni circunscribió la ocurrencia de ese hecho a
zonas, puestos y mesas de votación donde los constreñidos depositaron sus
votos, ni probó que esos votos favorecieron al partido político en mención o al
señor Jair Arango Torres. Además, de las pruebas referidas, no se determina: i) la
incidencia de esos hechos en la votación, habida consideración de que en este
proceso no se probó el número de electores que fueron constreñidos y si éstos
recibieron algún bien, dinero o beneficio a cambio de su voto; ii) quiénes de ellos
efectivamente votaron por el candidato que pagó u ofreció la dádiva; iii) que el
fraude de esos votantes haya tenido la potencialidad de modificar el resultado
electoral; iv) que efectivamente esos bienes fueron adquiridos por el demandado
con el propósito que señaló el actor. No obstante lo anterior, y a pesar de que este
cargo no tiene vocación de prosperidad en la presente acción electoral por las
razones expuestas (…)”. [Negrilla con subrayado de la Sala].

72. Por último, resulta pertinente indicar que el artículo 288.1 del CPACA establece
lo siguiente:

Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes
consecuencias:

1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el
numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en
el puesto o puestos de votación afectados.

Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por
ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se
ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.

38 «Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia de 26 de febrero de 2014.

M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.” Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto
objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración
de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en concurrencia con
la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que deben
acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia”.».
39 «Consejo de Estado. Rad. 11001-03-28-000-2010-00009-01. 3 de marzo de 2011. C.P. Mauricio

Torres Cuervo».

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2.2. Causal de anulación por sabotaje

73. El numeral 2.º del artículo 275 del CPACA establece la causal de nulidad
relacionada con el ejercicio de la violencia, en los siguientes términos:

[…] Los actos de elección o de nombramiento son nulos […] cuando: Se hayan
destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya
ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de
votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las
elecciones.

74. Esta Sección ha definido el sabotaje como «el daño, deterioro, obstrucción u
oposición que, de manera sutil, engañosa o disimulada se hace sobre las cosas con
el objetivo de materializarse en alteraciones del proceso electoral, que no involucran
el uso de la fuerza, sino que obedecen a maniobras subrepticias que buscan destruir
u obstruir el proceso eleccionario»40.

75. En reciente sentencia, la Sala Electoral reiteró41 algunas circunstancias que
constituyen sabotaje y las identificó como el espionaje, sabotaje y manipulación
informática y el hurto de tiempo. Así se definió en la providencia en cita:

i) Espionaje informático: invasiones no autorizadas en instalaciones y programas e
investigaciones de datos ajenos.

ii) Sabotaje informático: deterioro o destrucción de datos, acción orientada a dañar,
inutilizar o destruir equipos, datos, programas o información. Puede darse mediante
el método del sabotaje físico, que consiste en la destrucción o deterioro del equipo
físico a través de acciones como el incendio o la destrucción de las instalaciones
donde se encuentran los equipos informáticos o hardware, o mediante métodos de
sabotaje lógicos, como el uso de programas destructores que pueden borrar grandes
cantidades de datos en un tiempo corto, como las denominadas “bombas lógicas”, el
método “Caballo de Troya”, los virus informáticos, denominados programas gusanos
o “worms”, cracker, pishing, sniffing y spaming.

iii) Manipulaciones informáticas: alteración de datos con el fin de influir en el resultado
del procesamiento de los mismos.

iv) “Hurto de tiempo”: utilización no autorizada de tiempo de procesamiento de un
ordenador. [Énfasis del original].

76. En consonancia con lo anterior, el sabotaje guarda relación con aquellas
acciones que de forma encubierta y con la intención de alterar el proceso electoral,
buscan dañar, deteriorar, obstruir o impedir el desarrollo normal de la elección. En
estos casos, dichas actuaciones no implican el uso de la fuerza, sino que se basan
en estrategias secretas que buscan estropear las elecciones.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del de 29

de abril de 2021, expediente 11001-03-28-000-2018-00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del de 31

de octubre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2024-00037-00, MP. Gloria María Gómez
Montoya, en la que se reiteró la sentencia 29 de abril de 2021, expediente 11001-03-28-000-2018-
00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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77. También ha explicado esta Sección42 que «esta irregularidad, recae en los
“sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados
de las elecciones”, con lo cual abrió la posibilidad a que se ventilen situaciones de
sabotaje que no solo conciernen al resultado final y definitivo del certamen electoral,
sino a las que precedieron el mismo, como por ejemplo, la información que se
suministra de manera preliminar, que a su vez es producto de la transmisión que se
efectúa desde las mesas de votación a partir de los formularios E-14, como se
explicó previamente, sin que sobre ello se pierda de vista, que en caso de
encontrarse acreditado, se debe verificar su incidencia en el resultado». [Énfasis del
original].

78. Conforme los antecedentes normativos y jurisprudenciales expuestos, resulta
conveniente anotar que el alcance de la causal del numeral 2.º del artículo 275,
referente a cualquier tipo de violencia o sabotaje, se extiende a los instrumentos a
través de los cuáles se expresa y materializa la voluntad del electorado.

