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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00050-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00050-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la declaratoria de nulidad promovida por ASONAL JUDICIAL en contra del Acuerdo CIRJA21-11 del 9 de agosto de 2021, por medio del cual se declaró la elección del señor Luis Fernando Otálvaro Calle como representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023. SEGUNDO. En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2021-00050-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de mayo de 2022

1
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00050-00
Demandante: ASONAL JUDICIAL
Demandado: LUIS FERNANDO OTÁLVARO
CALLE, representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00050-00
Demandante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL – ASONAL JUDICIAL
Demandado: LUIS FERNANDO OTÁLVARO CALLE, como representante de
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023

Tema: Sabotaje electoral, expedición irregular del acto electoral.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la demanda de nulidad electoral presentada por ASONAL
JUDICIAL contra el Acuerdo CIRJA21-11 del 9 de agosto de 2021, por medio del
cual se declaró la elección del señor Luis Fernando Otálvaro Calle como
representante de los funcionarios y empleados de la Rama ante la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

1. ASONAL JUDICIAL, por conducto de apoderado judicial, presenta demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral (artículo 139 de la Ley 1437
de 2011)1, a fin de obtener la anulación del acto de elección del señor Luis Fernando
Otálvaro Calle, como representante de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023,
contenido en el Acuerdo CIRJA21-11 del 9 de agosto de 2021 de esa Comisión, con
fundamento en la presunta configuración de la causal prevista en el artículo 275,
ordinal 2 del CPACA, y en una supuesta irregularidad en la expedición del acto
demandado (artículo 137 ibídem), por el desconocimiento de las disposiciones
contenidas en los artículos 29 y 31 del Acuerdo CIRJA21-08 del 10 de junio de 2021.

1 Índice SAMAI No. 3.

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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00050-00
Demandante: ASONAL JUDICIAL
Demandado: LUIS FERNANDO OTÁLVARO
CALLE, representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023

1.1. Hechos

2. El 10 de junio de 2021, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
adoptó el Acuerdo CIRJA21-082, mediante el cual estableció los parámetros del
procedimiento de elección del representante de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial ante ese organismo (artículos 29 y 31), por medio del uso de canales
digitales:

(i). Divulgación anticipada de la herramienta tecnológica empleada para la
realización de votaciones virtuales.

(ii). Designación de los jurados de votación 8 días antes a la jornada de elección.

(iii). Presentación y publicación de un censo electoral de los servidores judiciales
activos en nómina un mes antes al día de las elecciones.

(iv). Utilización del correo electrónico institucional como instrumento mediante el
cual se ejercería el derecho al voto en el contexto de certámenes virtuales.

(v). Verificación por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de
los resultados de la votación electrónica.

3. El 11 de junio de 2021, la Comisión convocó a la elección del representante
de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, fijando como fecha de elección
el 6 de agosto de 2021, a través de la plataforma virtual “SIVOTO”.

4. Mediante Acuerdo CIRJA21-11 del 9 de agosto de 2021, dicho organismo
declaró la elección del señor Luis Fernando Otálvaro Calle, entre 11 candidatos.

5. Los resultados de la votación fueron cuestionados infructuosamente por los
señores Fredy Antonio Machado López y Rubén David Suárez, por irregularidades
en el procedimiento virtual empleado, que produjeron una baja participación
electoral.

1.2. Concepto de violación

6. El actor considera que el acto de elección se encuentra viciado de nulidad
por la causal de sabotaje (art. 275.2 del CPACA), ya que el sistema “SIVOTO”
impidió el sufragio a muchos electores de la Rama Judicial en todo el país, y en
especial de la Fiscalía General de la Nación, que presentó fallas masivas en el
correo electrónico institucional de sus servidores, necesario para votar, que
reflejaron una baja participación (7%) respecto de la elección anterior (34%),
producto, además, de la falta de organización del proceso y de soluciones
inmediatas a tales impases.

2 Reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00050-00
Demandante: ASONAL JUDICIAL
Demandado: LUIS FERNANDO OTÁLVARO
CALLE, representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, periodo 2021-2023

7. Así mismo, estima que se incurrió en el yerro de expedición irregular (art. 137
CPACA), a raíz del presunto desconocimiento de los parámetros establecidos en
los artículos 29 y 31 del Acuerdo CIRJA-21-08 de 10 de junio de 20213, previamente
reseñados, en tanto: (i) no hubo oportuna designación y publicación de jurados de
votación, (ii) ni del censo electoral, (iii) se permitió la votación de servidores
mediante sus correos personales, (iv) faltó divulgación y pedagogía de la plataforma
“SIVOTO” y (v) el acta de escrutinio no fue suscrita por los miembros de la comisión
escrutadora.

8. A la demanda se acompañó solicitud de suspensión provisional del acto
demandado.

2. Trámite procesal

9. La demanda se presentó el 7 de septiembre de 20214, y se inadmitió
mediante auto de 10 de septiembre de 20215. El 16 de septiembre de 2021, la parte
demandante presentó escrito de subsanación6 y por medio de auto del 21 de octubre
de 2021 se admitió la demanda, se ordenó realizar las correspondientes
notificaciones y se denegó la solicitud de suspensión provisional7.

10. La parte demandada contestó la demanda8 oponiéndose a las pretensiones,
respondiendo a los hechos y formulando como excepciones de mérito las de i)
principio de eficacia del voto; ii) desarrollo adecuado de la elección de jurados y
testigos electorales, así como del censo electoral; iii) normal desarrollo de la jornada
electoral e informe de auditoría; iv) inexistencia de expedición irregular del acto; v)
inexistencia de sabotaje electoral; vi) publicidad adecuada de los actos del proceso
electoral; vii) y la excepción innominada.

11. Por su parte, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial presentó
escrito de contestación a la demanda9, por medio del cual se opuso a las
pretensiones, con fundamento en las excepciones de mérito de i) inexistencia de
sabotaje electoral, por cuanto no hubo modificación, alteración o destrucción de los
datos contenidos en el sistema SIVOTO, ni intromisión de agentes internos o
externos que vulneraran la seguridad de dicho sistema; ii) inexistencia de expedición
irregular del acto demandado, por cuanto el proceso electoral se desarrolló de
acuerdo con la normatividad del Acuerdo CIRJA21-08 de 2021; y iii) cualquier otra
que se encuentre probada dentro del proceso (excepción innominada).

3 Reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
4 Índice SAMAI No. 1.
5 Índice SAMAI No. 5.
6 Índice SAMAI No. 11.
7 Índice SAMAI No. 22.
8 Índice SAMAI No. 33.
9 Índice SAMAI No. 31.

