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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00482-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00482-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2023-00482-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de mayo de 2025

Demandante: José Samuel Medina Alfonso
Demandado: Gerardo Rincón Camacho
Rad: 15001-23-33-000-2023-00482-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00482-01
Demandante: JOSÉ SAMUEL MEDINA ALFONSO
Demandado: GERARDO RINCÓN CAMACHO - ALCALDE DE GÁMEZA
(BOYACÁ) - PERÍODO 2024 – 2027

Tema: Aspectos generales del escrutinio de las comisiones
escrutadoras. La trashumancia electoral y su vocación de incidir
en resultado electoral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda

El ciudadano José Samuel Medina Alfonso, a través de apoderado judicial1, ejerció
el medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
solicitar la nulidad de los siguientes actos: (i) formulario E-26 ALC, a través del cual
se declaró la elección del señor Gerardo Rincón Camacho como alcalde del
municipio de Gámeza (Boyacá), periodo 2024-2027, y (ii) Resoluciones 01 del 29
de octubre de 2023 y 01 del 30 de octubre de 2023 (sic), en las que la comisión
escrutadora municipal «resolvi[ó] de manera irregular la reclamación respecto a los
escrutinios para alcaldía realizados el 29 de octubre de 2023».

Así mismo, solicitó: (i) se cancele la credencial del demandado; (ii) se revoquen las
cédulas de ciudadanía de las personas no residentes en el municipio de Gámeza

1 José Aquilino Rondón González, identificado con la CC. 7.163.991 de Tunja (Boyacá) y tarjeta

profesional de abogado 145.131 del CSJ.

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Demandante: José Samuel Medina Alfonso
Demandado: Gerardo Rincón Camacho
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que sufragaron el 29 de octubre de 2023; (iii) se adelante un nuevo escrutinio una
vez retirados los votos que no hacen parte del censo electoral. Subsidiariamente,
pidió que se convoquen elecciones atípicas para culminar el periodo.

1.2 Hechos relevantes

El demandante destacó como supuestos los siguientes:

Mencionó que siete candidatos se postularon para la Alcaldía de Gámeza en las
elecciones del 29 de octubre de 2023, entre ellos José Samuel Medina Alfonso y
Gerardo Rincón Camacho (quien fue elegido).

Indicó que, según las actas parciales de escrutinio, se presentaron las siguientes
irregularidades que favorecieron al demandado: (i) en la zona 00, puesto 00, mesa
10, obtuvo 79 votos, sin embargo, el formulario E-14 ALC de esa mesa presenta
una «adulteración significativa», ya que el candidato realmente obtuvo solo 9 votos,
pero se añadió un 7 para que el resultado fuera 79; (ii) en la zona 00, puesto 00,
mesa 5, pasó de 5 a 65 votos debido a una alteración similar en el E-14 ALC.

Sostuvo que el boletín 10 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, emitido a
las 5:47 p.m. del 29 de octubre de 2023, indicó que el candidato a la citada alcaldía
Édgar Cruz Cristancho tenía 62 votos en ese momento, pero al final del escrutinio
solo tenía 3 votos (59 votos menos). Al mismo tiempo, el demandado pasó de 768
votos, a 827 votos al finalizar el escrutinio (59 votos adicionales).

Relató que, debido a estas irregularidades, presentó una reclamación ante la
comisión escrutadora municipal «para realizar un recuento voto a voto», petición
que esa autoridad electoral resolvió en dos ocasiones diferentes.

Narró que la primera se produjo el 29 de octubre de 2023, después de las 10:45
p.m., momento en que se leyó la Resolución 01 de esa fecha, mediante la cual, la
referida comisión, negó la reclamación, razón por la cual interpuso recurso de
reposición que no logró que la decisión se repusiera. Añadió que «el abogado del
señor Samuel Medina preguntó si procedía algún recurso, a lo que la Doctora Laura
Juliana Barrera Pinilla, miembro de la comisión escrutadora, respondió 'no señor',
violando así el principio de la doble instancia».

Explicó que la segunda ocasión se produjo el 2 de noviembre de 2023, día en el que
solicitó a la Registraduría Municipal de Gámeza una copia de la Resolución 01 de
2023, pero recibió «una nueva resolución que es completamente diferente a la que
le fue notificada el 29 de octubre», cuya fecha de expedición es 30 de octubre de
2023 a las 9:17 a.m. y disponía rechazar la reclamación y, acto seguido, precisaba
que contra la decisión procedía el recurso de apelación.

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Alegó otras irregularidades en los escrutinios, tales como: (i) que en la mesa 4 hubo
3 votos marcados con marcador y no con el bolígrafo suministrado por los jurados2
(ii) que, aparentemente, votaron personas no residentes en las elecciones, pese a
que el Consejo Nacional Electoral anuló inscripciones de cédulas con las
Resoluciones 7271 y 9690 de 2023; (iii) que la Registraduría Nacional del Estado
Civil emitió un comunicado informando a la comunidad de Gámeza que en el
proceso de preconteo se registró erróneamente la votación del candidato Gerardo
Rincón Camacho a favor del aspirante Édgar Cruz Cristancho, por lo que sí existió
un error y, a pesar de ello, no se registró en las actas ni se recontaron los votos.

1.3 Concepto de la violación

Con base en los anteriores supuestos fácticos, el demandante afirmó que el acto
acusado está incurso en las causales de nulidad consagradas en los numerales 3º,
4º y 7º del artículo 275 del CPACA, por cuanto con la elección del demandado se
infringieron los artículos 3 (numeral 1), 67 de la Ley 1437 de 2011; 29, 209 y 316 de
la Constitución Política; 185 ,186, 187, 192, 193, 163,164, 166 a 167 y 189 del
Código Electoral; 389, 394 y 396 (Ley 1864 de 2017). La parte actora estructuró la
alegada vulneración bajo dos cargos:

«Cargo primero: Negligencia de la Comisión Escrutadora Municipal a realizar la
revisión de los documentos que se reclaman, y reconteo de los votos, pese a las
inconsistencias presentadas – presencia de tachaduras y alteración de información
contenida en los documentos electorales.»

Bajo este rótulo, el demandante trajo a colación las mesas 5 y 10 referenciadas en
los hechos, en las cuales se presentaron adulteraciones y tachaduras en los
formularios E14 para la elección de alcalde; situación que produjo una adulteración
del resultado real de las justas electorales. Así mismo, destacó las inconsistencias
que se presentaron en los boletines emitidos por la Registraduría Nacional del
Estado Civil que derivaron en errores aritméticos.

Censuró el trámite dado por la Comisión Escrutadora de Gámeza a la reclamación
presentada en la audiencia de escrutinios por el señor José Samuel Medina Alfonso
–mediante apoderado–, pues hizo caso omiso a la solicitud de conteo voto a voto
que tenía sustento en enmendaduras en el formulario E-14 de la mesa 10 que, en
efecto, afectaban las votaciones y no garantizaba la transparencia del proceso. Por
el contrario, esa comisión debió ceñirse a lo establecido en los artículos 265
constitucional y 189 del Código Electoral.