79. Teniendo en cuenta las anteriores pautas sobre las causales de anulación
invocadas en el proceso de la referencia, de manera seguida se dará respuestas a
los argumentos de la apelación.

2.3. Solución al problema jurídico

80. En el presente caso, el apelante afirma que existió una indebida valoración
probatoria, pues en su análisis consideró que, de las conclusiones de los peritajes
aportados, como de los testimonios recibidos en la audiencia de pruebas, se
demostró que el error de la ubicación de la foto del demandante en el cuadernillo
guía del votante configuró las causales de anulación por violencia psicológica y por
sabotaje, porque afectó directamente el derecho al voto de los ciudadanos.

81. Asimismo, cuestionó los argumentos de incidencia planteados por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por cuanto la demanda no se basa en la afectación de un
porcentaje específico de votos, como lo establece el artículo 288.1 del CPACA, sino
en la potencialidad del error para influir en la decisión de los electores.

82. Así las cosas, se valorarán las pruebas indicadas por el apelante, junto con las
demás probanzas decretadas en el expediente. A partir de ello, se determinará si
se configuran los elementos indicados para la estructuración de las causales de
anulación alegadas, esto es, i) la violencia psicológica y ii) el sabotaje.

83. Lo primero que advierte la Sala es que el error de la foto en el cuadernillo
electoral de apoyo al votante es un hecho probado en el proceso, pues el
demandante, Simón Ramírez Alzate, candidato al Concejo de Manizales con el
número 18 por el partido Conservador, apareció en el renglón 14, del aspirante

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del de 31

de octubre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2024-00049-00, MP. Gloria María Gómez
Montoya.

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Simón Ramírez González, como se observa en la siguiente imagen aportada con la
demanda43:

84. A efectos de dejar claro por qué la existencia o no del referido error no será un
asunto que deba determinarse en esta instancia, conviene anotar que en la
demanda44 se alegó que se presentó aquel en la ubicación de la fotografía del señor
Simón Ramírez Alzate, en el cuadernillo guía al votante. Los demandados45
aceptaron la existencia de tal hecho e indicaron que el mismo fue producto del
cargue de la imagen en la plataforma de inscripción de candidatos. Finalmente, la
RNEC46 explicó que fueron los partidos políticos quienes tuvieron a su cargo la
manipulación de la plataforma IDCAN para la inscripción de candidaturas.

43 Índice 3 Samai, expediente digital, documento «002ED_C01Principal_02DEMANDAPDF.pdf».
44 Índice 3 Samai, expediente digital, documento «», que se planteó en los siguientes términos: «El

instrumento cuadernillo electoral para las elecciones del 29 de octubre de 2023 y suministrado a los
votantes contiene una información falsa que afecto el derecho al voto, libre de engaños y coacciones,
y que por tanto, transgrede el principio de la eficacia del voto, y el principios pro electoratum. Esta
información falsa consiste en que el cuadernillo en el recuadro correspondiente a los candidatos al
Concejo de Manizales se presentó a los electores en el número 14 la fotografía del candidato
correspondiente al número 18, esto es, se identificó y ubicó en tal material electoral con el número
14 a mi representado señor SIMÓN RAMÍREZ ALZATE […]». [Énfasis del original].
45 Índice 10 Samai del tribunal. Sobre este aspecto, expresaron «Ahora bien, todo el proceso

electoral, incluida su logística, dependen de la participación de varios actores, como lo son
autoridades electorales, partidos políticos y los mismos candidatos. Con la pluralidad de personas
que intervienen y con amplia participación de candidatos, el actor no cobijo una posibilidad que se
pudo presentar y es el ERROR HUMANO por parte de quién era el encargado de cargar la fotografía
en la plataforma, que se repiten no eran mis poderdantes, así como de la empresa encargada de la
impresión, diseño y repartición de dicha cartilla […]».
46 Índice 37 Samai del tribunal. Entidad que sobre el cargue de la fotografía de los candidatos a la

plataforma IDCAN, manifestó: «Para estos efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil actuó
con la mayor transparencia, dado que en la inscripción de los candidatos al concejo de Manizales
por el Partido Conservador Colombiano, fungió desde la óptica aprobatoria de la documentación que
fue cargada en la plataforma IDCAN; y no realizó ningún tipo de manipulación o cambios, porque era
totalmente imposible, de acceder al usuario asignado para el Partido señalado, quien fue que realizó
la inscripción de la lista, y subió las fotografías, y que fue la que se utilizó para la impresión en el
cuadernillo electoral usado como guía pedagógica del elector».

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85. Expuesto lo anterior, ahora resulta pertinente pronunciarse respecto de si el
alcance de ese error encuadra dentro de las causales de nulidad por violencia
psicológica y sabotaje señaladas en el escrito de la demanda y reiteradas con el
escrito de alzada, lo anterior es de la mayor importancia pues, como se anotó en las
consideraciones, la jurisprudencia de esta Sección ha definido unos elementos
concurrentes que permiten abordar el análisis de dichas irregularidades electorales
establecidas en los numerales 1.º y 2.º del artículo 275 del CPACA.