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Demandado: LUIS FERNANDO OTÁLVARO
CALLE, representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
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12. La Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda10 negando la
existencia de un sabotaje electoral en los términos del artículo 275, ordinal 2, del
CPACA, por cuanto, en su criterio, las falencias denunciadas por la parte
demandante carecieron de una entidad suficiente para alterar el resultado del
proceso electoral.

13. Mediante auto del 15 de febrero de 202211 se fijó como fecha para el
desarrollo de la audiencia inicial el 25 de febrero de 2022. En la fecha dispuesta,
tuvo lugar la audiencia inicial señalada en el artículo 283 del CPACA 12, la cual se
llevó a cabo de manera virtual por solicitud de la parte demandada13.

14. En desarrollo de dicha diligencia, además de sanearse el proceso, se fijó el
litigio a partir de los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿Durante el desarrollo de la jornada de elección que concluyó con la
expedición del acto demandado, se configuró un sabotaje electoral, en
los términos del artículo 275, numeral 2, del CPACA, como
consecuencia de la existencia de fallas técnicas en las plataformas
tecnológicas utilizadas para el desarrollo del proceso?
(ii) ¿Se configuró una irregularidad durante el procedimiento
administrativo de elección (art. 137 CPACA, en concordancia con los
artículos 29 y 31 del Acuerdo CIRJA-21-08 de 10 de junio de 2021),
derivada de a) la falta de publicidad sobre la identidad de los jurados
de votación y b) sobre el censo de electores habilitados a participar; c)
la participación de funcionarios por medio de correos no
institucionales; d) la falta de pedagogía sobre el funcionamiento de la
plataforma SIVOTO; y e) la falta de suscripción del acta de escrutinio
por parte de los miembros de la comisión escrutadora?

15. De igual forma, en el marco de la misma diligencia, se decretaron como
pruebas: i) las documentales aportadas y solicitadas por la parte demandante, las
documentales aportadas por el demandado, la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, se denegaron las pruebas
testimoniales solicitadas por la parte accionante y el demandado y se decretó como
prueba de oficio un informe (artículo 275 del CGP) con el fin de que se remitiera al
proceso la siguiente información:

I) El número total de sufragantes que participaron de la elección efectuada
el 6 de agosto de 2021.

10 Índice SAMAI No. 32.
11 Índice SAMAI No. 43.
12 Índice SAMAI No. 56.
13 Índice SAMAI No. 47. Mediante Auto del 23 de febrero de 2022, se accedió a la solicitud de realizar

virtualmente la diligencia. Índice SAMAI No. 49.

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II) El número total de potenciales electores que intentaron ejercer su derecho
al voto y se vieron afectados por fallas técnicas durante el transcurso de
la jornada electoral.

III) El número de potenciales electoral que, habiendo sido afectados por tales
fallas, pudieron finalmente ejercer su derecho al voto.

IV) La participación de sufragantes que pudieron ejercer su derecho al voto
mediante el uso de cuentas de correo no registradas institucionalmente.

16. Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiese el correspondiente concepto14.

3. Alegatos de conclusión

17. La parte accionante, además de reiterar lo señalado en su escrito de
demanda, indicó, entre otras cosas, que: i) 166 posibles electores se vieron
afectados por las fallas técnicas presentadas durante la jornada electoral y 800
personas pudieron participar mediante el uso de su correo personal, aspectos que
tienen el potencial de afectar la elección toda vez que la diferencia entre el candidato
elegido y el segundo fue de 646 votos; ii) la baja participación (7% del censo de
posibles electores) obedeció a los problemas presentados por la plataforma
SIVOTO a lo cual se suma que 123 de las 166 quejas reportadas fueron atendidas
por correo electrónico y las restantes por teléfono, sin que sea posible establecer
cuántas dejaron de atenderse, dado que no existía un mecanismo tipo call center
para el efecto, así como que no se tiene claridad sobre el momento en que se
resolvieron las 166 quejas y sobre si las personas afectadas pudieron participar
finalmente; y iii) no es claro el motivo por el cual, si sólo se presentaron 166 quejas,
800 personas más votaron utilizando sus correos personales15.

18. La Fiscalía General de la Nación señaló en sus alegatos de conclusión16 que:
i) las falencias que tuvieron lugar el día 6 de agosto de 2021 – y que fueron
superadas a las 11:55 a.m. – no impidieron de manera generalizada el ejercicio del
derecho al voto por parte de los funcionarios de la entidad, así como que el resto de
la jornada electoral transcurrió sin incidencias que impidieran su normal desarrollo;
ii) que las fallas no obedecieron a un sabotaje, pues no fueron causadas por una
conducta dirigida a obstruir o dañar el proceso electoral; iii) que éstas no tuvieron la
incidencia necesaria para derivar en la nulidad pretendida; y iv) que el porcentaje
de participación de elecciones anteriores no es un parámetro para establecer la
existencia de un sabotaje, pues la abstención pudo deberse a otros factores.

14 Índice SAMAI No. 65.
15 Índice SAMAI No. 70.
16 Índice SAMAI No. 71.

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19. El demandado alegó de conclusión17 indicando que i) el acto fue expedido de
conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo CIRJA 08-21; ii) que
los actos de trámite previos a la declaratoria de elección no fueron controvertidos
por la parte demandante; iii) que del material probatorio obtenido en el proceso no
puede extraerse la configuración de la causal de nulidad del artículo 275, ordinal 2,
del CPACA, así como que las falencias presentadas afectaron también al candidato
ganador; iv) que tales fallas afectaron únicamente a algunos funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación, fueron solucionadas prontamente, no obedecieron a
un sabotaje y no impidieron el ejercicio del derecho al voto de los potenciales
electores.

20. Finalmente, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial18, en su escrito
de alegatos de conclusión, afirmó que: i) no se probó de ninguna forma que el
proceso haya sufrido alteraciones o cambios provocados y dirigidos a afectar la
elección, ni que tales circunstancias hubiesen modificado el resultado que se
hubiese obtenido sin ellas; ii) que las solicitudes de apoyo técnico para participar en
el proceso no corresponden a quejas sobre el proceso y sobre la herramienta
tecnológica utilizada para su desarrollo, así como que tales solicitudes trataban
sobre problemas con las credenciales de acceso que fueron resueltos en debida
forma; iii) la baja participación respecto de elecciones anteriores no corresponde a
un sabotaje, sino a la existencia de condiciones diferentes para el desarrollo del
proceso bajo examen; iv) en el proceso se acreditó que sí existió divulgación y
publicidad suficiente acerca del proceso de elección; v) el censo electoral se elaboró
en debida forma y el Reglamento de la Comisión no exigía la publicación del mismo;
vi) la no designación de jurados obedeció al desarrollo del proceso de manera
virtual, por lo que las funciones para las cuales se designan tales jurados serían
cumplidas por la herramienta informática utilizada para el efecto y la votación
electrónica fue objeto de verificación al cierre de la jornada, con la participación de
testigos electorales; vii) el Reglamento en mención exige que en votaciones
desarrolladas virtualmente se utilicen correos registrados institucionalmente y no
necesariamente correos institucionales; viii) en aplicación del principio de eficacia
del voto, aun cuando se hubiesen presentado irregularidades de tipo formal, no se
acreditó que ninguna de ellas llevase a que otro candidato diferente del elegido,
tuviese un mejor derecho para ocupar el cargo objeto de la elección.