Recalcó que la forma como se resolvió la reclamación presentada por el apoderado
del señor José Samuel Medina Alfonso infringió el debido proceso, toda vez que la

2 Precisó que esos votos fueron anulados en el preconteo.

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Comisión Escrutadora Municipal de Gámeza emitió dos resoluciones frente a una
única solicitud: (i) una decisión emitida en audiencia y notificada en estrados, con
participación de quienes se encontraban legitimados, en la que no permitió la
interposición del recurso de apelación a que tenía derecho el señor Medina; (ii) otra
contenida en documento que fue entregado por la Registraduría Nacional del Estado
Civil el 2 de noviembre de 2023 al apoderado del señor Medina Alfonso, que no fue
emitida dentro de la diligencia de escrutinios, sino cuando el señor Medina Alfonso
ya no se encontraba presente para ser notificado en estrados y con extrañeza esta
sí indicaba como procedente el recurso de apelación.

«Cargo segundo: Nulidad del acto de elección por trashumancia electoral.»

Precisó que en Gámeza ejercieron el voto personas que no tienen ningún vínculo
con el municipio y, simplemente, inscribieron sus cédulas para desequilibrar el
certamen electoral, como en efecto ocurrió. Resaltó que el Consejo Nacional
Electoral, mediante las Resoluciones 7272 y 9690 de 2023, excluyó del censo
electoral algunas inscripciones de cédulas irregulares, sin embargo, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, permitió que aquellos declarados como trashumantes,
ejercieran su voto en ese territorio, desequilibrando el proceso electoral y alterando
su resultado, al punto que esta última entidad emitió resultados contradictorios.

2. Contestaciones a la demanda

2.1 Demandado – Gerardo Rincón Camacho

El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:

Dijo que los resultados publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en
sus boletines carecen de valor jurídico vinculante, ya que se refieren a un preconteo
o conteo rápido con carácter informativo. De otro lado, agregó que no se observaban
enmendaduras o adulteraciones en los formularios E-14 ALC de las mesas 5 y 10,
y que no había ninguna anotación en ese sentido por parte de los jurados o testigos
electorales durante el preconteo o los escrutinios, por consiguiente, no hubo errores
aritméticos ni inconsistencias en los documentos oficiales del proceso electoral.

Aclaró que la parte actora presentó una reclamación en la que solicitó un recuento
de manera genérica, la cual no cumplía con los requisitos legales para ser
procedente en cuanto no especificó las mesas, puestos y zonas sobre las que
pretendía revisión; petición que resolvió la comisión escrutadora municipal mediante
la Resolución 01 del 30 de octubre de 2023, sin que las pruebas den cuenta de las
supuestas irregularidades que se afirman en la demanda.

Indicó que «el demandante omitió demandar los actos emitidos por la Comisión

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Escrutadora» para abordar el análisis de las supuestas tachaduras, enmendaduras
y errores aritméticos. En todo caso, llamó la atención en punto a que esas
irregularidades no constituyen causales de nulidad, sino de reclamación para su
análisis por parte de la comisión escrutadora.

Afirmó que las pruebas no demostraban que se presentó trashumancia ni cómo se
afectaron los resultados de las elecciones. Tampoco se probó que los actos
administrativos que expidió el CNE para dejar sin efectos inscripciones de cédulas
estuvieran ejecutoriados y, además, no se aportó copia de una denuncia que diera
cuenta de una investigación sobre la comisión de algún delito electoral, así que
prevalecían las presunciones de inocencia, buena fe y residencia electoral.

Mencionó que, en todo caso, «de realizarse una disminución ponderada, por el
número de votantes, candidatos y electores y teniendo en cuenta que 3 candidatos
obtuvieron más del 20 % cada uno, [la trashumancia] no tendría incidencia alguna
en los resultados de las elecciones».

2.2 Registraduría Nacional de Estado Civil - RNEC

El apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil formuló la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto esa entidad no profiere el
formulario E-26 ALC, pues los registradores municipales y los delegados
departamentales solo cumplen la función de secretarios de las comisiones
escrutadoras.

De otra parte, indicó que el proceso de preconteo solo refleja resultados parciales y
no produce ningún efecto legal, dado que son las comisiones escrutadoras las que
establecen los resultados definitivos de la elección, por tanto, las supuestas
irregularidades a las que alude la demanda respecto de los boletines surgen de un
error humano al momento de transmitir los resultados.

Destacó que el acta general de escrutinio no refiere errores aritméticos, tachaduras
o enmendaduras en la mesa 10, y que el accionante no especifica en cuál de los
ejemplares del formulario E-14 ALC (transmisión, claveros o delegados) aparece la
supuesta irregularidad. Añadió que, en todo caso, la votación de esa mesa se ajusta
al número de votantes y es coherente con los resultados del preconteo y el
escrutinio.

Expuso que en la mesa 5 sí se presenta una enmendadura en el formulario E-14
ALC de delegados, pero los otros dos ejemplares poseen la información correcta de
65 votos por el candidato Gerardo Rincón Camacho. Además, aclaró que la votación
de la mesa también se ajusta al número de votantes y es coherente con los
resultados del preconteo y el escrutinio.

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Recalcó que la RNEC posterga el cierre del censo electoral hasta el 26 de
septiembre de 2023 a las 12 m., para denotar que el CNE le remitió por fuera de la
referida fecha diferentes actos administrativos que depuran ese censo del municipio,
de tal manera que no resulta caprichoso no tener en cuenta esas decisiones
enviadas con posterioridad a esa data, pues tal límite temporal atiende la necesidad
de generar seguridad jurídica.

2.3 Consejo Nacional Electoral - CNE

El apoderado del Consejo Nacional Electoral alegó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque los hechos en los que se fundamentan
los cargos de nulidad no se relacionan con las competencias de la entidad quien
tampoco expidió el acto acusado.

Al margen de lo anterior, adujo que la demanda se basaba en una interpretación
indebida de los documentos electorales, los cuales gozaban de plena legalidad y no
había prueba de su adulteración. Además, que la entidad expidió las Resoluciones
5940, 7271 y 9660 de 2023, que ordenaron dejar sin efectos inscripciones de
cédulas por haberse acreditado sumariamente la no residencia electoral de 19, 69
y 77 ciudadanos, respectivamente; decisiones contra las que se interpuso recursos
de reposición que fueron resueltos con las Resoluciones 11628, 12675, 12895 y
13379 de 2023.