86. Previo a definir aquello, y teniendo en cuenta que fue un reparo concreto de la
apelación, la Sala encuentra pertinente pronunciarse sobre las pruebas allegadas
al expediente con el fin de acreditar la ocurrencia de la enunciada irregularidad. La
perspectiva probatoria que se desprenda de su valoración permitirá definir la
ocurrencia o no de las causales de nulidad alegadas frente al acto de elección de
los concejales de Manizales.

87. Dentro de ese orden de ideas, teniendo como referencia la jurisprudencia Corte
de la Constitucional47, en términos generales podría definirse el error como la falta
de uniformidad entre lo que se representa y la realidad de lo que se pretende hacer
ver o exteriorizar. Dicho tribunal ha delimitado dicho concepto de la siguiente
manera:

El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la
representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no
verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto ésta
consiste en la ausencia de conocimiento. [Énfasis de la Sala].

88. Enunciado dicho concepto, ahora lo que corresponde es la valoración de las
pruebas allegadas al expediente y que fueron objeto de reparo por parte del
apelante:

a) El dictamen rendido por la señora Constanza Fraume Restrepo, experta en
«Criminalística Documental: Grafística – Documentoscopia», expuso las
siguientes conclusiones:48

7.1 La GUIACO09001001, pág. 1-9, página 4, con su respectivo código de barras, de
los CANDIDATOS POR EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO PARA EL
CONCEJO DE MANIZALES CALDAS, ES AUTENTICA (sic), como lo ratificó la
Registraduría Nacional del Estado Civil en respuesta a Derecho de Petición, Radicado
Interno: RNEC -E-2024.

7.2 La fotografía enviada por el email de anamariarojasgiraldo5@gmail.com, el día 8
de septiembre del 2023 a las 18:50, Foto: Simón Ramírez Álzate, Candidato al
Concejo de Manizales, Partido Conservador Colombiano C 18, “To:
tecnologias@partidoconservador.org”, es la misma y única de 19 candidatos, que
aparece en la Casilla 14 del candidato SIMÓN RAMIREZ GONZALEZ (sic) en la
página 4 de 9 de la GUIACO09001001, de los CANDIDATOS POR EL PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANO, PARA EL CONCEJO DE MANIZALES CALDAS,
elecciones octubre 29 de 2023.

47 Corte Constitucional, sentencia C-993 del 29 de noviembre de 2006, expediente D-6349, MP.

Jaime Araujo Rentería.
48 Índice 3 Samai, expediente digital, documento «103_MemorialWeb_Otro-
INFORMEFINALCONSTA.pdf».

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La foto ubicada en la Casilla 14 NO CORRESPONDE a SIMÓN RAMIREZ
GONZALEZ (sic), CORRESPONDERÍA a la Casilla 18 SIMON RAMIREZ (sic)
ALZATE, con el agravante del homónimo del nombre y primer apellido de los
candidatos mencionados anteriormente.

[Énfasis del original].

Como se infiere del informe, la experta concluyó que la fotografía cargada en el
cuadernillo guía, que además es auténtica, fue la remitida al partido Conservador,
con el fin de que cargara la imagen a una plataforma tecnológica dispuesta por
la autoridad electoral.

La anterior conclusión encuentra sustento en lo expresado por la RNEC al
momento de contestar la demanda, autoridad que señaló que los partidos
políticos tenían a cargo la manipulación de la plataforma IDCAN para la
inscripción de candidaturas, que incluía el cargue de las fotografías de los
candidatos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del procedimiento. Así
lo puso de presente:

Sobre este aspecto, dejó claro que: «Para estos efectos, la Registraduría Nacional
del Estado Civil actuó con la mayor transparencia, dado que en la inscripción de los
candidatos al concejo de Manizales por el Partido Conservador Colombiano, fungió
desde la óptica aprobatoria de la documentación que fue cargada en la plataforma
IDCAN; y no realizó ningún tipo de manipulación o cambios, porque era totalmente
imposible, de acceder al usuario asignado para el Partido señalado, quien fue que
realizó la inscripción de la lista, y subió las fotografías, y que fue la que se utilizó para
la impresión en el cuadernillo electoral usado como guía pedagógica del elector.

Aunado a lo anterior, en el expediente consta que dicha entidad aportó otras
pruebas49, que contribuyen a obtener claridad respecto del origen y el alcance
del error.

En efecto, obra en el expediente b) la Resolución 13506 del 29 de junio de 202350,
en cuyo artículo 2.º se estableció el diligenciamiento electrónico de los
formularios de inscripción y modificación de las candidaturas.

49 Índice 37 Samai del tribunal.
50 «Por la cual se establece el procedimiento de autenticación biométrica satisfactoria como firma

electrónica para la aceptación y renuncia de las candidaturas para las elecciones de autoridades
territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas
administradoras locales)».