4. Concepto del Ministerio Público

21. El agente designado por el Ministerio Público presentó concepto19 en el cual
solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, por
considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

17 Índice SAMAI No. 72.
18 Índice SAMAI No. 73.
19 Índice SAMAI No. 74.

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i) Que, en relación con las falencias presentadas, se acreditó que la
herramienta tecnológica utilizada para el desarrollo del proceso no
presentó fallas, sino que las mismas se limitaron al servicio de correo
electrónico de la Fiscalía General de la Nación y se resolvieron a las 11:55
a.m. del 6 de agosto de 2021;
ii) Que no se acreditó la cantidad de personas que no pudo sufragar y, por
lo tanto, no se probó el grado de incidencia que la falla pudo tener sobre
el resultado;
iii) Que la disminución en el número de votantes no puede atribuirse a un
sabotaje del proceso electoral, pues no hay prueba de ello y el fenómeno
puede obedecer a múltiples factores, entre ellos, la pandemia del Covid-
19;
iv) Que, si bien el Reglamento de la Comisión exigía la designación de
jurados de votación, con independencia de que el proceso se realizara
presencial o virtualmente, dicha irregularidad formal no cuenta con la
entidad suficiente para generar un efecto sobre el resultado electoral;
v) Que sí se realizó en debida forma el censo electoral y no era necesaria
su publicación;
vi) Que existió una divulgación adecuada y suficiente de la herramienta
tecnológica SIVOTO;
vii) Que el acta de cierre de la jornada electoral da cuenta de la obtención
automática de los resultados de la votación, por medio de la plataforma
SIVOTO, [s]iendo el acta final de cierre con el anexo de escrutinio final,
los documentos que acreditaban los resultados y le daban legitimidad al
proceso; y
viii) Que el Reglamento de la Comisión exige que la votación se adelante
mediante la utilización de correos registrados institucionalmente y en el
proceso se acreditó que las direcciones personales de correo utilizadas
por quienes no accedieron a su correo institucional se encontraban
registradas en las bases de datos de las entidades para las que laboran
los servidores que votaron de tal manera.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

22. La Sala es competente para resolver el presente asunto, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 125.220 y 149.14 del CPACA21 (en su versión previa a la
modificación incorporada con el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, conforme a lo

20 Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias (…)
21 Competencia del Consejo de Estado en única instancia: (…) De todos los demás de carácter

Contencioso Administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia (…).

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establecido en el artículo 86 ibídem22) y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado23.

2. Problemas jurídicos

23. De conformidad con la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial del
25 de febrero de 2022, la Sala se pronunciará sobre la pretensión de nulidad
electoral expuesta en la demanda, mediante la solución de los siguientes problemas
jurídicos:

i) ¿Durante el desarrollo de la jornada de elección que concluyó con la
expedición del acto demandado, se configuró un sabotaje electoral, en los
términos del artículo 275, numeral 2, del CPACA, como consecuencia de
la existencia de fallas técnicas en las plataformas tecnológicas utilizadas
para el desarrollo del proceso?

ii) ¿Se configuró una irregularidad durante el procedimiento administrativo de
elección (art. 137 CPACA, en concordancia con los artículos 29 y 31 del
Acuerdo CIRJA-21-08 de 10 de junio de 2021), derivada de a) la falta de
publicidad sobre la identidad de los jurados de votación y b) sobre el censo
de electores habilitados a participar; c) la participación de funcionarios por
medio de correos no institucionales; d) la falta de pedagogía sobre el
funcionamiento de la plataforma SIVOTO; y e) la falta de suscripción del
acta de escrutinio por parte de los miembros de la comisión escrutadora?

24. Para el efecto, la Sala: i) expondrá algunas consideraciones relativas a la
causal del artículo 275, ordinal 2, del CPACA y a las diferencias entre los conceptos
de violencia y sabotaje, contenidos en ella; ii) se referirá a la jurisprudencia de la
Corporación respecto de la existencia de vicios en el procedimiento de formación
del acto electoral (artículo 137 CPACA); y iii) se pronunciará sobre el caso concreto.

3. La causal del artículo 275, ordinal 2, del CPACA – violencia y sabotaje
contra los sistemas utilizados para el desarrollo de la elección

25. De conformidad con lo dispuesto en la referida disposición, será nulo aquel
acto electoral cuyo proceso de formación haya sido afectado por i) la destrucción de
los documentos, elementos o el material electoral; ii) el empleo de violencia respecto
de estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación
de los resultados de las elecciones; o iii) maniobras de sabotaje en contra de los
mismos elementos y sistemas.

22 La demanda fue presentada antes del 25 de enero de 2022.
23 Que señala que los asuntos electorales serán de competencia de la Sección Quinta de la Sala de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

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26. En relación con los conceptos de violencia y sabotaje, la jurisprudencia de
esta Corporación ha encontrado que el factor diferencial entre ambos radica en si
las conductas tendientes a la afectación del proceso electoral son ejercidas o no
mediando el elemento de la fuerza. Al respecto, se ha indicado lo siguiente:

… los términos de violencia y sabotaje tienen una diferenciación en la forma
como se materializan y, principalmente, en lo que concierne a la presencia o
no del elemento de la fuerza, siendo el sabotaje el daño, deterioro,
obstrucción u oposición que, de manera sutil, engañosa o disimulada se
hace sobre las cosas con el objetivo de materializarse en alteraciones
del proceso electoral, que no involucran el uso de la fuerza sino que
obedecen a maniobras subrepticias que buscan destruir u obstruir el proceso
eleccionario, como por ejemplo, arrojar sustancias sobre los tarjetones de
votación para que se impida ver su contenido, atacar o manipular el aplicativo
o software donde se consignan los resultados de los escrutinios, con
programas maliciosos que se introduzcan en los computadores donde se
procesa dicha información y la violencia, aquella acción que implica el uso
de la fuerza física o psicológica que emplea un tercero ajeno al proceso
electoral sobre los instrumentos que hacen parte de él que puede darse
ya sea contra las personas o contra las cosas24.