3. Actuaciones relevantes en primera instancia

Por auto del 12 de enero de 2024, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda,
la cual fue corregida, razón por la cual, en providencia del 26 de enero de ese año,
se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto
acusado. Después, en decisión del 14 de febrero, admitió la demanda y no decretó
la medida cautelar pedida por la parte actora.

Por auto del 10 de abril de 20243, tuvo por contestada en tiempo la demanda por el
demandado, el CNE y la RNEC; declaró no probadas unas excepciones que el
accionado planteó y que el ponente consideró se trataba de una ineptitud sustantiva
de la demanda; en esa misma providencia, precisó que el medio exceptivo de falta
de legitimación en la causa por pasiva alegado por cada una de las entidades ya
mencionadas, sería objeto de pronunciamiento en la sentencia.

Mediante auto de 16 de mayo de 2024, confirmado en sede de reposición con auto
del 7 de junio de 2024, se ordenó adelantar el trámite de sentencia anticipada
previsto en el artículo 182A del CPACA. En esa providencia, se tuvieron como

3 Esta decisión fue objeto de recurso de reposición y apelación, siendo confirmada de cara al recurso

de reposición y rechazado el segundo de los mecanismos de impugnación.

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pruebas las documentales allegadas por la parte actora y por la RNEC; se negaron
prácticas testimoniales, exhibición de documentos y dictamen pericial pedidas por
el demandante; se decretaron unas documentales requeridas al CNE y a la RNEC
y se fijó el litigio en los siguientes términos:

i. ¿La comisión escrutadora municipal de Gámeza resolvió la reclamación que elevó
la parte demandante con violación del debido proceso y de forma irregular, y esto
genera la nulidad del acto administrativo contentivo de la decisión?

ii. ¿Se presentaron tachaduras y enmendaduras en los formularios E-14 ALC de las
mesas 5 y 10 del puesto 00 del municipio de Gámeza, que se tradujeron en errores
aritméticos y, por ende, en adulteraciones de los resultados de la votación?

iii. ¿Los demás hechos que la demanda califica como anómalos en el proceso de
escrutinios configuran la causal de nulidad de expedición irregular del acto electoral?

iv. ¿En las votaciones participaron efectivamente electores que no eran residentes
en el municipio de Gámeza (los que enlistan las Resoluciones 7271 y 9690 de 2023)
y ese aspecto incidió en el resultado de la elección? En caso de que la respuesta al
anterior interrogante sea afirmativa, ¿dicha situación tiene la potencialidad de
generar la nulidad del acto que declaró la elección del señor Gerardo Rincón
Camacho?

Tras culminar el recaudo probatorio, con auto proferido el 25 de julio de 2024 se
corrió el traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes reiteraron lo
expuesto en sus escritos de demanda y contestación. Por su parte, el CNE, la RNEC
y el Ministerio Público no emitieron pronunciamiento alguno.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, a través de sentencia
del 11 de septiembre de 2024, declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva que propusieron por separado el CNE y la
RNEC. A su turno, negó las pretensiones de la demanda bajo las siguientes
premisas:

«a) El demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto con el que
la comisión escrutadora municipal resolvió su reclamación»

Recordó que la demanda comprende estos cuestionamientos: (i) la supuesta
anulación de tarjetones electorales por estar diligenciados con marcador y no con
el esfero que suministraron los jurados; (ii) las discrepancias entre la información
que publicó la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y los resultados del
escrutinio; (iii) las supuestas tachaduras y enmendaduras en las mesas 5 y 10; y (iv)
la existencia de errores aritméticos que, según el accionante, se derivan de lo
anterior.

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Al respecto, dijo que las dos primeras no constituyen irregularidades pues, por un
lado, ninguna norma establece que la marcación de las tarjetas electorales deba
efectuarse con algún esfero o marcador específico, o que solo sean válidos los votos
marcados con los elementos que provea la organización electoral; posición que fue
validada en el oficio allegado por la RNEC con ocasión de una solicitud probatoria.
Y, de otra parte, los boletines que publica la RNEC tienen carácter meramente
informativo y, salvo situaciones excepcionales, carecen de efectos jurídicos, ya que
los resultados oficiales de las elecciones surgen del proceso de escrutinio, el cual
es público y se realiza en presencia de los candidatos, los representantes de los
partidos, los testigos electorales y los organismos de control.

En cuanto al trámite que la autoridad electoral dio a la reclamación originada en las
supuestas tachaduras y enmendaduras, el tribunal comparó la Resolución 01 del 30
de octubre de 2023 con el video allegado por la parte actora en el que se registró,
parcialmente, el momento en que la comisión da lectura al citado acto
administrativo.

Efectuado este comparativo, el juzgador observó algunas imprecisiones en lo que
leyó la integrante de la comisión escrutadora –según se escucha en el video– y lo
consignado en la mentada resolución, discordancia que consideró natural al ser
humano (como omisiones o cambios de algunas palabras, sin alterar el sentido del
mensaje), y que para el caso particular se observan en los siguientes aspectos: (i)
en ese instante se aclaró que «el solicitante no relacionó ni mesa, ni puesto, ni zona
en la cual se debía hacer el recuento de votos»; (ii) el verbo que se escucha para
decidir la solicitud fue «negar», no «rechazar» que es el que se indicó en el escrito;
y (iii) no se leyó el numeral 3.º de la resolución, atinente a los recursos que procedían
contra ella.

En cuanto a los dos aspectos referidos, el tribunal indicó que eran insustanciales,
sin embargo, en cuanto al tercero, una vez verificado uno de los videos allegados,
concluyó que el apoderado del aquí demandante formuló oralmente recurso de
reposición en contra de la Resolución 01 de 30 de octubre de 2023; la comisión
escrutadora no repuso esa decisión4; acto seguido, se escucha al recurrente
preguntar, informalmente y en voz baja, si procedía algún recurso, a lo cual se le
responde que no.

En este orden, como la autoridad electoral no refirió verbalmente la procedencia de
la apelación –como sí se indica en la resolución escrita–, no le era exigible al
solicitante agotar ese mecanismo de impugnación, lo que tiene sustento en el
artículo 161.2 (inciso 2º) del CPACA y, por consiguiente, posibilita examinar el
contenido del mentado acto administrativo.

4 El tribunal resaltó que la comisión escrutadora le dio trámite al recurso de reposición, pese a que

el único medio de impugnación procedente era la apelación.

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Indicó que la solicitud de recuento de votos se efectuó sin exponer un fundamento
fáctico y encuadrándola formalmente en la causal de errores aritméticos (Art. 192.11
del Código Electoral), aunque sin especificar las mesas en las que se configuró la
presunta irregularidad. En ese sentido, el tribunal entendió que la solicitud
correspondía a la establecida en el artículo 164 del CE, pero incumplió los requisitos
que contempla la norma e, inclusive, enfatizó en que ni la petición ni el recurso de
reposición hicieron alusión a supuestos tachones y enmendaduras en los
formularios E-14 ALC de las mesas 5 y 10.