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Esta disposición dispone que a cada colectividad se le asignaría un usuario único,
personal e intransferible para poder acceder a la plataforma, en los siguientes
términos:

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de las herramientas
tecnológicas para que las agrupaciones políticas, sus representantes legales y/o sus
delegados a través de dispositivos electrónicos fijos o móviles, diligencien los campos
contenidos en el Formulario E-6 (Solicitud para la Inscripción de Candidatos y
Constancia de Aceptación de Candidaturas) o en el Formulario E-7 (Solicitud para la
Modificación de Candidatos y Constancia de Aceptación de Candidaturas). Para este
efecto las agrupaciones políticas contarán con un usuario de uso único,
personal e intransferible, asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
que les permitirá acceder, registrar información, generar formularios y cargar
documentos soporte de la inscripción de candidaturas (avales, acuerdos de
coalición, etc.) a la plataforma. [Énfasis de la Sala].

c) El manual de usuario: «perfil delegado departamental y/o Registrador del
Estado Civil» sobre inscripción de candidatos, documentos en los que se
describe el paso a paso para subir en la plataforma: «3.1.7.5 Pestaña Fotos de
Candidatos [página] 57». En este documento se explica:

La pestaña fotos de candidatos permite agregar o eliminar la fotografía distintiva de
cada candidato inscrito. En la pestaña fotos de candidatos se presentará el listado de
candidatos inscritos. Puede cargar la imagen o eliminar la imagen haciendo clic en el
ícono situado en la esquina superior derecha de cada candidato.

[El manual tiene imágenes con el paso a paso para ello, como la que se muestra a
continuación]:

d) Oficio de los registradores especiales de Manizales, con fecha del 6 de
septiembre de 2023, dirigido a las agrupaciones políticas, cuyo asunto se
relacionó con el cargue de las fotografías de los candidatos en la plataforma

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IDCAN, señalando que tal trámite era de la responsabilidad de los partidos
políticos y que, en todo caso, no sería utilizada en la tarjeta electoral:

e) Correo electrónico interno de la RNEC, de fecha 5 de septiembre de 2023, en
el cual se explica que entre el 6 y 8 de ese mes y año, solo las agrupaciones
políticas pueden cargar la fotografía de sus candidatos para la realización del
cuadernillo guía del votante. En dicho documento consta lo siguiente:

A partir del 06 de septiembre de 2023 09:00 a.m. hasta el 08 de septiembre de
2023 08:00 p.m., la plataforma IDCAN estará habilitada para que las agrupaciones
políticas carguen la fotografía de los candidatos a corporaciones públicas, en este
sentido serán estas agrupaciones quienes podrán ejecutar esta actividad. [Énfasis del
original].

89. Del análisis en conjunto de las probanzas enunciadas, es factible concluir que
se encuentra acreditado que la foto que se incluyó en el cuadernillo guía del votante
fue la «enviada por el email de anamariarojasgiraldo5@gmail.com, el día 8 de
septiembre del 2023 a las 18:50, Foto: Simón Ramírez Álzate, Candidato al Concejo
de Manizales, Partido Conservador Colombiano», como lo concluyó el dictamen
aportado por el demandante.

90. Asimismo, que la propia colectividad del aspirante debía cargar la imagen a la
plataforma IDCAN de la RNEC en el reglón asignado al candidato y, por lo tanto, sin
mayor asomo de dudas, es posible colegir que las probabilidades de incurrir en la

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inexactitud de ubicar la fotografía del demandante en una casilla que no le
correspondía en el cuadernillo guía al votante recayeron en el partido Conservador.

91. No obstante, no pasa por alto la Sala que la RNEC es la autoridad electoral que
se encarga de la dirección y organización de «los procesos electorales y los
mecanismos de participación ciudadana, en orden a apoyar la administración de
justicia y el fortalecimiento democrático del país», conforme se desprende de los
artículos 2,3,4 y 5 (numeral 11) del Decreto 1010 de 2000.

92. Aunado a lo anterior, debe anotarse que, conforme al artículo 36 del mismo
Decreto, existe una dependencia encargada de la gestión electoral, en quien
repercute la función de elaborar, coordinar y distribuir elementos e insumos que
expida la RNEC para los distintos eventos electorales. Así lo dispone la norma:

Coordinar el suministro, elaboración y distribución de los formularios, elementos y
demás insumos que requiera la preparación y desarrollo de los eventos electorales y
los mecanismos de participación.

93. En el orden de las consideraciones, no sería ajustado predicar que el error que
se presentó en la guía o cuadernillo pedagógico de los aspirantes al concejo de
Manizales sea de la culpa exclusiva del partido Conservador Colombia, como quiere
hacerlo ver la autoridad electoral.

94. Por el contrario, sin asomo de dudas para la Sala aflora que, en virtud de la
función constitucional de dirección y organización de las elecciones (art. 266), recaía
en la RNEC el deber ineludible de velar por la exactitud de la información electoral
consignada en dicha guía o cuadernillo pedagógico y, en ese sentido, proceder a
las correcciones a las que había lugar, pues no debe olvidarse que la misión de
dicho ente se encamina a garantizar la transparencia del proceso democrático, el
ejercicio informado del voto y la legitimidad de los resultados, pilares fundamentales
para una democracia sólida y confiable.

95. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra pertinente anotar la necesidad de que
cuadernillo guía al votante contenga datos precisos de los candidatos y partidos,
pues, se trata de un instrumento que facilita al electorado ejercer su derecho al voto
por el partido y candidato de su preferencia, de manera que cualquier imprecisión
podría generar confusiones en el sufragante.

96. Enjuiciado lo anterior, corresponde ahora indagar i) si dicho error en el que
probablemente incurrió el partido Conservador, y que alimentó la RNEC al no ejercer
sus funciones de control e inspección sobre el enunciado instrumento, puede
entenderse como una forma de violencia psicológica sobre los electores capaz de
incidir en la voluntad para depositar el sufragio por un candidato y ii) si la guía o
cuadernillo pedagógico en su sentido estricto, coincide con un documento, elemento
o material electoral sobre el cual se puede ejercer algún tipo de violencia o sabotaje
capaz de incidir en la manifestación de los electores.

97. A efectos de corroborar que se configuró la violencia psicológica y el sabotaje,
el extremo activo allegó un segundo dictamen rendido por la señora Paulina Müller

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Ugarte, «Psicóloga. Perito Forense Criminalista. Calígrafo, Documental y
Dactiloscópico», en el cual se arribó a las siguientes conclusiones:51

1.- El error manifiesto en la Cartilla al incluir erróneamente la fotografía de un
determinado candidato sobre el nombre de otro candidato interfirió en la percepción,
la emoción y finalmente en la decisión final al emitir el sufragio por el elector,
infringiendo un definitivo daño a la transparencia del acto eleccionario.

2.- Por tanto se declara que dicha alteración intencional o accidental en la
información tenida a la vista en la Cartilla electoral por el votante, constituye
una intervención y/o manipulación sobre su decisión, (con posibles implicancias
legales de comprobarse dolo), y por ende es un acto violento sobre el elector,
teniendo presente que se trata de una acción encubierta en que no hay
conciencia explicita (sic) del engaño o manipulación de su decisión y a través
de la que se vulnera el legitimo (sic) derecho a emitir el sufragio con información
veraz.

3.- Respecto de la calificación de “sabotaje electoral”, no es posible pronunciarse por
cuanto el significado del término “sabotaje” implica una acción dolosa, cuya
calificación no corresponde ni forma parte del presente estudio. [Énfasis del original].

98. Frente a la primera y segunda conclusión del dictamen es pertinente recordar
que, en consonancia con la jurisprudencia de esta corporación52, la violencia
psicológica surge de fuerzas distintas a la física, como sería el caso de las
amenazas, coerciones e intimidaciones derivadas por ejemplo de posiciones de
poder o subordinación, y que tiene una injerencia directa en la psiquis del individuo
en tanto lo conmina a realizar algún acto en contra de su voluntad original.

99. Frente a tales exigencias el informe técnico no ofrece la certeza suficiente para
entender que se encuentra acreditado la ocurrencia de un hecho violento (elemento
objetivo) que haya propiciado el error objeto de juicio y, desde tal perspectiva,
también resulta un imposible jurídico tener por acreditado que se afectó la voluntad
de quien fue violentado y mucho menos la modificación del resultado electoral
(elemento consecuencial).

100. En otras palabras, de entrada, es factible colegir del dictamen pericial que no
es posible tener por acreditado que el error en que incurrió el partido Conservador
al cargar mal la fotografía del demandante y la RNEC al no proceder con la
corrección pertinente, encuadre o se traduzca en algún tipo de amenaza, coerción
o maniobra que la jurisprudencia de esta Sección ha considerado para que se
configure la violencia psicológica.

101. Por el contrario, si bien el dictamen señala que el error que catalogó como un
acto violento que «interfirió en la percepción, la emoción y finalmente en la decisión
final al emitir el sufragio por el elector, infringiendo un definitivo daño a la
transparencia del acto eleccionario», lo cierto es que tal afirmación carece de otros
soportes probatorios que conlleven a obtener certeza en torno a la ocurrencia de

51 Índice 3 Samai, expediente digital, documento «107_MemorialWeb_Otro-
INFORMETECNICOPAUL.pdf».
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de

agosto de 2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00001-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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algún acto de violencia en contra del electorado del municipio de Manizales y, en
todo caso, como se anotó anteriormente, el yerro anunciado no encuadra dentro de
las categorías de la violencia psicológica delineadas por la jurisprudencia de esta
Sección.

102. Así las cosas, de la valoración del dictamen no es posible acceder a las
pretensiones del apelante, en tanto solicita con su recurso de alzada que se declare
la nulidad del acto demandado por la causal de violencia psicológica. En gracia de
discusión, es lo procedente advertir que el dictamen contiene conclusiones
generales cuyas afirmaciones carecen de soporte que contribuyan a determinar que
se modificó el resultado electoral del certamen para elegir los concejales de
Manizales del período 2024-2027.