27. En efecto, para la configuración de los eventos de violencia o sabotaje debe
existir una conducta dirigida a alterar, dañar u obstruir el correcto funcionamiento de
los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados
de las elecciones, por lo que los hechos fortuitos o conductas culposas que tengan
como resultado tales afectaciones, no resultan suficientes para configurar un evento
de violencia o sabotaje electoral en los términos del artículo 275.2 del CPACA.

28. Por otra parte, la Sala también ha indicado que no basta con la simple
ocurrencia del hecho de violencia o sabotaje aunado a la intención positiva de
afectar el proceso electoral por parte de quienes despliegan tales comportamientos,
toda vez que la configuración de la causal en mención exige “la acreditación de un
elemento físico y de un elemento consecuencial”25, los cuales, respectivamente, se
refieren a “…la ocurrencia del hecho y (…) la afectación de la situación concreta,
como sería el resultado de la elección”26.

29. En otras palabras, la verificación de un evento de sabotaje o violencia contra
los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados
de las elecciones que pueda tener como efecto la anulación de un acto electoral,
está sujeta a: i) la existencia de conductas violentas o de sabotaje voluntariamente

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de febrero

8 de 2018, expediente 11001-03-28-000-2014-00177-00. Postura reiterada en Sentencia del 23 de
septiembre de 2021. Rad. 13001-23-31-000-2020-00043-01.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 23 de

septiembre de 2021, rad. 13001-23-31-000-2020-00043-01.
26 Ibídem.

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dirigidas a afectar tales sistemas; y ii) la existencia de un resultado causalmente
vinculado a tales conductas, que tenga como efecto la alteración o afectación del
resultado de la elección.

30. Este último aspecto, aun cuando no se desprende del texto literal de la causal
de nulidad en mención, guarda estrecha relación con lo señalado en el artículo 287
del CPACA, norma que habilita al juez de lo electoral a declarar la nulidad de un
acto de elección únicamente cuando [se] establezca que las irregularidades en la
votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos
escrutinios serían otros los elegidos. Lo así dispuesto por el legislador, corresponde
a una de las manifestaciones más relevantes del principio de eficacia del voto,
principio que también encuentra soporte en lo señalado en el artículo 1, ordinal 3,
del Código Electoral27, frente al ejercicio de la función jurisdiccional en materia
electoral, que asegura el respeto sustancial de las garantías fundamentales de
quienes ejercen el derecho al sufragio en sus modalidades activa y pasiva.

31. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en
múltiples oportunidades para indicar que el hallazgo de irregularidades ocurridas en
el marco de un proceso de elección no conlleva de forma automática la declaratoria
de nulidad del acto demandado, puesto que para tal efecto es menester demostrar
además su incidencia trascendental y directa en el resultado final, a las voces del
artículo 287 del CPACA, según los lineamientos que esta Sección ha edificado y
viene iterando sobre el principio de la eficacia del voto como la «piedra angular» del
contencioso-electoral, el cual se considera como el punto de inflexión de la
presunción de legalidad de los actos de designación en general. Así entonces, ha
entendido la Sala que tal decisión anulatoria debe ser entendida como la última
medida de la que dispone el juez electoral para restablecer el ordenamiento jurídico
y es por ello que la regla general es la prevalencia de la presunción de legalidad del
acto correspondiente, como garantía de la voluntad de los electores y los derechos
del elegido28.

4. Las irregularidades en el proceso de formación del acto electoral –
artículo 137 del CPACA

32. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 275 del CPACA, además de las
causales de nulidad específicamente señaladas en sus distintos ordinales, la
declaratoria de nulidad de los actos electorales procede también cuando se verifique
la existencia de alguno de los eventos previstos en el artículo 137 de este Código,
norma que establece que los actos administrativos serán nulos cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin

27 Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones,

se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27 de

octubre de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2019-00048-00. En el mismo sentido, véanse las sentencias
del 6 de junio de 2019 (rad. 11001-03-28-000-2018-00060) y del 22 de octubre de 2015 (rad. 11001-
03-28-000-2014-00048-00).

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competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
de quien los profirió.

33. El vicio de expedición irregular del acto administrativo, conforme se ha
señalado por esta Corporación, se produce cuando existe una vulneración del
derecho al debido proceso en su formación29, por lo que se configura cuando se
desconocen las reglas establecidas para la formación del acto administrativo, ya
porque no se cumple con alguna formalidad en el trámite previo, ora porque se
desconoce la forma en la que, según la ley, debe dictarse30.

34. Ahora bien, dado que la aplicabilidad de las causales de nulidad
contempladas en el artículo 137 del CPACA deriva de la remisión expresa contenida
en el artículo 275 ibídem, su prosperidad en relación con los actos electorales y de
contenido electoral también se encuentra supeditada a la verificación de la
incidencia de las irregularidades que las configuran respecto del resultado de la
elección correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del
mismo Código.

35. Así, una vez probada la existencia de una irregularidad en la formación del
acto electoral demandado, se debe verificar su incidencia en el resultado final, de
modo tal que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos, tal como
lo señala el artículo 287 del CPACA31.

5. Caso concreto

36. La Sala procede a pronunciarse sobre los vicios alegados en la demanda
como fundamento de la pretensión de nulidad del Acuerdo CIRJA21-11 del 9 de
agosto de 2021, expedido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, por
medio del cual se declaró la elección del señor Luis Fernando Otálvaro Calle como
representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante la referida
Comisión, para el periodo 2021-2023.

5.1. Sabotaje electoral

37. Las afirmaciones expuestas por la parte demandante en relación con la
presunta ocurrencia de un evento de sabotaje electoral respecto de la elección
realizada el 6 de agosto de 2021, las cuales se refieren, primordialmente, a la
existencia de fallas tecnológicas que habrían impedido a los potenciales electores
participar de la votación para escoger a quien representaría a los funcionarios y

29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 8 de

febrero de 2018. Rad No. 11001-03-28-00-2014-00117-00.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 18 de

febrero de 2010. Rad. 50001-23-31-000-2007-01129-01.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, sentencia del 29 de

julio de 2021, Rads. 17001-23-33-000-2020-00014-03 y 17001-23-33-000-2019-00595-00.

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empleados de la Rama Judicial ante la referida Comisión Interinstitucional, no están
llamadas a prosperar como se explica a continuación:

38. No se acreditaron maniobras subrepticias que tuvieran por objeto
destruir u obstruir el proceso eleccionario y de las cuales se derive la
afectación alegada de los sistemas de información utilizados para el
desarrollo del proceso electoral, toda vez que los hechos alegados
corresponden a fallas que no se atribuyen al comportamiento de persona
alguna.