En suma, dijo que, si bien la comisión escrutadora dio trámite a un recurso que no
se elevó por escrito y era improcedente y, asimismo, en el acta general de escrutinio
no se dejó registro del acto que lo resolvió, estas circunstancias no tienen la
potencialidad de viciar la elección en virtud del principio de eficacia de los actos
administrativos y del voto, teniendo en cuenta que la parte demandante no acreditó
que con los actos expedidos la voluntad de los electores se viera comprometida.

«b) La votación de trashumantes no incidió en el resultado de la elección»

Advirtió que el Consejo Nacional Electoral expidió las Resoluciones 7271 de 24 de
agosto de 2023 y 9690 de 12 de septiembre de ese mismo año, que dejaron sin
efectos la inscripción de 69 y 77 cédulas (total de 146), respectivamente, que
aparecían en el censo electoral del municipio de Gámeza, cifra de la que se excluyó
por vía de reposición un solo ciudadano para un total de 145. Precisó que,
comoquiera que dichos actos fueron comunicados a la RNEC con posterioridad al
cierre del censo electoral, esas personas quedaron habilitadas para participar en las
votaciones del 29 de octubre de 2023; no obstante, ese solo suceso no conlleva la
nulidad del acto de elección acusado.

Recordó que para que se configure el cargo en estudio deben cumplirse tres
requisitos «(i) que personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron
para sufragar en él; (ii) que éstas, efectivamente hayan votado y (iii) que sus votos
tuvieron incidencia en el resultado de la elección»5. Dijo que el primero está
acreditado; en cuanto al segundo, se constató con la RNEC que 63 trashumantes
sufragaron; y en punto al tercero, dio aplicación al sistema de distribución
ponderada, conforme al cual concluyó que «aunque el señor Gerardo Rincón
Camacho (candidato 4) pasaría de 827 a 809 votos, seguiría obteniendo la mayor
votación. En contraste, el señor José Samuel Medina Alfonso (candidato 7)
permanecería en la segunda posición, pasando de 786 a 770 votos, esto es, 39
menos que el ganador.».

5. Recurso de apelación

5 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 2020-00010 (acum.), providencia del 27 de enero de

2022, MP Rocío Araújo Oñate.

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El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, conforme a los siguientes argumentos:

Resaltó que, a pesar de que el tribunal en su sentencia señaló que hubo solo una
resolución, esto es, la 01 del 30 de octubre de 2023, que se dice fue leída en
presencia de los candidatos, testigos, apoderados y comunidad, lo cierto es que
para esa fecha no se hizo lectura de dicha resolución ni mucho menos se notificó
en estrados, ni se interpuso recurso alguno y tampoco se expidió un nuevo acto
resolviendo esa impugnación, tal como lo entendió el a quo al darle credibilidad
absoluta a lo contenido en el acta general de escrutinio elaborada por los integrantes
de la Comisión Escrutadora Municipal de Gámeza.

Por el contrario, dijo que todos esos sucesos acaecieron el 29 de octubre de 2023
con posterioridad a las 9:38 p.m., hora en que inició la grabación del video que fue
presentado como prueba en este proceso. Insiste que fue a partir de esa hora que
comenzaron a producirse los diferentes hechos que narró así6:

El doctor Fabio Guillermo Araque Álvarez, apoderado del aquí demandante,
formuló una reclamación con sustento el artículo 192, numeral 11, del Código
Electoral, a las 9:57 p.m. del 29 de octubre de 2023, tal como consta en el
escrito de esa fecha aportado con la demanda.

Después, la comisión escrutadora le exigió al señor Araque Álvarez
registrarse como apoderado; acto seguido, este expuso oralmente la
reclamación, siendo interrumpido por parte de una funcionaria, quien indicó
que hasta ahora se habían escrutado las mesas «12, 11, 8, 10, 7, 2, 3, 1, 4,
5», no obstante, el profesional del derecho la radicó por escrito, por lo que
correspondía a la autoridad electoral pronunciarse una vez terminara el
escrutinio.

Pese a lo anterior, sin haber terminado el conteo de la mesa 6 y sin que se
hubiera terminado el escrutinio de las mesas restantes número 9, 13 y 14, ni
la digitación de las mesas 10, 7, 2, 3, 1, 4, 5 y 6, la comisión resolvió la
reclamación mediante la Resolución 001 del 29 de octubre 2023 que fue
solamente leída y notificada en estrados, sin que se entregara en físico en
ningún momento.

Conforme a lo anterior, destacó que la Resolución 001 del 29 de octubre 2023 fue
leída a viva voz en la audiencia de escrutinios, lo que significa que fue notificada en
estrados esa misma fecha. No obstante, el acta general de escrutinio indica que la

6 Como sustento de sus argumentos, la parte actora allegó con el recurso de apelación unos videos

cuya incorporación fue negada en auto del 8 de abril de 2025.

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reclamación fue presentada hasta el día 30 de octubre a las 9:11:24 a.m. y
rechazada a las 9:17:45 a.m., más no el 29 de octubre de 2023 a las 9:57 p.m.,
como en realidad sucedió.

Recalcó que esa misma acta general de escrutinio le otorga credibilidad a su dicho
cuando precisa: «Se registró observación al acta general: ANTES DE TERMINAR
LA JORNADA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2023, FUERON PRESENTADAS Y
RESUELTAS LAS RECLAMACIONES CORRESPONDIENTES, (…)». En este
sentido, si la petición fue presentada y resuelta el 29 de octubre de 2023, cómo es
posible que ese mismo documento electoral indique que todo ello se produjo el 30
siguiente en horas de la mañana cuando ninguna persona se encontraba en el
recinto donde se llevaba a cabo el escrutinio; según el libelista, esto es una
evidencia clara de la existencia de una falsedad ideológica que conllevó a una
falsedad material.

De otro lado, resaltó que en uno de los videos se observa que la comisión
escrutadora, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del
señor José Samuel Medina Alfonso, lee un aparte del acto que dice: «más sin
embargo, por garantía: Tercero: Permitir revisar por parte del apoderado del señor
JOSE SAMUEL MEDINA los formatos E-14 de la corporación alcaldía de las mesas
10, 7, 2, 3, 1, 4, 5 y 6 excluido las mesas 12, 11 y 8 que ya están subidas al
sistema”». No obstante, ese aspecto no figura en la textualidad de la Resolución 01
de 30 de octubre de 2023, por el contrario, el numeral tercero de esta última
prescribe: «Contra la presente decisión PROCEDE el recurso de apelación».

Dijo que lo anterior no constituye una «presunta imprecisión en la lectura de la
Resolución 001 del 29 de octubre de 2023», tal como concluyó el juzgador de
primera instancia, sino un defecto procedimental que se materializó en que la
funcionaria Laura Juliana Barrera Pinilla no posibilitó la doble instancia a que tenía
derecho el interesado e, incluso, ante la pregunta del apoderado del señor Medina
de si era procedente o no el recurso de apelación, respondió «no».