103. Tampoco resulta posible otra decisión respecto de la causal de nulidad por
sabotaje, toda vez que, como se deriva del dicho del propio perito, «no es posible
pronunciarse por cuanto el significado del término “sabotaje” implica una acción
dolosa», aspecto último que, en principio, no es ajeno al criterio jurisprudencial
vigente de esta Corporación, en tanto dicha anomalía requiere de manera
subrepticias, engañosas o disimuladas que buscan destruir u obstruir el proceso
eleccionario53.

104. No obstante, desde una perspectiva distinta al punto de vista del perito, aclara
la Sala que dicho instrumento puede ser objeto de sabotaje y, por tal razón, habrá
que determinarse, en cada caso en particular, si la irregularidad tuvo incidencia en
las resultas del proceso electoral.

105. Aunado a lo anterior, se trae a colación el informe requerido a la RNEC54 y
decretado como prueba por el Tribunal Administrativo de Caldas, sobre el
cuadernillo guía del votante, el cual no fue objeto de alguna controversia frente a su
autenticidad, y en el que dicha autoridad electoral manifestó:55

1. Consideramos que la fotografía en la cartilla guía no tiene incidencia de fondo en
la elección a la corporación concejo, ya que la tarjeta electoral solo obliga el logo
símbolo del partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos y el número de
los candidatos. La guía es una ayuda que no todos los electores la consultan,
inclusive, los candidatos no están obligados a presentar (sic) cargar directamente en
la plataforma la fotografía.

2. La guía no fue consultada por la totalidad de los votantes en las mesas.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del de 29

de abril de 2021, expediente 11001-03-28-000-2018-00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
54 En el informe se solicitó resolver las siguientes preguntas: «1. Si la fotografía de la cartilla electoral

o cartilla guía tiene una incidencia de fondo en las elecciones de corporaciones públicas. // 2. Si la
cartilla electoral o cartilla guía fue consultada por la totalidad de los votantes en las mesas de votación
del municipio de Manizales. // 3. EI porcentaje de abstención en el municipio de Manizales para la
elección del concejo municipal. // 4. El porcentaje o grado de consulta de la cartilla electoral o cartilla
guía por parte de los votantes para el concejo de Manizales. // 5. Cuántos candidatos habían inscritos
en Manizales para el concejo municipal y cuántos de ellos aportaron fotografía para el cuadernillo
electoral o cuadernillo guía. // 6. Si el sistema electoral para corporaciones públicas debe predominar
la fotografía o el logo del partido y el número».
55 Índice 91 Samai del tribunal.

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3. El porcentaje de abstención fue de 37.4 % que corresponde a 128.314 personas.

4. No se tienen estadísticas sobre el porcentaje de consulta de la cartilla o guía
electoral, medición que no se considera relevante porque no incide en el resultado
electoral.

5. Para el concejo de Manizales, se inscribieron 269 candidatos y sólo 34 candidatos
cargaron la fotografía en la plataforma, ya que no era obligatorio.

6. Para las corporaciones públicas únicamente, es exigible el logo del partido,
movimiento político, o grupo significativo de ciudadanos y el número.

106. La presente prueba documental es factible agregar que no se encuentra un
vínculo de conexidad entre el error en la cartilla pedagógica y lo que finalmente
debió reflejarse como resultado de la elección, por cuanto, como se desprende del
dicho de la autoridad electoral la tarjeta donde se registra el voto, solo muestra el
logo del partido y el número del candidato, para elecciones de corporaciones
públicas, no la fotografía del candidato que contiene la cartilla.

107. En otras palabras, desde el alcance netamente pedagógico e informativo de la
guía o cuadernillo, en este caso particular, conviene anotar que dicho documento
carecía de la potencialidad de incidir en el resultado de las elecciones, en tanto en
la tarjeta electoral correspondiente no aparecieron las fotos de los candidatos al
concejo de Manizales, sino el logo del partido y el número del aspirante.

108. Esta última circunstancia, es decir, que en el tarjetón para dichas elecciones
no se reflejara las fotos sobre las cuales recayó el yerro del cuadernillo o guía
pedagógica, hace evidente que el documento electoral que tenía la capacidad de
incidir en el resultado final de la elección de los concejales de Manizales era la
tarjeta electoral.

109. Dicha incidencia se extraña en este caso particular, por cuanto, se reitera, que
las características particulares de la tarjeta electoral para elegir a los concejales de
Manizales, conforme la información que allegó al proceso la autoridad electoral,
impiden construir una relación de causalidad adecuada entre el yerro de la cartilla
pedagógica y el resultado de la elección.

110. De igual forma, conviene precisar que, al menos en este caso concreto, la
autoridad electoral informó que la guía al votante no fue una herramienta de consulta
masiva, por cuanto no fue solicitada por la totalidad de los votantes, aspecto que en
últimas no puede verificarse con mayor certeza, dado que la misma autoridad
electoral indicó no llevar estadísticas respecto de ese tópico.

111. En todo caso, la Sala no echa de menos lo advertido por el testigo, Jaime Elías
Fernández López, quien fue jurado en las elecciones del 29 de octubre de 2023 y
manifestó «que en la mesa donde fungió como jurado entre los 40 o 50 votantes
que se presentaron a su mesa solo 3 o 4 solicitaron el cuadernillo electoral».