39. En efecto, del propio relato de la parte accionante y de las pruebas aportadas
al proceso32, se desprende que las falencias referidas derivaron de eventos fortuitos
que generaron dificultades en el acceso a los correos utilizados por los funcionarios
de la Fiscalía General de la Nación para participar en la votación cuestionada, por
lo que no se cumple el primero de los elementos contemplados por la causal
alegada y desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación.

40. Adicionalmente, de acuerdo con lo probado en el presente proceso:

a. El sistema SIVOTO funcionó sin reportar fallas de orden técnico
durante la jornada electoral comprendida entre las 8:00 a.m. y las 4:00
p.m. del 6 de agosto de 202133. En efecto, la única falla reportada
correspondió al funcionamiento de los correos electrónicos de algunos
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que operan mediante
la plataforma Exchange, lo que les impidió temporalmente recibir la
clave de acceso al sistema SIVOTO, en el que ejercerían su derecho
al sufragio34.

32 Por ejemplo, en el informe rendido por los señores Oswaldo José Bejarano Bejarano, Jefe de

Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes, y Luis Fernando Lozano Mier, Subdirector de
Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se indica que [l]a afectación al servicio de correo
Exchange, se debió al apagado súbito de los equipos servidores del Datacenter de Medellín, que
opera como un centro de respaldo para garantizar la continuidad de los servicios informáticos frente
a eventos que generen afectaciones a los servicios que se presentan en el Datacenter de Bogotá.
Índices SAMAI Nos. 31 y 32.
33 En oficio fechado el 2 de marzo de 2022, suscrito por el ingeniero Héctor Armando Baquero

Barrera, funcionario del Consejo Superior de la Judicatura, se indicó que El sistema nunca presento
fallas técnicas durante el transcurso de la jornada electoral y por tal motivo no existieron afectaciones
por esta causa (Índices SAMAI Nos. 61 y 62).
34 Así se determinó igualmente en el auto que denegó la medida cautelar, en el cual se indicó que

se puede advertir que el sistema SIVOTO funcionó correctamente durante toda la jornada de
votación, comprendida entre las:8:00 a.m. y las 4:00 p.m. del 6 de agosto de 2021 –horario
establecido en la respectiva convocatoria–. Empero, no puede decirse lo mismo del correo
institucional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, que se vio afectado por una falla
técnica en el Datacenter que lo soporta, lo cual, sin duda, se constituyó en un impedimento temporal
para obtener las claves de acceso que necesitaba cada elector para ingresar al aplicativo de votación
antes mencionado. Auto del 21 de octubre de 2021.

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b. La falla informática que afectó el acceso a los correos institucionales
de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación35 se presentó
entre las 3:51 a.m. y las 11:55 a.m., con lo cual los electores
posiblemente afectados pudieron participar durante el periodo
restante de la jornada electoral36.

c. Durante dicha jornada, 166 electores habilitados para participar
reportaron incidencias, en su mayoría relacionadas con las
credenciales de acceso a sus correos electrónicos, las cuales fueron
resueltas en su totalidad37. Si bien la parte demandante señala que
algunas solicitudes de apoyo técnico realizadas telefónicamente
podrían no haber contado con el soporte necesario, lo cierto es que,
en todo caso, los potenciales electores contaban con un correo
electrónico al cual podían remitir tales peticiones y no existe prueba
de si realmente existieron y en qué proporción se habrían omitido las
referidas solicitudes presuntamente desatendidas.

d. Aun cuando está acreditado que en 2016 participaron de la misma
elección un total de 21.884 electores38 y en 2019 lo hicieron 17.946
votantes39, mientras que en el proceso electoral bajo examen
sufragaron 4.465 personas40, no se aportó al expediente ningún
elemento probatorio, más allá de las afirmaciones e inferencias de la
parte demandante, que permita atribuir la menor participación de los
potenciales votantes en la elección en comento, a las fallas
denunciadas en el escrito introductorio.

e. Por otra parte, la elección referida no cuenta con un umbral mínimo de
participación que afecte la validez del resultado que llevó a la
expedición del acto demandado, ni se acreditó que las fallas antes
mencionadas hayan impedido el ejercicio del derecho al voto a un

35 Evento que consistió, según lo manifestado en el informe rendido por el área encargada de la

Fiscalía General de la Nación, en [l]a afectación al servicio de correo Exchange, que se produjo como
consecuencia del apagado súbito de los equipos servidores del Datacenter de Medellín, que opera
como un centro de respaldo para garantizar la continuidad de los servicios informáticos frente a
eventos que generen afectaciones a los servicios que se presentan en el Datacenter de Bogotá.
36 Documento titulado Auditoria a la afectación del Correo Electrónico de la Plataforma Exchange,

ocurrido el 6 de agosto del presente año Índices SAMAI Nos. 31 y 32.
37 Oficio No. DEAJGPETO22-46 del 2 de marzo de 2022, suscrito por Carlos Andrés Gómez Gómez,

coordinador del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología del Consejo Superior de la Judicatura.
Índice SAMAI No. 60.
38 Acuerdo 004 del 9 de mayo de 2017 por el cual se declara la elección del Representante de los

Funcionarios y Empleados ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. La votación se
efectuó el 2 de diciembre de 2016. Índice SAMAI No. 60.
39 Acuerdo CIRJA19-6 del 10 de junio de 2019 por el cual se declara la elección del Representante

de los Funcionarios y Empleados ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Índice
SAMAI No. 60.
40 Oficio del 2 de marzo de 2022, suscrito por el ingeniero Armando Baquero Barrera, funcionario del

Consejo Superior de la Judicatura. Índice SAMAI No. 62.

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número de personas cuya participación hubiese podido llevar a la
elección de un candidato diferente al aquí accionado41.Al respecto,
cabe indicar que, de las pruebas allegadas con la demanda, sólo
puede advertirse la afectación concreta de 14 personas42, mientras
que la diferencia entre la votación obtenida por el señor Luis Fernando
Otálvaro Calle y el señor Fredy Antonio Machado López (segundo
candidato con mayor votación) es de 646 votos43.

f. Conforme lo probado en el proceso, las personas que habrían
participado del proceso electoral mediante el uso de sus correos
personales, no lo hicieron como consecuencia de las fallas reportadas
en los sistemas de información utilizados para el desarrollo de la
votación, sino porque, para la conformación del censo electoral, tales
direcciones electrónicas fueron suministrad[a]s en un archivo
procedente de Recursos Humanos de la Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses44. En relación con dicho aspecto, la Sala se pronunciará con
mayor detalle al estudiar la posible configuración de una irregularidad
en el proceso de expedición del acto demandado, como consecuencia
del uso de correos de dominio no institucional para la participación de
los potenciales electores.