Finalmente, en punto a la trashumancia alegada, dijo que está demostrada con el
informe allegado por la RNEC7 que dicho fenómeno sí incidió notoriamente en el
resultado de la votación a favor del elegido, pues el señor Gerardo Rincón
Camacho, consiguió la victoria de las elecciones con solo cuarenta y uno (41) votos
de ventaja, logrando así el margen de triunfo gracias a la trashumancia de sesenta
y tres (63) personas que no tenían asiento en el respectivo municipio y/o cualquier
vínculo del que se pueda desprender la residencial electoral.

6 Actuaciones de segunda instancia

7 Denominado «Cotejo personas enlistadas en las resoluciones del CNE contra Formularios E-11

elecciones 29 octubre 2023 Gámeza – Boyacá».

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Mediante auto del 29 de noviembre de 20248 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia. A
través de providencia del 8 de abril de 2025, se rechazó por improcedente una
solicitud probatoria formulada por el demandante y se corrió traslado a las partes
para alegar por escrito y al Ministerio Público para que, si a bien lo tiene, emitiera
su concepto.

En la oportunidad procesal concedida, el apoderado del demandado agregó que fue
el representante del demandante quien, en el marco del proceso de escrutinio,
omitió interponer el recurso de apelación a que tenía derecho; además, su solicitud
no cumplió con las exigencias que ordena el artículo 164 del Código Electoral. De
otra parte, en punto a la trashumancia, adujo que no existe incidencia ni bajo la tesis
de distribución ponderada que aplicó el tribunal, ni tampoco a la luz de la nueva
postura del Consejo de Estado, pues la diferencia entre primer, segundo y tercer
candidato fue de 175 votos y los trashumantes que votaron fueron 639.

A su turno10, la parte actora insistió en que la contrariedad de los dos actos
administrativos expedidos por la comisión escrutadora y la votación de
trashumantes desconoció la transparencia del proceso electoral y la tutela judicial
efectiva.

Por su parte, la delegada del Ministerio Público guardó silencio en la oportunidad
procesal concedida.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 11 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de
conformidad con lo establecido en los artículos 15011 y 152 numeral 7.a del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12.

8 Anotación 5 del sistema de gestión judicial SAMAI.
9 En escrito posterior (Anotación 18), presentado oportunamente, precisó que el aspecto referente a

las falsedades ideológicas y material que la parte actora depreca del acta general de escrutinio,
constituye un hecho nuevo que no puede ser estudiado en esta instancia procesal.
10
Anotación 16 del sistema de gestión judicial SAMAI.
11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.

Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

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2.2 Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 11 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó
las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se debe establecer, en primer lugar: (i) si realmente la Comisión
Escrutadora Municipal de Gámeza expidió dos decisiones frente a una única
solicitud; (ii) si esa eventual irregularidad desconoció la doble instancia y, (iii) si ese
yerro configura una irregularidad que conduzca a la nulidad solicitada. En segundo
término, se verificará si los votos depositados por trashumantes inciden en la
legalidad del acto de elección demandado.

Así, entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) Aspectos generales del escrutinio
a cargo de las comisiones escrutadoras (ii) Marco jurídico de la trashumancia
electoral y (iii) caso concreto.

2.3 Aspectos generales del escrutinio a cargo de las comisiones escrutadoras

La Sala, en providencia del 30 de septiembre de 202113, explicó que, en los términos
del artículo 142 del Código Electoral, el primer paso del escrutinio radica en cabeza
de los jurados de votación. Sus funciones consisten, básicamente, en «computar
los votos depositados en su respectiva mesa y plasmar los resultados en los
ejemplares del formulario E-14, (…), están autorizados para atender de forma
inmediata las solicitudes de recuento a que haya lugar14 y para recibir las
reclamaciones que deban ser decididas ulteriormente por las comisiones
escrutadoras», y también deben atender reclamaciones por tachaduras,
enmendaduras o borrones y proceder al recuento, a pesar de que la ley no consagre
esta opción en la mesa15, y proceder a su nivelación mediante el procedimiento
previsto en el artículo 135 ibidem.

En cuanto a las reclamaciones, si bien estas se formulan ante los jurados de
votación, no son resueltas en esta primera etapa del escrutinio, ya que el

(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales…»
13 Exp: 11001-03-28-000-2020-00013-00.
14 Por disposición del artículo 122 del Código Electoral
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de junio de 2023, Rad. 11001-03-28-000- 2022-00106-

00 (Acum. 00112).

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pronunciamiento sobre el particular corresponde a la comisión escrutadora en la
etapa siguiente. Así las cosas, los jurados de votación reciben, durante los
escrutinios de mesa, las reclamaciones basadas en los artículos 122, 164 y 192 del
mismo código y otro tipo de solicitudes que deben ser remitidas a la comisión
escrutadora auxiliar, municipal o distrital para que sean resueltas, según el caso.

La siguiente etapa tiene lugar con los escrutinios auxiliares y municipales o
distritales, a cargo de las respectivas comisiones escrutadoras.

Estas comisiones realizan los escrutinios posteriores a los registrados por los
jurados de mesa de los distintos puestos de votación que integran la respectiva
zona, si los municipios son zonificados o de la totalidad del municipio si no lo están16.
Les corresponde consolidar los resultados de las mesas de votación vertidos en los
formularios E-14 y trasladarlos al formulario E-24, con arreglo a lo que dicta el
artículo 41 de la Ley 1475 de 201117.

De ahí se sigue que en los municipios zonificados tienen lugar dos (2) escrutinios
consecuenciales, según las zonas que los integran, i) uno es el escrutinio auxiliar y
ii) otro el escrutinio municipal o distrital. Por su parte, en los municipios no
zonificados, los votos y pliegos electorales llegan directamente a la comisión
escrutadora municipal, que hace el único escrutinio de todas las mesas instaladas
en el respectivo municipio.

La Sala precisó que estas comisiones «tienen el deber de verificar el estado de los
documentos electorales que reciben, proceder al recuento de votos en caso de
encontrar en ellos borrones, tachaduras o enmendaduras, practicar el escrutinio con
base en los datos de los formularios E-14 y consolidarlos en los formularios E-24,
que contiene la información mesa a mesa de cada puesto de votación dentro de su
circunscripción»18.