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112. Al lado de las anteriores conclusiones, se tiene que, en la audiencia de pruebas
del 13 de agosto de 2024,56 se recibieron los testimonios de Oriana Marín
Roncancio, Mario Hernán Ramírez Botero, Jaime Elías Fernández López y Yennifer
Alejandra Salazar Morales.

113. Aunque el apelante consideró que el tribunal no valoró adecuadamente dichas
testimoniales, contrario al dicho del solicitante, la Sala encuentra que de las
manifestaciones de tales declarantes tampoco es posible estructurar las causales
de anulación invocadas, como en efecto lo consideró la primera instancia.

114. Al respecto, se anota que los testigos no expresaron que fueran objeto de
circunstancias irregulares que configuren algún tipo de violencia psicológica. En
contraposición, se tiene que la señora Oriana Marín Roncancio indicó que se
equivocó al sufragar como consecuencia del error en el cuadernillo.

115. Sin embargo, aclaró ser una persona «despistada», aspecto que deja en duda
su afirmación, toda vez que en caso de que no haya votado por el candidato de su
preferencia al Concejo de Manizales pudo ser por dos causas: i) el error en el
cuadernillo o ii) su condición emocional o psíquica que dirigió su propio descuido.

116. Así, al existir ese manto de duda sobre la declaración de dicha testigo, no es
posible determinar con certeza cuál fue la motivación que condujo a que ejerciera
su voto de manera errada, como lo refirió en su declaración:

Que es hermana de la esposa del hermano del actor; de igual forma indicó que no
conoce a ninguno de los candidatos electos al Concejo de Manizales; señaló que
conocía la candidatura del actor porque le presentaron sus propuestas, pero no asistió
a ninguna reunión política; que debido a que es muy distraída siempre que vota pide
el cuadernillo electoral para ubicar al candidato por el cual va a votar y así poder
marcar el tarjetón electoral, porque en una ocasión anterior necesito del cuadernillo
para poder ubicar al candidato por el cual iba a votar porque se le olvidó el número,
que en las elecciones del concejo no tenía claro el número del candidato Simón
Ramírez Alzate, por lo que solicitó el cuadernillo guía, porque en el tarjetón había dos
candidatos con el nombre de Simón Ramírez, y si bien pudo ubicar al candidato Simón
Ramírez Álzate prefirió pedir el cuadernillo para estar segura, Indicó que confió en el
cuadernillo y marcó el número en el cual estaba la fotografía de Simón Ramírez Álzate
pese a que en el tarjetón decía otro nombre; señaló que cuando salió de las
votaciones se dio cuenta que los otros miembros de su familiar si marcaron bien el
tarjetón, y solo ella se confundió y votó por el otro candidato. Al pasarle el cuadernillo
electoral la testigo ubicó al candidato por la fotografía; cuando se le interrogó acerca
de si conocía el número asignado al candidato Simón Ramírez Álzate en el tarjetón
electoral contestó que, si sabía, y que le habían repetido varias veces cuál número
debía marcar, pero que pese a ello confío en la información del cuadernillo guía;
aseveró que es una persona muy despistada por eso pese a tener la información del
número asignado al actor, candidato del partido conservador, y pese a que ubicó al
mismo en el tarjetón electoral por el nombre, se guio por la información contendida en
la cartilla electoral, pese a que se dio cuenta de que había una inconsistencia. [Sic a
toda la cita]

117. Por su parte, la señora Yennifer Alejandra Salazar Morales declaró que supo
de 4 personas más que supuestamente incurrieron en el mismo error al ejercer su

56 Índice 93 Samai del tribunal.

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derecho al voto; no obstante, aclaró que ella tenía claro por quién votar y no usó la
guía al votante.

118. Frente a dicho testigo debe indicarse que su referencia a las demás personas
que supuestamente incurrieron en error, se trata de un aspecto de oídas, el cual no
fue posible corroborarlo con otros medios probatorios. En todo caso, de su
declaración se infiere que el alegado error en el cuadernillo no influyó de alguna
manera en su decisión final del sufragio, lo cual encuentra razón en que no uso el
cuadernillo pedagógico. Así lo refirió:

Que conoce al actor porque son amigos, y porque ella es líder en varias comunidades,
y que realizó campaña a favor del actor dando a conocer sus propuestas y
explicándole a la gente como marcar en el tarjetón para que dieran su voto por Simón
Ramírez Alzate, siendo clara en indicar el número asignado en el tarjetón electoral y
el partido por el cual se había lanzado, fue clara en señalar que, al ejercer su derecho
al voto no solicitó el cuadernillo electoral puesto que tenía clara la información del
candidato, además de que pudo votar sin problema alguno; declaró que tuvo
conocimiento de la inconsistencia porque 4 de las personas de las que ella capacitó
sobre como votar le informaron que se confundieron porque solicitaron el cuadernillo
guía, fue enfática en señalar que a las personas siempre se les decía el número y el
partido, haciendo uso de la herramienta “vote así” donde se indica con claridad la
información del candidato, y en este se coloca la fotografía del candidato porque
muchas personas ubican a los candidatos por las fotografías porque no saben leer, y
esto también se hace para que la gente recuerde el número porque en el tarjetón
electoral solo va el número y el partido. Indicó que solo supo de 4 personas que se
confundieron de candidato porque se guiaron por el cuadernillo electoral. [Sic a toda
la cita]