41. De igual forma, cabe indicar que al no atribuirse las fallas tecnológicas
señaladas a la conducta de una o más personas, tampoco es posible tener por
acreditado el ingrediente subjetivo del primer elemento a verificar para la
configuración de la causal del artículo 275, ordinal 2, del CPACA, es decir, no puede
apreciarse la existencia de una conducta dirigida a afectar el desarrollo del proceso
electoral.

41 Conclusión a la que también se arribó en el auto del 28 de octubre de 2021, en el cual se denegó

la suspensión provisional del acto demandado, por cuanto no existe un umbral o un número mínimo
de votos para validar la elección. Tampoco se contempló dicha hipótesis como un hecho indicativo
de sabotaje; y mucho menos es posible deducirlo a partir de la simple confrontación de datos
históricos acompañada de la mención que hace el actor de algunos casos puntuales de personas
que presuntamente no pudieron acceder al sistema de votación. Dicho de otro modo, la elección es
válida así se dé con pocos votos; cosa distinta es que esa baja participación se produjera porque un
número significativo de electores con potencial para cambiar el resultado de la elección no pudiera
votar, situación que hasta ahora no está suficientemente probada.
42 En auto del 21 de octubre de 2021 (Índice SAMAI No. 22) se indicó que, de lo señalado en la

demanda y de las pruebas aportadas con ella, [ú]nicamente se especifican los problemas padecidos
por, cuando más, 14 personas, varias de las cuales solicitaron ayuda al personal de ingenieros de la
Rama Judicial.
43 Escrutinios elección representante de funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante la

Comisión Interinstitucional 2021-2023.Índice SAMAI No. 31.
44 Oficio No. DEAJGPETO22-46 del 2 de marzo de 2022, suscrito por Carlos Andrés Gómez Gómez,

coordinador del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología del Consejo Superior de la Judicatura.
Índice SAMAI No. 60.

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42. Finalmente, como pudo apreciarse, las pruebas aportadas al proceso
desestiman completamente cualquier incidencia que las fallas denunciadas por la
parte demandante hubiesen tenido respecto del resultado de la elección que
atribuyó al demandado la condición de representante de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial ante la Comisión Interinstitucional.

43. En efecto, tras haberse agotado la totalidad de las etapas previas a la
sentencia en el presente proceso, la parte demandante no logró acreditar que la
afectación provocada por las fallas denunciadas tuviese un grado de afectación
suficiente para generar una variación en el resultado final, por lo que, sin que se
desconozca la relevancia de las falencias presentadas respecto del ejercicio del
derecho al voto por parte de los funcionarios y empleados habilitados para
participar, debe reiterarse lo indicado en la providencia en que fue denegada la
medida cautelar de suspensión provisional solicitada respecto del acto
demandado45, en el que se concluyó que estas no se constituyeron en un obstáculo
insalvable de cara el derecho al sufragio, dado que no existe certeza frente al grado
de influencia que la anotada falencia pudo tener en el resultado definitivo de la
contienda que, además, debe ser evaluada bajo el principio de eficacia del voto.

44. En consecuencia, la Sala encuentra que la causal de nulidad del artículo 275,
ordinal 2, del CPACA, no fue probada en el presente proceso.

5.2. Irregularidades en la expedición del acto demandado

5.2.1. Falta de publicidad sobre la identidad de los jurados de votación

45. En relación con la designación de jurados de votación para el desarrollo de
la elección del representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el artículo 29 del Acuerdo
CIRJA-21-08 de 10 de junio de 2021, contentivo del Reglamento de dicha Comisión,
dispone lo siguiente:

La Comisión Interinstitucional y las comisiones interinstitucionales seccionales,
designarán los jurados de votación quienes serán escogidos ocho (8) días antes
de la jornada electoral en el respectivo distrito judicial. Los jurados serán quienes
verificarán o estarán presentes en el escrutinio una vez finalice la jornada de
votación.

46. El demandado indicó en su escrito de contestación de la demanda 46 que, al
haberse realizado virtualmente la votación, no aplica la figura de los jurados de
votación como se hacía de forma tradicional, ya que es el mismo sistema informático
el que se encarga de forma automatizada de generar el rol crucial de jurado de las
jornadas electorales para garantizar el éxito y la transparencia de las elecciones.

45 Auto del 21 de octubre de 2021. Índice SAMAI No. 22.
46 Índice SAMAI No. 33.

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Por su parte, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial señaló que, en
votaciones virtuales, estos no son necesarios (…) toda vez que el software de
votación generaba automáticamente los resultados obtenidos en condiciones de
seguridad y confiabilidad47.

47. Cabe afirmar que, aun cuando el reglamento en mención prevé la posibilidad
de que los procesos electorales referidos se adelanten de manera presencial o
virtual, a diferencia de otras disposiciones contenidas en él y en el propio artículo
29, no existe ningún aparte normativo que indique que la designación de jurados
pueda omitirse en una u otra modalidad del proceso de elección.

48. En efecto, la disposición citada asigna a los jurados la responsabilidad de
verificar y hacer presencia en el escrutinio una vez finalice la jornada de votación,
lo cual, en concordancia con lo señalado en el artículo 31 del mismo Reglamento,
norma en la que se indica que [e]l escrutinio de la votación debe ser realizado
públicamente en el lugar de la mesa de votación o donde está instalado el sistema
tecnológico, permite concluir que la función de los jurados debe cumplirse
independientemente de si la votación se realiza en forma presencial, o mediante el
uso de tecnologías de la información.

49. Así las cosas, la Sala concluye que, al no haberse designado jurados de
votación para el desarrollo de la jornada electoral, se incurrió en una irregularidad
en el proceso de formación del acto demandado, dado que se desconocieron las
disposiciones antes mencionadas, contenidas en los artículos 29 y 31 del Acuerdo
CIRJA-21-08 de 10 de junio de 2021. Normas que resultaban vinculantes para el
desarrollo del proceso electoral, ya fuera que este se realizara virtual o
presencialmente.

50. Ahora bien, tras haberse evidenciado la existencia del vicio antes advertido,
que no resulta menor, dada la trascendencia que, en principio, tienen los jurados de
votación en el proceso electoral, la Sala debe establecer si éste tuvo una incidencia
tal que, de no haber ocurrido y al practicarse unos nuevos escrutinios, sería otro
candidato el ganador de la elección cuestionada.