Así mismo, junto con el formulario E-24, los escrutadores deben elaborar un «acta
general de escrutinio», que contiene las actuaciones19 con un resumen del
desarrollo de la audiencia20, especialmente el resultado de los recuentos que

16
Código Electoral, artículo 152: (…) Los claveros (…) pondrán a disposición de las respectivas comisiones
escrutadoras uno por uno los sobres o paquetes que contienen los pliegos de las mesas de votación, hasta la
terminación del correspondiente escrutinio.
17 ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN. Las comisiones escrutadoras distritales,

municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del
momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se
vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva Registraduría previamente
señale.
Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar el escrutinio
antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las nueve (9) de la mañana del día siguiente
hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio (…).
18 Sentencia de 30 de septiembre de 2021. Exp: 11001-03-28- 000-2020-00013-00.
19 Código Electoral, artículo 170.
20 Código Electoral, artículo 172.

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practicó la comisión21 y constancia sobre el estado de los pliegos remitidos por los
jurados de votación22.

Estos recuentos pueden ser de oficio, ante las dudas que tenga la propia comisión
sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados23, o por tachaduras,
enmendaduras o borrones en las actas del escrutinio de mesa24. También pueden
ser a solicitud de parte, cuyo fundamento puede provenir de tres (3) tipos de
peticiones, a las que se ha referido en numerosas ocasiones esta sección y se
sintetizan enseguida:

a) Solicitudes de recuento de votos25: Según el artículo 164 del Código Electoral,
los candidatos, sus representantes o los testigos pueden solicitar por escrito y de
forma razonada el recuento de votos por diferencia del 10% o más entre los votos
por listas del mismo partido para distintas corporaciones públicas y por tachaduras
o enmendaduras en los nombres de los candidatos o los resultados de la votación.
Estas solicitudes se deben formular ante los jurados de votación o las comisiones
escrutadoras de primer nivel (zonales, auxiliares, municipales o distritales) hasta
antes de finalizar la audiencia de escrutinio correspondiente (art. 182 del Decreto
2241 de 1986).

b) Reclamaciones: Estas pueden corresponder a las presentadas por los testigos
ante los jurados de votación, por los motivos señalados en el artículo 122 del Código
Electoral, en armonía con el artículo 166 ibidem, o pueden ser presentadas por
primera vez ante estas comisiones, en virtud de las causales previstas en el artículo
192 del mismo estatuto, entre las que se encuentran la falta de firmas mínimas de
los jurados de votación en el formulario E-14 (numeral 3), la votación de más
sufragantes que los autorizados en la mesa (numeral 5) y el error aritmético
(numeral 11). Se interponen en la misma etapa del escrutinio en que se presenta
aquella que le sirve de fundamento, ante la autoridad electoral a cargo de la
respectiva audiencia (arts. 167 y 193 ejusdem).

c) Solicitudes de saneamiento de nulidad: Son impugnaciones a los resultados
parciales, basadas en las causales de nulidad electoral contempladas en el artículo
275 de la Ley 1437 de 2011, por ejemplo, la falsedad en los documentos electorales
en cualquier instancia de los escrutinios, sin estar sujetas a preclusividad, en virtud
del parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política.

Se debe insistir en que las circunstancias que configuran las causales de
reclamación se presentan en el mismo formulario o acta y no entre estos, por lo que
la incongruencia que pueda presentarse entre formularios de distinta naturaleza,

21 Código Electoral, artículo 164.
22 Código Electoral, artículo 163.
23 Código Electoral, artículo 164.
24 Código Electoral, artículo 163.
25 Así como en el artículo 122 ibidem.

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como entre E-14 y E-24, ya no corresponderá con un simple error aritmético, sino
con una causal de nulidad, prevista en el artículo 275 del CPACA26.

Sumado a los anteriores mecanismos, contra las decisiones de las comisiones
escrutadoras auxiliares procede el recurso de apelación ante las comisiones
distritales o municipales. A su vez, también son apelables las decisiones de las
comisiones escrutadoras municipales ante la comisión escrutadora departamental,
como lo dispone el artículo 166 del Código Electoral.

Concluidos estos escrutinios, los pliegos electorales son remitidos en el arca
triclave27 a los delegados del Consejo Nacional Electoral para que practiquen la
etapa siguiente, cuando la clase de elección así lo exige.

2.4 Marco jurídico de la trashumancia electoral

La figura de la trashumancia como vicio de nulidad electoral se ha entendido como
la «acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción
política en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero
arraigo o interés»28; lo cual, además de tener una implicación en el marco de tales
procesos, puede conllevar a la imposición de sanciones de tipo penal. El objetivo
del establecimiento legal de la causal no es otro que se respete la
autodeterminación de los ciudadanos en la resolución de los asuntos propios y que
sean estos quienes decidan sus autoridades y demás cuestiones inherentes al
proceso de elección, con sustento en los principios rectores que, entre otros
aspectos, buscan asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre,
espontánea y auténtica de los ciudadanos.

Así mismo, al artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece: «en las
votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión
de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en
el respectivo municipio», lo cual impone un vínculo necesario entre la votación a
realizar y la residencia del sufragante; no obstante, dicha normativa superior, no
contiene una definición sobre el término residencia ni explica la consecuencia de su
desconocimiento, por lo que entra a jugar un papel muy importante el desarrollo
legal de la preceptiva y la jurisprudencia sobre la causal especial de nulidad, de
acuerdo con lo preceptuado el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este
Código y, además, cuando: (…)

26 Sentencia de 29 de abril de 2021. Exp: 11001-03-28-000-2018-00106-00.
27 Código Electoral, artículos 173 y 174.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 2014-00112-00, M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez.

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7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a
la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

Igualmente, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha destacado que para el
examen del cargo de nulidad electoral fundado en la causal del artículo 275.7, al
menos en el ámbito municipal y local, es menester consultar las siguientes reglas29:

Para que prospere el cargo se debe acreditar: (i) que personas no residentes
en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas,
efectivamente hayan votado y (iii) que sus votos tuvieron incidencia en el
resultado de la elección.

La incidencia del vicio se mide de acuerdo con el sistema de distribución
ponderada de votos nulos.

Conforme con lo anterior, para hablar de trashumancia resulta indispensable que se
acrediten en forma suficiente los 3 elementos señalados, en caso de que alguno de
ellos no se encuentre demostrado, se entiende que la causal de nulidad electoral
bajo estudio no se configura o no tiene incidencia en la legalidad de la elección que
se controvierta.

Acerca de la forma de determinar la incidencia de la trashumancia electoral, esta
Sala, en sentencia del 10 de octubre de 2024 30, rectificó la metodología de antaño
que consistía en descontar la votación transeúnte de manera proporcional a los
respaldos de cada contendiente, esto es, a prorrata de su participación en la
votación válida (afectación ponderada), dado que, tratándose de elecciones para
cargos uninominales, el resultado de aplicar este método nunca incidirá en la
elección y, por ende, no se tendría certeza de si la votación trashumante realmente
alteró la voluntad popular local.