119. Finalmente, el señor Mario Hernán Ramírez Botero, padre del demandante y
gerente de su campaña, declaró que durante esta se informó con claridad el número
asignado en el tarjetón para Ramírez Alzate, y que lo divulgaron a los copartidarios,
para que los electores tuvieran claro el número que debían marcar para darle su
voto al demandante, declaración a partir de la cual se desdibuja el reparo de la
influencia del referido error del cuadernillo y su uso masivo. Así lo puso de presente:

Que es padre del actor, Simón Ramírez Alzate, y que fue el gerente de campaña;
relató que la campaña electoral estuvo acompañada por familia y amigos y que tuvo
poco apoyo del partido conservador: sostuvo que días antes de la elección no tuvo
conocimiento del cuadernillo electoral, y que al momento de ejercer su voto no lo
solicitó porque nunca lo hace, aseverando que siempre que va a votar tiene
identificado claramente el candidato por el cual va a votar, además que no sabía que
existía; indicó que durante la campaña se informó con claridad el número asignado
en el tarjetón para Ramírez Alzate, y que se divulgaron a los copartidarios guías
pedagógicas como el “vote así” para que los electores tuvieran claro el número que
debían marcar para darle su voto al candidato Simón Ramírez Alzate; relató que tuvo
conocimiento de la anomalía del cuadernillo porque varias personas le informaron
acerca de la misma, por lo que se dirigieron a la registraduría con el fin de solicitar el
cuadernillo electoral, pudiendo constatar que la fotografía del candidato había sido
ubicada en un número distinto al asignado en el tarjetón electoral, al interrogarlo sobre
si le indicaron a los electores que pidieran el cuadernillo electoral aseveró que, esto
nunca se hizo, que lo que se daba a conocer era el número asignado al candidato en
el tarjetón electoral y se indicaba como se debía marcar en el tarjetón electora, señaló
que solo hasta las votaciones del 29 de octubre de 2023 tuvo conocimiento de la
existencia del cuadernillo electoral, por lo que no sabe a ciencia cierta cuantos votos
se pudieron perder por la inconsistencia presentada en el mismo, pero calcula que
por ahí un 20 % de ellos. [Sic a toda la cita]

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120. Además, porque, conforme con el E-26 CON del 4 de noviembre de 2023
aportado al proceso57, el demandante obtuvo 1.509 votos y la cuarta curul que ganó
el partido Conservador fue para el señor Jorge Eliecer Galeano Hernández con
1.881 sufragios.

121. Así, si hipotéticamente se tuviera en cuenta el voto que la testigo Roncancio
Marín dijo haber depositado mal por cuenta del error en el cuadernillo pedagógico,
lo cierto es que la diferencia considerable entre estos dos resultados hace aún más
irrelevante algún estudio sobre la incidencia.

122. Un aspecto final a indicar al apelante tiene que ver con que las conclusiones
obtenidas en torno a la no configuración de los cargos endilgados a la elección
demandada, impiden estudiar la solicitud de reformulación jurisprudencial del
análisis de incidencia de la causal de violencia del artículo 275.1 del CPACA.

123. Por lo tanto, como se explicó que el error en la guía o cuadernillo pedagógico
no es constitutivo del tipo de violencia alegada ni de sabotaje, se advierte que su
petición queda sin sustento y, desde tal punto de vista, no es posible analizar la
variación jurisprudencial de la incidencia establecida por el legislador en el artículo
288.1 del mismo código, que dispone:

Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes
consecuencias:

1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el
numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en
el puesto o puestos de votación afectados.

Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por
ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se
ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.

124. Además, cabría anotar que en dicha disposición el legislador, en el marco de
su libertad de configuración normativa,58 reconocida por la misma Constitución (art.
150.2), definió en qué caso se debe repetir toda la elección cuando se invoca la
violencia como causal de anulación y, por tal razón, se trata de un presupuesto
normativo que al encontrarse vigente resulta de aplicación obligatoria en esta
jurisdicción, en el preciso sentido y alcance que le fijó el Congreso de la República.

125. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, por cuanto no se demostró la violencia psicológica
o el sabotaje alegados, de manera que los derechos de los elegidos se mantendrán
incólumes, conforme la prerrogativa constitucional de acceso al cargo público y los
principios de la eficacia del voto y pro electoratum.

57 Índice 3 Samai, expediente digital, documento: «020_MemorialWeb_Prueba(.pdf) NroActua 10».
58 Sobre el tema se puede consultar del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, auto de sala del 1.° de agosto de 2024, expediente 11001-03-24-000-2024-00013-
00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Corte Constitucional, sentencia C-490 del 23 de junio de 2011,
expediente PE-031, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 16 de septiembre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda,
conforme con las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara el voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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