51. Al respecto, se advierte que la parte demandante alegó la existencia de
múltiples eventos, en su criterio, constitutivos de irregularidades suficientes para la
anulación del acto demandado; sin embargo, estos no guardan relación con la
posible adulteración de los resultados arrojados por el escrutinio final. En efecto,
ninguna de las afirmaciones expuestas en la demanda se refiere a la existencia de
circunstancias que permitieran advertir que los resultados arrojados por el sistema
informático utilizado para el desarrollo de la jornada electoral sufrieron
manipulaciones o adulteraciones, que pudieran haberse evitado con la presencia de
los jurados de votación que, erradamente, se omitió designar en la forma y
oportunidad correspondientes.

47 Escrito de alegatos de conclusión. Índice SAMAI No. 73.

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52. Por el contrario, lo alegado en la demanda permite dar cuenta de que la parte
accionante da plena credibilidad al número de sufragantes y a la distribución de los
votos emitidos y señalados en el documento denominado Escrutinios elección
representante de funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante Comisión
Institucional 2021-202348, puesto que es justamente con base en tales datos que
señala, entre otras cosas, que la baja asistencia al proceso de los potenciales
electores y que la participación de votantes por medio de correos electrónicos no
institucionales en una proporción mayor a la diferencia entre la votación obtenida
por el demandado y el candidato con la segunda mayor votación, justifican la
pretensión de nulidad respecto del acto demandado.

53. Por lo anterior, tampoco existe prueba en el proceso que acredite que la
irregularidad consistente en la no designación de jurados de votación “fue de tal
magnitud que afectó de forma directa el sentido de la decisión, con lo cual no se
acreditó su carácter sustancial, trascendental ni su incidencia directa en el contenido
y/o sentido del acto definitivo49.

54. En adición a lo expuesto, y sin perjuicio del carácter vinculante de lo
dispuesto en el Reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en
relación con la designación de jurados de votación, conviene recordar que esta Sala
se ha pronunciado en el sentido de advertir la necesidad de replantear el papel que
desempeñan los jurados de votación en aquellas elecciones realizadas de manera
virtual, en atención a que las funciones encomendadas a ellos, que resultan de vital
importancia para la garantía de la transparencia del proceso y la concreción de la
voluntad de los electores, son garantizadas en buena medida por los sistemas
tecnológicos utilizados para el efecto. Sobre el particular, se ha indicado lo siguiente:

… tampoco puede pasarse por alto que si las funciones de los jurados de
votación, que están encaminadas a dar fe de lo que ocurre en la jornada
electoral, lo que implica verificar la identidad de los votantes, el número y
sentido de los votos y consolidar los resultados, es desarrollado por un
sistema electrónico que puede ofrecer las mismas garantías, es claro que el
papel de los jurados está llamado a replantearse, máxime cuando la
normatividad aplicable (…) deja abierta la posibilidad de emplear un sistema
electrónico de votación50.

55. En el caso bajo examen, como se explicará -infra-, los sistemas de
información utilizados para el desarrollo del proceso electoral permitían suplir las
funciones fundamentales de los jurados de votación que corresponden a identificar
a los electores habilitados para participar de la elección; dar cuenta del total de votos

48 Índice SAMAI No. 31.
49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 6 de

octubre de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2015-00041-00.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 18 de

diciembre de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2019-00036-00.

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emitidos y de la opción por la cual se decantó cada uno de los votantes; y consolidar
los resultados de la votación. De otro lado, se advierte que al cierre de las urnas,
tanto la entonces presidenta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
como dos testigos electorales designados por dos de los candidatos participantes,
suscribieron un acta de cierre que da fe de que el resultado revelado en el escrutinio
final fue el arrojado por el sistema SIVOTO de manera automática, discriminando la
votación obtenida por cada uno de los postulados en cada seccional y entidad
participante, lo que da cuenta de que la información contenida en dicho escrutinio
no fue objeto de alteración o modificación tras el cierre de la votación.

56. Visto lo anterior, es claro que en el caso bajo estudio la irregularidad
consistente en la ausencia de jurados para el desarrollo del proceso electoral no
implica per se el quebrantamiento de las garantías de transparencia y veracidad que
deben acompañar a todo proceso electoral, ni la existencia de factores que pongan
en duda la exactitud de la información arrojada por la plataforma SIVOTO sobre
tales aspectos.

57. En todo caso, la Sala llama la atención nuevamente sobre la importancia de
la figura de los jurados de votación en los procesos electorales con el fin de
garantizar, entre otros, el principio democrático; y por eso, insiste en que su
ausencia debe ser valorada en cada caso concreto, con el fin de determinar la
validez del acto demandado.

58. Así las cosas, no se acreditó que la irregularidad consistente en la no
designación de jurados de votación tuvo la incidencia suficiente para que los
resultados obtenidos en la elección fuesen distintos, es decir, que, de no ocurrir, el
demandado no hubiese sido el candidato con mayor votación dentro del proceso y
que otra persona tendría un mejor derecho para representar a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial ante la Comisión Interinstitucional. De igual forma,
de lo probado en el proceso se desprende que la ausencia de los jurados, no
significó una afectación sustancial de las garantías que deben rodear el proceso
electoral.

59. Por lo expuesto, la Sala debe descartar la configuración de la causal de
nulidad alegada.

5.2.2. Falta de publicidad sobre el censo de electores habilitados a participar

60. En relación con los censos electorales, esta Corporación ha manifestado que
constituyen la base fundamental para la planeación, organización y desarrollo de
todo el certamen electoral, incluyendo los diferentes mecanismos de participación
ciudadana, los cuales permiten dar paso a una democracia más activa y a la
intervención directa del pueblo para la conformación, ejercicio y control del poder

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político51. Adicionalmente, el censo electoral constituye una herramienta esencial
que permite a la autoridad encargada de adelantar el proceso, identificar a quienes
tienen el derecho a participar en el mismo mediante el ejercicio del derecho al
sufragio, atendiendo a las limitaciones correspondientes a la naturaleza del
certamen electoral (edad, domicilio, vínculo con la institución o grupo llamado a
elegir, etc.), con el fin de garantizar su participación.

61. Respecto de la supuesta omisión consistente en no haberse dado publicidad
al censo de electores habilitados a participar, la Sala advierte que la parte
demandante no soporta tal afirmación en ninguna disposición legal o reglamentaria
aplicable al desarrollo del proceso electoral que concluyó con la expedición del acto
demandado.

62. De lo señalado en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, puede evidenciarse que la única disposición
relativa a la materia indica que [e]l presidente de la Comisión interinstitucional de la
Rama Judicial o los presidentes de las comisiones interinstitucionales seccionales,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales, las
subdirecciones regionales de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación,
realizarán el censo electoral, según sea el caso, con los nombres e identificación de
los servidores judiciales activos con corte de nómina de la Rama Judicial, un mes
antes de la jornada electoral.