Por esta razón, y con el propósito de salvaguardar la voluntad legítima mayoritaria,
la Sala Electoral estableció otra forma de determinar la incidencia, en los siguientes
términos:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la
diferencia de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos
en caso de que solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá
convocar a nuevas elecciones. Si la votación afectada por la trashumancia es
menor o igual a la diferencia que existe entre los 3 primeros candidatos, el acto
de elección prevalecerá.

En la providencia que se estudia, este colegiado precisó que la razón para tener en
cuenta la votación de los tres primeros aspirantes «obedece a que no solo está en
contienda el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 30 de septiembre

de 2021, Rad. 11001032800020200001300. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
30 Exp: 15001-23-33-000-2023-00483-01. M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.

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posibilidad de que el segundo con mayor votación acceda -por derecho personal- a
una curul a la corporación pública respectiva, según el tipo de elección que se trate,
en los términos del Estatuto de la Oposición», además porque «si en la ecuación se
incluye a la tercera opción política y, aun así, los sufragios transeúntes son mayores
a la diferencia de sufragios con el tercer candidato, es un grave indicio de que la
voluntad popular mayoritaria para designar tanto al primer mandatario como a la
curul de la oposición pudo haber sido falseada».

2.5 Caso concreto

En el presente caso, el recurso de apelación conlleva a la sala, de una parte, a
verificar el proceso de escrutinio, particularmente, si en realidad existieron dos
decisiones diferentes de la comisión escrutadora municipal de Gámeza que
resolvieron una única solicitud efectuada por el entonces apoderado del aquí
demandante y, cómo esa presunta irregularidad, afecta sustancialmente el acto
acusado. Y, de otro lado, analizar si la votación de ciudadanos trashumantes que
efectivamente votaron en ese ente territorial –aspecto no discutido–, incidió en el
acto de elección del demandado.

Conforme a lo anterior, en los siguientes acápites se abordarán estos tópicos de
cara a las pruebas allegadas oportunamente al proceso.

2.6.1 La presunta existencia de dos decisiones autónomas frente a una única
solicitud. Carácter sustancial de la eventual irregularidad de cara al acto
demandado

El apoderado de la parte actora tiene como piedra angular de su recurso la
existencia de dos decisiones diferentes que expidió la Comisión Escrutadora
Municipal de Gámeza frente a una única solicitud que, según su dicho, fue radicada
y resuelta el 29 de octubre de 2023 y no el 30 de ese mismo mes y año, que es la
fecha que se le asignó al segundo acto administrativo. Insiste en que no conoció el
contenido de este último en el que, a diferencia del primero, sí se preveía
expresamente la posibilidad de interponer recurso de apelación, el cual nunca
interpuso.

Al respecto, la Sala encuentra que, tal como lo sostiene la parte actora, las pruebas
allegadas al expediente permiten dilucidar que sí hubo dos decisiones que se
tomaron frente a una misma solicitud, por las razones que se exponen a
continuación.

Los diferentes videos31 allegados por el demandante dan cuenta del desarrollo de
los escrutinios el día 29 de octubre de 2023 y de diferentes situaciones que

31 Videos gameza - OneDrive (Link allegado e incorporado en primera instancia)

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acaecieron esa data. En efecto, se observa en ellos al entonces apoderado del
señor José Samuel Medina, quien verbalmente dejó registro en varias ocasiones de
la fecha en que está efectuando la grabación, así como de los momentos en que
formuló su reclamación –que posteriormente presentó en escrito–, su resolución, el
recurso de reposición que interpuso, la decisión frente a este último.

La Sala hace especial énfasis en que, en uno de estos videos, pese a que solo se
visualiza el piso del recinto donde se están efectuando los escrutinios, si se escucha
con suma claridad la mención a la «Resolución 01 de 29 de octubre de 2023» en la
que se enumeran verbalmente las siguientes decisiones: (i) niega la reclamación;
(ii) notifica en estrados y, (iii) permite al peticionario revisar unos formularios
electorales para que verifique lo que a bien tenga.

Lo anterior, resulta coherente con todo lo descrito en el acta general de escrutinio
en el que la comisión escrutadora de Gámeza dejó constancia de lo actuado en el
proceso de escrutinio que le correspondía realizar; allí se observa que esa labor se
desarrolló durante los días 29 y 30 de octubre de 2023, última fecha esta en la que
se declaró la elección del demandado. En ese documento se consignó lo siguiente 32:

32 Los resaltados son propios.

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En armonía con lo anterior, se observa la reclamación que la comisión le exigió
efectuara por escrito al entonces apoderado del aquí demandante. En este
documento se visualiza el contenido de la petición, una fecha de recepción (parte
superior derecha) y un número de radicación (parte inferior derecha)

Ahora bien, analizados los videos allegados y los apartes del acta general
anteriormente citados se puede afirmar con certeza que la reclamación fue resuelta
verbalmente el 29 de octubre de 2023, así mismo, el recurso de reposición que se
interpuso. Pese a esto, se allegó al expediente copia de la Resolución 001 de 30 de
octubre de 2023, en cuya parte resolutiva se dispuso:

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Demandante: José Samuel Medina Alfonso
Demandado: Gerardo Rincón Camacho
Rad: 15001-23-33-000-2023-00482-01

Salta a la vista, que se trata de un acto diferente a aquel expedido el 29 de octubre
de 2023, en cuanto su fecha de expedición es posterior. Además, «rechaza» la
reclamación en lugar de negarla como se hizo en el primero y anuncia la
procedencia del recurso de apelación, posibilidad que no se dio en la decisión más
antigua en la que, inclusive, se escucha al apoderado preguntar informalmente si
procedía algún recurso, a lo cual responden que no33.

Visto todo lo anterior, la Sala concluye que el no registro oportuno en el sistema de
escrutinios de la reclamación y la ausencia de documento escrito o expreso donde
constara la resolución dictada oralmente derivó en que el 30 de octubre de 2023 se
expidiera un acto posterior y diferente que se alejó sustancialmente de lo sucedido
el día inmediatamente anterior. En este orden, es claro que se trató de una
irregularidad en el trámite de escrutinios que a la final no permitió al entonces
peticionario recurrir la decisión para que fuera la comisión departamental quien
conociera de su reclamación, esto es, negó la doble instancia y, por ende, limitó la
garantía del debido proceso administrativo electoral.

En este punto, es importante tener en cuenta que esta Sala ha previsto la doble
instancia precisando que «contra las decisiones de las comisiones escrutadoras
auxiliares procede el recurso de apelación ante las comisión (sic) distritales o
municipales. A su vez, también son apelables las decisiones de las comisiones
escrutadoras municipales ante la comisión escrutadora departamental
integrada por los delegados del Consejo Nacional Electoral, como lo dispone el
artículo 166 del Código Electoral»34 (Negrillas fuera de texto).

Lo anterior, refuerza la premisa que la Comisión Escrutadora Municipal de Gámeza
incurrió en una irregularidad al no haber permitido el ejercicio del recurso de
apelación que presentó el entonces apoderado del hoy demandante.

33 Video denominado «Niega Apelación 2-16 a 2-30» (Videos gameza - OneDrive)
34 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de marzo de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2022-00290-

00. M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.

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Sin embargo, no debe perderse de vista que esta Sala ha considerado que, en todo
caso, la inconsistencia procesal debe ser trascendente para afectar la validez del
acto de elección. En esa medida «la imprecisión cometida por los delegados
del CNE al negarse a conceder un recurso de apelación que sí procedía en el
efecto suspensivo ante esa entidad de la Organización Electoral, puede llevar a
que en otras áreas del Derecho tenga algún efecto, pero en el terreno de este
medio de control de nulidad electoral no, gracias a que la decisión que debía
revisar el CNE estuvo bien tomada. Así, la Sala le niega prosperidad al cargo
examinado»35. (Negrillas fuera de texto)

Lo anterior conlleva a que la Sala se ocupe de analizar si, pese a que la comisión
limitó la oportunidad con la que contaba la parte actora para recurrir en apelación
el rechazo de su reclamación, esta irregularidad resulta relevante de cara a la
prosperidad del control judicial del acto de elección demandado.

Tal como se advirtió de la imagen que da cuenta del contenido de la reclamación
que interpuso el apoderado de la parte actora, dicha petición se hace con
fundamento en el artículo 192, numeral 11, del Código Electoral que prescribe como
causal de reclamación: «11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de
escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella.».
No obstante, no se especifica en qué consiste ese error aritmético, ni mucho menos
la zona, puesto y mesa.

Al respecto, vale la pena reiterar que esta sala ha reivindicado que, en casos como
el que aquí se estudia, deben analizarse los supuestos de hecho y de derecho de
las reclamaciones interpuestas ante la autoridad electoral de cara al principio de
determinación de los cargos. Dicho postulado, se enfoca en la necesidad de
precisar ante la autoridad judicial los registros que presentan irregularidades o
vicios que inciden en la elección; frente a esto, es necesario tener en cuenta que
esta Sala, en pronunciamiento reciente, expuso que estas exigencias también
proceden para reclamar ante las autoridades electorales, en cuanto se debe
precisar el detalle de los registros y guarismos alterados36.

Así entonces, la reclamación que efectuó el demandante adolecía de la exigencia

35 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de noviembre de 2014, MP Alberto Yepes

Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2014-00046-00 (La tesis decantada en este proveído fue reiterada
en la sentencia de 24 de agosto de 2024 – Rad. 11001-03-28-000-2022-00083-00).
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2024, MP Gloria María

Gómez Montoya, Rad. 11001-03-28-000-2024-00035-00: «Por el contrario, de lo que se advierte en
las motivaciones del acto es que se limitó a solicitar el recuento de lo escrutado por las
comisiones auxiliares 1 y 3 ya que a su juicio se presentaron errores en la consolidación de los
guarismos en los formularios E-24 y E-26. Por manera que, si bien las razones para rechazar la
petición no fueron las precisas, también lo es, que ello en nada altera la consecuencia dada a la
petición del demandante por la Comisión Escrutadora General, en tanto, aquella no cumplió con
el detalle requerido para ser analizado en sede administrativa y mucho menos en la judicial.
Así las cosas, se niega la prosperidad del presente cargo.» (Negrillas fuera de texto)

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antedicha, razón por la cual, en el eventual caso de que se hubiere interpuesto y
concedido la apelación que correspondía, la autoridad electoral de segunda
instancia no tendría otro camino que confirmar la decisión que adoptó la Comisión
Escrutadora Municipal de Gámeza. En este sentido, la irregularidad que en efecto
existió no tendría la sustancialidad de afectar el acto acusado.

En suma, no prospera el recurso de apelación frente al cargo estudiado en este
numeral.

2.6.2 La trashumancia electoral en el presente caso

En este punto, se recuerda que el tribunal dio por acreditado que, para las
elecciones a la alcaldía de Gámeza, 63 ciudadanos trashumantes votaron
efectivamente, tal como lo indicó la RNEC en el informe que allegó en primera
instancia a solicitud del magistrado sustanciador. A partir de esto, el a quo dio
aplicación al sistema de distribución ponderada, conforme al cual concluyó que
«aunque el señor Gerardo Rincón Camacho (candidato 4) pasaría de 827 a 809
votos, seguiría obteniendo la mayor votación. En contraste, el señor José Samuel
Medina Alfonso (candidato 7) permanecería en la segunda posición, pasando de
786 a 770 votos, esto es, 39 menos que el ganador.».

Por su parte, el recurrente insiste en que, de conformidad con el informe allegado
por la RNEC, se demostró que dicho fenómeno sí incidió notoriamente en el
resultado de la votación a favor del elegido, pues el señor Gerardo Rincón
Camacho, consiguió la victoria de las elecciones con solo cuarenta y uno (41) votos
de ventaja, logrando así el margen de triunfo gracias a la trashumancia de sesenta
y tres (63) personas que no tenían asiento en el respectivo municipio y/o cualquier
vínculo del que se pueda desprender la residencial electoral.

Al respecto, la Sala reitera las precisiones que hizo al final del numeral 2.4 de esta
providencia, bajo el entendido que en los eventos que se comprueba que la votación
de trashumancia sea mayor a la diferencia de sufragios, sumados entre los 3
primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo sean 2 aspirantes) para
cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones. Si la votación
afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3
primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá.

En el presente caso, se tiene que la votación final de los tres primeros candidatos
fue la que se advierte en el formulario E-26 ALC, así:

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Acorde con lo anterior, las votaciones de los tres primeros aspirantes en orden
descendente es el siguiente:

Candidato Votos
Gerardo Rincón Camacho 827
José Samuel Medina Alfonso 786
Pastor de Jesús Cristancho 652

A su turno, la diferencia entre cada uno de estos y su total es el siguiente:

Diferencia
Entre el primero y el segundo 41 votos
Entre el segundo y tercero 134 votos
Total diferencia 175 votos

Así las cosas, como el número de trashumantes que ejercieron su derecho al voto
fue de 63 votos, mientras que la diferencia entre los tres primeros candidatos fue de
175 votos, se impone concluir que no hay incidencia en la elección. Por tal razón,
tampoco prospera el cargo de la apelación por este aspecto.

2.5 Conclusión

Acorde con los razonamientos aquí planteados, se concluye que, si bien se constató
la existencia de una irregularidad en el trámite que se le dio a una reclamación y de
ciudadanos que votaron pese a ser declarados trashumantes, dichas anomalías
electorales no tuvieron la vocación de incidir sustancialmente en el acto de elección
aquí demandado, razón por la cual, se impone confirmar la sentencia de 11 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó

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las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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