63. No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente resaltar la importancia
de que las normas que rigen los procesos electorales incorporen disposiciones que
garanticen tanto la publicidad del censo de electores habilitados para participar de
cada votación, como la oportunidad para impugnar los censos respectivos. Por
ejemplo, como consecuencia de la inclusión o exclusión injustificada de electores,
con el fin de dotar de plenas garantías los procesos de esta naturaleza.

64. Sin embargo, dado que del aparte citado del artículo 29 del Reglamento no
se desprende un mandato consistente en la publicación del censo electoral de
manera previa a la votación, la Sala no advierte irregularidad alguna en relación con
el cumplimiento de dicha disposición52.

5.2.3. Participación de funcionarios por medio de correos no institucionales

65. Dado que las partes coinciden en afirmar que, en efecto, en la elección
demandada participaron funcionarios que accedieron al proceso utilizando sus
correos electrónicos personales, en lugar de hacerlo a través de las direcciones de
correo de dominio institucional, resulta pertinente señalar que el artículo 31 del

51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 15 de

abril de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2019-00026-00.
52 Tal y como se concluyó en la providencia en que se admitió la demanda y se negó la medida de

suspensión provisional solicitada respecto del acto demandado, proferida por la Sala el 21 de octubre
de 2021. Índice SAMAI No. 22.

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mencionado Reglamento prevé que [c]uando la votación sea virtual a través de un
software establecido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el
servidor judicial ingresará con su número de cédula, lo cual permitirá enviarle a su
correo electrónico registrado institucionalmente una clave de acceso al voto.

66. Como puede advertirse de la norma citada, el Acuerdo CIRJA-21-08 de 10
de junio de 2021 exige que la clave obtenida a partir del ingreso al sistema con el
número de identificación del servidor judicial participante sea remitida a la dirección
de correo registrada institucionalmente, es decir, a aquella que se encuentre
contenida en las bases de datos de la entidad para la que trabaja el funcionario o
empleado participante, sin que deba tratarse necesariamente de un correo
electrónico con dominio institucional.

67. Adicionalmente, dentro lo aportado al proceso se encuentra el Oficio No.
DEAJGPETO22-46 del 2 de marzo de 202253, prueba documental que fue solicitada
por la parte demandante, en el cual el coordinador del Grupo de Proyectos
Especiales de Tecnología de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
remitió el listado de funcionarios judiciales que participaron utilizando claves
enviadas a correos no institucionales e indicó que tales direcciones fueron
suministrad[a]s en un archivo procedente de Recursos Humanos de la Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Así las cosas, resulta claro que las direcciones de correo no
institucionales utilizadas por algunos de los votantes en el certamen electoral bajo
estudio, eran direcciones de correo registradas institucionalmente.

68. Por tanto, la Sala desestima la configuración de una irregularidad en la
formación del acto administrativo relativa al uso de correos no institucionales para
la participación de servidores judiciales en la elección demandada.

5.2.4. Falta de pedagogía sobre el funcionamiento de la plataforma SIVOTO

69. Contrario a lo afirmado por la parte demandante, dentro del proceso se
acreditó que durante el desarrollo del proceso electoral se implementaron múltiples
mecanismos dirigidos a informar a los potenciales electores acerca del
funcionamiento de la plataforma SIVOTO.

70. En efecto, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial aportó, junto a
su escrito de contestación de la demanda, varios documentos en los que se da
cuenta del uso de diferentes herramientas como correos electrónicos,
presentaciones en la plataforma Microsoft Teams y redes sociales, con el fin de
comunicar múltiples aspectos relacionados con el proceso de elección. En concreto,
la información referida se describe con particular detalle, indicando fechas de
publicación, links de acceso y adjuntando las piezas gráficas utilizadas, en el
documento titulado Informe comunicaciones proceso electoral del representante de

53 Índice SAMAI No. 60.

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funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante la Comisión Interinstitucional,
del 9 de agosto de 2021, dirigido a la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura54.

71. Así las cosas, para la Sala es claro que el mandato contenido en el artículo
29 del Reglamento de la Comisión, en virtud del cual, en el marco de una elección
de carácter virtual se debía garantizar la divulgación de la herramienta tecnológica
a través de la cual se realizará dicha votación, fue debidamente satisfecho dentro
del proceso electoral bajo estudio.

5.2.5. Falta de suscripción del acta de escrutinio por parte de los miembros de
la comisión escrutadora

72. En relación con la no suscripción del acta de escrutinio por parte de los
integrantes de una comisión escrutadora, debe señalarse que el artículo 31 del
Reglamento en mención dispone que [f]inalizada la jornada electoral se realizará el
conteo de los votos como resultado del registro electrónico por cada uno de los
candidatos. Esta acta podrá suscribirse manual, electrónica o digitalmente.

73. De lo probado en el proceso, se tiene que existe un documento en el que se
aportó el escrutinio final de los votos emitidos electrónicamente durante la jornada
electoral, con indicación del número de votos emitidos por cada candidato
participante. Así mismo, se aportó al expediente el acta de cierre de la jornada
electoral, en la que se señala que finalizada la jornada electoral se constató que el
software SIVOTO arrojó los resultados de la votación en el formato de escrutinio
que discrimina por seccionales, entidades y por cada uno de los once (11)
candidatos los resultados totales. Documento que fue suscrito por la entonces
presidenta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y por dos testigos
electorales55.

74. Ahora bien, de la lectura de la totalidad de las disposiciones integrantes del
Capítulo IV de la elección de representantes de funcionarios y empleados ante la
Comisión Interinstitucional Nacional y Seccionales del reglamento en mención, se
advierte que no existe en dicho apartado ninguna norma que indique que durante el
proceso electoral debió conformarse una comisión escrutadora encargada de
suscribir el escrutinio final. Por el contrario, en el artículo 29 se prevé que el acta de
escrutinio y consolidación de resultados (…) deberá ser suscrita por el presidente
de la Comisión Interinstitucional, como en efecto ocurrió, con el ingrediente adicional
de que la misma también fue suscrita por dos de los testigos electorales designados
por los candidatos.

54 Índice SAMAI No. 31.
55 Ibídem.

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75. Así las cosas, la Sala descarta la prosperidad de la totalidad de las causales
y argumentos expuestos por el demandante en su escrito inicial, por lo que se
despachará desfavorablemente la pretensión de nulidad electoral incoada.

Por lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la declaratoria de nulidad promovida por ASONAL JUDICIAL
en contra del Acuerdo CIRJA21-11 del 9 de agosto de 2021, por medio del cual se
declaró la elección del señor Luis Fernando Otálvaro Calle como representante de
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ante la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial, periodo 2021-2023.

SEGUNDO. En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Con aclaración de voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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